Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07382-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07382-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-07382-00
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
29 de enero de 2024
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, veintinueve (29) de enero de dos mil veinticuatro (2024).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2023-07382-00
Demandante: UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA
JUDICIAL. SE ATACA LA SENTENCIA QUE INAPLICÓ
POR ILEGAL UN ACUERDO Y DECLARÓ LA
NULIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE
DIERON POR TERMINADO EL NOMBRAMIENTO EN
UN CARGO DE LIBRE Y NOMBRAMIENTO Y
REMOCIÓN. SE NIEGA EL AMPARO DE LOS
DERECHOS INVOCADOS.
Síntesis del caso: la parte demandante consideró que la autoridad judicial demandada en
el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho vulneró sus derechos
constitucionales fundamentales con ocasión de la providencia del 19 de octubre de 2023,
por cuanto, a su juicio, incurrió en los defectos sustantivo, fáctico y desconocimiento del
precedente horizontal. La Sala negará el amparo, puesto que en la decisión cuestionada se
explicaron las razones en que se fundó la aplicación del control por vía de excepción y no
se desconoció el precedente.
La Sala procede a decidir el proceso de acción de tutela presentado, a través de
apoderado judicial, por la Universidad del Tolima en contra del Tribunal
Administrativo del Tolima para la protección de sus derechos constitucionales
fundamentales del debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia
consagrados en los artículos 29, 13 y 229 de la Carta Política, presuntamente
vulnerados con ocasión de la providencia del 19 de octubre de 2023 proferida por
dicha autoridad judicial.
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-07382-00
Demandante: Universidad del Tolima
Acción de tutela
I. ANTECEDENTES
1. Los hechos de la demanda
Como fundamento fáctico de la acción1 la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:
1) El 11 de noviembre de 2014, el señor Arlinton Moreno Murillo fue nombrado por
el decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad del Tolima
como director de Unidad Académica -secretario académico-.
2) El 30 de diciembre de 2016, el Consejo Superior de la Universidad del Tolima
expidió el Acuerdo Universitario no. 033, por medio del cual se modificó el Estatuto
General de la Institución y se estableció como competencia en cabeza del rector de
la institución: “nombrar y remover al personal de la institución, de acuerdo con las
disposiciones pertinentes y autorizar los encargos, hasta por noventa (90) días,
cuando se presente la vacancia temporal o definitiva de los cargos, de conformidad
con la Ley.”.
3) Como consecuencia de lo anterior se suprimió la competencia que estaba
asignada a los decanos de facultad de nombrar al secretario académico de la
facultad y a los directores de programa y departamento, que había sido establecida
en el Acuerdo Universitario no. 104 de 1993 (Estatuto General).
4) El 20 de enero de 2017, el Rector de la Universidad del Tolima, en ejercicio de la
competencia reconocida, expidió la Resolución no. 033 y nombró a la profesora Elsa
María Ortiz Casallas2 en el empleo de Director de Unidad Académica -secretario
académico- de la Facultad de Ciencias de la Educación, esto es, en el cargo que
desempeñaba hasta ese momento el señor Arlinton Moreno Murillo, lo cual significó
la insubsistencia tácita del nombramiento realizado a este.
1 Acción de tutela que se presentó el 6 de diciembre de 2023.
2 Su designación hizo parte de la imperativa estrategia de racionalización del gasto público, con el
fin de solventar la profunda crisis económica por la que atravesaba en ese momento la institución
universitaria.
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-07382-00
Demandante: Universidad del Tolima
Acción de tutela
5) El 20 de junio de 2017, el señor Arlinton Moreno Murillo instauró demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento en contra de la
Universidad del Tolima, con el fin de que se declarara la nulidad de la Resolución
no. 033 de 2017 y del oficio por medio del cual se le comunicó tal decisión, se
reconociera que el empleo que ostentaba era de carrera administrativa y se
condenara a la institución educativa a pagar todas las prestaciones sociales dejadas
de percibir por la supresión del empleo.
6) El conocimiento del asunto correspondió al Juzgado Tercero Administrativo del
Circuito Judicial de Ibagué quien, mediante auto del 27 de junio de 2017, admitió la
demanda, proceso al cual le correspondió el número de radicación 73001-33-33-
003-2017-00198-00.
