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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00194-00

Fecha
21 de agosto de 2025
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00194-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Negar la pretensión de nulidad de: i) el Acuerdo CNSC-20181000007356 del 14 de noviembre de 2018, «(p)or el cual se convoca y se establecen las reglas para Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 31 Radicado: 11001-03-25-000-2020-00194-00 (0195-2020) Demandante: Ángel María Julio Enrique Bautista Luzardo el Concurso Abierto de Méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal de la SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL - SJD - Convocatoria No. 822 de 2018-DISTRITO CAPITAL - CNSC»; ii) la Resolución 039 del 4 de abril de 2019, mediante la cual se modificó el manual específico de funciones y competencias laborales para los empleos de la planta de personal de la SJD; y iii) el aviso informativo del 20 de mayo de 2019, a través del cual se modificó la OPEC para autorizar la aplicación de las equivalencias previstas en el artículo 25 del Decreto 785 de 2005 a los empleos de esa entidad, formulada en la demanda interpuesta por Ángel María Julio Enrique Bautista Luzardo contra la CNSC y la SJD. Segundo: Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma digital Samai. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. LAVM Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2020-00194-00

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

21 de agosto de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá D.C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad simple
Radicación: 11001-03-25-000-2020-00194-00 (0195-2020)
Demandante: Ángel María Julio Enrique Bautista Luzardo
Demandado: Comisión Nacional del Servicio Civil1 y Alcaldía Mayor de
Bogotá, Secretaría Jurídica Distrital2

Temas: Nulidad del Acuerdo CNSC-20181000007356 del 14 de
noviembre de 2018 «(p)or el cual se convoca y se establecen las
reglas para el Concurso Abierto de Méritos para proveer
definitivamente los empleos vacantes pertenecientes al Sistema
General de Carrera Administrativa de la planta de personal de la
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL - SJD - Convocatoria No. 822 de
2018-DISTRITO CAPITAL - CNSC».

Sentencia de única instancia

Asunto

La Sala profiere sentencia de única instancia dentro del medio de control de nulidad
previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo3.

1. Antecedentes

1.1. Demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Ángel María Julio Enrique Bautista Luzardo presentó demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad previsto en el artículo 137 del CPACA en orden a que
se declarara la nulidad de los siguientes actos administrativos:

• Acuerdo CNSC-20181000007356 del 14 de noviembre de 2018 de la CNSC,
por el cual se convocó a concurso abierto de méritos para proveer
definitivamente los empleos vacantes pertenecientes al sistema general de
carrera administrativa de la planta de personal de la SJD, identificado como
Convocatoria 822 de 2018.

1 En adelante CNSC.
2 En lo que sigue SJD.
3 En lo sucesivo CPACA.

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Radicado: 11001-03-25-000-2020-00194-00 (0195-2020)
Demandante: Ángel María Julio Enrique Bautista Luzardo

• Resolución 039 del 4 de abril de 2019 por medio de la cual la SJD modificó el
manual específico de funciones y competencias laborales4 para los empleos
de su planta de personal.

• Aviso informativo del 20 de mayo de 2019 de la CNSC y la SJD, mediante el
cual se modificó la Oferta Pública de Empleos de Carrera5 contenida en el
Acuerdo CNSC-20181000007356 del 14 de noviembre de 2018.

• «[T]odos los actos administrativos expedidos por la Comisión Nacional del Servicio
Civil y de la Secretaría Jurídica Distrital mediante los cuales modifica, adiciona,
suprime, aclara, avisa o comunica a los interesados sin el cumplimiento de los
términos y condiciones previstos en la oferta pública de empleos de carrera» [sic].

• Lista de elegibles resultante de la Convocatoria 822 de 2018.

2. Asimismo, de las pruebas de conocimiento adelantadas el 17 de noviembre de
2019 en el marco del concurso de méritos6.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:

3.1. Por medio del Acuerdo CNSC-20181000007356 del 14 de noviembre de 2018,
Convocatoria 822 de 2018, Distrito Capital, la CNSC convocó y estableció las reglas
para el concurso abierto de méritos para proveer definitivamente 73 empleos de las
104 vacantes pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la
planta de personal de la SJD.

3.2. El artículo 12 de este acuerdo dispuso que, antes de iniciar la etapa de
inscripciones, la convocatoria podía ser modificada o complementada, de oficio o a
solicitud de la SJD, siempre que existiera justificación debidamente sustentada. Las
modificaciones serían supervisadas por la CNSC y divulgadas oportunamente a
través de la página web www.cnsc.gov.co y/o del enlace Sistema para el Apoyo a
la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad7. Asimismo, estableció que «iniciada la etapa
de inscripciones, la convocatoria sólo podrá modificarse en cuanto al sitio, hora y fecha de

4 En lo que sigue MEFCL.
5 En adelante OPEC.
6 Mediante auto del 24 de mayo de 2021 se dispuso «ADMITIR en única instancia la demanda de

nulidad presentada por el señor ÁNGEL MARÍA JULIO ENRIQUE BAUTISTA LUZARDO contra los
siguientes Actos Administrativos expedidos por la CNSC y la Secretaría Jurídica Distrital de la
Alcaldía Mayor de Bogotá: (i) Acuerdo CNSC-20181000007356 del 14 de noviembre de 2016, por el
cual se convocó y establecieron las reglas para el concurso abierto de méritos para proveer
definitivamente los empleos vacantes pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa
de la Planta de Personal de la Secretaría Jurídica Distrital –SJD- Convocatoria No.822 de 2018, (ii)
Resolución 039 del 4 de abril de 2019, por medio de la cual se modifica el manual específico de
funciones y de competencias laborales para los empleos de la planta de personal de la Secretaría
Jurídica Distrital, y (iii) Aviso informativo del 20 de mayo de 2019 mediante el cual, la CNSC y la
Secretaría Jurídica Distrital modificaron la OPEC ofertada dentro del Acuerdo CNSC-
20181000007356 del 14 de noviembre de 2016, en cuanto autorizaron la aplicación de las
equivalencias establecidas en el artículo 25 del Decreto 785 de 2005 para los empleos
pertenecientes a la planta de personal de esa entidad». Samai. Índice 3, actuación «AUTO
ADMISORIO DE LA DEMANDA», documento «3_AUTOADMISORIODELADEMANDA(.DOC)
NroActua 3».
7 En lo sucesivo Simo.

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Demandante: Ángel María Julio Enrique Bautista Luzardo

recepción de inscripciones y aplicación de las pruebas por la CNSC. Las fechas y horas no
podrán anticiparse a las previstas inicialmente» [sic].

3.3. La OPEC de esta convocatoria fue consolidada por la SJD mediante certificación
expedida por el representante legal y el jefe de talento humano de la entidad, la cual
fue enviada a la CNSC mediante radicado 201860000877612 del 18 de octubre de
2018, tal como se desprendía del inciso 14 del acápite de los considerandos del
acuerdo. Esta se elaboró con base en el MEFCL contenido en la Resolución 067 de
2016, derogado por la Resolución 020 del 22 de febrero de 2019. Última que fue
modificada por la Resolución 039 del 4 de abril de 2019, notificada a la CNSC el 11
de abril de ese año, cuando la etapa de inscripciones del respectivo concurso ya se
había iniciado.

3.4. La SJD y la CNSC, dentro de sus competencias, omitieron divulgar las
modificaciones que la Resolución 039 del 4 de abril de 2019 introdujo al MEFCL
establecido en la Resolución 020 del 22 de febrero de ese año para los empleos de
la planta de personal de la SJD, ya que estas modificaciones implican cambios en
la OPEC ofertada.

3.5. En 2019, la CNSC informó que: i) el 31 de enero iniciaría la publicación de los
acuerdos para los procesos de selección 806 a 825 de 2018, con 1.722 vacantes
en 20 entidades; ii) desde el 1 de marzo podrían consultarse en Simo las OPEC
correspondientes; y iii) entre el 10 de abril y el 22 de mayo se realizaría la venta de
derechos de participación e inscripciones, con pago presencial hasta el 20 de mayo
o virtual al 22.

3.6. Previo al inicio de la etapa de inscripciones de las convocatorias 806 a 825 de
2018, cuya fecha era el 10 de abril de 2019, las entidades participantes publicaron
a través de la página web de la CNSC las modificaciones, complementos, ajustes y
aclaraciones que consideraron relevantes para su respectiva convocatoria al
concurso de méritos.

3.7. Mediante Oficio 2-2019-4114 del 9 de abril de 2019, la SJD remitió a la CNSC
una actualización de la OPEC de la entidad, en atención a la modificación
introducida por la Resolución 039 del 4 de igual mes y año al manual específico de
funciones contenido en la Resolución 020 del 22 de febrero de 2019. Este oficio fue
recibido por la CNSC el 11 de abril de ese año, cuando las inscripciones ya habían
iniciado.

3.8. El 20 de mayo de 2019, cuando la etapa de inscripciones ya se encontraba en
curso, la CNSC y la SJD publicaron en la página web de la primera entidad un aviso
informativo en el que anunciaban la aplicación de las equivalencias previstas en el
artículo 25 del Decreto 785 de 2005 para los empleos de la planta de personal de la
SJD, incluidos en la Convocatoria 822 de 2018. Esta modificación a la OPEC se
efectuó 11 días después del inicio de las inscripciones y 2 días antes de su cierre,
en contravención de las reglas de la convocatoria y en detrimento de los derechos
de los aspirantes.

1.1.2. Normas violadas y concepto de violación

3. Como tales se citaron la Constitución Política; y la Ley 909 de 2004.

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Demandante: Ángel María Julio Enrique Bautista Luzardo

4. El concepto de violación de las normas invocadas se sustentó en los siguientes
argumentos8:

5.1. En el caso concreto, se evidenció que la OPEC de la Convocatoria 822 de 2018
se modificó de manera extemporánea y sin haber realizado oportunamente la
publicación de los cambios efectuados, con lo que se vulneró lo dispuesto en el
artículo 12 del Acuerdo CNSC-20181000007356 del 14 de noviembre de 2018, que
dispuso que [a]ntes de dar inicio a la etapa de inscripciones, la Convocatoria podrá ser
modificada o complementada, de oficio o a solicitud de la SECRETARÍA JURÍDICA
DISTRITAL - SJD, debidamente justificada, aspecto que será supervisado por la CNSC y
oportunamente divulgado a través de la página web www.cnsc.gov.co y/o enlace SIMO.
Iniciada la etapa de inscripciones, la convocatoria sólo podrá modificarse en cuanto al sitio,
hora y fecha de recepción de inscripciones y aplicación de las pruebas por la CNSC. Las
fechas y horas no podrán anticiparse a las previstas inicialmente» [sic].

5.2. LaSJD comunicó formalmente las modificaciones realizadas a la OPEC
mediante el Oficio 2-2019-4114 del 9 de abril de 2019, recibido por la CNSC el 11
de abril de 2019, esto es, cuando la etapa de inscripciones ya se encontraba en
curso, circunstancia que legalmente impedía cualquier modificación a la
convocatoria.

5.3. La OPEC se elaboró con base en el MEFC establecido en la Resolución 067 de
2016, posteriormente derogada por la Resolución 020 del 22 de febrero de 2019.
Esta última fue modificada mediante la Resolución 039 del 4 de abril de 2019, cuya
notificación a la CNSC se efectuó el 11 de abril de ese mismo año, cuando la etapa
de inscripciones del concurso ya se encontraba en curso.

