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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03446-00

Fecha
22 de mayo de 2026
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03446-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Niégase el amparo invocado, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2º) Niégase la solicitud de desvinculación presentada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia 3º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-03446-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

22 de mayo de 2026

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, veintidós (22) de mayo de dos mil veintiséis (2026).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2026-03446-00
Demandante: DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL COMO REQUISITO DE
PROCEDIBILIDAD.

Síntesis del caso: la parte demandante consideró que se configuró una vulneración a sus
derechos fundamentales, con ocasión de la providencia que revocó la decisión que declaró la
nulidad del acto y ordenó a la demandada excluir a la Dirección Territorial de Salud de Caldas
como responsable de la cuota parte, en la prestación reconocida, pues, a su juicio, incurrió en los
defectos sustantivo, procedimental y desconocimiento del precedente judicial. La Sala negará el
amparo invocado, porque no se demostraron los defectos alegados.

La Sala decide la acción de tutela1 presentada, a través del subdirector jurídico2, por la
Dirección Territorial de Salud de Caldas en contra del Tribunal Administrativo de Caldas
para la protección de sus derechos constitucionales del debido proceso, igualdad,
seguridad jurídica y acceso a la administración de justicia, consagrados en los artículos
13, 29 y 229 de la Constitución Política, presuntamente vulnerados con ocasión de la
providencia del 13 de febrero de 2026 proferida por dicha autoridad judicial.

I. ANTECEDENTES

Los hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:

1 Mediante escrito radicado el 5 de mayo de 2026.

2 El señor Camilo Ramírez Salazar.

2

Expediente: 11001-03-15-000-2026-03446-00
Demandante: Dirección Territorial de Salud de Caldas
Acción de tutela

1) La Dirección Territorial de Salud de Caldas presentó demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Resolución SUB-
90663 del 30 de marzo de 2021 expedida por Colpensiones, mediante la cual se le asignó
una cuota parte pensional equivalente al 2,71 % de la pensión de vejez reconocida al
señor Luis Camilo Arango Gómez, por el tiempo laborado en la ESE Hospital San Antonio
de Marmato.

2) El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Manizales3, mediante sentencia del
20 de noviembre de 2024, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda,
declaró la nulidad parcial del acto administrativo acusado y ordenó a Colpensiones excluir
a la Dirección Territorial de Salud de Caldas de la financiación de la cuota parte pensional.

3) La Dirección Territorial de Salud de Caldas – DTSC, Colpensiones, el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, la ESE Hospital San Antonio de Marmato, el departamento
de Caldas y el Ministerio Público apelaron la anterior decisión4.

4) El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia no. 023 del 13 de febrero de
20265, revocó el fallo de primera instancia y declaró probada de oficio la excepción de
falta de agotamiento de la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad, pues
consideró que, por tratarse de un litigio entre entidades públicas, era obligatorio agotar
dicho trámite conforme al artículo 92 de la Ley 2220 de 2022.

3 Proceso con radicación no. 17001-33-33-003-2023-00035-00/03.

4 La parte demandante apeló porque consideró que el juez erró al ordenar financiar la cuota parte pensional

con cargo al Contrato de Concurrencia no. 083 de 2001, pese a que el pensionado no era beneficiario del
Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud.
El Ministerio de Hacienda sostuvo que no tenía obligación de asumir el pasivo pensional porque el
pensionado no fue reportado ni certificado como beneficiario del Fondo, por lo que la carga correspondía
al hospital empleador.
La ESE Hospital San Antonio de Marmato alegó que no podía responder por la obligación pensional porque
para la época de los hechos no tenía autonomía jurídica ni financiera y dependía del Servicio Seccional de
Salud de Caldas.
Colpensiones afirmó que actuó conforme a la ley al distribuir la cuota parte pensional según el tiempo
laborado y que el acto administrativo demandado conserva presunción de legalidad.
El departamento de Caldas argumentó que el pensionado no fue incluido como beneficiario del contrato de
concurrencia, razón por la cual la obligación debía recaer en la ESE Hospital San Antonio de Marmato y
no en el ente territorial.
5 Decisión notificada el 16 de febrero de 2026.

