Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00861-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-25-000-2019-00861-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00861-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2019-00861-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
21 de marzo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD
Radicación: 11001032500020190086100 (6341-2019) y acumulados1
Demandantes: Jairo Francisco Moncayo Mora y otros
Demandadas: Comisión Nacional del Servicio Civil y Dirección Territorial de
Salud de Caldas
Temas: Concurso de méritos. Requisitos de formación académica en el
acceso al empleo público. Validez del acto administrativo de cara
a las normas jurídicas en las que debía fundarse y que se
encontraban vigentes para la fecha de su expedición. NIEGA
PRETENSIONES.
SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA
Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia dentro del proceso de nulidad
acumulado promovido por los señores Jairo Francisco Moncayo Mora (6341-2019),
Blanca Yazmín Galeano Duque (6350-2019), José Fernando Gutiérrez Ramírez
(6351-2019), Sandra Marcela Blandón Peralta (6377-2019) y Luis Ernesto Ayala
López (6380-2019) contra la Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC y la
Dirección Territorial de Salud de Caldas, con el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad del Acuerdo CNSC 20181000004636 del 14 de septiembre
de 2018 «por el cual se establecen las reglas generales del concurso abierto de mérito
para proveer definitivamente los empleos vacantes pertenecientes al Sistema General de
Carrera Administrativa de la planta de personal de la DIRECCIÓN TERRITORIAL DE
SALUD DE CALDAS, “Proceso de Selección No. 698 de 2018 – Convocatoria Territorial
Centro Oriental”», expedido por esta última entidad.
HECHOS
La demanda se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
1 La acumulación se decretó mediante autos del 12 de diciembre de 2019 (folios 36 a 39 del cuaderno físico
6341-2019 y del 9 de marzo de 2021 (índice 42 Samai). Los expedientes están identificados con los siguientes
radicados: 11001-03-25-000-2019-00861-00 (6341-2019) [acumulado con el 11001-03-25-000-2019-00889-00
(6380-2019)], 11001-03-25-000-2019-00867-00 (6351-2019), 11001-03-25-000-2019-00888-00 (6377-2019) y
11001-03-25-000-2019-00866-00 (6350-2019).
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001032500020190086100 (6341-2019) y acumulados
Que la Comisión Nacional del Servicio Civil mediante el acuerdo demandado
adelantó proceso de selección para proveer definitivamente los empleos vacantes
de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, el cual fue publicado en la página
web de la primera entidad.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
Que los actos acusados vulneraron el preámbulo y los artículos 2.°, 13, 29, 125 y
209 de la Constitución Política; 7.° de la Ley 1409 de 2010; 9.° de la Ley 1006 de
2006; 263 de la Ley 1955 de 2019 y 2.° de la Ley 1960 de 2019.
Revisadas las demandas, se observa que los siguientes cargos de nulidad fueron
alegados en todos los expedientes así:
Que se incumplió lo consagrado en los artículos 7.° de la Ley 1409 de 2010 y 9.° de
la Ley 1006 de 2006, pues, en la OPEC no fueron incluidos empleos para
profesionales en archivística y en administración pública, circunstancia que afectó
la validez del proceso de selección por desconocimiento del mandato contenido en
aquellas normas.
Que en la convocatoria no se incluyeron acciones afirmativas para la reubicación
laboral de los servidores en provisionalidad que se encontraban en condición de
especial protección, como madres y padres cabeza de familia o sujetos en situación
de discapacidad, sin perjuicio del derecho preferencial de las personas que hacen
parte del registro de elegibles y que están a la espera de ser nombrados en el
respectivo empleo.
Que el acto enjuiciado quebranta el artículo 2.° de la Ley 1960 de 2019, porque a
pesar de que se cumplían los supuestos de la norma para que se efectuara un
concurso de ascenso para el 30% de las vacantes a proveer, aquel no fue
convocado.
La demanda del proceso con radicado interno 6341-2019 fue admitida mediante
auto del 12 de diciembre de 2019 y, a su vez, a través de providencia de la misma
fecha, se acumuló con el expediente 6380-2019 y se corrió traslado de la solicitud
de suspensión provisional formulada. Notificado el medio de control, las entidades
demandadas contestaron en tiempo. El 9 de marzo de 2021 se decretó la
acumulación de 3 procesos al expediente principal y se admitieron las que se
encontraban pendientes.
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
Dirección Territorial de Salud de Caldas 2. Se opuso a las pretensiones
expresando que el acuerdo demandado se profirió conforme a derecho, siendo
2 Expedientes 6341-2019 y 6380-2019 obra en el índice 36 del expediente electrónico principal. En el radicado
6350-2019 (índice 19, ídem). En los procesos 6377-2019 y 6351-2019 guardó silencio.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicación: 11001032500020190086100 (6341-2019) y acumulados
resultado del cumplimiento de todos los requisitos señalados en las disposiciones
constitucionales y legales, además, por autoridad competente, con apego al debido
proceso y se motivó en debida forma.