7) El 19 de diciembre de 2017, el señor Arlinton Moreno Murillo reformó la demanda,
modificó tres hechos, agregó once más, adicionó cuatro cargos de nulidad e insistió
en que la Resolución no. 033 debía anularse, por cuanto gozaba de estabilidad
reforzada por ser padre cabeza de familia; sin embargo, nada dijo acerca de la
inaplicación del Acuerdo Universitario no. 033 de 2016, por medio del cual se
modificó el Estatuto General de la Universidad del Tolima y tampoco incluyó como
causal de nulidad la falta de competencia del rector para declarar la insubsistencia
tácita de su nombramiento en un empleo de libre nombramiento y remoción.
8) El 11 de abril de 2019, el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial
de Ibagué celebró la audiencia inicial y fijó el litigio según el contenido de la
demanda, la reforma y las contestaciones presentadas por los intervinientes en el
proceso, sin que se hiciera referencia al estudio de legalidad del Acuerdo
Universitario no. 033 de 2016 ni a la competencia del rector.
9) El 5 de marzo de 2020, en los alegatos de conclusión de ese proceso el allí actor
agregó que la facultad conferida al rector era objeto de control jurisdiccional en otro
proceso de nulidad simple, con radicación 73001-23-33-001-2018-00359-00, en el
cual se dispuso la suspensión de los efectos del Acuerdo Universitario no. 033 de
20163.
3 Mediante auto del 6 de noviembre de 2018 el Tribunal Administrativo del Tolima decretó la
suspensión provisional de los efectos del Acuerdo no. 033 de 2016, expedido por el Consejo Superior
de la Universidad del Tolima, decisión que fue confirmada por la Sección Primera del Consejo de
Estado en auto del 16 de septiembre de 2022.
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Demandante: Universidad del Tolima
Acción de tutela
10) El 14 de mayo de 2021, el juzgado negó las pretensiones de la demanda y
descartó todos los cargos propuestos en los alegatos de conclusión en contra del
Acuerdo Universitario no. 033 de 2016, debido a que no constituía ninguno de los
fundamentos de las pretensiones de la demanda ni de la reforma.
11) Contra la anterior decisión, el demandante interpuso recurso de apelación, el
cual fue desatado por el Tribunal Administrativo del Tolima en sentencia de 19 de
octubre de 20234, en la que revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar,
declaró de oficio la excepción de ilegalidad del Acuerdo Universitario no. 033 de
2016 y, por consiguiente, la nulidad de los actos administrativos por medio de los
cuales se comunicó y dio por terminado el nombramiento en el cargo de libre
nombramiento y remoción del señor Moreno Murillo.
2. El fundamento de la vulneración
La parte demandante señaló que la autoridad judicial demandada vulneró sus
derechos constitucionales fundamentales con ocasión de la providencia del 19 de
octubre de 2023, por cuanto, a su juicio, incurrió en los defectos sustantivo, fáctico
y desconocimiento del precedente judicial.
En cuanto al defecto sustantivo sostuvo que el tribunal no sustentó el control por vía
de excepción establecido en el artículo 148 de la Ley 1437 de 2011 en un análisis
constitucional o legal del Acuerdo Universitario no. 033 de 2016, sino en una
valoración sobre el procedimiento de expedición de dicha normatividad, en el cual
citó la motivación de otra sentencia de primera instancia que declaró la nulidad de
dicho acuerdo, pero que no se encuentra en firme, pues contra ella se interpuso un
recurso de apelación.
El control por vía de excepción se fundamentó en un estudio del procedimiento de
expedición de un acto administrativo que no fue demandado y en el cual no se
contrastó el Acuerdo Universitario no. 033 de 2016 con la Constitución o la ley sino
El 10 de agosto de 2023 el Tribunal Administrativo del Tolima declaró la nulidad del Acuerdo
Universitario no. 033 de 2016, por cuanto consideró que el Consejo Superior de la Universidad del
Tolima incumplió el procedimiento establecido para la aprobación del proyecto de acuerdo.
4 Decisión que fue notificada el 24 de octubre de 2023.
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-07382-00
Demandante: Universidad del Tolima
Acción de tutela
con normas de rango inferior, como los acuerdos del orden interno de la Universidad
del Tolima; además, no podía utilizarse para revaluar situaciones jurídicas
consolidas, pues el demandante no ejerció oportunamente el medio de control para
cuestionar la competencia de la autoridad que emitió el acto de retiro del servicio.
