Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2017-01767-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2017-01767-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2017-01767-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
3 de agosto de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 05001 23 33 000 2017 01767 01 (3458-22)
Demandante: Héctor Iván Gómez Araque
Demandado: Consejo Superior de la Carrera Notarial y otros
Temas: Ley 1821 de 2016 no tiene efecto retroactivo. Tampoco aplica
para quienes adquirieron la edad de retiro forzoso en vigencia
de la normativa anterior. Los conceptos de la Sala de Consulta
y Servicio Civil son herramientas útiles para el juez y su
aplicación no implica per se un alcance de precedente judicial.
Confirma sentencia que denegó pretensiones de la demanda
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
_________________________________________________________________
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia de primera instancia del 17 de marzo de 2022 proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad, por medio de la cual se
negaron las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 05001 23 33 000 2017 01767 01 (3458-22)
Demandante: Héctor Iván Gómez Araque
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo –CPACA, el señor Héctor Iván Gómez Araque formuló
demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en orden a que se
efectúen las siguientes declaraciones:
i) La nulidad del Decreto 2017070001206 del 21 de marzo de 2017 «Por el cual se
retira del servicio a un notario por haber alcanzado la edad de retiro forzoso»,
emitido por el gobernador del departamento de Antioquia.
ii) La nulidad del Oficio OAJ-505/ SNR2017EE005808 del 22 de febrero de 2017,
expedido por el secretario técnico del Consejo Superior de la Carrera Notarial, en el
cual se señaló que no era viable la permanencia del demandante en el cargo Notario
Único del Círculo de Jericó (Antioquia) hasta el cumplimiento de los 70 años de
edad.
Como consecuencia de la declaratoria de nulidad de las decisiones anteriores, a
título de restablecimiento del derecho solicita:
i) Se reestablezcan los derechos de carrera notarial del demandante y se declare
su derecho a mantenerse como Notario Único del Círculo Notarial de Jericó
(Antioquia) hasta los 70 años, nueva edad de retiro forzoso conforme al régimen de
carrera notarial.
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Radicado: 05001 23 33 000 2017 01767 01 (3458-22)
Demandante: Héctor Iván Gómez Araque
ii) Se ordene al Consejo Superior de la Carrera Notarial y a la Gobernación de
Antioquia abstenerse de hacer un nombramiento en propiedad en la Notaría Única
del Círculo de Jericó (Antioquia) mientras el actor se encuentre en ejercicio de sus
funciones públicas y hasta que cumpla con la nueva edad de retiro establecida en
la Ley 1821 de 2016.
Como pretensión subsidiaria, en caso de que el demandante sea efectivamente
desvinculado de su cargo, como restablecimiento del derecho solicita:
i) El pago de la indemnización por lucro cesante por concepto de la utilidad dejada
de percibir como Notario Único del Círculo Notarial de Jericó (Antioquia).
ii) Como consecuencia de lo anterior, se promedien los últimos 12 meses
anteriores, desde el momento en que se haga efectivo el retiro del cargo hasta la
fecha de expedición de la sentencia en firme que declare la nulidad de los actos
administrativos demandados, o hasta la fecha en que el demandante cumpliría los
70 años.
Se condene en costas a los demandados.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, la parte demandante señaló los siguientes:
i) El 13 de abril de 2012 el señor Héctor Iván Gómez Araque tomó posesión del
cargo de Notario Único del Círculo de Jericó (Antioquia), en el cual fue nombrado,
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Radicado: 05001 23 33 000 2017 01767 01 (3458-22)
Demandante: Héctor Iván Gómez Araque
con ocasión del concurso público y abierto de méritos, mediante Decreto 0685 del
8 de marzo de 2012.
ii) El 11 de diciembre de 2016 el actor cumplió 65 años de edad y, en consecuencia,
el gobernador del departamento de Antioquia expidió el Decreto 2017070001206
del 21 de marzo de 2017, por medio del cual le notificó el retiro del servicio.
iii) El 21 de abril de 2017 el Consejo Superior de la Carrera Notarial designó al doctor
Walter Eduardo Yarce Pérez para ocupar su cargo, sin que hasta la presentación
de la demanda haya tomado posesión.
iv) El artículo 1º de la Ley 1821 de 2016 (corregido por el Decreto 321 de 2017)
prevé que la edad máxima de retiro del cargo de las personas que desempeñen
funciones públicas será de 70 años. A su vez, su artículo 2°, dispuso que quienes
se encuentren en ejercicio de funciones públicas podrán permanecer
voluntariamente en el desempeño del empleo.
v) Al 30 de diciembre de 2016 el actor seguía en ejercicio de sus funciones, por lo
que decidió acogerse a lo dispuesto en el citado artículo 2º de la Ley 1821 de 2019
y, para el efecto, dirigió comunicaciones tanto a la directora de administración
notarial de la Superintendencia de Notariado y Registro como al gobernador del
departamento de Antioquia, posteriormente, reenviada al Consejo Superior de la
Carrera Notarial, en las cuales manifestó su voluntad de permanecer en el cargo
hasta la nueva edad de retiro forzoso, es decir, hasta los 70 años de edad.
vi) La respuesta emitida por el gobernador del departamento de Antioquia se limitó
a señalar que la solicitud debía elevarse ante la Superintendencia de Notariado y
Registro. Por su parte, el secretario técnico del Consejo Superior de la Carrera
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Radicado: 05001 23 33 000 2017 01767 01 (3458-22)
Demandante: Héctor Iván Gómez Araque
Notarial expidió el oficio OAJ-505/ SNR2017EE005808 del 22 de febrero de 2017,
acto administrativo preparatorio, en el cual señaló que no era viable su permanencia
en el cargo, para lo cual se fundamentó en el concepto No. 2326 emitido por la Sala
de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en el que se indicó que quienes
cumplieron la edad de retiro forzoso antes de la vigencia de la Ley 1821 de 2016 no
podían acceder a la nueva edad de desvinculación de los empleos públicos.
1.1.3. Normas violadas y concepto de la violación
En el escrito de demanda se invocaron como violados los artículos 1°, 13, 25 y 29
de la Constitución Política, los artículos 1 y 2 de la Ley 1821 de 2016, el artículo 27
del Código Civil, el artículo 137 y siguientes del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –CPACA. En desarrollo del
concepto de la violación, la parte demandante expuso los siguientes argumentos:
i) El oficio en censura se fundamentó únicamente en el concepto emitido por la Sala
de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado que erróneamente interpretó el
espíritu de la ley cuando el tenor literal era claro, pues el artículo 2º de la Ley 1821
de 2016 estableció que las personas que cumplieron la edad de retiro forzoso de 65
años antes de la vigencia de la mentada ley podían acogerse a la de 70 años
prevista en la nueva disposición.
ii) Los sustentos normativos del Decreto 2017070001206 del 21 de marzo de 2017,
acusado, transgreden lo dispuesto en la Ley 1821 de 2016, la cual estableció con
claridad que era aplicable a las personas que se encontraran en ejercicio de
funciones públicas. Esta disposición, a su turno, diferenció entre las personas que
ya habían cumplido la edad de retiro forzoso y las que no.