3

Expediente: 11001-03-15-000-2026-03446-00
Demandante: Dirección Territorial de Salud de Caldas
Acción de tutela

Fundamentos de la vulneración

La parte demandante señaló que la autoridad judicial demandada vulneró sus derechos
fundamentales del debido proceso, igualdad, seguridad jurídica y acceso a la
administración de justicia con ocasión de la providencia proferida el 13 de febrero de
2026, por cuanto, a su juicio, incurrió en los defectos sustantivo, procedimental y
desconocimiento del precedente judicial.

En cuanto al defecto sustantivo, estimó que el tribunal interpretó erróneamente los
artículos 90 y 92 de la Ley 2220 de 2022 y el artículo 161 de la Ley 2080 de 2021, por
exigir conciliación prejudicial en un asunto que versaba sobre contribuciones parafiscales.

El tribunal reconoció que las cuotas partes pensionales tienen naturaleza parafiscal y que,
conforme con la jurisprudencia constitucional, las contribuciones parafiscales constituyen
una especie del género tributo, razón por la cual el conflicto debía considerarse tributario
y, por tanto, excluido de conciliación extrajudicial.

Aun en el evento de considerarse conciliable el asunto, el requisito era facultativo, puesto
que la demandante era una entidad pública y además se solicitaron medidas cautelares
patrimoniales.

Igualmente, invocó la configuración de un defecto procedimental absoluto, dado que la
excepción de falta de agotamiento de conciliación prejudicial fue declarada de oficio
únicamente en la sentencia de segunda instancia, pese a que la demanda había sido
admitida sin reparo alguno y el proceso había agotado íntegramente sus etapas de
contestación, práctica probatoria, alegatos y fallo de primera instancia, lo cual le impidió
ejercer adecuadamente su derecho de defensa y contradicción, pues, nunca se le otorgó
oportunidad de subsanar el eventual defecto, pese a tratarse de una causal de inadmisión
subsanable.

Frente al desconocimiento del precedente horizontal6 afirmó que el mismo tribunal había
resuelto procesos análogos sobre cuotas partes pensionales sin exigir conciliación

6 Proceso con radicación no. 17001-33-33-002-2021-00004-02
sentencia de segunda instancia del 13 de febrero de 2025; proceso con radicación no. 17001-3339-006-

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Demandante: Dirección Territorial de Salud de Caldas
Acción de tutela

prejudicial, incluso en providencias posteriores a la decisión cuestionada, lo que
evidenciaba una aplicación contradictoria de las reglas de procedibilidad y vulneraba los
principios de igualdad, confianza legítima y seguridad jurídica.

Pretensiones

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó que se acceda a las
siguientes súplicas:

“PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales a la IGUALDAD, al
DEBIDO PROCESO, SEGURIDAD JURIDÍCA y ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA de mi representada, actualmente vulnerados
por la decisión del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS, proferida dentro
del Proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho identificado con el
radicado 17001-3333-003 2023-00035-00. Como consecuencia de la anterior
declaración, se concedan las siguientes pretensiones en salvaguarda de los
derechos fundamentales de la Dirección Territorial de Salud de Caldas:

SEGUNDO: DEJAR sin efectos jurídicos la Sentencia nro. 023 proferida el 13
de febrero de 2026 dentro del expediente radicado 17001-3333-003-2023-
00035 00 por el Tribunal Administrativo de Caldas.

TERCERO: ORDENAR al Tribunal Administrativo de Caldas a que profiera una
nueva sentencia de segunda instancia resolviendo de fondo el recurso de
apelación interpuesto por Colpensiones y el Departamento de Caldas, sin
aplicación del requisito de procedibilidad de conciliación extrajudicial, en
atención a la naturaleza tributaria o parafiscal de las cuotas partes
pensionales.”. (índice 2 Samai, mayúsculas y negrillas del original)

Actuación procesal

Mediante auto de 6 de mayo de 20267, se admitió la acción de tutela y se ordenó la
notificación al presidente y magistrados integrantes del Tribunal Administrativo de Caldas,
al titular del Juzgado Tercero (3) Administrativo del Circuito Judicial de Manizales, al
señor Luis Camilo Gómez Arango, al director de Colpensiones, al director de la ESE
Hospital San Antonio de Marmato, al gobernador del departamento de Caldas y al
ministro de Hacienda y Crédito Público, con el fin de que allegaran un informe sobre los
hechos que motivaron el ejercicio de la acción.