Que no está legitimada materialmente en la causa por pasiva, pues, a pesar de ser
beneficiaria del concurso que regula el Acuerdo CNSC 20181000004636 del 14 de
septiembre de 2018, su expedición estuvo a cargo de la CNSC, entidad que de
conformidad con lo establecido en la Constitución y la ley, tiene la competencia para
determinar las condiciones y parámetros de los concursos de méritos, por ser el
órgano encargado de la administración y vigilancia del empleo público y la carrera
administrativa en Colombia.
Propuso la excepción de inepta demanda por incumplimiento de los requisitos
formales, específicamente, el relacionado con argumentar debidamente el concepto
de violación.
Comisión Nacional del Servicio Civil 3 (expedientes 6341-2019 y 6380-2019).
Expresó que por disposición constitucional se encuentra dotada de plena autonomía
e independencia para administrar y vigilar la carrera administrativa, lo que se
traduce en la capacidad de actuar, decidir y disponer en los asuntos de su
competencia sin que medie algún tipo de injerencia externa, facultades que le
permiten elaborar y suscribir de manera exclusiva la convocatoria, sin que dependa
de la voluntad de las entidades administradas.
Que la Convocatoria 698 de 2018 fue resultado de la concurrencia, participación y
coordinación entre la CNSC y la DTSC, última entidad que realizó el reporte de la
OPEC en debida forma a través del SIMO. Que la supuesta infracción de las Leyes
1955 y 1960 de 2019 no se configura toda vez que la convocatoria ya se encontraba
en ejecución cuando dichas normas fueron expedidas.
Formuló el medio exceptivo denominado «legalidad de los acuerdos de la
convocatoria», en el entendido que el acuerdo demandado es una norma válida y
vinculante que regula aquel procedimiento.
En los expedientes 6377-2019 y 6351-2019, además de reiterar la anterior defensa
del acto acusado, propuso la excepción que nombró «inexistencia de una acusación
clara, cierta, concreta y verificable que le permita al decisor judicial realizar un juicio
abstracto de legalidad».
TRÁMITE DE ÚNICA INSTANCIA
El 2 de junio de 2020 y 17 de marzo de 2022 se negó la suspensión provisional del
acto demandado y el 25 de mayo de 2022, se declaró no probada la excepción
previa de ineptitud de las demandas por falta de requisitos formales o inexistencia
3 Expedientes 6341-2019 y 6380-2019 (índice 37 del expediente electrónico principal). En los radicados 6377-
2019 y 6351-2019 (índice 67, ídem). En el proceso 6350-2019 no se pronunció.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Radicación: 11001032500020190086100 (6341-2019) y acumulados
de una acusación clara, cierta, concreta y verificable que le permita al decisor
judicial realizar un juicio abstracto de legalidad, propuesta por la DTSC y la CNSC.
Por medio de providencia del 26 de septiembre de 2022, se evidenció la posibilidad
de emitir sentencia anticipada en los términos del artículo 182A del CPACA,
adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021, se prescindió de la audiencia
inicial prevista en el artículo 189 de la Ley 1437 de 2011, se decretaron las pruebas
y se fijó el correspondiente litigio. El 31 de octubre de 2022, se corrió traslado a las
partes para alegar de conclusión.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
El demandante José Fernando Gutiérrez Ramírez dentro del proceso con radicado
interno 6351-2019, presentó alegatos de conclusión en los que reiteró los
argumentos por los cuales considera que el acto demandado debe ser declarado
nulo4.
La Dirección Territorial de Salud de Caldas y la Comisión Nacional del Servicio
Civil insistieron en las razones expuestas en las contestaciones 5.
El agente del Ministerio Público no actuó en esta etapa procesal.
Se resolverá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
Cuestión previa - la excepción propuesta por la DTSC
De la falta de legitimación en la causa por pasiva. Esta figura jurídica se ha
entendido como el vínculo de los sujetos procesales frente a la pretensión, es decir,
que concierne a la posibilidad de formular u oponerse a las pretensiones de la
demanda, según se trate del sujeto activo o pasivo «con interés en la relación jurídica
sustancial debatida en el proceso6». Se puede abordar desde dos perspectivas: 7
a) De hecho. Se configura una vez se traba la litis con la notificación del auto
admisorio de la demanda y permite a los sujetos actuar dentro del proceso para
ejercer su defensa. Bajo este entendido, «quien cita a otro y le atribuye a otro la lesión
o afectación, está legitimado de hecho por activa, y al citado o imputado se le predica que
está legitimado de hecho por pasiva. Cada uno de estos está legitimado de hecho en los
roles procesales que le corresponde».
4 Índice 104 de la plataforma Samai.
5 Índices 105 y 106
6 Consejo de Estado, Sección Tercera, providencia del 25 de septiembre de 2013, radicado: 25000 23 26 000
1997 5033 01 (20.420).
7 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 3 de mayo de 2018, radicado: 05001 23 31 000 2008 00576
01.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Radicación: 11001032500020190086100 (6341-2019) y acumulados
b) Material. La legitimación en la causa material, por activa, se predica de la efectiva
titularidad del derecho reclamado y, por pasiva, de quien tiene a su cargo la
obligación, es decir, que concierne a la posibilidad de que la pretensión salga avante
y que el accionado sea quien deba responder por las resultas del proceso. De esta
forma, «alude ya no a la relación procesal sino a aquella que emerge de la participación
real de las personas en la conducta que da origen a la demanda, esto es, en la relación
sustancial o de derecho».
