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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2017-02894-00

Acción de tutela contra providencia judicial

Fecha
8 de marzo de 2018
Consejero ponente
Hernando Sánchez Sánchez
Citada por
21 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2017-02894-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la solicitud de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído. SEGUNDO: De no ser impugnada esta sentencia, REMITIR el expediente dentro de los diez (10) días siguientes a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2017-02894-00

Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez

8 de marzo de 2018

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO / ADECUADA APLICACIÓN NORMATIVA / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE - Inexistencia / PRECEDENTE - Aplicación exige similitud fáctica / DESCUENTOS CON DESTINO A SALUD EFECTUADOS A LAS MESADAS PENSIONALES ADICIONALES DE LOS DOCENTES - Régimen especial

[S]e evidencia que el Tribunal señaló las razones por las cuales no procedía aplicar el parágrafo del artículo 1 del Decreto 1073 de 2002, al precisar que la prohibición de efectuar descuentos en la mesada adicional que esta norma establece se refiere a aquellos que corresponden a los fondos de empleados, las cooperativas, entre otros, de los pensionados a quienes se aplica el régimen general, pero no comprende los descuentos por concepto de aportes para salud de los docentes, en virtud de lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 8 de la Ley 91 de 1989, por tratarse de norma especial. Así las cosas, se observa que el argumento de la actora de configuración de defecto sustantivo, no es de recibo, pues el artículo 1 de Decreto 1073 de 2002, no hace referencia a los descuentos por salud a las mesadas de los docentes, sino a la prohibición de realizar descuentos sobre las mesadas adicionales de los pensionados del régimen general a favor de organizaciones gremiales, fondos de empleados o de cooperativas, razón por la que el Tribunal concluyó que la norma aplicable al caso, era el numeral 5 del artículo 8 de la Ley 91 de 1989, modificado por el inciso 4 del artículo 81 de la Ley 812 de 2003 (…) respecto al presunto desconocimiento del precedente vertical (…) alegado por la accionante, la Sala considera que dicha sentencia no puede ser un precedente para el caso concreto, dado que no existe identidad fáctica, toda vez que ésta no hace referencia a los descuentos de salud sobre las mesadas adicionales, sino a la nulidad parcial del parágrafo del artículo 1 del Decreto 1073 de 2002, por tanto resulta evidente que el juez natural no desconoció ningún criterio establecido por el Consejo de Estado frente al tema, por el contrario expuso las razones suficientes para fundamentar en debida forma su decisión.

DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE HORIZONTAL - Inexistencia / REINTEGRO DE DESCUENTOS CON DESTINO A SALUD EFECTUADOS A LAS MESADAS PENSIONALES ADICIONALES DE LOS DOCENTES - No existe criterio unificado / PRINCIPIO DE AUTONOMÍA JUDICIAL - Aplicación

[S]e destaca que las providencias que se invocaron como precedente, anteriormente referidas, fueron proferidas por las subsecciones B, C y D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sin que se allegara alguna providencia emitida por la Subsección A, la cual es la demandada en el asunto objeto de tutela, por lo que no se podría concluir, en virtud de la decisión que se ataca, que la autoridad judicial demandada desconoció el precedente horizontal, en razón a la posición adoptada por las otras subsecciones, más aún, cuando constató que la Sección Segunda Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca (…) en un caso similar, negó el reintegro de los descuentos a las mesadas adicionales, por lo cual es claro que no existe una posición unificada en esa Sección (…) pues, en virtud de la autonomía judicial, dos jueces de igual jerarquía, pueden tener criterios diferentes al momento de dictar sentencia, siempre que se trate de decisiones con una carga argumentativa razonable y suficiente. De ese modo (…) el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, impartió su decisión con fundamento en los siguientes argumentos: i) que, de conformidad con lo establecido en el artículo 279 de la Ley 100, los afiliados al FOMAG en virtud de la Ley 91 de 1989, fueron excluidos de la aplicación del régimen general de Seguridad Social de la Ley 100, estableciéndose así un régimen especial, ii) que, el artículo 8 de la Ley 91 de 1989 estableció un descuento para cada mesada pensional, incluidas las adicionales (originalmente el descuento era del 5%), destinado a subsidiar los servicios de salud de los docentes, iii) que el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 modificó el porcentaje de cotización, que pasó del 5% al 12%, pero no implicó la incorporación de los docentes pensionados al Sistema General de Seguridad Social de la Ley 100 de 1993, iv) que las normas que prohibían el descuento sobre las mesadas adicionales (Decreto 1073 de 2002 y artículos 7 de la Ley 42 de 1982 y 5 de la Ley 43 de 1984) iban destinadas a regular pensiones del régimen de prima media y, por ende, no le eran aplicables a los docentes, que gozan de un régimen especial (Ley 91 de 1989) y v) que la modificación realizada por el inciso 4 de la Ley 812 de 2003 se declaró exequible por parte de la Corte Constitucional en la sentencia C-369 de 2004 (…). La Sala considera que el análisis jurídico es razonable

FUENTE FORMAL: LEY 100 DE 1993 - ARTÍCULO 31 / LEY 100 DE 1993 - ARTÍCULO 50 / LEY 100 DE 1993 - ARTÍCULO 142 / LEY 812 DE 2003 - ARTÍCULO 81 / DECRETO 1073 DE 2002 - ARTÍCULO 1

NOTA DE RELATORÍA: La sentencia hace referencia a la correcta utilización del precedente judicial lo cual implica que un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con los casos del pasado al cumplir ciertos parámetros establecidos, al respecto ver la sentencia T-457 de 2008, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, de la Corte Constitucional; sin embargo, la sentencia también hace alusión a que, la regla establecida en el precedente no es absoluta, por tanto resulta legitimo apartarse del precedente basándose en un criterio argumentativo siempre y cuando el juez exponga de manera clara, razonada y completa, las razones en las que fundamenta el cambio de posición jurisprudencial, en este sentido, consultar las sentencias del 13 de marzo de 2013. exp, 11001-03-15-000-2012-02074-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala, y del 18 de abril de 2013, exp. 11001-03-15-000-2012-01797-00, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, de esta Corporación, así como la sentencia T-161 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, la Corte Constitucional. La sentencia también pone de presente las diferencias existentes entre precedente y antecedente jurisprudencial, doctrina probable y sentencia de unificación.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., ocho (8) de marzo de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 11001-03-15-000-2017-02894-00(AC)

Actor: LEONOR LUCÍA MARTÍN DE ZÚÑIGA

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

La Sala decide la solicitud de tutela interpuesta, por conducto de apoderada especial, por la ciudadana Leonor Lucía Martín de Zúñiga, contra la sentencia de 31 de agosto de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “A”, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 25269 33 40 002 2014 01004 01.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) antecedentes; ii) consideraciones, y iii) resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

ANTECEDENTES

1. La solicitud

La señora Leonor Lucia Martin de Zúñiga, mediante apoderada especial, presentó solicitud de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “A”, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad, el debido proceso, el acceso a la administración de justicia, el “reconocimiento del precedente judicial” y la seguridad social, en que, a su juicio, incurrió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “A”, al proferir la sentencia de 31 de agosto de 2017, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 25269 33 40 002 2014 01004 01, mediante la cual confirmó la sentencia de 9 de marzo de 2016, proferida por el Juzgado Administrativo Oral del Circuito de Facatativá.

Para tal efecto, la parte actora presentó las siguientes pretensiones:

“[…]
PRIMERA: Se conceda la tutela interpuesta, para la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, la igualdad, el acceso a la administración de justicia y por conexidad con el mínimo vital, el de seguridad social, derecho adquirido y la suspensión y devolución de los descuentos en salud, sobre las mesadas adicionales y en consecuencia se ordene, o bien que por vía judicial el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA dicte sentencia con fundamento en las disposiciones que gobiernan la materia pensional tratándose de personas de la tercera edad o por vía excepcional de esta figura constitucional se ordene a la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO Y A LA FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. a no seguir descontando por concepto de salud, sobre las mesadas adicionales y a reintegrarse el valor de los mismos a partir del 29 de noviembre de 2009 hasta la fecha.
[…]”.