2022-00001-03 sentencia Nro. 058 del 7 de abril de 2025; proceso con radicación no. 170013339-008-
2021-00127-03 sentencia Nro. 017 del 6 de febrero de 2026; proceso no. 17001-3333-002-2022-00208-02
sentencia Nro. 060 del 27 de marzo de 2026, del Tribunal Administrativo de Caldas.
7 Índice 5, Samai.

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Acción de tutela

Intervenciones de las autoridades demandadas

El magistrado ponente del Tribunal Administrativo de Caldas 8 sostuvo que la providencia
cuestionada se ajustó plenamente al ordenamiento jurídico, puesto que la demanda de
nulidad y restablecimiento fue presentada en vigencia de la Ley 2220 de 2022, las partes
involucradas son entidades públicas y las pretensiones tienen contenido económico,
circunstancias que hacían obligatoria la conciliación extrajudicial como requisito de
procedibilidad.

El parágrafo del artículo 92 de la Ley 2220 establece expresamente dicha exigencia
cuando ambas partes son entidades estatales, regla que prevalece sobre las
disposiciones generales del CPACA y del CGP que prevén la facultatividad cuando
demanda una entidad pública.

El juez de lo contencioso-administrativo tiene el deber de verificar de oficio el
cumplimiento de los presupuestos procesales, incluso en la sentencia, razón por la cual
era jurídicamente válido declarar la excepción de falta de agotamiento de la conciliación
prejudicial en segunda instancia.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público9 solicitó ser desvinculado de la acción de
tutela, en atención a que las pretensiones se dirigían exclusivamente a cuestionar la
legalidad y motivación de la sentencia proferida por el tribunal.

El Juzgado Tercero (3) Administrativo del Circuito Judicial de Manizales10 informó que ya
remitió el acceso al expediente ordinario e indicó que las pretensiones de la tutela no se
dirigen contra ese despacho judicial.

Colpensiones11 sostuvo que la acción constitucional no puede utilizarse como una tercera
instancia para reabrir debates jurídicos ya resueltos y que el demandante únicamente
pretende anteponer su propio criterio frente a la interpretación adoptada por el juez
natural.

8 Índice 17, Samai.
9 Índice 20, samai.

10 Índice 23, Samai.

11 Índice 24, Samai.

6

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Demandante: Dirección Territorial de Salud de Caldas
Acción de tutela

La Gobernación del departamento de Caldas12 solicitó negar el amparo constitucional por
cuanto la sentencia del tribunal se ajustó correctamente al artículo 92 de la Ley 2220 de
2022, pues, la Dirección Territorial de Salud de Caldas promovió el medio de control sin
agotar la conciliación prejudicial, pese a que el litigio se adelantaba entre entidades
públicas y la norma vigente para la fecha de presentación de la demanda imponía dicho
requisito de procedibilidad.

El señor Luis Camilo Gómez Arango y la ESE Hospital San Antonio de Marmato
guardaron silencio en esta oportunidad, pese a haberse notificado en debida forma.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.

Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este instrumento no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.

El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Tribunal
Administrativo de Caldas con el fin de que se protejan los derechos constitucionales

12 Índice 21, Samai.

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fundamentales antes mencionados presuntamente vulnerados con ocasión de la
providencia proferida el 13 de febrero de 2026, por cuanto, a su juicio, incurrió en los
defectos sustantivo, procedimental y desconocimiento del precedente judicial.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público solicitó que se le desvinculara de la acción de
tutela, debido a que no le asistía responsabilidad alguna por la presunta vulneración de
los derechos invocados por la parte demandante.

Sin embargo, la Sala advierte que no hay lugar a acceder a la solicitud de desvinculación
en consideración a que dicha autoridad fue vinculada como tercero con interés, por
cuanto actuó como demandada en el proceso ordinario.

En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala negará el amparo
invocado, por las razones que procederán a exponerse:

En primer lugar, la Sala advierte que se cumplen los requisitos genéricos de
procedibilidad enunciados por la jurisprudencia constitucional por cuanto: i) se agotaron
todos los medios de defensa judicial disponibles al alcance de la persona afectada; ii) se
cumplió con el requisito de la inmediatez, si se tiene en cuenta que la acción fue
promovida dentro de los 6 meses siguientes a la notificación de la providencia atacada13;
iii) el presente caso no se trata de una irregularidad procesal que deba ser tenida como
un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos
fundamentales de la parte actora; iv) identificó de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos que se transgredieron; v) no se ataca una
sentencia de tutela y, finalmente, y vi) la cuestión que se discute resulta de relevancia
constitucional por cuanto versa sobre la procedencia o no del requisito de procedibilidad
en los eventos en que ambas partes sean entidades públicas, argumento que no
constituye una reiteración de lo discutido por el juez natural de la causa, tampoco
comporta un debate de mera legalidad ni se persigue un fin netamente económico, sino
que está relacionado directamente con el derecho de acceso a la administración de
justicia.