Se observa que la Dirección Territorial de Salud de Caldas goza de legitimación en
la causa de hecho, pues respecto de ella se trabó la relación jurídica procesal por
pasiva. Además, es en dicha entidad en la que se está surtiendo el proceso de
selección convocado a través de la expedición del Acuerdo CNSC 20181000004636
del 14 de septiembre de 2018, el cual fue resultado de la concurrencia, participación
y coordinación entre la DTSC y la Comisión.
Por su parte, la legitimación material dependerá de las resultas del proceso, lo cual
implica verificar si las pretensiones están llamadas a prosperar y, en dado caso,
determinar la autoridad responsable de atenderlas; cuestiones que dependerán del
análisis de fondo que se haga en los acápites siguientes.
En estas condiciones, se deberá determinar si: el Acuerdo CNSC-20181000004636
del 14 de septiembre de 2018, proferido por la Comisión Nacional del Servicio Civil,
incurrió en la causal de infracción de las normas superiores en que debía fundarse
porque: a) no incluyó cargos para quienes son profesionales en archivística y en
administración pública; b) omitió haber previsto acciones afirmativas para los
empleados de la Dirección Territorial de Salud de Caldas que ejercían cargos en
provisionalidad y que gozaban de retén social o que eran sujetos de especial
protección; y c) no haber convocado a concurso de ascenso el 30% de las vacantes
a proveer.
De la nulidad por la violación de las normas en las que debía fundarse el
acto administrativo
Esta causal ha sido entendida por la jurisprudencia de esta Corporación como la
contravención legal directa de la norma superior en el momento en el que es
expedido, y ocurre cuando se presenta una de las siguientes situaciones: a) falta
de aplicación, b) aplicación indebida o c) interpretación errónea 8.
a) La falta de aplicación de una norma se configura cuando la autoridad
administrativa ignora su existencia o, a pesar de que la conoce, la analiza de
forma diferente o no la aplica al caso. También se presenta cuando la autoridad
examina la norma, pero cree, equivocadamente, que no es la aplicable al asunto
que resuelve.
8 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 27 de mayo de 1999, radicado interno:
13644 y Sección Cuarta, sentencia del 15 de marzo de 2012, radicado: 25000-23-27-000-2004-92271-02
(16660).
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Radicación: 11001032500020190086100 (6341-2019) y acumulados
b) La aplicación indebida tiene lugar cuando las disposiciones jurídicas se
emplean a pesar de no ser las pertinentes para resolver el asunto que es objeto
de decisión, y puede originarse cuando la autoridad administrativa se equivoca al
escoger la norma, por la inadecuada valoración del supuesto de hecho que esta
consagra o cuando no establece de manera correcta la diferencia o la semejanza
existente entre la hipótesis legal y la tesis del caso concreto.
c) La interpretación errónea ocurre cuando las disposiciones son las que regulan
el tema que se debe decidir, pero la autoridad las entiende equivocadamente y
así las aplica, esto es, le asigna a la disposición un sentido o alcance que no le
corresponde.
Se procederá a analizar cada uno de los cargos presentados por esta causal.
De la omisión de incluir cargos para los profesionales en archivística y
administración pública
Toda entidad del Estado tiene dispuesto un número determinado de empleos a
través de los cuales satisface los fines y las funciones que le han sido atribuidas
desde el ordenamiento jurídico. Este Concepto responde a lo que, en materia de
función pública, se conoce como planta de personal, cuya creación está dada por
las necesidades del servicio, pues su definición clara permite el diseño de la
estructura organizacional a nivel global, lo que conduce a decidir aspectos como la
cantidad, la naturaleza y el contenido funcional de los empleos requeridos, con su
respectiva clasificación 9.
En esos términos, por planta de personal puede entenderse la determinación, tanto
cualitativa como cuantitativa, de los empleos públicos que integran una entidad
estatal a efectos de lograr el cumplimiento de los fines constitucionales y legales a
los que responde su creación y funcionamiento. La consagración constitucional de
esta noción y las características básicas del empleo público se encuentran en los
artículos 122, inciso 1.°, y 125, inciso 3.°, en los que puede leerse:
«ARTICULO 122. No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley
o reglamento y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén
contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto
correspondiente […]
ARTÍCULO 125. […] El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos,
se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para
determinar los méritos y calidades de los aspirantes».
9 Al respecto se puede consultar: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 5 de
mayo de 2022, radicado: 11001-03-25-000-2019-00886-00 (6373-2019); 3 de octubre de 2022, radicado: 11001-
03-25-000-2019-00160-00 (1038-2019) y del 27 de octubre de 2022, radicado: 08001-23-31-002-2001-02601-
01 (1578-2016), entre otras.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Radicación: 11001032500020190086100 (6341-2019) y acumulados
La noción de empleo público fue desarrollada en la Ley 909 de 2004, cuyo artículo
19 define esta figura como el «núcleo básico de la estructura de la función pública»,
concibiendo que se trata tanto del conjunto de funciones, tareas y
responsabilidades asignadas a una persona, como de las competencias necesarias
para ejercerlas, todo lo cual debe propender por un fin último que es la realización
de los planes de desarrollo y de los fines estatales 10.