5.4. La SJD reportó en el aplicativo Simo la OPEC correspondiente a 73 empleos con
104 vacantes de carácter definitivo en la planta de personal. No obstante, tras la
creación de nuevos cargos y las modificaciones al manual de funciones realizadas
entre enero y febrero de 2019, ya no resultaba procedente modificar la OPEC,
motivo por el cual dichos cargos no fueron ofertados.

5.5. El anuncio del 20 de mayo de la CNSC contenía modificaciones de fondo,
contrarias a las autorizadas en el inciso 2 del artículo 12 del Acuerdo CNSC-
20181000007356 del 14 de noviembre de 2018, que estableció que las
modificaciones que se realizarían con posterioridad al inicio de la etapa de
inscripciones solo serían en cuanto a sitio, hora y fecha de recepción de
inscripciones, así como de la aplicación de las pruebas por la CNSC.

5.6. Estas actuaciones vulneraron los derechos de los ciudadanos que se acogieron
a las reglas previstas en la Convocatoria 822 de 2019 y desconocieron los principios
de igualdad, mérito, moralidad, eficacia, economía, imparcialidad, transparencia,
celeridad y publicidad, previstos en el artículo 2 de la Ley 909 de 2004 y en la
Constitución Política, toda vez que se suministró información incompleta y fuera de
los términos previstos en la convocatoria.

8 Samai, índice 21, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_C01_01 DEMANDA Y

ANEXOS-DEMANDA(.pdf) NroActua 21», carpeta «CD2 Folio 25», subcarpeta «cd», archivo
«Demanda nulidad CNSC - SJD impresa.pdf».

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5.7. Asimismo, la CNSC incumplió con sus deberes de administración y vigilancia de
la carrera administrativa previstos en el artículo 7 de la Ley 909 de 2004, así como
sus obligaciones de supervisar y divulgar oportunamente las modificaciones de la
convocatoria, establecidas en el artículo 12 del Acuerdo CNSC-20181000007356
del 14 de noviembre de 2018.

5.8. En consecuencia, la CNSC se apartó de los fines esenciales del Estado, al
desconocer los principios de transparencia e imparcialidad y omitir el ejercicio de
control previo respecto de la Convocatoria 822 de 2018.

1.2. Contestación de la demanda

6. La CNSC contestó la demanda con fundamento en lo siguiente9:

6.1. El Acuerdo 20181000007356 del 14 de noviembre de 2018 reguló el concurso
abierto de méritos para proveer las vacantes de la SJD (Convocatoria 822 de 2018).
Este acto constituyó la norma rectora del proceso de selección y obligaba a la
administración, a las entidades contratadas para su ejecución y a los participantes,
y determinó el número de vacantes, su denominación, código, grado y demás
características, sin que posteriormente se hayan presentado modificaciones que
exigieran un nuevo acuerdo.

6.2. Las variaciones introducidas por la SJD en la OPEC relativas a dependencia,
requisitos o funciones antes del inicio de inscripciones fueron publicadas en el
aplicativo Simo en cumplimiento del artículo 12 del acuerdo y sin vulnerar el
procedimiento. La OPEC certificada se remitió el 18 de octubre de 2018 y el último
cierre de divulgación se efectuó el 9 de abril de 2019 sin cambios durante el período
de inscripciones del 10 de abril al 22 de mayo de 2019.

6.3. El MEFCL de cada entidad sirvió de insumo para la elaboración de la OPEC, y
esta incorporó la información certificada por la respectiva entidad. Conforme con el
Decreto Ley 785 de 2005 y la Ley 909 de 2004, correspondía exclusivamente a las
entidades fijar, modificar o actualizar sus manuales y requisitos mínimos, según las
necesidades del servicio. La CNSC, en su calidad de administradora y vigilante de
la carrera administrativa, no intervino en su definición ni en su aprobación, funciones
asignadas al nominador con el apoyo del Departamento Administrativo de la
Función Pública10.

6.4. El Simo, plataforma oficial de la CNSC para la gestión de convocatorias, contenía
información remitida directamente por las entidades. La legalidad del MEFCL no
estaba sujeta a aprobación previa de la CNSC, ya que su adopción o modificación
era competencia autónoma del jefe de cada organismo, previa consulta sindical
cuando procediera.

6.5. En la Convocatoria 822 de 2018, el manual y la OPEC fueron elaborados y
remitidos por la SJD mediante las Resoluciones 020 del 22 de febrero de 2019 y
039 del 4 de abril de ese año, con plena validez jurídica. En consecuencia, la CNSC

9 Samai, índice 9, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento
«7_MemorialWeb_CONTESTACIONDEMANDA(.pdf) NroActua 9».
10 En adelante DAFP.

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carecía de legitimación en la causa por pasiva, al no actuar como nominadora ni
mantener vínculo laboral con el demandante.

6.6. No se evidenció irregularidad en el proceso de selección que justificara la nulidad
pretendida, por lo que resultaba imperativo salvaguardar los derechos de los
aspirantes y principios como el mérito, la confianza legítima y el acceso a la función
pública.

6.7. La Resolución 039 de 2019 de la SJD, expedida el 4 de abril y publicada en el
Registro Distrital 6530 del 5 de abril, si bien introdujo ajustes a ciertos empleos de
la OPEC, lo cierto es que según certificación estos cambios se realizaron antes del
inicio de las inscripciones. La SJD comunicó a la CNSC la necesidad de dichas
modificaciones y remitió los actos administrativos correspondientes. Tanto esta
resolución como la 020 de 2019 fueron expedidas en ejercicio de la autonomía
administrativa de la SJD y gozaban de la presunción de legalidad prevista en el
artículo 88 del CPACA.

6.8. El 20 de mayo de 2019, la CNSC y la SJD informaron a los aspirantes que, para
los empleos de la Convocatoria 822 de 2018, resultaban aplicables las
equivalencias del artículo 25 del Decreto 785 de 2005, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 4 de la Resolución 020 del 4 de febrero 2019. El aviso se publicó antes
del cierre de inscripciones, previsto para el 22 de mayo de 2019, sin que ello
implicara una modificación posterior del manual específico de funciones ni de la
OPEC.

6.9. La normativa vigente (decretos 1083 de 2015 y 051 de 2018, así como circulares
de la CNSC) establecía que el reporte de vacantes definitivas en la OPEC era
obligatorio para las entidades sometidas a la vigilancia de la CNSC, cuyo
incumplimiento podía acarrear sanciones disciplinarias. La información cargada
debía coincidir con el manual específico de funciones y competencias laborales, que
constituía su fuente principal.

6.10. Laadopción, modificación o actualización de los MEFCL correspondía
exclusivamente a cada entidad, mientras que la CNSC se limitaba a la
administración y vigilancia de la carrera administrativa. Así, los perfiles y requisitos
mínimos de los empleos eran definidos por la entidad nominadora conforme con las
necesidades del servicio.

6.11. En este contexto, el cargue de la OPEC en el Simo fue responsabilidad de la
SJD, con base en su manual específico vigente. La CNSC no intervino en la fijación
de requisitos y cualquier consulta sobre perfiles debía dirigirse directamente a la
entidad que los estableció.

6.12. Formuló como excepción previa la « falta de legitimación en la causa por pasiva»
respecto de las Resoluciones 020 del 22 de febrero de 2019 y 039 del 4 de abril de
2019, comoquiera que no participó de su expedición. Mientras que, como
excepciones de mérito, propuso las de: «inexistencia de causales de nulidad en los
actos administrativos demandados», «validez de los actos administrativos expedidos»,
«incumplimiento de la carga probatoria» y la innominada o genérica prevista en el
artículo 187 del CPACA.

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7. La SJD contestó la demanda con base en los siguientes argumentos11:

7.1. El Oficio 2-2019-4114 del 9 de abril de 2019, dirigido a la CNSC, no solicitó la
modificación de la convocatoria. Su contenido fue el siguiente:

«De acuerdo con la modificación del Manual Específico de Funciones y
Competencias Laborales mediante la Resolución 039 de 2019, previo al inicio
de las inscripciones al concurso de méritos para proveer de manera definitiva
los empleos pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la
planta de personal de la Secretaría Jurídica Distrital – Convocatoria No. 822 de
2018 – DISTRITO CAPITAL – CNSC, me permito remitir el reporte actualizado
de la Oferta Pública de Empleos de Carrera Administrativa de la Entidad»[sic].

7.2. La CNSC publicó la OPEC de la SJD en el marco de la apertura de inscripciones
del concurso de méritos correspondiente a la Convocatoria 822 de 2018, de acuerdo
con la modificación del MEFCL adoptada mediante la Resolución 039 del 4 de abril
de 2019. Esta información se encontraba actualizada en el aplicativo Simo.

7.3. La etapa de inscripciones inició el 10 de abril de 2019 y, para el día 9 de abril, la
OPEC ya se encontraba debidamente actualizada en Simo. De esta manera,
cualquier interesado podía consultar los requisitos establecidos en la Resolución
039 del 4 de abril de 2019, «[p]or la cual se modifica el Manual Específico de Funciones
y Competencias Laborales para los empleos de la planta de personal de la Secretaría
Jurídica Distrital», aplicables a las siguientes vacantes:

• OPEC No. 66654 – Profesional Universitario, grado 18, código 219.
• OPEC No. 66701 – Profesional Especializado, grado 21, código 222.
• OPEC No. 66620 – Profesional Universitario, grado 18, código 219.
• OPEC No. 66222 – Técnico Operativo, grado 21, código 314.
• OPEC No. 66219 – Técnico Operativo, grado 20, código 314.
• OPEC No. 66193 – Conductor.

7.4. No se realizaron cambios a la Convocatoria 822 de 2018 con posterioridad a su
apertura. La información permaneció publicada de forma continua tanto en la página
web de la CNSC como en la de la SJD.

7.5. El 20 de mayo de 2019, la CNSC y la SJD informaron a los aspirantes que, para
el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos a los empleos ofertados,
resultaban aplicables las equivalencias previstas en el artículo 25 del Decreto 785
de 2005.

7.6. No se efectuaron modificaciones posteriores al MEFCL ni a la OPEC reportada
por la entidad, toda vez que los actos administrativos mencionados sirvieron como
insumo para la elaboración de la OPEC publicada.

7.7. El acuerdo de la convocatoria estableció de manera clara el número de vacantes,
el nivel, la denominación, el código y el grado de cada empleo. Por ello, cualquier
modificación que no afectara estos elementos no requería de la expedición de un
acuerdo modificatorio.

11 Samai, índice 10, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento
«15_MemorialWeb_ContestaciónDemanda(.pdf) NroActua 10».

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Demandante: Ángel María Julio Enrique Bautista Luzardo

7.8. El MEFCL de cada entidad constituía la base para la elaboración de la OPEC,
que contiene la información reportada y certificada por la propia entidad, por tanto,
el contenido del manual y el de la OPEC coincidían plenamente.

7.9. Durante el desarrollo del proceso de selección no se presentó irregularidad
alguna que justificara acceder a lo solicitado, máxime cuando las decisiones que se
llegaren a adoptar podrían afectar derechos de los aspirantes, en particular los
principios de mérito, confianza legítima y acceso a cargos públicos.

7.10. Planteó como excepciones de mérito la «ausencia de causales que invaliden los
actos administrativos» y la innominada o genérica que se llegare a encontrar probada
en el proceso.

1.3. Decisión sobre excepciones previas

8. El auto del 10 de noviembre de 2023 resolvió las excepciones previas y declaró
no probada la de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por la CNSC.
En cuanto a los demás medios exceptivos presentados por esta entidad y la SJD,
la providencia indicó que eran argumentos de defensa y, por lo tanto, se resolverían
con el fondo del asunto12.

