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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00151-00

Fecha
26 de febrero de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00151-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Negar la pretensión de la demanda de nulidad formulada contra del Acuerdo CNSC 20201000003566 del 28 de noviembre de 2020 expedido por la CNSC, en atención a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia. Segundo. Sin condena en costas en esta instancia. Tercero. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse las anotaciones correspondientes y archívese el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2021-00151-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

26 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad
Radicación: 11001032500020210015100 (0883-2021)
Demandante: María Carolina Muñoz Bustos
Demandado: Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Temas: Concurso de méritos

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
__________________________________________________________________

1.Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia dentro del proceso de
nulidad promovido por la señora María Carolina Muñoz Bustos contra la Nación-
Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) y la UGPP.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

2. En ejercicio del medio de control de nulidad, consagrado en el artículo 137 del
CPACA, 1 la señora María Carolina Muñoz Bustos, actuando en nombre propio,
solicitó que se declare la nulidad del Acuerdo CNSC 20201000003566 del 28 de
noviembre de 2020, expedido por la CNSC, «por el cual se convoca y se establecen
las reglas del Proceso de Selección, en las modalidades de Ascenso y Abierto, para
proveer los empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema Específico de
Carrera Administrativa de la planta de personal de la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social-UGPP-
identificado como Proceso de Selección No. 1520 de 2020-Nación 3».

1.1.2. Normas violadas y concepto de violación

3.La demandante alegó que el acto opugnado conculcó los artículos 1, 2, 13, 29,
125 y 209 de la Constitución Política; las Leyes 909 de 2004, 1006 de 2006, 1409
de 2010, 1437 de 2011, 1955 de 2019, 1960 de 2019 y 2080 de 2021.

1 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-Ley 1437 de 2011.

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Radicado: 11001032500020210015100 (0883-2021)
Demandante: María Carolina Muñoz Bustos

4. Al desarrollar el concepto de violación, la actora planteó los siguientes cargos:

i) El manual de funciones de la UGPP desconoció los artículos 9 de la Ley 1006
de 2006 y 7 de la Ley 1409 de 2010, puesto que los perfiles de los empleos no
incluyeron las profesiones de administrador público y archivística. Esta
irregularidad también demuestra que la CNSC no vigiló el cumplimiento de la
normativa superior.

ii) El acto demandado desconoció el artículo 2 de la Ley 1960 de 2019, pues
ofertó a concurso de méritos un porcentaje superior al 30% de las vacantes en la
modalidad de ascenso. En efecto, los cargos de profesional especializado grado
33, profesional especializado grado 22 y profesional especializado grado 21 se
ofertaron en los porcentajes del 85%, 100% y 76%, respectivamente.

iii) El acto acusado también desconoció el numeral 3 de la referida norma, ya
que «en la convocatoria del concurso de ascenso se tuvo que ampliar la fecha de
la convocatoria por parte de la Comisión porque no se han inscrito funcionarios
de carrera a 61 empleos ofertados bajo esta modalidad, de lo que se colige que
la UGPP no realizó el estudio previo necesario para determinar que el número de
funcionarios de carrera de la entidad o en el sector administrativo que cumplen
con las condiciones y los requisitos para el desempeño de los cargos convocados
a concurso es igual o superior al número de empleos a proveer».

iv) El acuerdo enjuiciado omitió adoptar acciones afirmativas para la protección
de empleados en condiciones especiales, tales como, madres, padres cabeza de
familia y en situación de discapacidad, en tanto no se dispuso de medidas de
reubicación de éstos. De esa manera, se desacató el artículo 263 de la Ley 1955
de 2019.

v) El artículo 31 de la Ley 909 de 2004 prevé que el acuerdo de convocatoria
debe ser suscrito por la CNSC y la entidad destinataria del concurso; sin
embargo, el acto demandado únicamente fue expedido por la CNSC, sin la firma
del representante de la UGPP.

vi) La UGPP quebrantó el artículo 65 del CPACA, toda vez que no publicó las
resoluciones que contenían los manuales de funciones para las diferentes
dependencias, 2 pese a que son actos administrativos de carácter general y
debieron publicarse en el Diario Oficial. Esta deficiencia, derivó en que dichos
actos no produjeran efectos jurídicos, por ende, la convocatoria adolece de
nulidad por sustentarse en manuales de funciones inoponibles.

2 La actora mencionó las Resoluciones 712 del 6 de agosto de 2020, 863 del 2 de octubre de 2020, 1869 del 20

de noviembre de 2019, 806 del 14 de septiembre de 2020, 454 del 6 de mayo de 2020, 1697 del 27 de noviembre
de 2018, 444 del 30 de abril de 2020, 853 del 30 de septiembre de 2020 y 807 del 14 de septiembre de 2020.

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Radicado: 11001032500020210015100 (0883-2021)
Demandante: María Carolina Muñoz Bustos

1.2. Contestación de la demanda

5. La CNSC se opuso a las pretensiones de la demanda, con fundamento a las
siguientes razones:

i) La CNSC durante la etapa de planeación actúa de forma coordinada con la
entidad beneficiaria de la convocatoria para definir los requisitos y reglas del
certamen. De manera que la formación de la convocatoria no puede supeditarse
únicamente a la suscripción por parte del representante legal de la institución.

ii) Los cargos ofertados en las modalidades de concurso abierto y ascenso es
responsabilidad exclusiva de la UGPP, en tanto fue la institución que confeccionó
la OPEC. Asimismo, se acató la Ley 1960 de 2019, ya que la entidad reportó 475
vacantes, correspondiendo 333 a la modalidad de ingreso y 142 a la modalidad
de ascenso, última cifra que corresponde al 30% de las vacantes.

iii) En la Circular CNSC 20191000000097 de 2019 se indicó que la UGPP tiene
un régimen específico de carrera administrativa establecido en el Decreto Ley
168 de 2008, por lo que no le es aplicable el artículo 263 de la Ley 1955 de 2019.

6. La UGPP solicitó que se negaran las pretensiones de la demanda, por cuanto:

i) Los manuales de funciones y competencias laborales no deben publicarse
en el Diario Oficial, dado que, el artículo 15 de la Ley 2080 de 2021 se refirió a la
publicación de actos administrativos generales y las Resoluciones que adoptaron
el manual de funciones son actos administrativos de carácter particular.

ii) En el certamen se ofertaron 13 empleos que incluyeron en el NBC 3 la
bibliotecología, otros de ciencias sociales y humanas, dentro del que se
encuentran disciplinas relacionadas con la archivística. Asimismo, fueron
convocados 320 de empleos con NBC de administración, al cual pertenece la
disciplina académica de administración pública.

iii) La UGPP atendió lo previsto en el artículo 2 de la Ley 1960 de 2019 en tanto
el número de vacantes remitidas para proveer en la modalidad de ascenso no
superó el 30% del total de las vacantes a convocar.