13 La notificación de la sentencia se surtió el 16 de febrero de 2026 y la tutela se presentó el 5 de mayo del

mismo año.

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En consecuencia, procede el análisis de fondo del defecto sustantivo, procedimental y el
desconocimiento del precedente horizontal, invocados por la parte demandante.

2.1 Caracterización del defecto sustantivo

i) Conforme con la jurisprudencia constitucional, el defecto sustantivo se configura
cuando una providencia judicial se sustenta con base en fundamentos jurídicos a todas
luces no subsumibles al caso objeto de la litis o con base en “una interpretación que
contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica”14.

ii) La Corte Constitucional estableció15 que el defecto sustantivo abarca múltiples causas
que pueden generar un yerro en la aplicación o interpretación del derecho y que, por tal
razón, pueden llegar a afectar ostensiblemente el derecho fundamental del debido
proceso de las partes por la errónea elección de fuentes jurídicas o por la omisión de
normas aplicables que pueden ser las subreglas jurisprudenciales que gobiernen una
determinada materia. Esa misma Corporación señaló que se genera cuando una
determinada autoridad judicial:

“i) aplica una disposición en el caso que perdió vigencia por cualquiera de la
razones previstas por la normativa, por ejemplo, su inexequibilidad; (ii) aplica
un precepto manifiestamente inaplicable al caso, por ejemplo porque el
supuesto de hecho del que se ocupa no tiene conexidad material con los
presupuestos del caso; (iii) a pesar del amplio margen hermenéutico que la
Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, realiza una interpretación
contraevidente -interpretación contra legem- o claramente irrazonable o
desproporcionada; (iv) se aparta del precedente judicial –horizontal o vertical-
sin justificación suficiente; o (v) se abstiene de aplicar la excepción de
inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución, siempre
que su declaración haya sido solicitada por alguna de las partes en el
proceso16.”.

2.2 El análisis del defecto sustantivo en el caso concreto

1) En el asunto sub examine, la parte demandante alegó que el tribunal interpretó
erróneamente los artículos 90 y 92 de la Ley 2220 de 2022 y el artículo 161 de la Ley
2080 de 2021, por exigir la conciliación prejudicial en un asunto que versaba sobre

14 Corte Constitucional, sentencia T-073 de 2015, MP Mauricio González Cuervo.

15 Corte Constitucional, sentencia SU-298 de 2015, MP Gloria Stella Ortiz Delgado.

16 Corte Constitucional, sentencia T- 830 de 2012, MP, Jorge Ignacio Pretelt.

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contribuciones parafiscales, la cual era facultativa debido a que quien demandó era una
entidad pública.

2) Pues bien, la Sala encuentra que la autoridad judicial demandada en la providencia
del 13 de febrero de 2026 dispuso que el asunto sí era conciliable porque la demanda no
discutía el reconocimiento ni el pago de la pensión del señor Luis Camilo Gómez Arango,
sino, únicamente, la distribución económica de la cuota parte pensional, aspecto que
tenía contenido patrimonial y, por tanto, podía ser objeto de conciliación, máxime cuando
ambas partes eran entidades estatales.

5) Además, precisó que, aunque la demanda pretendía la nulidad parcial de unos actos
administrativos, lo realmente conciliable eran los efectos económicos derivados de esos
actos y no su legalidad, con fundamento en el artículo 89 de la Ley 2220 de 2022, así:

