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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2018-01525-00

Acción de tutela contra providencia judicial

Fecha
6 de julio de 2018
Consejero ponente
Hernando Sánchez Sánchez
Citada por
40 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2018-01525-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO. DENEGAR el amparo interpuesto por la señora Consuelo de la Candelaria Benítez Cárdenas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. Si no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMÍTIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2018-01525-00

Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez

6 de julio de 2018

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE - Inexistencia / PRESCRIPCIÓN TRIENAL DE LA SANCIÓN MORATORIA DE CESANTÍAS ANUALIZADA / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA IGUALDAD / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

[L]a sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda de esta Corporación, analizó la prescripción de la sanción por mora del régimen anualizado de cesantías, para concluir que por hacer parte del derecho sancionador cuya finalidad es penalizar económicamente al empleador que incurra en retardo, es susceptible de dicho fenómeno jurídico extintivo (…) Al respecto, la Sala debe señalar que la sanción moratoria por disposición legal y en virtud del criterio unificador de la Sección Segunda, se hace exigible a partir del momento en que el empleador incumple el deber de consignar el valor correspondiente a la liquidación definitiva de cesantía, por la anualidad o por la fracción correspondiente (…) en cuenta individual del trabajador dentro del plazo legal (…) para la Sala de una lectura correcta de dicho precedente judicial sentado por la Sección Segunda del Consejo de Estado, considera que la Sala Tercera de Decisión Oral del Tribunal Administrativo de Sucre no incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, por el contrario, al resolver el problema jurídico aplicó correctamente las reglas jurisprudenciales establecidas en dicha sentencia de unificación (…) consistente en que en materia de sanción moratoria derivada de la no consignación oportuna de las cesantías, el término de prescripción para la exegibilidad de la indemnización es de tres años contados a partir desde que se produjo el incumplimiento, es decir, a partir de la mora (…) Con base en lo anteriormente expuesto, para la Sala la autoridad judicial accionada no incurrió en defecto sustantivo, teniendo en cuenta que profirió su sentencia de manera razonable y ajustada a derecho, en donde no se evidenció por esta Sala una actuación grosera o arbitraria que haya traído como consecuencia la vulneración de los derechos fundamentales de la actora.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO LABORAL - ARTÍCULO 151 / LEY 344 DE 27 DE 1996 / LEY 50 DE 1990 / DECRETO 1582 DE 1998 - ARTÍCULO 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., seis (6) de julio de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 11001-03-15-000-2018-01525-00(AC)

Actor: CONSUELO DE LA CANDELARIA BENÍTEZ CÁRDENAS

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE, SALA TERCERA DE DECISIÓN ORAL Y JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE SINCELEJO

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la señora Consuelo de la Candelaria Benítez Cárdenas contra el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo y la Sala Tercera de Decisión Oral del Tribunal Administrativo de Sucre, porque, a su juicio, el Juzgado al proferir la sentencia de 15 de diciembre de 2016 y el Tribunal al proferir la sentencia de 17 de noviembre de 2017, vulneraron sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) antecedentes; ii) consideraciones y iii) resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

ANTECEDENTES

La solicitud

1. La actora, obrando mediante apoderado especial, presentó solicitud de tutela contra el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo y la Sala Tercera de Decisión Oral del Tribunal Administrativo de Sucre, porque, a su juicio, el Juzgado al proferir la sentencia de 15 de diciembre de 2016 y el Tribunal al proferir la sentencia de 17 de noviembre de 2017 vulneraron sus derechos invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la solicitud de tutela son los siguientes:

3. Indicó que labora en el Municipio de Ovejas – Sucre, desde el 10 de noviembre de 1994, inicialmente en el cargo de Directora de alfabetización, posteriormente como Secretaria de la Inspección de Policía y actualmente se desempeña como Jefe de Presupuesto en encargo.

4. Expresó que el 11 de septiembre de 1998 le manifestó al alcalde del Municipio de Ovejas – Sucre: i) su voluntad de renunciar al régimen de cesantías retroactivas, indicándole que se acogía al régimen de cesantías anualizado, con base en lo establecido en la Ley 344 de 27 de diciembre de 1996 y ii) le solicitó que le consignara el valor de sus cesantías con destino al fondo de pensiones Protección S.A., sin que el municipio de Ovejas se pronunciara al respecto.

5. Adujo que nuevamente le solicitó al señor alcalde Municipal de Ovejas – Sucre, por medio de escrito de 22 de junio de 2004, que le consignara el valor de sus cesantías con destino al fondo de pensiones Protección S.A.

6. Manifestó que a pesar de los distintos requerimientos formulados, el municipio de Ovejas – Sucre, sólo consignó las cesantías de los años 2011 en adelante, sin que a la fecha haya efectuado la consignación del valor de las mismas correspondiente a las anualidades 1994 a 2010.

7. Señaló que el tesorero, el contador y el Secretario de gobierno municipal de Ovejas-Sucre, mediante planilla de liquidación acreditaron la liquidación de la sanción moratoria por no consignación anualizada de las cesantías por un valor de $784.1809.213.00, a fecha de corte año 2010.

8. Afirmó que presentó derecho de petición ante el municipio de Ovejas – Sucre el 10 de julio de 2014, solicitando: i) se le efectuara la consignación de sus cesantías al fondo de pensiones Porvenir correspondiente a los años 1994 a 2010; ii) el pago de sus intereses de cesantías correspondiente a las mismas vigencias y iii) se le reconociera y pagara la sanción moratoria por no consignación anualizada de sus cesantías correspondiente a los años 1997 a 2010.