Como el señor Arlinton Moreno Murillo, previo a la fijación del litigio, i) nunca solicitó
que se declarara nulo el Acuerdo Universitario no. 033 de 2016 ii) ni alegó que
debido a la falta de competencia del rector de la Universidad del Tolima debía
anularse la insubsistencia tácita de su nombramiento ordinario y iii) tampoco pidió
que se analizara una posible expedición irregular de esa normatividad, el tribunal no
podía extender el contenido de la sentencia a ese aspecto, pues con ello varió la
causa petendi y vulneró el derecho de defensa y contradicción del ente universitario,
quien no tuvo la oportunidad de defender su legalidad.
En síntesis, indicó que no era pertinente que el tribunal aplicara al caso el artículo
148 de la Ley 1437 de 2011, debido a que el control por vía de excepción i) no puede
tomar como parámetro de valoración el procedimiento de expedición de un acto,
sino únicamente el contenido de normas de rango superior; ii) solo puede realizarse
sobre disposiciones invocadas o relacionadas con el litigio y iii) no puede utilizarse
para revaluar situaciones jurídicas consolidas, pues el demandante no ejerció
oportunamente el medio de control para cuestionar la competencia de la autoridad
que emitió el acto de retiro del servicio.
Por otra parte, afirmó que se incurrió en un desconocimiento del precedente
horizontal, pues el tribunal ignoró sus propias sentencias5, en las cuales resolvió no
valorar el argumento tardío de varios demandantes en los mismos términos que en
este caso sobre inaplicación del Acuerdo Universitario no. 033 de 2016, por no
haber sido propuesto en las oportunidades procesales pertinentes, y en
consideración a que ese acto administrativo ya se encontraba demandado, en
espera de una decisión definitiva que determinara si era contrario o no al
ordenamiento jurídico, proceso en el cual, si bien se declaró la suspensión
provisional del acuerdo, ello no significaba que estuviera contrariando la ley y la
Constitución para poder dar aplicación al control por vía de excepción.
5 Tribunal Administrativo del Tolima, sentencia de 11 de agosto de 2022, radicación 73001-33-33-
001-2017-00193-02; sentencia de 20 de octubre de 2022, radicación 73001-33-33-005-2017-00197-
01; sentencia de 9 de marzo de 2023, radicación 73001-33-33-009-2017-00189-01.
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-07382-00
Demandante: Universidad del Tolima
Acción de tutela
Frente al defecto fáctico manifestó que el tribunal realizó el control por vía de
excepción del procedimiento de expedición del Acuerdo Universitario no. 033 de
2016 con base en las consideraciones expuestas en el fallo proferido el 10 de agosto
de 2023, en el proceso de nulidad simple con radicación 73001-33-33-001-2018-
00359-00, sin advertir que las sentencias no son medios de prueba, solo son
criterios auxiliares de decisión y que en todo caso ese fallo no se encontraba en
firme pues fue apelado.
El Tribunal Administrativo del Tolima no podía sustentar “probatoriamente” la
ocurrencia de una irregularidad en la expedición de un acto administrativo no
invocado en la demanda –vía excepción de ilegalidad–, solo con fundamento en el
contenido de otro fallo de primera instancia, el cual no se encuentra en firme como
consecuencia del recurso de apelación que se presentó oportunamente y que debe
ser resuelto por el Consejo de Estado.
El señor Arlinton Moreno Murillo no aportó ni solicitó en las oportunidades
procesales indicadas en la ley prueba de la expedición irregular del Acuerdo
Universitario no. 033 de 20166, por cuanto tal asunto no hacía parte de los supuestos
de hecho y cargos bajo los cuales fundamentó el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, por lo cual como no se contaba con ninguno de los
elementos de juicio necesarios para evaluar la legalidad del procedimiento por la
figura del control por vía de excepción, la decisión del tribunal carece
completamente de fundamento sustancial y probatorio.
3. Pretensiones
Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó el amparo de las
siguientes súplicas:
“Se solicita al Juez Constitucional amparar los derechos fundamentales
de la Universidad del Tolima al debido proceso, igualdad y acceso a la
administración de justicia vulnerados con la expedición de la sentencia
emitida el 19 de octubre de 2023 por el Tribunal Administrativo del Tolima
en el curso del proceso de radicación No. 730013333003201700198 01.
Y, en ese sentido, se pide
6 Tales como i) las convocatorias efectuadas por la Secretaría General del Consejo Universitario; ii)
las decisiones adoptadas por los miembros del Consejo Superior en la sesión del 20 de noviembre
de 2016; iii) las actas de sesión de las reuniones realizadas el 19 y 30 de diciembre de 2016; iv)
copia del reglamento de funcionamiento del Consejo Superior (Acuerdo Universitario no. 014 de
2014) y, v) la copia de la decisión adoptada el 10 de agosto de 2023, por el Tribunal Administrativo
del Tolima en el proceso de nulidad simple.