La norma en cuestión dispone que el diseño de cada empleo debe contener:
• La descripción del contenido funcional de manera tal que se puedan identificar
claramente las responsabilidades exigibles a quien sea su titular;
• El perfil de competencias necesarias para ocupar el cargo, lo que comprende la
definición de los requisitos de estudio y experiencia, y todos aquellos otros exigidos
para ingresar al servicio. Los elementos del perfil deben ser coherentes con las
exigencias funcionales del contenido del empleo;
• La duración del empleo cuando sea temporal.
Con base en ello, las entidades públicas deben crear un manual de funciones y
competencias laborales y puede ser entendido como una herramienta de gestión
del empleo que establece las responsabilidades, labores y facultades propias de
cada cargo que compone la planta de personal, las exigencias para su desempeño,
las cuales están referidas a conocimientos, experiencia y otros factores con los que
se miden las aptitudes requeridas para ocupar un determinado empleo 11.
A través del Decreto 1083 de 2015, el Gobierno Nacional expidió el Decreto Único
Reglamentario del Sector de Función Pública, que conforme a su artículo 2.° es
aplicable a todas las entidades de la Rama Ejecutiva del poder público. Y en su
artículo 2.2.2.6.2 señaló que el manual de funciones debe incluir como mínimo:
1) la identificación y ubicación del empleo;
2) el contenido funcional, dentro del cual debe señalarse el propósito y la descripción
de funciones esenciales del empleo;
3) los conocimientos básicos o esenciales y
4) los requisitos de formación académica y de experiencia.
En consonancia con lo anterior, el artículo 2.2.2.4.9 del Decreto 1083 de 2015
dispone que, para el ejercicio de los empleos que exijan como requisito el título o la
aprobación de estudios en educación superior, en el manual específico de funciones
y de competencias laborales se identificarán los núcleos básicos del conocimiento
(NBC), que contengan las disciplinas académicas o profesiones, de acuerdo con la
clasificación establecida en el Sistema Nacional de Información de la Educación
Superior (SNIES), tal como se señala a continuación:
10 Esta definición es replicada en el artículo 2.° del Decreto Ley 770 de 2005, «Por el cual se establece el sistema
de funciones y de requisitos generales para los empleos públicos correspondientes a los niveles jerárquicos
pertenecientes a los organismos y entidades del Orden Nacional, a que se refiere la Ley 909 de 2004».
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 10 de octubre de 2019, radicado: 11001-
03-25-000-2016-00722-00 (3233-16).
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Radicación: 11001032500020190086100 (6341-2019) y acumulados
ÁREA DEL CONOCIMIENTO NÚCLEO BÁSICO DEL CONOCIMIENTO
AGRONOMÍA, VETERINARIA Y AFINES Agronomía
Medicina Veterinaria
Zootecnia
BELLAS ARTES Artes Plásticas Visuales y afines
Artes Representativas
Diseño
Música
Otros Programas Asociados a Bellas Artes
Publicidad y Afines
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Educación
CIENCIAS DE LA SALUD Bacteriología
Enfermería
Instrumentación Quirúrgica
Medicina
Nutrición y Dietética
Odontología
Optometría, Otros Programas de Ciencias de la Salud
Salud Pública
Terapias
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS Antropología, Artes Liberales
Bibliotecología, Otros de Ciencias Sociales y Humanas
Ciencia Política, Relaciones Internacionales
Comunicación Social, Periodismo y Afines
Deportes, Educación Física y Recreación
Derecho y Afines
Filosofía, Teología y Afines
Formación Relacionada con el Campo Militar o Policial
Geografía, Historia
Lenguas Modernas, Literatura, Lingüística y Afines
Psicología
Sociología, Trabajo Social y Afines
ECONOMÍA, ADMINISTRACIÓN, Administración
CONTADURÍA Y AFINES Contaduría Pública
Economía
INGENIERÍA, ARQUITECTURA, URBANISMO Arquitectura y Afines
Y AFINES Ingeniería Administrativa y Afines
Ingeniería Agrícola, Forestal y Afines
Ingeniería Agroindustrial, Alimentos y Afines
Ingeniería Agronómica, Pecuaria y Afines
Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines
Ingeniería Biomédica y Afines
Ingeniería Civil y Afines
Ingeniería de Minas, Metalurgia y Afines
Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines
Ingeniería Eléctrica y Afines
Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y Afines
Ingeniería Industrial y Afines
Ingeniería Mecánica y Afines
Ingeniería Química y Afines
Otras Ingenierías
MATEMÁTICAS Y CIENCIAS NATURALES Biología, Microbiología y Afines
Física
Geología, Otros Programas de Ciencias Naturales
Matemáticas, Estadística y Afines
Química y Afines
A partir de esta información, cada entidad, atendiendo a la naturaleza de las
funciones del empleo o área de desempeño, tiene el deber de verificar que la
disciplina académica o profesión que se exija como requisito de formación
pertenezca efectivamente al correspondiente núcleo básico del conocimiento
señalado en el manual.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Radicación: 11001032500020190086100 (6341-2019) y acumulados
La Ley 1006 de 2006 acerca de la profesión de administrador público
El artículo 2.° de esta normativa dispone que la función del profesional en
administración pública es social y comprende el manejo de los asuntos públicos,
además de aquellas actividades orientadas a generar procesos integrales para
mejorar la capacidad de las instituciones estatales y organizaciones de carácter
privado con responsabilidades públicas.