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Radicado: 05001 23 33 000 2017 01767 01 (3458-22)
Demandante: Héctor Iván Gómez Araque
iii) Al haberse acogido a la ley en mención mediante las comunicaciones dirigidas a
la directora de administración notarial y al gobernador del departamento de
Antioquia, se cumplieron todos los supuestos de hecho y de derecho para acceder
a la nueva edad de retiro de 70 años.
iv) De acuerdo con el artículo 161 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo –CPACA y la sentencia T-317 de 2014 de la Corte
Constitucional, cuando la administración omite advertir cuáles son los recursos
procedentes ante una decisión definitiva, tal como sucede con el Decreto
2017070001206 del 21 de marzo de 2017, se faculta al interesado a acudir a la
jurisdicción contenciosa – administrativa sin necesidad de agotar la vía gubernativa.
v) El concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado no
podía ser acatado por ir «contra legem», ya que intenta acudir al espíritu de la ley
cuando su tenor es claro. Por ese motivo, al desconocer el carácter diáfano del
artículo 2º de la Ley 1821 de 2016, se vulnera el artículo 27 del Código Civil que
prevé que «cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal
a pretexto de consultar su espíritu».1
1.2. Contestación de la demanda
1.2.1 El departamento de Antioquia se opuso a cada una de las pretensiones y,
en consecuencia, propuso las siguientes excepciones:
1 Folios 1 a 11
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Radicado: 05001 23 33 000 2017 01767 01 (3458-22)
Demandante: Héctor Iván Gómez Araque
i) «LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO DEMANDADO EXPEDIDO POR EL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA», la cual hizo consistir en que el acto cuestionado
ostenta presunción de legalidad.
ii) «GENÉRICAS», la cual fundamentó en el artículo 187 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. –CPACA que
establece que en la sentencia se decidirán sobre las excepciones propuestas y
cualquier otra que no se haya propuesto y se encuentre probada.
En la argumentación de la contestación esgrimió que son los fundamentos legales
citados en el Decreto que dispuso el retiro del demandante suficientes para
mantener su presunción de legalidad, aunado a que el departamento de Antioquia
se limitó a dar cumplimiento a las instrucciones que recibió para ejecutar el retiro
del cargo de notario que ocupaba, las cuales se fundamentaron en decisiones del
Consejo de Estado y, por ende, no podía desacatarlas so pena de que se iniciaran
acciones penales y disciplinarias en contra del gobernador. 2
1.2.2. El Ministerio de Justicia y del Derecho, contestó la demanda, se opuso a
las pretensiones y propuso las siguientes excepciones:
i) «Falta de legitimación material en la causa por pasiva» e «Inexistencia de falla
del servicio imputable al Ministerio de Justicia y del Derecho», la cual sustentó en
que no existe relación entre el órgano ministerial y las pretensiones de la demanda;
por ello, no se configuran las condiciones para que el demandado se manifieste
sustancialmente respecto del asunto.
2 Folios 63 a 77
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Radicado: 05001 23 33 000 2017 01767 01 (3458-22)
Demandante: Héctor Iván Gómez Araque
ii) «Inexistencia de derecho a permanecer en el servicio fedatario a favor de los
Notarios que cumplieron la edad de retiro forzoso de 65 años antes de la entrada
en vigencia de la Ley 1821 de 2016», la cual fundamentó en el principio de
irretroactividad de la ley, pues en el caso concreto el artículo 4º ibidem, señaló
expresamente que dicha norma regiría a partir de su publicación, es decir, el 30 de
diciembre de 2016.
En ese sentido, puesto que el hecho configurativo de la extinción del derecho a
permanecer en el servicio notarial acaeció para el actor en vigencia de la normativa
que fijaba la edad forzosa de retiro a los 65 años, no le es aplicable por sustracción
de materia la edad de retiro a los 70 años que estableció posteriormente la Ley 1821
de 2016, en razón a que dicha normatividad comenzó a regir a partir de su
publicación por decisión expresa del órgano legislativo y, por tanto, sus efectos rigen
de inmediato desde su promulgación pero sin carácter retroactivo o ultractivo.3
1.2.3. La Superintendencia de Notariado y Registro, Consejo Superior de la
Carrera Notarial, se opuso a la prosperidad de todas y cada una de las
pretensiones planteadas y propuso las siguientes excepciones:
i) «INEXISTENCIA DE LOS ELEMENTOS QUE ESTRUCTURAN LA ACCIÓN DE
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO», por cuanto no se evidencian los
presupuestos del medio de control señalados en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –CPACA, dado
que el Oficio que ordenó el retiro fue expedido por el gobernador del departamento
3 Folios 263 a 267
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Radicado: 05001 23 33 000 2017 01767 01 (3458-22)
Demandante: Héctor Iván Gómez Araque
de Antioquia, por lo que no se puede pretender que el Consejo Superior de la
Carrera Notarial a título de restablecimiento del derecho lo reintegre a su cargo.
ii) «IMPOSIBILIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS PRETENSIONES DE LA
DEMANDA POR FALTA DE LEGITIMIDAD EN LA CAUSA POR PASIVA», por estimar
que el Decreto acusado que determinó el retiro del servicio del actor fue expedido
por el gobernador del departamento de Antioquia y no por el secretario técnico del
Consejo Superior de la Carrera Notarial.
iii) «INEXISTENCIA DE VIOLACIÓN DE NORMAS SUPERIORES CON LA EXPEDICIÓN
DEL OFICIO OAJ OAJ-505/ SNR2017EE005808 del 22 de febrero de 2017», por cuanto
a través de aquél se dio respuesta negativa a la solicitud del actor respecto del retiro
con base en la Ley 1821 de 2016.
iv) «FALTA DE AGOTAMIENTO DEL REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD», por cuanto
en el presente asunto no se agotó la conciliación prejudicial.4
1.3. Audiencia inicial
En audiencia celebrada el día 6 de septiembre de 2018 el magistrado sustanciador
declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva
formulada por el apoderado del Ministerio de Justicia y del Derecho y se abstuvo de
resolver las excepciones propuestas por la Superintendencia de Notariado y
Registro, Consejo Superior de Carrera Notarial por extemporáneas. Igualmente, en
esa diligencia se fijó el litigio. 5
4 Folios 312 a 319
5 Folios 336 a 338
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Radicado: 05001 23 33 000 2017 01767 01 (3458-22)
Demandante: Héctor Iván Gómez Araque
1.4. La sentencia apelada
En sentencia del 17 de marzo de 2022 el Tribunal Administrativo de Antioquia negó
las pretensiones de la demanda interpuesta por el señor Héctor Iván Gómez Araque,
de acuerdo con las siguientes consideraciones:6
i) Teniendo en cuenta que para la entrada en vigencia de la Ley 1821 de 2016 el
demandante ya había cumplido con la edad de retiro forzoso establecida en el
Decreto 1069 de 2015, lo procedente era retirarlo del servicio, pues la nueva norma
no estableció en ninguno de sus artículos un régimen de transición aplicable para el
personal que ya hubiere cumplido los 65 años, antes de la entrada en vigencia de
esta norma.
ii) Tal como lo señaló la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado
en el concepto del 8 de febrero de 2017, el principio de favorabilidad en materia
laboral no incluye la aplicación retroactiva de la ley por considerarse más favorable
al trabajador, a diferencia de lo que sucede en materia penal, en donde la
retroactividad sí está permitida en virtud de lo establecido en el artículo 29 de la
Constitución Política.