2. Hechos

Los fundamentos fácticos que fundamentan la solicitud de amparo de la actora son:

2.1. La señora Leonor Lucía Martín de Zúñiga, quien actualmente tiene 63 años de edad, prestó sus servicios, como docente, a la Secretaría de Educación de Cundinamarca – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – en adelante FOMAG.

2.2. La Secretaría de Educación de Cundinamarca, mediante Resolución nro. 3050 de 12 de septiembre de 2008, reconoció a la señora Leonor Lucía Martín de Zúñiga como pensión de jubilación la suma de un millón setecientos treinta y nueve mil treinta y seis pesos ($1.739.036), efectiva a partir del 12 de abril de 2008, en los siguientes términos:

“[…]
ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer a MARTÍN DE ZUÑIGA LEONOR LUCÍA, identificada con la cédula de ciudadanía nro. 41.585.589, una pensión vitalicia de jubilación por el valor mensual de un millón setecientos treinta y nueve mil treinta y seis pesos ($1.739.036, oo) M/CTE a partir de 12 de abril de 2008, como docente de vinculación NACIONALIZADO.
ARTÍCULO SEGUNDO: Prescriben las mesadas comprendidas desde el xx hasta el xx.
ARTÍCULO TERCERO: Reconocer personería jurídica al doctor xx, identificado con la cédula de ciudadanía nro. xx expedida en xx y con tarjeta profesional nro. xx, expedida por el xx del Magisterio, a través de la Entidad Fiduciaria, previas las deducciones ordenadas por la Ley 91 de 1989, Ley 812 de 2003 y Ley 1122 de 2007.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición, el cual podrá interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de notificación ante la Secretaría de Educación de Cundinamarca.
ARTÍCULO QUINTO: La presente resolución, rige a partir de la fecha de su expedición.
[…]” (Se resalta).

2.3. La señora Leonor Lucía Martín de Zúñiga, mediante escrito nro. 2012125678 de 29 de noviembre de 2012, solicitó al FOMAG devolver los dineros descontados de sus mesadas pensionales y suspender “dicho pago hacia futuro”.

2.4. La señora Martín de Zúñiga señaló que la Fiduciaria La Previsora S.A., en su condición de administradora del FOMAG, asumió la deducción de los aportes al Sistema de Seguridad en Salud de las mesadas pensionales, incluida la “mesada adicional” de diciembre, realizando así, trece (13) descuentos al año por doce (12) meses de servicio requerido.

2.5. La doctora Sandra Eliana Rodríguez García, en su condición de Directora Pensional de Establecimientos Educativos de la Secretaría de Educación de Cundinamarca, mediante oficio nro. CE – 2013507465 de 18 de febrero de 2013, negó la solicitud de devolución y suspensión “[…] del descuento para salud efectuado de cada mesada pensional […], incluidas las adicionales […]”, por considerar que si bien la actora, al haberse vinculado al servicio antes de la Ley 812 de 26 de junio de 2013, le era aplicable la Ley 91 de 29 de diciembre de 1989, la cual estableció en su numeral 5 del artículo 8 que el FOMAG estaría constituido, entre otros recursos, por “[…] el 5% de cada mesada pensional que pague el Fondo, incluidas las mesadas adicionales, como aporte de los pensionados […]”, lo cierto era que el artículo 81 de la Ley 812 de 2013 indicó, sin hacer ninguna diferencia entre regímenes, que el valor de la tasa de cotización para docentes afiliados al FOMAG correspondía a la suma de aportes que para salud y pensiones determinaran las leyes 100 de 1993 y 797 de 29 de enero de 2003 y, por tanto, le era aplicable el incremento en el porcentaje del descuento, de conformidad con lo establecido en la Ley 1122 de 9 de enero de 2007 y 1250 de 27 de noviembre de 2008, incluidas las mesadas adicionales.

2.6. La señora Leonor Lucía Martín de Zúñiga, mediante apoderada especial, en ejercicio del medio de control y restablecimiento del derecho, demandó la nulidad del oficio nro. CE – 2013507465 de 18 de febrero de 2013, expedido por la Secretaría de Educación de Cundinamarca y, a título de restablecimiento del derecho, solicitó condenar a la “[…] Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, para que le ordene a la Fiduciaria La Previsora S.A. (en calidad de administradora de sus recursos) […]” a reintegrar todos los descuentos del 12% que fueron destinados al Sistema de Seguridad Social en Salud, sobre la mesada adicional de diciembre, desde el 12 de abril de 2008, fecha en que se hizo efectivo la pensión de jubilación de la actora, hasta la suspensión de los descuentos referidos.

Las pretensiones invocadas en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, eran las siguientes:

“[…] Se declare la nulidad del oficio nro. CE – 2013507465 de 18 de febrero de 2013, emitido por la Secretaría de Educación de Cundinamarca – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, el cual niega la devolución y suspensión de los descuentos del 12% de la mesada adicional de diciembre.
Como consecuencia de la anterior nulidad y a título de restablecimiento del derecho, se condene a la Nación – Ministerio de Educación Nacional Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, para que le ordene a la Fiduciaria La Previsora S.A. (en calidad de administradora de sus recursos) el reintegro de todos los descuentos del 12% realizados, con destino a salud, sobre la mesada adicional de diciembre, desde la adquisición de su status jurídico de pensionada, esto es, el 12 de abril de 2008 hasta la fecha, y a suspender los descuentos en mención.
CONDENAR a la demandada al pago en forma INDEXADA, del valor de las diferencias adeudadas desde la fecha de status jurídico, aplicando para tal fin la variación del índice de precios al consumidor certificados por el DANE.
Que se condene a la parte demandada al cumplimiento del fallo que como resultado se profiera en el presente proceso, de acuerdo con lo establecido en los artículos 192 y 195 de la Ley 1437 de 2011 e igualmente reconozca los intereses a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia, tal como lo establece el artículo 192 ibídem.
CONDENAR a la demandada a que si no da cumplimiento al fallo dentro del término previsto en el artículo 195 numeral 4 de la Ley 1437 de 2011, realice el pago con el interés moratorio a la tasa comercial.
Que se condene a la parte demandada en costas y gastos del proceso en los términos del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.
[…]” (Se resalta)

2.7. La demanda de nulidad y restablecimiento del derecho correspondió, por reparto, al Juzgado Segundo Administrativo Oral de Facatativá y se le asignó el nro. único de radicación 25269 33 40 002 2014 01004 00.

2.8. El Juzgado Segundo Administrativo Oral de Facatativá profirió sentencia, en primera instancia, el 9 de marzo de 2016, en el sentido de negar las pretensiones de la demanda. La parte resolutiva de la sentencia dispuso:

“[…] V. FALLA
PRIMERO. NEGAR las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO. No hay lugar a condena en costas.
TERCERO. Ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente. Si lo hubiere, devuélvase el remanente de los gastos de proceso a la demandante previa liquidación de los mismos.
[…]” (Se resalta).

En la sentencia, el juez consideró que todas las mesadas pensionales de los docentes eran objeto de descuento de aportes para el Sistema de Seguridad Social en Salud, los cuales se debían realizar en la misma proporción estimada para los jubilados bajo el régimen general, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 23 de diciembre de 1993.

2.9. La señora Leonor Lucía Martín de Zúñiga, mediante apoderada especial, presentó recurso de apelación contra la sentencia de 9 de marzo de 2016, proferida por el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Facatativá.

2.10. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “A”, profirió sentencia en segunda instancia, el 31 de agosto de 2017, en el sentido de confirmar la sentencia proferida en primera instancia por el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Facatativá. En la parte resolutiva, el Tribunal dispuso:

“[…] Resuelve:
Primero. Confirmar la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Facatativá, el 9 de marzo de 2016, que negó las pretensiones de la demanda en el proceso promovido por la señora Leonor Lucía Martín de Zúñiga contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por las razones expuestas en este proveído.
Segundo. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Juzgado de origen.
[…]” (Se resalta).

