Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00293-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00293-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-00293-00
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martinez
14 de febrero de 2025
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, catorce (14) de febrero de dos mil veinticinco (2025).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2025-00293-00
Demandante: AGNERY CARREÑO CARREÑO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
RELIQUIDACIÓN DE PENSIÓN DE JUBILACIÓN. TASA DE
REMPLAZO.
Síntesis del caso: la demandante consideró que en la providencia cuestionada se configuró una
vulneración de sus derechos fundamentales, debido a que la autoridad judicial accionada
reliquidó su pensión de vejez con una tasa de reemplazo inferior a la que le correspondía
conforme con la Ley 100 de 1993. La Sala negará el amparo invocado, por cuanto no se
demostraron los defectos invocados.
La Sala decide la acción de tutela1 presentada, a través de apoderado judicial, por la
señora Agnery Carreño Carreño en contra del Tribunal Administrativo de Boyacá para la
protección de sus derechos constitucionales fundamentales del debido proceso, igualdad,
seguridad social y acceso a la administración de justicia, consagrados en los artículos 29,
229 y 13 de la Constitución Política, presuntamente vulnerados con ocasión de la
providencia de 21 de agosto de 2024, proferida por dicha autoridad judicial.
I. ANTECEDENTES
Los hechos de la demanda
Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:
1 Mediante escrito radicado el 21 de enero de 2025.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-00293-00
Demandante: Agnery Carreño Carreño
Acción de tutela
1) La señora Agnery Carreño Carreño nació el 3 de abril de 1959 y laboró durante varios
años en diferentes entidades del Estado.
2) El requisito de edad requerido (57 años) para acceder a la pensión de vejez fue
alcanzado por la demandante el 3 de abril de 2016, es decir, bajo el imperio de la Ley
797 de 2003.
3) A través de la Resolución no. SUB 64257 del 7 de marzo de 2018, Colpensiones le
reconoció a la demandante una pensión de vejez con una tasa de remplazo del 74.36%,
la cual quedó supeditada al retiro del servicio, prestación que fue reconocida teniendo en
cuenta 1.822 semanas de cotización, de conformidad con lo establecido en la Ley 797 de
2003.
4) Mediante Resolución no. SUB 82207 del 27 de marzo de 2018 se modificó la
Resolución no. SUB 64257 y se aplicó una tasa de remplazo del 74.60% del promedio de
las cotizaciones de los últimos diez años, en cuantía de $7.156.655, a partir del 1 de
enero de 2018.
5) Posteriormente, Colpensiones, por medio de la Resolución GNR 88738 del 6 de abril
de 2020, reliquidó y pagó una pensión de vejez a la demandante en la suma de
$7.160.265.00 para el año 2018, en $7.387.961.00 para el 2019 y en $7.668.704.00 para
el 2020, efectiva a partir del 1 de enero de 2018, con una tasa de remplazo del 74.60%,
decisión contra la cual se interpusieron los recursos de reposición y apelación.
6) Colpensiones, a través de las Resoluciones nos. SUB 141242 del 1 de julio de 2020 y
DPE 10390 del 29 de julio de 2020, resolvió los recursos de reposición y apelación y
confirmó la decisión adoptada mediante la Resolución no. GNR 88738 de 2020 que negó
la reliquidación en los términos solicitados.
7) La demandante presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra
de Colpensiones, en la que pidió la declaratoria de nulidad de la Resolución no. GNR
88738 del 6 de abril de 2020, por medio de la cual ordenó la reliquidación de su pensión
de vejez; así como de las Resoluciones nos. SUB-141242 del 1 de julio de 2020 y DPE
10390 del 29 de julio de 2020, a través de las cuales se confirmó la decisión y, en
consecuencia, que se le reliquidara dicha prestación con una tasa de remplazo del 85%
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 original de la Ley 100 de 1993.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-00293-00
Demandante: Agnery Carreño Carreño
Acción de tutela
8) En sentencia de 17 de mayo de 2022, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito
Judicial de Tunja accedió a las pretensiones de la demanda, en atención a que, si bien la
demandante no poseía un derecho adquirido bajo el imperio de la Ley 100 de 1993, lo
cierto era que, en garantía del principio de favorabilidad, su derecho pensional debía ser
reconocido, liquidado y pagado conforme al régimen pensional contenido en las
disposiciones originales de esa norma, por lo cual tenía derecho a que se le reconociera
y pagara una pensión de vejez en un monto de $8.053.966 pesos, equivalente al 85% al
Ingreso Base de Liquidación, en aplicación al artículo 34 original ibidem, con efectividad
a partir del 1 de enero de 2018.
