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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2018-02407-01

Fecha
3 de julio de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2018-02407-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de fecha 27 de mayo de 2024, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de la demanda que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, promovió el señor Diego Alonso Zapata Zapata en contra de la Fiscalía General de la Nación, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte demandante. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del C.G.P., las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Antioquia. TERCERO. EFECTUAR las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta decisión devolver el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2018-02407-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

3 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., tres (3) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho.
Radicación: 05001-23-33-000-2018-02407-01 (4084-2024).
Demandante: Diego Alonso Zapata Zapata.
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación.
Tema: Regímenes salariales y prestacionales en la Fiscalía General de
la Nación. Primas de antigüedad, ascensional y de capacitación.
Sus beneficiarios son los servidores de la Rama Judicial que
fueron incorporados a la FGN y que permanecen en el empleo
objeto de esa incorporación.
Decisión: Confirmar la sentencia de primera instancia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. En esta oportunidad se resolverá el recurso de apelación presentado por la
parte demandante contra la sentencia de fecha 27 mayo de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

2. Pretensiones. Con la demanda se solicitó la nulidad de la Resolución nro. DS-
SRANOC-GSA-28 001532 del 24 de abril de 2018, mediante la cual la Sección de
Talento Humano de la Subdirección Regional de Apoyo Noroccidental de la Fiscalía
General de la Nación -en adelante FGN- negó la solicitud presentada por el actor.

3. Como restablecimiento del derecho exigió el reconocimiento y pago de las
primas de antigüedad, ascensional y de capacitación causadas a partir del mes de
marzo del año 2008, así como su inclusión en la base de liquidación de las
prestaciones sociales reconocidas desde entonces.

4. Así mismo reclamó el cumplimiento de la sentencia en los términos establecidos
en el CPACA.

5. Hechos. El señor Diego Alonso Zapata Zapata ingresó a la Rama Judicial el 1.°
de julio de 1980. En el año 1992 fue incorporado sin solución de continuidad a la
FGN, actuación en la que se le respetaron los derechos salariales y prestacionales
de los que era titular en la Rama Judicial, por expresa disposición del artículo 65 del
Decreto 2699 de 1991. Entre tales prerrogativas se encontraba la prima de
antigüedad.

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Demandante: Diego Alonso Zapata Zapata

6. El 11 de febrero de 2008 se le notificó la Resolución nro. 0-0443 del día 6 de
ese calendario, en la que fue nombrado como fiscal delegado ante los jueces
penales municipales y promiscuos de la Dirección Seccional de Fiscalías de
Medellín.

7. Luego de aceptar esa designación le indicaron que para poder tomar posesión
del referido empleo debía renunciar al régimen salarial y prestacional del que venía
gozando. Tal exigencia motivó la presentación de una acción de tutela que no fue
decidida de fondo, porque la entidad demandada dio vía libre a su posesión.

8. El 7 de marzo de 2018 el actor solicitó el reconocimiento y pago de las primas
de antigüedad, ascensional y de capacitación, petición que fue desestimada a través
del acto administrativo demandado.

9. Fundamentos de derecho. Para la parte actora, la decisión cuestionada
infringió los siguientes artículos: 2.°, 5.°, 6.°, 13, 29, 48, 53, 90 y 228 de la
Constitución Política; 2.°, 47, 48, 62, 77, 78, 84, 85 y 135 del CPACA; Leyes 4 de
1992, 446 de 1998; Decretos 2699 de 1991, 900 de 1992, 903 de 1993, 51 de 1993,
104 de 1994, 47 de 1995, 34 de 1996, 65 de 1998 y 38 de 1999.

10. Al desarrollar el concepto de violación expuso, en esencia, que el acto
demandado fue expedido con falsa motivación, pues desconoció el régimen salarial
y prestacional que el accionante ostentaba con anterioridad a su incorporación a la
FGN, con lo que pasó por alto la manifestación de permanencia en el sistema
remunerativo anterior.

11. Contestación de la demanda1. Dentro de la oportunidad de ley, la accionada
contestó la demanda en los siguientes términos:

12. El accionante no tiene derecho a las primas ascensional y de capacitación, pues
según lo reglado en el Decreto 903 de 1969, tales estipendios solo fueron creados
en favor de los magistrados, jueces y fiscales, empleos que aquel no desempeñó.

13. Los servidores públicos que provenientes de la Rama Judicial fueron
incorporados a la FGN y no se acogieron al régimen salarial y prestacional
concebido a partir de la Ley 4.ª de 1992, son beneficiarios del esquema de
remuneración previsto en el Decreto 51 de 1993 y de las normas posteriores que lo
han modificado.

14. El demandante aceptó la aplicación de las disposiciones del régimen salarial y
prestacional de la Fiscalía General de la Nación cuando se posesionó en el cargo
de fiscal delegado ante los jueces penales municipales y promiscuos. Por tanto, el
hecho de que en el sistema anterior —Decreto 51 de 1993— se reconocieran
partidas distintas a las contenidas en el nuevo sistema de remuneración, no implica

1 Folios 67 a 70.

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Demandante: Diego Alonso Zapata Zapata

el desconocimiento de los derechos del actor, pues en este también existen otras
prestaciones como la prima especial de servicios y la bonificación judicial.

15. Por tanto, el reclamante no puede pretender lo favorable de uno y otro régimen,
pues ello implica desbordar el principio de inescindibilidad normativa.

16. Finalmente formuló las excepciones de «prescripción», «falta de causa para
pedir», «carencia de objeto» y «ausencia de vicios en los actos administrativos
demandados».

