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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00366-00

Fecha
27 de febrero de 2026
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00366-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional, de conformidad con las razones ut supra. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito. 23 Corte Constitucional, sentencia T-310 de 2009. 24 Corte Constitucional, sentencia T-384 de 2018. 13 Radicación: 11001-03-15-000-2026-00366-00 Accionante: Carlos Felipe Castrillón Muñoz Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente de su ejecutoria, conforme con lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, siempre que no sea objeto de impugnación.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-00366-00

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

27 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00366-00
Accionante: Carlos Felipe Castrillón Muñoz
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

Tema: Acción de tutela en contra de providencia judicial. Subtema 1: Requisitos generales
de procedibilidad de la acción de tutela – relevancia constitucional. Sentido del fallo de
tutela: Se declara improcedente.

La Sala decide la acción de tutela1 presentada por Carlos Felipe Castrillón Muñoz,
a nombre propio, en contra del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A.

I. ANTECEDENTES

1. La solicitud de tutela

El 21 de enero de 20262 la parte actora interpuso esta acción constitucional en
procura de la protección de sus derechos al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, que considera vulnerados por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A, debido a que, mediante sentencia del 23 de
octubre de 2025, confirmó la decisión de primera instancia emitida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, del 28 de mayo
del mismo año, que había negado las pretensiones de la demanda en el marco del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, radicado
25000234200020170490400/02.

2. Hechos

2.1. El señor Carlos Felipe Castrillón Muñoz presentó demanda3 contra la Nación –
Ministerio de Justicia y del Derecho, la Superintendencia de Notariado y Registro -

1
Índice 2 de SAMAI, certificado 2531830AF5CEC9E4 3A3FA574900A943B 6E5135201619EE9E 16F9EC304DF24DD7.
2
Índice 2 de SAMAI, certificado 0B2B78B10BF7AE06 E3673C389778E442 650D9F29EFE27847 4FD6D8B50106742E.
3
Índice 9 de SAMAI, certificado AA13A2DF87EF06C2 85572F55491FEDBF EEBCA19728CE598D C50B268C2A19C6AE,
folios 59 al 82.

2

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00366-00
Accionante: Carlos Felipe Castrillón Muñoz
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

Consejo Superior de la Carrera Notarial y Natalia Perry Turbay4, con el fin de que
se declarara la nulidad de los siguientes actos administrativos: i) Decreto 1964 del
5 de octubre de 2015, que retiró al demandante del cargo de notario 70 del Círculo
Notarial de Bogotá; ii) Decreto 840 del 20 de mayo de 2016 —artículo 1.°—, que
nombró en propiedad en ese empleo a la señora Natalia Perry Turbay; y iii) autos
219 y 243 de 2017.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó, entre otras cosas, i) reintegrarlo al
cargo de notario 70 del Círculo Notarial de Bogotá o a uno equivalente; ii) pagar
todos los emolumentos dejados de percibir, de manera indexada, desde su retiro
del servicio hasta la fecha de su reincorporación, más los intereses corrientes a que
haya lugar; y iii) ordenar que no hubo solución de continuidad.

2.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C,
por medio de sentencia del 28 de mayo de 2025,5 negó las pretensiones de la
demanda.

2.3. Inconforme con la decisión, el demandante interpuso recurso de apelación.

2.4. Mediante providencia del 23 de octubre de 20256, el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A, profirió sentencia de segunda instancia en la que
confirmó la decisión apelada.