II. TRÁMITE EN ÚNICA INSTANCIA

2.1. Admisión, medida cautelar y sentencia anticipada

7. Por auto del 9 de mayo de 2022, se admitió la demanda.

3 Núcleos Básicos del Conocimiento.

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Radicado: 11001032500020210015100 (0883-2021)
Demandante: María Carolina Muñoz Bustos

8.A través de providencia del 23 de enero de 2023, se negó la solicitud de medida
cautelar presentada por la accionante.

9. Mediante auto del 25 de julio de 2025, el despacho evidenció la posibilidad de
emitir sentencia anticipada dentro del sub lite, en los términos del artículo 182A del
CPACA. En consecuencia, se dispuso: a) prescindir de la audiencia inicial prevista
en el artículo 180 ibidem; b) resolver sobre las pruebas aportadas y solicitadas; c)
fijar el litigio; d) correr traslado a las partes y al Ministerio Público para presentar
alegatos de conclusión y concepto, respectivamente.

2.2. Alegatos de conclusión

10. La CNSC y la UGPP reiteraron los argumentos expuestos en la contestación de

la demanda. La parte actora guardó silencio en esta etapa procesal.

2.3. Ministerio Público

11. La Procuraduría Delegada de Intervención Tercera ante el Consejo de Estado

rindió concepto en el sentido de solicitar que se nieguen las pretensiones de la
demanda, con fundamento en los siguientes razonamientos:

i) En el núcleo básico de conocimiento de administración también está
delimitada la profesión de administrador público.

ii) La CNSC convocó a concurso de méritos 142 vacantes en ascenso y 333 en
modalidad abierta, para un total de 475 empleos, de esa manera, acató el
porcentaje del 30% contemplado en el artículo 29 de la Ley 909 de 2004.
Además, 86 vacantes en ascenso se declararon desiertas y fueron trasladadas a
la modalidad abierta, lo cual redujo el porcentaje al 12%.

iii) Conforme a la circular CNSC 20191000000097 de 2019, las acciones
afirmativas de protección a servidores en condiciones especiales, previstas en el
artículo 263 de la Ley 1955 de 2019, sólo son exigibles en concursos del sistema
general de carrera administrativa. A los sistemas específicos de carrera, dentro
de los cuales se encuentra la UGPP, no les aplica dicha norma.

iv) Los reproches en contra de los perfiles y requisitos exigidos, o que el manual
de funciones no fue publicado acertadamente, son situaciones que atañen a
dicho documento, es decir, se relacionan con aspectos derivados de los MEFCL4
de la UGPP que no se enjuiciaron. En consecuencia, no es procedente emitir
pronunciamiento de fondo sobre el tema.

4 Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales.

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4

Radicado: 11001032500020210015100 (0883-2021)
Demandante: María Carolina Muñoz Bustos

12. Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir

previas las siguientes:

III. CONSIDERACIONES

3.1. Problema jurídico

13. De acuerdo con los argumentos planteados en la demanda y su contestación, le

corresponde a la Sala determinar si el Acuerdo CNSC 20201000003566 del 28 de
noviembre de 2020 está viciado de nulidad por violación al ordenamiento
constitucional y legal en que debía fundarse, en los términos alegados por la
accionante.

3.2. Texto del acto demandado

14. Es preciso aclarar que no se transcribirá integralmente el acto enjuiciado en razón

a su extensión. En consecuencia, únicamente se citarán los apartes relevantes al
sub lite, cuyo tenor es el siguiente:

ACUERDO No. 0356 DE 2020
28-11-2020
20201000003566

"Por el cual se convoca y se establecen las reglas del Proceso de Selección, en las
modalidades de Ascenso y Abierto, para proveer los empleos en vacancia definitiva
pertenecientes al Sistema Específico de Carrera Administrativa de la planta de
personal de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL
Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL -UGPP-
identificado como Proceso de Selección No.1520 de 2020- Nación 3””

LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL - CNSC

CNSC

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el
artículo 130 de la Constitución Política, en los artículos 7, 11, 12, 29 y 30 de la Ley
909 de 2004, en los artículos 2.2.6.1 y 2.2.6.3 del Decreto 1083 de 2015, en el
artículo 263 de la Ley 1955 de 2019, en los artículos 2 y 6 de la Ley 1960 de 2019 y
en el artículo 2 del Decreto 498 de 2020, y

CONSIDERANDO:
[…]
ACUERDA:
[…]

ARTÍCULO 1. CONVOCATORIA. Convocar a proceso de selección, en las
modalidades de Ascenso y Abierto, para proveer las vacantes definitivas referidas en
el artículo 8 del presente Acuerdo, pertenecientes al Sistema Específico de Carrera
Administrativa de la planta de personal de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA

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Radicado: 11001032500020210015100 (0883-2021)
Demandante: María Carolina Muñoz Bustos

PROTECCIÓN SOCIAL -UGPP-, que se identificará como “Proceso de Selección
No.1520 de 2020 - Nación 3”.

PARÁGRAFO. Hace parte integral del presente Acuerdo, el Anexo que contiene de
manera detallada las Especificaciones Técnicas de cada una de las etapas del
proceso de selección que se convoca. Por consiguiente, en los términos del numeral
1 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, este Acuerdo y su Anexo son normas
reguladoras de este proceso de selección y obligan tanto a la entidad objeto del
mismo como a la CNSC, a la Institución de Educación Superior que lo desarrolle y a
los participantes inscritos.

ARTÍCULO 2. ENTIDAD RESPONSABLE DEL PROCESO DE SELECCIÓN. El
presente proceso de selección estará bajo la directa responsabilidad de la CNSC,
quien en virtud de sus competencias legales podrá suscribir contratos o convenios
interadministrativos para adelantar sus diferentes etapas “(…) con universidades
públicas o privadas o instituciones de educación superior acreditadas por [la misma
CNSC] para [este] fin”, conforme lo reglado en el artículo 30 de la Ley 909 de 2004.

3.3. Generalidades del sistema de carrera administrativa

15. El artículo 125 de la Constitución Política estableció que, por regla general, los

empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera, con excepción de
los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los trabajadores
oficiales y los demás que determine la ley. Igualmente, se dispuso que los
funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la
Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público.