El artículo 4.° de la misma ley, explicó que, para todos los efectos legales, se
consideran administradores públicos:
• Quienes tengan el título de administrador público expedido tanto por una institución de
educación superior que goce de reconocimiento por el Ministerio de Educación Nacional,
incluida la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), como por entidades de
educación superior de países con los cuales Colombia tenga tratados de equivalencia de
títulos universitarios; y
• Profesionales que con anterioridad a la entrada en vigencia de aquella ley, hayan
obtenido el título de licenciado en ciencias políticas y administrativas, administrador
público, administrador público municipal y regional, administrador público territorial y
quienes en el futuro obtengan este título profesional que reúna los requisitos según la
normatividad vigente para educación superior y que sea expedido por la ESAP.
Y el artículo 9.° determinó que las entidades del Estado, en cualquiera de los niveles
territoriales, están obligadas a incluir la profesión de administrador público en sus
manuales de funciones.
La Sala comparte las consideraciones de la Subsección B de la Sección Segunda de
esta Corporación, que tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre este tema, al negar
una solicitud de suspensión de los efectos de un acto administrativo de convocatoria
a concurso proferido por la CNSC, en la que se alegaba el incumplimiento de la Ley
1006 de 2006 por no haberse incluido en la OPEC cargos que pudieran ser
desempeñados por administradores públicos 12.
En tal oportunidad se indicó que, para verificar el incumplimiento del artículo 9.° de la
esta normativa, es necesario analizar si en la oferta pública de empleos de carrera se
incorporan cargos que tengan funciones similares a las contenidas en el campo de
acción de la profesión en comento.
Por último, es importante señalar que, en el SNIES, la disciplina académica de
administración pública se encuentra clasificada en el NBC de «administración», que
pertenece al área de conocimiento llamada «Economía, administración, contaduría y
afines»13.
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, auto del 31 de
mayo de 2018, radicado: 11001-03-25-000-2017-00212-00 (1219-17).
13 La equivalencia de la disciplina académica de administración pública en el nuevo sistema de clasificación
adoptado por el Ministerio de Educación Nacional, denominado Clasificación Internacional Normalizada de
Educación – CINE F 2013 AC, es la siguiente: «campo amplio: Administración de Empresas y Derecho»,
«campo específico: Educación comercial y administración», y «campo detallado: Gestión y administración».
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Radicación: 11001032500020190086100 (6341-2019) y acumulados
En lo que tiene que ver con la OPEC 14 de la entidad beneficiaria del concurso de
méritos, en lo relevante en este proceso, los perfiles de los cargos ofertados del
nivel profesional son los siguientes:
Denominación Requisitos de estudio Propósito
del cargo
Profesional Título profesional en disciplinas académicas ejecutar acciones relacionadas con la
Universitario que correspondan a los Núcleos Básicos de auditoría a las cuentas radicadas ante
Área Salud Conocimientos en: Bacteriología; Enfermería; la entidad por concepto de prestación
Grado 2, Medicina; Odontología; Optometría, Otros de servicios de salud y demás
código 237 programas de Ciencia de la Salud. Tarjeta acciones relacionadas con la gestión
profesional en los casos requeridos por la Ley. de prestación de servicios. Título profesional en disciplinas académicas promover y participar en acciones de
Profesional que correspondan a los Núcleos Básicos de gestión diferencial de poblaciones
Universitario Conocimientos en: Antropología, Sociología, vulnerables en el componente de
Área Salud Trabajo Social y Afines, Psicología; atención integral en salud y atención
Grado 2, Enfermería. Tarjeta profesional en los casos psicosocial a la población víctima del
Código 237 requeridos por la Ley. conflicto armado; orientadas a superar
las afectaciones en salud y
psicosociales relacionadas con el
hecho victimizante. Título profesional en disciplinas académicas proponer y ejecutar los
Profesional que correspondan a los Núcleos Básicos de procedimientos derivados a las
Universitario Conocimientos en: Medicina Veterinaria, acciones relacionadas con el
Área Salud Zootecnia; Ingeniería Agroindustrial, Alimentos fortalecimiento de salud ambiental, en
Grado 3, y afines, Ingeniería Ambiental, Sanitaria y lo relacionado a la asistencia técnica y
Código 237 Afines. Tarjeta profesional en los casos la inspección, vigilancia y control de
requeridos por la Ley. los factores del ambiente que
impactan la salud de las
comunidades. Profesional Título profesional en disciplinas académicas acompañar jurídicamente los
Universitario que correspondan a los Núcleos Básicos de procedimientos de gestión jurídica en
Grado 2, Conocimientos en: Derecho y Afines. Tarjeta los procesos estratégicos y apoyo de
Código 219 profesional en los casos requeridos por la Ley. la entidad. Profesional Título profesional en disciplinas académicas promover y ejecutar acciones en la
Universitario que correspondan a los Núcleos Básicos de autoridad sanitaria desde el
Grado 1, Conocimientos en: Ingeniería Química y laboratorio departamental de salud
Código 219 Afines; Ingeniería Agroindustrial, Alimentos y pública en las áreas físico - químico de
Afines; o título profesional en Química alimentos, aguas y bebidas
farmacéutica del núcleo básico del alcohólicas, para el control y la
conocimiento en química y Afines. Tarjeta vigilancia sanitaria de los factores de
profesional en los casos requeridos por la Ley. riesgo, liderando procesos de
capacitación e investigación según las
competencias dadas por la
normatividad vigente.
