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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01160-00

Fecha
8 de abril de 2024
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01160-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Niégase el amparo invocado, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-01160-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

8 de abril de 2024

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, ocho (8) de abril de dos mil veinticuatro (2024).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2024-01160-00
Demandante: JHORMAN ANDREY BELTRÁN CASTAÑO
Demandado: TRIBIUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
SUBSIDIO FAMILIAR DE SOLDADOS PROFESIONALES.
NIEGA PRETENSIONES

Síntesis del caso: el demandante consideró que en la providencia cuestionada se desconoció el
precedente contenido en dos providencias proferidas por dos juzgados administrativos de Ibagué
en los cuales en asuntos similares se ordenó el reajuste del subsidio familiar sin declarar la
prescipción, al tiempo, que se configuró un defecto fáctico porque no se valoró la constancia de
ejecutoria de la sentencia de 8 de junio de 2017 proferida por el Consejo de Estado que declaró
nulo con efectos ex tunc el Decreto 3770 de 2009, que daba cuenta desde cuando los soldados
tenían la real posibilidad de pedir ese beneficio en los términos del Decreto 1794 de 2000. La
Sala negará el amparo invocado, tras verificar que no se presentaron los defectos invocados.

La Sala decide la acción de tutela1 presentada por el señor Jhorman Andrey Beltrán
Castaño en contra del Tribunal Administrativo del Cauca para la protección de sus
derechos fundamentales del debido proceso y acceso a la administración de justicia
consagrados en los artículos 29 y 229 de la Constitución Política, presuntamente
vulnerados con ocasión de la sentencia de 1 de febrero de 2024 proferida por dicha
autoridad judicial.

I. ANTECEDENTES

Los hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de la acción el demandante señaló, en síntesis, lo siguiente:

1
Mediante escrito radicado el 11 de marzo de 2024.

2
Expediente: 11001-03-15-000-2024-01160-00
Actor: Jhorman Andrey Beltrán Castaño
Acción de tutela

1) Prestó sus servicios al Ejército Nacional desde el 11 de enero de 2005 hasta el 30 de
junio de 2006.

2) Mediante Decreto no. 1794 de 2000 el Gobierno Nacional creó el régimen salarial y
prestacional del personal de soldados profesionales de las fuerzas militares, el cual
disponía en su artículo 11 para el soldado profesional casado o con unión marital de
hecho vigente el derecho al reconocimiento mensual de un subsidio familiar equivalente
al cuatro por ciento (4%) de su salario básico mensual más la prima de antigüedad, sin
embargo, dicha disposición fue derogada desde a través del Decreto 3770 de 30 de
septiembre de 2009.

3) El 17 de marzo de 2012 contrajo matrimonio con la señora Kelly Johanna Vega Castro.

4) Posteriormente, se expidió el Decreto no. 1161 del 25 de junio de 2014, por medio del
cual se creó nuevamente el subsidio, pero en una cuantía distinta e inferior.

5) A través de Orden Administrativa de Personal no. 2488 del 30 de diciembre de 2014
le fue reconocido el subsidio familiar con fundamento en los parámetros del Decreto 1161
de 2014 y por un total de 23%.

6) Mediante sentencia de 8 de junio de 2017, el Consejo de Estado declaró nulo con
efectos ex tunc el Decreto 3770 de 2009.

7) Por considerar que le eran aplicables los efectos del referido fallo, el 8 de junio de 2021
elevó una nueva reclamación ante el Ejército Nacional para que se le reconociera esa
prestación, pero esta vez en los términos del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, desde
la consolidación del derecho, esto es, el 17 de marzo de 2012 –fecha de su matrimonio–
.

8) No obstante, dicha solicitud fue negada mediante Oficio no. 2021317001288961 MDN-
COGFM- COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-1.10 del 23 de junio de 2023 porque
ya se le había reconocido esa misma prestación de conformidad con los parámetros del
Decreto no. 1161 del 25 de junio de 2014.

9) Presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación-
Ministerio de Defensa Nacional-Ejército Nacional, en la que pidió la declaratoria de

3
Expediente: 11001-03-15-000-2024-01160-00
Actor: Jhorman Andrey Beltrán Castaño
Acción de tutela

nulidad del acto administrativo antes referido y, a título de restablecimiento, que se
condenara a la demandada a reconocer y pagar el subsidio familiar en los términos del
artículo 11 del Decreto 1794 de 2000.