16. Por su parte, la Ley 909 de 2004 reguló la carrera administrativa como un sistema

técnico de administración de personal que tiene por objeto la eficiencia de la
administración pública. A su vez, entronizó el principio del mérito como garante de
transparencia, objetividad e igualdad para el acceso, permanencia y ascenso en el
servicio público.

17. A su turno, en lo que atañe al sub lite, el Decreto Ley 168 de 2008 estableció el

Sistema Específico de Carrera Administrativa para la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
en el cual se establecieron reglas para el ingreso, permanencia y retiro de los
servidores de la entidad pública.

18. Igualmente, el artículo 14 de dicha norma, en lo relativo a la competencia para

adelantar los concursos y etapas de selección determinó que «en lo no regulado por
el presente decreto, cada una de las etapas de los concursos o procesos de
selección serán adelantados por la Comisión Nacional del Servicio Civil, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 28 y siguientes de la Ley 909 de 2004».

3.4. El caso concreto. Análisis de los cargos de nulidad

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Radicado: 11001032500020210015100 (0883-2021)
Demandante: María Carolina Muñoz Bustos

19. A continuación, se estudiarán en forma agrupada los cargos de nulidad expuestos

por la accionante con miras a resolver integralmente el debate.

3.4.1. Falta de inclusión en la convocatoria de las profesiones de
administrador público y profesional en archivística

20. La demandante manifestó que el manual de funciones de la UGPP desconoció

los artículos 9 de la Ley 1006 de 2006 y 7 de la Ley 1409 de 2010, puesto que los
perfiles de los empleos no incluyeron las profesiones de administrador público y
archivística.

21. En primer término, el artículo 9 de la Ley 1006 de 2006 indicó que «para el

ejercicio de empleos de carácter administrativo en las entidades del Estado en
cualquiera de los niveles territoriales, se incluirá la profesión de Administrador
Público en los manuales de funciones de dichas entidades como una de las
profesiones requeridas para el ejercicio del cargo».

22. A su vez, el DAFP5, mediante la Circular 1000-08 de 2006 estableció el alcance

de la expresión «empleos de carácter administrativo», en los siguientes términos:

Por lo tanto se considera que el título de Administrador Público podrá exigirse en los
manuales específicos de funciones y de competencias laborales, para el ejercicio de
aquellos empleos públicos comprendidos en los niveles directivo, asesor y profesional
en entidades públicas del orden nacional, departamental, distrital y municipal, cuyo
propósito principal y actividades esenciales tengan relación con le gestión de la
administración pública, con el desarrollo de actividades en materia de formulación,
ejecución y evaluación de las políticas en materia de organización administrativa del
Estado, planificación y coordinación del recurso humano al servicio del Estado, y en
Administración de los recursos físicos, presupuestales y financieros que coadyuven
en el cumplimiento de los propósitos, objetivos y funciones de la entidad que
corresponda y para los cuales se requiera de conocimientos sobre organización y
funcionamiento del Estado, de la gestión de la administración pública y de sus
diferentes procesos.

Así mismo, además de las disciplinas académicas exigibles para el ejercicio del
empleo, deberá incluirse el título de Administrador Público cuando se trate de cumplir
actividades profesionales orientadas a generar procesos integrales que incrementen
la capacidad institucional y la efectividad del Estado y demás organizaciones no
estatales con responsabilidades públicas y en aquellas actividades de dirección y
manejo de los asuntos públicos cuyos procesos sean de carácter estratégico, misional
o de apoyo.

23. Por su parte, el Decreto 2084 de 2014 determinó que «para efectos de la
identificación de las disciplinas académicas de los empleos que exijan como
requisito el título o la aprobación de estudios en educación superior, de que trata el
artículo 23 del Decreto-Ley 785 de 2005, las entidades y organismos identificarán
en el manual de funciones y de competencias laborales los Núcleos Básicos del

5 Departamento Administrativo de la Función Pública.

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Conocimiento (NBC) que contengan las disciplinas académicas o profesiones, de
acuerdo con la clasificación establecida en el Sistema Nacional de Información de
la Educación Superior (SNIES)».

24. Nótese que la UGPP sostuvo en la contestación de la demanda que se
convocaron al certamen 320 empleos equivalentes a 147 OPEC en los cuales fue
incluido el núcleo básico de conocimiento de «administración», ítem en el que se
encuentra delimitada la profesión de administración pública.

25. A modo de ejemplo, en el manual de funciones y competencias laborales para

los empleos de la dirección jurídica, se observa que para el empleo de profesional
universitario código 2044, grado 06 6 se incluyó el NBC de administración. Al
respecto, esta Subsección7 ha explicado que, en el SNIES, la disciplina académica
de administración pública se encuentra clasificada en el NBC de «administración»,
que pertenece al área de conocimiento llamada «Economía, administración,
contaduría y afines».8

26. Por otra parte, la accionante consideró conculcado el artículo 7 de la Ley 1409

de 2010 al no agregarse en la OPEC el cargo de profesionales en archivística y no
permitir la participación en el certamen de disciplinas afines a archivo.

27. Sobre el tema, el artículo 1 preceptuó que «se entiende por ejercicio profesional

de la archivística el desempeño laboral de profesionales, con título legalmente
expedido, en todo lo relacionado con el manejo de los archivos, cuyo campo de
acción se desarrolla fundamentalmente en las áreas relacionadas con el
conocimiento, organización, recuperación, difusión, preservación de la información,
conservación y conformación del patrimonio documental del país».

28. En ese sentido, la regulación de ninguna manera exige que los empleos públicos

con funciones de gestión documental se provean exclusivamente con profesionales
en archivística. Al respecto, el parágrafo del artículo 2 contempló que «las
actividades que propendan por el desarrollo de la gestión documental se
complementan de manera interdisciplinaria con las tareas de reprografía,
microfilmación, digitalización, restauración, divulgación, administración e
investigación que en el marco de la función archivística pueden realizar
profesionales y técnicos de otras disciplinas según su especialidad».

29. Se resalta que el proyecto de Ley 036 de 2007-Cámara de Representantes y 225

de 2007-Senado de la República que derivaron en la Ley 1490 de 2010, el

6 Páginas 26 y 27 del archivo titulado «RES 807 de 2020 MFCL Dir Juridica», índice 52 de Samai.
7
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 21 de marzo de 2024, radicado 11001-03-
25-000-2019-00861-00 (6341-2019) y acumulados.
8 La equivalencia de la disciplina académica de administración pública en el nuevo sistema de clasificación

adoptado por el Ministerio de Educación Nacional, denominado Clasificación Internacional Normalizada de
Educación – CINE F 2013 AC, es la siguiente: «campo amplio: Administración de Empresas y Derecho»,
«campo específico: Educación comercial y administración», y «campo detallado: Gestión y administración».