3. Fundamentos de la acción de tutela

La parte accionante sostuvo que:

3.1. La autoridad judicial accionada incurrió en defecto sustantivo, porque no aplicó
al caso concreto la Ley 1821 de 2016, según la cual quienes, a partir de su vigencia,
accedan o se encuentren ejerciendo funciones públicas podrían permanecer
voluntariamente en su cargo sin que se les impongan requisitos o condiciones
adicionales. No obstante, indebidamente usó los artículos 137, 181 y 182 del
Decreto Ley 960 de 1970 y el Decreto 3047 de 1989, que disponen como edad de

4
Vinculada como litisconsorte necesaria mediante auto del 22 de junio de 2018.
5
Índice 9 de SAMAI, certificado AA13A2DF87EF06C2 85572F55491FEDBF EEBCA19728CE598D C50B268C2A19C6AE,
folios 828 al 842.
6
Índice 15 de SAMAI del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, certificado 7266B78C77A507D4
85777E3751FD9427 8CFCC85D45B47D8C 43C5241762C7A298, radicado 25000234200020170490402.

3

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00366-00
Accionante: Carlos Felipe Castrillón Muñoz
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

retiro forzoso para los notarios 65 años, sin tener en cuenta que el Decreto 1964 de
2015 condicionó su retiro del cargo de notario a que su reemplazo se posesionara,
lo cual se produjo el 8 de marzo de 2017, esto es, 10 meses después de efectuado
el nombramiento.

3.2. Entre la fecha de expedición del Decreto 1964 del 5 de octubre de 2015 y la
posesión de su reemplazo, se promulgó la Ley 1821 de 2016, que dispone que
quienes ejerzan el cargo al momento de su vigencia adquieren el derecho a solicitar,
si lo desean, continuar en el servicio hasta los 70 años de edad, obligación que
cumplió el accionante.

3.3. El Decreto 1964 de 5 de octubre de 2015 perdió su fuerza ejecutoria,
comoquiera que desaparecieron sus fundamentos de hecho y de derecho; por ende,
su situación laboral entró a regirse por la Ley 1821 de 2016.

4. Pretensiones de la acción

La parte accionante textualmente solicitó lo siguiente:

“PRIMERO: Tutelar, de manera inmediata mis derechos constitucionales fundamentales
ya enunciados y los que el juez constitucional encuentre vulnerados por el CONSEJO
DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN A, Consejero ponente: LUIS EDUARDO MESA NIEVES,
por haber proferido la sentencia de 23 de octubre de 2025, notificada el 26 de noviembre
de 2025, que decidió “CONFIRMAR la sentencia de fecha 28 de mayo de 2025, proferida
por la Subsección “C” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.”.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, proteger mis derechos fundamentales
dejando sin efectos la sentencia atacada por vulneración del debido proceso al violar
directamente el estatuto notarial y la Ley 1821 de 2016. Incurriendo también en fraude a
la ley.”7 (Resaltado y subrayado originales del texto).

5. Trámite de la acción de tutela en primera instancia y fundamento de la
oposición

5.1. Mediante auto del 23 de enero de 20268 el despacho ponente admitió la acción
de tutela, vinculó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C, a la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho, a la

7
Índice 2 de SAMAI, certificado 2531830AF5CEC9E4 3A3FA574900A943B 6E5135201619EE9E 16F9EC304DF24DD7, folio
24.
8
Índice 4 de SAMAI, certificado 76D3110009DA3C0A 2C1A13B80719D3FB 063C3B8BE1AA75E3 115E8B2B62F8EFBD.

4

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00366-00
Accionante: Carlos Felipe Castrillón Muñoz
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

Superintendencia de Notariado y Registro - Consejo Superior de la Carrera Notarial
y a Natalia Perry Turbay. También dispuso la notificación a las partes y a los
vinculados.

5.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C9
afirmó que el accionante pretende que se surta una tercera instancia.
Adicionalmente, sostuvo que en la providencia proferida el 28 de mayo de 2025 se
encuentran debidamente expuestos los argumentos que sustentaron la decisión de
negar las pretensiones de la demanda, los cuales se fundamentaron en la
jurisprudencia vigente para el tema.

5.3. La Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho10 señaló que la parte actora
utiliza la acción de tutela con el fin de que se profiera una nueva decisión, que
implica un nuevo período probatorio o que los respectivos jueces consideren una
nueva interpretación de la ley que fijaron en su sentencia. En consecuencia, no se
cumple el requisito de relevancia constitucional.