ejecutar acciones de asistencia
Profesional Título profesional en disciplinas académicas técnica e inspección, vigilancia y
Universitario que correspondan a los Núcleos Básicos de control en las normas técnicas,
Grado 3, Conocimientos en: Ingeniería Civil y Afines, programas y demás procesos
Código 219 Arquitectura y Afines. Tarjeta profesional en los relacionados con la infraestructura
casos requeridos por la Ley. física hospitalaria de las instituciones
prestadoras de servicios de salud en
articulación con lo establecido en el
sistema único de habilitación. Profesional Título profesional en disciplinas académicas coordinar la dimensión transversal de
Universitario que correspondan a los Núcleos Básicos de gestión diferencial de poblaciones
Grado 2, Conocimientos en: Antropología; Sociología, vulnerables en las líneas: Código 219 Trabajo Social y Afines; Psicología. Tarjeta envejecimiento y vejez, discapacidad,
profesional en los casos requeridos por la Ley. víctimas del conflicto, grupos étnicos,
salud y género y participación social.
Profesional Título profesional en disciplinas académicas proponer y ejecutar los
Universitario que correspondan a los Núcleos Básicos de procedimientos derivados a las
Área Salud Conocimientos en: Medicina Veterinaria, acciones relacionadas con el
Zootecnia; Ingeniería Agroindustrial, Alimentos fortalecimiento de salud ambiental, en
14 https://simo.cnsc.gov.co/#historicoOfertaEmpleo
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Radicación: 11001032500020190086100 (6341-2019) y acumulados
Grado3, y afines, Ingeniería Ambiental, Sanitaria y lo relacionado a la asistencia técnica y
Código 237 Afines. Tarjeta profesional en los casos la inspección, vigilancia y control de
requeridos por la Ley. los factores del ambiente que
impactan la salud de las
comunidades.
Profesional Título profesional en disciplinas académicas coordinar y ejecutar las actividades
Universitario que correspondan a los Núcleos Básicos de relacionadas con la parte prestacional
Grado2, Conocimientos en: Administración, a cargo, especialmente lo referente a
Código 219 Contaduría Pública, Economía; Ingeniería cuotas partes pensionales por cobrar
Industrial y Afines, Ingeniería Administrativa y y por pagar, bonos pensionales y
Afines; Derecho y Afines. Tarjeta profesional nómina de pensionados de los
en los casos requeridos por la Ley. (Se beneficiarios del extinto fondo del
destaca). pasivo prestacional del sector salud,
así como la gestión de cesantías de la
entidad.
Profesional Título profesional en disciplinas académicas promover y controlar la inscripción y/o
Universitario que correspondan a los núcleos básicos de reporte de novedades de los
Área Salud conocimientos en: bacteriología, enfermería, prestadores de servicios de salud
Grado 3, medicina, odontología, optometría, terapias, para desarrollar y fortalecer el
Código 237 otros programas de ciencia de la salud. tarjeta componente de habilitación del
profesional en los casos requeridos por la ley. s.o.g.c.
No es dable entonces afirmar que la OPEC de la convocatoria demandada hubiese
excluido a los profesionales de la administración pública del desempeño de los
empleos ofertados, pues, nótese que el cargo de profesional universitario grado 2,
código 219 tiene atribuidas funciones de gestión administrativa en materia
prestacional, especialmente en pensiones, también establece que se puede cumplir
con los requisitos mínimos de formación académica con las disciplinas que hacen
parte del NBC de administración, al cual, como se dijo, pertenece la profesión de
administrador público.
Además, en ninguno de los otros cargos ofertados podría haberse incluido esta
profesión, en atención a los núcleos básicos de conocimiento o propósito del
empleo, como pasa a evidenciarse:
• Los descritos como profesionales universitarios área salud, grado 2, código 237, en
los cuales se requería título profesional en disciplinas académicas que correspondan a
los núcleos básicos de conocimiento en bacteriología, enfermería, medicina,
odontología, optometría y otros programas de ciencias de la salud.