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8

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presidente de la República objetó por inconstitucionalidad a los artículos 3,4 y 5,
objeciones declaradas infundadas por la Corte Constitucional a través de la
sentencia C-239 de 2010 en los siguientes términos:

En los artículos dedicados a definir los requisitos para el ejercicio de la archivística
(artículos 3, 4 y 5), el legislador no ha desbordado sus competencias constitucionales,
pues en ellos simplemente establece los requisitos para el ejercicio de esta actividad
lo cual, dadas las características de impacto social y de complejidad que la
caracterizan, entra dentro de la órbita de sus competencias expresas, contenidas en
el artículo 26 de la Carta. Por lo demás, estos artículos, en sí mismos, no están
directamente excluyendo a otros profesionales del ejercicio de actividades
archivísticas. Se limitan a regular la pertenencia a la profesión archivística. [Resalta
la Sala].

30. De ahí que, los cargos públicos con funciones relacionadas con el archivo y
gestión documental podrán ser ejercidos por profesionales en archivística, así como
por otros profesionales en tanto no fueron excluidos del ejercicio de las funciones.
Este entendimiento, también ha sido acogido por el Consejo de Estado en anteriores
oportunidades9.

31. Asimismo, en la contestación de la demanda, la UGPP especificó que 13 empleos

contaron con el requisito mínimo de estudios y el núcleo básico de conocimiento de
bibliotecología, otros ciencias sociales y humanas.

32. En efecto, en el manual de funciones y competencias laborales para los empleos

de la dirección de soporte y desarrollo organizacional se vislumbra que para el
empleo de profesional universitario código 2044, grado 1110 se incluyó el NBC de
derecho y afines; economía; administración; bibliotecología, otros de ciencias
sociales y humanas; ingeniería de sistemas, telemática y afines; o contaduría
pública.

33. Las funciones esenciales del cargo contienen actividades de gestión documental

y de archivística11, de ahí que, contrario a lo descrito en la demanda, el NCB no

9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 21 de marzo de 2024, radicado
11001032500020190086100 (6341-2019) y acumulados.
10 Páginas 26 y 27 del archivo titulado «RES 807 de 2020 MFCL Dir Juridica», índice 52 de Samai.
11 1. Prestar asistencia técnica en la organización, conservación y control de los archivos de gestión, central e

histórico de la Unidad, de acuerdo con el principio de procedencia, orden original, ciclo vital y normatividad
archivística vigente.
2. Prestar asistencia técnica en los servicios de recepción, radicación, distribución y envió de las
comunicaciones de carácter oficial en el Centro de Administración Documental (CAD), cumpliendo estándares
de calidad y oportunidad
3. Participar en la elaboración y actualización de los instrumentos archivísticos para la gestión documental,
asegurando, una vez aprobados, su adopción, divulgación y aplicación al interior de la Entidad.
4. Participar en la ejecución, seguimiento y control de los programas específicos definidos en el Programa de
Gestión Documental de La Unidad.
5. Disponer el acceso y consulta de los documentos custodiados y expedir copia de los mismos de acuerdo con
la confidencialidad que le sea propia y la normatividad aplicable.
6. Disponer el acceso y consulta de los documentos que se producen y reciben en la Entidad y expedir copia
de los mismos de acuerdo con la confidencialidad que le sea propia y la normatividad aplicable.

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9

Radicado: 11001032500020210015100 (0883-2021)
Demandante: María Carolina Muñoz Bustos

excluyó a la profesión de archivística y permitió la participación en el proceso de
selección de otras profesiones, tales como, economistas, administradores,
bibliotecólogos, contadores públicos, ingenieros de sistemas e ingenieros
telemáticos y afines.

34. De otro lado, el parágrafo 3 del artículo 2.2.3.5 del Decreto 1083 de 2015 dispuso

que, en las convocatorias a concurso para la provisión de los empleos de carrera,
se indicarán los NBC de acuerdo con la clasificación contenida en el SNIES, o bien
las disciplinas académicas o profesiones específicas que se requieran para el
desempeño del empleo, de las previstas en el respectivo manual específico de
funciones y de competencias laborales, de acuerdo con las necesidades del servicio
y de la institución.

35. Si bien es cierto que dicha norma alude a los concursos de méritos, también lo

es que estos se fundan en los manuales de funciones que rijan para cada entidad
destinataria del concurso.

36. Igualmente, el Consejo de Estado ha concluido que la disposición en comento

«admite que, a efectos de la convocatoria al concurso de méritos, se indiquen
facultativamente los núcleos básicos del conocimiento o las disciplinas
académicas o profesiones específicas que se requieran para el desempeño del
cargo».12 Además, cada entidad está llamada a verificar que la disciplina académica
o profesión que se exija como requisito de formación pertenezca efectivamente al
correspondiente núcleo básico del conocimiento señalado en el manual, para lo cual
deberán tenerse en cuenta las funciones del empleo o área de desempeño.13

37. Asimismo, el DAFP ha expresado que las entidades públicas están habilitadas

para determinar cuáles núcleos del conocimiento son los más adecuados para el
desempeño de los diferentes cargos. Al respecto, se ha indicado:14

[…] la Administración puede definir en el manual de funciones, los Núcleos Básicos
de Conocimiento-NBC, que considere necesarios para el ejercicio de un determinado
empleo, inclusive si pertenecen a áreas de conocimiento diferentes, siempre y cuando
ellos estén relacionados con la naturaleza de las funciones del empleo. Es decir, el
registro de varios núcleos de conocimiento para una determinada ficha de empleo es
perfectamente válido.