5.4. Natalia Perry Turbay11 afirmó que la decisión de la autoridad accionada fue
producto de una valoración razonada, ajustada a la legalidad y respetuosa de la
autonomía judicial, sin que se evidencie vulneración alguna de la Constitución ni de
los derechos fundamentales alegados. Reitera que la situación particular del actor
se consolidó antes de la entrada en vigencia de la Ley 1821 de 2016 y, por lo tanto,
se rige por el artículo 2.2.6.1.5.3.13 del Decreto 1069 de 2015, razón por la cual la
providencia reprochada no incurrió en defecto sustantivo alguno.

5.5. La Superintendencia de Notariado y Registro - Consejo Superior de la Carrera
Notarial12 aseveró que el nombramiento en propiedad efectuado a la señora Natalia
Perry Turbay como notaria 70 del Círculo Notarial de Bogotá D. C., mediante el
Decreto 840 de 20 de mayo de 2016, goza de legalidad, porque i) superó todas las
etapas de un concurso público de méritos relativo a la carrera notarial; y ii) aceptó
esa designación y aportó la totalidad de los documentos requeridos para su
nombramiento. Así, comoquiera que la señora Perry Turbay ostenta derechos de

9
Índices 9 y 11 de SAMAI, certificado 633DF5314FA8AEE3 96543FB1F8F6EC55 0DAE9C20C5BA57C3
F6E00B5AB2BE330E.
10
Índice 10 de SAMAI, certificado D7F65CEB6C344E6B A43E02B83C1E142F EDC5BFD194245A4A 69AFBD951B8F4CF0.
11
Índices 12, 14, 15, 17, 18 y 21 de SAMAI, certificado C42BABA513D3DBBC 5A6104E5430DB52F 2CC495A4152591C3
1F63F7A6A311C59E.
12
Índices 13 y 19 de SAMAI, certificado 1E2BA315D71B002F 8A5336994E9459BF A854770DC1704BF0
1B0ED61635AFECB4.

5

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00366-00
Accionante: Carlos Felipe Castrillón Muñoz
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

carrera notarial, ello le otorga el derecho a ejercer el derecho de preferencia
consagrado en el numeral tercero del artículo 178 del Decreto Ley 960 de 1970 para
ocupar, a solicitud propia y dentro de la misma circunscripción político-
administrativa, otra notaría de la misma categoría que se encuentre vacante.

Señaló que el 11 de septiembre de 2015 el señor Carlos Felipe Castrillón cumplió
la edad prevista en el artículo 2.2.6.1.5.3.13 del Decreto 1069 de 2015 para el retiro
forzoso de los notarios, es decir, 65 años. Así las cosas, mediante el Decreto 1964
de 5 de octubre de 2015, el Gobierno Nacional, en cumplimiento de dicha norma y
del inciso segundo del artículo 182 del Decreto Ley 960 de 1970, lo retiró del cargo.
Sin embargo, por disposición del artículo 150 del Decreto Ley 960 de 1970, el señor
Carlos Felipe Castrillón debía seguir desempeñando sus funciones hasta tanto se
nombrara a quien debiera reemplazarlo.

Precisó que, debido a que el demandante cumplió 65 años antes del 30 de diciembre
de 2016, específicamente el 11 de septiembre de 2015, y fue retirado del servicio
mediante el Decreto 1964 de 5 de octubre de 2015, no es viable aplicar al caso
objeto de debate las disposiciones contenidas en la Ley 1821 de 2016. Por lo tanto,
solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela.

5.6. El magistrado ponente de la decisión reprochada del Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A13, manifestó que aquella fue clara al exponer las
razones de hecho y de derecho que la llevaron a concluir el porqué, a pesar de que
a la entrada en vigor de la Ley 1821 de 2016 el actor aún seguía prestando el
servicio como notario, sus disposiciones no le eran aplicables ni mucho menos
provocaron el decaimiento del acto administrativo que, con anterioridad, había
ordenado retirarlo del servicio.