17. Sentencia de primera instancia2. Es la dictada el 27 de mayo de 2024, a través
de la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de la
demanda y se abstuvo de condenar en costas a la parte actora. Con tales fines
concluyó que:

18. Con la creación de la Fiscalía General de la Nación surgió la necesidad de
incorporar a su planta de cargos a los servidores de los juzgados de instrucción
criminal, entre otros. Por tanto, en esa institución se concibieron dos regímenes
salariales y prestacionales así: i) uno que respetaría el sistema de remuneración
previamente configurado para los trabajadores de la Rama Judicial —Decreto 51 de
1993— que decidieran conservar las prerrogativas insertas en él y; ii) otro que
cobijaría a los empleados que se vinculen a la FGN con posterioridad a la vigencia
del Decreto 53 de 1993, así como aquellos que, adscritos al régimen anterior,
decidan acogerse a las reglas de este último.

19. La permanencia en el sistema remunerativo de los “no acogidos” puede variar
si el servidor es designado posteriormente en un empleo que no guarda relación ni
equivalencia con la nomenclatura de cargos que existían en la Rama Judicial y el
Ministerio Público para la fecha en que se produjo su incorporación a la Fiscalía
General de la Nación. Por tanto, en cuanto a la prima de antigüedad se refiere «[…]
si el cargo en el que son nombrados los servidores de la Fiscalía, no tenía
equivalente en la escala de empleos sobre los cuales regía esta prima, no tienen
derecho a este beneficio.»

20. El accionante prestó sus servicios a la Rama Judicial entre el 1.° de julio de
1980 y el 29 de junio de 1992. A partir del día siguiente fue incorporado a la Fiscalía
General de la Nación como asistente judicial I. En ese entonces, el demandante
manifestó expresamente su intención de conservar los beneficios salariales y
prestacionales que venía disfrutando al interior de aquella institución.

21. El Decreto 53 de 1993, contentivo del régimen salarial y prestacional propio de
la FGN, establece que sus normas son aplicables a aquellas personas que se
vinculan a la entidad a partir de su vigencia. En consecuencia, cuando un servidor
que disfruta del sistema remunerativo de la Rama Judicial se vincula a un empleo
que surgió con la creación de la FGN, sí o sí se acoge al nuevo esquema salarial.

2 Ver índice 42 de la plataforma SAMAI de primera instancia.

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22. En el caso actual, a partir del 9 de marzo de 2008, el demandante se vinculó a
un cargo nuevo y propio de la estructura de la FGN —fiscal delegado ante los jueces
penales municipales y promiscuos—, lo que implicó una variación frente al empleo
al que se incorporó en el año 1992. Así las cosas, y como en el sistema salarial
actual no está previsto el reconocimiento de la anhelada prima de antigüedad, el
accionante no tiene derecho a ella.

23. Que esta situación quedó ratificada en la Resolución nro. 703 de 8 de abril de
2018, que resolvió la solicitud de cesantías parciales elevada por el actor, en la que
se afirmó que el cambio de empleo significó la variación del régimen salarial.

24. Además, no es procedente que un servidor público pueda beneficiarse de las
prestaciones más favorables contenidas en diversos regímenes salariales, pues ello
se encuentra limitado por el principio de inescindibilidad normativa.

25. Recurso de apelación3. Inconforme con la anterior decisión, la apoderada de
la parte demandante la recurrió en apelación. Con tales propósitos, arguyó que:

26. El artículo 2.° del Decreto 53 de 1993 estableció que los servidores públicos
vinculados a la FGN podían optar por una sola vez y antes del 28 de febrero de
1993 por el régimen salarial y prestacional que venían disfrutando, opción que fue
ejercida por el accionante al momento de su incorporación en el año 1992.

27. Que al tomar posesión del cargo de fiscal delegado ante jueces penales
municipal y promiscuos no renunció al sistema de remuneración del que gozaba en
la Rama Judicial, pues su acceso a dicho empleo obedeció a un ascenso por el
buen servicio prestado.

28. El a quo otorgó un alcance equivocado a la Resolución nro. 703 del 8 de abril
de 2008, pues su finalidad era el reconocimiento y pago de un auxilio de cesantías,
mas no el cambio de régimen salarial y prestacional. De hecho, en el acto
administrativo se dijo que el demandante conservaba la prima de antigüedad y la
retroactividad de las cesantías.

29. Expresó que los conceptos emitidos por la Sala de Consulta y Servicio Civil del
Consejo de Estado invocados como soporte de la decisión impugnada no son de
obligatorio cumplimiento.

30. Por último, argumentó que las providencias en la que se fundamentó el tribunal
para emitir el fallo de primera instancia no eran aplicables para resolver la litis por
cuanto: la dictada el 8 de octubre de 2020 trató sobre la opción de acogerse al nuevo
régimen por fuera del término legal, situación distinta a la del presente asunto, en la
cual el demandante sí manifestó oportunamente su voluntad de permanecer en el
sistema anterior, mientras que, en el segundo fallo, el reclamante se acogió al nuevo
esquema salarial, particularidad que no se acompasa con el presente caso.
3 Ver archivo denominado «4ED_RECURSO DE_13_05001233300020180(.pdf) NroActua 2», el cual puede ser

descargado en el índice 2 de la plataforma SAMAI.

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Demandante: Diego Alonso Zapata Zapata

Trámite correspondiente a la segunda instancia

31. La admisión del recurso4. Mediante auto de 5 de agosto de 2024 se admitió
el recurso de apelación. Dentro de la oportunidad de ley solo intervino la apoderada
de la parte demandante, quien solicitó revocar la sentencia de primera instancia,
bajo el entendido que nunca pidió el cambio de régimen prestacional y salarial5.

32. Control de legalidad6. Luego de las revisiones de rigor, no se advierte ninguna
causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado hasta ahora, por lo que se
resolverá la alzada, previas las siguientes:

II. CONSIDERACIONES

33. Competencia. De acuerdo con lo establecido en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo7, esta Sala de
Subsección es competente para resolver el recurso de apelación.