7. Proponer requerimientos funcionales que permitan automatizar o mejorar procesos en los sistemas de
información utilizados por la Subdirección de Gestión Documental.
8. Participar en la definición y ejecución de pruebas de los desarrollos de software aplicados a los sistemas de
información utilizados por la Subdirección de Gestión Documental.
9. Desarrollar las funciones asignadas a su cargo atendiendo los lineamientos establecidos en el Sistema
Integrado de Gestión -SIG-, cumpliendo las metas e indicadores fijados.
10. Realizar las demás funciones asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con el nivel, naturaleza y área de
desempeño del cargo, cumpliendo estándares de calidad y oportunidad.
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 26 de enero de 2023, radicado

11001032500020210020900 (1324-2021).
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 21 de marzo de 2024, radicado

11001032500020190086100 (6341-2019) y acumulados.
14 https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=218970

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Demandante: María Carolina Muñoz Bustos

[…]
En síntesis, los núcleos básicos del conocimiento se definirán en torno al área de
desempeño, su descripción funcional, sus conocimientos básicos, sus requisitos,
entre otros. […].

38. En este orden de ideas, contrario a lo sostenido en la demanda, no se debía

incluir indefectiblemente la profesión de administrador público o de profesional en
archivística, pues las entidades accionadas también gozaban de un margen de
acción para determinar el perfil de los empleos dependiendo de las necesidades del
servicio, las funciones a desempeñar y área a la que serían asignados.

39. Por otra parte, la accionante alegó que la CNSC no vigiló el cumplimiento de la

normativa superior. No obstante, como se expuso en párrafos anterior anteriores, el
acto administrativo opugnado atendió las disposiciones sobre los perfiles que a
juicio de la actora faltaron por ofertar, de modo que la CNSC no incumplió con sus
deberes de vigilancia.

40. Enese sentido, se decide desfavorablemente el reproche planteado por la
accionante.

3.4.2. Publicidad de los manuales de funciones

41. La actora manifestó que la UGPP no publicó en el diario oficial los manuales de

funciones de los cargos convocados al certamen, es decir, no atendió los términos
del artículo 15 de la Ley 2080 de 2021 que modificó al artículo 65 de la Ley 1437 de
2011. De ahí que, se generó un vicio de nulidad en el acuerdo
enjuiciado por fundarse en actos inoponibles.

42. Ahora bien, se aclara que lo relevante al proceso de selección es la OPEC, en

tanto constituye el elemento mediante el cual se integra el MEFCL al acuerdo de
convocatoria y fue el insumo para desarrollar la etapa de planeación del concurso,
pues la convocatoria se surtió con base en la OPEC reportada por la UGPP,
situación que condujo a que la CNSC estimara el documento idóneo para estructurar
el certamen. Además, la demandante no cuestionó la validez de las resoluciones
que contenían los MEFCL.

43. Por lo tanto, el cargo de anulación por falta de publicación de los MEFCL no

controvierte en estricto sentido a la convocatoria ni a sus requisitos de existencia,
validez, eficacia u oponibilidad. Entendiendo a los primeros como el órgano que
expide la decisión y su contenido; los de validez, que son relativos a la voluntad y
las formalidades o el procedimiento, y la eficacia u oponibilidad, en relación con las
ritualidades necesarias para que sea capaz de producir efectos jurídicos.

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Demandante: María Carolina Muñoz Bustos

3.4.3. Suscripción de la convocatoria

44. La demandante reprochó que el acto demandado desconoció el artículo 31 de la

Ley 909 de 2004, el cual preceptúa que el acuerdo de convocatoria debe ser suscrito
por la CNSC y por la entidad destinataria del concurso; sin embargo, aquel fue
expedido únicamente por la CNSC, esto es, excediendo sus competencias y con
desconocimiento del debido proceso, así como la participación, planeación,
colaboración y coordinación que debía existir entre dichas entidades.

45. Ahora bien, la Ley 909 de 2004 preceptuó que la CNSC es un órgano de carácter

permanente de nivel nacional, con independencia de las demás ramas y estamentos
que conforman el poder público. En el desarrollo de sus funciones se encuentra
sometida al cumplimiento de las disposiciones del orden constitucional, legal y
reglamentario.

46. Además, si bien es cierto que el artículo 31 de la Ley 909 de 2004 dispuso que

la convocatoria debía ser suscrita por la CNSC y el jefe de la entidad u organismo
cuyas vacantes debían proveerse mediante el sistema del mérito, también lo es que,
conforme a la Sentencia C-183 de 2019,15 la suscripción del acto de convocatoria
por parte del jefe de la entidad beneficiaria del concurso es apenas una posibilidad,
pero no una exigencia cuyo incumplimiento pueda generar por sí sola alguna
irregularidad sustancial que conlleve a su nulidad, ya que lo realmente relevante es
que exista una etapa de planeación entre la CNSC y la entidad beneficiaria, en
atención a los principios de coordinación y colaboración armónica.16

47. En este caso, se encuentran demostrada la forma en que se surtió la etapa de

planeación con la UGPP, entidad beneficiaria del concurso de méritos.

48. Al respecto, en la contestación de la demanda, la CNSC explicó que la UGPP

adelantó de manera conjunta con la autoridad administrativa la planeación del
concurso de méritos durante los meses de agosto de 2016 a agosto de 2020, época
en la que la entidad beneficiaria del certamen cumplió la totalidad de los requisitos
exigidos en la Circular CNSC 20161000000057 del 22 de septiembre de 2016, pues,
presentó la Oferta Pública de Empleos de Carrera-OPEC y remitió el manual de
funciones y competencias laborales mediante el correo electrónico identificado con
radicado CNSC 20206001041712 del 2 de octubre de 2020.

49. Nótese que en el Acuerdo CNSC 20201000003566 del 28 de noviembre de 2020,

expedido por se indicó que «en uso de sus competencias constitucionales y legales,
la CNSC realizó conjuntamente con delegados de la […] UGPP-, la Etapa de
Planeación para adelantar el proceso de selección para proveer los empleos en

15 Proferida por la Corte Constitucional.
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 27 de octubre de 2022, radicado 11001-

03-25-000-2020-00325-00 (0621-2020).

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vacancia definitiva del Sistema Especial de Carrera Administrativa de su planta de
personal».

50. A su vez, en el acto administrativo en citase precisó que la entidad pública
registró en el SIMO la OPEC del proceso de selección que se certificó por el
representante legal y la jefe de la unidad de personal a través del oficio
20206001041712, en efecto, se detalló que «la información reportada corresponde
a la consignada en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales
vigente».

51. Loanterior evidenció la participación activa de la CNSC y la UGPP en la
construcción y definición de los ejes temáticos.