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-07382-00
Demandante: Universidad del Tolima
Acción de tutela
1. Anular la sentencia emitida el 19 de octubre de 2023 por incurrir en
una vía de hecho, particularmente, por configurarse en su motivación
defecto sustantivo, desconocimiento del precedente y defecto fáctico.
2. Ordenar al Tribunal Administrativo del Tolima expedir una providencia
judicial que sea acorde con los parámetros del Estado Social de Derecho,
en la que se garanticen los derechos fundamentales de la Universidad del
Tolima y se valore el marco jurídico establecido y que le limita la
competencia al juez de segunda instancia para adelantar actuaciones
oficiosas para solventar limitaciones o vacíos de la demanda.”. (archivo
disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI – negrillas y
mayúsculas del original).
4. Actuación procesal
Mediante auto del 12 de diciembre de 2023, se admitió el proceso de acción de
tutela y se ordenó la notificación al presidente y a los magistrados integrantes del
Tribunal Administrativo del Tolima, al titular del Juzgado Tercero Administrativo del
Circuito Judicial de Ibagué y al señor Arlinton Moreno Murillo, quien actuó como
demandante en el proceso ordinario, con el fin de que allegaran un informe sobre
los hechos que motivaron el ejercicio de la acción.
5. Actuación de las autoridades demandadas
El señor Arlinton Moreno Murillo solicitó que se nieguen las pretensiones de la
demanda, en tanto la decisión del tribunal está debidamente fundamentada en el
uso de la facultad legal de oficio prevista en la Ley 1437 de 2011 sobre el control de
los actos por vía de excepción, mediante la cual estableció que el Acuerdo
Universitario no. 033 de 2016 se debía inaplicar porque vulneraba la Constitución y
la ley.
Está debidamente justificada la inaplicación del acuerdo universitario, el cual tiene
relación directa con el asunto objeto de debate, pues afecta la legalidad del acto
administrativo a través del cual se le retiró de su cargo.
El Tribunal Administrativo del Tolima y el Juzgado Tercero Administrativo del
Circuito Judicial de Ibagué guardaron silencio en esta oportunidad, a pesar de
haberse notificado en debida forma.
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-07382-00
Demandante: Universidad del Tolima
Acción de tutela
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el
caso concreto.
1. Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por
una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este instrumento no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir
términos precluidos o acciones caducadas.
De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos
constitucionales fundamentales del demandante.
2. El caso concreto
En el asunto que ocupa la atención de la Sala se demanda por esta vía
constitucional al Tribunal Administrativo del Tolima con el fin de que se protejan sus
derechos constitucionales fundamentales del debido proceso, igualdad y acceso a
la administración de justicia, presuntamente vulnerados con ocasión del fallo
proferido el 19 de octubre de 2023, por medio del cual se inaplicó por ilegal el
Acuerdo Universitario no. 033 de 2016, por cuanto, a su juicio, incurrió en los
defectos sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente judicial.
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-07382-00
Demandante: Universidad del Tolima
Acción de tutela
En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala denegará el amparo
de los derechos invocados, por las siguientes razones:
1) El presente caso cumple los requisitos genéricos de procedibilidad enunciados
por la jurisprudencia constitucional, por cuanto: (i) se agotaron todos los medios de
defensa judicial disponibles al alcance de la persona afectada ante la jurisdicción de
lo contencioso administrativo; (ii) se cumplió con el requisito de la inmediatez, si se
tiene en cuenta que la acción fue promovida dentro de los 6 meses siguientes a la
notificación de la providencia atacada7; (iii) no se trata de una irregularidad procesal
que deba ser tenida como un efecto determinante en la sentencia que se impugna
y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (iv) la parte actora identificó
de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron, (v) no se ataca una sentencia de tutela y,
finalmente, (vi) la cuestión que se discute resulta de relevancia constitucional, por
cuanto se alegó la supuesta vulneración de derechos constitucionales
fundamentales con ocasión de la providencia de segunda instancia que, de oficio,
inaplicó por ilegal un acuerdo universitario que supuestamente no hacía parte del
concepto de la violación.