10) En sentencia de 20 de octubre de 2023, el Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito Judicial de Popayán accedió a las pretensiones de la demanda por considerar
que era acreedor del subsidio familiar en la manera prevista en el artículo 11 del Decreto
no. 1794 de 2000, debido a que cumplió los requisitos para ser beneficiario de la
prestación con anterioridad al 1 de julio de 2014, por tanto, no se le podía exigir que
pusiera en conocimiento del Ejército Nacional el cambio de su estado civil o matrimonio
celebrado en el año 2012, pues para esa data no existía el subsidio familiar.

11) Apeló por considerar que el a quo erró en tanto indicó en la providencia de primer
grado que “sólo se pidió la reliquidación, más no el reconocimiento del subsidio familiar
de los periodos anteriores a la fecha en que la entidad demandada comenzó a pagar al
demandante dicha prestación económica”, lo cual no era cierto, ya que en las
pretensiones de la demanda pidió el reconocimiento y pago en su favor del reajuste del
subsidio familiar y prima de antigüedad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11
del Decreto no. 1794 de 2000, esto es, desde el mismo momento en que se cumplieron
los presupuestos para ser acreedor de ese beneficio.

12) Por su parte, la parte demandada apeló, entre otras cosas, porque estimó que no era
posible aplicar el Decreto no. 1794 de 2000 por favorabilidad por cuanto ello viola el
principio de inescindibilidad normativa, que prevé que toda norma que se adopte debe
ser aplicada en su integridad y no por partes en lo favorable.

13) A través de sentencia de 1 de febrero de 2023, el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca modificó los numerales tercero y cuarto de la sentencia de primera instancia2,
al tiempo que adicionó un numeral en el que declaró la prescripción de las diferencias

2
Los numerales quedaron así: “TERCERO: ORDÉNESE a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA –
EJÉRCITO NACIONAL reconocer y pagar al señor JHORMAN ANDREY BELTRÁN CASTAÑO identificado
con la cédula de ciudadanía No. 1.121.826.863 de Villavicencio (Meta), las diferencias causadas entre los
emolumentos que le fueron cancelados por concepto de subsidio familiar y las que resulten del reajuste
ordenado en esta providencia, desde el 08 de junio de 2017.”
“CUARTO: ORDÉNESE a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL reconocer
y pagar al señor JHORMAN ANDREY BELTRÁN CASTAÑO identificado con la cédula de ciudadanía No.
1.121.826.863 de Villavicencio (Meta), las diferencias resultantes de reliquidar las prestaciones sociales
que para su liquidación dependan del subsidio familiar reajustado. Dichas diferencias deberán cancelarse
desde el 08 de junio de 2017”.

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Expediente: 11001-03-15-000-2024-01160-00
Actor: Jhorman Andrey Beltrán Castaño
Acción de tutela

entre el subsidio familiar pagado y el subsidio familiar allí reconocido, causadas con
anterioridad al 8 de junio de 2017.

Fundamentos de la vulneración

El actor alegó que la providencia de 1 de febrero de 2023 proferida por el Tribunal
Administrativo del Cauca adolece de los defectos fáctico y desconocimiento del
precedente con base en los siguientes argumentos:

Frente al primer reparo, sostuvo, que el tribunal incurrió en la dimensión negativa porque
omitió valorar injustificadamente la constancia de ejecutoria del 26 de septiembre de 2018
de la sentencia de 8 de junio de 2017 proferida por el Consejo de Estado que declaró
nulo con efectos ex tunc el Decreto 3770 de 2009, cuya prueba resulta determinante para
verificar que no operó el fenómeno de la prescripción de que trata el artículo 174 del
Decreto no. 1211 de 19903.

A su juicio, solo fue solo con la sentencia antes mencionada que volvió a la vida jurídica
el artículo 11 del Decreto no. 1794 de 2000, por consiguiente, a partir de su ejecutoria el
26 de septiembre de 2017, fue que surgió para los soldados profesionales la posibilidad
de reclamar el subsidio familiar cobijado por dicha disposición normativa.