Finalmente, afirmó que la acción de tutela no cumple el requisito de relevancia
constitucional.

13
Índice 16 de SAMAI, certificado 05FAACBEDE86B5FC FE16EB9374777447 46F51E03C81B4B9A 940833B81CAB381B.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00366-00
Accionante: Carlos Felipe Castrillón Muñoz
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela incoada por Carlos
Felipe Castrillón Muñoz en contra del Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la
Constitución, 37 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena del Consejo de Estado.

2. Problema jurídico

En primer lugar, se verificará si la solicitud de amparo constitucional cumple con los
requisitos generales de procedibilidad. En caso afirmativo, se determinará si se
vulneraron los derechos fundamentales alegados por la parte actora.

3. La acción de tutela en contra de providencias judiciales

La Corte Constitucional en sentencia C-590 del 2005 reconoció que la acción de
tutela en contra de providencias judiciales está sujeta al cumplimiento de rigurosos
requisitos de procedibilidad14 y de procedencia15 con el fin de determinar si se
vulneraron o no los derechos de orden superior.

4. El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional en el caso
concreto

4.1. Sobre este requisito, la Corte Constitucional ha señalado que el juez de tutela
“no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada
importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones”.16

14
De acuerdo con la sentencia C-590 del 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los
siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia
constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir al juez de tutela;
que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad
procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que
se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido
cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
15
Los requisitos específicos, también conocidos como defectos, son: defecto orgánico; defecto procedimental; defecto fáctico;
defecto material o sustantivo; defecto por error inducido; defecto por falta de motivación; defecto por desconocimiento del
precedente; y defecto por violación directa de la Constitución.
16
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 08 de junio de 2005.

7

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00366-00
Accionante: Carlos Felipe Castrillón Muñoz
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

En ese sentido, para determinar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia
constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado ha considerado necesario
examinar dos elementos, a saber17: (i) que el actor cumpla su carga argumentativa,
justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la transgresión de aquellos y (ii) que
la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional al proceso ordinario
en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo
especial constitucional está constituido para proteger derechos fundamentales y no
para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.

Por su parte, la Corte Constitucional en la SU-215 de 202218, frente al requisito de
relevancia constitucional, señaló que es menester verificar:

“(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no
se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales”.

4.2. Para la Sala se torna evidente que los cargos referidos no satisfacen el requisito
de relevancia constitucional, por cuanto se advierte que constituyen un medio
dirigido a revivir el análisis jurídico efectuado por el juez natural, como si este
mecanismo fuera una instancia adicional al proceso ordinario, según se explicará.

4.3. En el caso concreto, el señor Castrillón Muñoz cuestiona, en esencia, que el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, incurrió en defecto sustantivo
porque no aplicó al caso concreto la Ley 1821 de 2016, según la cual quienes, a
partir de su vigencia, accedan o se encuentren ejerciendo funciones públicas
podrían permanecer voluntariamente en su cargo sin que se les impongan requisitos
o condiciones adicionales. No obstante, indebidamente usó los artículos 137, 181 y
182 del Decreto Ley 960 de 1970 y el Decreto 3047 de 1989, que disponen como
edad de retiro forzoso para los notarios 65 años, sin tener en cuenta que el Decreto
1964 de 2015 condicionó su retiro del cargo de notario a que su reemplazo se
posesionara, lo cual se produjo el 8 de marzo de 2017, esto es, 10 meses después
de efectuado el nombramiento.

17
Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014, rad. 11001031500020120220101.
18
Sentencia SU-215 del 16 de junio de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.