34. Problemas jurídicos. De conformidad con los argumentos planteados por la
parte actora, la Sala debe determinar si: ¿al posesionarse como fiscal delegado ante
los jueces penales municipales y promiscuos, el demandante se introdujo en el
régimen salarial y prestacional propio de la Fiscalía General de la Nación y, en
consecuencia, perdió el derecho a seguir percibiendo las primas de antigüedad,
ascensional y de capacitación concebidas en el sistema remunerativo de la Rama
Judicial del que venía gozando?

35. De ser negativa la respuesta al interrogante anterior, se resolverá si: ¿deben
reconocerse las primas solicitadas y reliquidarse las prestaciones sociales recibidas
por el accionante a partir del 10 de marzo de 2008, con base en los citados
emolumentos?

36. Con tales fines, la Subsección referenciará brevemente los regímenes salariales
y prestacionales de la Fiscalía General de la Nación.

37. Los regímenes salariales y prestacionales al interior de la Fiscalía General
de la Nación.

38. En el artículo 249 de la Constitución Política de 1991 se creó la Fiscalía General
de la Nación como el ente encargado de investigar de oficio y/o con ocasión de las
denuncias y querellas presentadas «[…] los delitos y acusar a los presuntos
infractores ante los juzgados y tribunales competentes […]»8

4 Actuación visible en el índice 04 de la plataforma SAMAI
5 Actuación visible en el índice 9 de la plataforma SAMAI
6 El artículo 207 de la Ley 1437 de 2011 establece que «Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el

control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos
nuevos, no se podrán alegar en etapas siguientes».
7 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
8 Aparte tomado del inciso primero del artículo 250 original de la Carta Política.

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39. Por ello, el artículo 253 estableció que «[l]a ley determinará lo relativo a la
estructura y funcionamiento de la Fiscalía General de la Nación, al ingreso por
carrera y al retiro del servicio, a las inhabilidades e incompatibilidades,
denominación, calidades, remuneración, prestaciones sociales y régimen
disciplinario de los funcionarios y empleados de su dependencia.»

40. Con tal propósito, el artículo 5.° transitorio ibid. revistió al presidente de la
República de facultades extraordinarias para expedir las normas de organización de
ese ente de control, así como las reglas de procedimiento penal.

41. En cumplimiento de ese mandato se emitió el Decreto Ley 2699 de 1991,
contentivo del Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la Nación. En el artículo
54 se concibió la escala salarial de esa entidad, mientras que en el artículo 55 se
establecieron los niveles con base en los cuales se determinarían las respectivas
remuneraciones —directivo, asesor, ejecutivo, profesional, técnico, auxiliar y
asistencial—9.

42. Por su parte, el artículo 65 ib. previó que los funcionarios y empleados de los
juzgados de instrucción criminal —entre otros servidores— que pasen a la Fiscalía
General de la Nación serían «[…] incorporados con las mismas condiciones con que
se encuentren vinculados a sus actuales cargos, mientras el Consejo de la
Judicatura realiza la respectiva homologación al régimen de Carrera de la Fiscalía.»

43. De ahí que en el artículo 64 ejusdem no solo se haya prohibido desmejorar los
salarios que esos trabajadores venían recibiendo, sino que, además:

• Estableció que el régimen salarial allí concebido sería aplicado a quienes a
partir de su vigencia se vinculen a la institución de control y/o a los servidores
provenientes de la Rama Judicial que decidan acogerse a él. Así mismo,
indicó que los destinatarios del nuevo sistema solo recibirían el sueldo
previsto en la escala salarial del artículo 54 y no tenían derecho a las primas
especiales que recibían antes de la incorporación —antigüedad, ascensional
y de capacitación—.

• Protegió los derechos adquiridos del personal incorporado al destacar que
«[s]i por razón de estas primas tuvieren un sueldo superior al que les
corresponde en el nuevo cargo, seguirán percibiendo éste hasta su retiro y
sobre dicho sueldo se liquidaran (sic) los incrementos anuales en el
porcentaje que señale la ley».

• Permitió que los funcionarios y empleados incorporados optaran entre el
régimen salarial y prestacional del que venían gozando y el nuevo sistema
concebido en este Decreto.

9 Entre los artículos 56 y 62 se precisaron los parámetros para identificar los diferentes niveles de empleo.

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44. Para mayor claridad de lo expresado se transcribe a continuación el contenido
del citado artículo 64, así:

«ARTICULO 64. El Fiscal General establecerá la nomenclatura de empleos,
teniendo en cuenta los niveles establecidos en ese Capítulo e incorporando los
distintos servidores a la planta de personal establecida para la Fiscalía.

En ningún caso tal reglamentación implicará el desmejoramiento del sueldo que se
tenga al momento de la incorporación.

PARAGRAFO 1o. Las personas que se vinculen por primera vez o se acojan a la
escala salarial prevista en el artículo 54, solo tendrán derecho al sueldo que
corresponda al cargo según la nomenclatura y escala de salarios aquí señalados;
no tendrán derecho a las primas de antigüedad, ascencional (sic) y de capacitación
u otras especiales que estuvieren percibiendo antes de su incorporación a la nueva
planta.

Si por razón de estas primas tuvieren un sueldo superior al que les corresponde en
el nuevo cargo, seguirán percibiendo éste hasta su retiro y sobre dicho sueldo se
liquidaran (sic) los incrementos anuales en el porcentaje que señale la ley.

2. Las actuales fiscalías de los juzgados superiores, penales del circuito y superiores
de aduana, y de orden público, pasarán a la Fiscalía General de la Nación.
Igualmente pasaran (sic) a la Fiscalía General de la Nación la dirección nacional y
las direcciones seccionales de Instrucción Criminal, el Cuerpo Técnico de Policía
Judicial, y los Juzgados de Instrucción Criminal de la Justicia Ordinaria, de orden
público y penal aduanera.

