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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-04347-01

Fecha
21 de agosto de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-04347-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. DECLARAR fundado el impedimento manifestado por el consejero de Estado, doctor Juan Camilo Morales Trujillo, de conformidad con lo indicado en la parte motiva de esta decisión. En consecuencia, separarlo del conocimiento de este asunto. SEGUNDO. CONFIRMAR la sentencia de fecha 29 de mayo de 2020, proferida por la Subsección “F” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda. TERCERO. Sin condena en costas en esta instancia conforme a lo indicado en esta providencia. CUARTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta decisión devolver el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2017-04347-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

21 de agosto de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2017-04347-01 (0431-2021)
Demandante: Cristóbal Alzate Hernández
Demandado: Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho; Superintendencia
de Notariado y Registro - Consejo Superior de la Carrera Notarial
y Orlando Muñoz Neira.
Temas: Desvinculación del servicio por cumplimiento de la edad de retiro
Forzoso.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. La sala de subsección resolverá el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia de fecha 29 de mayo de 2020, proferida por la
Subsección “F” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

2. Pretensiones. Anular los siguientes actos administrativos: i) Decreto 1788 de
10 de noviembre de 20161, que retiró al demandante del cargo de notario 63 del
Círculo Notarial de Bogotá; ii) Decreto 268 de 14 de febrero de 20172 -artículo 1.°-,
que nombró en propiedad en ese empleo al señor Orlando Muñoz Neira y; iii)
Resolución 2200 de 6 de marzo del mismo año3 -artículo 1.°-, que confirmó esta
última designación.

3. Como restablecimiento del derecho, exigió su reintegro a esa ocupación, el
pago de los dineros dejados de recibir entre la fecha en que fue retirado del servicio
y la de su efectiva reincorporación y/o del cumplimiento de los 70 años de edad.

4. Finalmente requirió el cumplimiento de la sentencia en los términos establecidos
en los artículos 192 y 195 del CPACA y la condena en costas de los demandados.

5. Hechos. El señor Cristóbal Alzate Hernández fue nombrado en propiedad como
notario 63 del Círculo Notarial de Bogotá mediante el Decreto 1258 de 15 de abril

1 Folio 6 del cuaderno nro. 1 del expediente físico.
2 Folios 7 y 8 del cuaderno nro. 1 del expediente físico.
3 Folios 12 y 13 cuaderno nro. 1 del expediente físico.

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Demandante: Cristóbal Alzate Hernández

de 2009 -con ocasión a la superación del concurso de méritos adelantado con tal
fin-, cargo del que tomó posesión el día 30 de ese calendario.

6. Luego de tomar posesión, adquirió el derecho de ejercer la respectiva función
pública, tal como lo establece el artículo 58 del Decreto 2148 de 1983, por lo que su
permanencia en ese empleo se extendía hasta cuando cumpliera la edad de retiro
forzoso, pues así lo dictaminó el artículo 147 del Decreto 960 de 1970.

7. Por medio del Decreto 1788 del 10 de noviembre de 2016, el Gobierno Nacional,
luego de evidenciar que el 26 de octubre de ese año el actor cumplió 65 años de
edad, ordenó su retiro forzoso del servicio, en los términos previstos en el artículo
2.2.6.1.5.3.13 del Decreto 1069 de 2015.

8. No obstante, la separación definitiva de las funciones quedó condicionada a la
asunción de ellas por parte de la persona que fuera designada en su reemplazo -
artículo 150 del Decreto Ley 960 de 1970-. En ese orden de ideas, su retiro no se
produjo con la emisión del acto administrativo demandado, sino con su ejecución
final que se concretó con la entrega, el día 20 de mayo de 2017, de la Notaría 63 de
Bogotá a su sucesor.

9. Fundamentos de derecho. Se señalaron como vulneradas las siguientes
disposiciones: artículos 2.2.6.1.5.5.2 y 2.2.6.3.2.3 del Decreto 1069 de 2015 y la Ley
1821 de 2016. Al desarrollar el concepto de violación, invocó las siguientes causales
de nulidad:

10. Falsa motivación. El Gobierno Nacional se limitó a mencionar unas normas
jurídicas4, pero no las conectó con los hechos que acogió como causa para la
emisión del acto administrativo cuestionado. En efecto, el ejecutivo no podía
decretar el retiro del servicio, sin antes señalar las normas que lo facultaban para
declarar la falta absoluta y la vacancia de las funciones de notario del demandante.

11. Infracción en las normas en que debía fundarse. La decisión sometida a
juicio se fundamentó en el artículo 2.2.6.1.5.3.13 del Decreto Único Reglamentario
1069 de 2015 -dispositivo que compiló los Decretos 2148 de 1983 y 3047 de 1989-
, normas expedidas sin competencia por el Gobierno Nacional.

12. Lo anterior, por cuanto esos preceptos reglamentaron el Decreto Ley 960 de
1970 que, por cierto, nunca fijó la edad de retiro forzoso de los notarios. Así
entonces, ante el vacío contenido en el estatuto notarial, no podía el presidente de
la República emitir una reglamentación, en tanto ella competía de manera exclusiva
al Congreso de la República. Tal situación conduce, además, a pregonar la
extralimitación en el ejercicio de las funciones por parte del ejecutivo nacional que
inexorablemente debe conducir a la nulidad del acto de retiro.

4 Inciso 2° del artículo 182 del Decreto 960 de 1970 y artículo 2.2.6.1.5.3.13 del Decreto Único Reglamentario

1069 de 2015.

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Demandante: Cristóbal Alzate Hernández

13. Ilegalidad sobreviniente. A pesar de la expedición del acto de retiro, el
demandante continuó en ejercicio del cargo hasta el mes de mayo de 2017, cuando
entregó la notaría a la persona designada en su reemplazo.

14. En ese interregno fue emitida la Ley 1821 de 2016, que varió de 65 a 70 años
de edad el límite para el retiro forzoso. Por tanto, para la fecha en que se consolidó
la desvinculación del actor, la decisión había decaído por desaparecimiento de los
fundamentos de derecho que le sirvieron de causa.

15. En otras palabras, el Gobierno Nacional no podía ejecutar el acto demandado,
porque ya se encontraba en vigencia una edad superior que posibilitaba que el
accionante permaneciera en el cargo de notario.