9. Adujo que el alcalde del municipio de Ovejas – Sucre por medio de Oficio de 20 de agosto de 2014, denegó la anterior solicitud, con base en los siguientes argumentos:

“[…] Debo expresar que el Municipio de Ovejas, tiene la voluntad de reconocer y pagar los derechos laborales a los cuales tenga pleno derecho, y sobre los cuales no haya operado el fenómeno de la prescripción trienal, sin embargo, teniendo en cuenta que lo solicitado corresponden a vigencias fiscales expiradas sobre las cuales no existe disponibilidad presupuestal, le sugerimos presentar solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría Judicial para asuntos administrativos de Sincelejo, Sucre, instancia ante la cual será posible analizar la posibilidad de conciliar lo adeudado por concepto de sus derechos laborales solicitados […]”.

10. Indicó que presentó ante la Procuraduría Judicial para Asuntos Administrativos de Sincelejo el 29 de octubre de 2014, solicitud de conciliación extrajudicial contra el Municipio de Ovejas – Sucre, para efecto de llegar a un acuerdo relacionado con el pago de la sanción moratoria, siendo declarada fallida, el 12 de diciembre de 2014.

11. La actora presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Municipio de Ovejas - Sucre, con el fin de que se declarara la nulidad del Oficio del 20 de agosto de 2014, por medio del cual la parte accionada no accedió a reconocerle y pagarle una sanción moratoria por no consignación de sus cesantías en un fondo de cesantías, los intereses de cesantías y el traslado del valor de las cesantías con destino al fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir.

Sentencia de 15 de diciembre de 2016 proferida en primera instancia por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con núm. único de radicación 70-001-33-33-003-2014-00247-00

12. El Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo, mediante sentencia de 15 de diciembre de 2016, decidió:

“[…] PRIMERO: DECLARAR la nulidad parcial del acto administrativo del 20 de agosto de 2014, expedido por el Alcalde del municipio Ovejas – Sucre, a través del cual se negó el reconocimiento y pago de las cesantías y sus intereses correspondiente a los años 1994 a 2010 a la señora CONSUELO DE LA CANDELARIA BENÍTEZ CÁRDENAS, de conformidad con lo dispuesto en la parte considerativa de esta sentencia.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, CONDENAR al Municipio de OVEJAS – SUCRE, al reconocimiento y pago de las cesantías y sus respectivos intereses del periodo correspondiente a los años 1994 a 2010, dinero que deberá ser consignado en el Fondo de Cesantías PORVENIR, suma que deberá ser indexada de conformidad con el inciso final del art. 187 del C.P.A.C.A., con la fórmula:

R= Rh x Índice final
______________

Índice inicial

En donde el valor presente (R), se determina multiplicando el valor histórico (R.H), que es la suma a que equivale al valor del salario causada, por el guarismo que resulte de dividir, el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE, vigente en la fecha de ejecutoria de esta providencia, por el índice inicial, vigente en la fecha en que debieron hacerse los pagos.

TERCERO: DECLARAR probada la excepción de prescripción trienal de la sanción moratoria correspondiente al periodo comprendido entre 1994 a 2010, contemplada en el art. 151 del Código de Procedimiento Laboral, propuesta por del (sic) Municipio de Ovejas – sucre (sic), de conformidad a lo expuesto en las consideraciones de esta sentencia […]”.

13. Consideró que la parte demandada no consignó las cesantías y sus respectivos intereses a la señora Consuelo de la Candelaria Benítez Cárdenas, toda vez que el régimen de cesantías aplicable era el anualizado y en ese orden de ideas la entidad pública empleadora tenía el deber de consignar anualmente el valor de las cesantías correspondientes a los años 1996 a 2010 dentro de los términos señalados en la Ley, lo que no aconteció en el presente caso.

14. Asimismo, indicó que a pesar que tenía derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria, con base en la sentencia de unificación de la Sección Segunda del Consejo de Estado, determinó la prescripción trienal prevista para los años 1997 a 2010. Textualmente, señaló:

“[…] Así mismo se puede observar que la demandante impetró nueva petición con la cual solicitó el pago de la sanción moratoria por la no consignación a tiempo de sus cesantías correspondiente al periodo 1997 a 2010; se colige de lo antes mencionado, que se encuentra acreditada efectivamente la mora, toda vez que el Municipio de Ovejas debió consignar el valor de las cesantías del año 1998, a más tardar el 14 de febrero de 1999 y para el valor del auxilio del año 1999, hasta el 14 de febrero de 2000 y así sucesivamente; empero, esta obligación sólo fue acatada el 16 de marzo de 2012; luego entonces, es evidente el incumplimiento de los términos de ley; sanción que se produce sin importar que la accionante no hubiese escogido un fondo de Cesantías, aun cuando se aclara, este si lo escogió y así lo anotó en el oficio de comunicación de tal hecho.

Ahora bien, no puede obviarse la regla de prescripción trienal que resulta aplicable a los derechos accesorios de las prestaciones sociales, como es el caso de la sanción estipulada por el no pago oportuno de las cesantías; de manera que, una vez causada la misma, el interesado debe reclamarla durante los tres años siguientes, contados desde la fecha en que se hizo exigible, inicialmente en sede administrativa y posteriormente por vía judicial, así persista el vínculo laboral.

En el caso bajo estudio, se reclama el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no cancelación oportuna de las cesantías causadas por el demandante durante los años 1994 a 2010, pero realmente tendría derecho según lo anotado en acápites anteriores a los años 1998 a 2010; cesantías que aún no han sido consignadas, lo que conlleva que se genere la pena anterior.

Aunque la mora en la cual incurrió el municipio de Ovejas empezó a correr desde los días 16 de febrero de 1999 con la solicitud presentada el 26 de noviembre el 26 de noviembre del 2009, se interrumpió la prescripción de los años 2007 y 2008, que eran los únicos que se habían causados a la fecha de presentación de la solicitud, por un término de tres años, significando esto que debía presentar la demanda hasta el año 2012, lo cual no ocurrió, puesto que la demanda se presentó hasta el año 2014 […]”.