Para los Jueces municipales la implantación se podrá extender por el término de
cuatro años contados a partir de la expedición de la Constitución Nacional.
Igualmente se incorporarán los funcionarios y empleados de la Dirección Nacional
de Medicina Legal del Ministerio de Justicia con sus dependencias seccionales, al
Instituto Nacional de Medicina legal y Ciencias Forenses, creado por este Decreto.

3. Los funcionarios y empleados mencionados anteriormente, podrán optar
por una sola vez, entre el régimen salarial y Prestacional que actualmente
tienen o la escala de salarios prevista en el artículo 54 de este estatuto. Dicha
opción podrá ejecitarse (sic) dentro de los seis meses siguientes a la incorporación
del funcionario o empleado a la Fiscalía General de la Nación.» (El énfasis es
nuestro)

45. Pues bien, la Sala destaca que, a partir de lo indicado en la norma transcrita,
especialmente el apartado según el cual «[l]os funcionarios y empleados
mencionados anteriormente, podrán optar por una sola vez, entre el régimen salarial
y Prestacional (sic) que actualmente tienen o la escala de salarios prevista en el
artículo 54 de este estatuto», surgieron al interior de la FGN dos sistemas
remunerativos a saber:

i) Uno que ampara a los empleados que, luego de la entrada en vigencia del
Decreto 2699 de 1991, se vinculen a la Fiscalía General de la Nación y/o para
aquellos servidores que, incorporados a esa institución decidan acogerse al
nuevo esquema de retribución y;

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ii) Otro que cobija a los servidores provenientes de la Rama Judicial que
decidieron conservar el régimen salarial y prestacional que traían de esa
entidad.

46. En lo que al primero de ellos se refiere, el Decreto 900 de 199210 fijó las escalas
de remuneración de los servidores de la Fiscalía General de la Nación.

47. Por su parte, el segundo sistema fue vertido en el Decreto 903 de 1992, el cual
contuvo las reglas salariales y prestacionales para los servidores de la Rama
Judicial, el Ministerio Público y de la Justicia Penal Militar.

48. Este dispositivo introdujo los sistemas remunerativos ordinarios y optativos para
los magistrados de las altas cortes, el procurador general de la Nación, el fiscal
general de la Nación y el defensor del pueblo —artículos 1.° y 2.°—.

49. Asimismo, en el artículo 4.° se determinó la escala salarial de los servidores
judiciales, entre otros. De particular importancia resultan los artículos 16, 17 y 18
cuando establecieron lo siguiente:

«ARTÍCULO 16. La prima de antigüedad se continuará reconociendo y
pagando de conformidad con las disposiciones que regulan la materia. A partir
de la fecha de vigencia del presente Decreto, el retiro del servicio por cualquier
causa, salvo por destitución, no implica la pérdida de antigüedad que se hubiera
alcanzado, ni del tiempo transcurrido para la causación del próximo porcentaje,
cuando la persona reingrese al servicio de la Rama Judicial o Ministerio Público,
dentro de un plazo que no exceda de veintisiete (27) meses.

El uso de licencia no remunerada, no causará la pérdida de la prima de antigüedad
adquirida.

ARTÍCULO 17. Las primas ascensional y de capacitación para Jueces
Municipales y Jueces Promiscuos Municipales, se regulan por lo dispuesto en
los Decretos 903 de 1969 y 760 de 1970.

ARTÍCULO 18. La prima de capacitación para los Jueces Territoriales y del
Distrito Penal Aduanero, se regula por lo dispuesto en los Decretos 903 de 1969
y 760 de 1970.» (El énfasis es de la Sala)

50. En este sentido, se dirá que las citadas primas fueron concebidas en el Decreto
Ley 903 de 196911, en cuyos artículos 3.° y 4.° se instituyó lo siguiente:

«Artículo 3°. Para estimular el ingreso al servicio y la permanencia, y la superación
en él, de Magistrados de Tribunal, Fiscales y Jueces, y proveer a una más
juiciosa selección de los mismos establecense a partir del 1º de enero de 1970 las
siguientes primas:

a) Una prima ascensional que podrá llegar hasta el cinco por ciento de la
asignación mensual, graduada y discernida por el Consejo Superior de la

10 El cual ha sido sucedido por los Decretos 52 de 1993, 84 de 1994, 50 de 1995, 109 de 1996, 50 de 1997, 52

de 1998, 41 de 1999, 2744 de 2000, 1481 y 2728 de 2001, 684 de 2002, 3550 de 2003, 4173 de 2004, 937 de
2005, 395 de 2006, 624 de 2007 y 664 de 2008.
11 Emitido por el presidente de la República en cumplimiento de las facultades extraordinarias a él conferidas

en el artículo 20 de la Ley 16 de 1968.

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Demandante: Diego Alonso Zapata Zapata

Administración de Justicia, a favor de los Magistrados y Fiscales de Tribunal,
que reúnan los requisitos constitucionales para el ejercicio de la magistratura de la
Corte Suprema de Justicia, y a favor de los Fiscales de Juzgado Superior,
Jueces Superiores, de Menores y de Circuito que reúnan los requisitos
constitucionales para ser Magistrados de Tribunal Superior, evaluados en ambos
casos a la época de la posesión del cargo.

b) Una prima de capacitación que puede ascender hasta el diez por ciento de la
respectiva asignación mensual, también calificada y discernida por el Consejo
Superior de la Administración de Justicia a favor de quienes siendo Magistrados
de Tribunal, Fiscales o Jueces Superiores, de Menores o de Circuito, fueren
acreedores a ella, a juicio de tal Consejo, en razón de estudios de post-grado, obra
de investigación científica publicada o ejercicio de la docencia universitaria, todo en
materias relacionadas con su cargo y especialidad.