“47. En ese sentido, como en el asunto de la referencia los extremos activo y
pasivo están conformados por entidades estatales y se formulan
pretensiones de carácter económico, la conciliación extrajudicial
constituye requisito de procedibilidad, por lo tanto, es exigible su
agotamiento.
48. Ahora bien, la DTSC señaló en la demanda que al ser una entidad de
naturaleza jurídica pública, de conformidad con el artículo 613 del Código
General del Proceso, no era necesario agotar el requisito de conciliación
prejudicial como presupuesto procesal de la acción.
49. Al respecto, el artículo 613 del Código General del Proceso no resulta
aplicable, en la medida en que dicha disposición se limita a regular los
eventos en los que el demandante es una entidad pública, sin contemplar
la hipótesis en la que ambos extremos del litigio ostentan tal calidad. Este
supuesto fue regulado de manera expresa y específica por la Ley 2220 de
2022, la cual, en el parágrafo del artículo 92, estableció que cuando ambas
partes sean entidades públicas la conciliación extrajudicial constituye
requisito de procedibilidad, cuya inobservancia conduce al rechazo de la
demanda. Esta previsión normativa se ve reforzada por el artículo 93 ibidem,
que ratifica el carácter obligatorio del agotamiento de dicho requisito en esa
concreta situación.
(…).
53. De acuerdo lo anterior, se discute únicamente la asignación y
distribución de la cuota parte pensional imputada a la DTSC, sin
controvertir el reconocimiento ni el pago de la pensión, por lo que no se
afectan derechos ciertos e indiscutibles. En consecuencia, aunque se
cuestiona parcialmente la legalidad de actos administrativos, las pretensiones
de restablecimiento del derecho tienen contenido patrimonial y no inciden en los
derechos pensionales mínimos e irrenunciables.
54. De manera que, en armonía con el artículo 89 de la Ley 2220 de 2022,
se debe conciliar los efectos económicos de actos administrativos de
carácter particular, sin que ello implique conciliar su legalidad, y una vez

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aprobado el acuerdo, el acto se entiende revocado o modificado y sustituido por
la conciliación.”. (Samai, índice 3, negrillas de la Sala).

3) Así pues, a partir de los argumentos expuestos en la providencia objeto de discusión
se desprende con claridad la razón jurídica que condujo a declarar probada la excepción
de falta de agotamiento de la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad.

4) En efecto, en dicha decisión se explicó que la excepción de falta de agotamiento de la
conciliación prejudicial debía declararse de oficio porque la demanda fue presentada en
vigencia de la Ley 2220 de 2022, las partes involucradas eran exclusivamente entidades
públicas y las pretensiones tenían contenido patrimonial relacionado con la distribución
de una cuota parte pensional.

5) Con fundamento en los artículos 92 y 93 de dicha ley, sostuvo que en los litigios entre
entidades estatales la conciliación extrajudicial constituía un requisito obligatorio de
procedibilidad y que su omisión conducía al rechazo de la demanda; asimismo, señaló
que la conciliación prejudicial era un presupuesto procesal de orden público que el juez
debía verificar de oficio incluso al momento de dictar sentencia, razón por la cual procedía
revocar la decisión de primera instancia y declarar probada la excepción aun cuando el
proceso ya hubiera avanzado hasta segunda instancia.

6) En ese orden de ideas, de conformidad con el análisis precedente, no se advierte la
configuración de un defecto sustantivo predicable de la providencia judicial objeto de
tutela, por cuanto la autoridad judicial demandada expuso de manera razonada y
suficiente las disposiciones normativas que consideró aplicables al caso concreto y
explicó por qué, tratándose de un litigio entre entidades públicas con pretensiones de
contenido patrimonial relacionadas con la distribución de una cuota parte pensional,
resultaba obligatorio agotar la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad.

7) En consecuencia, la interpretación adoptada por el tribunal no se muestra arbitraria,
caprichosa o manifiestamente irrazonable, sino sustentada en los artículos 89, 92 y 93
de la Ley 2220 de 2022, así como en la naturaleza económica de las pretensiones
debatidas

8) De acuerdo con lo anterior, la Sala negará las pretensiones, por las razones hasta aquí
expuestas.

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2.3 Generalidades del defecto procedimental

Este defecto encuentra su razón de ser en los artículos 29 y 228 de la Constitución, los
cuales consagran las garantías constitucionales del debido proceso, el acceso a la
administración de justicia y el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el
procesal17.

En términos generales esta causal específica y propia de acciones de tutela contra
providencias judiciales se configura cuando el juez actúa completamente por fuera del
procedimiento establecido por el legislador, bien sea porque i) desconoce abiertamente
o se aparta por completo del procedimiento, ora ii) cuando el goce efectivo de los
derechos de los individuos se obstaculiza por un extremo rigor en la aplicación de las
normas procesales.