iii) No puede entenderse que el artículo 2º de la Ley 1821 de 2016 estableció una
opción voluntaria de permanecer en el cargo para los empleados vinculados que ya
hubieran cumplido la edad de retiro forzoso establecida en la legislación anterior,
pues la expresión «permanecer voluntariamente» a que hace referencia la norma,
6 Folios 432 a 439
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Radicado: 05001 23 33 000 2017 01767 01 (3458-22)
Demandante: Héctor Iván Gómez Araque
trata del supuesto en que la persona desea continuar en el empleo o en el ejercicio
de funciones públicas hasta cumplir la edad de retiro forzoso, a pesar de haber
cumplido con los requisitos para pensionarse, lo cual fue mencionado también en
los antecedentes legislativos de la ley.
iv) El concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil (reiterado en concepto del
15 de agosto de 2017) es contundente en cuanto a que, en hipótesis como la
presente, se constituye una situación jurídica completa o consolidada y de ella se
derivan efectos jurídicos.
v) En consecuencia, los actos administrativos demandados no están viciados de
nulidad, en la medida que fueron expedidos en cumplimiento de las normas que
rigen el caso concreto pues, el señor Héctor Iván Gómez Araque ya había cumplido
los 65 años con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1821 de 2016 y, por
ello, lo procedente era ordenar el retiro del cargo, tal y como ocurrió en el caso bajo
estudio.7
1.5. El recurso de apelación
Como consecuencia de la sentencia de primera instancia, el señor Héctor Iván
Gómez Araque, por conducto de apoderado judicial, interpuso recurso de apelación
7 Folios 432 a 439. Con salvamento de voto del magistrado Jorge Iván Duque Gutiérrez en el cual
se plantearon, entre otros, los siguientes argumentos: «Acorde con mi juicio, la Ley 1821 de 2016 sí
consagra un derecho (el cual podrá ejercerse voluntariamente) para las personas que desempeñan
funciones públicas, el cual consiste en la posibilidad de permanecer en el cargo hasta cumplir la
nueva edad máximo de retiro, siempre y cuando cumplan con los requisitos exigidos por dicha
normativa, esto es: para quienes después de la entrada en vigencia de la ley cumplan 65 años y para
quienes, a partir de la entrada en vigencia de la ley, accedan o se encuentren en ejercicio de
funciones públicas y cuenten con 65 años, dado que la norma no estableció salvedad alguna frente
a las personas que contaban con la antigua edad de retiro». Folios 440 a 444.
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Radicado: 05001 23 33 000 2017 01767 01 (3458-22)
Demandante: Héctor Iván Gómez Araque
manera virtual8 y expuso las razones que pasan a explicarse:
i) El único fundamento en que los actos administrativos acusados se apoyan es en
la respuesta emitida por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado
del 8 de febrero de 2017 a la consulta elevada por el Ministro de Justicia y del
Derecho, la cual no es una decisión emanada de un proceso judicial ni contiene una
decisión de tal nivel, por lo que no podía ser tenida en cuenta como un precedente
jurisprudencial obligatorio conforme a las reglas del precedente señaladas por el
Consejo de Estado.
ii) No se comparte lo señalado por la Sala de Consulta del Consejo de Estado,
puesto que en el mencionado concepto desafortunadamente cometió un grave yerro
interpretativo que implicó llegar a una conclusión totalmente distinta a la que debió
obtener según las reglas de la sana crítica y las disposiciones del Código Civil.
iii) Se reitera lo expresado en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
en la que se señaló que la respuesta del Consejo de Estado, Sala de Consulta y
Servicio Civil a la consulta efectuada por el Ministerio de Justicia y del Derecho no
puede ser acatada ni tenida en cuenta dado su carácter «contra legem», ya que
intenta acudir al espíritu de la Ley cuando el tenor literal del artículo 2º de la Ley
1821 de 2016 es claro, por lo cual se transgrede la regla de interpretación contenida
en el artículo 27 del Código Civil.
iv) Tal como lo destaca el magistrado Jorge Iván Duque Gutiérrez en su salvamento
8 A través del correo electrónico: sectribant@cendoj.ramajudicial.gov.co
emorialestaant@cendoj.ramajudicial.gov.co
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Radicado: 05001 23 33 000 2017 01767 01 (3458-22)
Demandante: Héctor Iván Gómez Araque
de voto a la sentencia de primera instancia, tampoco era la intención del legislador
prohibir a los funcionarios públicos, a la fecha de expedición de la ley, acogerse al
beneficio de permanecer voluntariamente en el cargo hasta el cumplimiento de los
70 años de edad.
v) Los actos acusados transgreden lo dispuesto por la Ley 1821 de 2016, que
estableció con claridad la posibilidad de permanecer hasta la nueva edad de retiro
—70 años— respecto de las personas que a la fecha de entrada en vigencia de
dicha normatividad se encontraran ejerciendo funciones públicas, como es el caso
del señor Héctor Iván Gómez Araque.
vi) En aras de que se proteja el derecho a la igualdad, el actor tiene derecho a
acceder a la nueva edad de retiro en consideración a que la Superintendencia de
Notariado y Registro, mediante las Resoluciones Nos. 0437, 0438, 0439 del 20 de
enero de 2017 y 1337, 1338 y 1339 del 14 de febrero de 2017, ordenó el reintegro
de funcionarios que, si bien cumplieron en el año 2016 la anterior edad de retiro, en
aplicación de la Ley 1821 de 2016, manifestaron su intención de mantenerse en sus
cargos hasta la nueva edad de retiro de 70 años, lo cual dio lugar a que se
revocaran las respectivas resoluciones de retiro del cargo.
1.6. El Ministerio Público
El agente del Ministerio Público no rindió concepto.9
2.- Consideraciones
9 Constancia secretarial del 30 de septiembre de 2022, visible en índice 13 del Samai.
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Demandante: Héctor Iván Gómez Araque
2.1. El problema jurídico
El presente asunto se contrae a establecer, en primer lugar, si la sentencia de primera
instancia le dio alcance de precedente judicial a los conceptos emitidos por la Sala de
Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, tal como lo alega el apelante, o si por
el contrario, fueron tenidos en cuenta como instrumentos jurídicos no vinculantes; en
segundo lugar, si los conceptos emitidos por la Sala de Consulta y Servicio Civil del
Consejo de Estado no podían ser aplicados porque incurrieron en yerros de
interpretación; en tercer lugar, si la situación fáctica y jurídica del señor Héctor Iván
Gómez Araque se configura dentro de los presupuestos establecidos en el artículo 2º
de Ley 1821 de 2016; y, en cuarto lugar, si las decisiones que revocaron el retiro de
varios notarios del país tiene efectos vinculantes para decidir la situación del
demandante.
2.2. Marco Normativo y conceptual
2.2.1. De las decisiones emitidas por la Sala de Consulta y Servicio Civil del
Consejo de Estado y su incidencia en fallos judiciales.
De acuerdo con el artículo 112 del CPACA, la Sala de Consulta y Servicio Civil actúa
en forma autónoma como cuerpo supremo consultivo del Gobierno en asuntos de
administración.
Dentro de sus funciones se encuentran, entre otras: a) absolver las consultas
generales o particulares que le formule el Gobierno Nacional, a través de sus ministros
y directores de departamento administrativos; b) preparar a petición de la Sala Plena
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Demandante: Héctor Iván Gómez Araque
del Consejo de Estado o por iniciativa propia, proyectos de acto legislativo y de ley; c)
revisar a petición del Gobierno los proyectos de compilaciones de normas elaborados
por este para efectos de su divulgación; y d) emitir concepto, a petición del Gobierno
Nacional o de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en relación con las
controversias jurídicas que se presenten entre entidades públicas del orden nacional,
o entre estas y entidades del orden territorial, etc.