Las dos primas son compatibles entre sí, y se disfrutarán a partir de la fecha den
que el Consejo Superior de la Administración de Justicia las otorgue
individualmente.

Para el discernimiento de la prima de capacitación se tendrán en cuenta tanto los
requisitos reunidos con anterioridad al comienzo del ejercicio del respectivo cargo
como aquellos que se reúnan durante el ejercicio del mismo.

La cuantía y la continuidad de estas primas, podrán ser afectadas total o
parcialmente, por sanción disciplinaria.

El Gobierno Nacional reglamentará la presente disposición.

Artículo 4°. Créase una prima de antigüedad para todos los empleados y
funcionarios de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público, excepción hecha
de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Consejeros de Estado, Procurador
General de la Nación y Fiscales del Consejo de Estado, por valor de un dos por
ciento de la asignación mensual básica por cada año continuo de servicios, en
propiedad, que completen en sus respectivos cargos, a partir del día 1º de enero
de 1970.

El cómputo del tiempo se interrumpe por discontinuidad en el servicio y por pasar a
un cargo de superior remuneración, casos en los cuales la antigüedad comenzará a
contarse, con prescindencia del lapso anterior, a partir de la toma de posesión del
nuevo empleo». (Énfasis de la Sala).

51. De cara a lo transcrito, la Subsección destaca que: i) la prima ascensional y la
de capacitación solo fueron creadas para los empleos de magistrados, jueces y
fiscales y; ii) la prima de antigüedad fue concebida en favor de los empleados y
funcionarios de carrera de la Rama Judicial y del Ministerio Público, con excepción
de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, así
como del procurador general de la Nación y sus agentes ante esta última
corporación.

52. Ahora bien, merece señalarse que el Decreto Ley 903 de 1992 fue derogado
por el Decreto 51 de 1993 «por el cual se dictan unas disposiciones en materia
salarial y prestacional de la Rama Judicial, del Ministerio Público, de la Justicia
Penal Militar y se dictan otras disposiciones».

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Demandante: Diego Alonso Zapata Zapata

53. En este Decreto se reiteraron las reglas atinentes a los regímenes ordinarios y
optativos a que se hizo alusión anteriormente, así como las relacionadas con las
primas de antigüedad, ascensional y de capacitación. Como era de esperarse,
también se ajustaron las escalas salariales fijadas en el Decreto 903 de 1992.

54. En el artículo 26, la nueva normativa determinó la cobertura de ese sistema en
los siguientes términos:

«ARTICULO 26. Las normas contenidas en el presente decreto se aplicarán a los
servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar, que no opten
por el régimen especial establecido en el desarrollo del parágrafo del artículo 14 de
la Ley 4a. de 1992. Así mismo las disposiciones de que trata el presente decreto se
aplicarán a los servidores públicos de la Procuraduría General de la Nación y la
Defensoría del Pueblo que no opten por el régimen especial que para ellos expida
el Gobierno Nacional.»

55. Por su parte, en cuanto al régimen propio de la Fiscalía General de la Nación,
el presidente de la República emitió el Decreto 53 de 1993 «por el cual se dictan
normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la
Fiscalía General de la Nación y se dictan otras disposiciones», que en sus artículos
1.° y 2.° estableció que:

«ARTICULO 1o. El régimen salarial y prestacional establecido en el presente
decreto será de obligatorio cumplimiento para quienes se vinculen al servicio
con posterioridad a la vigencia del mismo y no se tendrá en cuenta para la
determinación de la remuneración de otros funcionarios de cualquiera de las ramas
del poder público, organismos o instituciones del sector público, en especial el
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

ARTICULO 2o. Los servidores públicos vinculados a la Fiscalía General de la
Nación podrán optar por una sola vez antes del 28 de febrero de 1993 por el régimen
salarial y prestacional establecido en el presente decreto. Los servidores públicos
que no opten por el régimen aquí establecido continuarán rigiéndose por lo
dispuesto en las normas legales vigentes a la fecha.»

56. A su turno, en el artículo 11 ejusdem se plasmó lo siguiente:

«ARTICULO 11. Los servidores públicos vinculados a la Fiscalía General de la
Nación que tomen la opción establecida en este decreto o se vinculen por primera
vez, no tendrán derecho a las primas de antigüedad, ascensional, capacitación y las
primas y sobresueldos establecidos en los Decretos 1077 y 1730 de 1992 y
cualquier otra sobrerremuneración. Las primas de servicios, vacaciones, navidad y
las demás prestaciones sociales diferentes a las primas aquí mencionadas y a las
cesantías se regirán por las disposiciones legales vigentes.

Las cesantías se regirán por las normas establecidas en el Decreto Extraordinario
3118 de 1968 y las normas que lo modifiquen, adicionen o reglamenten, con
excepción del pago, el cual se regirá por lo dispuesto en el artículo 7o. de la Ley 33
de 1985.

A los servidores públicos que tomen esta opción se les liquidarán las cesantías
causadas con base en la nueva remuneración y en adelante no podrán recibir el
pago de cesantías retroactivas si al momento de ejercer la opción a que se refiere
el presente artículo tuvieren derecho a ellas.»

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57. Corolario, los Decretos 51 y 53 de 1993 dan cuenta de los dos regímenes
salariales y prestacionales que, con ocasión a la creación de la Fiscalía General de
la Nación y del proceso de incorporación que se surtió con los servidores de la Rama
Judicial, subsisten en el citado ente de control.

58. En sentencia del 20 de enero de 202212 esta corporación, al resolver un caso
similar al presente, concluyó:

«[…] Con el propósito de dilucidar el problema jurídico planteado, lo primero que ha
de advertirse es que, como quedó visto en el acápite de marco jurídico, a los
servidores que pertenecían a la Rama Judicial y se incorporaron a la Fiscalía
General de la Nación, cuando fue creada, se les dio la oportunidad de optar por el
antiguo régimen salarial que los regía o el nuevo previsto para el ente investigador,
en los términos de los artículos 54 y 64 del Decreto 2699 de 1991, en su orden, de
manera que si no comunicaban su elección, se sometían al último régimen salarial
y prestacional.