En el primer caso estamos en presencia de la modalidad que la jurisprudencia ha
denominado “defecto procedimental absoluto” y en el segundo en un “exceso ritual
manifiesto”.

La jurisprudencia constitucional ha establecido al respecto que “(a) el defecto
procedimental absoluto ocurre cuando se aparta por completo del procedimiento
establecido legalmente para el trámite de un asunto específico, ya sea porque: i) se ciñe
a un trámite completamente ajeno al pertinente -desvía el cauce del asunto-, o ii) omite
etapas sustanciales del procedimiento establecido legalmente, afectando el derecho de
defensa y contradicción de una de las partes del proceso. (b) El defecto procedimental
por exceso de ritual manifiesto, ocurre cuando la autoridad judicial (…) un funcionario
utiliza o concibe los procedimientos como un obstáculo para la eficacia del derecho
sustancial y por esta vía, sus actuaciones devienen en una denegación de justicia ; es
decir, el funcionario judicial incurre en esta causal cuando “(i) no tiene presente que el
derecho procesal es un medio para la realización efectiva de los derechos de los
ciudadanos, (ii) renuncia conscientemente a la verdad jurídica objetiva pese a los hechos
probados en el caso concreto, (iii) porque aplica rigurosamente el derecho procesal, (iv)

17 Corte Constitucional, sentencia T-166 de 2022.

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pese a que dicha actuación devenga en el desconocimiento de derechos
fundamentales18”.

De igual manera, no cualquier irregularidad, vicio o falencia constituye un defecto
procedimental en cualquiera de sus modalidades, sino que el defecto requiere,
principalmente, que se trate de un yerro de procedimiento protuberante, grave y con
incidencia en la decisión final, esto es, que influya en la decisión de fondo, y, además,
que la anomalía no pueda de ninguna manera imputarse directa ni indirectamente a la
persona que alega la vulneración al derecho a un debido proceso19.

2.4 Análisis del presunto defecto procedimental en el caso concreto

1) La parte demandante manifestó que, dado que la excepción de falta de agotamiento
de conciliación prejudicial fue declarada de oficio únicamente en la sentencia de segunda
instancia, pese a que la demanda había sido admitida sin reparo alguno y el proceso
había agotado íntegramente sus etapas, se le impidió ejercer adecuadamente su derecho
de defensa y contradicción.

2) No obstante, para la Sala resulta diáfano que en este caso no se configura un defecto
procedimental porque el tribunal explicó que la omisión del agotamiento de la conciliación
generaba el rechazo de la demanda y que dicha exigencia debía verificarse en atención
a que el proceso se promovió entre entidades públicas y con pretensiones de contenido
patrimonial.

6) Tampoco resulta acertado afirmar que la admisión inicial de la demanda saneó
definitivamente el requisito de procedibilidad, en la medida que el artículo 187 del

18 Corte Constitucional, sentencia T-367 de 2018.

19 Corte Constitucional, sentencia T-SU-537 de 2017.

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CPACA20 y la jurisprudencia en la materia21 permiten al juez verificar en cualquier etapa
del proceso los presupuestos procesales indispensables para dictar una decisión de
fondo, por lo cual, el hecho de que el proceso hubiera avanzado hasta segunda instancia
no impedía que el tribunal examinara la ausencia de conciliación prejudicial y declarara
probada de oficio la excepción correspondiente.

7) Finalmente, la providencia cuestionada sí expuso las razones jurídicas que justificaban
la declaratoria oficiosa de la excepción, puesto que el tribunal señaló que: i) la demanda
fue presentada en vigencia de la Ley 2220 de 2022; ii) ambas partes eran entidades
públicas; y iii) las pretensiones tenían contenido patrimonial relacionado con la
distribución de una cuota parte pensional, por lo que la conciliación era obligatoria.

8) En ese orden de ideas, no se puede sostener que se haya incurrido en un defecto
procedimental; por el contrario, el desacuerdo de la parte demandante realmente recae
sobre la interpretación jurídica adoptada por el tribunal y no sobre una supuesta ausencia
absoluta de oportunidad de defensa.

9) En consecuencia, también hay lugar a negar el amparo invocado frente a este cargo.