En cuanto al segundo defecto, sostuvo que el tribunal desconoció el precedente
contenido en la sentencia del 6 de diciembre de 2019 proferida por el Juzgado Tercero
Administrativo Oral del Circuito de Ibagué en el marco del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicación no. 73001-33-33-003- 2018-00310-00 y la
sentencia de 1 de septiembre de 2020, proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo
Oral del Circuito Judicial de Ibagué en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicación 73001-33-33-004-2019-00235-00, los que se ordenó el
reajuste sin declarar la prescripción de las diferencias causadas.

3
“ARTICULO 174. Prescripción. Los derechos consagrados en este Estatuto prescriben en cuatro (4) años,
que se contarán desde la fecha en que se hicieron exigibles. El reclamo escrito recibido por autoridad
competente sobre un derecho, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual. El derecho al pago
de los valores reconocidos prescribe en dos (2) años contados a partir de la ejecutoria del respectivo acto
administrativo y pasarán a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares”.

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Actor: Jhorman Andrey Beltrán Castaño
Acción de tutela

Pretensiones

Aunque el actor no incluyó un acápite de pretensiones, del escrito de la demanda se
advierte que pretende que se deje parcialmente sin efectos la sentencia 1 de febrero de
2023 en cuanto declaró la prescripción de las diferencias entre el subsidio familiar pagado
y el subsidio familiar allí reconocido, causadas con anterioridad al 8 de junio de 2017 y,
en su lugar, se profiera una sentencia de remplazo en la que se ordene reconocer y pagar
el subsidio familiar, desde el momento mismo del cumplimiento de los presupuestos para
acceder al beneficio.

Actuación procesal

Mediante auto de 15 de marzo de 2023 se admitió la acción de tutela y se ordenó la
notificación a los magistrados integrantes del Tribunal Administrativo del Cauca, así como
la vinculación del titular del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Popayán y
del comandante del Ejército Nacional con el fin de que allegaran un informe sobre los
hechos que motivaron el ejercicio de la acción.

Intervenciones de las autoridades demandadas

El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Popayán solicitó que se
declare improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional o, en su defecto, se nieguen las pretensiones porque todas las pruebas
aportadas en el proceso fueron valoradas y analizadas.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela, 2) análisis de los requisitos
generales de procedencia, 3) el caso concreto, 4) marco jurídico relativo al subsidio
familiar, 5) análisis del defecto fáctico y 6) análisis del desconocimiento del precedente.

Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento

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Actor: Jhorman Andrey Beltrán Castaño
Acción de tutela

preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.

Análisis de los requisitos generales de procedencia

El presente caso cumple los requisitos genéricos de procedibilidad enunciados por la
jurisprudencia constitucional, por cuanto: i) se agotaron todos los medios de defensa
judicial disponibles al alcance de la persona afectada ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo; ii) se cumplió con el requisito de la inmediatez, si se tiene en
cuenta que la acción fue promovida dentro de los 6 meses siguientes a la notificación de
la providencia atacada ; iii) el presente caso no se trata de una irregularidad procesal que
deba ser tenida como un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar
los derechos fundamentales de la parte actora; iv) la parte demandante identificó de
manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que
se transgredieron, v) no se ataca una sentencia de tutela.

Asimismo, vi) la cuestión que se discute resulta de relevancia constitucional, por cuanto
se alegó la comisión del defecto fáctico por falta de valoración de una prueba que habría
conllevado a una decisión distinta, esto es, a que no se hubieran declarado prescrita las
diferencias causadas entre el subsidio familiar pagado, es decir, en los términos del
Decreto no. 1161 de 2014 y el subsidio familiar ahí reconocido en los términos del Decreto
1794 de 2000, lo cual no fue objeto de apelación, ya que fue decidido en la providencia
que puso fin al proceso, así como el desconocimiento de unas providencias en las cuales
se ordenó el reajuste sin declarar la prescripción, aspectos que no fueron puestos de
presente ante el juez de la especialidad porque fueron expuestos en la providencia que
puso fin al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y frente a la cual no
procedían recursos.