En este orden de ideas, se tiene que dicha Sala emite, entre otros, conceptos
jurídicos no vinculantes, cuya finalidad es facilitar a la autoridad pública resolver
sobre el asunto consultado, por lo cual no ejerce potestades propias de las autoridades
judiciales, dado que las atribuciones otorgadas por el CPACA se encaminan a que
ejerza las funciones de órgano consultivo del Gobierno con el fin de resolver
cuestiones de índole administrativa.
En efecto, los conceptos emitidos por la Sala de Consulta y Servicio Civil:10
«… no deben ser aceptados por fuerza de ley, sino por el peso de su razón. La
función consultiva no actúa sobre la base de la potestas, sino de la auctoritas.
La función consultiva desarrolla el deber de colaboración armónica que debe existir
entre los distintos órganos del Estado, necesario para el adecuado ejercicio de las
funciones públicas y la realización de los fines estatales. Asimismo, promueve la
uniformidad y certeza en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas,
incentiva la seguridad jurídica tanto de los ciudadanos como de la administración y
contribuye a precaver la ocurrencia de conflictos o controversias entre estos.
Igualmente, los conceptos emitidos por la Sala de Consulta y Servicio Civil
constituyen una herramienta útil para el juez en el ejercicio de su actividad
jurisdiccional. Lo anterior, teniendo en cuenta que a pesar de que por mandato legal
los dictámenes proferidos por la Sala no son obligatorios o vinculantes, estos se
10 «100 años de historia. CONCEPTOS EN LA JURISPRUDENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO.
REPÚBLICA DE COLOMBIA» República de Colombia Consejo de Estado, Sala de Gobierno, Sala
de Consulta y Servicio Civil, Imprenta Nacional de Colombia Bogotá, Colombia ISBN. 2017.
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Radicado: 05001 23 33 000 2017 01767 01 (3458-22)
Demandante: Héctor Iván Gómez Araque
caracterizan por su objetividad, independencia y el estricto apego a criterios de
constitucionalidad y de legalidad, es decir, responden a un análisis jurídico y no a
relaciones de subordinación o intereses particulares». (Negrillas fuera del texto).
Cabe resaltar que, tal como lo compila la publicación «100 años de historia.
CONCEPTOS EN LA JURISPRUDENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO»,11 las distintas
Secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la citada Corporación han
tomado en consideración los conceptos emitidos por la Sala de Consulta y Servicio
Civil; sin embargo, se precisa aclarar, que tal estimación no implica per se que se les
haya dado el alcance de un precedente jurisprudencial, sino que han sido tenidos en
cuenta como una herramienta para la función administrativa toda vez que los
conceptos no son vinculantes, es decir, que no son de obligatorio acatamiento ni su
contenido cumple con los presupuestos de un fallo judicial.
2.2.2. De la edad de retiro forzoso aplicable a notarios con anterioridad al 30 de
diciembre de 2016.
En un principio se promulgó el Decreto 960 de 1970 «Por el cual se expide el
estatuto del Notariado», en cuyo artículo 182 se dispuso que el notario que llegue a
encontrarse en circunstancia de retiro forzoso deberá manifestarla al funcionario
que lo haya designado, tan pronto como ella ocurra. A su vez, el artículo 184
consagró como edad de retiro forzoso para los notarios la de 65 años.
Posteriormente dicha disposición fue derogada por el Decreto 2163 de 1970 «Por
el cual se oficializa el servicio de Notariado» el cual fue reglamentado por el Decreto
11Visible en la página web del Consejo de Estado, en el siguiente link:
https://consejodeestado.gov.co/documentos/publicaciones/17-11-14-tomos.pdf
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Radicado: 05001 23 33 000 2017 01767 01 (3458-22)
Demandante: Héctor Iván Gómez Araque
2148 de 198312 «Por el cual se reglamentan los Decretos-Leyes 0960 y 2163 de
1970 y la Ley 29 de 1973"», el que en su artículo 75 dispuso la edad de retiro forzoso
70 años; tal disposición se derogó mediante el Decreto 3047 de 1989, cuyo artículo
1º, dispuso nuevamente, la edad de retiro forzoso para los notarios en 65 años de
edad.
2.2.3. De la Ley 1821 de 201613 «Por medio de la cual se modifica la edad máxima
para el retiro forzoso de las personas que desempeñan funciones públicas».
El Congreso de la República expidió la Ley 1821 de 201614 en aras de contar con un
régimen unificado sobre la causal de retiro por edad.
La norma citada aumenta la edad de retiro forzoso hasta los 70 años, para los cargos
que ya estaban sometidos a la edad máxima de 65 años, de acuerdo con la legislación
anterior. Adicionalmente, aplica la nueva edad de retiro forzoso para aquellos
servidores públicos y particulares que desempeñan funciones públicas que no estaban
sometidos con anterioridad a dicha causal de retiro. Así mismo, dispone que una vez
se cumpla con la edad de retiro forzoso, se causará la separación inmediata del cargo,
sin que la persona afectada pueda ser reintegrada en ninguna circunstancia. Y,
finalmente, se especifican las excepciones a la citada prohibición, entre otros para los
funcionarios de elección popular.15
12 Compilado por el Decreto 1069 de 2015.
13 Publicada en el Diario Oficial el 30 de diciembre de 2016.
14 Declarada exequible mediante sentencias de la Corte Constitucional C-084 de 2018, C-135 de
2018 y C-426 de 2020, en el entendido de que la edad máxima para el retiro del cargo no es aplicable
a los miembros de la junta directiva del Banco de la República.
15 Y para quienes prestan al Estado servicios ocasionales como los peritos obligatorios, los jurados
de votación, los técnicos y obreros contratados por el tiempo de ejecución de un trabajo o una obra,
considerados por la ley como meros auxiliares de la administración de justicia.
17
Radicado: 05001 23 33 000 2017 01767 01 (3458-22)
Demandante: Héctor Iván Gómez Araque
Igualmente, señaló el artículo 2º ibidem, que quienes, a partir de la entrada en vigencia
de dicha ley, accedan o se encuentren en ejercicio de funciones públicas podrán
permanecer voluntariamente en los mismos, con la obligación de seguir contribuyendo
al régimen de seguridad social hasta llegar a la edad máxima de retiro 70 años.