9) La autoridad demandada apeló tal decisión con fundamento en que la única norma
aplicable al caso particular era la Ley 797 de 2003, en la medida que, a la entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993, la demandante no contaba con 15 años de servicio ni
con 34 años de edad, requisitos indispensables para que pudiera tenerse como
beneficiaria del régimen de transición; además, sostuvo que no era posible aplicar una
tasa de remplazo del 85%, pues, el ingreso base de liquidación que se debía tener en
cuenta era de 74.60%.
10) Por su parte, la demandante en su recurso de apelación solicitó que se modificara la
liquidación efectuada, debido a que el Ingreso base de liquidación de los últimos diez
años sobre el salario base de cotización debidamente actualizado (1 de enero de 2008 y
hasta el 1 de enero de 2018) era de $1.223.162.873,09 y no de $ 1.137.030.523.
11) El 21 de agosto de 20242, el Tribunal Administrativo de Boyacá revocó la decisión de
primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda, por cuanto a la
demandante no se le podía aplicar la tasa de remplazo contemplada en el artículo 34 de
la Ley 100 de 1993, sin la modificación de la Ley 797 de 2003, en atención a que para la
fecha en que adquirió el derecho pensional (2018) ya se encontraba vigente dicha
reforma.
2 La decisión se notificó por correo el 30 de agosto de 2024.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-00293-00
Demandante: Agnery Carreño Carreño
Acción de tutela
Fundamentos de la vulneración
La parte demandante señaló que la autoridad judicial demandada vulneró sus derechos
constitucionales fundamentales del debido proceso, igualdad, seguridad social y acceso
a la administración de justicia con ocasión del fallo proferido el 21 de agosto de 2024, por
cuanto, a su juicio, incurrió en los defectos sustantivo, desconocimiento del precedente
judicial y violación directa de la Constitución.
En cuando al defecto sustantivo, señaló que se hizo una indebida interpretación de los
artículos 33 y 34 de Ley 100 de 1993, respecto de los extremos de la pensión de
jubilación, lo cual conllevó a que se considerara que no resultaba aplicable esa norma a
su caso por haber cumplido el requisito de la edad con posterioridad a la vigencia de Ley
797 de 2003.
Por ser beneficiaria del régimen de transición contenido en la Ley 100 de 1993, el
comparativo normativo para establecer la favorabilidad debía hacerse entre el IBL de la
Ley 33 de 1985 y el IBL contenido en la Ley 100 de 1993, sin la modificación ni adición
introducida por la Ley 797 de 2003, puesto que esta última aumentó requisitos para
acceder al derecho pensional y disminuyó su monto, lo cual contraría el principio de
progresividad y de favorabilidad.
En la medida en que cumplió con los requisitos establecidos en los artículos 33 y 34 de
Ley 100 de 1993 es procedente que se reliquide su pensión de jubilación con una tasa
de remplazo del 85% y no del 74.20%, en tanto le resulta desfavorable.
Asimismo, indicó que el tribunal se alejó de su propio precedente pues, en otra
oportunidad, respecto de un caso con elementos similares, fundamentó la sentencia3 en
la aplicación del principio de favorabilidad bajo la vigencia de las Leyes 33 de 1985, 100
de 1993 y 797 de 2003.
Finalmente, afirmó que se vulneró de manera directa la Constitución, debido a que se
comprometió el derecho de igualdad, el principio de favorabilidad y la protección de una
persona de la tercera edad por la imposibilidad para devengar otros ingresos.
3 Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión no. 2, sentencia 26 de agosto de 2020, Expediente
con radicación no. 15001-33-33-005-2017-00213-01, MP Luís Ernesto Arciniegas Triana.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-00293-00
Demandante: Agnery Carreño Carreño
Acción de tutela
Pretensiones
Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó que se acceda a las
siguientes súplicas:
“1º.- TUTELAR los Derechos Fundamentales del accionante AGNERY
CARREÑO CARREÑO, vulnerados por parte del TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ.