En la sentencia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “A”, señaló que el inciso 4 del artículo 81 de la Ley 812 de 2003 modificó el numeral 5 del artículo 8 de la Ley 91 de 1989, al cambiar la tasa de cotización del 5% al 12%, pero no alteró las mesadas sobre las cuales se debían realizar los respectivos descuentos ni el destino de los mismos.

Señaló que el inciso 4 de la artículo 81 de la Ley 812 de 2003 no pretendió eliminar el régimen pensional especial de los docentes que regía antes de su entrada en vigencia, sino que estableció la misma tasa de cotización entre el régimen general y especial y, por tanto, contrario a lo planteado por la parte actora, no derogó tácitamente el descuento en las mesadas adicionales.

Adujó que la Ley 812 de 2003, en cuanto a cotización para salud, apunta a la aplicación del artículo 204 de la Ley 100 de 1993, adicionado por el artículo 1 del Decreto 1250 de 27 de noviembre de 2008, que establece que la “[…] cotización mensual al régimen contributivo de salud de los pensionados será del 12% del ingreso de la respectiva mesada pensional […]”.

Finalmente, el Tribunal indicó que la modificación realizada por el inciso 4 de la Ley 812 de 2003 se declaró exequible por parte de la Corte Constitucional en la sentencia C – 369 de 2004.

3. Los argumentos específicos de la solicitud de tutela

La apoderada especial de la señora Leonor Lucía Martín de Zúñiga señala que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “A”, al proferir la sentencia de 31 de agosto de 2017, incurrió en “defecto por desconocimiento del precedente judicial, violación directa de la Constitución y defecto material o sustantivo” y en consecuencia, a su juicio, vulneró los derechos fundamentales a la igualdad, el debido proceso, el acceso a la administración de justicia, la seguridad social y “el pago oportuno y conexos” de la actora.

Como fundamento de la solicitud, sostuvo que la autoridad judicial accionada incurrió en los siguientes defectos.

3.1. Defecto sustantivo

Señala que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “A”, interpretó la modificación introducida por la Ley 812 de 2003 de forma desfavorable para el docente pensionado, dado que “[…] en lugar de hacer una efectiva ponderación del inciso segundo y subsiguientes del artículo 81 de la Ley 812 de 2003, se acude a una mixtura legal, insostenible, conforme a la cual el legislador determinó que el régimen y monto de cotización de los docentes afiliados al FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO era el contenido en la Ley 100 de 1993 y Ley 797 de 2003, pero mantuvo vigente, la norma especial y contraria, a saber, el artículo 8º de la Ley 91 de 1989 […]”.

Adicionalmente, aduce que el Tribunal debió haber aplicado el parágrafo del artículo 1 del Decreto 1073 de 24 de mayo de 2002, que establece que, según los artículos 50 y 142 de la Ley 100 de 1993, los descuentos de Seguridad Social en salud no se pueden efectuar sobre las mesadas adicionales de los docentes.

3.2. Desconocimiento del Precedente

Aduce que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “A”, al proferir la sentencia de 31 de agosto de 2017, desconoció el precedente horizontal y vertical en materia de descuentos en salud sobre las mesadas adicionales de los docentes.

Los precedentes jurisprudenciales que considera desconocidos son los siguientes: i) de la Sección Segunda del Consejo de Estado, la sentencia del 3 de febrero de 2005 (C.P. Ana Margarita Olaya Forero); ii) del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, la sentencia del 15 de junio de 2010; de la Subsección “B”, la sentencia del 11 de febrero de 2016 (M.P. Luis Gilberto Ortegón Ortegón); de la Subsección “C”, la sentencia del 12 de febrero de 2016 (M.P. Amparo Oviedo Pinto) y la sentencia del 30 de junio de 2016 (M.P. Carlos Alberto Orlando Jaiquel); de la Subsección “D”, la sentencia del 15 de octubre de 2015 (M.P. Jaime Henry Ramírez Moreno); la sentencia de 18 de febrero de 2016 (M.P. Cerveleón Padilla Linares); la sentencia del 17 de marzo de 2016, (M.P. Cerveleón Padilla Linares); la sentencia del 19 de abril de 2016 (M.P. Luis Alberto Álvarez Parra); y la sentencia del 26 de abril de 2016 (M.P. Luis Alberto Álvarez Parra) y la sentencia de 04 de agosto de 2016 (M.P. Cerveleón Padilla Linares).

3.3. Violación directa de la Constitución

La apoderada especial de la señora Leonor Lucía Martín de Zúñiga señaló que la sentencia de 31 de agosto de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “A”, genera una violación directa a la Constitución, al omitir en sus pronunciamientos la aplicación de los principios de favorabilidad e in dubio pro operario.

3.4. Argumentos de violación de derechos fundamentales

La apoderada especial de la actora señala que en este caso se vulneran los derechos fundamentales a la igualdad, el debido proceso, el acceso a la administración de justicia, la seguridad social y “el pago oportuno y conexos” de la señora Leonor Lucía Martín de Zúñiga, dado que no existe norma o precepto legal que autorice un doble descuento en las mesadas pensionales de los docentes.

4. Actuación

Este Despacho, mediante auto de 9 de noviembre de 2017, admitió la solicitud de tutela formulada por la apoderada especial de la señora Leonor Lucía Martín de Zúñiga y dispuso notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “A”, para que rindieran informe, sobre el particular, dentro del término de dos (2) días siguientes a la notificación de la providencia. Además, por tener interés directo en las resultas del proceso, el Magistrado sustanciador dispuso vincular al trámite de amparo y notificar al Ministerio de Educación Nacional – FOMAG, la Fiduciaria La Previsora S.A. y el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Facatativá, que conoció en primera instancia de la demanda que presentó la actora en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificada con el número único de radicación 25269 33 40 002 2014 01004 00.

5. Informes de cumplimiento de la parte demandada y las partes vinculadas

5.1. La Fiduciaria La Previsora S.A., en su condición de vocera y administradora del patrimonio autónomo del FOMAG, solicitó negar el amparo solicitado por la actora, por considerar que las providencias emitidas por el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Facatativá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “A” se ajustaban a derecho. Asimismo, indicó que la actora no demostró la existencia de una vía de hecho.

5.2. El Ministerio de Educación Nacional solicitó negar el amparo presentado por la actora. Al respecto, señaló que, en el caso sub examine, el problema jurídico consistía en establecer si la accionada había vulnerado los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia, el debido proceso y la igualdad de la actora, por cuanto la sentencia de 31 de agosto de 2017 incurrió en una vía de hecho.

El Ministerio de Educación Nacional citó el desarrollo normativo y jurisprudencial de las vías de hecho y señaló que en el presente caso “[…] no se configuran plenamente los requisitos de procedibilidad de la acción y por lo tanto, [la solicitud de amparo] debía ser negada […]”.

5.3. Los magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “A” y el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Facatativá guardaron silencio.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1 y 32 del Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1 del Decreto nro. 1983 de 30 de noviembre de 2017, por el cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela.

Generalidades de la tutela

La acción de tutela ha sido instituida como un instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente señalados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problema Jurídico

Corresponde a la Sala establecer si, en efecto: i) es procedente la acción de tutela contra la providencia de 31 de agosto de 2017, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “A”, confirmó la sentencia proferida en primera instancia el 9 de marzo de 2016 por el Juzgado Administrativo Oral del Circuito de Facatativá; y de ser así, ii) si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos fundamentales a la igualdad, el debido proceso, el acceso a la administración de justicia y la seguridad social de la señora Leonor Lucia Martin de Zúñiga, por incurrir en i) defecto sustantivo, por no haber aplicado el parágrafo del artículo 1º del Decreto 1073 del 24 de mayo de 2002, que establece que “de conformidad con los artículos 50 y 142 de la Ley 100 de 1993, los descuentos de que tratan estos artículos, no podrán efectuarse sobre las mesadas adicionales”, ii) desconocimiento del precedente establecido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado y iii) violación directa de la Constitución por omitir aplicar los principios de favorabilidad e indubio pro operario.

A fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de manera previa sobre: i) la tutela contra providencias judiciales y su evolución jurisprudencial; ii) los requisitos tanto generales como especiales de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales; procediendo posteriormente a: iii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.

4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez Bello (Rad.: 2009-01328, M.P.: Dra. María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena, en sentencia del 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera - que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la ley y la propia doctrina judicial.

4.1. Requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción constitucional cuando se dirige contra decisiones judiciales

Esta Sección adoptó como parámetros a seguir los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.

Además de estas exigencias, la Corte Constitucional en la mencionada sentencia C–590 de 2005, precisó que era imperioso acreditar la existencia de unos requisitos especiales de procedibilidad, que la propia Corte Constitucional los ha considerado como las causales concretas que “[…] de verificarse su ocurrencia autorizan al juez de tutela a dejar sin efecto una providencia judicial […]”.

Así pues, el juez debe comprobar la ocurrencia de al menos uno de los siguientes defectos: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente; y viii) violación directa de la Constitución.

De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial: en primer orden, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]” que encaje en dichos parámetros.

Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001031500020120220101 (M.P.: Jorge Octavio Ramírez Ramírez).

5. El caso concreto

En el sub lite, la accionante pretende que se le amparen sus derechos fundamentales a la igualdad, el debido proceso, el acceso a la administración de justicia, el “reconocimiento del precedente judicial” y la seguridad social. Como consecuencia de lo anterior, solicita que se deje sin efectos la providencia de 31 de agosto de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “A”, que confirmó la sentencia proferida en primera instancia el 9 de marzo de 2016 por el Juzgado Administrativo Oral del Circuito de Facatativá, que negó que las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

Ahora bien, de acuerdo con los parámetros planteados en el acápite anterior, la Sala entrará a examinar el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación.

En el caso bajo examen la Sala advierte que la acción de tutela cumple con los requisitos generales que exige la sentencia C-590 del 2005, para la procedencia contra providencia judicial, dado que: i) es evidente que la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional, comoquiera que se controvierte la vulneración de los derechos fundamentales de la señora Leonor Lucía Martín de Zúñiga a la igualdad, el debido proceso, el acceso a la administración de justicia y la seguridad social; ii) cumplió con el principio de inmediatez, puesto que se interpuso antes de que transcurrieran seis (6) meses después de notificada la providencia de 31 de agosto de 2017, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “A”; iii) no existen medios ordinarios y/o extraordinarios de defensa judicial eficaces y eficientes con los cuales la accionante pueda lograr la protección de los derechos invocados; iv) por no invocar la acción de tutela un defecto procedimental no es necesario hacer un análisis de este requisito; v) la señora Leonor Lucia Martin de Zúñiga identificó los hechos y los derechos cuya vulneración alega; y vi) no se trata de una acción de tutela contra sentencia de tutela.

Al concurrir los requisitos generales de procedibilidad, concierne a la Sala abordar el estudio de los requisitos específicos de procedibilidad del asunto planteado.

5.1. Acerca del defecto sustantivo alegado

Sobre las formas de configuración del defecto sustantivo en providencias judiciales, la Corte Constitucional ha manifestado que se pueden presentar cuando la decisión judicial cuestionada:

“[…]
i) Se funda en una norma que no se encuentra vigente por haber sido derogada, o por haber sido declarada inconstitucional;
ii) Desconoce, por interpretación o aplicación, las sentencias con efectos erga omnes que han definido el alcance de la norma;
iii) Interpreta o aplica la norma sin tener en cuenta otras disposiciones aplicables al caso y que son necesarias para efectuar una interpretación sistemática;
iv) Se abstuvo de aplicar la excepción de inconstitucionalidad, a pesar de que la norma es claramente inconstitucional para el caso concreto;
v) Cuando la norma aplicable al caso concreto es desatendida y por ende inaplicada;
vi) Cuando se le reconocen a la norma en cuestión efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador […]”.(Se resalta)

La actora indicó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “A”, en la sentencia de 31 de agosto de 2017, incurrió en defecto sustantivo, dado que, en vez de aplicar parcialmente el inciso 4 del artículo 81 de la Ley 812 de 2003, al aumentar la tasa de cotización y mantener los descuentos en las mesadas pensionales adicionales de los docentes, debió haber aplicado lo dispuesto en el parágrafo del artículo 1 del Decreto 1073 de 24 de mayo de 2002.
El parágrafo del artículo 1 del Decreto 1073 de 24 de mayo de 2002 señala:

“[…]
Artículo 1°. Descuentos de mesadas pensionales. De conformidad con el artículo 38 del Decreto 758 de 1990, en concordancia con el artículo 31 de la Ley 100 de 1993, la administradora de pensiones o institución que pague pensiones, deberá realizar los descuentos autorizados por la ley y los reglamentos. Dichos descuentos se realizarán previo el cumplimiento de los requisitos legales.
[…]
Parágrafo. De conformidad con los artículos 50 y 142 de la Ley 100 de 1993, los descuentos de que tratan estos artículos no podrán efectuarse sobre las mesadas adicionales.
[…]”. (Se resalta)

Revisada la decisión judicial cuestionada, se advierte que el Tribunal señaló que la razón por la que consideró que el parágrafo del artículo 1º del Decreto 1073 de 2002, invocado por la actora, no era aplicable, es porque al mencionar “los descuentos de que tratan estos artículos” éste hizo alusión a las deudas a favor de las organizaciones gremiales, las cooperativas y los fondos de empleados, respecto de las cuales sí establece la prohibición de realizar descuentos por esos conceptos en las mesadas adicionales de los pensionados del régimen general.

El Tribunal accionado sostuvo que el citado parágrafo en modo alguno exceptúa a las mesadas adicionales de los docentes de los descuentos legales, como lo son los destinados a Seguridad Social en salud. y “[…] en nada afecta o modifica la Ley 91 de 1989, que regula el régimen especial de aquellas pensiones a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio […]”.

En este orden de ideas, se evidencia que el Tribunal señaló las razones por las cuales no procedía aplicar el parágrafo del artículo 1º del Decreto 1073 de 2002, al precisar que la prohibición de efectuar descuentos en la mesada adicional que esta norma establece se refiere a aquellos que corresponden a los fondos de empleados, las cooperativas, entre otros, de los pensionados a quienes se aplica el régimen general, pero no comprende los descuentos por concepto de aportes para salud de los docentes, en virtud de lo dispuesto en el numeral 5º del artículo 8 de la Ley 91 de 1989, por tratarse de norma especial.

Así las cosas, se observa que el argumento de la actora de configuración de defecto sustantivo, no es de recibo, pues el artículo 1º de Decreto 1073 de 2002, no hace referencia a los descuentos por salud a las mesadas de los docentes, sino a la prohibición de realizar descuentos sobre las mesadas adicionales de los pensionados del régimen general a favor de organizaciones gremiales, fondos de empleados o de cooperativas, razón por la que el Tribunal concluyó que la norma aplicable al caso, era el numeral 5º del artículo 8º de la Ley 91 de 1989, modificado por el inciso 4 del artículo 81 de la Ley 812 de 2003.

5.2. Del desconocimiento del precedente

Ahora bien, en relación con el defecto por desconocimiento de precedente jurisprudencial, la Corte Constitucional ha desarrollado ampliamente ese concepto, definiéndolo como el: “[…] conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de resolver que por su pertinencia para la resolución de un problema jurídico constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de dictar sentencia […]” (Destacado de la Sala).

Así las cosas, la aplicación del precedente judicial en un caso determinado busca asegurar la eficacia de los principios y derechos fundamentales a la igualdad, a la buena fe, a la seguridad jurídica y a la confianza legítima que, a su vez, garantizan la protección del debido proceso y el acceso efectivo a la Administración de Justicia.