2.2.4. Hechos probados
i) El 8 de marzo de 2012 mediante el Decreto 0685 el gobernador del
departamento de Antioquia nombró a varios notarios en propiedad entre ellos al
demandante para desempeñarse en el circulo notarial de Jericó.16
ii) El 11 de diciembre de 2016, el señor Héctor Iván Gómez Araque cumplió 65
años de edad de conformidad con los datos registrados en su documento de
identidad y el registro civil de nacimiento.17.
iii) El 15 de noviembre de 2016, mediante Oficio SNR2016EE040505 DANS-4012, la
doctora Zoraida Celis Carrillo, directora de la administración notarial de la
Superintendencia de Notariado y Registro, le informa al gobernador de Antioquia
que comoquiera que el demandante cumpliría 65 años de edad el 11 de diciembre
de dicha anualidad, edad de retiro, debía dar aplicación a los artículos 181 y 182 del
Decreto Ley 960 de 1970, por lo que le solicitó designará notario que reemplace al
actor.18
16 Folios 163 a 166
17 Folios 14 y 15
18 Folios 91 y 92
18
Radicado: 05001 23 33 000 2017 01767 01 (3458-22)
Demandante: Héctor Iván Gómez Araque
iv) El 4 de enero de 2017, mediante Oficio NUJ-OFICIO NRO 004, el señor Héctor
Iván Gómez Araque le informó a la doctora Zoraida Celis Carrillo, directora de la
administración notarial de la Superintendencia de Notariado y Registro, su decisión
de acogerse voluntariamente a lo dispuesto en la Ley 1821 de 2016 en aras de
continuar desempeñándose en el cargo de Notario único de Jericó (Antioquia) hasta
la edad de retiro forzoso, 70 años.19
v) El 21 de febrero de 2017, por Oficio NUJ-OFICIO NRO 10, el actor le informó,
igualmente, al doctor Luis Pérez Gutiérrez, gobernador del departamento de
Antioquia, su decisión de acogerse voluntariamente a lo dispuesto en la Ley 1821
de 2016 en aras de continuar desempeñándose en el cargo de Notario único de
Jericó (Antioquia) hasta la edad de retiro forzoso, 70 años.20
vi) El 21 de febrero y el 16 de septiembre de 2016, la doctora Zoraida Celis Carrillo,
directora de la administración Notarial de la Superintendencia de Notariado y
Registro, le solicitó al gobernador del departamento Antioquia hacer efectivo el retiro
forzoso del señor Héctor Iván Gómez Araque. 21
vii) El 22 de febrero de 2017, se expide el Oficio OAJ-505/ SNR2017EE005808 del
22 de febrero de 2017, mediante el cual el secretario técnico del Consejo Superior
de la Carrera Notarial le informó al actor, que la Ley 1821 de 2016 no podía aplicarse
a quienes ya hubiesen cumplido la edad de retiro forzoso antes de su entrada en
vigencia.22
19 Folio 18
20 Folio 20
21 Folios 81 a 82 y 87 a 90.
22 Folios 23 a 26
19
Radicado: 05001 23 33 000 2017 01767 01 (3458-22)
Demandante: Héctor Iván Gómez Araque
viii) El 21 de marzo de 20017, mediante Decreto 2017070001206 el gobernador del
departamento de Antioquia retiró del servicio al actor por haber alcanzado la edad
de retiro forzoso.23
ix) Al expediente fueron aportadas como medio de prueba y decretadas con esa
finalidad en la audiencia inicial,24 las Resoluciones 0437, 0438, 0439 del 20 de enero
de 2017 y 1337, 1338 y 1339 del 14 de febrero de 2017 expedidas por el
Superintendente de Notariado y Registro,25 mediante las cuales se revocaron actos
administrativos de retiro del servicio de varios notarios bajo los siguientes
argumentos:
«La señora26 […], mediante escrito del […] manifiesta que de manera voluntaria opta
por permanecer en su cargo hasta la edad de retiro forzoso (70) años, de igual manera
expresó que asume la obligación de seguir cotizando al Régimen de Seguridad Social
(salud, pensión y riesgos laborales,27 muy a pesar de cumplir con los requisitos para
pensión.
Conforme al artículo 1º de la Ley 1821 del 30 de diciembre de 2016, la edad máxima
para el retiro de las personas que desempeñen funciones públicas será de 70 años.
De acuerdo con el artículo 2º de la precitada Ley, quienes a partir de la entrada en
vigencia de la misma, accedan o se encuentren ejerciendo funciones públicas podrán
permanecer voluntariamente en sus empleos, con la obligación de seguir cotizando
al régimen de seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales), aunque haya
completado los requisitos para el reconocimiento de pensión.
Así mismo, indicó dicho artículo que las personas que se acojan a la opción voluntaria
de permanecer en el cargo en los términos de dicha Ley, no será aplicable lo
dispuesto en el parágrafo 3º de la Ley 797 de 2003».
23 Folios 32 a 33
24 Folios 336 a 338
25 Folios 239 a 257
26 En otras decisiones: «El señor […]»
27 No se cerró el paréntesis
20
Radicado: 05001 23 33 000 2017 01767 01 (3458-22)
Demandante: Héctor Iván Gómez Araque
Como quiera que al entrar en vigencia la Ley 1821 de 2016, esto es 30 de diciembre
del referido año, la señora28 […] se encontraba en ejercicio de sus funciones públicas
podía optar como efectivamente lo hizo de (sic) permanecer voluntariamente en el
cargo del cual es titular hasta la edad de retiro forzoso con la obligación de seguir
contribuyendo al Régimen de Seguridad Social, a la vez que prestó su consentimiento
para que fuera revocada la resolución que la retiró del servicio».
2.3. Caso concreto. Análisis de la Sala
El primer problema jurídico, consiste en establecer si la sentencia de primera
instancia le dio alcance de precedente judicial a los conceptos emitidos por la Sala de
Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, tal como lo alega el apelante, o si, por
el contrario, fueron tenidos en cuenta como instrumentos jurídicos no vinculantes.
Sobre el particular, se aprecia que el a quo, para respaldar sus conclusiones, trajo a
colación el concepto del 8 de febrero de 2017,29 emitido por la Sala de Consulta y
Servicio Civil del Consejo de Estado, mediante el cual se precisó frente a la pregunta
formulada:
«En los términos del artículo 2º de la Ley 1821 de 2013 ¿pueden permanecer
voluntariamente en sus cargos las personas que (i) antes de la entrada en vigencia
de la Ley 1821 de 2016 cumplieron la edad de 65 años, pero a esa fecha (ii) no se
les había definido su situación laboral mediante acto administrativo de retiro y (iii)
continúan ejerciendo funciones públicas?
28 En algunos casos: «El señor […]»
29 Radicación Interna: 2326, número único: 11001-03-06-000-2017-00001-00, consejero ponente:
Álvaro Namen Vargas, referencia: Retiro Forzoso por edad de los servidores públicos y los
particulares que ejercen funciones públicas. Ley 1821 de 2016. Situación de las personas que
cumplieron la edad de retiro forzoso antes de su entrada en vigencia. Irretroactividad de la ley.
Régimen de los notarios, Carrera notarial y concurso. Derechos adquiridos.
21
Radicado: 05001 23 33 000 2017 01767 01 (3458-22)
Demandante: Héctor Iván Gómez Araque
Dado que la vigencia de la Ley 1821 de 2016 se rige por el “efecto general
inmediato” (no es retroactiva) y que el artículo 2º de la misma no regula el supuesto
fáctico que de describe en la pregunta, no pueden permanecer en su cargos, hasta
cumplir los 70 años de edad, las personas que antes de la entrada en vigencia de
la Ley 1821 de 2016 (es decir, hasta el 30 de diciembre de ese año) cumplieron la
edad de retiro forzoso a la que estaban sujetos, pero que continúan, por cualquier
motivo, en el ejercicio de funciones públicas, independientemente de que su
situación laboral o administrativa haya sido declarada (no constituida) o no
mediante un acto administrativo en firme.
Dichas personas deben retirarse efectivamente de sus cargos y/o cesar en el
ejercicio de las funciones públicas dentro del plazo y en las condiciones que
establecían (o establecen) las normas legales y reglamentarias anteriores a la Ley
1821 que les sean aplicables, sin desconocer en todo caso, lo previsto en la
jurisprudencia constitucional para amparar los derechos fundamentales de las
personas de la tercera edad y otras que requieren protección en condiciones
especiales».