16. Contestación de la demanda5.

17. La Superintendencia de Notariado y Registro y el Consejo Superior de la
Carrera Notarial6. Intervino formulando las siguientes excepciones:

18. Caducidad de la acción7. El Decreto 1788 del 10 de noviembre de 2016 es un
acto administrativo definitivo, en tanto consolidó la situación jurídica de retiro del
servicio del demandante. Así entonces, no puede considerarse que la diligencia de
entrega de la notaría fue una extensión y/o ejecución de aquél decisorio, pues en
ella se dejó constancia de la recepción, por parte del nuevo servidor, del protocolo
de la notaría y de los respectivos archivos.

19. Por tanto, a partir de su expedición se empezó a contabilizar el término para la
presentación oportuna del medio de control, plazo que no fue interrumpido, pues en
la fecha en que se radicó la solicitud de conciliación la respectiva reclamación
judicial ya se encontraba caduca.
20. En consecuencia, y aunque frente al resto de actos administrativos demandados
-los que atañen al nuevo notario designado- no operó el aludido fenómeno, sería
inocuo continuar con el trámite judicial, pues la decisión principal no puede ser
examinada en su legalidad.

21. Falta de legitimación en la cusa por pasiva. El Consejo Superior de la Carrera
Notarial no está llamado a responder por las pretensiones de la demanda, pues solo
administra la carrera notarial y, por ende, no es el emisor ni el responsable de los
actos administrativos que en virtud de los respectivos concursos de mérito sean
emitidos.

22. Inaplicación de la Ley 1821 de 2016. Al accionante no se le puede extender la
ley en cita, por cuanto su aplicación en el tiempo es inmediata más no retroactiva.

5 Folios 314 a 324 del cuaderno nro. 2 del expediente físico.
6 En los anexos de la contestación de la demanda se encuentra la Resolución 0297 de 9 de abril de 2018,

emitida por el presidente del Consejo Superior de la Carrera Notarial, a través de la cual se delegó en el jefe de
la Oficina Asesora Jurídica de la Superintendencia de Notariado y Registro la representación judicial de ese
consejo.
7 Se declaró infundada en la audiencia inicial celebrada el 2 de abril de 2019 (fls 580-591 del expediente).

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Demandante: Cristóbal Alzate Hernández

Lo anterior en razón a que, con anterioridad a su vigencia, cumplió con la edad de
retiro forzoso contemplada en el régimen legal anterior.

23. Sobre el particular, la Sala de Consulta y Servicio Civil (radicado 11001-03-06-
000-2017-00001-00), a instancias del Ministerio de Justicia y el Derecho, emitió
concepto en el que señaló que los notarios que cumplieron la referida edad antes
de la entrada en vigor de la Ley 1821 de 2016, no tienen derecho a permanecer en
el cargo hasta los 70 años de edad, independientemente de que, por cualquier
motivo, continúen en el ejercicio de la función encomendada.

24. Por consiguiente, el demandante no tiene derecho a ser reintegrado al cargo de
notario hasta el cumplimiento de la nueva edad de retiro forzoso.

25. Cumplimiento de funciones por parte de la Superintendencia de Notariado
y Registro. Sostuvo que la confirmación por parte de esa entidad del nombramiento
del señor Orlando Muñoz Neira, devino de la obligación consignada en el artículo
61 del Decreto 2148 de 1983, por lo que tal actuación no se encuentra viciada de
nulidad.

26. Orlando Muñoz Neira8. Contestó la demanda en los siguientes términos:

27. El accionante fungió como notario 63 de Bogotá por espacio de 8 años. Según
afirmó en la demanda, tuvo un ingreso promedio mensual de $71.000.000 COP.

28. El 26 de octubre de 2016 cumplió la edad de retiro forzoso y, por tal razón, se
emitió el acto administrativo que lo retiró del servicio. A pesar de ello, pretende
beneficiarse con las reglas de la nueva ley que aumentó esa edad en 70 años, pero
que no le es aplicable, por cuanto no fue concebida con efectos retroactivos.

29. Propuso las siguientes excepciones: «inepta demanda por falta de requisitos
formales», «inepta demanda por indebida acumulación de pretensiones», «medio
de control improcedente», «caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho»9, «caducidad de la acción de nulidad electoral», «falta de legitimación
en la causa por activa», «ausencia de causa en relación con la pretendida
inexistencia de edad de retiro forzoso para notarios» y «ausencia de causa en
relación con las motivaciones de los actos administrativos demandados».

30. El Ministerio de Justicia y del Derecho10. Intervino formulando las siguientes
excepciones:

31. «Improcedencia de la acción (sic) de nulidad y restablecimiento del
derecho respecto de los actos de ejecución». El acto administrativo que ordenó
el retiro del servicio del actor constituye la ejecución de las normas que contemplan
la desvinculación obligatoria del notario por el cumplimiento de la edad de retiro

8 Folios 409 a 433 del cuaderno nro. 3 del expediente físico.
9 Se declaró infundada en la audiencia inicial celebrada el 2 de abril de 2019 (fls 580-591 del expediente).
10 Folios 458 a 473 del cuaderno nro. 3 del expediente físico.

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Radicado: 25000-23-42-000-2017-04347-01 (0431-2021)
Demandante: Cristóbal Alzate Hernández

forzoso -artículo 182 del Decreto 960 de 1970, artículo 74 del Decreto 2148 de 1983
y artículo 1.° del Decreto 3047 de 1989-.

32. «De la naturaleza jurídica de los notarios». En atención a que estos
servidores no tienen ningún vinculo contractual y/o legal y reglamentario con el
Estado, no le son aplicables los condicionamientos que la Corte Constitucional
contempló para declarar la exequibilidad condicionada del parágrafo 3.° del artículo
9.° de la Ley 797 de 2003. Así entonces, no le es aplicable el Decreto 2245 de 2012,
sino el artículo 1.° del Decreto 3047 de 1989.

33. «Sobre el retiro forzoso de los notarios». Para los notarios, las normas que
regulan su retiro forzoso por cumplimiento de la edad -artículo 182 del Decreto Ley
960 de 1970, artículo 74 del Decreto 2148 de 1983 y artículo 1.° del Decreto 3047
de 1989- constituyen mandatos imperativos de aplicación inmediata que, por cierto,
ha sido reconocido por la jurisprudencia del Consejo de Estado (entre otros,
sentencia de 2 de marzo de 2017, expediente 25000-23-41-000-2016-01935-01).
En consecuencia, para cuando fue emitido el decreto que retiró del servicio al actor,
las normas invocadas como sustrato se encontraban vigentes, pues no habían sido
declaradas inexequibles y/o derogadas.