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Actor: Jhorman Andrey Beltrán Castaño
Acción de tutela

El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Tribunal
Administrativo del Cauca con el fin de que se protejan los derechos constitucionales
fundamentales del debido proceso antes mencionados, presuntamente vulnerados con
ocasión de la providencia de 1 de febrero de 2024 que declaró la prescripción de las
diferencias causadas en el subsidio que le fue pagado al actor y el que se reconoció en
esa decisión.

En la tutela la parte actora alegó que la providencia cuestionada adolece de los defectos
fáctico y desconocimiento del precedente.

En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala negará las pretensiones
de la acción de tutela, pero previo a resolver en el caso concreto los defectos planteados
ello se harán unas precisiones sobre el marco jurídico del subsidio familiar otorgado a
soldados profesionales de las fuerzas militares.

Marco jurídico relativo al subsidio familiar

En primer lugar, debe destacarse que con la expedición del Decreto 1211 del 8 de junio
de 1990 se reguló el subsidio familiar como un factor computable en las asignaciones de
retiro, pero únicamente en favor de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares, en
un porcentaje equivalente al 30% del sueldo básico percibido por estos, a través de sus
artículos 79 y siguientes.

Posteriormente, se expidió el Decreto 1794 del 14 de septiembre de 2000, en cuyo
artículo 11 se reconoció el subsidio familiar como factor computable en las asignaciones
de retiro de soldados profesionales, en un porcentaje del 4% del salario básico percibido
por estos, más las sumas por concepto de prima de antigüedad.

Seguidamente, se emitió el Decreto 4433 del 31 de diciembre de 2004, en cuyos artículos
13 y 23 consagró el subsidio familiar como factor computable en las asignaciones de
retiro de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares y de miembros de la Policía
Nacional, pero nada señaló respecto de los soldados profesionales.

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Expediente: 11001-03-15-000-2024-01160-00
Actor: Jhorman Andrey Beltrán Castaño
Acción de tutela

Con el Decreto 3770 del 30 de septiembre de 2009, se derogó el artículo 11 del Decreto
1794 de 2000 y se precisó que aquellos soldados o infantes de marina profesionales que
para la fecha de su entrada en vigor se encontraran disfrutando de dicha prestación,
continuarían percibiendo las sumas por ese concepto hasta la fecha de su retiro del
servicio.

Con posterioridad, se emitió el Decreto 1161 del 24 de junio de 2014, el cual en su artículo
1º consagró el subsidio familiar como factor computable en las asignaciones de retiro de
soldados e infantes de marina profesionales a partir del 1º de julio de 2014.

Además, mediante el artículo 5º ibídem se señaló que desde el 1º de julio de 2014 se
incluiría el subsidio familiar como partida computable para liquidar las asignaciones de
retiro y pensión de invalidez de soldados profesionales e infantes de marina profesionales
en un porcentaje equivalente al 70% de lo devengado por ellos en actividad por ese
concepto, el cual sería sumado directamente a los valores reconocidos en razón de la
asignación de retiro o de la pensión de invalidez y liquidado conforme al Decreto 4433 de
2004.

Por su parte, a través del artículo 1º del Decreto No. 1162 del 24 de junio de 2014 se
estableció que para aquellos soldados profesionales que venían devengando el subsidio
familiar conforme a los Decretos 1794 de 2000 y 3770 de 2009, se tendría como partida
computable para liquidar la asignación de retiro y pensión de invalidez, el 30% de dicho
valor.

Así las cosas, se advierte que fue hasta la expedición de los Decretos números 1161 y
1162 de 2014 que se contempló expresamente la posibilidad de que se reconociera el
subsidio familiar como factor computable en la asignación de retiro en favor de soldados
e infantes de marina profesionales, pues previamente a su emisión, el reconocimiento y
pago de la misma se daba por vía jurisprudencial, con sujeción al derecho de igualdad y
en consideración a la finalidad primordial de la referida prestación social.

Finalmente, mediante proveído del 8 de junio de 2017 la Subsección B de la Sección
Segunda de esta Corporación en el proceso con radicación 11001-03-25-000-2010-
00065-00 (0686-2010) declaró nulo con efectos ex tunc el Decreto 3770 de 2009, lo que
generó la reviviscencia del subsidio familiar en los términos del artículo 11 de ese cuerpo

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Actor: Jhorman Andrey Beltrán Castaño
Acción de tutela

normativo, como factor computable en las asignaciones de retiro de los soldados
profesionales.