Conforme a lo probado en el plenario, se tiene que la accionante al ser incorporada
a la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación escogió el régimen
anterior que disfrutaba y, en virtud de ello, devengó la denominada prima de
antigüedad en porcentaje del 90%, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 51
de 1993.

[…]

Al respecto, precisa la Sala que no es dable que un empleado pueda,
simultáneamente, beneficiarse de dos regímenes prestacionales diferentes, porque
esto desconoce el principio de inescindibilidad normativa. Además, el nuevo régimen
y el anterior no son compatibles, tienen características propias, que los hacen
autónomos e independientes.

[…]

Por otra parte, en lo concerniente a la prima de antigüedad, aclara la Sala que los
nombramientos que ha tenido la accionante como fiscal han sido en encargo y en
provisionalidad, por ende, aunque conserva el régimen de la Rama Judicial en
cuanto a su empleo de carrera, durante los lapsos que se encuentre nombrada bajo
tales situaciones administrativas se somete al régimen prestacional de la Fiscalía
General de la Nación, sin que por ello pierda dicha prestación, la cual recuperará en
el evento en que vuelva a ocupar su cargo de carrera, de acuerdo con el inciso
segundo del artículo 17 del Decreto 51 de 1993 […]»

59. Con sustento en todo lo reseñado hasta aquí, la Subsección resolverá los
cuestionamientos arriba planteados.

60. Primer interrogante: ¿al posesionarse como fiscal delegado ante los jueces
penales municipales y promiscuos, el demandante se introdujo en el régimen
salarial y prestacional propio de la Fiscalía General de la Nación y, en consecuencia,
perdió el derecho a seguir percibiendo las primas de antigüedad, ascensional y de
capacitación concebidas en el sistema remunerativo de la Rama Judicial del que
venía gozando?

12Sección Segunda, Subsección “B”, expediente nro. 50001-23-33-000-2013-00397-01 (0482-2017), C.P.
Carmelo Perdomo Cuéter.

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Demandante: Diego Alonso Zapata Zapata

61. Dentro del expediente fueron debidamente probados los siguientes supuestos
fácticos:

62. El señor Diego Alonso Zapata Zapata prestó sus servicios al Estado en los
cargos y periodos que se describen a continuación13:

• Citador grado 4 del juzgado primero penal superior de Medellín, entre el 1.°
de julio de 1980 y el 31 de octubre de 1986.

• Escribiente grado 6 del juzgado primero de instrucción criminal de aduanas
de esa misma ciudad, entre el 1.° de noviembre de 1986 y el 31 de marzo de
1992.

• Escribiente grado 6 del juzgado 118 de instrucción criminal de Medellín, entre
el 1.° de abril y el 30 de junio de 1992.

• Asistente judicial I en la Fiscalía General de la Nación, desde el 1.° de julio
de 1992. Este vínculo fue producto del proceso de incorporación al que aquí
se ha hecho referencia.

• Desde entonces permaneció vinculado a esta última institución hasta el 31
de agosto de 2018. Durante este periodo el accionante:

i) Se le nombró en encargo y además fue encargado de las funciones
de los empleos de fiscal delegado ante los jueces municipales y
promiscuos y fiscal delegado ante los jueces del circuito —entre el 1.°
de abril de 2004 y el 1.° de febrero de 2008—;

ii) Ejerció en provisionalidad el cargo de fiscal delegado ante los jueces
municipales y promiscuos entre el 10 de marzo de 2008 y 2.° de agosto
de 2009.

Iii) Fue nuevamente encargado del cargo de fiscal delegado ante los
jueces del circuito entre el 3 de agosto de 2009 y el 11 de abril de
2011;

iv) Fungió como fiscal delegado ante los jueces del circuito entre el 30
de agosto de 2011 y el 5.° de julio de 2016 y;

v) Fue nombrado como asistente de fiscal entre el 6 y el 14 de julio de
2016 y luego como fiscal delegado ante los jueces del circuito a partir
del día 15 de ese calendario.

63. Por Resolución nro. 703 del 8 de abril de 200814, la FGN reconoció al
demandante las cesantías parciales bajo el régimen retroactivo correspondientes al
13 Esta información fue tomada del certificado laboral que reposa a folios 74 a 77 de expediente.
14 Folios 72 y 73 del expediente físico.

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periodo comprendido entre el 1.° de julio de 1980 y el 9 de marzo de 2008, fecha
anterior a su posesión como fiscal delegado ante los jueces penales municipales y
promiscuos.

64. El 7 de marzo de 201815, el actor solicitó el reconocimiento y pago de los
factores denominados prima de antigüedad, ascensional y de capacitación, con
efectos fiscales a partir del mes de marzo de 2008, así como el reajuste de sus
prestaciones sociales. Esta petición fue negada a través de la decisión que ahora
se demanda16, en los siguientes términos:

«En referencia a sus peticiones, es importante desglosar las siguientes normas y
hechos relevantes:

El Decreto 51 de 1993, el cual cobija a los llamados “Régimen de Rama” y es aplicable
a los servidores que ingresaron a la extinta Instrucción Criminal antes del año 1984,
contempla que los emolumentos denominados Prima Ascensional y de Capacitación,
solicitadas por usted; eran percibidos por los Jueces Municipales y Jueces Promiscuos
Municipales, de igual forma, los Jueces Territoriales y del Distrito Penal Aduanero
también percibían la Prima de Capacitación. (Ar. 18 y 19 ídem).