2) La parte demandante indicó que el Tribunal Administrativo del Tolima no sustentó
el control por vía de excepción establecido en el artículo 148 de la Ley 1437 de 2011
en un análisis constitucional o legal del Acuerdo Universitario no. 033 de 2016, sino
en una valoración sobre el procedimiento de expedición de dicha normatividad en
el cual citó la motivación de otra sentencia de primera instancia que declaró la
nulidad de dicho acuerdo, la cual no ha quedado en firme, pues contra ella se
interpuso un recurso de apelación.
3) Afirmó que no era pertinente que el tribunal aplicara al caso el artículo 148 de la
Ley 1437 de 2011, debido a que el control por vía de excepción i) no puede tomar
como parámetro de valoración el procedimiento de expedición de un acto, sino
únicamente el contenido de normas de rango superior; ii) solo puede realizarse
sobre disposiciones relacionadas con el litigio, y iii) no puede utilizarse para revaluar
situaciones jurídicas consolidas, pues el demandante no ejerció oportunamente el
7 La decisión se notificó el 24 de octubre de 2023 y la acción de tutela se presentó el 6 de diciembre
del mismo año.
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-07382-00
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Acción de tutela
medio de control para cuestionar la competencia de la autoridad que emitió el acto
de retiro del servicio.
4) Así las cosas, la Sala procederá a verificar si el tribunal se encontraba facultado
para inaplicar de oficio por ilegal el Acuerdo Universitario no. 033 de 2016 y, en caso
afirmativo, determinar si dicho control estuvo debidamente soportado y cumplió con
los requisitos establecidos para su procedencia.
5) El control judicial vía excepción de ilegalidad8 puede ser aplicado por el juez de
lo contencioso administrativo a fin de garantizar la unidad del ordenamiento jurídico,
con efectos inter partes, siempre y cuando en el medio de control ejercido se cuente
con todos los lineamientos que permitan determinar de manera clara y evidente la
vulneración de la ley en el caso concreto.
6) Dicho control puede llevarse a cabo en respuesta a una solicitud de nulidad o de
suspensión provisional formulada en la demanda, a una excepción de ilegalidad
propiamente tal aducida por el demandante o el demandado, o aún puede ser
pronunciada de oficio.
7) La figura de la excepción de ilegalidad recae sobre una situación particular que
debe examinar el juez con el fin de inaplicar aquellos actos que por ser contrarios a
las normas vulneran principios superiores; el juez administrativo como juez de la
legalidad del acto es quien se encuentra facultado para aplicar dicha excepción,
como lo precisó la Corte Constitucional en la sentencia C-037 de 20009.
8) A su vez, dicho criterio jurisprudencial fue acogido por el legislador colombiano
en el artículo 148 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, el cual dispuso lo siguiente:
8 Artículo 148. Ley 1437 de 2011
9 En dicha providencia la Corte analizó la legalidad del artículo 12 de la Ley 153 de 1887 y ratificó
que la excepción de ilegalidad puede ser declarada de oficio en los siguientes términos: “la llamada
excepción de ilegalidad se circunscribe entre nosotros a la posibilidad que tiene un juez
administrativo de inaplicar, dentro del trámite de una acción sometida a su conocimiento, un acto
administrativo que resulta lesivo del orden jurídico superior. Dicha inaplicación puede llevarse a cabo
en respuesta a una solicitud de nulidad o de suspensión provisional formulada en la demanda, a una
excepción de ilegalidad propiamente tal aducida por el demandado, o aún puede ser pronunciada de
oficio”. Corte Constitucional, sentencia C-037 de 200, MP Vladimiro Naranjo Mesa.
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-07382-00
Demandante: Universidad del Tolima
Acción de tutela
“ARTÍCULO 148. CONTROL POR VÍA DE EXCEPCIÓN. En los
procesos que se adelanten ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, inaplicar
con efectos interpartes los actos administrativos cuando vulneren
la Constitución Política o la ley.
La decisión consistente en inaplicar un acto administrativo sólo producirá
efectos en relación con el proceso dentro del cual se adopte.”. (negrillas
de la Sala).
9) En los términos de la norma transcrita, la aplicación del control por vía de
excepción puede ser de oficio, lo cual implica que, contrario a lo señalado por la
parte actora, no es necesario que medie solicitud de parte, sin que ello suponga
desde ningún punto de vista una violación del derecho de defensa, debido proceso
o acceso a la administración de justicia, por dos potísimas razones, la primera
porque como ya se explicó dicha facultad está prevista en la ley y ha sido
desarrollada por la jurisprudencia constitucional y la segunda porque justamente en
este caso se trata del juez administrativo, que es quien cuenta con ese poder.