8

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00366-00
Accionante: Carlos Felipe Castrillón Muñoz
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

En su concepto, entre la fecha de expedición del Decreto 1964 del 5 de octubre de
2015 y la posesión de su reemplazo, se promulgó la Ley 1821 de 2016, que dispone
que quienes ejerzan el cargo al momento de su vigencia adquieren el derecho a
solicitar, si lo desean, continuar en el servicio hasta los 70 años de edad, obligación
que cumplió el accionante.

4.4. Pues bien, al verificar los argumentos contenidos en la sentencia de segunda
instancia del 23 de octubre de 2025 emitida por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, se observa el siguiente análisis textual:

“[…] 55. Problemas jurídicos. De conformidad con los argumentos planteados por el
recurrente, se debe establecer sí:

56. ¿Qué norma gobierna la edad de retiro forzoso del demandante, el artículo
2.2.6.1.5.3.13 del Decreto Único Reglamentario 1069 de 2015 -citado como fundamento
en el acto de desvinculación- o el artículo 1.° de la Ley 1821 de 2016 -que entró a regir
cuando el actor aún fungía como notario 70 del Círculo de Bogotá D.C.-?

57. El acto administrativo demandado -Decreto 1964 de 5 de octubre de 2016, que
ordenó la desvinculación del accionante- ¿Perdió su fuerza ejecutoria con la entrada en
vigencia de la Ley 1821 de 2016?

[…] 69. Por tal motivo, a través del Decreto 1964 de 5 de octubre de 2015, el Ministerio
de Justicia y del Derecho dispuso el retiro del servicio del demandante, alegando el
cumplimiento de la edad de retiro forzoso vigente para entonces -65 años-, prevista en
el artículo 2.2.6.1.5.3.13 del Decreto Único Reglamentario 1069 de 2015. […]

70. La anterior situación se materializó el 20 de mayo de 2017, cuando el ministro de
Justicia y del Derecho expidió el Decreto 840, en el que, en ejercicio del derecho de
preferencia, nombró a la señora Natalia Perry Turbay, quien se había desempeñado
como notaria 74 del Círculo Notarial de Bogotá D. C.. Cabe resaltar que el 8 de octubre
y el 23 de noviembre de 2015, la señora Natalia Perry solicitó su derecho de preferencia
para ejercer como notaria 70 de ese círculo.

71. En ese contexto, aunque el demandante afirma que para la fecha de entrada en
vigencia de la Ley 1821 de 2016 aún fungía como notario y por lo tanto le resulta
aplicable la nueva norma, considera la sala que no le asiste razón, ya que, para el 30 de
diciembre de 2016, su situación jurídica se había consolidado a la luz del régimen jurídico
anterior.

72. Y es que el invocar una «situación jurídica consolidada» implica, en este asunto, la
concreción de las condiciones que conllevaron a ordenar la desvinculación del servicio,
esto el, el cumplimiento de los 65 años de edad previstos en el artículo 1.° del Decreto
3047 de 1989.

73. Concluir, como lo pretende el apelante, que la situación jurídica se consolide con la
separación material del cargo, es atribuir a la norma un alcance que no tiene. En efecto,
el artículo en referencia contiene un mandato imperativo según el cual, al cumplimiento
de los 65 años de edad, el notario debe ser retirado del servicio, sea por solicitud propia
y/o por petición del ministerio público, de la Superintendencia de Notariado y Registro o
de oficio por quien funge como su nominador.

9

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00366-00
Accionante: Carlos Felipe Castrillón Muñoz
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

74. Es decir, al llegar a ese límite inmediatamente se activa la causal de retiro forzoso,
independientemente de que la norma en comento establezca que la orden de
desvinculación deba ser ejecutada dentro del mes siguiente a la ocurrencia de ese
hecho.

75. Por tanto, la regla consignada en el acto demandado, según la cual el señor Carlos
Felipe Castrillón Muñoz no podía separarse del desempeño de sus funciones mientras
no se haya hecho cargo de ellas quien deba reemplazarlo, no es más que el
cumplimiento de lo ordenado en el artículo 150 del Decreto Ley 960 de 1970 que, ante
todo, persigue la continuidad y permanencia de la función notarial, más no la perpetuidad
en el empleo de a quien ya se le ordenó el retiro del mismo.