.
Igualmente, el Tribunal analizó el concepto del 15 de agosto de 2017,30 por medio
del cual la Sala de Consulta y Servicio Civil efectúo las siguientes apreciaciones
respecto del alcance del artículo 2º de la Ley 1821 de 2016, así:
«Como se observa, la Sala llegó a las siguientes conclusiones sobre la
interpretación de los artículos 2º y 4º de la Ley 1821 de 2016 y sobre la aplicación
de dicha ley en el tiempo, conclusiones que se reiteran por ser relevantes para los
efectos de esta consulta:
(i) El artículo 2º de la Ley 1821 de 2021 no se refiere a la situación de las
personas que, a la entrada en vigencia de dicha normatividad, hubiesen cumplido
ya la edad de retiro forzoso prevista en la legislación anterior (y a la cual estuvieran
sujetas), porque siguieron ejerciendo funciones públicas, por cualquier motivo. Tal
disposición regula la situación de las personas que, sin haber llegado a la edad de
retiro forzoso al momento de entrar en vigencia la citada ley, cumplan los requisitos
para adquirir la pensión de jubilación o de vejez antes de los 70 años. A tales
individuos, la norma mencionad les concede la opción voluntaria de seguir
laborando hasta llegar a esa edad.
30 Radicación interna 2328, número único: 11001-03-06-000-2017-00014-00, referencia: Retiro
forzoso por edad para los docentes del sector público. Aplicación de la Ley 1821 de 2016. Autonomía
universitaria.
22
Radicado: 05001 23 33 000 2017 01767 01 (3458-22)
Demandante: Héctor Iván Gómez Araque
(ii) La Ley 1821 se rige por el principio del efecto general inmediato de las leyes,
lo que excluye cualquier interpretación o aplicación retroactiva.
(iii) En particular, como la llegada de una persona (servidor público o particular
que cumpla funciones públicas) a la edad de retiro forzoso, constituye un hecho
jurídico del cual se derivan determinadas consecuencias o efectos legales, como
el deber de retirarse y cesar en sus funciones, o el deber que tiene la
administración de retirarlo, si la persona no lo hace voluntariamente, la expedición
de la Ley 1821 de 2016 no alteró la situación jurídica (consolidada) de los
servidores públicos y los particulares que incurrieron en esta causal al amparo de
la legislación anterior, por haber cumplido la edad respectiva (generalmente 65
años) antes de la entrada en vigencia de la Ley 1821.
(iv) La conclusión anterior no cambia por el hecho de que la persona concernida
siguiera ejerciendo funciones públicas después de la entrada en vigor de la Ley
1821 de 2016, bien sea porque se hubiera vencido el plazo que las normas
pertinentes le otorgaran para retirarse efectivamente, o porque no se hubiese
expedido un acto administrativo de retiro, o por cualquier otra razón».
El Tribunal en la sentencia apelada, afirmó que «compartía lo expresado por el
Consejo de Estado», afirmación que a juicio de la Sala implica que a los referidos
conceptos no se le dio el alcance de «precedentes judiciales» sino que se tuvieron
en cuenta como herramientas jurídicas útiles para proferir la decisión, sin efecto
vinculante, vale decir, se les imprimió el carácter de servir de instrumentos para la
interpretación judicial.
En segundo lugar, se examinará si los conceptos emitidos por la Sala de Consulta y
Servicio Civil del Consejo de Estado no podían ser aplicados porque incurrieron en
yerros de interpretación.
Al respecto, se observa que los conceptos del 8 de febrero y de15 de agosto de
2017, consignan criterios que responden al ordenamiento jurídico y, por tanto,
23
Radicado: 05001 23 33 000 2017 01767 01 (3458-22)
Demandante: Héctor Iván Gómez Araque
podían ser acogidos como herramienta jurídica para resolver la controversia,
comoquiera que la Sala comparte el criterio consistente en que:
i) El artículo 1º de la Ley 1821 de 2016 regula la nueva edad de retiro en 70
años y la situación de personas que con anterioridad a la vigencia de la Ley la han
cumplido; 31
ii) En virtud de que la citada ley, no tiene efectos retroactivos32 la nueva edad
de retiro regulada por la Ley 1821 de 2016 se aplica en forma inmediata para
quienes con anterioridad a su vigencia cumplieron 65 años; y,
iii) El artículo 2º de la Ley 1821 de 2016 regula la situación de quienes sin haber
cumplido la edad de retiro de 65 años y se encuentren en ejercicio de funciones
públicas a la entrada en vigencia de la citada normatividad, decidan permanecer
voluntariamente en los cargos que ocupan, con la obligación de seguir
contribuyendo al régimen de seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales),
aunque hayan completado los requisitos para acceder a la pensión de jubilación.
En ese sentido, a las personas que se acojan a la opción voluntaria de permanecer
31 «Artículo 1.- [Artículo corregido por el artículo 1 del Decreto 321 de 2017]. La edad máxima para el
retiro del cargo de las personas que desempeñen funciones públicas será de setenta (70) años. Una
vez cumplidos, se causará el retiro inmediato del cargo que desempeñen sin que puedan ser
reintegradas bajo ninguna circunstancia.
Lo aquí dispuesto no se aplicará a los funcionarios de elección popular ni a los mencionados en el
artículo 29 del Decreto-Ley 2400 de 1968, modificado por el artículo 1º del Decreto-Ley 3074 de 1968».
32 «Artículo 4.- [Artículo corregido por el artículo 2 del Decreto 321 de 2017]. La presente ley rige a
partir de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, y en especial las
contenidas en los Decretos Ley 2400 de 1968 (artículo 31), 3074 de 1968 (artículo 29) y en los Decretos
1950 de 1973, 3047 de 1989 y 1069 de 2015 (artículos 2.2.6.1.5.3.13 y numeral 4 del artículo
2.2.6.3.2.3)».
24
Radicado: 05001 23 33 000 2017 01767 01 (3458-22)
Demandante: Héctor Iván Gómez Araque
en el cargo, en los términos de la presente Ley, no les será aplicable lo dispuesto
en el parágrafo 3º del artículo 9º de la Ley 797 de 2002. 33
La tesis procedente fue acogida por esta Subsección en sentencia del 4 de mayo de
2023,34 en la cual se analizó la legalidad del Decreto 648 del 19 de abril de 2017,
proferido por el presidente de la República al contrastarlo con el artículo 2º de la Ley
1821 de 2016.
En la referida decisión, se expusieron los siguientes argumentos para considerar que
como la norma acusada no vulneraba el citado artículo 2º de la Ley 1821 de 2016
procedía declarar la denegatoria de las pretensiones de la demanda:
[…]
53. E35n este caso se pretende la nulidad del inciso segundo del artículo 2.2.11.1.7.
del Decreto 648 del 19 de abril de 2017, proferido por el presidente de la República
«Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del
Sector de la Función Pública», que dispone:
«ARTÍCULO 2.2.11.1.7 Edad de retiro forzoso. A partir de la entrada en
vigencia de la Ley 1821 de 2016, la edad de setenta (70) años constituye
33 «La presente ley no modifica la legislación sobre el acceso al derecho a la pensión de jubilación,
Quienes, a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, accedan o se encuentren en ejercicio de
funciones públicas podrán permanecer voluntariamente en los mismos, con la obligación de seguir
contribuyendo al régimen de seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales), aunque hayan
completado los requisitos para acceder a la pensión de jubilación. A las personas que se acojan a la
opción voluntaria de permanecer en el cargo, en los términos de la presente ley, no les será aplicable lo
dispuesto en el parágrafo 3º del artículo 9º de la Ley 797 de 2003».