Lo anterior encuentra su fundamento en el criterio desarrollado por la Corte Constitucional, según el cual la actividad interpretativa que se realiza con fundamento en el principio de la autonomía judicial está supeditada al respeto del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, lo que supone, necesariamente que, en casos análogos, los funcionarios judiciales se encuentran atados en sus decisiones, por la regla jurisprudencial que, para el asunto concreto, se haya fijado por el funcionario de superior jerarquía (precedente vertical) o por el mismo juez (precedente horizontal).

En efecto, la Corte Constitucional en sentencia T-457 de 2008 indicó:

“[…]
En relación a la aplicación del precedente, esta Sala de Revisión en sentencia T-158 de 2006 señaló: “Por ello, la correcta utilización del precedente judicial implica que un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los) caso(s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del caso presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación […]” (Se resalta).

Sin embargo, la misma Corte ha precisado que, salvo en materia constitucional, cuya doctrina es obligatoria, la regla del respeto del precedente no es absoluta, debido a que la interpretación judicial no puede tornarse inflexible frente a la dinámica social, ni petrificarse, o convertirse en el único criterio tendiente a resolver una situación concreta.

Lo anterior se traduce en el reconocimiento de un conjunto de supuestos en los cuales resulta legítimo apartarse del precedente judicial vigente, desarrollados jurisprudencialmente y recogidos en pronunciamientos anteriores de la Sala, a saber: i) la disanalogía o falta de semejanza estricta entre el caso que origina el precedente y el que se resuelve con posterioridad; ii) una transformación significativa de la situación social, política o económica en la que se debe aplicar la regla definida con anterioridad con fuerza de precedente; iii) un cambio en el orden constitucional o legal que sirvió de base a la toma de las decisiones adoptadas como precedentes; iv) la falta de claridad o consistencia en la jurisprudencia que debe ser tomada como referente, y v) la consideración que esa jurisprudencia resulta errónea, por ser contraria a los valores, objetivos, principios y derechos en los que se fundamenta el ordenamiento jurídico.

En efecto, la Sala ha reconocido que, “[…] en los eventos referidos, el juez que se separa del precedente asume una especial carga de argumentación, en virtud de la cual debe exponer, de manera clara, razonada y completa, las razones en las que fundamenta el cambio de posición jurisprudencial […]”, para lo cual resulta obligatorio referirse a este –al precedente-, analizarlo respecto del caso concreto y fundamentar con suficiencia los motivos y las normas en que se sustenta la decisión de apartarse.

Así las cosas, y como lo ha sostenido la Sala, sólo el desconocimiento injustificado de un precedente es el que da lugar a la configuración del defecto sustantivo, como causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.

En ese sentido, la Sala precisa que debe diferenciarse el concepto anteriormente señalado de precedente judicial de los conceptos de antecedente jurisprudencial, doctrina probable y sentencia de unificación, los cuales se ponen de presente a continuación.

• La Corte Constitucional en sentencia T – 102 de 2014, definió el antecedente jurisprudencial como la decisión dictada dentro de una controversia anterior “[…] que puede tener o no algunas similitudes desde el punto de vista fáctico, pero lo más importante es que contiene algunos puntos de Derecho (conceptos, interpretaciones de preceptos legales, etc.) que guían al juez para resolver el caso objeto de estudio […]” y se caracteriza por tener un carácter orientador para el juez al momento resolver el problema jurídico planteado dentro del proceso judicial.

• El artículo 4 de la Ley 169 de 31 de diciembre de 1896 definió la doctrina probable de la siguiente forma: “[…] tres decisiones uniformes dadas por la Corte Suprema como Tribunal de Casación sobre un mismo punto de derecho constituyen doctrina probable, y los jueces podrán aplicarla en casos análogos, lo cual no obsta para que la Corte varíe la doctrina en caso de que juzgue erróneas las decisiones anteriores […]”. La Corte Constitucional en la sentencia C – 836 de 2001 se refirió a la fuerza normativa de la figura de la doctrina probable en el sentido de señalar que:

“[…]
La fuerza normativa de la doctrina probable proviene (1) de la autoridad otorgada constitucionalmente al órgano encargado de establecerla, unificando la jurisprudencia ordinaria nacional; (2) del carácter decantado de la interpretación que dicha autoridad viene haciendo del ordenamiento positivo, mediante una continua confrontación y adecuación a la realidad social y; (3) del deber de los jueces respecto de a) la igualdad frente a la ley y b) la igualdad de trato por parte de las autoridades y; (4) del principio de buena fe que obliga también a la rama jurisdiccional, prohibiéndole actuar contra sus propios actos. Por otra parte, la autoridad de la Corte Suprema para unificar la jurisprudencia tiene su fundamento en la necesidad de garantizar los derechos fundamentales de las personas y esta atribución implica que la Constitución le da un valor normativo mayor o un “plus” a la doctrina de esa alta Corporación que a la del resto de los jueces de la jurisdicción ordinaria. Ello supone que la carga argumentativa que corresponde a los jueces inferiores para apartarse de la jurisprudencia decantada por la Corte Suprema es mayor que la que corresponde a éste órgano para apartarse de sus propias decisiones por considerarlas erróneas.
[...]”

Asimismo, la Corte Constitucional señaló que el acatamiento de la doctrina probable no constituye una obligación absoluta para el juez, puesto que puede apartarse de la misma, siempre y cuando dé a conocer las razones por las que se aparta en su decisión.

• Conforme con lo previsto en el artículo 270 de la Ley 1437 “[…] se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009”. En ese sentido, la Corte Constitucional en sentencia C – 816 de 2011 precisó que las sentencias de unificación jurisprudencial son proferidas por las altas cortes y poseen carácter vinculante en tanto que son expedidas en virtud del mandato de unificación que tienen en su jurisdicción con la finalidad de salvaguardar los principios de invocados de igualdad, buena fe y seguridad jurídica.

En el caso sub examine, respecto al presunto desconocimiento del precedente vertical, la actora argumentó que la autoridad judicial accionada desconoció el precedente de la Sección Segunda de esta Corporación establecido en la sentencia del 3 de febrero de 2005 (C. P. Ana Margarita Olaya Forero), mediante la cual se declaró nulo parcialmente el parágrafo único del artículo 1º del Decreto 1073 de 2002.

Frente al desconocimiento del precedente judicial alegado por la accionante, la Sala considera que dicha sentencia no puede ser un precedente para el caso concreto, dado que no existe identidad fáctica, toda vez que ésta no hace referencia a los descuentos de salud sobre las mesadas adicionales, sino a la nulidad parcial del parágrafo del artículo 1º del Decreto 1073 de 2002, por tanto resulta evidente que el juez natural no desconoció ningún criterio establecido por el Consejo de Estado frente al tema, por el contrario expuso las razones suficientes para fundamentar en debida forma su decisión.

En la parte resolutiva de la sentencia citada, se decidió:

“[…] Primero.- Declárase que es nulo el parágrafo del artículo primero del decreto reglamentario 1073 de 2002, únicamente en cuanto dispuso que no podrán efectuarse descuentos sobre la mesada adicional a que se refiere el artículo 142 de la ley 100 de 1993. En lo demás, se deniega la nulidad pedida.
[…]”

Para adoptar esa determinación, la Sección Segunda consignó las consideraciones que se transcriben a continuación:

“[…]
La Sala advierte, en primer término, que cuando el decreto acusado, dispuso respecto de los “descuentos de que tratan estos artículos”, no hizo relación con los artículos 50 y 142 de la ley 100 de 1993, por la potísima razón de que en estos no se gobernó descuento alguno, como atinadamente lo alegó el actor, sino con los artículos del decreto 1073, lo cual es bien distinto; si no fuere así, la norma no tendría sentido, dada su pésima redacción; en realidad, para la Sala, la norma acusada quiso decir simplemente que las mesadas adicionales establecidas en los artículos 50 y 142 de dicha ley, no serían objeto de descuento. Ahora bien, es cierto que tanto la ley 42 de 1982 (artículo 7º), como la ley 43 de 1984 (artículo 5º) se relacionan con la mesada adicional que deben recibir los pensionados en el mes de diciembre de cada año (regida hoy por el artículo 50 de la ley 100 de 1993), pero no con la mesada del mes de junio, gobernada por el artículo 142 ibídem, por lo que, en este punto, sí tiene razón el demandante, pues no existe norma legal que impida hacer descuentos de esta mesada adicional y, por ende, a juicio de la Sala el ejecutivo se excedió en el ejercicio de la potestad reglamentaria. La nulidad que declarará la Sala del parágrafo del artículo 1º del decreto acusado, se dispondrá, entonces, solo respecto de la mesada adicional gobernada por el artículo 142 de la ley 100 de 1993. En lo demás, la pretensión se denegará.
[…] “