Análisis del defecto fáctico

1) Para la parte actora el tribunal incurrió en un defecto fáctico en la dimensión negativa
porque omitió valorar injustificadamente la constancia de ejecutoria del 26 de septiembre
de 2017 de la sentencia de 8 de junio de 2017 proferida por el Consejo de Estado que
declaró nulo con efectos ex tunc el Decreto 3770 de 2009, cuya prueba resulta
determinante para verificar que no operó el fenómeno de la prescripción de que trata el
artículo 174 del Decreto no. 1211 de 1990 .

2) A su juicio, solo fue con la sentencia antes mencionada que volvió a la vida jurídica el
artículo 11 del Decreto no. 1794 de 2000, por consiguiente, a partir de su ejecutoria el 26
de septiembre de 2017, fue que surgió para los soldados profesionales la posibilidad de
reclamar el subsidio familiar cobijado por dicha disposición normativa.

3) Con el fin de verificar si se presentó o no el defecto invocado procederemos a exponer
las razones del tribunal para declarar la prescripción, veamos:

“De otra parte, atendiendo lo referido por la parte actora en su escrito de alzada
respecto a la fecha a partir de la cual se debe reconocer y pagar el subsidio
familiar, para la Sala – en principio - debe tomarse el momento en que el actor
se vinculó como soldado profesional el 01 de agosto de 2006, pues preexistía
su Unión Marital de Hecho con la señora Vega Castro desde el año 2005 y no
fue con la sentencia de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado del 8 de junio de 2017, que el demandante pudo reclamar el subsidio
familiar, sino que ello surgió antes de haber sido derogado el artículo 11 del
Decreto 1794 del 2000.

No obstante, aunque la A quo no lo evidenció, se debe dar aplicación a la
prescripción establecida en el artículo 174 del Decreto 1211 de 1990, ya que el
derecho al reconocimiento del subsidio familiar con fundamento en el Decreto
1794 de 2000, surgió desde el 01 de agosto de 2006, pero como la petición que
dio origen a la actuación administrativa se presentó solo hasta el 08 de junio de
2021 y la demanda el 10 de noviembre de 2021, concluye la Sala que en el sub
lite operó el fenómeno jurídico de la prescripción de cuatro años establecida en
el Decreto 1211 de 1990, sobre las diferencias causadas con anterioridad al 08
de junio de 2017.

Así, se modificará los numerales “TERCERO” y “CUARTO” de la sentencia
apelada, para en su lugar ordenar el reajuste, reconocimiento y pago de la
partida de subsidio familiar en los términos del artículo 11 del Decreto 1794 de
2000 y el reajuste, reconocimiento y pago de las demás partidas que de ella
dependan, a partir del 08 de junio de 2017, pudiendo descontar de este valor
las sumas que ya le fueran canceladas por este concepto, pues este factor le

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viene siendo liquidado y pagado en el equivalente al 23% de la asignación
básica.

Finalmente, debe decirse que si bien la primera instancia indicó que el reajuste
de la prestación y el reconocimiento de las diferencias causadas entre el
subsidio pagado y reconocido y de las demás prestaciones que de ella
dependen se ordenaría desde el 25 de julio de 2014, la decisión aquí contenida
no contradice el principio de la no reformatio in pejus así la entidad demandada
no hubiere alegado la prescripción, por cuanto el inciso segundo del artículo 187
del CPACA, así lo indica: “En la sentencia se decidirá sobre las excepciones
propuestas y sobre cualquier otra que el fallador encuentre probada. El silencio
del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas las excepciones
de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus.”

4) Sobre el particular, la Sala estima que la providencia cuestionada no adolece del
defecto endilgado porque debe tenerse en cuenta que el derecho al reconocimiento del
subsidio familiar con base en el Decreto 1794 de 2000 surgió desde el momento mismo
en que el demandante cumplió los requisitos para ser acreedor del mismo, siendo
irrelevante para este caso la fecha de ejecutoria de la sentencia del 8 de junio de 2017
proferida por el Consejo de Estado.