En ese orden, y revisada su historia laboral, se observa que usted nunca desempeñó
los cargos antes mencionados; en consecuencia, al ser vinculado a la Fiscalía General
de la Nación, ésta institución no tendría la obligación jurídica de hacerlo acreedor de
tales emolumentos.

En lo que respecta a la Prima de Antigüedad, que solicita le sea reconocida a
partir de marzo de 2008; me permito informarle que, en virtud de su
nombramiento como Fiscal Delegado ante Jueces Municipales y Promiscuos en
el mes de marzo de 2008 y habiendo aceptado acogerse al Sistema Salarial y
prestacional de la Fiscalía General de la Nación, tal como consta en la Resolución
No 000703 de marzo del mismo año y notificada sin recursos por parte suya el 10 de
abril siguiente; usted asintió tal determinación y en consecuencia someterse al
Régimen Salarial de ésta institución donde no se contempla el pago de la mencionada
prima.

En ese orden, le informo que esta Dependencia no accede a sus peticiones, de
conformidad con los hechos y normas antes mencionados». (El énfasis es nuestro)

65. Pues bien, revisadas las consideraciones del acto administrativo acusado,
observa la Sala que uno de los argumentos de la entidad demandada para negar el
reconocimiento y pago de la prima de antigüedad fue la aceptación al nuevo régimen
salarial, circunstancia que, a su juicio, se encontraba consignada en la Resolución
nro. 0703 de 2008. No obstante, esta Subsección no comparte esa conclusión, pues
la solicitud de cesantías parciales elevada por el demandante no contuvo su
voluntad de modificar su régimen salarial y prestacional, máxime cuando al
momento de su incorporación a la FGN expresó su deseo de no acogerse a la escala
salarial y prestacional concebida para esta entidad.

66. Pese a ello, a juicio de la Sala, con la posesión en el cargo de fiscal delegado
ante los jueces penales municipales y promiscuos del día 10 de marzo de 2008, el

15 Reverso folio 78 y folio 79 y reverso.
16 Folio 80 y reverso.

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actor se convirtió en beneficiario del régimen salarial y prestacional concebido en el
Decreto 53 de 1993 para los servidores de la Fiscalía General de la Nación.

67. Lo anterior, en razón a que en esa norma y en las disposiciones anuales que la
fueron reemplazando17 se estableció que «[e]l régimen salarial y prestacional
establecido en el presente decreto será de obligatorio cumplimiento para quienes
se vinculen al servicio de la Fiscalía General de la Nación con posterioridad a la
vigencia del Decreto 53 de 1993 […]»

68. En consecuencia, y aunque desde el 30 de junio de 1992 el demandante venía
laborando al servicio de la Fiscalía General de la Nación, tal relación laboral se
originó a partir del proceso de incorporación ordenado en el artículo transitorio 27
de la Constitución Política y concretado con el Decreto Ley 2699 de 1991.

69. Por ende, y aunque al momento de su incorporación el actor expresó su
intención de conservar el régimen salarial y prestacional que traía de la Rama
Judicial —emanado de su vinculación a los juzgados de instrucción criminal—, la
permanencia en ese sistema de remuneración estaba condicionada al ejercicio del
cargo en el que se produjo tal proceso y/o en alguno de los empleos enlistados en
el artículo transitorio 2.° del Decreto arriba citado18.

70. Así las cosas, es evidente que el cargo de fiscal delegado ante los jueces
municipales y promiscuos integra la estructura orgánica de la Fiscalía General de la
Nación y, por tanto, no hace parte de los empleos que fueron incorporados a esta
en virtud de lo establecido en la Constitución Política y el Decreto 2699 de 1991.

71. En efecto, con la Ley 938 de 200419 se concibió la aludida nomenclatura al
interior del ente de control, la cual fue ratificada por el Decreto Ley 122 de 2008,
norma vigente en la fecha en el que el actor fue designado en aquel empleo.

72. Siguiendo este derrotero, se advierte que el cambio de cargo no solo implicó un
ascenso para el demandante, sino también la adscripción temporal al régimen
salarial y prestacional establecido para el nuevo personal de la Fiscalía, variación
que está plenamente justificada por el hecho de que la nueva ocupación hace parte
de la estructura propia de la FGN y no proviene de los empleos que a partir del 1.°
de julio de 1992 fueron incorporados a ella.

73. Y se afirma que la vinculación a dicho sistema remunerativo fue temporal, en la
medida que solo aplicaba para el empleo o empleos propios de la FGN que el
demandante ejerció y/o pudo haber desempeñado en la institución accionada; de

17 Decretos 108 de 1994, 49 de 1995, 108 de 1996, 52 de 1997, 50 de 1998, 38 de 1999, 2743 de 2000, 1480

y 2729 de 2001, 685 de 2002, 3549 de 2003, 4180 de 2004, 943 de 2005, 396 de 2006, 625 de 2007 y 665 de
2008.
18 Se destaca que en este último dispositivo el presidente de la República fijó las directrices para identificar los

cargos equivalentes en los que se produciría la respectiva incorporación. Así, se indicó que quienes fungieran
como jueces de instrucción o fiscales serían incorporados a la «serie Fiscales», mientras que las personas que
se desempeñaran como escribientes serían equiparadas a la «serie Asistente Judicial.», entre otros empleos
más que allí se encuentran enlistados.
19 Artículos 78 y transitorio 1.

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modo que, al retornar al cargo en el que fue previamente incorporado, nuevamente
podría disfrutar de los beneficios salariales y prestacionales concebidos en favor del
personal de la Rama Judicial que no se acogió al nuevo sistema creado a partir de
la Ley 4.ª de 1992.