Ahora bien, en gracia de discusión, y en atención a que la actora alega que se desconoció el “precedente horizontal”, se debe indicar que esta Corporación ha precisado que solo será obligatorio y vinculante el precedente vertical del órgano de cierre, que para el caso de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, es el del Consejo de Estado, tal y como se ha dejado plasmado en diferentes fallos:

“[…] En otros términos, el precedente es obligatorio porque proviene de los Altos Tribunales u órganos de cierre, y lo es para los jueces de inferior jerarquía, quienes conociendo el precedente vertical están llamados a aplicarlo. Por ende es el precedente vertical, el que tiene la capacidad de vincular las decisiones judiciales futuras sobre casos análogos […]”.

En consecuencia, no se desconoció precedente alguno, pues la decisión objeto de censura no se apartó de ningún tipo de interpretación vinculante de esta Corporación que fuera similar o análoga a su caso, sino que por el contrario, fue sustentada suficiente, razonada y satisfactoriamente, al señalar que la norma aplicable era el numeral 5º del artículo 8º de la Ley 91 de 1989, que establece la obligación de descontar a los docentes aún sobre las mesadas adicionales, por lo que no era viable acceder a las pretensiones de la actora, porque no existía sustento normativo para ello.

Respecto al presunto desconocimiento del precedente horizontal, la actora señaló que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca desconoció el precedente de esa misma Corporación, que en sentencia de 15 de junio de 2010, expuso lo siguiente:

“[…] En atención a la normatividad citada, encuentra la Sala que no existe ninguna norma que faculte a la Fiduciaria La Previsora S.A., a realizar descuentos a salud sobre las mesadas adicionales de junio y diciembre, pues la Ley 71 de 1989, citada por la entidad en el oficio demandado y en la contestación de la demanda, en su artículo 8 solo prevé los recursos que componen el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, norma que debe ser armonizada con las disposiciones legales señaladas, en especial con la Ley 43 de 1984, el Decreto 1073 de 2003 y la Ley 1250 de 2008, que prohíben expresamente los descuentos sobre la mesada adicional de diciembre y respecto de la de junio, siendo una mesada adicional, no puede gravarse con el 12% mensual que ya se efectúa en el respectivo mes porque equivaldría a descontar el 24% mensual […]”. (Se resalta)

Citó igualmente la sentencia de 15 de octubre de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, y transcribió lo siguiente:

“[…]
3.2. Descuentos para salud sobre las mesadas pensionales adicionales
Comienza el Despacho por señalar que los aportes con destino al Sistema de Seguridad Social en salud tienen el carácter de contribuciones parafiscales, y en tratándose de un gravamen que incide sobre la mesada pensional afectando su monto real, deben estar soportados en la ley que así lo establezca, en virtud del principio de legalidad, entre otros principios, que deben permear todo tributo. Tal apreciación ha sido reiterada por la Corte Constitucional en la sentencia C- 430 de 2009 […].
Siguiendo los parámetros reseñados corresponde al Juzgado establecer si los descuentos con destino a salud realizados sobre las mesadas pensionales adicionales (de junio y diciembre) tienen fundamento legal.
[…]
De todo lo anterior, infiere la Sala que, orientados por el principio de legalidad que debe caracterizar todo descuento para salud sobre las mesadas pensionales adicionales, como contribución fiscal que son, echa de menos norma legal vigente que imponga de forma clara y expresa tal gravamen y no es posible inferirlo por vía de mera interpretación, pues como reza el generalizado axioma “donde la Ley no distingue, no le es dado al interprete distinguir” y de hacerlo erosionaría derechos subjetivos de los pensionados, protegidos por diferentes normas de la Constitución Política […].” (Se resalta)

Posteriormente, la parte actora citó la sentencia de 11 de febrero de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, y señaló que en esa oportunidad la Corporación Judicial indicó:

“[…]
Problema Jurídico. Corresponde en esta oportunidad a la Sala determinar si al demandante le asiste el derecho o no para reclamar de las accionadas la devolución de los descuentos por salud de las mesadas pensionales adicionales de junio y diciembre.
Tesis de la Sala. En el asunto sometido a estudio se confirmará la sentencia de primera instancia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda de conformidad con las consideraciones que se pasan a estudiar.
Marco. Jurídico.
[…]
En consecuencia, observa la Sala que si bien es cierto que el numeral 5 del artículo 8 de la citada Ley 91 de 1989, contentivo del régimen especial de administración y pago de las prestaciones sociales para el personal docente, previo el descuento por salud de cada mesada pensional, incluidas las adicionales, no lo es menos que las disposiciones de la Ley 100 de 1993, en materia de descuentos por salud se hicieron extensivas a los afiliados del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y no contempla los descuentos sobre las mesadas adicionales, por lo que en criterio de la Sala el numeral 5 del artículo 8 de la Ley 91 de 1989, debe entenderse derogado tácitamente desde el 27 de junio de 2003 (fecha de promulgación de la Ley 812 de 2003) no solo en cuanto al porcentaje sino también respecto de la prohibición de descuento a las mesadas adicionales, en aplicación del principio de inescindibilidad de la norma.
Así las cosas, a partir del 27 de junio de 2003, se tiene como derogada la norma especial consagrada en el artículo 8 (numeral 5) de la Ley 91 de 1989 y a partir de esa fecha no resulta procedente efectuar descuentos por salud en las mesadas adicionales del persona afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio […]”. (Se resalta)

Asimismo, citó la sentencia de 12 de febrero de 2016 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, en la cual afirmó “[…] en atención a la normatividad citada, encuentra la Sala que no existe ninguna norma que faculte a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y a la Fiduciaria La Previsora S.A., a realizar descuentos para salud sobre las mesadas adicionales de junio y diciembre, pues la Ley 71 de 1988 (SIC), en su artículo 8 solo prevé los recursos que componen el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, norma que debe ser armonizada con las disposiciones con las disposiciones legales señaladas, en especial con la Ley 43 de 1984, el Decreto 1073 de 2003 y la Ley 1250 de 2008, que prohíben expresamente los descuentos en salud sobre las mesadas adicionales. […]”.

En igual sentido, refirió que en la sentencia de 18 de febrero de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, manifestó “[…] que, conforme a la normatividad vigente, no es posible afectar con descuentos las deudas o créditos que contraen los pensionados a favor de su organización gremial, fondos de empleados y de las cooperativas, así como las cuotas a favor de las Cajas de Compensación Familiar para efectos de afiliación y de cuotas mensuales, la mesada adicional de diciembre, en tanto, que si es procedente hacer dichos descuentos respecto de la mesada adicional de junio […]”.

Adujo que en las sentencias de 26 de abril y 19 de abril de 2016, proferidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C y D, respectivamente, concluyeron “[…] que no se puede efectuar el descuento del 12% a la mesada adicional de diciembre conforme al artículo 7 de la Ley 42 de 1982 y el artículo 5 de la Ley 43 de 1984, según los lineamientos del precedente jurisprudencial transcrito […]”.

En igual sentido, refirió que la sentencia de 30 de junio de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, dispuso que “[…] sobre la mesada adicional de diciembre se le han hecho descuentos para salud y como se analizó el descuento sobre esta mesada no tiene fundamento jurídico en una norma que así lo autorice, por tanto, tales descuentos son ilegales y constituyen una causal de nulidad del acto administrativo demandado […].”