1.4. Trámite de sentencia anticipada

9. Con auto del 10 de abril de 2024 se impartió el trámite de sentencia anticipada13.
Con esa finalidad, se pronunció sobre el decreto de pruebas; fijó el litigio; y corrió
traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión. El problema
jurídico que habría de resolverse en la sentencia de fondo se delimitó así: «se
circunscribe a determinar si ¿la Resolución 39 del 4 de abril de 2019 por medio de la cual
se modificó el manual específico de funciones y competencias laborales para los empleos
de la planta de personal de la secretaría jurídica distrital y la Convocatoria 822 de 2018, por
medio del cual se convocó a concurso abierto de méritos para proveer empleos, fueron
expedidas con desconocimiento de las normas en que debían fundarse?» [sic].

1.5. Alegatos de conclusión

10. Las partes presentaron sus alegatos de conclusión, en el siguiente orden:

11. La SJD con fundamento en las siguientes consideraciones14:

11.1. Mediante Oficio 2-2019-2217 del 26 de febrero de 2019, la SJD remitió a la
CNSC la Resolución 020 del 22 de ese mes y año, solicitó la apertura de la
convocatoria en la plataforma Simo y actualizó la OPEC el 28 de febrero de 2019,
antes del inicio de inscripciones (10 de abril al 22 de mayo de 2019). El último ajuste
se realizó el 9 de abril de 2019, se generó el reporte definitivo en Simo y se remitió
a la CNSC mediante Oficio 2-2019-4114, en cumplimiento de la Resolución 039 del
4 de abril de 2019.

12 Samai, índice 22, actuación «Auto que decide sobre excepciones previas», documento
«AUTOQUEDECIDESOBREEXCEPCIONESPREVIAS(.docx) NroActua 22».
13 Samai. índice 28, actuación «Auto que dispone trámite de sentencia anticipada», documento

«54Auto que dispon_01952020medidassente(.pdf) NroActua 28».
14 Samai, índice 34, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento
«58_MemorialWeb_Alegatos-Alegatos202000194(.pdf) NroActua 34».

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11.2. La actualización de la OPEC era competencia de la SJD y se efectuó dentro del
plazo, sin que alterara el número, nivel, denominación, código o grado de los
empleos fijados en el acuerdo de convocatoria, por lo que no requerían acuerdo
modificatorio. Estos cambios fueron visibles en el Simo antes del 10 de abril de 2019
y no se realizaron ajustes durante el periodo de inscripciones, por lo que no se
vulneró el procedimiento establecido.

11.3. El aviso del 20 de mayo de 2019 indicó que los empleos pertenecientes a la
planta de personal de la SJD, incluidos en la Convocatoria 822 de 2018, se regían
por las equivalencias establecidas en el artículo 25 del Decreto 785 de 2005, sin
que en este se anunciara modificación alguna, como sostiene el demandante.

11.4. Por lo anterior, la SJD dentro de la Convocatoria 822 de 2018 no vulneró los
principios de transparencia, confianza legitima e igualdad, toda vez que las
actualizaciones a la oferta se realizaron con anterioridad a la fecha de las
inscripciones de los interesados.

12. La CNSC alegó con base en los siguientes argumentos15:

12.1. El Acuerdo CNSC-20191000007356 del 14 de noviembre de 2018, fue expedido
en ejercicio de sus facultades y atribuciones constitucionales y legales previstas en
los artículos 113, 125, 130 y 209 de la CP; y 7, 11 y 31 de la Ley 909 de 2004.

12.2. En el acuerdo se establecieron las vacantes, empleos, niveles,
denominaciones, códigos y grados, sin que se presentaran acuerdos modificatorios.
Las actualizaciones de la OPEC realizadas por la SJD fueron visibles en el aplicativo
Simo antes del inicio de inscripciones (10 de abril de 2019) y la última divulgación
se efectuó el 9 de abril de 2019, sin cambios posteriores. La OPEC fue remitida a la
CNSC el 18 de octubre de 2018 dentro del plazo.

12.3. Las resoluciones 020 del 22 de febrero de 2019 y 039 del 4 de abril de ese año,
expedidas por la SJD, se emitieron antes de las inscripciones y son actos propios
de su competencia, amparados por la presunción de legalidad. El aviso informativo
del 20 de mayo de 2019 precisó que a los empleos ofertados les aplicaban las
equivalencias del artículo 25 del Decreto 785 de 2005, conforme con el MEFCL, sin
implicar modificación de la OPEC.

12.4. La CNSC carecía de competencia para alterar manuales o requisitos, en tanto
son las entidades responsables de su elaboración y del cargue de la OPEC en
SIMO. Por tanto, el Acuerdo CNSC 20181000007356 del 14 de noviembre de 2018
y los actos expedidos en la Convocatoria 822 de 2018 se ajustaron a la Constitución
y la Ley, sin configurarse causal de nulidad alguna.

13. La parte demandante no se pronunció en la instancia procesal.

14. ElMinisterio Público solicitó negar las pretensiones de la demanda, al
considerar que las resoluciones objeto de control de nulidad se expidieron conforme

15 Samai, índice 35, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento
«59_MemorialWeb_Alegatos-ALEGATOSpdf(.pdf) NroActua 35».

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con el ordenamiento jurídico y sin advertirse irregularidad alguna que las invalidaran.
En particular, señaló que el demandante se limitó a afirmar que la modificación del
MEFCL se realizó después de la expedición de la OPEC, como si ese solo hecho
afectara el concurso, sin haber tenido en cuenta que esta fue oportunamente
publicada, con anterioridad a las inscripciones de los aspirantes, sin que obrara
prueba concluyente de que se efectuó con posterioridad16.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

15. De conformidad con los artículos 125.2, 137 y 149.1 del CPACA, le corresponde
a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado decidir en única
instancia sobre las demandas de nulidad simple interpuestas contra los actos
administrativos expedidos por las autoridades del orden nacional. Asimismo, por el
criterio de especialidad, los artículos 13 17, modificado por el artículo 1 del Acuerdo
434 del 10 de diciembre de 2024, y 15 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 201918
señalan que la Sección Segunda conoce de los asuntos de carácter laboral.

2.2. Problema jurídico

16. Sin desconocer la fijación del litigio definida en el auto que resolvió impartir el
trámite de sentencia anticipada, en atención a los argumentos expuestos por los
sujetos procesales, se considera necesario efectuar unos ajustes para mayor
precisión conceptual, para señalar que el problema jurídico se contrae a resolver el
siguiente interrogante:

¿Es procedente declarar la nulidad i) del Acuerdo CNSC–20181000007356
del 14 de noviembre de 201819; ii) de la Resolución 039 del 4 de abril de
201920; y iii) del aviso informativo del 20 de mayo de 201921, por la presunta
vulneración los principios que rigen la función pública y los procesos de
selección para el concurso abierto de méritos para la provisión de cargos
de carrera administrativa en la SJD, al haberse infringido el procedimiento
establecido para su desarrollo?

17. Para resolver el anterior cuestionamiento se abordarán los siguientes aspectos:
la CNSC y las unidades de personal; el principio de colaboración para la expedición
del acto de convocatoria a concurso de méritos; el MFCL; y la OPEC. Con
fundamento en lo anterior, se resolverá sobre la legalidad del acto acusado de
conformidad con los argumentos expuestos por los sujetos procesales.

16 Samai, índice 37, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento
«Memorial_FLF_65Concepto(.pdf) NroActua 37».
17 Reglamento interno del Consejo de Estado.
18 «Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se

le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90».
19 «Por el cual se convoca y se establecen las reglas para el Concurso Abierto de Méritos para

proveer definitivamente los empleos vacantes pertenecientes al Sistema General de Carrera
Administrativa de la planta de personal de la SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL - SJD -
Convocatoria No. 822 de 2018-DISTRITO CAPITAL - CNSC».
20 Mediante la cual se modificó el manual específico de funciones y competencias laborales para los

empleos de la planta de personal de la SJD.
21 A través del cual se modificó la OPEC para autorizar la aplicación de las equivalencias previstas

en el artículo 25 del Decreto 785 de 2005 a los empleos de SJD.

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2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. Generalidades de la carrera administrativa y la CNSC

18. Para cumplir con sus fines esenciales22, el Estado desarrolla sus funciones a
través de sus diferentes órganos. Si bien cada uno de aquellos tiene labores
específicas, lo cierto es que deben colaborar de forma coordinada y armónica en el
ejercicio de las labores que les asignan la ley y los reglamentos23. En atención a la
trascendencia de las funciones públicas, como regla general, la Carta Política
ordena que el personal que las desarrolla esté vinculado a través del sistema de
carrera administrativa24.

19. Lo anterior supone el cumplimiento de requisitos y condiciones previamente
delimitadas, con el propósito de determinar el mérito y las calidades de cada
aspirante. Con estas medidas se busca garantizar que la actividad estatal se
desenvuelva bajo los principios de moralidad administrativa, imparcialidad política
de los funcionarios, igualdad de oportunidades para quienes aspiren a ocupar
empleos públicos y la estabilidad en ellos25. La finalidad de la selección de acuerdo
con el principio del mérito fue reconocida por la jurisprudencia constitucional, en los
siguientes términos:

«[…] busca que la administración pública cuente con servidores de las más altas
calidades para enfrentar con éxito las responsabilidades que la Constitución y las
leyes han confiado a las entidades del Estado26, responsabilidades que exigen,
para su adecuado cumplimiento, “la aplicación de criterios de excelencia en la
administración pública que posibiliten la realización de los fines y objetivos
estatales más próximos, como lo son el servicio a la comunidad, la satisfacción
del interés general y la efectividad de los principios, derechos y deberes que la
propia constitución reconoce a todos y cada uno de los habitantes del territorio
nacional” 27 [...]»28.

20. Con esa orientación, el artículo 130 de la Constitución Política creó una entidad
responsable de la administración y vigilancia de las carreras de los servidores
públicos, con excepción de las de carácter especial. Se trata de la CNSC cuya
naturaleza se encuentra descrita en el artículo 7 de la Ley 909 de 200429 en los
siguientes términos:

22 El artículo 2 de la Constitución Política prevé: «Son fines esenciales del Estado: servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y
deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los
afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la
vigencia de un orden justo.
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.»
23 Artículo 113 de la Constitución Política: «[…] Los diferentes órganos del Estado tienen funciones

separadas pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines.»
24 Artículo 125 de la Constitución Política: «Los empleos en los órganos y entidades del Estado son

de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de
trabajadores oficiales y los demás que determine la ley. […]»
25 Sentencia C-1230 de 2005.
26 En la providencia se citó: «Sentencias C-479/92, C-195 de 1994 y C-1079 de 2002»
27 En la sentencia se citó: «Sentencia C-1079 de 2002»
28 Sentencia C-1320 de 2005
29 «Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia

pública y se dictan otras disposiciones»

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«[…] Naturaleza de la Comisión Nacional del Servicio Civil. La Comisión Nacional
del Servicio Civil prevista en el artículo 130 de la Constitución Política, responsable
de la administración y vigilancia de las carreras, excepto de las carreras
especiales, es un órgano de garantía y protección del sistema de mérito en el
empleo público en los términos establecidos en la presente ley, de carácter
permanente de nivel nacional, independiente de las ramas y órganos del poder
público, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio
propio.

Con el fin de garantizar la plena vigencia del principio de mérito en el empleo
público de carrera administrativa, la Comisión Nacional del Servicio Civil actuará
de acuerdo con los principios de objetividad, independencia e imparcialidad […]».