[…] 80. Así pues, se reitera, la regla contenida en el artículo 150 del Decreto Ley 960 de
1970 no es aplicable en los eventos en los que la desvinculación se produce con base
en la causal de cumplimiento de la edad de retiro forzoso. Considerar lo contrario implica,
cuando menos, concebir una excepción que la ley no contempla y, por demás, impedir
la renovación generacional en la función pública y el debido ejercicio del derecho que
todo ciudadano tiene de «[a]cceder al desempeño de funciones y cargos públicos […]».

81. Las anteriores consideraciones, antes que desconocer que la legalidad de esa
determinación -contenida en el parágrafo del Decreto 1964 de 5 de octubre de 2015- no
fue reprochada en la demanda, pretenden hacer notar que el hecho de que al
demandante se le haya permitido continuar en el ejercicio de su labor notarial hasta la
fecha en que su reemplazo tomó posesión del cargo, no lo hace destinatario de las reglas
contenidas en la Ley 1821 de 2016 y, por tanto, no es beneficiario del nuevo límite etario
allí dispuesto.

82. En este sentido, se destaca, tal como lo hizo el tribunal de primera instancia, que la
Sala de Consulta y Servicio Civil de esta corporación, a través del concepto de 8 de
febrero de 2017, concluyó que los notarios que llegaron a los 65 años de edad antes de
la entrada en vigor de la Ley 1821 de 2016 no podían seguir en sus cargos hasta el
cumplimiento de los 70 años de edad. […]

[…] 85. Segundo interrogante: El acto administrativo demandado -Decreto 1964 de 5 de
octubre de 2016, que ordenó la desvinculación del accionante- ¿Perdió su fuerza
ejecutoria con la entrada en vigencia de la Ley 1821 de 2016?

86. Frente a los efectos de la aplicación de la Ley 1821 de 2016 en el caso particular de
los notarios, la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta corporación, en el concepto del
8 de febrero de 201719.

88. Cabe resaltar que esta subsección se ha pronunciado sobre la aplicación de la Ley
1821 de 2016 y ha concluido, respecto del alcance del artículo 2.° de dicha norma, que
este no resulta aplicable para aquellas personas que habían cumplido la edad de retiro
forzoso (65 años de edad) antes del 30 de diciembre de 2016, y se encuentren en
ejercicio de funciones públicas a la entrada en vigencia de la citada norma. Al respecto,
se dijo20:

«Igualmente, la mencionada preceptiva no estableció una aplicación retroactiva
de la Ley 1821 de 2016, ni algún régimen de transición frente a las disposiciones

19
La sentencia censurada cita al “Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, C.P: Álvaro Namén Vargas, concepto
del 8 de febrero de 2017, identificado con el siguiente radicado: 11001-03-06-000-2017-00001-00”. Índice 15 de SAMAI del
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, certificado 7266B78C77A507D4 85777E3751FD9427
8CFCC85D45B47D8C 43C5241762C7A298, radicado 25000234200020170490402, folio 13.
20
La sentencia censurada cita al “Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A., M.P: Juan Camilo morales Trujillo,
sentencia del 5 de junio de 2025, identificada con el siguiente radicado: 25000-23-42-000-2018-00516-01 (4755-2022). Y
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A., M.P: Rafael Francisco Suárez Vargas, sentencia del 3 de agosto de
2023, identificada con el siguiente radicado: 05001-23-33-000-2017-01767-01 (3458-2022).” Índice 15 de SAMAI del Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección A, certificado 7266B78C77A507D4 85777E3751FD9427 8CFCC85D45B47D8C
43C5241762C7A298, radicado 25000234200020170490402, folio 14.