Finalmente, señaló que la sentencia de 4 de agosto de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, revocó la providencia de primera instancia, por considerar que no era “[…] viable ejecutar descuentos sobre las mesadas adicionales trece (13) y catorce (14) porque así expresamente lo dispone el legislador […]”.

De conformidad con lo anterior, se destaca que las providencias que se invocaron como precedente, anteriormente referidas, fueron proferidas por las subsecciones B, C y D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sin que se allegara alguna providencia emitida por la Subsección “A”, la cual es la demandada en el asunto objeto de tutela, por lo que no se podría concluir, en virtud de la decisión que se ataca, que la autoridad judicial demandada desconoció el precedente horizontal, en razón a la posición adoptada por las otras subsecciones, más aún, cuando constató que la Sección Segunda Subsección “A” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en sentencia de 28 de febrero de 2013, en un caso similar, negó el reintegro de los descuentos a las mesadas adicionales, por lo cual es claro que no existe una posición unificada en esa Sección.

En ese sentido, la Sala advierte que existe un criterio de interpretación y decisión diferente entre la sentencia objeto de tutela y las que se invocan como precedente horizontal desconocido. Sin embargo, ese solo hecho no es suficiente para endilgarle a la autoridad judicial demandada el cargo relacionado con el desconocimiento del precedente, pues, en virtud de la autonomía judicial, dos jueces de igual jerarquía, pueden tener criterios diferentes al momento de dictar sentencia, siempre que se trate de decisiones con una carga argumentativa razonable y suficiente.

De ese modo, es preciso indicar que la sentencia de 31 de agosto de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, impartió su decisión con fundamento en los siguientes argumentos: i) que, de conformidad con lo establecido en el artículo 279 de la Ley 100, los afiliados al FOMAG en virtud de la Ley 91 de 1989, fueron excluidos de la aplicación del régimen general de Seguridad Social de la Ley 100, estableciéndose así un régimen especial, ii) que, el artículo 8 de la Ley 91 de 1989 estableció un descuento para cada mesada pensional, incluidas las adicionales (originalmente el descuento era del 5%), destinado a subsidiar los servicios de salud de los docentes, iii) que el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 modificó el porcentaje de cotización, que pasó del 5% al 12%, pero no implicó la incorporación de los docentes pensionados al Sistema General de Seguridad Social de la Ley 100 de 1993, iv) que las normas que prohibían el descuento sobre las mesadas adicionales (Decreto 1073 de 2002 y artículos 7 de la Ley 42 de 1982 y 5 de la Ley 43 de 1984) iban destinadas a regular pensiones del régimen de prima media y, por ende, no le eran aplicables a los docentes, que gozan de un régimen especial (Ley 91 de 1989) y v) que la modificación realizada por el inciso 4 de la Ley 812 de 2003 se declaró exequible por parte de la Corte Constitucional en la sentencia C – 369 de 2004 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett).

La Sala considera que el análisis jurídico es razonable, dado que explica la fuente normativa que autoriza el descuento de las mesadas adicionales, como lo es el numeral 5 del artículo 8 de la Ley 91 de 1989, y expone los argumentos que, a su juicio, no resultan aplicables las normas que prohíben los descuentos.

Ahora bien, en casos como el presente, cuando hay precedentes judiciales contrarios, emanados de una misma corporación, sección o subsección, es apenas natural que los jueces elijan entre una u otra tesis, en virtud de la autonomía e independencia judicial que les asiste, máxime si las diferentes posturas se encuentran vigentes.

En ese orden de ideas, la autoridad judicial demandada no incurrió en desconocimiento del precedente horizontal, pues como se explicó, no hay una posición unificada en la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, circunstancia que conlleva privilegiar la autonomía del juez.

La Sección Primera del Consejo de Estado, mediante providencias de 8 de junio y 30 de junio de 2017, señaló en casos con supuestos fácticos y jurídicos similares, que el Tribunal demandado no incurrió en defecto sustantivo ni desconoció los precedentes del Consejo de Estado.

Ahora bien, es preciso indicar que esta posición ha sido reiterada por el Consejo de Estado, tal como se puede observar en las sentencias de 11 de mayo, 27 de septiembre y 19 de octubre de 2017.

5.3. Violación directa de la Constitución

En su escrito de tutela, la actora manifestó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, al proferir la sentencia de 31 de agosto de 2017, incurrió en una violación directa a la Constitución, al omitir en su pronunciamiento la aplicación de los principios de favorabilidad e in dubio pro operario.

Para la Sala el cargo no está llamado a prosperar, dado que el actor no hizo un análisis del caso concreto, en donde tenía el deber de indicar cuales normas jurídicas debían ser inaplicadas por el Tribunal y como consecuencia de lo anterior, establecer las razones jurídicas de por qué las normas jurídicas eran manifiestamente contrarias a la Constitución Política de 1991.

De esta manera, y aun cuando la Sala, como Juez Constitucional, interpretara la inconformidad de la accionante, no existe objeto de examen, comoquiera que no se argumentó cómo violó directamente la Constitución.

Así las cosas, es importante resaltar que el principio de informalidad que gobierna a la acción de tutela, no puede considerarse absoluto, pues es necesario satisfacer ciertos presupuestos básicos que le permitan al Juez conocer con claridad aspectos como la acción o la omisión que la motiva, el derecho que se considera violado o amenazado y, de ser posible, el nombre de la autoridad pública o del órgano autor de la amenaza o del agravio, el señalamiento de las causales especiales de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

6. Conclusiones de la Sala

De conformidad con lo anteriormente expuesto, la Sala considera que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, al proferir la sentencia de 31 de agosto de 2017, no incurrió en los defectos sustantivo, de desconocimiento de precedente ni violación directa de la Constitución, alegados por la parte actora.

En consecuencia, al no concurrir los presupuestos exigidos para conceder el amparo solicitado, la Sala negará la petición de amparo constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la solicitud de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: De no ser impugnada esta sentencia, REMITIR el expediente dentro de los diez (10) días siguientes a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de ocho (8) de marzo de dos mil dieciocho (2018).

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Presidente

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Folio 1.
“Por la cual se reconoce y ordena el pago de una pensión vitalicia de jubilación”. Folio 5 expediente medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con número de radicación 25269 33 40 002 2014 01004 00. Folio 6 expediente medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con número de radicación 25269 33 40 002 2014 01004 00. Folios 7 a 9 expediente medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con número de radicación 25269 33 40 002 2014 01004 00.
"Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario".
“Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio”.
“Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones”.
"Por la cual se adiciona un inciso al artículo 204 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 10 de la Ley 1122 de 2007 y un parágrafo al artículo 19 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 6 de la Ley 797 de 2003". Folios 96 a 98 expediente medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con número de radicación 25269 33 40 002 2014 01004 00.
“Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”. Folios 123 a 133 expediente medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con número de radicación 25269 33 40 002 2014 01004 00.
“[…] El valor total de la tasa de cotización por los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio corresponderá a la suma de aportes que para salud y pensiones establezcan las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, manteniendo la misma distribución que exista para empleadores y trabajadores. La distribución del monto de estos recursos la hará el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en lo correspondiente a las cuentas de salud y pensiones […]”.
"Por la cual se adiciona un inciso al artículo 204 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 10 de la Ley 1122 de 2007 y un parágrafo al artículo 19 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 6 de la Ley 797 de 2003". M.P. Eduardo Montealegre Lynett, Ref. Exp. D – 4859. Sentencia 27 de abril de 2004. Actor: Jairo Antonio Salgado Gil. Demanda de inconstitucionalidad contra el inciso 4° del artículo 81 de la Ley 812 de 2003.
“Artículo 81.- Régimen prestacional de los docentes oficiales. El régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley. Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, serán afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y tendrán los derechos pensionales del régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en él, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para hombres y mujeres. Los servicios de salud para los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, serán prestados de conformidad con la Ley 91 de 1989, las prestaciones correspondientes a riesgos profesionales serán las que hoy tiene establecido el Fondo para tales efectos. El valor total de la tasa de cotización por los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio corresponderá a la suma de aportes que para salud y pensiones establezcan las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, manteniendo la misma distribución que exista para empleadores y trabajadores.