21. Lasfunciones concretas de la CNSC para la administración de la carrera
administrativa están descritas en el artículo 11 de la Ley 909 en mención, así:

«a) Establecer de acuerdo con la ley y los reglamentos, los lineamientos generales
con que se desarrollarán los procesos de selección para la provisión de los
empleos de carrera administrativa de las entidades a las cuales se aplica la
presente ley;

b) Acreditar a las entidades para la realización de procesos de selección de
conformidad con lo dispuesto en el reglamento y establecer las tarifas para
contratar los concursos, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 30 de la
presente ley;

c) Elaborar las convocatorias a concurso para el desempeño de empleos públicos
de carrera, de acuerdo con los términos y condiciones que establezcan la presente
ley y el reglamento;

d) Establecer los instrumentos necesarios para la aplicación de las normas sobre
evaluación del desempeño de los empleados de carrera administrativa;

e) Conformar, organizar y manejar el Banco Nacional de Listas de Elegibles; el
Banco de Datos de ex empleados con derechos de carrera cuyos cargos hayan
sido suprimidos y que hubieren optado por ser incorporados y, el Banco de Datos
de empleados de carrera desplazados por razones de violencia;

f) Remitir a las entidades, de oficio o a solicitud de los respectivos nominadores,
las listas de personas con las cuales se deben proveer los empleos de carrera
administrativa que se encuentren vacantes definitivamente, de conformidad con la
información que repose en los Bancos de Datos a que se refiere el literal anterior;

g) Administrar, organizar y actualizar el registro público de empleados inscritos en
carrera administrativa y expedir las certificaciones correspondientes;

h) Expedir circulares instructivas para la correcta aplicación de las normas que
regulan la carrera administrativa;

i) Realizar los procesos de selección para el ingreso al empleo público a través de
las universidades públicas o privadas o instituciones de educación superior, que
contrate para tal fin;

j) Elaborar y difundir estudios sobre aspectos generales o específicos de la gestión
del empleo público en lo relacionado con el ingreso, el desarrollo de las carreras
y la evaluación del desempeño;

k) Absolver las consultas que se le formulen en materia de carrera administrativa».

22. Conforme con el artículo 12 de la Ley 909 de 2004, la CNSC ejerce vigilancia
sobre la aplicación de las normas de carrera administrativa, con facultades para:

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verificar y controlar concursos, suspenderlos cautelarmente, anularlos ante
irregularidades, recibir y resolver quejas, actuar como segunda instancia, conocer
reclamaciones sobre inscripciones, supervisar evaluaciones de desempeño, remitir
violaciones a autoridades competentes, adoptar medidas que garanticen mérito e
igualdad, e informar al Congreso. Además, puede imponer multas a servidores
públicos, previo debido proceso, cuando incumplan con las normas o sus
instrucciones.

23. Según el artículo 15, las unidades de personal son la base de la gestión de
recursos humanos en cada entidad, encargadas de: elaborar planes estratégicos y
anuales de vacantes, proyectar plantas y manuales de funciones, definir perfiles de
empleos, diseñar programas de capacitación, administrar registros de personal y
aplicar la evaluación de desempeño.

24. El artículo 17 establece que estas unidades elaboran y actualizan el plan anual
de previsión de recursos humanos, con el cálculo de empleos necesarios, formas
de provisión (ingreso, ascenso, capacitación) y estimación de costos con respaldo
presupuestal. Dicho plan es insumo para que, de acuerdo con el artículo 14, literal
d), el DAFP formule el plan anual de empleos vacantes y lo remita a la CNSC. La
jurisprudencia30 ha precisado que las entidades cuyos sistemas de carrera son
administrados por la CNSC deben reportar anualmente a esta y al DAFP la totalidad
de cargos de carrera a proveer por concurso y priorizar el gasto para el respectivo
proceso de selección.

25. En efecto, el artículo 19 define el empleo público como el «conjunto de
funciones, tareas y responsabilidades que se asignan a una persona y las
competencias requeridas para llevarlas a cabo, con el propósito de satisfacer el
cumplimiento de los planes de desarrollo y los fines del Estado». De ahí que en su
diseño, se deban tener en cuenta la descripción de las funciones que tendrá a su
cargo, así como el perfil de competencias requeridas para su desempeño.

2.3.2. El principio de colaboración para la expedición del acto de convocatoria
a concurso de méritos

26. Como antes se mencionó, la CNSC es la entidad encargada de la elaboración de
las convocatorias a concurso para el acceso al desempeño de empleos públicos.
Esta competencia se reitera en el artículo 30 de la Ley 909 de 2004, con la precisión
de los costos que genere el proceso de selección que estarán a cargo de la entidad
para la cual se adelante. Esta labor se desarrolla a través de contratos o convenios
interadministativos suscritos con universidades o instituciones de educación
superior acreditadas para ello.

27. De conformidad con el artículo 31 de la Ley 909 de 2004, para que una persona
logre su inscripción en el escalafón de carrera administrativa, deberá superar las
etapas del concurso de méritos, estas son: convocatoria, reclutamiento, práctica de
pruebas, elaboración de lista de elegibles y nombramiento en período de prueba.

30 Consejo de Estado, Sección Segunda, auto del 7 de marzo de 2019, radicado: 11001-03-25-000-

2017-00326-00 (1563-2017), demandante: Colegio Nacional de Inspectores de Trabajo (CNIT).

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28. En lo relevante al particular, es importante precisar que el numeral 1 del citado
artículo 31 de la Ley 909 dispone: «[l]a convocatoria, que deberá ser suscrita por la
Comisión Nacional del Servicio Civil, el Jefe de la entidad u organismo, es norma reguladora
de todo concurso y obliga tanto a la administración, como a las entidades contratadas para
la realización del concurso y a los participantes». La expresión destacada ha sido objeto
de estudio por esta coporación y por la Corte Constitucional.

29. En relación con la suscripción de la convocatoria a concurso por parte del jefe de
la entidad como requisito de la validez del acto, la sentencia del 31 de enero de
201931 de la Sección Segunda consideró que la «ausencia formal de este requisito»
podía subsanarse. En este sentido, era necesario que con otros medios probatorios
pudiera verificarse la participación de la entidad beneficiaria del proceso de
selección de personal en el «iter administrativo que culminó con la convocatoria pública».

30. Sobre el punto, el fallo destacó que, aunque la CNSC es la encargada de
administrar los concursos públicos de méritos, el órgano beneficiario del proceso
debe participar activamente en la planeación y preparación del instrumento jurídico.
Esta intervención se considera cumplida cuando el último firma el documento o
realiza actuaciones que demuestran su colaboración activa y coordinada en su
emisión32.

31. Esta posición se reiteró en el auto del 7 de marzo de 201933. En esta providencia
la Sección Segunda hizo un recuento de las tesis que hasta ese momento se habían
expuesto sobre la interpretación del artículo 31.1 de la Ley 909 y destacó la validez
del criterio adoptado en la sentencia del 31 de enero de ese mismo año.

32. En esta línea, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad condicionada de la
expresión «el Jefe de la entidad u organismo» en la sentencia C-183 del 8 de mayo de
2019, en los siguientes términos:

«Declarar EXEQUIBLE, por los cargos analizados, la expresión“ el jefe de la
entidad u organismo”, contenida en el numeral 1 del artículo 31 de la Ley 909 de
2004, bajo el entendido de que, (i) el jefe de la entidad u organismo puede suscribir
el acto de convocatoria, como manifestación del principio de colaboración
armónica, y (ii) en todo caso la Comisión Nacional de Servicio Civil no puede
disponer la realización de un concurso sin que previamente se hayan cumplido en
la entidad destinataria los presupuestos de planeación y presupuestales previstos
en la ley, en los términos del fundamento jurídico 4.6.2. de esta sentencia».

33. Precisamente, el fundamento jurídico 4.6.2. de la providencia en mención
consideró que pese a que la CNSC era la única competente para fijar la norma
reguladora del concurso, algunos elementos necesarios para la expedición del acto
de convocatoria correspondían a otras entidades. Entre ellos, la elaboración del plan
anual de empleos vacantes era responsabilidad del DAFP y las Unidades de
Personal de las Entidades34, mientras que la financiación de los costos del concurso
correspondía a cada entidad u organismo.

31 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 31 de enero de 2019, radicación: 11001-03-

25-000-2016-01017-00, demandante: Ginna Johanna Riaño García.
32 Cfr. Ibidem.
33 Op. Cit. Consejo de Estado, Sección Segunda, auto del 7 de marzo de 2019, radicado: 11001-03-

25-000-2017-00326-00 (1563-2017), demandante: Colegio Nacional de Inspectores de Trabajo
(CNIT).
34 En lo sucesivo UPE.

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34. Las UPE tenían responsabilidades como determinar los perfiles de los cargos,
elaborar los planes de vacantes y los manuales de funciones, y estimar los costos
de cubrir dichos cargos. Por su parte, el DAFP se encargaba de la política,
planeación y coordinación del recurso humano, y de apoyar a la CNSC cuando fuera
necesario.

35. Igualmente, la Corte destacó que la financiación adecuada era un requisito
indispensable para la realización del concurso, y la falta de disponibilidad
presupuestal podría hacerlo inviable. Sin embargo, el jefe de la entidad u organismo
no tenía competencia sobre el contenido de la convocatoria, aunque sí debía
garantizar la financiación del proceso de selección.

36. En suma, la convocatoria era competencia exclusiva de la CNSC y la
colaboración armónica entre las diferentes entidades es esencial para el
cumplimiento de los fines del Estado. En este sentido, la sentencia C-645 de 2017
indicó que la competencia del jefe de la entidad (en ese caso el INPEC) para hacer
la convocatoria era exequible, bajo el entendido de que concurría «como participante
para planear y presupuestar la convocatoria, pero la competencia relacionada con asegurar
la implementación y velar por el adecuado funcionamiento de la realización del concurso,
así como su administración y vigilancia recae exclusivamente sobre la Comisión Nacional
del Servicio Civil-CNSC».

37. Finalmente, la sentencia C-183 de 2019 concluyó que la firma de la convocatoria
por parte del jefe de la entidad u organismo no afectaba su validez, puesto que la
competencia para elaborar y administrar la convocatoria recaía exclusivamente en
la CNSC.

38. De acuerdo con lo anterior, la convocatoria al concurso de méritos supone el
ejercicio de funciones separadas e independientes de la CNSC y de las entidades
beneficiarias de aquel. Sin embargo, aquellas deben coordinarse de forma armónica
con el fin de desarrollar la actuación administrativa que permita la selección del
personal más idóneo para el desarrollo de las funciones públicas.

2.3.3. El manual de funciones y competencias laborales

39. Toda entidad del Estado tiene dispuesto un número determinado de empleos
para el desarrollo de las funciones que le han sido asignadas por el ordenamiento
jurídico, con el propósito de materializar los fines del Estado. Este concepto
responde a lo que, en materia de función pública, se conoce como planta de
personal. Su creación y regulación está determinado por las necesidades del
servicio y su definición clara permite un diseño de la estructura organizacional a
nivel global. Esto, a su vez, permite concretar el número, la naturaleza y el contenido
funcional de los empleos requeridos, mediante su respectiva clasificación.

40. El fundamento constitucional y legal de los manuales de funciones se encuentra
contenido en los artículos 122, inciso 1, y 125, inciso 3, de la Constitución Política y
19 de la Ley 909 de 2004. De estos contenidos normativos se deduce la importancia
y tracendencia del instrumento jurídico en cuestión que además de estar
relacionado con el cumplimiento de los fines estatales tiene la virtualidad de afectar
las situaciones particulares y concretas de quienes son designados para el
desarrollo de las funciones públicas.

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41. De ahí que, el MEFCL es una herramienta de gestión del empleo que establece
las responsabilidades, labores y facultades propias de cada cargo que integra la
planta de personal. Igualmente contiene exigencias de conocimientos, experiencia
y otros aspectos que permitan acreditar las aptitudes y condiciones requeridas para
desempeñar las labores encomendadas.