2.5 El desconocimiento del precedente judicial

El precedente judicial ha sido definido como “aquel conjunto de sentencias previas al caso
que se habrá de resolver que por su pertinencia para la resolución de un problema jurídico
constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al
momento de dictar sentencia22”.

20 “ARTÍCULO 187. Contenido de la sentencia. La sentencia tiene que ser motivada. En ella se hará un

breve resumen de la demanda y de su contestación y un análisis crítico de las pruebas y de los
razonamientos legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las
conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión y citando los textos legales que se apliquen.

En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador
encuentre probada. El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas las
excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus.”.

21 Consejo de Estado, Sección Primera; auto de 11 de mayo de 2017; CP Roberto Augusto Serrato Valdés;

núm. único de radicación: 47001233100020090030301; MP Guillermo Vargas Ayala; auto de 24 de
septiembre de 2015; núm. único de radicación: 7000123310002012 9000801.
22 Corte Constitucional, sentencia T-1029 de 2012.

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En esos términos, el precedente corresponde a una o varias decisiones previas
relevantes para la solución de un nuevo asunto en el que se plasma el criterio pacífico y
reiterado y se dictan una serie de reglas o parámetros para abordar los casos que, en lo
sucesivo, tengan una estricta y real relación con aquel. Como ante casos con supuestos
fácticos y jurídicos similares se debe otorga un tratamiento jurídico similar, la sentencia
precedente debería determinar el sentido de la decisión posterior en aras de garantizar
la igualdad de las partes ante la ley y la seguridad jurídica en las decisiones judiciales.

No obstante, como lo ha considerado la Corte Constitucional23 es necesario precisar que
no todo el contenido de una sentencia posee “fuerza normativa de precedente”, pues ello
solo será predicable de la “ratio decidendi”. En efecto, para mayor claridad sobre dicho
punto recuérdese que en la estructura de las providencias judiciales es posible identificar
tres partes i) la parte resolutiva o decisum, en la que se profieren las órdenes vinculantes
para las partes del proceso y que constituye la solución al problema jurídico examinado;
ii) la ratio decidendi, compuesta por las consideraciones o razones que sustentan,
motivan y justifican la decisión adoptada, y iii) los obiter dicta o dichos de paso, que no
son más que aquellos argumentos de argumentos de referencia, complementarios o de
contexto que no son vinculantes ni necesarios para la resolución del asunto.

Se insiste, de las tres partes solo la segunda, esto es, la ratio decidendi posee fuerza de
precedente siempre que ella “i) establezca una regla relacionada con el caso a resolver
posteriormente; ii) haya servido de base para solucionar un problema jurídico semejante,
o una cuestión constitucional similar a la que se estudia en el caso posterior; y (iii) los
hechos del caso o las normas juzgadas en la providencia anterior sean semejantes o
planteen un punto de derecho parecido al que se debe resolverse posteriormente24”.

Asimismo, no toda providencia judicial constituye precedente aplicable al caso, por el
contrario, hay asuntos que pese a su similitud corresponden a un mero antecedente
judicial, sin la fuerza vinculante necesaria propia del precedente para establecer una regla
cuya aplicación deba necesariamente ser atendida.

23 Corte Constitucional, sentencia SU-380 de 2021.

24 Corte Constitucional, sentencia T-459 de 2017.

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Partiendo del supuesto de que “no todo lo que dice una sentencia es pertinente para la
definición de un caso posterior”, la Corte Constitucional diferenció entre lo que se
denomina antecedente jurisprudencial y precedente, en sentido estricto.

En la sentencia T-830 de 2012, esa Corporación se pronunció al respecto en los términos
que a continuación se explican:

“El (…) –antecedente- se refiere a una decisión de una controversia anterior a
la que se estudia, que puede tener o no algunas similitudes desde el punto de
vista fáctico, pero lo más importante es que contiene algunos puntos de Derecho
(e.g. conceptos, interpretaciones de preceptos legales, etc.) que guían al juez
para resolver el caso objeto de estudio. Por tanto, los antecedentes tienen un
carácter orientador, lo que no significa (a) que no deban ser tenidos en cuenta
por el juez a la hora de fallar, y (b) que lo eximan del deber de argumentar las
razones para apartarse, en virtud de los principios de transparencia e igualdad.
(…)

[Entretanto, el] –precedente-, por regla general, es aquella sentencia o conjunto
de sentencias que presentan similitudes con un caso nuevo objeto de escrutinio
en materia de (i) patrones fácticos y (ii) problemas jurídicos, y en las que en su
ratio decidendi se ha fijado una regla para resolver la controversia, que sirve
también para solucionar el nuevo caso”.