34. «De la Ley 1821 de 31 de octubre de 2016 (sic) y su irretroactividad,
Concepto Consejo de Estado». A instancias de ese ministerio, la Sala de Consulta
y Servicio Civil emitió concepto dentro del radicado 11001-03-06-000-2017-00001-
00, en el que señaló que los notarios que cumplieron con la edad de retiro forzoso
prevista en la normatividad anterior no tenían derecho a permanecer en sus cargos
hasta arribar a la edad de 70 años, en tanto la nueva ley no tenía efectos
retroactivos.

35. «Los derechos de quienes participaron en el concurso de notarios». El
retiro del servicio que ahora se demanda se produjo por el cumplimiento de lo
prescrito en el artículo 1.° del Decreto 3047 de 1989 y, además, para garantizar el
acceso a la función notarial de las personas que superaron las fases del concurso
de méritos adelantado para proveer las vacantes definitivas de los notarios, como
acaeció con el señor Orlando Muñoz Neira.

36. Sentencia de primera instancia. El 29 de mayo de 202011, la Subsección “F”
de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitió
sentencia en la que negó las súplicas de la demanda y se abstuvo de condenar en
costas al actor. Con tales fines, concluyó que:

37. El artículo 31 del Decreto Ley 2400 de 1968, fijó en 65 años la edad de retiro
forzoso. Posteriormente, el Decreto Ley 960 de 1970, contentivo del estatuto
notarial, estableció como limitantes de la función en cita, el cumplimiento de la edad
para la desvinculación forzada -artículos 147 y 182-. Sin embargo, no especificó
cual era esa frontera.

11 Folios 906 a 924 del cuaderno principal del expediente físico.

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Demandante: Cristóbal Alzate Hernández

38. En un primer momento, con el Decreto 2148 de 1983, el Gobierno Nacional fijó
la edad de retiro forzoso de los notarios en 70 años. Empero, mediante sentencia
de 14 de mayo de 1990 -expediente 281, C.P. Álvaro Lecompte Luna- declaró la
nulidad de ese límite.

39. En un segundo momento, el ejecutivo emitió el Decreto 3047 de 1989, a través
del cual determinó que la edad de retiró forzoso de los notarios sería 65 años de
edad.

40. Esta nueva concepción fue demandada en nulidad ante el Consejo de Estado
(expediente 11001-03-24-000-2005-00151-01), al considerar que había sido
expedida con falta de competencia. En sentencia de 30 de abril de 2009, se negó
esa pretensión, al considerar que la edad de retiro forzoso si es un asunto que atañe
a la función notarial, por lo que el Gobierno Nacional si estaba autorizado para
regularlo.

41. En tal sentido, destacó que en esa providencia se aseguró que las reglas
contenidas en el Decreto Ley 960 de 1970 -artículos 137, 181 y 182- sobre la
desvinculación forzada no hacían otra cosa que reiterar la reglamentación general
vertida en el Decreto Ley 2400 de 1968, por lo que a los notarios si le es aplicable
los 65 años de edad como limitante para el ejercicio de su labor.

42. Así entonces, no prospera el cargo de falta de competencia invocado en la
demanda.

43. De acuerdo con lo consignado en el concepto 2326 de 8 de febrero de 2017,
emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, el actor,
quien cumplió con la edad de retiro forzoso antes de la entrada en vigencia de la
Ley 1821 de 2016, no tiene derecho a permanecer en su cargo hasta los 70 años
de edad, por lo que el acto que lo desvinculó del servicio se ajustó a la ley vigente
para entonces.
44. Tampoco es de recibo el argumento según el cual el Decreto 1788 de 2016
perdió fuerza ejecutoria por el hecho de que siguió fungiendo como notario hasta
cuando entregó la notaría a la persona designada en su reemplazo.

45. Lo anterior, por cuanto: i) tal situación está amparada en el artículo 150 del
Decreto Ley 960 de 1970; ii) le fue puesta en conocimiento al demandante en el
acto que ahora cuestiona y; iii) el hecho que motivó el retiro del servicio -
cumplimiento de la edad- se consolidó con anterioridad a la vigencia de la nueva
normativa, sin que el ejercicio de funciones tenga la fuerza para modificar tal
circunstancia y/o generar el derecho a permanecer en el cargo hasta el
cumplimiento de los 70 años.

46. Recurso de apelación12. Inconforme con la anterior decisión, el apoderado del
demandante la recurrió en apelación. En su intervención, arguyó:

12 Folios 927 a 944 del cuaderno principal del expediente físico.

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Demandante: Cristóbal Alzate Hernández

47. Para determinar si la nueva ley cobijaba o no la situación del demandante, el a
quo debió analizar dos aspectos esenciales en la aplicación de la ley en el tiempo:
su efecto general inmediato y su retrospectividad.

48. El primer elemento -esto es, el efecto general inmediato de la ley- establece que
la norma entra a regir a partir de la fecha de su promulgación y, por ende, no puede
gobernar las situaciones jurídicas consolidadas en el pasado bajo el imperio de otra
regla de derecho.

49. No sucede lo mismo con las meras expectativas, pues estas pueden regirse por
la nueva disposición, sin que en tal caso pueda predicarse la retroactividad de la
ley.

50. En el caso del demandante, la Ley 1821 de 2016 si le es aplicable, en tanto para
la fecha de su entrada en vigor, el retiro del servicio ordenado en el Decreto 1788
de 2016 no logró consolidarse bajo el imperio del Decreto Reglamentario 1069 de
2015 -contentivo del límite de edad de 65 años-, pues la cesación de funciones se
condicionó al hecho de que el nuevo notario designado en su reemplazo asumiera
el cargo, lo que finalmente ocurrió durante la vigencia de la nueva normativa.

51. En otras palabras, como en la data en que entró a regir la citada ley el
accionante se encontraba ejerciendo la función notarial, es claro que la prebenda
consignada en el artículo 2.° ejusdem, relacionada con que «[q]uienes a partir de la
entrada en vigencia de la presente ley, accedan o se encuentren en ejercicio de
funciones públicas podrán permanecer voluntariamente en los mismos[…]» le era
perfectamente aplicable.

52. El segundo elemento -la retrospectividad de la ley- ha sido entendido como el
fenómeno según el cual la nueva disposición se aplica a situaciones jurídicas
gobernadas por una ley anterior, pero que durante su vigencia no alcanzaron a
consolidarse.