10) Por consiguiente, como en la demanda que dio origen a la providencia materia
de tutela se cuestionó la legalidad de la Resolución no. 033 de 2017 y del oficio por
medio del cual se le comunicó tal decisión, es perfectamente posible y razonable
que el tribunal aplicara la excepción de ilegalidad sobre el Acuerdo Universitario no.
033 de 2016, pues, precisamente en dicho acuerdo fue que se fundó el acto
administrativo censurado, de modo que, se insiste, no puede predicarse una
violación de los derechos constitucionales fundamentales de la parte actora, en
tanto el ordenamiento jurídico faculta al juez administrativo para que oficiosamente
se pronuncie sobre los temas que están relacionados con el asunto puesto a su
consideración.
11) Adicionalmente, mediante la providencia del 19 de octubre de 2023, el Tribunal
Administrativo del Tolima revocó la decisión que negó las pretensiones de la
demanda y, en su lugar, declaró, de oficio, la excepción de ilegalidad del Acuerdo
Universitario no. 033 de 2016 y, por consiguiente, la nulidad de los actos
administrativos demandados luego de un estudio puntual, suficiente y razonable en
el que explicó detenidamente y con apoyo en la norma antedicha no solo el alcance
de la facultad oficiosa que le confiere el artículo 148 del CPACA, sino también que
dicho acuerdo infringió las normas en que debía fundarse -se transcribe-:
“Ahora bien, se advierte por esta Sala que sería del caso entrar a
analizar los cargos que se enlistaron por el apoderado de la parte
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-07382-00
Demandante: Universidad del Tolima
Acción de tutela
demandante en el recurso de apelación, no obstante, en vista que de
forma oficiosa este Tribunal advierte la configuración del control por
vía de excepción establecido en el artículo 148 del C.P.A.C.A., el cual
señala a la letra: (…).
(…).
Por lo tanto, se desplegará el correspondiente estudio, para lo cual se
extrae que la norma en cita establece una potestad legal en cabeza
de la autoridad jurisdiccional para que, en ejercicio de la misma, ésta
se releve de aplicar los actos administrativos contrarios al
ordenamiento jurídico superior, por vía de excepción, en el caso
concreto que así lo estime. (…).
Al analizar la controversia que se presenta en el sub judice, se
aprecia que la resolución No. 033 del 20 de enero de 2017, expedida
por el Rector de la UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, por medio de la cual
se nombra en comisión a una docente de planta en la institución
demandada en el cargo de Secretaria Académica, adscrita a la
facultad de ciencias de la educación, que venía desempeñando el
señor ARLINTON MORENO MURILLO, se profirió por la facultad
establecida en el numeral 12 del artículo 22 del Estatuto General de
la Universidad del Tolima (Acuerdo N° 104 de 1993), que se modificó
para poner en cabeza del rector la facultad de nombrar y remover a todo
el personal de la institución educativa, en razón a la crisis por la que se
encontraba pasando la universidad para dicho momento.
La anterior modificación del artículo 22 del Estatuto General de la
Universidad del Tolima (Acuerdo N° 104 de 1993), que consagra las
funciones del rector y la eliminación del numeral 11 del artículo 29
de la misma disposición que estipula las funciones del decano, entre
ellas nombrar al secretario académico de la facultad, se tomaron por
el Consejo Superior de la Universidad del Tolima, a través del
Acuerdo N° 033 del 30 de diciembre de 2016, “Por medio del cual se
modifica el numeral 12 del artículo 22 y se suprime el numeral 11 del
artículo 29 del Acuerdo Nro. 104 de 1993”.
(…).
En esta línea, se advierte que el multicitado Acuerdo N° 033 del 30 de
diciembre de 2016, “Por medio del cual se modifica el Numeral 12 del
Artículo 22 y se suprime el Numeral 11 del Artículo 29 del Acuerdo
104 de 1993”, fue declarado nulo por este Tribunal en sentencia
emitida el pasado 10 de agosto de 2023, ponencia del Dr. Luis
Eduardo Collazos Olaya, en proceso identificado con número de
radicado 73001-23-33-001-2018-00359-00, dentro de la acción de simple
nulidad, actuando como demandante la ASOCIACIÓN SINDICAL DE
DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA y como demandado
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA; de donde se extrae la siguiente precisión:
(…).