• Los de profesional universitario área salud, grado 3, código 237, en los cuales los
núcleos básicos de conocimiento requeridos eran medicina veterinaria, zootecnia;
ingeniería agroindustrial, alimentos y afines, ingeniería ambiental, sanitaria y afines.
• Los de profesional universitario grado 2 código 219, en los que el núcleo de
conocimiento era antropología, sociología, psicología o trabajo social.
• Los de profesional universitario grado 3 código 219, en los que el núcleo de
conocimiento era ingeniería civil, arquitectura o afines y cuyo propósito era ejecutar
acciones de asistencia técnica o inspección, vigilancia y control en las normas técnicas
y demás procesos relacionados con la infraestructura hospitalaria de las instituciones
prestadoras de servicios en salud.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Radicación: 11001032500020190086100 (6341-2019) y acumulados
• Los de profesional universitario grado 1 código 219 en los que el núcleo de
conocimiento era ingeniería química, agroindustrial o farmacéutica pues estos tenían
por finalidad promover y ejecutar acciones de autoridad y vigilancia sanitaria.
• El cargo de profesional universitario grado 2 código 219, en el que el núcleo de
conocimiento era derecho y tenía por función acompañar jurídicamente los
procedimientos de gestión jurídica en los procesos de la entidad.
No se configura la causal de nulidad.
La Ley 1409 de 2010 sobre la profesión de archivista
La citada ley en su artículo 1.° definió el ejercicio profesional de la archivística como
«el desempeño laboral de profesionales, con título legalmente expedido, en todo lo
relacionado con el manejo de los archivos, cuyo campo de acción se desarrolla
fundamentalmente en las áreas relacionadas con el conocimiento, organización,
recuperación, difusión, preservación de la información, conservación y conformación del
patrimonio documental del país».
También, fijó los requisitos o condiciones esenciales para su ejercicio, exigiendo, para
tales efectos, además del respectivo título, la tarjeta profesional y la inscripción en el
Registro Único Profesional 15.
Tal como ha indicado esta Corporación 16, de la lectura detallada de esta disposición,
no se exige que los cargos públicos que lleven aparejadas funciones de gestión
documental deban ser provistos únicamente con profesionales de la archivística, pues
parágrafo del artículo 2.° de la norma en estudio, señala que, dada la
interdisciplinariedad de esta área del conocimiento, tales funciones pueden ser
desarrolladas por profesionales y técnicos de otras disciplinas.
El Proyecto de Ley 036 de 2007 Cámara y 225 de 2007 Senado, que luego se convirtió
en la Ley 1409 de 2010, fue objetado por el presidente de la República, al considerar
que aquellas personas que, habiéndose formado en otras disciplinas diferentes de la
archivística, pero afines a su objeto de estudio, se verían excluidas injustificadamente
de la posibilidad de ejercer en el campo de acción propio de esta.
La Corte Constitucional, al pronunciarse sobre la exequibilidad del citado proyecto, a
través de la Sentencia C-239 del 2010, lo declaró ajustado a la Constitución, pero bajo
el entendido que:
«En los artículos dedicados a definir los requisitos para el ejercicio de la archivística
(artículos 3, 4 y 5), el legislador no ha desbordado sus competencias constitucionales,
pues en ellos simplemente establece los requisitos para el ejercicio de esta actividad lo
cual, dadas las características de impacto social y de complejidad que la caracterizan,
entra dentro de la órbita de sus competencias expresas, contenidas en el artículo 26 de
15 Artículo 4.°.
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, auto del 31 de
mayo de 2018, radicado: 11001-03-25-000-2017-00212-00 (1219-17).
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Radicación: 11001032500020190086100 (6341-2019) y acumulados
la Carta. Por lo demás, estos artículos, en sí mismos, no están directamente
excluyendo a otros profesionales del ejercicio de actividades archivísticas. Se
limitan a regular la pertenencia a la profesión archivística […]». (Destacado
intencional).
De esta manera, los empleos públicos que tienen asignadas labores de archivo y
gestión documental pueden ser desempeñados por otros profesionales o técnicos que
tengan una formación diferente a la archivística. Por esa razón, en estos eventos, no
puede considerarse que se configura un ejercicio ilegal de la profesión.
Conviene advertir que, en el SNIES, la disciplina académica de archivística se
encuentra clasificada en el NBC denominado «Bibliotecología, Otros de Ciencias
Sociales y Humanas», que pertenece al área de conocimiento «Ciencias humanas y
sociales»17.
En el cuadro que se incluyó en el acápite anterior, no hay ninguno relacionado con
el manejo de archivos, o en general, de actividades relacionadas con el
conocimiento, organización, recuperación, difusión, preservación de la información
y conservación documental, pero, tal circunstancia no puede considerarse por sí
misma una vulneración de la norma referida, pues en la OPEC se incluye el reporte
de los cargos que se encuentran vacantes definitivamente.
Entonces, si para el momento en que se realizó el reporte de la Oferta Pública de
Empleo de la Dirección Territorial de Salud de Caldas no existía un cargo vacante
de archivística o con funciones de archivo, tal situación no vicia la convocatoria de
nulidad, máxime que en el proceso no se alegó que, existiendo tal vacante, dejó de
ofertarse.