53. Por tanto, reiteró, al demandante si se le aplican las reglas contenidas en la Ley
1821 de 2016.

54. Por otro lado, pregonó que el Decreto 1788 de 2016 -que ordenó el retiro del
servicio- se mantuvo vigente hasta el 29 de diciembre de 2016, pues al día siguiente
entró a regir la Ley 1821 de 2016 y, junto con ella, desapareció el fundamento
jurídico que inspiró la expedición de aquél.

55. En otras palabras, como el dispositivo en referencia no implicó que el actor se
separara materialmente de la función notarial, no podía ser ejecutado por su emisor
a partir del día 30 de diciembre de 2016, porque para entonces había perdido fuerza
ejecutoria. En este mismo sentido, tal fenómeno afectó la legalidad de las decisiones
posteriores -el nombramiento y confirmación del nuevo notario en propiedad-,
porque el fundamento principal provino del retiro ordenado en ese decreto.

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56. La situación fuera distinta si antes del día en mención el Gobierno Nacional
hubiera designado y posesionado al reemplazo del actor, con lo que el retiro material
del servicio estuviera consolidado, pues para la entrada en vigencia de la nueva
norma otra sería la persona que ocupara el cargo de notario. m

57. Finalmente, alegó que el tribunal desconoció que el artículo 2.° de la ley 1821
de 2016, al prever «[q]uienes a partir de la entrada en vigencia de la presente ley,
accedan o se encuentren en ejercicio de funciones públicas podrán permanecer
voluntariamente en los mismos[…]», permitió que los servidores que a su entrada
en vigencia habían cumplido la edad de retiro forzoso contemplada en el régimen
anterior, pero continuaban en el ejercicio del cargo, podían seguir en ellos hasta el
cumplimiento de la nueva edad allí fijada.

58. Por tanto, las conclusiones relacionadas con la no aplicación al actor de esta
nueva regla carecen de respaldo jurídico.

Trámite correspondiente a la segunda instancia

59. La admisión del recurso. Mediante auto de 29 de abril de 202113 se admitió el
recurso de apelación. Posteriormente, a través del auto de 23 de julio14 del mismo
año, se corrió traslado a las partes y al Agente del Ministerio Público para que
presentaran sus alegatos de conclusión y su concepto de fondo, respectivamente.

60. Dentro de la oportunidad que le fue conferida, la apoderada del Ministerio de
Justicia y del Derecho15 solicitó confirmar la decisión de primera instancia.
Adicionalmente, insistió en la improcedencia de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, porque el Decreto 1788 de 2016 es un acto de
ejecución. Asimismo, adujo que no se pueden desconocer los derechos de quienes
participaron en el concurso de méritos, ni el efecto general inmediato y no retroactivo
de la Ley 1821 de 2016.

61. En igual sentido se pronunció la apoderada de la Superintendencia de Notariado
y Registro y del Consejo Superior de la Carrera Notarial16, quien requirió confirmar
la providencia apelada pues, en su sentir, no se logró desvirtuar la presunción de
legalidad de los actos demandados.

62. Contrario sensu, el apoderado de la parte demandante17 exigió revocar la
sentencia y en su lugar, se acceda a la prosperidad de las pretensiones. Para ello,
reiteró los argumentos vertidos en el recurso de apelación.

13 Folio 952 del cuaderno principal del expediente físico.
14 Folio 954 del cuaderno principal del expediente físico.
15 Actuación visible en el índice 14 de la plataforma SAMAI.
16 Actuación visible en el índice 16 de la plataforma SAMAI.
17 Actuación visible en el índice 15 de la plataforma SAMAI.

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63. Control de legalidad18. Luego de las revisiones de rigor, la sala no advierte
ninguna causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado hasta ahora, por lo que
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes:

II. CONSIDERACIONES

64. Competencia. De acuerdo con lo establecido en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,19 esta Sala de
Subsección del Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de
apelación presentado.

65. Marco de análisis de la segunda instancia. De conformidad con lo dispuesto
en el artículo 328 del Código General del Proceso,20 la competencia del juez de
segunda instancia está circunscrita a los argumentos expuestos por el recurrente.
No obstante, en caso de que ambas partes hayas apelado toda la sentencia, el
superior resolverá sin limitaciones. En el caso concreto es necesario pronunciarse
respecto de los argumentos expuestos por el apoderado de la parte demandante,
en su condición de apelante único.

66. Problemas jurídicos. De conformidad con los argumentos planteados por el
recurrente, le corresponde a la sala establecer sí:

67. ¿Qué norma gobierna la edad de retiro forzoso del demandante, el artículo
2.2.6.1.5.3.13 del Decreto Único Reglamentario 1069 de 2015 -citado como
fundamento del acto de desvinculación- o el artículo 1.° de la Ley 1821 de 2006 -
que entró a regir cuando aún fungía como notario 63 del Círculo de Bogotá D.C.-?

68. El acto administrativo demandado -Decreto 1788 de 10 de noviembre de 2016,
que ordenó la desvinculación del actor- ¿Perdió su fuerza ejecutoria con la entrada
en vigencia de la Ley 1821 de 2016?

69. Cuestión previa.

70. Por escrito del 23 de julio de 2025, el doctor Juan Camilo Morales Trujillo,
consejero de Estado integrante de esta subsección, solicitó ser separado del debate
y decisión de este proceso, al considerar que se encuentra incurso, entre otras, en
la causal de impedimento señalada en el numeral 12 del artículo 141 del Código
General del Proceso. Con tales fines, expresó:

«En el proceso de la referencia actúa como parte accionada la Superintendencia de
Notariado y Registro, entidad de la que fui apoderado en diferentes procesos ante

18
El artículo 207 de la Ley 1437 de 2011 establece que «Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el
control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos
nuevos, no se podrán alegar en etapas siguientes».
19 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
20 «competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los

argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las disposiciones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley […]»

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Demandante: Cristóbal Alzate Hernández

la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en los periodos comprendidos entre
2018 a 2021 y 2023 a 2024. En razón a lo anterior, considero que podría estar
incurso en las causales de recusación establecidas en los numerales […] 12 del
artículo 141 del Código General del Proceso».

71. En vigencia del Código de Procedimiento Civil, la Sentencia C-390 de 1993
(M.P. Alejandro Martínez Caballero), al analizar la constitucionalidad del artículo 150
de dicho estatuto, precisó que la causal de impedimento consistente en «[h]aber
dejado el juez consejo o concepto fuera de actuación judicial sobre las cuestiones
materia del proceso, o haber intervenido en éste como apoderado, agente del
Ministerio Público, perito o testigo», correspondía a aquellas clasificadas como
objetivas, esto es, aquellas respecto de las cuales basta con acreditar que en el
caso concreto se configura el supuesto de hecho consagrado en la norma.