10

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00366-00
Accionante: Carlos Felipe Castrillón Muñoz
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

derogadas, pues simplemente consagró su aplicación inmediata al señalar que dicha
disposición regiría a partir de su publicación, no antes, es decir, desde el 30 de
diciembre de 2016 y comoquiera que el actor adquirió la edad pensional el 11 de
diciembre de dicha anualidad, su situación jurídica se rige por el artículo 1º del Decreto
3047 de 1989 «Por el cual se reglamenta el Decreto-ley 960 de 1970» que estatuye
la edad de retiro en 65 años.» (Negrilla de la Sala)

[…] 90. En consecuencia, se reitera que con la entrada en vigencia de la Ley 1821 de
2016, el acto administrativo que ordenó el retiro del servicio del actor no perdió su fuerza
ejecutoria, pues con su expedición concretó el mandato imperativo vertido en el Decreto
3047 de 1989, según el cual, al cumplimiento de la edad allí prevista, debía producirse
el retiro del servicio del actor, con independencia de que, la dejación definitiva del cargo
se produjera en fecha posterior, a la espera de quien fuera designado en su reemplazo
asumiera el cargo.

[…] 94. Dicho lo anterior, reitera la sala que la situación particular del demandante se
consolidó antes de la entrada en vigencia de la presente ley. Véase que el actor arribó
a la edad de 65 años el 11 de septiembre de 2015, por lo tanto, su situación jurídica se
rige por el artículo 2.2.6.1.5.3.13 del Decreto 1069 de 2015.

[…] 96. Finalmente, se pone de presente que, si bien el actor manifestó la voluntad de
acogerse a la Ley 1821 de 2016, tal tesis no es de recibo, pues de conformidad con el
concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil mencionado anteriormente, dicha
situación no se refiere a las personas que hubiesen cumplido la edad de retiro forzoso
antes de la entrada en vigencia de la norma en mención.”21 (Resaltado original del texto).

4.5. Luego de lo relatado, se advierte que, en sede de tutela, la parte accionante
pretende que nuevamente se valoren los argumentos ya planteados y resueltos por
la autoridad judicial accionada en la sentencia censurada.

En efecto, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, explícitamente
formuló dos problemas jurídicos consistentes, por un lado, en determinar qué norma
gobernaba la edad de retiro forzoso del demandante, esto es, el artículo
2.2.6.1.5.3.13 del Decreto Único Reglamentario 1069 de 2015 o el artículo 1.° de la
Ley 1821 de 2016; y, por el otro, si el Decreto 1964 de 5 de octubre de 2015, que
ordenó la desvinculación del accionante, perdió su fuerza ejecutoria con la entrada
en vigencia de la Ley 1821 de 2016.

Para resolver el primer interrogante, con fundamento en el Decreto Único
Reglamentario 1069 de 2015, en el concepto de la Sala de Consulta y del Servicio
Civil del 8 de febrero de 2017, radicado 11001-03-06-000-2017-00001-00, y en
sentencias de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado,22 que

21
Índice 15 de SAMAI del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, certificado 7266B78C77A507D4
85777E3751FD9427 8CFCC85D45B47D8C 43C5241762C7A298, radicado 25000234200020170490402.
22
La sentencia censurada cita al “Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A., M.P: Juan Camilo morales Trujillo,
sentencia del 5 de junio de 2025, identificada con el siguiente radicado: 25000-23-42-000-2018-00516-01 (4755-2022). Y
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A., M.P: Rafael Francisco Suárez Vargas, sentencia del 3 de agosto de
2023, identificada con el siguiente radicado: 05001-23-33-000-2017-01767-01 (3458-2022).” Índice 15 de SAMAI del Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección A, certificado 7266B78C77A507D4 85777E3751FD9427 8CFCC85D45B47D8C
43C5241762C7A298, radicado 25000234200020170490402, folio 14.