1.1.- Como consecuencia de la anterior, DEJAR SIN EFECTO la Providencia
notificada el 21 de agosto de 2024 por parte del TRIBUNAL CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DE BOYACA al interior del medio de control Nulidad y
Restablecimiento del Derecho radicado Nro. 15001333300320210002701 por
medio de la cual se revoca la Sentencia proferida el día 10 de marzo de 2022
por parte del Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Tunja.
1.2. Como consecuencia de la anterior, se genere una nueva Sentencia y/o
Modifique la Providencia notificada el 21 de agosto de 2024, Confirmando la
Sentencia proferida el día 21 de agosto de 2024 por parte del Juzgado Tercero
Administrativo Oral del Circuito de Tunja al interior del medio de control Nulidad
y Restablecimiento del Derecho radicado Nro. 15001333300320210002700;
concediendo las pretensiones principales de la Demanda y consecuencialmente
anulando los Actos Administrativos sometidos a control de legalidad.
Como alternativas de ésta:
CONFIRMAR la Sentencia proferida el día 10 de marzo de 2022 por parte del
Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Tunja al interior del medio
de control Nulidad y Restablecimiento del Derecho radicado Nro.
15001333300320210002700; ordenando reconocimiento y pago del derecho a
la Pensión en los términos de Ley 100 de 1993. Acto para el cual declarará que
el demandante tiene derecho a un monto o cuantía de su pensión de jubilación
equivalente al 85% del promedio de los salarios devengados junto con cada uno
de los factores constitutivos del mismo durante los últimos diez años de servicio.
Consecuencialmente anulando los Actos Administrativos sometidos a control de
legalidad.
ORDENAR reconocer y pagar a favor del demandante el valor correspondiente
a la reliquidación y reajuste de la Pensión Vitalicia de Jubilación en monto
equivalente al 85% del promedio de los salarios devengados junto con cada uno
de los factores constitutivos del mismo durante los últimos diez años de
servicio.”.
Actuación procesal
Mediante auto de 24 de enero de 2024, se admitió la acción de tutela y se ordenó la
notificación al presidente y a los magistrados integrantes del Tribunal Administrativo de
Boyacá, al titular del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Tunja y al
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-00293-00
Demandante: Agnery Carreño Carreño
Acción de tutela
director de la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), con el fin de que
allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción.
Intervenciones de las autoridades demandadas
La titular del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Tunja señaló que no
le asiste interés en el resultado de la acción de tutela, en la medida que la decisión
proferida por ese despacho judicial no fue objeto de reproche.
El magistrado ponente del Tribunal Administrativo de Boyacá, después de hacer un
recuento de las actuaciones surtidas en el proceso ordinario, afirmó que la sentencia no
adolece de un defecto sustantivo, en consideración a que, a partir de las pruebas
allegadas al expediente se acreditó que la norma que gobernaba el derecho pensional
de la demandante era la Ley 100 de 1993 junto con las modificaciones introducidas por
la Ley 797 del 2003 frente a la tasa de reemplazo, en tanto que para el momento en que
se consolidó su derecho esta regulación ya estaba vigente.
La Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) sostuvo que no se ha
materializado ningún defecto o veneración de derechos fundamentales por parte del
tribunal.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela, 2) marco jurídico relativo al subsidio
familiar y 3) el caso concreto.
Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-00293-00
Demandante: Agnery Carreño Carreño
Acción de tutela
Sin embargo, este instrumento no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.
El caso concreto
En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Tribunal
Administrativo de Boyacá con el fin de que se proteja los derechos fundamentales antes
referidos, presuntamente vulnerados con ocasión de la providencia de 21 de agosto de
2024, por cuanto, a su juicio, incurrió en los defectos sustantivo, desconocimiento del
precedente judicial y violación directa de la Constitución.
Ahora bien, como cuestión previa es preciso aclarar que, si bien en el proceso de acción
de tutela se alegaron los defectos sustantivo y violación directa de la Constitución, lo
cierto es que a partir de la lectura integral del escrito de amparo se advierte que esos
reparos, en realidad, tienen relación directa con la presunta indebida interpretación y
aplicación de los artículos 33 y 34 de Ley 100 de 1993, respecto de los extremos de la
pensión de jubilación, así como del principio de favorabilidad; por consiguiente, se
procederá a realizar el análisis únicamente frente al primero de los defectos mencionados
pues los argumentos relacionados con el otro también constituyen un defecto sustantivo,
por lo que se valorarán bajo esa óptica.