Teniendo en cuenta el contexto legal que regía las funciones que se
encontraban en el rector de la UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, previo la
emisión del Acuerdo N° 033 del 30 de diciembre de 2016, es decir,
nombrar y remover al personal que no fuere de designación de los
decanos, es patente para la Sala que, el pluricitado acuerdo - sobre
el cual se erigen las pretensiones de la demanda-, es abiertamente
ilegal, en razón a que transgredió las normas procedimentales
(consideraciones que fueron tenidas en cuenta para decretar la
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medida de suspensión provisional y para emitir la sentencia), según
el régimen especial que se encuentra establecido por la
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, en aplicación al principio de autonomía
universitaria.
De allí que sea indispensable acotar el trámite procedimental de la
entidad universitaria el cual busca garantizar la voluntad democrática,
seguridad jurídica, debido proceso, entre otros al permitir a los miembros
del Consejo Superior conocer de forma preliminar a la asistencia de las
reuniones, los temas, proyectos, orden del día, documentos que se serán
debatidos y producirán incidencia en la comunidad universitaria, por
generar modificación al Estatuto General.
Acorde con lo anterior, se entiende en la facultad descrita una forma
excepcional de control de legalidad que, por su misma naturaleza, toma
como único presupuesto sustancial la vulneración de la constitución o la
ley, a partir del juicio jurídico valorativo realizado por la autoridad judicial
de cada asunto litigioso, y propio del leal saber y entender que acompaña
la construcción de su razonamiento autónomo frente a las particulares
circunstancias de cada caso concreto, independientemente de la
existencia y/o definición del medio de control especial y preferente para
juzgar la legalidad del acto administrativo inaplicado (como ocurre en el
sub lite donde actualmente se tramita ante esta Corporación un
proceso de simple nulidad para definir la legalidad del Acuerdo N°
033 del 30 de diciembre de 2016 y el mismo se encuentra pendiente
por resolver la apelación contra la sentencia emitida por este
Tribunal) o de que la demanda no lo haya cuestionado expresa o
implícitamente, pues el carácter oficioso con el que el artículo 148
del C.P.A.C.A. previó la facultad legal de inaplicación, desliga a ésta
de esa carga argumentativa y supera los linderos temáticos
impuestos por los principios de congruencia de la sentencia y
justicia rogada.
(…).
En la medida que el rector de la UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, no tenía
la función de nombrar y remover al Secretario Académico adscrito a
la facultad de ciencias de la educación de la Universidad demandada,
dado que el Acuerdo N° 033 del 30 de diciembre de 2016, “Por medio
del cual se modifica el Numeral 12 del Artículo 22 y se suprime el
Numeral 11 del Artículo 29 del Acuerdo 104 de 1993”, no cumplió con
los tramites procedimentales establecidos para poder modificar el
Estatuto General de la UNIVERSIDAD DEL TOLIMA y, como
consecuencia de ello, la insubsistencia del aquí demandante se realizó
por quien no tenía la facultad para ello, es decir, no tenía
competencia para efectuarlo.”. (archivo disponible en medio magnético
a través del aplicativo SAMAI – negrilla y mayúsculas del original).
12) En esa medida, a partir del estudio de la providencia, la Sala encuentra que,
aun cuando no fuese un asunto que se previera en la fijación del litigio, el tribunal,
de oficio, efectuó el control judicial vía excepción de ilegalidad del Acuerdo
Universitario no. 033 de 2016, para lo cual hizo una valoración del procedimiento de
expedición de dicha normatividad y lo confrontó con otros acuerdos de la propia
Universidad del Tolima, análisis del cual dedujo que era procedente declarar la
inaplicación del acto administrativo por ilegal.
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13) Ahora bien, aunque la parte actora alegó que la sentencia expedida en un
proceso de nulidad simple en el que se declaró la ilegalidad de dicho acuerdo no
podía servir como “prueba” para sustentar la excepción porque esa providencia fue
apelada y no se encuentra ejecutoriada, lo cierto es que el tribunal no le otorgó el
carácter de prueba a esa decisión judicial, contrario sensu consciente de que había
sido apelada fue que aplicó la excepción de ilegalidad para el caso concreto y con
efectos inter partes, pues, en caso de que la referida sentencia se encontrara
ejecutoriada lo procedente hubiera sido declarar probada la cosa juzgada.
14) De ninguna manera se incurrió en un defecto fáctico, se vulneró el principio de
congruencia ni se varió la causa petendi porque los actos demandados se fundaron
en las facultades que el Acuerdo Universitario no. 033 de 2016 le otorgó al rector de
la universidad para proveer ciertos cargos, de modo que más allá de que dicha
norma no se haya mencionado expresamente en la demanda lo cierto es que sí
guardaba relación con el asunto.