52. De otro lado, esta corporación ha expresado que el suministro de la OPEC a la

CNSC es un elemento indispensable para impulsar los concursos y es un reflejo de
la colaboración y coordinación en la etapa de planeación, pues «la información que
se consolida en la oferta es la que permite conocer cuáles son los perfiles requeridos
para los empleos por proveer mediante el concurso de méritos. De esta manera, si
no se contara con ella, el certamen no podría llevarse a cabo».17

53. En tal sentido, esta Subsección ha enfatizado en la importancia de la OPEC en

los siguientes términos:18

El Consejo de Estado ha indicado que la CNSC es la autoridad competente para elaborar
la convocatoria a los procesos de selección y esta se consolida con base en la OPEC
definida por la entidad interesada en proveer sus vacantes a través del sistema del
mérito. De ahí que la OPEC ha sido considerada como un acto preparatorio expedido
dentro del marco del proceso de planeación y colaboración armónica que debe surtirse
para la suscripción de la convocatoria.19

Bajo este hilo argumentativo, se concluye que una de las principales funciones que
cumplen las entidades públicas para lograr el correcto desarrollo de los certámenes
consiste en conformar la OPEC, en tanto constituye el insumo sobre el cual se diseña la
convocatoria y permite conocer la denominación, nivel, grado, asignación salarial y
número de cargos ofertados, así como los requisitos mínimos para su desempeño,
competencias y funciones asignadas.20

54. Así las cosas, no está llamado a prosperar el cargo de anulación basado en que

el acuerdo enjuiciado fue suscrito únicamente por la CNSC.

17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 23 de junio de dos 2022, radicado: 11001-

03-25-000-2018-01717-00 (6225-2018) y 11001-03-25-000-2018-00475-00 (1846-2018).
18
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 27 de octubre de 2022, radicado 11001-
03-25-000-2020-00325-00 (0621-2020).
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 2 de junio de 2022, radicado 11001-03-

25-000-2019-00204-00 (1330-2019).
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 23 de junio de dos 2022, radicado: 11001-

03-25-000-2018-01717-00 (6225-2018) y 11001-03-25-000-2018-00475-00 (1846-2018).

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3.4.4. Protección del personal nombrado en provisionalidad

55. La accionante argumentó que se omitió adoptar acciones afirmativas para la
protección de empleados en condiciones especiales, tales como, madres, padres
cabeza de familia y en situación de discapacidad, en tanto no se dispuso de medidas
de reubicación de éstos. De esa manera, se desacató el artículo 263 de la Ley 1955
de 2019.

56. Conviene resaltar que el artículo 4 de la Ley 909 de 2004 definió a los sistemas

específicos de carrera administrativa como «aquellos que en razón a la singularidad
y especialidad de las funciones que cumplen las entidades en las cuales se aplican,
contienen regulaciones específicas para el desarrollo y aplicación de la carrera
administrativa en materia de ingreso, capacitación, permanencia, ascenso y retiro
del personal y se encuentran consagradas en leyes diferentes a las que regulan la
función pública. A su vez, la misma disposición preceptuó que «la vigilancia de estos
sistemas específicos corresponde a la Comisión Nacional del Servicio Civil».

57. El legislador previó que, debido a la singularidad y especialidad de las funciones

que cumplen las entidades en las cuales se aplican los sistemas específicos de
carrera, se expedirían regulaciones particulares para el desarrollo y aplicación de la
carrera administrativa en materia de ingreso, capacitación, permanencia, ascenso y
retiro del personal, es decir, que estas normas «se encuentran consagradas en
leyes diferentes a las que regulan la función pública».21

58. Como se expuso en párrafos anteriores, la UGPP cuenta con un sistema
especifico de carrera administrativa que fue regulado por el Decreto Ley 168 de
2008, reglas que deben aplicarse de manera prevalente al sub lite, ya que esa es la
entidad destinataria del proceso de selección demandado.

59. Dicho lo anterior, la preceptiva que la actora invocó como desconocida por la

CNSC en el acto de convocatoria, contempló lo siguiente:

Artículo 263 de la Ley 1955 de 2019. Reducción de la provisionalidad en el
empleo público. Parágrafo 2. Los empleos vacantes en forma definitiva del sistema
general de carrera, que estén siendo desempeñados con personal vinculado
mediante nombramiento provisional antes de diciembre de 2018 y cuyos titulares a la
fecha de entrada en vigencia de la presente ley le falten tres (3) años o menos para
causar el derecho a la pensión de jubilación, serán ofertados por la CNSC una vez el
servidor cause su respectivo derecho pensional.
Surtido lo anterior los empleos deberán proveerse siguiendo el procedimiento
señalado en la Ley 909 de 2004 y en los decretos reglamentarios. Para el efecto, las
listas de elegibles que se conformen en aplicación del presente artículo tendrán una
vigencia de tres (3) años.
El jefe del organismo deberá reportar a la CNSC, dentro de los dos (2) meses

21 Artículo 4 de la Ley 909 de 2004.

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siguientes a la fecha de publicación de la presente ley, los empleos que se encuentren
en la situación antes señalada.
Para los demás servidores en condiciones especiales, madres, padres cabeza de
familia y en situación de discapacidad que vayan a ser desvinculados como
consecuencia de aplicación de una lista de elegibles, la administración deberá
adelantar acciones afirmativas para que en lo posible sean reubicados en otros
empleos vacantes o sean los últimos en ser retirados, lo anterior sin perjuicio del
derecho preferencial de la persona que está en la lista de ser nombrado en el
respectivo empleo.

60. De lo anterior se pueden extraer dos conclusiones: i) el deber de la entidad
beneficiaria del concurso de comunicar a la CSNC las vacantes definitivas de los
empleos del sistema general de carrera administrativa, en especial de los
provisionales que en condición de prepensionados a la fecha de entrada en vigor
de la ley22 les faltare 3 años o menos para causar la pensión de jubilación, con el
objeto de que la CNSC ofertara el empleo después de que el servidor público
causara su prestación periódica; ii) el deber de la entidad beneficiaria del certamen
de establecer medidas afirmativas en favor de servidores en condiciones
especiales, tales como, madres, padres cabeza de familia y en situación de
discapacidad.

61. Es pertinente destacar que la actora no formuló ningún reparo respecto a la
prescripción de no ofertar a concurso cargos ocupados por personas en
provisionalidad en condición de prepensionados, por lo que no es posible ahondar
en razonamientos frente a tal asunto.

62. De otro lado, se evidencia que, por disposición del legislador no fueron incluidos

en el ámbito de aplicación del parágrafo 2 del artículo 263 de la Ley 1955 de 2019
a los sistemas específicos de carrera administrativa dentro los cuales se encuentra
el de la UGPP.