42. Por su parte, el artículo 20 de la Ley 909 de 2004 se refiere a los cuadros
funcionales de empleos como un ejercicio de agrupación de cargos que tengan
semejanzas en cuanto a la naturaleza general de sus funciones, responsabilidades,
requerimientos de conocimientos y competencias. Esta medida persigue la
optimización de la gestión de recurso humano; la posibilidad de llevar a cabo el
acceso, el ascenso, la retribución y la capacitación, así como de cubrir plazas de
uno o varios organismos, en función de los requisitos que se exijan.

43. Ahora, el Decreto 1083 del 26 de mayo de 2015, aplicable a las entidades de la
Rama Ejecutiva35, en el artículo 2.2.2.6.1. prevé lo siguiente:

44. «[…] ARTÍCULO 2.2.2.6.1 Expedición. Los organismos y entidades a los cuales
se refiere el presente Título expedirán el manual específico de funciones y de
competencias laborales describiendo las funciones que correspondan a los
empleos de la planta de personal y determinando los requisitos exigidos para su
ejercicio.

La adopción, adición, modificación o actualización del manual específico se
efectuará mediante resolución interna del jefe del organismo o entidad, de acuerdo
con las disposiciones contenidas en el presente Título.

Corresponde a la unidad de personal, o a la que haga sus veces, en cada
organismo o entidad, adelantar los estudios para la elaboración, actualización,
modificación o adición del manual de funciones y de competencias laborales y
velar por el cumplimiento de las disposiciones aquí previstas […]» (Se destaca)

45. Asimismo, el parágrafo 2 de la norma en mención dispone que el DAFP brindará
la asesoría técnica necesaria, además de señalar las pautas e instrucciones para la
adopción, adición, modificación o actualización de los manuales específicos.

46. Por su parte, el artículo 2.2.2.6.2. ibidem precisa el contenido mínimo del manual
específico de funciones y competencias laborales, al indicar que debe incluir:

1. La identificación y ubicación del empleo.

2. El contenido funcional, dentro del cual debe señalarse el propósito y la
descripción de funciones esenciales del empleo.

3. Los conocimientos básicos o esenciales.

4. Los requisitos de formación académica y de experiencia.

47. Ahora, en lo relevante al presente asunto, es pertinente señalar que los artículos
2.2.3.5, parágrafo 4, y 2.2.3.9 del Decreto 1083 de 2015 señalaron la necesidad de
ajustar y actualizar los manuales de funciones. En especial, las entidades

35 Artículo 2.1.1.2 del Decreto 1083 de 2015.

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territoriales debían hacerlo hasta el 1 de junio de 2015. Mientras ello se cumplía,
continuarían rigiendo los que hasta ese momento se encontraran vigentes.

2.3.4. La OPEC

48. La OPEC es el acto por medio del cual la administración le comunica al ente
responsable de la elaboración del concurso de méritos los empleos que se
encuentran vacantes definitivamente, con la finalidad de que sean provistos a través
del respectivo proceso de selección. Este instrumento se instituye en parámetro
para la elaboración de las pruebas e instrumentos del proceso de selección. Estos
a su vez deben ser proporcionales a las condiciones que se exigen para el
desempeño de cada cargo, tal y como lo prevé el artículo 2.2.6.13 del Decreto 1083
de 2015:

«ARTÍCULO 2.2.6.13 Pruebas o instrumentos de selección. Las pruebas o
instrumentos de selección tienen como finalidad apreciar la capacidad, idoneidad
y potencialidad de los aspirantes y establecer una clasificación de los mismos,
respecto de las competencias requeridas para desempeñar con eficiencia las
funciones y las responsabilidades de un cargo. La valoración de estos factores se
hará mediante pruebas orales, escritas, de ejecución, análisis de antecedentes,
entrevistas, evaluación final de cursos efectuados dentro del proceso de selección
y otros medios técnicos que respondan a criterios de objetividad e imparcialidad
con parámetros de calificación previamente determinados.

En los concursos se aplicarán mínimo dos pruebas, una de las cuales será escrita
o de ejecución, dependiendo de la naturaleza de las funciones de los empleos a
proveer. […]» (se destaca)

49. Una vez elaborada la lista de elegibles deben cubrirse las vacantes para las
cuales se efectuó el concurso36, aspecto que depende de la oferta de empleos
remitida por la entidad previamente a la iniciación del concurso, sin perjuicio de lo
previsto para la utilización del Banco Nacional de Listas de Elegibles.

50. En lo relacionado con los parámetros de su reporte, el parágrafo del artículo 29
de la Ley 909 de 2004 señala que la CNSC es el ente responsable de dictar el
procedimiento y los lineamientos para que las diferentes entidades informen, con la
finalidad de hacer viables los concursos.

51. Por su parte, el Decreto 4500 del 5 de diciembre de 200537 indicó que, tanto en
la fase de preselección como en la específica, la CNSC puede modificar cualquier
aspecto de la convocatoria «hasta antes de la fecha de iniciación de inscripciones, o de
la escogencia del empleo en la segunda fase o específica»38. Dentro de los aspectos
referidos por la norma susceptibles de modificación se incluye la OPEC de manera
que no podrán producirse concluidas las etapas allí previstas.

52. Más adelante, el Decreto 051 del 16 de enero de 201839, en el artículo 3, adicionó
el artículo 2.2.6.34 al Decreto 1083 de 2015, para regular la periodicidad del reporte
de empleos vacantes de forma definitiva, según las indicaciones de la CNSC,

36 Ley 909 de 2004, artículo 31, numeral 4, el cual más adelante fue modificado por el artículo 6 de

la Ley 1960 de 2019.
37 «Por el cual se reglamenta el artículo 24 de la Ley 443 de 1998 y la Ley 909 de 2004»
38 Artículo 1, parágrafo 2, del Decreto 4500 de 2005.
39 «Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector

Función Pública, y se deroga el Decreto 1737 de 2009».

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enfatizar el proceso de planeación conjunta y armónica del concurso de méritos y la
actualización de los manuales de funciones y compentencias laborales, así:

«ARTÍCULO 2.2.6.34. Registro de los empleos vacantes de manera definitiva.
Los jefes de personal o quienes hagan sus veces en las entidades pertenecientes
a los sistemas general de carrera y especifico o especial de origen legal vigilados
por la Comisión Nacional del Servicio Civil, deberán reportar los empleos vacantes
de manera definitiva, en el aplicativo Oferta Pública de Empleos de Carrera -
OPEC de la Comisión Nacional del Servicio Civil, con la periodicidad y
lineamientos que esta establezca.

Las entidades deben participar con la Comisión Nacional de Servicio Civil en el
proceso de planeación conjunta y armónica del concurso de méritos. La
convocatoria deberá ser firmada por la Comisión Nacional de Servicio Civil y por
el jefe de la entidad pública respectiva.

Previo al inicio de la planeación del concurso la entidad deberá tener actualizado
su manual de funciones y competencias laborales y definir los ejes temáticos.
En la asignación de las cuotas sectoriales las dependencias encargadas del
manejo del presupuesto en los entes territoriales deberán apropiar el monto de los
recursos destinados para adelantar los concursos de méritos.

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 110 del Estatuto Orgánico de
Presupuesto - EOP y el techo del Marco de Gasto de Mediano Plazo, las entidades
del nivel nacional deberán priorizar el gasto para adelantar los concursos de
méritos. Igualmente, los cargos que se sometan a concurso deberán contar con el
respectivo certificado de disponibilidad presupuestal, de acuerdo con lo
establecido en el EOP».

53. El Consejo de Estado ha señalado que la CNSC es la autoridad competente para
elaborar la convocatoria de los procesos de selección, la cual se estructura a partir
de la OPEC definida por la entidad interesada en proveer sus vacantes mediante el
sistema de mérito. En este sentido, la OPEC se configura como un acto preparatorio
expedido dentro del marco del proceso de planeación y de la colaboración armónica
que debe desarrollarse para la suscripción de la convocatoria40.

54. En coherencia con lo anterior, se concluye que una de las funciones esenciales
de las entidades públicas para garantizar el adecuado desarrollo de los certámenes
de mérito es la conformación de la OPEC. Este instrumento constituye la base sobre
la cual se diseña la convocatoria, ya que permite precisar la denominación, nivel,
grado, asignación salarial y número de cargos ofertados, así como los requisitos
mínimos para su ejercicio, las competencias exigidas y las funciones asignadas41.

2.4. Caso concreto, análisis de la Sala

55. La parte demandante aseguró que la OPEC de la Convocatoria 822 de 2018 fue
modificada de forma extemporánea y sin la debida publicación, en contravención
del artículo 12 del Acuerdo CNSC-20181000007356 del 14 de noviembre de 2018.
La SJD informó acerca de los cambios cuando la etapa de inscripciones ya estaba
en curso, lo que impedía legalmente su realización. Además, la OPEC se elaboró
con base en un manual de funciones derogado y modificado durante el proceso.

40 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 2 de junio de 2022, radicado

11001-03-25-000-2019- 00204-00 (1330-2019).
41 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 23 de junio de dos 2022,

radicado: 11001-03-25-000- 2018-01717-00 (6225-2018) y 11001-03-25-000-2018-00475-00 (1846-
2018).

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Aunque se registraron 73 empleos con 104 vacantes, otros cargos no fueron
ofertados debido a la improcedencia de ajustes posteriores.

55.1. Estas irregularidades vulneraron derechos de los aspirantes y principios
constitucionales como los de igualdad, mérito, transparencia y publicidad. La CNSC
incumplió con sus deberes de supervisión y divulgación, mientras que la SJD
desconoció normas sobre planes y plantas de empleos, afectando la integridad y
transparencia del concurso de méritos.

56. Para resolver lo anterior, valga señalar que a través del Oficio 2-208-14470 del
17 de octubre de 201842, cuyo destinatario era la CNSC y asunto era: «(a)ctualización
de la Oferta Pública de Empleos de Carrera - OPEC- de la Secretaría Jurídica Distrital», la
SJD, informó sobre lo siguiente:

«En aras de garantizar un reporte veraz de la Oferta Pública de Empleos de
Carrera Administrativa de la Secretaría Jurídica Distrital, se actualizó la
información reportada en el aplicativo SIMO durante la vigencia 2016, previo al
inicio del concurso de méritos para proveer de manera definitiva los empleos
pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de
personal, mediante la Convocatoria Distrito Capital No. 3» [sic].

57. Por medio del Acuerdo CNSC-20181000007356 del 14 de noviembre de 201843
«se convoc[ó] y se establec[ieron] las reglas para el Concurso Abierto de Méritos para
proveer definitivamente los empleos vacantes pertenecientes al Sistema General de
Carrera Administrativa de la planta de personal de la SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
• SJD - Convocatoria No. 822 de 2018 - DISTRITO CAPITAL - CNSC», con fundamento
en lo siguiente:

«[…] en uso de sus competencias legales, la CNSC realizó conjuntamente con
delegados de la entidad objeto de convocatoria, la etapa de planeación para
adelantar el Concurso Abierto de Méritos en el marco del mandato Constitucional
y de las normas vigentes e instrucciones de la CNSC, con el fin de proveer los
empleos en vacancia definitiva del Sistema General de Carrera Administrativa de
la planta de personal de la SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL - SJD, en el
marco de la Convocatoria No. 822 de 2018- DISTRITO CAPITAL - CNSC.