La distribución del monto de estos recursos la hará el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en lo correspondiente a las cuentas de salud y pensiones. Parágrafo. Autorízase al Gobierno Nacional para revisar y ajustar el corte de cuentas de que trata la Ley 91 de 1989.”

“Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”.
“Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales”.
“Por el cual se reglamenta las Leyes 71 y 79 de 1988 y se regulan algunos aspectos relacionados con los descuentos permitidos a las mesadas pensiónales en el régimen de prima media.”
Nro. Único de Radicación: 11001-03-25-000-2002-00163-01(3166 -02) Actor: Abel Trujillo Sánchez. Demandado: Gobierno Nacional. No indica la Subsección, Nro. Único de Radicación: 2008-00770, no se precisó el Magistrado Ponente. Nro. Único de Radicación: 11001-33-35-028-2012-00308-01
Nro. Único de Radicación: 25000-23-42-000-2014-04388-00
Nro. Único de Radicación: 11001-33-35-022-2015-00444-01
Nro. Único de Radicación: 25269-33-33-001-2013-00216-01
Nro. Único de Radicación: 11001-33-35-024-2014-00303-01
Nro. Único de Radicación: 25899-33-33-001-2015-00230-00
Nro. Único de Radicación: 11001-33-35-011-2015-00113-00
Nro. Único de Radicación: 25269-33-33-001-2014-00875-01
Nro. Único de Radicación: 25269-33-33-001-2014-01003-01. Folio 20.
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
“Por el cual se reglamenta las Leyes 71 y 79 de 1988 y se regulan algunos aspectos relacionados con los descuentos permitidos a las mesadas pensiónales en el régimen de prima media.”
Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 31 de julio de 2012. Actor: Nery Germania Álvarez Bello. Exp. nro. 11001-03-15-000-2009-01328-02. M.P. María Elizabeth García González. Corte Constitucional. Sentencia de 3 de septiembre de 2009, Rad.: T-619, Magistrado Ponente: Dr. Jorge Iván Palacio Palacio. Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo. Sentencia del cinco (5) de agosto de 2014, Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Radicado No. 11001-03-15-000-2012-02201-01, Demandante: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., Demandado: Consejo de Estado – Sección Primera. En dicho pronunciamiento, en lo pertinente, se sostuvo: “[…] Anótese que el término o plazo de inmediatez no es único. Eso explica que las diversas secciones del Consejo de Estado hayan fijado pautas diferentes sobre este aspecto. Por eso, la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente. Se ha estimado como aceptable ese plazo, teniendo en cuenta la naturaleza del acto jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos ordinarios y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la tutela judicial efectiva y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y estabilidad. La regla general del plazo de seis meses se acoge, además, teniendo en cuenta: i) que el plazo ha sido considerado como razonable por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y; ii) se trata de una decisión judicial adoptada en un proceso jurisdiccional […]”. Sentencia T-1022 de 2010
Sentencia T-272 de 2005
Sentencia T-807 de 2004
Sentencia T-551 de 2010
Sentencia T-743 de 2008
Sentencia T-212 de 2002
“Por el cual se reglamenta las Leyes 71 y 79 de 1988 y se regulan algunos aspectos relacionados con los descuentos permitidos a las mesadas pensiónales en el régimen de prima media.”
Corte Constitucional. Sentencia T-482 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
Sentencia T- 760A de 2011. M. P.: Juan Carlos Henao Pérez. Sentencia del 13 de mayo de 2008, expediente T-1.806.953,C.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

Ver sentencias C-083 de 1995, C-037 de 1996, SU-640 de 1998. Sentencia 13 de marzo de 2013. M.P. Guillermo Vargas Ayala. Radicado: 11001-03-15-000-2012-02074-00. Sentencia 18 de abril de 2013. C.P.: Marco Antonio Velilla Moreno. Radicado: 11001-03-15-000-2012-01797-00. Ibídem. Sentencias T-1625 de 2000 y T-161 de 2010. Ver, entre otras, Sentencia 13 de marzo de 2013. M.P. Guillermo Vargas Ayala. Radicado: 11001-03-15-000-2012-02074-00. Sentencia 18 de abril de 2013. C.P.: Marco Antonio Velilla Moreno. Radicado: 11001-03-15-000-2012-01797-00. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
“Sobre reformas judiciales”. Corte Constitucional, sentencia C – 836 de 9 de agosto de 2001. Expediente D-3374. Actor: Carlos Alberto Maya Restrepo. M.P. Rodrigo Escobar Gil. Corte Constitucional, sentencia C – 816 de 1 de noviembre de 2011. Expediente D-8473. Actor: Francisco Javier Lara Sabogal. M.P. Mauricio González Cuervo. Sentencia de 11 de febrero del 2016, Radicación nro. 11001-03-15-000-2015-03358-00(AC), C.P. Rocío Araújo Oñate. En cuanto al desconocimiento del precedente vertical, de la Sección Primera, véase la la sentencia de 9 de febrero de 2017. (C. P. María Elizabeth García González.) Ref.: Expedientes acumulados núms. 2016-02661-00, 2016-02707-00, 2016-02793-00, 2016-02795-00, 2016-02797-00, 2016-02799-00, 2016-02801-00, 2016-02803-00, 2016-02805-00, 2016-02706-00, 2016-02708-00, 2016-02710-00, 2016-02794-00, 2016-02796-00, 2016-02798-00, 2016-02800-00, 2016-02802-00, 2016-02804-00, 2016-02806-00, 2016-02807-00, 2016-02809-00, 2016-02808-00. ACTORES: MIGUEL ANTONIO CARO BLANCO Y OTROS. Y las sentencias de 2 de marzo de 2017 (C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés) Radicación número: 41001-23-31-000-2016-00103-01(AC) Actores: GLORIA SOL ORTIGOZA CANGREJO, ALBA LUZ ORTEGA PEÑA Y GLORIA ESPERANZA MARTINEZ OLAYA. Demandados: JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE NEIVA Y OTRO y Radicación número: 11001-03-15-000-2016-03189-00 (AC). Actor: BERNABÉ MOLINA GARCÍA. Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO - SALA DE DECISIÓN DEL SISTEMA ORAL, entre otras. No indica la Subsección, Nro. Único de Radicación: 2008-00770, no se precisó el Magistrado Ponente. M.P. Jaime Henry Ramírez Moreno. Nro. Único de Radicación: 25269-33-33-001-2013-00216-01. M.P. Luis Gilberto Ortegón. Nro. Único de Radicación: 11001-33-35-028-2012-00308-01. M.P. Amparo Oviedo Pinto. Nro. Único de Radicación: 25000-23-42-000-2014-04388-00. M.P. Cerveleón Padilla Linares. Nro. Único de Radicación: 11001-33-35-024-2014-00303-01. Nro. Único de Radicación: 25269-33-33-001-2014-00875-01
Nro. Único de Radicación: 11001-33-35-011-2015-00113-00
Nro. Único de Radicación: 11001-33-35-022-2015-00444-01
Nro. Único de Radicación: 25269-33-33-001-2014-01003-01. Radicado Nº.: 11001333102020110020201, M.P.: José Maria Armenta Fuentes. Nro. único de radicación: 11001-03-15-000-2017-00818-00. Actora: Elsa Marina Duarte de Cendales. M.P. Hernando Sánchez Sánchez. Nro. único de radicación: 11001 03 15 000 2016 02602 01. Actor: Reyes Domingo Ortiz Sánchez. M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Nro. único de radicación: 11001-03-15-000-2016-02718-00, M.P.: Stella Jeannette Carvajal Basto. Nro. único de radicación: 11001-03-15-000-2017-01450-00(AC), M.P.: Stella Jeannette Carvajal Basto. Nro. único de radicación: 11001-03-15-000-2017-01953-00(AC). M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez. Sobre el principio de informalidad, ver Auto A165 de 2011 de la Corte Constitucional. Decreto 2591 de 1991, artículo 14.

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