72. Bajo la anterior noción es posible estudiar el alcance del numeral 12 del artículo
141 del Código General del Proceso, destacando que, en relación con dicho
supuesto normativo, en vigencia del Código de Procedimiento Civil esta corporación
precisó:

«(…) Ocurre que para que un juez se pueda separar del conocimiento de un asunto
sometido a su consideración aduciendo la configuración de la causal consagrada en
el artículo 150, numeral 12, del Código de Procedimiento Civil [hoy artículo 141 del
Código General del Proceso], es preciso que, en un escenario distinto del propio de
su actividad judicial, haya emitido consejo o concepto concreto sobre los puntos que
se discuten en el proceso. Es decir que el consejo o concepto como causal de
impedimento no está referido al que emite el juez en el ejercicio de su función
judicial, sino al expresado por fuera de la misma y que comprometa su criterio con
la decisión de fondo que deba adoptar.

Además, cuando la norma expresa que el consejo o concepto se haya dado sobre
‘… las cuestiones materia del proceso’, está señalando que ese consejo o concepto
se haya dado, precisamente, sobre los mismos hechos, pretensiones y fundamentos
jurídicos expuestos en la demanda que da lugar al proceso en el que se manifiesta
el impedimento y en el cual también están involucradas las mismas partes»21.

73. En esos términos, se concluye que la manifestación del aludido impedimento
satisface el presupuesto normativo, pues fuera de la actuación judicial, esto es, en
su calidad de asesor externo, conceptuó respecto del asunto que constituye el
objeto de la demanda, lo que en efecto puede afectar su imparcialidad y, en
consecuencia, se declarará fundada su solicitud y, consecuentemente, se le
separará del conocimiento de este asunto.

74. El caso concreto. Resolución de los interrogantes planteados.

75. Primer interrogante: ¿Qué norma gobierna la edad de retiro forzoso del
demandante, el artículo 2.2.6.1.5.3.13 del Decreto Único Reglamentario 1069 de
2015 -citado como fundamento del acto de desvinculación- o el artículo 1.° de la Ley

21 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de 19 de abril de 2005, expediente N.° 11001-03-15-000-

2005-00215-00 (IMP), C.P. Dr. Darío Quiñones Pinilla.

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1821 de 2006 -que entró a regir cuando aún fungía como notario 63 del Círculo de
Bogotá D.C.-?

76. Sobre la consolidación de la situación jurídica del demandante, se permite
precisar la sala lo siguiente:

77. Del examen del acervo probatorio se concluye que el accionante nació el día 26
de octubre de 195122, por lo que los 65 años de edad los cumplió el mismo día del
año 2016.

78. Mediante Decreto 1258 del 15 de abril de 200923, fue nombrado en propiedad
como notario 63 del Círculo de Bogotá D. C., empleo del que tomó posesión el 30
de abril siguiente, con efectos fiscales a partir del 11 de mayo de la referida
anualidad.

79. Posteriormente, a través del Decreto 1788 de 10 de noviembre de 201624, el
Ministerio de Justicia y del Derecho lo retiró del servicio, alegando el cumplimiento
de la edad de retiro forzoso vigente para entonces -65 años-, prevista en el artículo
2.2.6.1.5.3.13 del Decreto Único Reglamentario 1069 de 2015. En dicho acto
administrativo se afirmó lo siguiente:

«[…] Parágrafo: El señor Cristóbal Alzate Hernández, no podrá separarse del
desempeño de sus funciones mientras no se haya hecho cargo de ellas quien deba
remplazarlo»

80. La anterior condición se materializó el 14 de febrero de 2017, cuando el ministro
de Justicia y del Derecho expidió el Decreto 26825, en el que nombró en propiedad
al señor Orlando Muñoz Neira, quien había superado el concurso de méritos reglado
por el Acuerdo 001 de 9 de abril de 201526. Cabe resaltar que esa designación fue
confirmada a través de la Resolución 2200 del 6 de marzo de 2017, dictada por la
Superintendencia de Notariado y Registro27.

81. En ese contexto, aunque el demandante afirma que para la fecha de entrada en
vigencia de la Ley 1821 de 2016 aún fungía como notario y por lo tanto le resulta
aplicable la nueva norma, considera la sala que no le asiste razón, ya que, para el
30 de diciembre de 2016, su situación jurídica se había consolidado.

82. Y es que el invocar una «situación jurídica consolidada» implica, en este asunto,
la concreción de las condiciones que conllevaron a ordenar la desvinculación del
servicio, esto el, el cumplimiento de los 65 años de edad previstos en el artículo 1.°
del Decreto 3047 de 1989.

22 Ver registro civil de nacimiento que reposa en el folio 14 del cuaderno nro. 1 del expediente físico.
23 Folios 3 y 4 del cuaderno nro. 1 del expediente físico.
24 Folio 6 del cuaderno nro. 1 del expediente físico.
25 Folios 7 y 8 del cuaderno nro. 1 del expediente físico.
26 Modificado por los acuerdos 003 de 28 de abril de 2015, 005 de 15 de septiembre de 2015, 025 de 27 de

junio de 2016, 028 de 21 de julio de 2016 y 029 de 22 de agosto de 2016.
27 Folios 12 y 13 del cuaderno nro. 1 del expediente físico.

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83. Concluir, como lo pretende el apelante, que la situación jurídica se consolide
con la separación material del cargo, es atribuir a la norma un alcance que no tiene.
En efecto, el artículo en referencia contiene un mandato imperativo según el cual,
al cumplimiento de los 65 años de edad, el notario debe ser retirado del servicio,
sea por solicitud propia y/o por petición del ministerio público, de la
Superintendencia de Notariado y Registro o de oficio por quien funge como su
nominador.

84. Es decir, al llegar a ese límite inmediatamente se activa la causal de retiro
forzoso, independientemente de que, la norma en comento establezca que la orden
de desvinculación deba ser ejecutada dentro del mes siguiente a la ocurrencia de
ese hecho.

85. Por tanto, la regla consignada en el Decreto 1788 de 10 de noviembre de 2016,
según la cual «[p]arágrafo: El señor Cristóbal Alzate Hernández, no podrá
separarse del desempeño de sus funciones mientras no se haya hecho cargo de
ellas quien deba reemplazarlo», no es más que el cumplimiento de lo ordenado en
el artículo 150 del Decreto Ley 960 de 1970 que, ante todo, persigue la continuidad
y permanencia de la función notarial, más no la perpetuidad en el empleo de a quien
ya se le ordenó el retiro del mismo.