El artículo 2.2.6.34 del Decreto 1083 de 2015, adicionado por el Decreto 051 del
16 de enero de 2018, define las responsabilidades en el proceso de planeación
de los concursos de méritos para el ingreso a empleos de carrera administrativa y
la manera como se obtienen los recursos para adelantarlos; además, establece
que la Comisión Nacional del Servicio Civil es la responsable de determinar la
periodicidad y lineamientos con que se deben registrar las vacantes definitivas en
la Oferta Pública de Empleos -OРЕС.

[L]a SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL - SJD consolidó la Oferta Pública de
Empleos de Carrera, que en adelante se denominará OPEC en el Sistema de
Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad, que en adelante se
denominará SIMO44, la cual fue certificada por el Representante Legal y el Jefe de
Talento Humano, y enviada por la entidad referida a la Comisión Nacional del
Servicio Civil mediante radicados de entrada ORFEO No. 20186000877612 del

42 Samai, índice 39, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento
«91_MemorialWeb_Otro-RADNo2201814470(.pdf) NroActua 39».
43 Samai, índice 21, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_C01_01 DEMANDA Y

ANEXOS-DEMANDA(.pdf) NroActua 21», carpeta «CD2 Folio 25», subcarpeta «cd», archivo
«Acuerdo convocatoria.pdf».
44 «Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad -SIMO-: Herramienta informática

desarrollada y dispuesta para todos los efectos relacionados con las Convocatorias a Concursos de
Méritos que se adelantan por la Comisión Nacional del Servicio Civil».

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[…] 18 de octubre19 de 2018, compuesta por setenta y tres (73) empleos,
distribuidos en ciento cuatro (104) vacantes.

Atendiendo lo dispuesto, la Sala Plena de la Comisión Nacional del Servicio Civil,
en sesión del 01 de noviembre de 2018 aprobó convocar a Concurso Abierto de
Méritos los empleos vacantes pertenecientes al Sistema General de Carrera
Administrativa de la planta de personal de la SECRETARÍA JURÍDICА DISTRITAL
• SJD, siguiendo los parámetros definidos en el presente Acuerdo y con
fundamento en reporte de vacantes realizado por dicha entidad.

En mérito de lo expuesto, la Comisión Nacional del Servicio Civil,

ACUERDA:

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1°.- CONVOCATORIA. Convocar a Concurso Abierto de Méritos para
proveer de manera definitiva setenta y tres (73) empleos con ciento cuatro (104)
vacantes pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta
de personal de la SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL - SJD -, que se identificará
como "Convocatoria No. 822 de 2018- DISTRITO CAPITAL - CNSC".

ARTÍCULO 2°.- ENTIDAD RESPONSABLE. El Concurso Abierto de Méritos para
proveer las ciento cuatro (104) vacantes de la planta de personal de la
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL - SJD, objeto de la presente Convocatoria,
estará bajo la directa responsabilidad de la CNSC, que en virtud de sus
competencias legales podrá suscribir contratos o convenios interadministrativos
para adelantar las diferentes fases del proceso de selección con universidades
públicas o privadas o instituciones de educación superior acreditadas para realizar
este tipo de procesos, conforme lo reglado en el artículo 30 de la Ley 909 de 2004.

ARTÍCULO 3°.- ENTIDAD PARTICIPANTE. El Concurso Abierto de Méritos se
desarrollará para proveer setenta y tres (73) empleos con ciento cuatro (104)
vacantes pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta
de personal de la SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL - SJD y que corresponden
a los niveles Profesional, Técnico y Asistencial, de conformidad con las vacantes
definitivas reportadas a la CNSC y que se encuentran de manera detallada en el
artículo 10° del presente Acuerdo.

[…]

ARTÍCULO 10°.- EMPLEOS CONVOCADOS. Los empleos vacantes de la Oferta
Pública de Empleos de Carrera - OPEC, de la SECRETARÍA JURÍDICA
DISTRITAL - SJD, que se convocan por este concurso abierto de méritos son:

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PARÁGRAFO 1°: Bajo su exclusiva responsabilidad, el aspirante deberá
consultar los empleos a proveer mediante este concurso de méritos, en la OPEC
registrada por la entidad objeto de la presente Convocatoria, la cual se encuentra
debidamente publicada en la página www.cnsc.gov.co y/o enlace: SIMO.

PARÁGRAFO 2º: La OPEC que forma parte integral del presente Acuerdo ha sido
suministrada por la SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL - SJD y es de
responsabilidad exclusiva de ésta, por lo que, en caso de presentarse diferencia
por error de digitación, de transcripción o de omisión de palabras entre ésta y el
Manual de Funciones y Competencias Laborales y/o demás actos administrativos
que la determinaron, la OPEC se corregirá dando aplicación a lo previsto en el
artículo 45 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 12° del presente
Acuerdo. Así mismo las consecuencias que se deriven de dichos errores o
inexactitudes, recaerán en la entidad que efectuó el reporte.

PARÁGRAFO 3º: La sede de trabajo de cada uno de los empleos vacantes objeto
del presente proceso de selección, estará determinada en la OPEC, la cual forma
parte integral de esta Convocatoria.

CAPÍTULO III

DIVULGACIÓN DE LA CONVOCATORIA E INSCRIPCIÓN

[…]

ARTÍCULO 12°.- MODIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA. Antes de dar inicio
a la etapa de inscripciones, la Convocatoria podrá ser modificada o
complementada, de oficio o a solicitud de la SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
• SJD, debidamente justificada, aspecto que será supervisado por la CNSC y
oportunamente divulgado a través de la página web www.cnsc.gov.co y/o enlace
SIMO. Iniciada la etapa de inscripciones, la convocatoria sólo podrá modificarse
en cuanto al sitio, hora y fecha de recepción de inscripciones y aplicación de las
pruebas por la CNSC. Las fechas y horas no podrán anticiparse a las previstas

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inicialmente. Las modificaciones, respecto de la fecha de las inscripciones, se
divulgarán por la página www.cnsc.gov.co y/o enlace SIMO y por diferentes
medios de comunicación que defina la CNSC, por lo menos con dos (2) días
hábiles de anticipación a la fecha de iniciación del período adicional. Las
modificaciones relacionadas con fechas o lugares de aplicación de las pruebas,
serán publicadas en la página www.cnsc.gov.co y/o enlace SIMO, por lo menos
con dos (2) días hábiles de anticipación a la fecha inicialmente prevista para su
aplicación.

PARÁGRAFO 1: Sin perjuicio de lo establecido en este artículo, los errores
formales se podrán corregir en cualquier tiempo de oficio o a petición de parte, de
conformidad con lo previsto por el artículo 45° del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

[…]» [sic].

58. Para la fecha en que se expidió el Acuerdo CNSC–20181000007356, esto es, el
14 de noviembre de 2018, el acto administrativo en los que constaba el MFCL de la
SJD estaba contenido en la Resolución 67 de 201645.

59. No obstante, luego de que la CNSC profiriera el acuerdo, la SJD expidió la
Resolución 020 del 22 de febrero de 201946, mediante la cual derogó la Resolución
67 de 2016 y estableció el MFCL para los empleos de la planta de personal de la
SJD a efectos de armonizarlo con lo dispuesto en el Decreto 1083 de 2015. En sus
consideraciones, la referida Resolución 020 explicó las razones que motivaron su
expedición en los siguientes términos:

«Que por medio de la Resolución 067 de 2016 expedida por la Secretaría Jurídica
Distrital, se modificó el Manual Especifico de Funciones y de Competencias
Laborales de la Secretaría Jurídica Distrital, y se derogaron las Resoluciones 001
y 062 de 2016.

Que con el propósito de armonizar el Manual Especifico de Funciones y de
Competencias Laborales de la Secretaría Jurídica Distrital con todas las
disposiciones normativas relacionadas en materia de competencias laborales,
integradas por las competencias funcionales y las comportamentales para las
áreas o procesos transversales de las entidades públicas, es necesaria la
adopción formal de los catálogos de competencias laborales de carácter general
para los empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos propuestos por el
Departamento Administrativo de la Función Pública mediante el Titulo 4 de la Parte
2 del Libro 2 del Decreto Nacional del 1083 de 2015 sustituido por el artículo 1 del
Decreto Nacional 815 de 2018 y las Resoluciones 0629 y 0667 de 2018 emitidas
por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

Que mediante el Decreto Distrital 452 de 2018, se señalaron los lineamientos para
la estandarización de las funciones de los empleos del Jefe de oficina o Asesor de
Control Interno, pertenecientes a los organismos del Sector de la Administración
Distrital de Bogotá D.C.

Que el Departamento Administrativo de la Función Pública mediante la Resolución
0629 del 19 de julio de 2018, determinó cuáles serían las competencias
específicas para los empleos con funciones de archivística para los que se exija
formación técnica profesional, tecnológica y profesional o universitaria de
archivista, determinando así, unas competencias para los perfiles de empleo antes
descritos.

45 Samai, índice 39, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento
«86_MemorialWeb_Otro-MANUALDEFUNCIONES(.pdf) NroActua 39».
46 Samai, índice 21, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_C01_01 DEMANDA Y

ANEXOS-DEMANDA(.pdf) NroActua 21», carpeta «CD2 Folio 25», subcarpeta «cd», archivo
«Resolución 020 del 22 de febrero de 2019.pdf».

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Que a través Resolución 0667 del 03 de agosto de 2018, del Departamento
Administrativo de la Función Pública, se adoptó un catálogo de competencias
funcionales para las áreas o procesos transversales de las entidades públicas y a
su vez ordenó adoptar las competencias funcionales contempladas en el
mencionado catálogo.

Que es de suma importancia estandarizar el Manual Especifico de Funciones y
Competencias de la Entidad y, en particular, de acuerdo con el modelo de empleo
público que se sustenta en competencias, y entra a complementar lo dispuesto en
el Decreto Nacional 1083 de 2015, modificado por el Decreto Nacional 815 de
2018.

Que las modificaciones planteadas al Manual Específico de Funciones y de
Competencias Laborales para los empleos de la planta de personal de la
Secretaría Jurídica Distrital, se encuentran acorde con lo establecido en la Ley
909 de 2004, el artículo 13 del Decreto Nacional 785 de 2005, el Decreto Distrital
367 de 2014, el Decreto Distrital 452 de 2018, con lo establecido en los artículos
2.2.4.7 y 2.2.4.8 del Decreto Nacional 1083 de 2015 sustituido por el Decreto
Nacional 815 de 2018, el Decreto Nacional 051 de 2018 y las Resoluciones 629 y
667 de 2018 del Departamento Administrativo de la Función Pública.

Que el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, mediante oficio con
Radicado 2019EE375 del 7 de febrero de 2019, emitió concepto técnico favorable
para realizar los ajustes del manual de funciones y de competencias laborales en
los términos previstos por las disposiciones legales vigentes.

Que de acuerdo con lo anterior, se hace necesario modificar el Manual Especifico
de Funciones y Competencias Laborales para los empleos que conforman la
planta de personal de la Secretaría Jurídica Distrital, con el fin de ajustarlo a las
necesidades de la Entidad y a la nueva normatividad.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

Artículo 1. Establecer el Manual Específico de Funciones y Competencias
Laborales para los empleos de la planta de personal de la Secretaría Jurídica
Distrital, cuyas funciones deberán ser cumplidas por los funcionarios con criterios
de eficiencia y eficacia en orden al logro de la misión, objetivos y funciones, que
la Ley y los reglamentos le señalan a la Secretaría Jurídica Distrital […].

Artículo 4. Las equivalencias entre estudios y experiencias serán las establecidas
en el artículo 25 del Decreto Nacional 785 de 2005.