15. Concluyó manifestando que:

“[…] Como la demandante, reclamó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990, el 10 de julio de 2014, lo anterior pone de presente que para entonces la misma se encontraba prescrita; es decir, por fuera del término de tres (3) años, previsto en el artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral. A pesar de que posteriormente se le consignaron y continuó vinculado con la entidad, lo anterior, teniendo en cuenta la sentencia Unificada del Consejo de Estado antes transcritas, acerca de la aplicación de la figura jurídica de la prescripción de la sanción moratoria por pago de las cesantías.

“ Corolario de lo expuesto, la Sala unifica el criterio de que la reclamación de la indemnización por la mora en la consignación anualizada de cesantías, debe realizarse a partir del momento mismo en que se causa la mora, so pena de que se aplique la figura extintiva respecto de las porciones de sanción no reclamadas oportunamente” […]”.

Apelación de la sentencia, proferida en primera instancia, por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con núm. único de radicación 70-001-33-33-003-2014-00247-00

16. La actora presentó recurso de apelación contra la sentencia proferida en primera instancia, solicitando su revocatoria parcial. Expresó que:

“[…] No debe declararse la prescripción de la sanción moratoria por no consignación y/o pago oportuna de las cesantías en el periodo comprendido entre 1994 a 2010, como quiera que el vínculo laboral del señor JOSÉ IBAÑEZ NICOLÁS RIVERO (sic) con el Concejo Municipal de Ovejas- Sucre, se encuentra vigente y a pesar de haber requerido a dichas entidades en distintas oportunidades y de estar mediando este medio de control, aún no ha consignado el valor de sus cesantías correspondiente a las anualidades comprendidas entre 1996 a 2010 en el fondo de pensiones PORVENIR, lo que denota su mala fe o negligencia en consignar las cesantías de mi representado en los términos oportunos.

De acuerdo a la línea jurisprudencial trazada por la subsección B (sic) de la Sección Segunda del Honorable Consejo de Estado, la prescripción de la sanción moratoria se inicia a partir de la terminación de la vinculación laboral, por tanto el derecho a la sanción moratoria que se reclama no se encuentra prescrito, como quiera que su vínculo laboral se encuentra vigente […]”.

Sentencia de 17 de noviembre de 2017 proferida en segunda instancia, por la Sala Tercera de Decisión Oral del Tribunal Administrativo de Sucre dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con núm. único de radicación 70-001-33-33-003-2014-00247-00

17. La Sala Tercera de Decisión Oral del Tribunal Administrativo de Sucre, dispuso en la parte resolutiva:

“[…] PRIMERO: CONFIRMESE en todas sus partes, la sentencia de primera instancia proferida por el JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE SINCELEJO el día dieciséis (sic) (15) de diciembre de dos mil dieciséis (2016) […]”.

18. Consideró que:

“[…] La Sección Segunda el H. Consejo de Estado, en Sentencia de Unificación del 25 de agosto de 2016, acogió el criterio anterior, señalando que efectivamente el término de la prescripción de las cesantías y de la sanción moratoria por no consignación de cesantías anualizadas, corren por separado, no dependiendo este último de la vigencia o no de la relación laboral pública, sino de la fecha en que se configura el incumplimiento de la obligación que genera la sanción (que no es otra que la fecha en que se debió consignar la cesantía en fondo privado) pues es autónoma y no está ligada al derecho principal y se puede reclamar de forma independiente, siendo la norma aplicable el artículo 151 del C.P.L y de la S.S.

En punto de lo anterior, la Sentencia de Unificación, señaló:

“Determinar una fecha expresa para que el empleador realice la consignación respectiva y prever, a partir del día siguiente, una sanción por el incumplimiento en esa consignación, implica que la indemnización moratoria que surge como una nueva obligación a cargo del empleador, empieza a correr desde el momento mismo en que se produce el incumplimiento.

Por ende, es a partir de que se causa la obligación -sanción moratoria- cuando se hace exigible, por ello, desde allí, nace la posibilidad de reclamar su reconocimiento ante la administración, pero si la reclamación se hace cuando han transcurrido más de 3 años desde que se produjo el incumplimiento, se configura el fenómeno de prescripción, así sea en forma parcial.

La anterior interpretación además es consecuente con el hecho de que de conformidad con lo previsto en el inciso 1 del artículo 104 de la Ley 50 de 1990, el empleador debe entregar al trabajador un certificado sobre la cuantía de la liquidación realizada con corte a 31 de diciembre de cada año, y teniendo en consideración que los Fondos administradores de cesantías están en la obligación de informar al afiliado, los saldos de su cuenta individual.

Con fundamento en lo anterior, se puede afirmar que si el empleado conoce la liquidación anual que efectúa el empleador y el saldo de su cuenta individual de cesantías, forzoso es concluir que tiene conocimiento del hecho mismo de la consignación anualizada o la omisión de la misma por parte de su empleador, lo que implica que tiene conocimiento de que este ha incurrido en mora y por tal motivo se impone a su cargo la obligación de reclamarla oportunamente, so pena de que se aplique en su contra el fenómeno de la prescripción.

Corolario de lo expuesto, la Sala unifica el criterio de que la reclamación de la indemnización por la mora en la consignación anualizada de cesantías, debe realizarse a partir del momento mismo en que se causa la mora, so pena de que se aplique la figura extintiva respecto de las porciones de sanción no reclamadas oportunamente […]”.

19. En ese orden de ideas consideró que la línea decisional de la Sección Segunda del Consejo de Estado y por ende la regla jurídica vigente de dicha corporación, consiste en que la prestación social se debe pagar el 14 de febrero de cada año, y a partir del día siguiente a que se cause el derecho, se empieza a contabilizar el término para determinar la prescripción de la sanción moratoria, en donde el trabajador debe solicitar el pago a la administración de manera oportuna so pena de la prescripción trienal de las sumas que no haya reclamado en el momento preciso.