86. En consecuencia, el hecho de que el demandante continuará ejerciendo como
notario para cuando entró a regir la Ley 1821 de 2016, no lo ubicaba como
destinatario de la nueva regla allí depositada, ni mucho menos provocaba la perdida
de fuerza ejecutoria del acto que ordenó su desvinculación, pues su permanencia
en el servicio estuvo inspirada, como atrás se afirmó, en la garantía de continuidad
de la función notarial sin que, se reitera, tal condición se extienda a escenarios no
previstos en ella.

87. En este sentido, se destaca, tal como lo hizo el tribunal de primera instancia,
que la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta corporación, a través del concepto
de 8 de febrero de 201728, concluyó que los notarios que cumplieron 65 años de
edad antes de la entrada en vigor de la Ley 1821 de 2016 no podían seguir en sus
cargos hasta el cumplimiento de los 70 años de edad. En los apartados de ese
documento se puede leer:

«Dado que la vigencia de la Ley 1821 de 2016 se rige por el "efecto general inmediato"
(no es retroactiva) y que el artículo 2° de la misma no regula el supuesto fáctico que se
describe en la pregunta, no pueden permanecer en sus cargos, hasta cumplir los
70 años de edad, las personas que antes de la entrada en vigencia de la Ley 1821
de 2016 (es decir, hasta el 30 de diciembre de ese año) cumplieron la edad de
retiro forzoso a la que estaban sujetos, pero que continúan, por cualquier motivo,
en el ejercicio de funciones públicas, independientemente de que su situación
laboral o administrativa haya sido declarada (no constituida) o no mediante un acto
administrativo en firme.

28 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, C.P: Álvaro Namén Vargas, concepto del 8 de febrero

de 2017, identificado con el siguiente radicado: 11001-03-06-000-2017-00001-00.

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Dichas personas deben retirarse efectivamente de sus cargos y/o cesar en el ejercicio
de las funciones públicas dentro del plazo y en las condiciones que establecían (o
establecen) las normas legales y reglamentarias anteriores a la Ley 1821 que les sean
aplicables, sin desconocer, en todo caso, lo previsto en la jurisprudencia constitucional
para amparar los derechos fundamentales de las personas de la tercera edad y otras
que requieren protección en condiciones especiales.» (Negrilla de la sala)

88. Al resolver un caso similar, esta subsección29 concluyó que:

«Del material probatorio allegado al plenario, se advierte que el actor cumplió los 65
años, edad de retiro forzoso para los notarios, con anterioridad a la vigencia de
la Ley 1821 de 2016,37 esto es, en vigencia del artículo 1º del Decreto 3047 de 1989
que la previa en 65 años y, por lo tanto, al haberse configurado su situación fáctica
y jurídica bajo dicha preceptiva esta le resulta aplicable.

En ese sentido, tal como lo consideró la Sala de Consulta y Servicio Civil en sus
conceptos del 8 de febrero y de agosto de 2017, el artículo 2º de la pluricitada Ley 1821
de 2016 no resulta aplicable a las personas que hubiesen cumplido la edad de retiro
forzoso en vigencia de la normativa anterior, pues «…no resulta adecuado, desde el
punto de vista hermenéutico, tomar aisladamente un segmento o parte de una norma,
o algunos apartes de la misma, para deducir de allí la “regla de derecho” que
presuntamente creó el legislador».

La Subsección considera acertadas las manifestaciones formuladas por la Sala de
Consulta y Servicio Civil, en virtud de las cuales se indicó que ninguna parte del artículo
2º de la Ley 1821 de 2016 se refiere expresamente a las personas que hubiesen
cumplido 65 años al momento de entrar en vigencia la citada ley, ni menciona, en
general, la situación de quienes hubiesen cumplido la edad de retiro forzoso antes de
su vigencia.» (Negrilla de la sala)

89. Por lo que sigue, y en atención a que el actor cumplió los 65 años de edad
establecidos en el Decreto 3047 de 1989 como límite máximo para permanecer en
la función notarial con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1821 de 2016,
deviene improcedente considerar que esta nueva modifique su situación pues, como
quedó dicho, para entonces ya se encontraba consolidada.

90. En consecuencia, el cargo vertido en la apelación, no prospera.

91. Segundo interrogante: El acto administrativo demandado -Decreto 1788 de 10
de noviembre de 2016, que ordenó la desvinculación del actor- ¿Perdió su fuerza
ejecutoria con la entrada en vigencia de la Ley 1821 de 2016?

92. Frente a los efectos de la aplicación de la Ley 1821 de 2016 en el caso particular
de los notarios, la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta corporación, en el
concepto del 8 de febrero de 201730, consideró:

«El efecto general inmediato de la Ley 1821 de 2016. Su irretroactividad

29 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A., M.P: Rafael Francisco Suárez Vargas, sentencia del 3

de agosto de 2023, identificada con el siguiente radicado: 05001-23-33-000-2017-01767-01 (3458-2022).
30 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, C.P: Álvaro Namén Vargas, concepto del 8 de febrero

de 2017, identificado con el siguiente radicado: 11001-03-06-000-2017-00001-00.

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Como se mencionó, el artículo 4º de la Ley 1821 dispone que “la presente ley rige a
partir de su publicación”.

Esta simple fórmula genera importantes consecuencias, pues al acoger el legislador al
denominado “efecto general inmediato” de las leyes, que constituye en esta materia la
regla general, descartó que la Ley 1821 pudiese tener efectos retroactivos o ultractivos.

En armonía con lo anterior, debe observarse que el Congreso de la República no
estableció un régimen de transición en parte alguna de la Ley 1821 de 2016, como
hubiera podido hacerlo, ni para disponer que las personas que estuvieran cerca de
cumplir la edad de retiro forzoso anterior (65 años) quedaran por fuera del incremento
en dicha edad efectuado por la Ley 1821, ni para permitir, por el contrario, que quienes
hubiesen cumplido 65 años en un determinado lapso anterior a la publicación de la ley,
pudieran acogerse a la nueva edad de retiro forzoso.

Lo anterior implica, a juicio de la Sala, que la aplicación de la Ley 1821 de 2016
corresponde, en forma simple, al “efecto general inmediato” de las leyes, esto es,
que no regula situaciones jurídicas consolidadas con anterioridad a su entrada en
vigencia, sino solamente situaciones jurídicas que no hayan nacido en ese momento y
situaciones jurídicas que se iniciaron con la legislación anterior pero que no se habían
consolidado (efecto retrospectivo).