34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernández, referencia: simple nulidad, radicado: 11001 03 25
000 2017 00471 00 (2205-2017), accionante: Carlos Alonso Araujo Castro, demandado: Nación,
Departamento Administrativo de la Función Pública, temas: Edad de retiro forzoso, inciso segundo
del artículo 2.2.11.1.7. del Decreto 648 del 19 de abril de 2017, proferido por el presidente de la
República.
35 Tipo de letra original. Se modificó el tamaño a tipo de letra arial 11, estilo normal. Negrillas
originales
25
Radicado: 05001 23 33 000 2017 01767 01 (3458-22)
Demandante: Héctor Iván Gómez Araque
impedimento para desempeñar cargos públicos, salvo las excepciones
señaladas en el artículo 2.2.11.1.5.
Las personas que antes de la entrada en vigencia de la Ley 1821 de 2016
tuvieren 65 años o más y continúan vinculadas al servicio público, deberán ser
retiradas del servicio. Lo anterior, por cuanto no son destinatarias de la
regulación de que trata la citada ley.»36.
54. Según la demanda, el inciso 2.° del artículo 2.2.11.1.7. del Decreto 648 del 19 de
abril de 2017, proferido por presidente de la República vulnera lo establecido en el
artículo 2.° de la Ley 1821 de 2016, porque según el demandante, «[…] las personas
que se encontraban en ejercicio de funciones públicas a la entrada en vigor de la Ley
(30 de diciembre de 2016) y que habían cumplido 65 años pueden permanecer en
sus cargos voluntariamente siempre y cuando sigan cotizando al régimen de
seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales. Lo anterior, sin perjuicio de
que hayan completado los requisitos para acceder a la pensión toda vez que a ellos
no se les aplica lo dispuesto en el parágrafo 3.° del artículo 9.° de la Ley 797 de 2003.
55. Ahora bien, el artículo 2.° de la Ley 1821 de 2016, dispone:
«Artículo 2°. La presente ley no modifica la legislación sobre el acceso al
derecho a la pensión de jubilación. Quienes a partir de la entrada en vigencia
de la presente ley, accedan o se encuentren en ejercicio de funciones públicas
podrán permanecer voluntariamente en los mismos, con la obligación de seguir
contribuyendo al régimen de seguridad social (salud, pensión y riesgos
laborales), aunque hayan completado los requisitos para acceder a la pensión
de jubilación. A las personas que se acojan a la opción voluntaria de
permanecer en el cargo, en los términos de la presente ley, no les será aplicable
lo dispuesto en el parágrafo 3° del artículo 9° de la Ley 797 de 2003. »
[…]
57. Al respecto, es menester recordar que esta Corporación ya se ha pronunciado en
varias oportunidades frente al ámbito de aplicación de la Ley 1821 de 2016, donde se
ha establecido que el artículo segundo de la Ley 1821 de 2016 no es aplicable a
aquellas personas que, a pesar de haber cumplido la edad de retiro forzoso (65 años)
antes del 30 de diciembre del mismo año en que la ley entró en vigor, continuaron en
el ejercicio de funciones públicas.
[…]
36 h tt ps : // ww w. f unc i on p u b lic a .g ov .c o /ev a/ g es t o rno rm at iv o/ n or ma . ph p ? i= 8 0 91 5
26
Radicado: 05001 23 33 000 2017 01767 01 (3458-22)
Demandante: Héctor Iván Gómez Araque
65. Como se aprecia de lo anterior, es evidente que si la Ley 1821 de 2016 estableció
un nuevo parámetro de edad para determinar cuándo debe operar la causal de retiro
del servicio, dejando atrás la pauta de 65 años de edad, vigente desde 1968, en
virtud del principio de irretroactividad de la ley, no puede aplicarse la citada
disposición en casos donde las personas vinculadas al servicio adquirieron esa
edad antes de la entrada en vigencia de la Ley 1821, pues lo contrario sería
desconocer las situaciones consolidadas y definidas a la luz de la normatividad
anterior como lo era la Ley 909 de 2004, artículo 41.
66. Por tanto, como la Ley 1821 de 2016 rigió a partir de su vigencia, se tiene que los
destinatarios de lo dispuesto en el artículo 2.° de la Ley 1821 de 2016, son aquellas
personas que:
(i) No se encuentran dentro de la excepción consagrada en el artículo 1.° de
aquella y,
(ii) Al momento de entrar a regir la Ley 1821, esto es, a más tardar el 30 de
diciembre de 2016, no hubieran cumplido la edad establecida en la
normatividad anterior (65 años).
67. De acuerdo con esto, como el artículo 2.° de la Ley 1821 de 2016 no es aplicable
a los empleados públicos que hubiesen cumplido 65 años con anterioridad a la
entrada en vigor de la ley, se advierte que el inciso 2.° del artículo 2.2.11.1.7. del
Decreto 648 del 19 de abril de 2017, no entra en contradicción con la ley, sino que, al
contrario, efectiviza la aplicación de la pauta legislativa al disponer que las personas
que antes de la entrada en vigencia de la Ley 1821 de 2016 tuvieren 65 años o más
y continúan vinculadas al servicio público, deberán ser retiradas del mismo, razón que
impone denegar este cargo de nulidad.
[…].
73. Ahora bien, el escenario normativo y jurisprudencial explicado en el acápite
anterior ilustró de forma suficiente acerca de que los destinatarios de lo dispuesto en
el artículo 2° de la Ley 1821 de 2016, son quienes no se encuentran dentro de la
excepción consagrada en el artículo 1° de aquella y al momento de entrar a regir la
Ley 1821, esto es, a más tardar el 30 de diciembre de 2016, no hubieran cumplido la
edad establecida en la normatividad anterior (65 años).
[…]
83. En ese sentido, como el inciso segundo del artículo 2.2.11.1.7. del Decreto 648
del 19 de abril de 2017, estableció que las personas que antes de la entrada en
vigencia de la Ley 1821 de 2016 tuvieren 65 años o más y continuaban vinculadas al
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Radicado: 05001 23 33 000 2017 01767 01 (3458-22)
Demandante: Héctor Iván Gómez Araque
servicio público, debían ser retiradas del mismo, lo que hizo fue dar aplicación a la
preceptiva del legislador, que modificó la edad de retiro forzoso, sin que del texto de
la misma Ley 1821 se pueda extraer que introdujo algún tipo de transición.
84. Además, debe destacarse el efecto general inmediato de la norma, en virtud de
lo establecido por el artículo 40 de la misma Ley 1821, al establecer que rige a partir
de su publicación, tal como se estableció en el concepto de la Sala de Consulta y
Servicio Civil 2326 de 2017, citado en precedencia, cuando señaló:
«En armonía con lo anterior, debe observarse que el Congreso de la República
no estableció un régimen de transición en parte alguna de la Ley 1821 de 2016,
como hubiera podido hacerlo, ni para disponer que las personas que estuvieran
cerca de cumplir la edad de retiro forzoso anterior (65 años) quedaran por fuera
del incremento en dicha edad efectuado por la Ley 1821, ni para permitir, por el
contrario, que quienes hubiesen cumplido 65 años en un determinado lapso
anterior a la publicación de la ley, pudieran acogerse a la nueva edad de retiro
forzoso.