63. En efecto, la CNSC interpretando la disposición de manera gramatical y literal23

expidió la Circular CNSC 20191000000097 del 28 de junio de 2019 en la cual señaló
que «el artículo 263 de la Ley 1955 de 2019 es aplicable solo a entidades que
pertenecen al sistema general de carrera administrativa cuya administración y
vigilancia corresponde a la CNSC, tal como la señala el parágrafo 2° de la norma
que se refiere al "sistema general de carrera", el cual no hace referencia a un
sistema especial o especifico de origen legal».

64. Esta premisa fue reiterada posteriormente por la misma autoridad administrativa

en el Acuerdo CNSC 20211000000076 del 19 de enero de 2021 que aclaró la parte

22 La Ley 1955 de 2019 entró en vigor el 25 de mayo de 2019.
23 En el artículo 27 de la Ley 84 de 1873 se consagró que «cuando el sentido de la ley sea claro, no se

desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu». A su vez, la Corte Constitucional en la sentencia
C-054/16 indicó que el método de interpretación gramatical no podía entenderse aisladamente del conjunto de
las demás reglas de interpretación y fuentes del derecho.

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considerativa del acto administrativo opugnado en el sentido de «establecer que
para la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social-UGPP, no es aplicable el artículo 263 de la Ley
1955 del 2019, teniendo en cuenta el régimen específico de carrera administrativa
al cual corresponde, según lo señalado en el Decreto Ley 168 de 2008».

65. Se resalta que la Circular CNSC 20191000000097 del 28 de junio de 2019 fue

demandada ante esta jurisdicción, pero al revisar el aplicativo SAMAI, no se observa
que a la fecha hubiera sido anulada o suspendida.24

66. Por ello, contrario a lo explicado por la demandante, el parágrafo 2 del Artículo

263 de la Ley 1955 de 2019 solamente cobijó a los empleos vacantes de forma
definitiva del sistema general de carrera administrativa.

67. Ahora bien, previo a la expedición de dicha legislación, esta corporación, con

base en lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia SU-446 de 2011, ha
considerado que la garantía de que gozan las personas constitucionalmente
protegidas «consiste en que deben ser los últimos en ser desvinculados y, si es
posible, nuevamente ser vinculados en forma provisional en cargos vacantes de la
misma jerarquía de los que venían ocupando, para lo cual deberán acreditar su
situación para la época de desvinculación o en el momento del posible
nombramiento».25

68. En consecuencia, si bien es cierto que pueden existir empleados que estén
vinculados en provisionalidad y se encuentren en situaciones particulares que los
hagan merecedores de un tratamiento diferencial, tal circunstancia no puede
desplazar el derecho que adquiere quien ha superado todas las etapas de un
concurso de méritos y debe ser nombrado en el cargo al cual aspiró. 26

3.4.5. Desconocimiento del numeral 3 del artículo 2 de la Ley 1960 de 2019

69. La demandante alegó que el acto demandado desconoció el artículo 2 de la Ley

1960 de 2019, pues ofertó a concurso de méritos un porcentaje superior al 30% de
las vacantes en la modalidad de ascenso. En efecto, los cargos de profesional
especializado grado 33, profesional especializado grado 22 y profesional
especializado grado 21 se ofertaron en los porcentajes del 85%, 100% y 76%,
respectivamente.

24
Consejo de Estado, sección Segunda, Subsección B, auto del 15 de septiembre de 2025, radicado 11001-
03-25-000-2019-00576-00 (4611-2019).
25 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 6 de febrero de 2025, radicado 11001-03-25-

000-2022-00266-00 (1630-2022).
26 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 25 de abril de 2024, radicado 11001 03 25 000

2023 00042 00 (0818-2023).

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70. El artículo mencionado reformó al artículo 29 de la Ley 909 de 2004 27 que en su

redacción original dispuso que los concursos para el ingreso y el ascenso a cargos
públicos de carrera administrativa serían abiertos a todas las personas que
acreditaran los requisitos para su desempeño. No obstante, la reforma efectuada en
el 2019 entre otras cosas estableció una regla porcentual para determinar las
vacantes que se proveerían en la modalidad de abierto y en la modalidad de
ascenso. Al respecto, la disposición estableció lo siguiente:

Artículo 29. Concursos. La provisión definitiva de los empleos públicos de carrera
administrativa se hará mediante procesos de selección abiertos y de ascenso los
cuales adelantará la Comisión Nacional del Servicio Civil o la entidad en la que esta
delegue o desconcentre la función.
[…]

El concurso será de ascenso cuando:

1. La vacante o vacantes a proveer pertenecen a la misma planta de personal, las
plantas de personal del sector administrativo o cuadro funcional de empleos, en los
niveles asesor, profesional, técnico o asistencial.

2. Existen servidores públicos con derechos de carrera general o en los sistemas
específicos o especiales de origen legal, que cumplan con los requisitos y condiciones
para el desempeño de los empleos convocados a concurso.

3. El número de los servidores con derechos de carrera en la entidad o en el sector
administrativo que cumplen con los requisitos y condiciones para el desempeño de
los empleos convocados a concurso es igual o superior al número de empleos a
proveer.

Si se cumple con los anteriores requisitos se convocará a concurso de ascenso el
treinta (30%) de las vacantes a proveer. El setenta (70%) de las vacantes restantes
se proveerán a través de concurso abierto de ingreso.

Si en el desarrollo del concurso de ascenso no se inscribe un número igual de
servidores con derechos de carrera por empleo convocado, el concurso se declarará
desierto y la provisión de los cargos se realizará mediante concurso de ingreso
abierto. Quienes se hayan inscrito inicialmente para el concurso de ascenso
continuarán en el concurso abierto de ingreso sin requerir una nueva inscripción.
[…]

71. En la contestación de la demanda, la UGPP especificó que organizó los empleos

en la modalidad de ascenso con base a los dos primeros criterios establecidos en
la Circular CNSC 20191000000157 del 18 de diciembre de 2019, a saber: i)
seleccionar los empleos y vacantes para los cuales existan la mayor cantidad de
servidores de carrera que cumplan requisitos para participar en el concurso de
ascenso; ii) seleccionar los empleos de mayor jerarquía en la planta de personal,
para los cuales existan servidores de carrera que cumplan con los requisitos para
participar en el concurso de ascenso; iii) ofertar todas las vacantes del mismo
empleo.

27 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 25 de abril de 2024, radicado 11001 03 25 000

2023 00042 00 (0818-2023).