De igual manera, se realizará el estudio del desconocimiento del precedente horizontal
invocado.
No sobra recordar que dicho estudio procederá, si y solo si, se supera el examen de los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales.
En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala negará el amparo
invocado, por las siguientes razones:
El presente caso cumple los requisitos genéricos de procedibilidad enunciados por la
jurisprudencia constitucional, por cuanto: (i) se agotaron todos los medios de defensa
judicial disponibles al alcance de la persona afectada ante la jurisdicción de lo
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-00293-00
Demandante: Agnery Carreño Carreño
Acción de tutela
contencioso administrativo; (ii) se cumplió con el requisito de la inmediatez, si se tiene en
cuenta que la acción fue promovida dentro de los 6 meses siguientes a la notificación de
la providencia atacada4; (iii) el presente caso no se trata de una irregularidad procesal
que deba ser tenida como un efecto determinante en la sentencia que se impugna y
afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (iv) la parte demandante identificó
de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
que se transgredieron, (v) no se ataca una sentencia de tutela y, finalmente, (vi) la
cuestión que se discute resulta de relevancia constitucional, por cuanto se alegó la
supuesta vulneración de derechos constitucionales fundamentales con ocasión de la
providencia que revocó la decisión de primer grado que había ordenado reajustar la
pensión de jubilación en un monto equivalente al 85% al Ingreso Base de Liquidación, en
aplicación al artículo 34 original de la Ley 100 de 1993, la cual desconocía el precedente
judicial horizontal del tribunal y el principio de favorabilidad.
Superado el análisis anterior, pasa la Sala a establecer si la sentencia objeto de tutela
incurrió en los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente judicial horizontal.
2.1 Caracterización del defecto sustantivo
De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el defecto sustantivo se configura cuando
una providencia judicial se sustenta con base en fundamentos jurídicos a todas luces no
subsumibles al caso objeto de la litis o con base en “una interpretación que contraríe los
postulados mínimos de la razonabilidad jurídica.” 5.
La Corte Constitucional estableció6 que el defecto sustantivo abarca múltiples causas que
pueden generar un yerro en la aplicación o interpretación del derecho y que, por tal razón,
pueden llegar a afectar ostensiblemente el derecho fundamental del debido proceso de
las partes por la errónea elección de fuentes jurídicas o por la omisión de normas
aplicables que pueden ser las subreglas jurisprudenciales que gobiernen una
determinada materia. Esa misma Corporación señaló que se genera cuando una
determinada autoridad judicial:
4 La sentencia de segunda instancia fue notificada por correo electrónico del 30 de agosto de 2024 y la
demanda fue presentada el 21 de enero de 2025.
5 Corte Constitucional, sentencia T-073 de 2015, MP Mauricio González Cuervo.
6 Corte Constitucional, sentencia SU-298 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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Demandante: Agnery Carreño Carreño
Acción de tutela
“i) aplica una disposición en el caso que perdió vigencia por cualquiera de la
razones previstas por la normativa, por ejemplo, su inexequibilidad; (ii) aplica un
precepto manifiestamente inaplicable al caso, por ejemplo porque el supuesto
de hecho del que se ocupa no tiene conexidad material con los presupuestos
del caso; (iii) a pesar del amplio margen hermenéutico que la Constitución le
reconoce a las autoridades judiciales, realiza una interpretación contraevidente
-interpretación contra legem- o claramente irrazonable o desproporcionada; (iv)
se aparta del precedente judicial –horizontal o vertical- sin justificación
suficiente; o (v) se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante
una violación manifiesta de la Constitución, siempre que su declaración haya
sido solicitada por alguna de las partes en el proceso7.”.
2.2 El análisis del defecto sustantivo en el caso concreto
1) La demandante señaló que se hizo una indebida interpretación de los artículos 33 y 34
de Ley 100 de 1993, respecto de los extremos de la pensión de jubilación, lo cual conllevó
a que se considerara que no resultaba aplicable esa norma a su caso por haber cumplido
el requisito de la edad con posterioridad a la vigencia de Ley 797 de 2003.