74. En este contexto, se reitera lo indicado por la jurisprudencia de esta
corporación20, cuando al resolver un problema jurídico similar concluyó que:

«[…] Por otra parte, en lo concerniente a la prima de antigüedad, aclara la Sala que
los nombramientos que ha tenido la accionante como fiscal han sido en encargo y
en provisionalidad, por ende, aunque conserva el régimen de la Rama Judicial en
cuanto a su empleo de carrera, durante los lapsos que se encuentre nombrada bajo
tales situaciones administrativas se somete al régimen prestacional de la Fiscalía
General de la Nación, sin que por ello pierda dicha prestación, la cual recuperará en
el evento en que vuelva a ocupar su cargo de carrera, de acuerdo con el inciso
segundo del artículo 17 del Decreto 51 de 1993.»

75. Con fundamento en lo expresado, la Subsección comparte los argumentos
invocados en el acto administrativo demandado y en la sentencia apelada, pues
negaron el derecho reclamado con sustento en el cambio de cargo que arriba fue
reseñado.

76. Ahora bien, si en gracia de discusión se soslayará la anterior exigencia, aun así
se mantendría la negativa del derecho a la prima de antigüedad, pues la norma que
la creó —Decreto 903 de 1969— fue clara al establecer que sus beneficiarios debían
ejercer en carrera el respectivo empleo, pues su cuantía se determinó «[…] por valor
de un dos por ciento de la asignación mensual básica por cada año continuo de
servicios, en propiedad, que completen en sus respectivos cargos, a partir del
día 1º de enero de 1970.» (El énfasis es de la Sala)

77. Corolario, como el accionante fungió como fiscal delegado en provisionalidad,
tal circunstancia es suficiente y determinante para denegar tal pedimento.

78. Por otro lado, la Sala de Subsección destaca que las primas ascensional y de
capacitación —creadas en ese mismo dispositivo—tienen como destinatarios a los
magistrados, jueces y fiscales que ejercían como tales con anterioridad a la
Constitución Política de 1991 y que no se acogieron a los nuevos sistemas salariales
y prestacionales concebidos a partir de esta.

79. Por ello, y en razón a que durante su vinculación con la Rama Judicial el
demandante nunca desempeñó esos empleos, es procedente concluir que la
entidad accionada no está obligada a reconocer tales primas, pues estas nunca
hicieron parte de los beneficios prestacionales recibidos por el actor.

80. Tan cierta es la anterior afirmación, que en los certificados salariales aportados
con la demanda no se observan pagos por esos conceptos. En consecuencia, si el

20Sección Segunda, Subsección “B”, expediente nro. 50001-23-33-000-2013-00397-01 (0482-2017), C.P.
Carmelo Perdomo Cuéter.

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accionante nunca recibió los mentados emolumentos en el cargo en el que fue
incorporado, mucho menos puede pretender su reconocimiento durante su ejercicio
como fiscal delegado, empleo que, al integrar la estructura propia de la FGN, le es
aplicable exclusivamente el régimen salarial y prestacional de esa institución, en el
que no se contemplaron esos estipendios.

81. En cuanto al reparo del actor, relacionado con la naturaleza no vinculante de los
conceptos emitidos por la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta corporación, es
importante destacar que ellos se erigen como doctrina autorizada de un órgano
consultivo del Estado y, por ende, su uso como criterio auxiliar de interpretación
legal resulta legítima21.

82. Por último, no comparte la Sala el reproche según el cual no debieron aplicarse
las decisiones judiciales del 17 de marzo de 201122 y del 8 de octubre de 202023,
pues ambas son pertinentes para la resolución del caso concreto.

83. Lo anterior, en razón a que en la primera se estableció que no es jurídicamente
viable la coexistencia simultánea de regímenes de cesantías, toda vez que ello
comportaría una vulneración al principio de inescindibilidad del régimen prestacional
y; la segunda se invocó con la finalidad de evidenciar que, la no solución de
continuidad en la prestación del servicio no impide que se presente una variación
en el régimen jurídico aplicable, particularmente cuando media un nuevo
nombramiento.

84. En este orden de ideas, la Sala estima que las razones expuestas son
suficientes para confirmar la sentencia objeto de censura.

85. Condena en costas. La modificación del artículo 188 del C.P.A.C.A., efectuada
por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por
parte de esta corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar
de lo anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

86. La pretensión del legislador fue instar la condena en costas cuando la demanda
carezca manifiestamente de fundamento legal, únicamente en asuntos de interés
público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede
dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás
asuntos en los que no se ventila un interés público, lo dispuesto en el artículo 188
del C.P.A.C.A. se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia deberá imponer
costas sobre la parte vencida en el proceso, y su liquidación y ejecución se regirá
por las normas del C.G.P.24

21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia de 3

de agosto de 2023, Rad. No. 05001233300020170176701(3458-22). C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas
22 Expediente nro. 50001-23-31-000-2007-00081-01 (1312-10), C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
23 Expediente nro. 25000-23-25-000-2011-00774-01 (2106-16), C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
24 La redacción original de la norma se refiere al Código de Procedimiento Civil, sin embargo, en la actualidad

corresponde al Código General del Proceso.

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Demandante: Diego Alonso Zapata Zapata

87. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del C.G.P. teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del C.P.A.C.A.

88. En consecuencia, se condenará en costas en esta instancia a la parte actora,
por cuanto en la presente decisión no se acogieron los argumentos planteados en
el recurso de apelación por ella presentado. Para el efecto, de conformidad con el
artículo 366 del C.G.P., las agencias en derecho serán fijadas por el
magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la
secretaría del Tribunal Administrativo de Antioquia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de fecha 27 de mayo de 2024, por medio de
la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de la demanda
que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
promovió el señor Diego Alonso Zapata Zapata en contra de la Fiscalía General de
la Nación, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte demandante. Para
el efecto, de conformidad con el artículo 366 del C.G.P., las agencias en derecho
serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Antioquia.

TERCERO. EFECTUAR las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
decisión devolver el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

CONSTANCIA. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los consejeros de Estado en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.

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