[…]

Dado que la vigencia de la Ley 1821 de 2016 se rige por el “efecto general
inmediato” (no es retroactiva) y que el artículo 2º de la misma no regula el supuesto
fáctico que de describe en la pregunta, no pueden permanecer en su cargos, hasta
cumplir los 70 años de edad, las personas que antes de la entrada en vigencia de la
Ley 1821 de 2016 (es decir, hasta el 30 de diciembre de ese año) cumplieron la edad
de retiro forzoso a la que estaban sujetos, pero que continúan, por cualquier motivo, en
el ejercicio de funciones públicas, independientemente de que su situación laboral o
administrativa haya sido declarada (no constituida) o no mediante un acto
administrativo en firme.

Dichas personas deben retirarse efectivamente de sus cargos y/o cesar en el ejercicio
de las funciones públicas dentro del plazo y en las condiciones que establecían (o
establecen) las normas legales y reglamentarias anteriores a la Ley 1821 que les sean
aplicables, sin desconocer, en todo caso, lo previsto en la jurisprudencia constitucional
para amparar los derechos fundamentales de las personas de la tercera edad y otras
que requieren protección en condiciones especiales.»

93. Del concepto antedicho, resalta la sala un aspecto crucial, relacionado con que
la norma no estableció disposiciones transitorias específicas para quienes ya tenían
65 o más años de edad al momento de entrar en vigor. Por el contrario, la ley se
limitó a expresar que regía desde su publicación (efecto general inmediato), esto
quiere decir que la interpretación de su aplicación en el tiempo quedó sujeta a los
principios generales, especialmente el de irretroactividad de la ley.

94. Cabe resaltar que esta subsección se ha pronunciado sobre la aplicación de la
Ley 1821 de 2016 y ha concluido, respecto del alcance del artículo 2° de dicha
norma, que este no resulta aplicable para aquellas personas que habían cumplido
la edad de retiro forzoso (65 años de edad) antes del 30 de diciembre de 2016, y se

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encuentren en ejercicio de funciones públicas a la entrada en vigencia de la citada
norma. Al respecto, se dijo31:

«Igualmente, la mencionada preceptiva no estableció una aplicación retroactiva de
la Ley 1821 de 2016, ni algún régimen de transición frente a las disposiciones
derogadas, pues simplemente consagró su aplicación inmediata al señalar que dicha
disposición regiría a partir de su publicación, no antes, es decir, desde el 30 de
diciembre de 2016 y comoquiera que el actor adquirió la edad pensional el 11 de
diciembre de dicha anualidad, su situación jurídica se rige por el artículo 1º del Decreto
3047 de 1989 «Por el cual se reglamenta el Decreto-ley 960 de 1970» que estatuye la
edad de retiro en 65 años.» (Negrilla de la Sala)

95. Por último y no menos importante, es necesario destacar que en el informe de
conciliación al proyecto de ley número 131 de 2016 Senado, 110 de 2015 Cámara
«por medio de la cual se modifica la edad máxima para el retiro forzoso de las
personas que desempeñan funciones públicas», publicada en la gaceta 1129 del 14
de diciembre de 201632, los congresistas dejaron claro la aprobación del proyecto,
con las siguientes anotaciones:

«Con el fin de dar cumplimiento a la designación, después de un análisis, hemos
concluido que el texto aprobado por el Honorable Senado recoge en su integridad lo
aprobado en la Cámara de Representantes e incorpora algunas disposiciones
aprobadas por las diferentes bancadas. Por lo anterior, hemos decidido acoger en su
totalidad el texto aprobado en Segundo Debate por la Plenaria del Senado, así como
el título aprobado por esta.

El texto aprobado por la Plenaria del Senado, respecto al texto aprobado por la Cámara
tiene los siguientes cambios significativos:

1. Aclara la población a la que va dirigida, enunciando que es para todo trabajador que
desempeñe funciones públicas.
2. Se aclara que la aplicación de la ley no cobijará a quienes hayan cumplido los
65 años antes de entrar en vigencia la norma.
3. En concordancia con los cambios señalados, se ajustan las normas sujetas de
derogatoria expresa.» (Negrilla de la sala).

96. En consecuencia, reitera la sala que con la entrada en vigencia de la Ley 1821
de 2016, el acto administrativo que ordenó el retiro del servicio del actor no perdió
su fuerza ejecutoria, pues con su expedición concretó el mandato imperativo vertido
en el Decreto 3047 de 1989, según el cual, al cumplimiento de la edad allí prevista,
debía producirse el retiro del servicio del actor, con independencia de que, la
dejación definitiva del cargo se produjera en fecha posterior, a la espera de quien
fuera designado en su reemplazo asumiera el cargo.

31 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A., M.P: Juan Camilo morales Trujillo, sentencia del 5 de

junio de 2025, identificada con el siguiente radicado: 25000-23-42-000-2018-00516-01 (4755-2022). Y Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección A., M.P: Rafael Francisco Suárez Vargas, sentencia del 3 de agosto
de 2023, identificada con el siguiente radicado: 05001-23-33-000-2017-01767-01 (3458-2022).
32Ver:https://leyes.senado.gov.co/proyectos/images/documentos/textos%20radicados/Ponencias/2016/gaceta_

1129.pdf

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97. Sobre la pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo, cuando desaparecen
sus fundamentos de hecho o de derecho, esta corporación ha considerado lo
siguiente33:

«La pérdida de fuerza ejecutoria comúnmente se ha denominado decaimiento cuando
se configura en virtud de la segunda causal, es decir, cuando desaparecen los
fundamentos de hecho o de derecho que dan lugar al acto administrativo. Este supone
que, cuando se configura el presupuesto normativo, el acto no puede surtir efectos
hacia el futuro. Sin embargo, esto no implica que no pueda realizarse un examen de
legalidad del mismo, pues un asunto es el juicio de validez o nulidad del acto y otra
muy diferente es el examen de ejecutoriedad».

98. En segundo lugar, este órgano ha establecido que no puede confundirse la
ocurrencia de la pérdida de fuerza de ejecutoria del acto administrativo con sus
causales de nulidad34. El texto es el siguiente:

«Las causales de nulidad se encuentran previstas en el artículo 84 del Código
Contencioso Administrativo [art. 137, CPACA] y se dan desde la misma formación o
expedición del acto, bien sea porque se aparta de las normas en que debía fundarse,
o porque fue expedido por funcionario u organismo incompetente o en forma irregular,
o con desconocimiento del derecho de defensa o mediante falsa motivación o
desviación de poder.