Artículo 5. El Secretario Jurídico Distrital mediante acto administrativo realizará las
modificaciones o adiciones necesarias para mantener actualizado el Manual
Específico de Funciones y de Competencias Laborales.

[…].» [sic].

60. A través de la Resolución 039 del 4 de abril de 201947, la SJD modificó el MFCL
para los empleos de planta de la entidad con fundamento en las siguientes
consideraciones:

«Que en el artículo 1 de la Resolución 020 de 2019, se evidenciaron yerros de
carácter formal como digitación, transcripción y omisión de palabras en las
fichas de los empleos: Profesional Especializado Código 222 Grado 21 de la
Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos, Profesional Universitario

47 Samai, índice 39, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento
«92_MemorialWeb_Otro-RADNo220194114(.pdf) NroActua 39».

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Código 219 Grado 18 de la Oficina Asesora de Planeación, Técnico Operativo
Código 314 Grado 20 de la Dirección de Gestión Corporativa.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011
"Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo", se podrán corregir los errores simplemente
formales contenidos en los actos administrativos, entre los cuales se
encuentran los de digitación, transcripción o de omisión de palabras, sin que la
corrección de lugar a cambios en el sentido material del acto administrativo.

Que bajo ese contexto, se hace necesario realizar las correspondientes
correcciones […]» [sic].

61. Mediante el Oficio 2311000 del 9 de abril de 201948, cuyo destinatario era la
CNSC y asunto era: «(a)ctualización de la Oferta Pública de Empleos de Carrera - OPEC-
de la Secretaría Jurídica Distrital» la SJD, informó sobre lo siguiente:

«De acuerdo con la modificación del Manual Especifico de Funciones y
Competencias Laborales mediante la Resolución 039 de 2019, previo al inicio
de las inscripciones al concurso de méritos para proveer de manera definitiva
los empleos pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la
planta de personal de la Secretaría Jurídica Distrital - Convocatoria No. 822 de
2018 - DISTRITO CAPITAL - CNSC, me permito remitir el reporte actualizado
de la Oferta Pública de Empleos de Carrera Administrativa de la Entidad» [sic].

62. Para resolver el problema jurídico planteado, se recuerda que el acuerdo de
convocatoria es un acto administrativo de naturaleza general y reglado, mediante el
cual la CNSC fija las reglas esenciales que regirán un concurso público de méritos.
Por disposición del artículo 88 del CPACA, este acto goza de presunción de
legalidad desde su expedición y hasta tanto no sea anulado por la jurisdicción
competente, razón por la cual son ejecutables, salvo los casos previstos por el
artículo 91 ibidem. Tal presunción solo puede ser desvirtuada si se demuestra que,
desde el momento en que fue expedido, tenía vicios que lo hacían inválido. Esta
valoración se hace bajo el criterio ex tunc, lo que significa que solo cuentan las
circunstancias de hecho y de derecho existentes al momento de su expedición, sin
que lo que ocurra después pueda usarse para anularlo hacia atrás.

63. Esta postura ha sido sostenida por la jurisprudencia del Consejo de Estado, la
cual precisó que la nulidad de un acto administrativo general produce efectos ex
tunc únicamente respecto de situaciones no consolidadas, conservando incólumes
aquellas que adquirieron firmeza durante su vigencia. El razonamiento de la
Corporación se basa en el reconocimiento de que cada disposición es autónoma,
de manera que su validez se examina de forma independiente, conforme con las
circunstancias normativas y fácticas existentes al momento de su expedición

64. En este sentido, la providencia del Consejo de Estado del 21 de marzo de 202449
ratifica que los actos administrativos dictados con competencia, forma y fundamento
legal vigentes en su momento mantienen su presunción de validez a lo largo del

48 Samai, índice 21, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_C01_01 DEMANDA Y

ANEXOS-DEMANDA(.pdf) NroActua 21», carpeta «CD2 Folio 25», subcarpeta «cd», archivo
«Resolución 039 del 04 de abril de 2019.PDF».
49 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección

A, sentencia del 21 de marzo de 2024, radicación 76001-23-33-000-2020-00154-02 (4137-2021). MP
Jorge Iván Duque Gutiérrez.

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tiempo, y que esta no se ve afectada por hechos o decisiones posteriores, salvo que
se demuestre que aquellos vicios existían desde el instante de su creación.

65. Este enfoque de control se articula con el principio de seguridad jurídica (arts. 14,
19 y 83 de CP, entre otros), que garantiza la estabilidad de las reglas jurídicas y la
previsibilidad de la actuación administrativa. Este principio, a su vez, está
directamente vinculado con la confianza legítima que ampara a los participantes en
un concurso de méritos, quienes tienen derecho a que las condiciones de la
convocatoria no sean alteradas de forma arbitraria o sorpresiva. El principio de
igualdad (art. 13 de la C.P.) refuerza esta exigencia, pues cualquier modificación
posterior que afecte a unos aspirantes y no a otros vulnera el trato equitativo que
debe imperar en los procesos de selección.

66. La Corte Constitucional, en sentencia SU-138 de 2024, precisó que las
modificaciones a las reglas de una convocatoria deben ser excepcionales y
ajustarse a parámetros estrictos: i) que no otorguen ventajas indebidas a ningún
participante; ii) que sean comunicadas y publicadas por los mismos medios
previstos originalmente; y iii) que se anuncien con suficiente antelación para no
afectar la transparencia ni la igualdad del certamen. La Corte advirtió que las
alteraciones que incumplan con estos requisitos pueden ser anuladas, pero de
manera autónoma, sin que ello afecte retroactivamente la validez de la convocatoria
expedida conforme con el ordenamiento jurídico.

67. Aceptar que actuaciones o actos administrativos expedidos después de la
convocatoria puedan afectar su legalidad implicaría desconocer el principio de
autonomía de los actos administrativos, permitir que irregularidades en la fase de
ejecución contaminen indebidamente el acto inicial y generar un escenario de
inaceptable inseguridad jurídica. Bajo esa hipótesis, cualquier error posterior,
incluso imputable a un tercero distinto del emisor del acuerdo, podría desestabilizar
las reglas previamente fijadas, lesionando gravemente la confianza legítima de los
concursantes y el principio de planeación que debe regir los concursos públicos (art.
209 CP).

68. El análisis de legalidad del acuerdo de convocatoria, por tanto, debe
circunscribirse a su contexto fáctico y normativo originario. Si al momento de su
expedición este acto fue dictado por autoridad competente, bajo las formalidades
exigidas y con sustento en la normativa vigente, su validez no puede verse afectada
por modificaciones extemporáneas, errores materiales, ajustes en manuales de
funciones o cualquier otra actuación producida con posterioridad. Tales hechos, en
caso de ser irregulares, pueden y deben ser objeto de control judicial o
administrativo independiente, pero no desvirtúan la legalidad inicial del acto de
convocatoria.

69. En conclusión, la jurisprudencia reciente del Consejo de Estado y de la Corte
Constitucional es consistente en afirmar que las actuaciones posteriores no tienen
la fuerza jurídica para enervar la validez de un acuerdo de convocatoria que, en su
origen, se ajustó plenamente a las exigencias legales. Este criterio protege la
seguridad jurídica, la igualdad, la transparencia y la confianza legítima en los
procesos de selección por mérito, con lo cual se asegura que las reglas del juego
establecidas al inicio se mantengan estables y previsibles hasta la culminación del

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concurso, sin perjuicio del control específico que pueda ejercerse sobre actos
posteriores.

70. Así las cosas, la nulidad del Acuerdo CNSC-20181000007356 del 14 de
noviembre de 2018 no procede, pues su legalidad debe evaluarse conforme con el
manual de funciones y demás normas vigentes al momento de su expedición, no
con base en cambios posteriores. El acto fue emitido por autoridad competente, con
observancia de las formalidades legales y fundado en la normativa aplicable
entonces, por lo que goza de presunción de legalidad. La derogatoria o modificación
posterior del manual no constituye un vicio contemporáneo a su creación ni tiene
capacidad de invalidarlo retroactivamente, conforme con el control ex tunc y el
principio de autonomía de los actos administrativos. Cualquier eventual irregularidad
derivada de esos cambios debe examinarse de manera independiente, sin afectar
la validez original de la convocatoria.

71. En efecto, el artículo 2.2.6.4. del Decreto 1083 de 2015 dispone que la
convocatoria puede ser modificada o complementada en cualquier aspecto, hasta
antes de iniciarse la etapa de inscripciones. Esta regla fue reproducida por el artículo
12 del CNSC-20181000007356 del 11 de noviembre de 2018. En el sub lite se
observa que lo que se modificó después de iniciado el proceso de convocatoria
fueron las resoluciones 020 del 22 de febrero de 2019 y 039 del 4 de julio de igual
año, mediante las cuales se estableció el MEFCL de la SJD, y no la convocatoria,
como lo considera el actor. Cabe precisar que las resoluciones fueron expedidas
con anterioridad al inicio del proceso de inscripciones, el cual, según la información
publicada en la página web de la CNSC, se desarrolló entre el 10 de abril y el 22 de
mayo de 2019.

72. Ahora bien, se advierte que las resoluciones 020 y 039 de 2019 tuvieron como
propósito estandarizar y armonizar el manual específico de funciones y
competencias de la entidad, conforme con el modelo de empleo público basado en
competencias, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 1083 de 2015, modificado
por el Decreto 815 de 2018, así como en las resoluciones 0629 y 0667 de 2018
expedidas por el DAFP.

73. Cabe señalar que el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital,
mediante Oficio 2019EE375 del 7 de febrero de 2019, emitió concepto técnico
favorable para efectuar los ajustes al manual de funciones y de competencias
laborales, en los términos previstos por la normativa vigente.

74. En este contexto, puede concluirse que las resoluciones 020 y 039 de 2019 se
expidieron con el fin de actualizar y armonizar el manual específico de funciones y
competencias de la entidad, de acuerdo con el modelo de empleo público por
competencias y la normativa vigente. Además, contaron con concepto técnico
favorable del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, lo que
evidencia que su adopción se realizó dentro del marco legal vigente y con
fundamento en criterios técnicos especializados

75. De esta manera, las modificaciones no respondieron a conductas impensadas o
sorpresivas, sino que tuvieron como objetivo garantizar el adecuado desarrollo de
las funciones de la entidad, y su actualización permitió que el concurso se llevara
debidamente.

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76. Aunado a lo anterior, la Subsección A de esta Sección ha precisado que el
manual de funciones no conforma un acto complejo con el acto de convocatoria a
un concurso público, por las siguientes razones50:

«Así, a partir de lo dicho hasta acá, la Sala considera que no le asiste razón a
la parte demandante en su tesis sobre la conformación de un solo acto
administrativo complejo entre los decretos municipales proferidos por el alcalde
de Duitama y los acuerdos de la CNSC que fueron acusados en este proceso,
toda vez que, a la luz de los requisitos definidos por la jurisprudencia para su
configuración, estos no tienen unidad de finalidad u objeto y contenido, ni
interdependencia.

[…]

En ese sentido, no obstante que estos manuales son de suma relevancia para
las convocatorias de carrera administrativa, ya que a partir de ellos se
estructura la OPEC y las pruebas del concurso, su objeto no se agota allí, pues
estos también sirven de parámetro para otras formas de provisión de los
empleos y, en general, para el cumplimiento de las funciones de cualquier
empleado público, tal y como lo consagra el artículo 122 de la Constitución51.