2) Afirmó que, por ser beneficiaria del régimen de transición contenido en la Ley 100 de
1993, el comparativo normativo para establecer la favorabilidad debía hacerse entre el
IBL de la Ley 33 de 1985 y el IBL contenido en la Ley 100 de 1993, sin la modificación ni
adición introducida por la Ley 797 de 2003, puesto que esta última aumentó requisitos
para acceder al derecho pensional y disminuyó su monto, lo cual contraría el principio de
progresividad y de favorabilidad.
3) Pues bien, la Sala encuentra que la autoridad judicial demandada aplicó la
normatividad que cobijaba la situación jurídica de la demandante y, con base en ello, hizo
un análisis de su situación fáctica, así:
“90. Ahora bien, esta Sala dirá que a la demandante se le debe reliquidar su
pensión según lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 modificada por la Ley
797 de 2003, por haber cumplido los requisitos establecidos en dicha
norma, por lo que debe ser aplicada en su integridad, es decir, con las
modificaciones introducidas por la Ley 797 de 2003, en cuanto para la
fecha en que la demandante adquirió el status (3 de abril de 2016), dicha
modificación ya estaba vigente.
91. De igual manera se aprecia que en los actos administrativos
demandados se tuvieron en cuenta los requisitos para la pensión de vejez
contemplados en el artículo 33 ibidem (modificado por el artículo 9° de la
Ley 797 de 2003), que establece una edad de 55 años en caso de ser mujer
y 60 en caso de ser hombre (los cuales se incrementaron en 57 y 62 años,
respectivamente, a partir del 1° de enero de 2014), y haber cotizado más de
7 Corte Constitucional, sentencia T- 830 de 2012. MP, Jorge Ignacio Pretelt.
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Demandante: Agnery Carreño Carreño
Acción de tutela
1000 semanas en cualquier tiempo (incrementadas en 50 a partir del 1° de
enero de 2005 y en 25 cada año a partir del 1° de enero de 2006 hasta llegar a
las 1300 semanas en el año 2015).
92. Es importante indicar que la actora, no se puede pensionar con base
en la Ley 100 de 1993 tal como estaba antes de la modificación, por el
hecho de que esa norma en la parte que hace referencia a la tasa de
remplazo fue derogada por la Ley 797 del 2003 y para efectos de que una
norma derogada pudiera aplicarse luego del tiempo de su derogatoria se
requería que el legislador en el ejercicio del libre marco de configuración hubiera
precisado esa posibilidad, por ejemplo, de un grupo de personas habida cuenta
del contenido normativo del artículo 83 de la Constitución que reconoce el
principio de la buena fe y dentro de este el de la confianza legítima y por virtud
de este principio hubiera establecido un régimen de transición que en el caso
hubiera mantenido las condiciones pensionales en el punto que interesa, es
decir, en la tasa de remplazo de personas que estuvieran cerca a la adquisición
del correspondiente status, lo que en el caso concreto no hizo y en ese orden
de ideas, entonces la norma que resultaba aplicable era la norma vigente
para el tiempo que adquirió el derecho, que en términos también del acto
Legislativo 01 del 2005, es cuando concluye la edad y tiempo de servicios
de semanas cotizadas y cualquier otro requisito que en términos de la
misma norma se hubiera consagrado para efectos de acceder al
respectivo beneficio.
93. Además, en el caso concreto tampoco era posible aplicar por
favorabilidad la norma tal cual estaba antes de la expedición de la Ley 797
del 2003, esto con fundamento en el principio contenido en el artículo 53
constitucional, el cual no solamente es predicable para establecer el alcance
de un acervo laboral, sino para efectos de decidir entre varias reglas cual se
aplica en cuanto es más favorable, pues solamente es posible en los eventos
en que exista en el ordenamiento jurídico dos disposiciones que sean
susceptibles de ser aplicadas, es decir, que estén vigentes, como sucede
por ejemplo en el caso de los regímenes de transición que ha previsto la
Ley 33 de 1985 y la Ley 100 de 1993 frente a las personas que se
encuentran en transición existiendo dos normas que pudieran aplicarse la
del régimen anterior y la del régimen de la Ley 100 de 1993 y si correspondía
en el caso concreto a esas personas, es decir, si se aplicaba uno o el otro
precisamente era por favorabilidad sin tener que acudir al principio
constitucional porque la propia norma lo consideraba.