20. El Tribunal al resolver el caso concreto expresó que:

“[…] Cabe resaltar que el incumplimiento de consignar las cesantías de la parte actora al respectivo fondo privado por parte del municipio demandado, para efectos de esta sanción, empieza desde el año 1998 hasta el 2010, conforme a lo reclamado en la demanda, como quiera que a partir del 2011 en adelante el ente territorial comenzó a responder con la obligación de consignar al Fondo de Cesantías Porvenir los respectivos auxilios causados en los años subsiguientes, asunto que no es objeto de discusión.

En ese orden de ideas, se avista que la sanción en comento se deriva de cesantías dejadas de consignar de manera sucesiva; ahora ello no implica que cada periodo dejado de pagar tenga una contabilización independiente hasta su efectivo pago, por el contrario, existe corte respecto de cada periodo hasta el nacimiento del periodo subsiguiente y así sucesivamente, circunstancia que no incide en la contabilización de la prescripción tal como lo supone el demandante en los alegatos de segunda instancia.

Como se observa, en el sub judice se causó un periodo de (sic) desde el incumplimiento del deber de consignación del valor correspondiente a la fracción de 1998 y por las vigencias fiscales sucesivas hasta el año 2011; siendo así, debido a que la reclamación en sede administrativa fue presentada el 10 de junio de 2014, la sanción moratoria causada por la no consignación de las cesantías causadas en los años 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 se encuentran prescritas como quiera que el último plazo para interrumpir la sanción causada en el año 2011 por no pago de las cesantías del 2010 era el 15 de febrero de 2014, y solo se presentó la reclamación hasta el 10 de junio de esa misma anualidad, por fuera de los tres (3) años contados desde la exigibilidad de la misma […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

21. La actora solicitó en su escrito de tutela:

“[…] 1. Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso, acceso efectivo a la administración de justicia y derecho a la igualdad de la señora CONSUELO DE LA CANDELARIA BENITEZ (sic) CARDENAS (sic).

2. Como consecuencia de la protección constitucional, se revoque parcialmente el fallo de fecha 16 de junio de 2016, proferido por el Juzgado Tercero Administrativo el Circuito de Sincelejo Sucre y el fallo de fecha 17 de noviembre del año 2017 emitido por el Tribunal Administrativo de Sucre y consecuentemente se ordene a dichos Despachos judiciales que profieran un nuevo fallo conforme a los lineamientos establecidos en la sentencia de unificación del Consejo de Estado Sección Segunda de fecha 25 de agosto del año 2016, radicado es 0800-23-31-000-2011-00628-01 […]”.

22. Adujo que:

“[…] En el caso en concreto no existe la menor duda, que el Juzgado Tercero Administrativo el Circuito de Sincelejo Sucre y el Tribunal Administrativo de Sucre, violaron el Precedente Judicial fijado por el Consejo de Estado, por cuanto sin ninguna carga argumentativa en sus providencias declararon la prescripción de la sanción moratoria por no consignación anualizadas de las cesantías que reclama la actora, bajo el argumento de que dicha prestación prescribe dentro de los tres años a su causación, controvirtiendo con ello como se indicó el precedente jurisprudencial fijado por la Sección Segunda de fecha 25 de agosto del año 2016, radicado es 0800-23-31-000-2011-00628-01 (0528-14) CE-SUJ2 No. 004, el cual contrario a lo que afirman dichos Despachos Judiciales, lo que consagra es la prescripción solamente de las porciones de sanción causadas con 3 años de anterioridad a la reclamación y no la totalidad de ellas, como mal lo interpretó dicho operadora judiciales; situación que constituye a la vez una abierta violación del derecho fundamental al debido proceso y de los principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza legítima que rigen el ordenamiento constitucional […]”.

Actuación

23. El Despacho, por auto de 1 de junio de 2018, admitió la acción de tutela y dispuso notificar al Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo y a los Magistrados de la Sala Tercera de Decisión Oral del Tribunal Administrativo de Sucre, concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular.

24. De igual manera, dispuso vincular al Municipio de Ovejas - Sucre, concediéndole el mismo término de tres (3) días para rendir el informe.

Intervenciones de la parte accionada y las partes vinculadas

25. El Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo, mediante escrito aportado el 18 de junio de 2018, solicitó negar las pretensiones del amparo. Señaló que:

“[…] En cumplimiento de lo dispuesto en el auto admisorio de la acción de tutela de la referencia, interpuesta en contra del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Sincelejo y el Tribunal Administrativo de Sucre, respetuosamente, este Despacho Judicial, considera que en la decisión de primera instancia no se incurrió en vulneración de derechos fundamentales de la parte actora, como quiera que al resolver el asunto traído a control judicial, al trámite procesal se le impartieron las reglas que regulan el proceso contencioso administrativo y la argumentación de la providencia judicial se ajustó a la sana interpretación de las reglas normativas y jurisprudenciales aplicables al tema de sanción moratoria y a las pruebas arrimadas al expediente de forma regular y oportuna, así como a la valoración de las premisas fácticas acorde con las reglas de la sama (sic) crítica y conforme lo que se encontró demostrado en el proceso.

En tal orden, respetuosamente se estima que no se incurrió en causal de procedibilidad de la tutela en contra de providencia judicial y que permita por vía excepcional la procedencia del mecanismo de amparo constitucional […]”:

26. Durante el presente trámite, los Magistrados de la Sala Tercera de Decisión Oral del Tribunal Administrativo de Sucre y el municipio de Ovejas - Sucre, guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

27. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1.º del Decreto núm. 1983 de 30 de noviembre de 2017, por el cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

28. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problemas Jurídicos

29. En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala consisten en: i) determinar si, en efecto, es procedente la acción de tutela acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, y de ser así, ii) establecer si la Sala Tercera de Decisión Oral del Tribunal Administrativo de Sucre, al proferir la sentencia de 17 de noviembre de 2017 dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con núm. único de radicación 70-001-33-33-003-2014-00247-00, incurrió en defecto sustantivo por haber desconocido el precedente jurisprudencial sentado por la Sección Segunda del Consejo de Estado.

30. Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales; ii) requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad en el caso concreto; iv) el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial y, finalmente, la v) solución del caso concreto.

Procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales

31. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez Bello (Rad.: 2009-01328, M.P.: Dra. María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena, en sentencia del 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera - que resulten violatorias de derecho fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la Ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales

32. Esta Sección adoptó como parámetros a seguir los indicados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

33. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.

34. Además de estas exigencias, la Corte, en la mencionada sentencia C–590 de 2005, precisó que era imperioso acreditar la existencia de unos requisitos especiales de procedibilidad, que el propio Tribunal Constitucional los ha considerado como las causales concretas que “de verificarse su ocurrencia autorizan al juez de tutela a dejar sin efecto una providencia judicial”.

35. Así pues, el juez debe comprobar la ocurrencia de al menos uno de los siguientes defectos: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente; y viii) violación directa de la Constitución.

36. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión” que encaje en dichos parámetros.

37. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

38. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014.

Análisis del cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela en el caso concreto

39. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida por la Corte Constitucional.

40. En el caso bajo examen la Sala advierte que la acción de tutela cumple con los requisitos generales de procedibilidad, toda vez que:

40.1. Es evidente que la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional, comoquiera que se controvierte la vulneración de los derechos fundamentales de la actora a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

40.1.1 La Sala debe hacer énfasis, en que en el presente caso se cumple con el requisito de la relevancia constitucional dentro del marco de la acción de tutela contra providencias judiciales, i) toda vez que se trata de la posible afectación de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, y además, ii) la actora cumplió con la carga argumentativa mínima en dar las razones jurídicas por las cuales la autoridad judicial accionada incurrió en un posible defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial.

40.1.2 Para la Sala exigirle a la actora una carga argumentativa mínima se justifica, toda vez que si bien es cierto la acción de tutela goza de la característica principal de la informalidad que se fundamenta en el mandato constitucional de la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas procesales, en el escenario del amparo contra providencias judiciales, cuando esta prospera se afecta el principio de la cosa juzgada, por lo que el juez constitucional sólo puede remover dicha cosa juzgada de una sentencia o auto, cuando se evidencia a través de la argumentación jurídica del actor, que realmente el operador judicial profirió una providencia arbitraria e irrazonable, que implicó la vulneración de derechos fundamentales.

40.2. Cumplió con el principio de inmediatez, en la medida que se interpuso dentro de un plazo razonable después de notificada la sentencia de 17 de noviembre de 2017, proferida por la Sala Tercera de Decisión Oral del Tribunal Administrativo de Sucre,

40.3 No existen medios ordinarios y/o extraordinarios de defensa judicial eficaces y eficientes con los cuales la parte actora pueda lograr la protección de los derechos invocados;

40.4. En la acción de tutela no se alega un defecto procedimental, por lo que no es necesario determinar la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad;

40.5. La actora identificó los hechos y los derechos cuya vulneración alega; y

40.6 no se trata de una acción de tutela contra sentencia de tutela.

El caso concreto

41. La Sala debe determinar si, en efecto, la Sala Tercera de Decisión Oral del Tribunal Administrativo de Sucre, incurrió en defecto sustantivo por haber desconocido el precedente jurisprudencial sentado por la Sección Segunda del Consejo de Estado dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con número único de radicación 70-001-33-33-003-2014-00247-00.

42. Para determinar lo anterior, la Sala hará los siguientes análisis: i) el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial; y, finalmente, ii) analizará el caso en concreto.

Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial

43. La Sala considera que es necesario señalar que en nuestro ordenamiento jurídico se han desarrollado en torno a las decisiones judiciales, entre otras, las siguientes figuras jurisprudenciales: la doctrina probable, el antecedente jurisprudencial, el precedente jurisprudencial, la sentencia de unificación y la extensión de la jurisprudencia.

44. Dichas figuras encuentran su fundamento legal en los artículos 4.º de la Ley 169 de 31 de diciembre de 1896 y el 270 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011; así como su respaldo jurisprudencial las sentencias C-836 de 2001; C-816 de 2011; C-179 de 2016; y T-102 de 2014.

45. En relación con esta causal, la Corte Constitucional ha desarrollado, ampliamente, el concepto del precedente judicial, definiéndolo así:

“[…] conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de resolver que por su pertinencia para la resolución de un problema jurídico constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de dictar sentencia […].” (Negrilla fuera de texto).

46. Así las cosas, la aplicación del precedente judicial en un caso determinado, busca asegurar la eficacia de los principios y derechos fundamentales a la igualdad, a la buena fe, a la seguridad jurídica y a la confianza legítima que, a su vez, garantizan la protección del debido proceso y el acceso efectivo a la Administración de Justicia.

47. Lo anterior encuentra su fundamento en el criterio desarrollado por la Corte Constitucional, según el cual la actividad interpretativa que se realiza con fundamento en el principio de la autonomía judicial está supeditada al respeto del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, lo que supone, necesariamente que, en casos análogos, los funcionarios judiciales se encuentran atados en sus decisiones, por la regla jurisprudencial que, para el asunto concreto, se haya fijado por el funcionario de superior jerarquía (precedente vertical) o por el mismo juez (precedente horizontal).

48. En efecto, la Corte Constitucional en sentencia T-457 de 2008 indicó:

“[…] En relación a la aplicación del precedente, esta Sala de Revisión en sentencia T-158 de 2006 señaló: “Por ello, la correcta utilización del precedente judicial implica que un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los) caso(s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del caso presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación […]”. (Negrilla fuera de texto).