Lo anterior implica, a juicio de la Sala, que la aplicación de la Ley 1821 de 2016
corresponde, en forma simple, al "efecto general inmediato" de las leyes, esto
es, que no regula situaciones jurídicas consolidadas con anterioridad a su
entrada en vigencia, sino solamente situaciones jurídicas que no hayan nacido
en ese momento y situaciones jurídicas que se iniciaron con la legislación
anterior pero que no se habían consolidado (efecto retrospectivo).»
85. De acuerdo con ello, se tiene que la Ley 1821 de 2016 no reguló situaciones
jurídicas consolidadas con anterioridad a su entrada en vigencia (contar con 65 años
de edad antes del 30 de diciembre de 2016 y continuar vinculado al servicio),
originando que los servidores cobijados por la normatividad anterior debían ser
retirados del servicio y/o cesar en el ejercicio de sus funciones, esto es, sin
desconocer lo previsto en la jurisprudencia constitucional frente a los derechos
fundamentales de las personas de la tercera edad y otras que requieren protección
en condiciones especiales.
[…]
Conforme a lo anterior, procede la Sala a resolver el tercer problema jurídico
planteado, el cual se circunscribe a determinar si la situación fáctica y jurídica del
señor Héctor Iván Gómez Araque se configura dentro de los presupuestos
establecidos en la Ley 1821 de 2016.
28
Radicado: 05001 23 33 000 2017 01767 01 (3458-22)
Demandante: Héctor Iván Gómez Araque
Del material probatorio allegado al plenario, se advierte que el actor cumplió los 65
años, edad de retiro forzoso para los notarios, con anterioridad a la vigencia de la
Ley 1821 de 2016,37 esto es, en vigencia del artículo 1º del Decreto 3047 de 1989
que la previa en 65 años y, por lo tanto, al haberse configurado su situación fáctica
y jurídica bajo dicha preceptiva esta le resulta aplicable.
En ese sentido, tal como lo consideró la Sala de Consulta y Servicio Civil en sus
conceptos del 8 de febrero y de agosto de 2017, el artículo 2º38 de la pluricitada Ley
1821 de 2016 no resulta aplicable a las personas que hubiesen cumplido la edad de
retiro forzoso en vigencia de la normativa anterior, pues «…no resulta adecuado,
desde el punto de vista hermenéutico, tomar aisladamente un segmento o parte de
una norma, o algunos apartes de la misma, para deducir de allí la “regla de derecho”
que presuntamente creó el legislador».39
La Subsección considera acertadas las manifestaciones formuladas por la Sala de
Consulta y Servicio Civil, en virtud de las cuales se indicó que ninguna parte del
artículo 2º de la Ley 1821 de 2016 se refiere expresamente a las personas que
hubiesen cumplido 65 años al momento de entrar en vigencia la citada ley, ni
menciona, en general, la situación de quienes hubiesen cumplido la edad de retiro
forzoso antes de su vigencia.
37 El 11 de diciembre de 2016, el señor Héctor Iván Gómez Araque cumplió 65 años de edad de
conformidad con los datos registrados en su documento de identidad y el registro civil de nacimiento.
Folios 14 a 15. La ley 1821 de 2016 fue publicada el 30 de diciembre de 2016 en el Diario Oficial
50.102.
39 Concepto del 8 de febrero de 2017
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Demandante: Héctor Iván Gómez Araque
Por el contrario, observa la Sala que de forma imperativa se previó como condición
para acogerse a la opción voluntaria de permanecer en el cargo la de encontrarse
en el ejercicio de la función pública al momento de la vigencia de la ley, lo cual
conlleva interpretar, que como para ese momento se produciría el retiro de quienes
habían cumplido 65 años a 30 de diciembre de 2016, el artículo 2º ibidem, solamente
resulta aplicable para las personas que no habían cumplido esa edad, las cuales a
pesar de cumplir los requisitos para acceder a la pensión de jubilación, pueden
permanecer en el servicio hasta completar los 70 años —edad de retiro forzoso—
con la obligación de seguir contribuyendo al régimen de seguridad social (salud,
pensión y riesgos laborales).
Igualmente, la mencionada preceptiva no estableció una aplicación retroactiva de la
Ley 1821 de 2016, ni algún régimen de transición frente a las disposiciones
derogadas, pues simplemente consagró su aplicación inmediata al señalar que
dicha disposición regiría a partir de su publicación, no antes, es decir, desde el 30
de diciembre de 2016 y comoquiera que el actor adquirió la edad pensional el 11 de
diciembre de dicha anualidad, su situación jurídica se rige por el artículo 1º del
Decreto 3047 de 1989 «Por el cual se reglamenta el Decreto-ley 960 de 1970» que
estatuye la edad de retiro en 65 años.
En cuarto lugar, se examinará si las decisiones que revocaron el retiro de varios
notarios del país tienen efectos vinculantes para decidir la situación del demandante.
Sobre el particular, es pertinente señalar que en el concepto de violación no se efectúo
ninguna argumentación que permita establecer las razones por las cuales las
decisiones que revocaron el retiro de varios notarios inciden en este asunto, situación
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Demandante: Héctor Iván Gómez Araque
que solamente se esbozó en el recurso de apelación en el cual se alude a la necesidad
de aplicar el principio de igualdad.
Con todo, la Sala observa que las decisiones a las que hace referencia el accionante
y que se relacionaron en el acápite de los hechos probados, fueron expedidas por el
Superintendente de Notariado y Registro y no por el gobernador del departamento
de Antioquia y, por ende, se descarta de plano la posibilidad de realizar el juicio de
igualdad.
2.4 De la condena en costas
El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil».
Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que para imponer
condena en costas, en vigencia del CPACA, se atendía una valoración objetiva,40
en la que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en la
medida de su comprobación, sin considerar factores subjetivos como la buena fe o
la temeridad de las partes.
Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar que «[e]n
40 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-000022-
01 (1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, consejero ponente: William Hernández
Gómez
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Demandante: Héctor Iván Gómez Araque
todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal»
De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está
llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la sustentación
jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es procedente o no imponer
costas a cargo de alguna de ellas
En el presente caso, los sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la convicción
de que contaban con suficiente respaldo legal, también aportaron pruebas y se
apoyaron en la jurisprudencia vigente para obtener un pronunciamiento favorable a
sus intereses, por lo que esta Sala se abstendrá de imponer condena en costas en
segunda instancia.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos
análogos, fáctica y jurídicamente, al que ahora es objeto de estudio y en el acervo
probatorio, la Sala concluye que los actos acusados deben mantener la presunción
de legalidad, motivo por el cual es del caso confirmar la sentencia del 17 de marzo
de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio de la cual
se negaron las pretensiones de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
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Demandante: Héctor Iván Gómez Araque
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia apelada del 17 de marzo de 2022 proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho instaurado por el señor Héctor Iván Gómez Araque en
contra del departamento de Antioquia y la Superintendencia de Notariado y
Registro, Consejo Superior de la Carrera Notarial.
Segundo. Sin condena en costas.
Tercero. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las respectivas
anotaciones en el portal Samai.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente41
MECG
41 CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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