94. Se reitera que la demandante no le asiste razón al reclamar que se le
aplique la tasa de remplazo que contempla el artículo 34 de la Ley 100 de
1993, sin la modificación de la Ley 797 de 2003, toda vez que para la fecha
en que adquirió el derecho pensional ya se encontraba vigente dicha
reforma, y la cuestión que plantea la recurrente no es de favorabilidad
entre dos regímenes de los que pueda ser beneficiaria, sino de la
aplicación de la ley en el tiempo: la modificación del artículo 34 de la Ley
100 de 1993 operó desde la vigencia de la Ley 797 de 2003 (29 de enero) y
el artículo 10 de la Ley 797/03 dispuso que la nueva fórmula dispuesta para
calcular la tasa de remplazo se aplicaría a partir del 1 de enero de 2004.
Como quiera que la demandante adquirió su derecho pensional en el año
2018, para la fecha es claro que ya estaba operando la nueva fórmula.”
(negrillas de la Sala).
4) Así pues, a partir de las pruebas recaudadas en el proceso, el tribunal verificó que la
norma aplicable a la demandante no era otra que la Ley 100 de 1993, con la modificación
de la Ley 797 de 2003, debido a que para el momento en el cual adquirió su derecho
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-00293-00
Demandante: Agnery Carreño Carreño
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pensional ya se encontraba vigente esa disposición, por lo cual era procedente que se
hiciera el cálculo con los últimos diez años y con la tasa de remplazo del 74.20%, la que,
en todo caso, era inferior a la que computó Colpensiones en el acto administrativo
demandado (74.60%).
5) En esa medida, la autoridad judicial demandada indicó que, si bien la demandante
poseía la mera expectativa de ser pensionada conforme con la Ley 100 de 1993, sin la
modificación de la Ley 797 de 2003, lo cierto era que como solo hasta el 3 de abril de
2016 consolidó sus derechos para acceder a la pensión de vejez, era aplicable esta última
norma, la cual dispuso que la nueva fórmula para calcular la tasa de remplazo se aplicaría
a partir del 1 de enero de 2004.
6) En ese orden de ideas, de conformidad con el análisis precedente, no se advierte la
configuración de un defecto sustantivo predicable de la providencia judicial objeto de
tutela, por cuanto el juez ordinario explicó con claridad las razones por las cuales
consideró que a la señora Agnery Carreño Carreño no le asistía el derecho de reclamar
que se le aplicara la tasa de remplazo contemplada en el artículo 34 de la Ley 100 de
1993, sin la modificación de la Ley 797 de 2003, en atención a que para la fecha en que
adquirió el derecho pensional ya se encontraba vigente dicha reforma, lo cual no
significaba el desconocimiento del principio de favorabilidad, pues, la discusión giró en
torno a la aplicación de la ley en el tiempo y no en relación con la favorabilidad entre dos
regímenes.
7) De este modo, se insiste en que, en principio, la acción de tutela no procede para
resolver desacuerdos interpretativos u oponerse al criterio o a la labor hermenéutica del
juez de instancia simplemente porque la decisión fue desfavorable a los intereses de las
partes, pues, se recuerda que la acción de tutela fue instituida como un juicio de validez
y no de corrección8 de la labor del juez natural del asunto pues, dicha facultad se
encuentra amparada por los principios de autonomía e independencia judicial que
imponen el respeto por la cosa juzgada, de modo que el juez de tutela tiene vedado
pronunciarse sobre materias que fueron abordadas por el juez ordinario simplemente con
el objeto de imponer su criterio o proponer una mejor solución al caso.
8 Como lo ha dicho de manera reiterada la Corte Constitucional, entre otras, en las sentencias SU-215 de
2022, T-022 de 2019 y T-311 de 2020.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-00293-00
Demandante: Agnery Carreño Carreño
Acción de tutela
8) De acuerdo con lo anterior, la Sala negará las pretensiones en lo relacionado con el
defecto sustantivo, por las razones hasta aquí expuestas.