49. Sin embargo, la misma Corte ha precisado que, salvo en materia constitucional, cuya doctrina es obligatoria, la regla del respeto del precedente no es absoluta, debido a que la interpretación judicial no puede tornarse inflexible frente a la dinámica social, ni petrificarse, o convertirse en el único criterio tendiente a resolver una situación concreta.

50. Lo anterior se traduce en el reconocimiento de un conjunto de supuestos en los cuales resulta legítimo apartarse del precedente judicial vigente, desarrollados jurisprudencialmente y recogidos en pronunciamientos anteriores de la Sala, a saber: i) la disanalogía o falta de semejanza estricta entre el caso que origina el precedente y el que se resuelve con posterioridad; ii) una transformación significativa de la situación social, política o económica en la que se debe aplicar la regla definida con anterioridad con fuerza de precedente; iii) un cambio en el orden constitucional o legal que sirvió de base a la toma de las decisiones adoptadas como precedentes; iv) la falta de claridad o consistencia en la jurisprudencia que debe ser tomada como referente, y, v) la consideración que esa jurisprudencia resulta errónea, por ser contraria a los valores, objetivos, principios y derechos en los que se fundamenta el ordenamiento jurídico.

51. En efecto, la Sala ha reconocido que, “en los eventos referidos, el juez que se separa del precedente asume una especial carga de argumentación, en virtud de la cual debe exponer, de manera clara, razonada y completa, las razones en las que fundamenta el cambio de posición jurisprudencial”, para lo cual resulta obligatorio referirse a este –al precedente-, analizarlo respecto del caso concreto y fundamentar con suficiencia los motivos y las normas en que se sustenta la decisión de apartarse.

Análisis del caso en concreto

53. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso concreto.

Acervo y análisis probatorios

54. Para resolver el caso sub judice, la Sala seguirá rigurosamente los parámetros proferidos por la Corte Constitucional respecto al defecto sustantivo, a fin de determinar si, efectivamente, la entidad accionada incurrió en el yerro mencionado, para lo cual revisará el acervo probatorio:

Cargo por desconocimiento del precedente judicial

55. La actora en su escrito de tutela señaló que la parte accionada se apartó del precedente judicial emanado por la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de 25 de agosto de 2016, C.P. Luis Rafael Vergara Quintero, número único de radicación: 08001-23-31-000-2011-00628-01.

56. En ese orden de ideas, la Sala debe efectuar el respectivo análisis de la sentencia proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, para concluir si el Tribunal al resolver el caso concreto se apartó de dicho precedente en lo relacionado con la prescripción de la sanción moratoria de las cesantías del régimen anualizado. Para tales efectos, se analizará el problema jurídico y los respectivos argumentos jurídicos abordados por el Consejo de Estado.

Sentencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado

57. El problema jurídico que tenía que resolver en esta oportunidad, consistía en establecer si en el caso concreto había operado o no la prescripción de la sanción moratoria de las anualidades 2003 a 2006.

58. En primer lugar, hizo referencia a las cesantías como un derecho de carácter prestacional a favor de los trabajadores oficiales que debe ser reconocido por el empleador a razón de un mes de salario por cada año de trabajo y proporcionalmente por las fracciones de año.

59. Señaló que los empleados que ingresaron a la administración pública con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 344 de 27 de diciembre de 1996, están cobijados por el régimen anualizado de liquidación de cesantías, al igual que los vinculados con anterioridad pero que se hubieran acogido al régimen anualizado, y con respecto a la liquidación y pago de esa prestación se rigen por lo que en esa materia consagra la Ley 50 de 28 de diciembre de 1990 y normas concordantes, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto 1582 de 5 de agosto de 1998.

60. Frente al tema de la prescripción de la sanción moratoria, la sentencia de unificación citada, consideró:

“[…] El anterior análisis nos lleva a considerar que la segunda tesis planteada, es decir, la que sugiere la prescripción trienal de la sanción moratoria, incluso durante la vigencia del vínculo laboral, está más acorde, no solo con la realidad fáctica de la controversia, sino con la disposición legal que la consagra, como pasa a explicarse:

De acuerdo con lo previsto en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, el legislador impuso al empleador una fecha precisa para que consigne las cesantías anualizadas de sus empleados, esto es, el 15 de febrero del año siguiente a aquél en que se causaron, y precisa que “el empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada retardo”.

Determinar una fecha expresa para que el empleador realice la consignación respectiva y prever, a partir del día siguiente, una sanción por el incumplimiento en esa consignación, implica que la indemnización moratoria que surge como una nueva obligación a cargo del empleador, empieza a correr desde el momento mismo en que se produce el incumplimiento.

Por ende, es a partir de que se causa la obligación -sanción moratoria- cuando se hace exigible, por ello, desde allí, nace la posibilidad de reclamar su reconocimiento ante la administración, pero si la reclamación se hace cuando han transcurrido más de 3 años desde que se produjo el incumplimiento, se configura el fenómeno de prescripción, así sea en forma parcial.

La anterior interpretación además es consecuente con el hecho de que de conformidad con lo previsto en el inciso 1 del artículo 104 de la Ley 50 de 1990, el empleador debe entregar al trabajador un certificado sobre la cuantía de la liquidación realizada con corte a 31 de diciembre de cada año, y teniendo en consideración que los Fondos administradores de cesantías están en la obligación de informar al afiliado, los saldos de su cuenta individual.

Con fundamento en lo anterior, se puede afirmar que si el empleado conoce la liquidación anual que efectúa el empleador y el saldo de su cuenta individual de cesantías, forzoso es concluir que tiene conocimiento del hecho mismo de la consignación anualizada o la omisión de la misma por parte de su empleador, lo que implica que tiene conocimiento de que este ha incurrido en mora y por tal motivo se impone a su cargo la obligación de reclamarla oportunamente, so pena de que se aplique en su contra el fenómeno de la prescripción.