En consecuencia, no prospera el cargo de nulidad.
De la aplicación en el presente asunto de los artículos 263 de la Ley 1955 y 2.°
de la Ley 1960 de 2019
La validez del acto administrativo puede entenderse como la conformidad de la
decisión administrativa con el ordenamiento jurídico, de manera que su elaboración,
expedición y contenido se ajusten a las normas y principios que lo integran.
Los requisitos para que se predique este concepto son: i) que se haya dictado por
autoridad competente; ii) que su contenido se ajuste a la Constitución y al
ordenamiento jurídico vigente; iii) que su expedición se haya hecho de manera
regular; iv) que los motivos que lo justifican resultan acordes con la realidad; y v)
que el ejercicio de la atribución con base en la cual se profirió, satisfaga intereses
públicos o los específicos a los que responde dicha competencia.
17 La equivalencia de la disciplina académica de archivística en el nuevo sistema de clasificación adoptado por
el Ministerio de Educación Nacional, denominado Clasificación Internacional Normalizada de Educación – CINE
F 2013 AC, es la siguiente: «campo amplio: ciencias sociales, periodismo e información», «campo específico:
periodismo e información», y «campo detallado: Bibliotecología, información y archivología».
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13
Radicación: 11001032500020190086100 (6341-2019) y acumulados
De acuerdo con la reiterada jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de
Estado18 las causales de nulidad operan en la etapa de formación del acto
administrativo pues las hipótesis que la generan se encuentran ligadas a
circunstancias, internas o externas, predicables del acto en el momento en que nace
a la vida jurídica. Ello explica que el control respecto de su validez se deba realizar
respecto de las normas jurídicas a las que debía someterse el acto y que tenían
vigencia para la fecha de su expedición.
Es dable indicar entonces que el hecho de que los elementos de validez del acto
administrativo se enjuicien a la luz de las normas jurídicas que estaban en rigor en
el momento de su proferimiento, excluye la posibilidad de confrontarlo con
disposiciones expedidas posteriormente19, pues si el acto nace legalmente, es
válido, sin que una normativa posterior pueda invalidarlo de forma retrospectiva,
pero, tal circunstancia sí puede llegar a afectar su eficacia a través de hipótesis de
pérdida de fuerza ejecutoria como el decaimiento y la derogatoria.
Los demandantes cuestionan la validez del acto administrativo acusado bajo el
argumento de que, presuntamente, infringe los artículos 263 de la Ley 1955 de 2019
y el 2.° de la Ley 1960 de 2019; sin embargo, a la fecha en que se expidió el Acuerdo
CNSC 20181000004636 (14 de septiembre de 2018), no habían entrado en vigencia
las referidas leyes, ni si quiera se habían proferido.
De conformidad con el artículo 11 del Código Civil «[…] la ley es obligatoria y surte sus
efectos desde el día en que ella misma se designa, y en todo caso después de su
promulgación». Ambas leyes previeron su entrada en rigor desde la fecha de su
publicación, lo que en el caso de la Ley 1955 de 2019 sucedió el 25 de mayo de
201920 y en el de la Ley 1960 de 2019, el 27 de junio de ese año. Por tanto, no se
configura la nulidad alegada.
Condena en costas
En consideración a que se trata de un medio de control de nulidad, en el que se
ventila un asunto de interés público, no se impondrá condena en costas, de
conformidad con lo previsto en el artículo 188 del CPACA 21.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
18 Se pueden consultar las sentencias del 31 de enero de 2019, radicado: 11001032500020160101700 (4574-
16); del 26 de agosto de 2021, radicado: 11001-03-25-000-2019-00210-00(1356-19) y del 5 de mayo de 2022,
radicado: 11001-03-25-000-2019-00886-00 (6373-2019).
19 Consejo de Estado, radicado 467-CE-1941-05-27 (204951), acto demandado: artículo 106, inciso 52, del
Acuerdo 27 del 6 de mayo de 1931 expedido por el Concejo de Manizales. Tesis que ha sido reiterada en las
sentencias que se señalaron en el pie de página anterior.
20 La Ley 1955 de 2019 se publicó en el Diario Oficial 50.964 de 25 de mayo 2019.
21 «Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil».
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14
Radicación: 11001032500020190086100 (6341-2019) y acumulados
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Declarar no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva presentada por la Dirección Territorial de Salud de Caldas.
Segundo: Negar las pretensiones de la demanda de nulidad formulada por el señor
Jairo Francisco Moncayo y otros en este proceso acumulado en contra de la CNSC
y la Dirección Territorial de Salud de Caldas.
Tercero: Aceptar la renuncia del abogado Oscar Salazar Granada, identificado con
cédula de ciudadanía 9.855.571 y portador de la tarjeta profesional 97.789 del
Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado de la Dirección Territorial de
Salud de Caldas (índice 113 Samai).
Cuarto: Sin condena en costas.
Quinto. En firme esta decisión, háganse las anotaciones pertinentes en los
programas informáticos archívese el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.