2.2 Análisis del desconocimiento del precedente
1) La demandante consideró que el tribunal desconoció de su propio precedente pues,
en otra oportunidad, respecto de un caso con elementos similares, fundamentó la
sentencia9 en la aplicación del principio de favorabilidad bajo la vigencia de las Leyes 33
de 1985, 100 de 1993 y 797 de 2003.
2) No obstante lo anterior, la Sala considera que no se configura el desconocimiento del
precedente horizontal invocado, puesto que, tal como lo ha señalado esta Corporación
en anteriores oportunidades10, solo es obligatorio y vinculante el precedente vertical del
órgano de cierre para los jueces de inferior jerarquía, en atención a que dos jueces de
igual jerarquía pueden tener criterios diferentes al momento de dictar sentencia, siempre
que se trate de decisiones con una carga argumentativa razonable y suficiente.
3) En esa medida, si bien los asuntos guardan cierta similitud, lo cierto es que los criterios
jurisprudenciales emanados del Tribunal Administrativo de Boyacá no constituyen
precedentes jurisprudenciales sino antecedentes jurisprudenciales, teniendo en cuenta
que solo las sentencias que profieren los órganos de cierre, como el Consejo de Estado,
se constituyen en precedente judicial al fijar reglas y subreglas que deben ser tenidas en
cuenta por los demás operadores judiciales.
4) Así pues, es posible que, como ocurrió en este caso, distintas Salas de Decisión de
los tribunales administrativos tengan un criterio jurídico distinto frente a la resolución de
9 Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión no. 2, sentencia 26 de agosto de 2020, Expediente
con radicación no. 15001-33-33-005-2017-00213-01, MP Luís Ernesto Arciniegas Triana.
10Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 8 de marzo
de 2018, número único de radicación 11001 03 15 000 2017 02894 00, M.P. Hernando Sánchez Sánchez,
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 1 de diciembre
de 2016; C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, radicación número: 110010315000201601285-01; Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de julio de 2018; C.P.
Hernando Sánchez Sánchez, radicación número: 110010315000201801525-00; Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 27 de junio de 2019, C.P Carlos Enrique
Moreno Rubio, radicación número: 110010315000201901850-00; Consejo de Estado, Sección Quinta,
sentencia del 23 de agosto de 2019, C.P. Rocío Araujo Oñate, radicación número: 11001-03-15-000-2019-
03288-00(AC).
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-00293-00
Demandante: Agnery Carreño Carreño
Acción de tutela
las controversias puestas a su consideración, sin que ello implique, en el presente asunto,
la transgresión de los derechos invocados por la demandante, en el entendido que tal
situación se enmarca en el ejercicio autónomo e independiente de su rol de juez.
5) En todo caso, la Sala observa que la interpretación del tribunal es razonable y
conforme a derecho y a lo probado en el proceso, debido a que consideró que la mera
expectativa para ser pensionada conforme con la Ley 100 de 1993 (original) no le
garantizaba a la demandante que, en virtud del principio de favorabilidad, se aplicara la
tasa de remplazo del 85%, contemplada en el artículo 34 ibídem, puesto que su derecho
pensional solo se consolidó el 3 de abril de 2016, cuando ya estaba vigente la Ley 797
de 2003, norma que redujo el porcentaje.
6) Para la Sala, de la decisión expuesta no se advierte un análisis desmedido del que se
pueda concluir la imposición caprichosa del criterio del juez ordinario, pues se resolvió el
caso con fundamento en razones debidamente sustentadas, sin que se haya demostrado
el supuesto defecto alegado por la parte actora.
7) De esta forma, resulta claro que no se incurrió en desconocimiento del precedente
horizontal, pues la decisión cuestionada no se apartó de ningún tipo de interpretación
vinculante de esta Corporación o de alguna otra autoridad con un nivel jerárquico
superior, sino que, por el contrario, fue sustentada, suficiente y razonada, por lo que se
negará el amparo invocado.
8) En consecuencia, la Sala negará el amparo invocado, por las razones hasta aquí
expuestas.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B–, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
1º) Niégase el amparo invocado, de conformidad con las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-00293-00
Demandante: Agnery Carreño Carreño
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2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.
3°) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
Aclara voto
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Aclara voto
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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