Corolario de lo expuesto, la Sala unifica el criterio de que la reclamación de la indemnización por la mora en la consignación anualizada de cesantías, debe realizarse a partir del momento mismo en que se causa la mora, so pena de que se aplique la figura extintiva respecto de las porciones de sanción no reclamadas oportunamente […]”.

61. En efecto, la sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda de esta Corporación, analizó la prescripción de la sanción por mora del régimen anualizado de cesantías, para concluir que por hacer parte del derecho sancionador cuya finalidad es penalizar económicamente al empleador que incurra en retardo, es susceptible de dicho fenómeno jurídico extintivo.

62. Al respecto indicó que no es procedente aplicar el término señalado en los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, los cuales se predican de los derechos allí contemplados, entre los cuales no se reguló la sanción aludida cuya creación tuvo lugar con la expedición de la Ley 50 de 1990; por ende, en los asuntos relativos a sanción moratoria, se debe aplicar el artículo 151 del Código de Procedimiento laboral, que prevé:

“[…] Artículo 151. Prescripción. Las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres años, que se contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el patrono, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpirá la prescripción pero sólo por un lapso igual. […]” (Subrayas fuera del texto original).

63. De conformidad con la disposición transcrita, se estableció que el término de prescripción de 3 años, se debe contabilizar a partir de la fecha en que la obligación se hace exigible y la interrupción del término pero solo por un lapso igual, tiene lugar con el simple reclamo escrito del interesado, que para el caso de los empleados públicos deberá presentarse ante la autoridad competente sobre el derecho o la prestación.

64. Al respecto, la Sala debe señalar que la sanción moratoria por disposición legal y en virtud del criterio unificador de la Sección Segunda, se hace exigible a partir del momento en que el empleador incumple el deber de consignar el valor correspondiente a la liquidación definitiva de cesantía, por la anualidad o por la fracción correspondiente (sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo), en cuenta individual del trabajador dentro del plazo legal (antes del 15 de febrero del año siguiente a aquél en que se causó la prestación).

65. Así las cosas, indicó que no es posible señalar la exigibilidad de la obligación a partir de la terminación de la relación laboral, por cuanto allí se genera el deber de reconocimiento o pago de las cesantías definitivas o la porción debida, cuyo incumplimiento deviene en la sanción moratoria prevista en las Leyes 244 de 1995 y la Ley 1071 de 2006, pero que se configura por el incumplimiento del término para el reconocimiento de las cesantías o el pago que se hiciere de manera tardía directamente al empleado afiliado, cuando solicita su retiro parcial o definitivo y no por la omisión de la consignación en la entidad privada administradora del derecho prestacional.

66. Determinado lo anterior, para la Sala de una lectura correcta de dicho precedente judicial sentado por la Sección Segunda del Consejo de Estado, considera que la Sala Tercera de Decisión Oral del Tribunal Administrativo de Sucre no incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, por el contrario, al resolver el problema jurídico aplicó correctamente las reglas jurisprudenciales establecidas en dicha sentencia de unificación.

67. En la parte motiva de su sentencia, señaló el Tribunal que:

“[…] La Sección Segunda el H. Consejo de Estado, en Sentencia de Unificación del 25 de agosto de 2016, acogió el criterio anterior, señalando que efectivamente el término de la prescripción de las cesantías y de la sanción moratoria por no consignación de cesantías anualizadas, corren por separado, no dependiendo este último de la vigencia o no de la relación laboral pública, sino de la fecha en que se configura el incumplimiento de la obligación que genera la sanción (que no es otra que la fecha en que se debió consignar la cesantía en fondo privado) pues es autónoma y no está ligada al derecho principal y se puede reclamar de forma independiente, siendo la norma aplicable el artículo 151 del C.P.L y de la S.S.

En punto de lo anterior, la Sentencia de Unificación, señaló:

“Determinar una fecha expresa para que el empleador realice la consignación respectiva y prever, a partir del día siguiente, una sanción por el incumplimiento en esa consignación, implica que la indemnización moratoria que surge como una nueva obligación a cargo del empleador, empieza a correr desde el momento mismo en que se produce el incumplimiento.

Por ende, es a partir de que se causa la obligación -sanción moratoria- cuando se hace exigible, por ello, desde allí, nace la posibilidad de reclamar su reconocimiento ante la administración, pero si la reclamación se hace cuando han transcurrido más de 3 años desde que se produjo el incumplimiento, se configura el fenómeno de prescripción, así sea en forma parcial.

La anterior interpretación además es consecuente con el hecho de que de conformidad con lo previsto en el inciso 1 del artículo 104 de la Ley 50 de 1990, el empleador debe entregar al trabajador un certificado sobre la cuantía de la liquidación realizada con corte a 31 de diciembre de cada año, y teniendo en consideración que los Fondos administradores de cesantías están en la obligación de informar al afiliado, los saldos de su cuenta individual.

Con fundamento en lo anterior, se puede afirmar que si el empleado conoce la liquidación anual que efectúa el empleador y el saldo de su cuenta individual de cesantías, forzoso es concluir que tiene conocimiento del hecho mismo de la consignación anualizada o la omisión de la misma por parte de su empleador, lo que implica que tiene conocimiento de que este ha incurrido en mora y por tal motivo se impone a su cargo la obligación de reclamarla oportunamente, so pena de que se aplique en su contra el fenómeno de la prescripción.

Corolario de lo expuesto, la Sala unifica el criterio de que la reclamación de la indemnización por la mora en la consignación anualizada de cesantías, debe realizarse a partir del momento mismo en que se causa la mora, so pena de que se aplique la figura extintiva respecto de las porciones de sanción no reclamadas oportunamente […]”. (Subrayado por la Sala).