5) Si bien la nulidad del Decreto 3770 de 2009 con efectos ex tunc permitió revivir las
disposiciones del Decreto 1794 de 2000, el momento relevante para determinar el
surgimiento del derecho al subsidio familiar y, por ende, la aplicación de la prescripción,
no estaba directamente vinculado con la fecha de la mencionada sentencia del Consejo
de Estado, lo cierto es que el derecho al subsidio familiar y la posibilidad de su
reclamación existían desde antes de la derogación del Decreto 1794 de 2000 por el
Decreto 3770 de 2009, basándose en los hechos previos a esa derogatoria.

6) Por las razones expuestas se advierte que este cargo no tiene vocación de prosperidad

Análisis del desconocimiento del precedente judicial en el caso concreto

1) Sobre el particular, la Sala considera que no se configura el desconocimiento del
precedente invocado, puesto que, tal como lo ha señalado esta Corporación en anteriores
oportunidades4, solo es obligatorio y vinculante el precedente vertical del órgano de cierre

4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 8 de marzo de
2018, rad. 11001-03-15-000-2017-02894-00, MP Hernando Sánchez Sánchez, Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 1 de diciembre de 2016; CP Carlos Enrique
Moreno Rubio, rad. 11001-03-15-000-201-601285-01; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de julio de 2018; CP Hernando Sánchez Sánchez, rad.
11001-03-15-000-2018-01525-00; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección

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Actor: Jhorman Andrey Beltrán Castaño
Acción de tutela

para los jueces de inferior jerarquía, toda vez que dos jueces de igual jerarquía pueden
tener criterios diferentes al momento de dictar sentencia, siempre que se trate de
decisiones con una carga argumentativa razonable y suficiente.

2) En esa medida, si bien los asuntos guardan cierta similitud, lo cierto es que los criterios
jurisprudenciales emanados de los juzgados administrativos de Ibagué no constituyen
precedentes jurisprudenciales sino antecedentes jurisprudenciales, teniendo en cuenta
que solo las sentencias que profieren los órganos de cierre, como el Consejo de Estado,
se constituyen en precedente judicial al fijar reglas y sub reglas que deben ser tenidas en
cuenta por los demás operadores judiciales.

3) Así pues, es posible que, como ocurrió en este caso, distintos despachos judiciales del
país tengan un criterio jurídico distinto frente a la resolución de las controversias puestas
a su consideración, sin que ello implique, en el presente asunto, la transgresión de los
derechos invocados por el demandante, en el entendido que tal situación se enmarca en
el ejercicio autónomo e independiente de su rol de juez.

4) En todo caso, la Sala observa que la interpretación del tribunal es razonable y
conforme a derecho y a lo probado en el proceso, debido a que partió del supuesto
particular en el que el derecho se hizo exigible antes de que se derogara la norma que lo
disponía, esto es, cuando el demandante constituyó la unión marital de hecho, pero no
se desconoció que era a partir de la sentencia del 8 de junio de 2017 que este podía
volverse a reclamar, como efectivamente sucedió, pues el demandante presentó su
petición el 8 de agosto de 2021.

5) Para la Sala, de la decisión expuesta no se advierte un análisis desmedido del que se
pueda concluir la imposición caprichosa del criterio del juez ordinario, pues se resolvió el
caso con fundamento en razones debidamente sustentadas, sin que se haya demostrado
el supuesto defecto alegado por la parte actora, máxime que las providencias invocadas
fueron proferidas por un juez de inferior jerarquía.

6) De esta forma, resulta claro que no se incurrió en desconocimiento del precedente,
toda vez que la decisión cuestionada no se apartó de ningún tipo de interpretación

Quinta, sentencia de 27 de junio de 2019, CP Carlos Enrique Moreno Rubio, rad. 11001-03-15-000-2019-
01850-00; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 23 de agosto de 2019, CP Rocío Araujo
Oñate, rad. 11001-03-15-000-2019-03288-00(AC).

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Expediente: 11001-03-15-000-2024-01160-00
Actor: Jhorman Andrey Beltrán Castaño
Acción de tutela

vinculante de esta Corporación o de alguna otra autoridad con un nivel jerárquico
superior, y la fue sustentada, suficiente y razonada, por lo que se negará el amparo
invocado.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B–, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1º) Niégase el amparo invocado, de conformidad con las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

3°) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado
(Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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