11

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00366-00
Accionante: Carlos Felipe Castrillón Muñoz
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

expresamente trajo a colación, precisó que la situación fáctica del entonces
demandante se regía por el artículo 2.2.6.1.5.3.13 del Decreto Reglamentario 1069
de 2015, porque contiene un mandato imperativo según el cual, al cumplimiento de
los 65 años de edad, el notario debe ser retirado del servicio, sea por solicitud propia
o por petición del Ministerio Público, de la Superintendencia de Notariado y Registro
o de oficio por quien funge como su nominador, con independencia de que la norma
en comento establezca que la orden de desvinculación deba ser ejecutada dentro
del mes siguiente a la ocurrencia de ese hecho.

Así, encontró acreditado que el señor Castrillón Muñoz cumplió los 65 años de edad
el 11 de septiembre de 2015, razón por la cual para el 30 de diciembre de 2016
(fecha de entrada en vigencia de la Ley 1821 de 2016), su situación jurídica se había
consolidado a la luz del régimen anterior. Precisó que la regla consignada en el acto
demandado, según la cual no podía separarse del ejercicio de sus funciones
mientras no se hubiera hecho cargo de ellas quien debía reemplazarlo, no es más
que el cumplimiento de lo ordenado en el artículo 150 del Decreto Ley 960 de 1970,
el cual tiene como finalidad la continuidad y permanencia de la función notarial, mas
no la perpetuidad en el empleo de quien ya fue retirado del servicio

Respecto al segundo problema jurídico, determinó que el Decreto 1964 de 5 de
octubre de 2015, que ordenó la desvinculación del entonces demandante, no perdió
su fuerza ejecutoria con la entrada en vigencia de la Ley 1821 de 2016. Para tal
efecto, sostuvo que la situación particular del demandante se consolidó antes de
que entrara en vigor dicha ley.

4.6. Resulta claro, entonces, que la parte actora pretende utilizar este mecanismo
constitucional como si se tratara de una instancia adicional, pues, como se vio, los
reproches contenidos en su escrito de tutela buscan reabrir el debate que tuvo lugar
en el trámite ordinario, con el fin de que prevalezca su interpretación sobre la
acogida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en el proceso
25000234200020170490400/02. Cuestión distinta es que la parte accionante no
comparta el sentido de la decisión adoptada, aspecto que desborda el ámbito de
competencia del juez constitucional, en tanto no le corresponde definir la forma en
que el juez natural debe decidir.

12

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00366-00
Accionante: Carlos Felipe Castrillón Muñoz
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

4.7. En este orden de ideas y en atención a la autonomía judicial y al carácter
excepcionalísimo que reviste la acción de tutela, es preciso señalar que no basta
con manifestar inconformidades respecto a las decisiones judiciales objeto de
censura o alegar la configuración de los requisitos especiales de procedencia, ya
que, de esa forma, la discusión queda restringida a asuntos de mera legalidad que
no trascienden al plano constitucional.

4.8. Al respecto, se insiste en que la procedencia de la acción de tutela en contra
de decisiones judiciales es de carácter residual y no puede usarse para desconocer
la autonomía e independencia judicial ni los principios de cosa juzgada y seguridad
jurídica, en razón a lo cual es concebida como un “juicio de validez” y no como un
“juicio de corrección” de la decisión cuestionada23, lo que se opone a que se use
indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole
probatoria o de interpretación del derecho que se resolvieron en el curso del proceso
ordinario24.

5. En consecuencia, el presupuesto de relevancia constitucional, como se expuso,
no se encuentra superado en este caso y hace que la acción constitucional resulte
improcedente.

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional, de conformidad
con las razones ut supra.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.

23
Corte Constitucional, sentencia T-310 de 2009.
24
Corte Constitucional, sentencia T-384 de 2018.

13

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00366-00
Accionante: Carlos Felipe Castrillón Muñoz
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, al día siguiente de su ejecutoria, conforme con lo dispuesto en el artículo
31 del Decreto 2591 de 1991, siempre que no sea objeto de impugnación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejero de Estado Consejera de Estado

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