68. En ese orden de ideas, para la Sala el Tribunal accionado no incurrió en defecto sustantivo, toda vez que no solamente tuvo en cuenta dicho precedente judicial para resolver el caso concreto, sino que también aplicó correctamente la regla jurisprudencial, consistente en que en materia de sanción moratoria derivada de la no consignación oportuna de las cesantías, el término de prescripción para la exegibilidad de la indemnización es de tres años contados a partir desde que se produjo el incumplimiento, es decir, a partir de la mora, en donde al resolver el caso concreto adujo que:

“[…] Cabe resaltar que el incumplimiento de consignar las cesantías de la parte actora al respectivo fondo privado por parte del municipio demandado, para efectos de esta sanción, empieza desde el año 1998 hasta el 2010, conforme a lo reclamado en la demanda, como quiera que a partir del 2011 en adelante el ente territorial comenzó a responder con la obligación de consignar al Fondo de Cesantías Porvenir los respectivos auxilios causados en los años subsiguientes, asunto que no es objeto de discusión.

En ese orden de ideas, se avista que la sanción en comento se deriva de cesantías dejadas de consignar de manera sucesiva; ahora ello no implica que cada periodo dejado de pagar tenga una contabilización independiente hasta su efectivo pago, por el contrario, existe corte respecto de cada periodo hasta el nacimiento del periodo subsiguiente y así sucesivamente, circunstancia que no incide en la contabilización de la prescripción tal como lo supone el demandante en los alegatos de segunda instancia.

Como se observa, en el sub judice se causó un periodo de (sic) desde el incumplimiento del deber de consignación del valor correspondiente a la fracción de 1998 y por las vigencias fiscales sucesivas hasta el año 2011; siendo así, debido a que la reclamación en sede administrativa fue presentada el 10 de junio de 2014, la sanción moratoria causada por la no consignación de las cesantías causadas en los años 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 se encuentran prescritas como quiera que el último plazo para interrumpir la sanción causada en el año 2011 por no pago de las cesantías del 2010 era el 15 de febrero de 2014, y solo se presentó la reclamación hasta el 10 de junio de esa misma anualidad, por fuera de los tres (3) años contados desde la exigibilidad de la misma […]”.

69. Con base en lo anteriormente expuesto, para la Sala la autoridad judicial accionada no incurrió en defecto sustantivo, teniendo en cuenta que profirió su sentencia de manera razonable y ajustada a derecho, en donde no se evidenció por esta Sala una actuación grosera o arbitraria que haya traído como consecuencia la vulneración de los derechos fundamentales de la actora.

Conclusión de la Sala

70. En suma, para la Sala el Tribunal no incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, toda vez que tuvo en cuenta el precedente judicial sentado por la Sección Segunda del Consejo de Estado, y además lo aplicó correctamente para resolver el caso concreto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO. DENEGAR el amparo interpuesto por la señora Consuelo de la Candelaria Benítez Cárdenas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. Si no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMÍTIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Presidente

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

“Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones”.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de unificación de 25 de agosto de 2016, C.P. Luis Rafael Vergara Quintero, número único de radicación 08001-23-31-000-2011-00628-01
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 25 de agosto de 2016, C.P. Luis Rafael Vergara Quintero, número único de radicación: 08001-23-31-000-2011-00628-01.
“Artículo 104º.- De las liquidaciones de cesantía que se efectúen el 31 de diciembre de cada año el empleador deberá entregar al trabajador un certificado sobre su cuantía…”
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-02.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-02.
Corte Constitucional. Sentencia T- 619 de 2009, Magistrado Ponente: Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.
Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
“Artículo 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo.”
La Sala encuentra acreditado dentro del expediente, que la providencia fue notificada el 24 de noviembre de 2017, y la presente acción de tutela fue presentada el 10 de mayo de 2018.

“Sobre reformas judiciales”. (Doctrina probable).
“se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009”.
Corte Constitucional, sentencia C – 836 de 9 de agosto de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
Corte Constitucional, sentencia C – 816 de 1 de noviembre de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo.
Corte Constitucional, sentencia C – 179 de 13 de abril de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. (Antecedente jurisprudencial).
Corte Constitucional. Sentencia T-482 de 13 de junio de 2011,M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
Sentencia T- 760A de 10 de octubre de 2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
Sentencia del 13 de mayo de 2008 con ponencia del magistrado Humberto Antonio Sierra Porto.
Ver Corte Constitucional, sentencias C-083 de 1 de marzo de 1995,M.P. Carlos Gaviria Díaz, C-037 de 5 de febrero de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa y SU-640 de 5 de noviembre de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 13 de marzo de 2013, C.P. Guillermo Vargas Ayala, número único de radicación: 11001-03-15-000-2012-02074-00.

Ibídem.
Corte Constitucional, Sentencias T-1625 de 23 de noviembre de 2000, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez y T-161 de 8 de marzo de 2010,M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 25 de agosto de 2016, C.P. Luis Rafael Vergara Quintero, número único de radicación: 08001-23-31-000-2011-00628-01.
“por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones”.
“Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones”.
“por el cual se reglamenta parcialmente los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432 de 1998, en relación con los servidores públicos del nivel territorial y se adoptan otras disposiciones en esta materia”.

“Artículo 104º.- De las liquidaciones de cesantía que se efectúen el 31 de diciembre de cada año el empleador deberá entregar al trabajador un certificado sobre su cuantía…”
Al respecto citó: Corte Constitucional. Sentencia C-448 de 1996.
“Por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras disposiciones”.
“Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación”
“Artículo 104º.- De las liquidaciones de cesantía que se efectúen el 31 de diciembre de cada año el empleador deberá entregar al trabajador un certificado sobre su cuantía…”

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