15) En tal sentido, esta Corporación10 ha establecido que el control por vía de
excepción procede ante situaciones en las cuales el juez evidencia que para la
solución del caso es necesario dejar de aplicar un acto que guarda relación directa
con el objeto del litigio, así:
“Sobre ese último aspecto-que incida en la legalidad-, debe recordarse
que la excepción no reemplaza al juicio de validez propiamente dicho, y
en esa medida, se repite, no podría recaer, con carácter general y
definitivo, sobre el acto directamente enjuiciado.
Este, como medio exceptivo que es, procede ante situaciones en las
que el juez evidencie (bien sea porque las partes lo manifestaron, o
porque el estudio del expediente lo lleve a esa conclusión) que para la
solución del caso concreto es necesario dejar de aplicar un acto que
guarda relación directa con el objeto del litigio, decisión que solo
produce efectos en el caso particular, y que no expulsa a aquel del
ordenamiento normativo.”. (subraya de la Sala).
16) Finalmente, la Sala tampoco evidencia que el Tribunal Administrativo del Tolima
haya desconocido el prededente contenido en algunas decisiones previas del
10Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 31 de
mayo de 2018. Expediente 21911. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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mismo tribunal11, pues, en primer lugar, como ya lo ha reiterado esta Corporación12,
el único precedente vinculante es el proveniente de las Altas Cortes y consignado
en sentencias de unificación jurisprudencial o en providencias que de manera
reiterada y pacífica se han pronunciado sobre un mismo tema y han establecido
reglas para la solución de casos similares y, en segundo término, porque todos esos
antecedentes corresponden a sentencias expedidas con antelación a la anulación
por parte del mismo tribunal del Acuerdo Universitario no. 033 de 2016.
17) En efecto, una vez revisadas dichas sentencias a las que la parte demandante
les atribuye el carácter de “precedente” se advierte con meridiana claridad que
corresponden al año 2022 y la más reciente al 9 de marzo de 2023, mientras que,
por el contrario, la sentencia que anuló el Acuerdo Universitario no. 033 de 2016 fue
expedida el 12 de agosto de 2023, esto es, con posterioridad, por lo cual resulta
apenas lógico y natural que la autoridad judicial accionada variara su criterio
teniendo en cuenta la tesis más reciente, según la cual el acuerdo referido era ilegal.
18) En conclusión, la Sala advierte que no se incurrió en los defectos sustantivo,
fáctico ni desconociumiento del precedente, por cuanto, lejos de ello, la providencia
se afincó en un estudio detenido y razonable del artículo 148 del CPACA; asimismo,
las decisiones traídas a colación por la actora no constituyen precedente vinculante
y tampoco se observa una indebida e irrazonable valoración de las pruebas por
parte del juez natural, motivo por el cual se denegará el amparo deprecado.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN B-,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
11 Tribunal Administrativo del Tolima, sentencia de 11 de agosto de 2022, radicación 73001-33-33-
001-2017-00193-02; sentencia de 20 de octubre de 2022, radicación 73001-33-33-005-2017-00197-
01; sentencia de 15 de septiembre de 2022, radicación 73001-33-33-007-2017-00196-01 y 73001-
33-33-002-2017-00209-01; sentencia de 27 de octubre de 2022, radicación 73001-33-33-001-2017-
00190-02; sentencia de 9 de marzo de 2023, radicación 73001-33-33-009-2017-00189-01.
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 8 de
marzo de 2018, número único de radicación 11001 03 15 000 2017 02894 00, M.P. Hernando
Sánchez Sánchez, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,
sentencia de 1 de diciembre de 2016; C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, radicación número:
110010315000201601285-01; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, sentencia de 5 de julio de 2018; C.P. Hernando Sánchez Sánchez, radicación número:
110010315000201801525-00; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, sentencia de 27 de junio de 2019, C.P Carlos Enrique Moreno Rubio, radicación número:
110010315000201901850-00; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 23 de agosto de
2019, C.P. Rocío Araujo Oñate, radicación número: 11001-03-15-000-2019-03288-00(AC).
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Demandante: Universidad del Tolima
Acción de tutela
FALLA:
1º) Deniégase el amparo de los derechos fundamentales invocados por la
Universidad del Tolima, por los motivos expuestos en esta providencia.
2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.
3º) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de
Secretaría.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
Salva voto
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Aclara voto
Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI,
en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta
de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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