“La pérdida de fuerza ejecutoria es un fenómeno jurídico distinto (…) dicha figura está
referida específicamente a uno de los atributos o características del acto administrativo,
cual es la de la ejecutividad del mismo, es decir, la obligación que en él hay implícita
de su cumplimiento y obedecimiento, tanto por parte de la Administración como de los
administrados en lo que a cada uno corresponda, consagrada en el primer inciso del
precitado artículo 66, al disponer que “salvo norma en contrario, los actos
administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por
la jurisdicción en lo contencioso pero perderán su fuerza ejecutoria en los siguientes
casos…”.

Dentro de las cinco circunstancias o causas de pérdida de fuerza ejecutoria del acto
administrativo, está (…) la desaparición de sus fundamentos de derecho (numeral 2,
artículo 66 cit.), cuya ocurrencia para nada afecta la validez del acto, en cuanto deja
incólume la presunción de legalidad que lo acompaña, precisamente el atributo de éste
que es el objeto de la acción de nulidad. Por lo mismo, tales causales de pérdida de
ejecutoria, vienen a ser situaciones posteriores al nacimiento del acto de que se trate,
y no tienen la virtud de provocar su anulación.”

En relación con la segunda causal de pérdida de fuerza ejecutoria, que la doctrina ha
llamado decaimiento del acto (cuando desaparecen sus fundamentos de hecho o de
derecho), ésta se produce “cuando ya no existen las circunstancias de modo, tiempo y
lugar que le sirvieron de base” o por cuanto se ha presentado: “a) la derogación o
modificación de la norma legal en que se fundó el acto administrativo; b) la declaratoria
de inexequibilidad de la norma constitucional o legal hecha por el juez que ejerce el
control de constitucionalidad, en los países donde existe; c) la declaratoria de nulidad
del acto administrativo de carácter general en que se fundamenta la decisión de
contenido individual o particular…»
(Subrayado fuera del texto)

33 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. M.P: Jorge Iván Duque Gutiérrez, sentencia del 21 de

marzo de 2024, identificada con el radicado 76001-23-33-000-2020-00154-02 (4137-2021)
34 Consejo de Estado, Sección Cuarta. M.P: Milton Chaves García, sentencia del 15 de agosto de 2018,

identificada con el radicado 11001-03-27-000-2016-00012-00 (22362)

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Radicado: 25000-23-42-000-2017-04347-01 (0431-2021)
Demandante: Cristóbal Alzate Hernández

Por tanto, la pérdida de fuerza ejecutoria de un acto administrativo no hace infructuoso
el análisis de legalidad del acto, en la medida en que el juicio de legalidad requiere la
confrontación del acto con las normas superiores a que debía someterse el mismo, a
fin de determinar su adecuación al ordenamiento, lo cual es independiente de su
validez. Por otra parte, si un acto viciado de nulidad produce o produjo efectos jurídicos,
hay lugar a pronunciarse sobre su legalidad como consecuencia del ejercicio del medio
de control de nulidad objetivo, con el fin de preservar la integridad del orden jurídico[2].»

99. En tercer lugar, esta misma corporación precisó que «[e]n los términos del
artículo 92 ibidem, los afectados pueden oponerse a la ejecución de un acto
administrativo a través de la excepción de pérdida de ejecutoriedad, lo cual debe
realizarse antes de su ejecución, o dentro del término establecido por la Ley para
atacar los actos en sede judicial, siempre y cuando la situación particular no se
encuentre consolidada, de lo contrario no son afectados por la decisión
anulada35». (Énfasis de la sala)

100. Dicho lo anterior, reitera la sala que la situación particular del demandante se
consolidó antes de la entrada en vigencia de la presente ley. Véase que el actor
arribó a la edad de 65 años el 26 de octubre de 2016, por lo tanto, su situación
jurídica se rige por el artículo 2.2.6.1.5.3.13 del Decreto 1069 de 2015.

101. Para la subsección, el hecho de que notario haya continuado prestando sus
servicios más allá de los 65 años, no revive el vínculo legal ni modifica la causal
objetiva de retiro. El ejercicio de esas funciones se mantuvo por las demoras
administrativas en la provisión del cargo a través de la lista de elegibles vigente para
entonces, pero ello no implica la invalidez ni la perdida de fuerza ejecutoria del acto
de retiro pues, se recuerda, todo fue inspirado en la finalidad de garantizar la
prestación del servicio notarial.

102. Aunque en nuevo concepto emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil el
13 de diciembre de 2019 se concluyó que «[l]os funcionarios a quienes cobija la Ley
1821 de 2016 pueden permanecer en el servicio hasta la edad de 70 años. En el
evento de que se hubieren retirado mediante acto administrativo ejecutoriado,
podrían volver a ser vinculados, siempre con sujeción a la edad de retiro forzoso
establecida en la ley.», tal tesis no cobija al demandante, pues su situación se
consolidó antes de la entrada en vigencia de aquella ley.

103. Condena en costas. En anteriores oportunidades esta sala de subsección
realizaba una valoración objetiva para determinar si era procedente condenar en
costas a la parte vencida. Sin embargo, a partir de la vigencia de la Ley 2080 de
2021, tal sanción surgirá en la medida en que, fruto del análisis de la demanda -en
nuestro caso, del recurso interpuesto-, se concluya que fue presentada con
«manifiesta carencia de fundamento legal».

104. Así las cosas, se considera que los argumentos vertidos en el escrito
impugnatorio no detentan aquella condición, pues la parte actora sustentó su

35 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A., M.P: William Hernández Gómez, auto del 3 de febrero

de 2016, identificado con el siguiente radicado: 15001-23-33-000-2013-00194-01 (2874-2013)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-42-000-2017-04347-01 (0431-2021)
Demandante: Cristóbal Alzate Hernández

posición en razones jurídicas que, aunque no fueron acogidas por la sala, no se
estiman irracionales y carentes de fundamento jurídico. En consecuencia, no se
impondrá condena en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. DECLARAR fundado el impedimento manifestado por el consejero de
Estado, doctor Juan Camilo Morales Trujillo, de conformidad con lo indicado en la
parte motiva de esta decisión. En consecuencia, separarlo del conocimiento de este
asunto.

SEGUNDO. CONFIRMAR la sentencia de fecha 29 de mayo de 2020, proferida por
la Subsección “F” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

TERCERO. Sin condena en costas en esta instancia conforme a lo indicado en esta
providencia.

CUARTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
decisión devolver el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los consejeros de Estado en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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