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72. Además, indicó que atendió el concepto CNSC 20204000718331 del 24 de
septiembre de 2020 en el cual se sostuvo que «es necesario precisar que la Ley se
refiere al número de los servidores con derechos de carrera en la entidad o en el
sector administrativo que cumplen con los requisitos y condiciones para el
desempeño de los empleos convocados a concurso y no al número total de
servidores de carrera; luego deberá existir como mínimo un funcionario de carrera
por vacante convocada (por ascenso) que cumpla con los requisitos y condiciones
para el desempeño del empleo a convocar, y la cantidad de vacantes para las cuales
existen funcionarios de carrera corresponderá a la cantidad de vacantes que se
convocaran a concurso de ascenso, que en todo caso deberá corresponder al 30%
o menos del total de las vacantes a convocar (ascenso y abierto)».

73. Atendiendo los anteriores parámetros, se determinó en el artículo 8 del Acuerdo

CNSC 20201000003566 del 28 de noviembre de 2020 que la OPEC del proceso de
selección sería la siguiente:

OPEC PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN EN LA MODALIDAD DE ASCENSO

NIVEL JERÁRQUICO NÚMERO DE EMPLEOS NÚMERO DE VACANTES
Profesional 100 139
Técnico 3 3
TOTAL 103 142

OPEC PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN EN LA MODALIDAD ABIERTO

NIVEL JERÁRQUICO NÚMERO DE EMPLEOS NÚMERO DE VACANTES
Profesional 147 312
Técnico 9 15
Asistencial 3 6
TOTAL 159 333

74. De ese modo, en total se convocaron a concurso de méritos 475 empleos,
correspondiendo 142 a la modalidad de ascenso y 333 en la modalidad abierto. En
efecto, el 30% de la totalidad de las vacantes equivale a 142.5 que corresponde al
número de vacantes ofertadas en la modalidad de ascenso. Así mismo, el 70% de
la totalidad de las vacantes se delimita en 332.5, suma que se encuentra dentro del
número establecido de cargos a ofertar en la modalidad de ascenso.

75. En consecuencia, la entidad demandada cumplió con los parámetros y
porcentajes determinados por el numeral 3 del artículo 2 de la Ley 1960 de 2019 en
el cual se indicó que «si se cumple con los anteriores requisitos se convocará a
concurso de ascenso el treinta (30%) de las vacantes a proveer. El setenta (70%)
de las vacantes restantes se proveerán a través de concurso abierto de ingreso».

76. A su vez, de acuerdo con dicha norma, la oferta de cargos al certamen en la

modalidad de ascenso no corresponde al 30% de cada cargo, sino de las vacantes

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totales, lo cual se acató en este caso. La UGPP también atendió los lineamientos
señalados por la CNSC en la circular CNSC 20191000000157 del 18 de diciembre
de 2019 y el concepto CNSC 20204000718331 del 24 de septiembre de 2020 para
determinar cuáles eran los cargos que debían ofertarse a concurso de ascenso.

77. De otro lado, la actora sostuvo que el acto acusado también desconoció el
numeral 3 de la referida norma, ya que «en la convocatoria del concurso de ascenso
se tuvo que ampliar la fecha de la convocatoria por parte de la Comisión porque no
se han inscrito funcionarios de carrera a 61 empleos ofertados bajo esta modalidad,
de lo que se colige que la UGPP no realizó el estudio previo necesario para
determinar que el número de funcionarios de carrera de la entidad o en el sector
administrativo que cumplen con las condiciones y los requisitos para el desempeño
de los cargos convocados a concurso es igual o superior al número de empleos a
proveer».

78. Al respecto, la autoridad administrativa explicó en la contestación de la demanda

que para establecer los empleos que se ofertarían en la modalidad de ascenso la
Subdirección de Gestión Humana verificó los soportes de formación académica y
experiencia profesional que reposaba en las historias laborales de los servidores de
carrera administrativa, ejercicio que le permitió determinar el número de los
empleados que potencialmente se presentarían al certamen en la modalidad de
ascenso.

79. Posteriormente, teniendo en cuenta que en algunos empleos no se inscribieron

aspirantes o hubo un número menor de inscritos en la modalidad de ascenso, la
CNSC mediante la Resolución 632 del 17 de marzo de 2021 declaró desierto el
concurso para 86 vacantes correspondiente a 60 empleos. La parte resolutiva
determinó lo siguiente:

ARTÍCULO PRIMERO. Declarar desierto el concurso de mérito en la Modalidad de
Ascenso para las vacantes que se relacionan a continuación, de la UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL -UGPP- identificado como Proceso
de Selección No.1520 de 2020- Nación 3, por las causales expuestas en la parte
motiva de la presente Resolución.
[…]

ARTÍCULO SEGUNDO. En cumplimiento del artículo 29 de la Ley 909 de 2004,
modificado por el artículo 2 de la Ley 1960 de 2019, y conforme a lo dispuesto en el
numeral 2 del Anexo Técnico el cual hace parte integral de los Acuerdos que rigen el
Proceso de Selección No. 1428 a 1521 de 2020 y 1547 de 2021- Nación 3, las
vacantes declaradas desiertas mediante la presente Resolución se proveerán
mediante este mismo Proceso de Selección en la Modalidad Abierto, razón por la
cual, pasan a hacer parte de la Oferta Pública de Empleos de Carrera-OPEC de este
último.

80. Por lo tanto, la institución demandada atendió los parámetros del inciso tercero

del numeral 3 del artículo 2 de la Ley 1960 de 2019 en el que se indicó que «si en

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co
19

Radicado: 11001032500020210015100 (0883-2021)
Demandante: María Carolina Muñoz Bustos

el desarrollo del concurso de ascenso no se inscribe un número igual de servidores
con derechos de carrera por empleo convocado, el concurso se declarará desierto
y la provisión de los cargos se realizará mediante concurso de ingreso abierto». En
ese sentido, se redujo el número de empleos convocados en la modalidad de
ascenso al 12%.

81. Así las cosas, no tiene vocación de prosperidad el cargo de nulidad fundado en

la vulneración de la Ley 1960 de 2019.

3.5. Condena en costas

82. En consideración a que se trata de un medio de control de nulidad, en el que se

ventila un asunto de interés público, no se impondrá condena en costas, de
conformidad con lo previsto en el artículo 188 del CPACA.

83. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

Primero. Negar la pretensión de la demanda de nulidad formulada contra del
Acuerdo CNSC 20201000003566 del 28 de noviembre de 2020 expedido por la
CNSC, en atención a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.

Tercero. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse
las anotaciones correspondientes y archívese el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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