Por otro lado, el objeto de la norma reglamentaria de la convocatoria de carrera
administrativa se circunscribe a la determinación de disposiciones que
garanticen la transparencia y la objetividad en los procesos de selección para
ocupar los cargos vacantes de esta naturaleza, la cual, si bien como se dijo
resulta influida por el contenido de los manuales de funciones a través de la
OPEC, aborda otros temas que la diferencian de dichos actos administrativos
y que son propios de la regulación de un concurso abierto de méritos, como
son la inscripción, las pruebas del certamen y las reclamaciones y recursos que
se pueden presentar en él.

Así, en conexión con el anterior argumento se encuentra el de la ausencia de
interdependencia entre los decretos que contienen el manual de funciones y
los acuerdos de la convocatoria, pues se reitera que, con base en lo
consagrado en el artículo 130 de la Constitución, la ley y la jurisprudencia
constitucional y administrativa han sido claras en señalar que, sin perjuicio de
la colaboración armónica que debe existir entre los órganos del Estado, la
competencia de la CNSC para reglamentar las convocatorias de carrera es
exclusiva y excluyente, y no depende de la aprobación de ninguna otra
autoridad, ni siquiera de las entidades beneficiarias de los concursos. Por lo
tanto, estas existen y producen efectos una vez son expedidas por la Comisión,
y su nacimiento a la vida jurídica y validez no depende de la aprobación o firma
del representante legal de la entidad para la cual se realiza el concurso52.

[…]

En conclusión: El conjunto de los actos administrativos demandados no
conforman un solo acto complejo reglamentario de la Convocatoria n.° 1170 de
2019 y, por este específico motivo planteado en la demanda, la eventual
ilegalidad de los decretos municipales sobre el manual específico de
funciones y competencias laborales de la Alcaldía de Duitama no puede
desembocar en la declaración de nulidad de los acuerdos proferidos por
la Comisión para el concurso de méritos de carrera administrativa de
dicho Ente Territorial» [resalta la Sala].

50 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 26 de enero de 2023, radicado

11001-03-25-000-2021-00209-00 (1324-2021). MP William Hernández Gómez.
51 CP, art. 122: «No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento

[…]».
52 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de

unificación del 31 de enero de 2019, rad. 11001-03-25-000-2016-01017-00(4574-16), y Corte
Constitucional, sentencia C-183 de 2019.

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77. De acuerdo con el anterior criterio, no se configura un acto administrativo
complejo entre los manuales de funciones y la convocatoria al concurso de méritos,
pues no concurren los requisitos de unidad de finalidad u objeto, de contenido ni de
interdependencia. Si bien los manuales de funciones son piezas relevantes para
estructurar la OPEC y diseñar las pruebas del concurso, su alcance es más amplio,
ya que sirven como referencia para otras formas de provisión de cargos y para el
ejercicio general de las funciones públicas, de conformidad con el artículo 122 de la
Constitución.

78. Por su parte, el objeto de la convocatoria de carrera administrativa se circunscribe
a establecer las disposiciones que aseguren la transparencia y objetividad del
proceso de selección, regulando aspectos propios de un concurso abierto de
méritos (inscripción, aplicación de pruebas, presentación de reclamaciones y
recursos) que la diferencian sustancialmente de los manuales de funciones. Así,
aunque el contenido de estos influya indirectamente en la convocatoria a través de
la OPEC, la competencia para reglamentar los concursos de carrera, de acuerdo
con el artículo 130 de la Constitución, es exclusiva y excluyente de la CNSC, y no
depende de la aprobación de ninguna otra autoridad.

79. En este sentido, la eventual ilegalidad de un manual de funciones no se transmite
automáticamente al proceso de selección, y mucho menos la nulidad de aquel
podría determinar la nulidad de la convocatoria. La existencia, validez y eficacia de
esta última surgen desde su expedición por la CNSC, sin depender de la aprobación
o firma de la entidad para la cual se desarrolla el concurso.

80. Adicionalmente, el actor no propuso un argumento concreto en cuanto al acto
administrativo que demanda, que modificó el MEFCL de la SJD, no precisó con
claridad ni suficiencia cuáles fueron los cambios sustanciales introducidos, ni explicó
de qué manera las modificaciones comprometieron los derechos o garantías
fundamentales de los concursantes. Tampoco señaló en qué aspectos los requisitos
para acceder a los empleos, las funciones asignadas, el nivel, las competencias
exigidas u otros elementos del manual resultaban obsoletos o contrarios a la
normativa vigente.

81. El demandante afirmó que la SJD se abstuvo de ofertar todos los cargos
provistos; sin embargo, conforme como lo ha reiterado esta Corporación en casos
análogos, los cargos que eventualmente no hubieran sido ofertados en una
convocatoria podían incluirse en un proceso de selección posterior, sin que ello
afectara la validez del concurso vigente53. Además, la entidad cuenta con
instrumentos jurídicos destinados a permitir la provisión de cargos en propiedad.
Entre ellos se encuentra el Banco Nacional de Listas de Elegibles previsto en el
artículo 11, literal e), de la Ley 909 de 2004.

82. Ahorabien, la Sala advierte que, antes de la expedición del Acuerdo de
Convocatoria CNSC-20181000007356 del 14 de noviembre de 2018, tanto la CNSC
como la SJD, según lo consignado en las consideraciones del acto administrativo,

53 Ver las siguientes sentencias del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsecciones A y B: i)

del 2 de febrero de 2023, radicado 68001-23-33-000-2015-01239-01 (1200-2018); y ii) del 7 de
noviembre de 2019, radicado 11001-03-25-000- 2016-00146-00 (0658-16).

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participaron activamente en la estructuración del concurso de méritos. Ello en
cumplimiento del principio de planeación que las vincula, sin que se haya
demostrado un abuso de posición dominante por parte de la Comisión ni que la
motivación del acto se apartara de la realidad fáctica.

83. Enel presente caso, mediante tal acuerdo la CNSC definió las reglas del
concurso abierto de méritos destinado a proveer, de manera definitiva, los empleos
vacantes del Sistema General de Carrera Administrativa pertenecientes a la planta
de personal de la SJD, Convocatoria 822 de 2018, que comprendía un total de 73
empleos que, en conjunto, representaban 104 vacantes.

84. Sobre los empleos convocados, el artículo 10 del acuerdo dispuso que serían
aquellos relacionados en el cuadro previamente indicado en el acto y se
establecieron los cargos y las funciones que desarrollaría cada uno.

85. Así entonces, la Sala concluye que existió coordinación y planeación entre la SJD
y la CNSC. Las afirmaciones en sentido contrario carecen de sustento, puesto que,
conforme con la parte motiva del acto, la Comisión y los delegados de la SJD
adelantaron conjuntamente la etapa de planeación para llevar a cabo el concurso
abierto de méritos.

86. En consecuencia, los argumentos de la demanda resultan insuficientes para
sustentar la nulidad del acuerdo acusado. La jurisprudencia ha sido constante en
señalar que, si bien la jurisdicción contenciosa puede interpretar la demanda, no
puede sustituir la carga del demandante de exponer con precisión y fundamento sus
pretensiones y de probar los hechos que las respaldan.

87. A la luz del contexto fáctico y normativo analizado, se impone mantener la
presunción de legalidad y acierto que ampara el proceso de selección cuestionado.
Esta conclusión, además de salvaguardar la autonomía de la CNSC en la
reglamentación de las convocatorias, asegura la efectividad de los principios
rectores de los concursos públicos, entre los que se destacan el mérito, la eficacia
en la función administrativa y el derecho de acceso a los cargos públicos

88. En esas condiciones, no tiene vocación de prosperidad el cargo relacionado con
el reporte de vacantes para efectos de que se adelantara el concurso iniciado con
la Convocatoria 822 de 2018.

89. Ahora, a pesar de que el aviso informativo produjo efectos jurídicos al haber
modificado la OPEC ofertada dentro del Acuerdo CNSC-20181000007356 del 14 de
noviembre de 2016, en cuanto autorizó la aplicación de las equivalencias
establecidas en el artículo 25 del Decreto 785 de 2005 para los empleos
pertenecientes a la planta de personal de esa entidad, no es viable efectuar un
pronunciamiento de fondo sobre su legalidad, por cuanto el demandante no incluyó
argumentos concretos ni cargos de nulidad dirigidos contra tal actuación,
circunstancia que impide a la Sala entrar a analizarlo en virtud del principio de
congruencia procesal y de la carga argumentativa prevista en los artículos 162 y
137 del CPACA, según la cual corresponde al actor identificar y sustentar las
razones de ilegalidad que soporten sus pretensiones.

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3. Conclusión

90. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que el Acuerdo de
Convocatoria CNSC-20181000007356 del 14 de noviembre de 2018 fue expedido
por autoridad competente, con observancia de las formalidades legales y con
fundamento en la normativa vigente al momento de su creación. Por ello, goza de
presunción de legalidad que no se ve afectada por actos o decisiones posteriores,
en aplicación del control ex tunc.

91. El MEFCL de la SJD, contenido en las resoluciones 020 y 039 de 2019, no
constituye un acto administrativo complejo con la convocatoria, pues no existe
unidad de finalidad, contenido ni interdependencia. La eventual ilegalidad de dichas
resoluciones no se transmite al acto de convocatoria.

92. Las resoluciones 020 y 039 de 2019 se expidieron antes de la etapa de
inscripciones con el propósito de actualizar y armonizar el manual de funciones
conforme con el modelo de empleo público por competencias y a la normativa
vigente, y contaron con concepto técnico favorable del Departamento Administrativo
del Servicio Civil Distrital. Estas modificaciones no alteraron las reglas de la
convocatoria ni otorgaron ventajas indebidas a los participantes.

93. Durante la estructuración del concurso de méritos de la Convocatoria 822 de
2018 existió coordinación y planeación entre la CNSC y la SJD, de conformidad con
el principio de planeación, sin evidenciarse abuso de posición dominante ni
alteración arbitraria de las condiciones del proceso.

94. Eldemandante no demostró que los cambios en el manual de funciones
afectaran de manera sustancial los requisitos, funciones, niveles o competencias de
los cargos convocados, ni que se hubieran vulnerado derechos fundamentales de
los aspirantes. Tampoco probó que la no inclusión de algunos cargos en la
convocatoria invalidara el concurso, puesto que estos podían ser ofertados en
procesos posteriores.

95. En este sentido, no se configura causal alguna que permita declarar la nulidad
del Acuerdo CNSC-20181000007356 del 14 de noviembre de 2018. El acto
conserva su validez y eficacia jurídica, y garantiza la seguridad jurídica, la igualdad,
la transparencia y la confianza legítima de los participantes en el concurso.
Asimismo, en relación con la Resolución 039 del 4 de abril de 2019 y el aviso
informativo del 20 de mayo de 2019.

96. En consecuencia, se negarán las pretensiones de la demanda presentada por
Ángel María Julio Bautista Luzardo contra la CNSC y la SJD.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Negar la pretensión de nulidad de: i) el Acuerdo CNSC-20181000007356
del 14 de noviembre de 2018, «(p)or el cual se convoca y se establecen las reglas para

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el Concurso Abierto de Méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes
pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal de la
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL - SJD - Convocatoria No. 822 de 2018-DISTRITO
CAPITAL - CNSC»; ii) la Resolución 039 del 4 de abril de 2019, mediante la cual se
modificó el manual específico de funciones y competencias laborales para los
empleos de la planta de personal de la SJD; y iii) el aviso informativo del 20 de mayo
de 2019, a través del cual se modificó la OPEC para autorizar la aplicación de las
equivalencias previstas en el artículo 25 del Decreto 785 de 2005 a los empleos de
esa entidad, formulada en la demanda interpuesta por Ángel María Julio Enrique
Bautista Luzardo contra la CNSC y la SJD.

Segundo: Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA,
previas las anotaciones correspondientes en la plataforma digital Samai.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

LAVM

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