Luego entonces, puede predicarse la existencia de un precedente en los eventos en los
cuales:

“(i) los hechos relevantes que definen el asunto pendiente de fallo son
semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan un caso del pasado.

(ii) la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado,
constituye la pretensión del caso presente.

(iii) la regla jurisprudencial no ha sido cambiada en una distinta o más específica
que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación”.

No obstante lo anterior y pese a la fuerza vinculante del precedente, se acepta que los
jueces se aparten de este bajo las siguientes condiciones: i) deben hacer explícitas las
razones por las cuales se abstienen de aplicar el precedente y se apartan del mismo, lo
que se ha denominado cumplimiento de la “carga de transparencia”; ii) están llamados a
demostrar que los argumentos que ofrecen, desarrollan y amplían de mejor manera el
contenido de los derechos, principios y valores constitucionales objeto de protección,
pues no cualquier motivo constituye una razón válida para “justificar” el apartamiento del
precedente, exigencia que se reconoce como la “carga de argumentación”.

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2.6 Análisis del desconocimiento del precedente en el caso concreto

1) La parte demandante consideró que se desconoció que el mismo tribunal había
resuelto procesos análogos sobre cuotas partes pensionales sin exigir conciliación
prejudicial, incluso en providencias posteriores a la decisión cuestionada, lo cual
evidenciaba una aplicación contradictoria de las reglas de procedibilidad y vulneraba los
principios de igualdad, confianza legítima y seguridad jurídica.

2) No obstante lo anterior, la Sala considera que no se configura el desconocimiento del
precedente horizontal invocado, puesto que, tal como lo ha señalado esta Corporación
en anteriores oportunidades25, solo es obligatorio y vinculante el precedente vertical
del órgano de cierre para los jueces de inferior jerarquía, en atención a que dos jueces
de igual jerarquía pueden tener criterios diferentes al momento de dictar sentencia,
siempre que se trate de decisiones con una carga argumentativa razonable y suficiente.

3) En esa medida, si bien las providencias citadas guardan similitud con el asunto objeto
de estudio, en tanto abordan controversias relacionadas con la distribución del pasivo
prestacional del sector salud, la concurrencia entre entidades públicas para el pago de
cuotas partes pensionales causadas antes del 31 de diciembre de 1993 y la aplicación
de la Ley 715 de 2001, la Ley 1438 de 2011 y los decretos reglamentarios sobre
concurrencia, lo cierto es que los criterios allí expuestos no constituyen precedente
jurisprudencial obligatorio en sentido estricto para la autoridad judicial accionada, sino
antecedentes jurisprudenciales con valor meramente orientador.

4) Así pues, es posible que, como ocurrió en este caso, distintas Salas de Decisión de
los tribunales administrativos tengan un criterio jurídico distinto frente a la resolución de
las controversias puestas a su consideración, sin que ello implique, en el presente asunto,

25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 8 de marzo

de 2018, número único de radicación 11001 03 15 000 2017 02894 00, M.P. Hernando Sánchez Sánchez,
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 1 de diciembre
de 2016; C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, radicación número: 110010315000201601285-01; Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de julio de 2018; C.P.
Hernando Sánchez Sánchez, radicación número: 110010315000201801525-00; Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 27 de junio de 2019, C.P Carlos Enrique
Moreno Rubio, radicación número: 110010315000201901850-00; Consejo de Estado, Sección Quinta,
sentencia del 23 de agosto de 2019, C.P. Rocío Araujo Oñate, radicación número: 11001-03-15-000-2019-
03288-00(AC).

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la transgresión de los derechos invocados por la parte demandante, en el entendido que
tal situación se enmarca en el ejercicio autónomo e independiente de su rol de juez.

5) En todo caso, si en gracia de discusión se aceptara que las sentencias invocadas como
desconocidas constituye precedente judicial para el caso concreto, la Sala advierte que
a diferencia de lo que ocurrió en aquellos26, en el presente caso la controversia jurídica
fue distinta, pues el Tribunal Administrativo de Caldas concluyó que la demanda debía
rechazarse por falta de agotamiento de la conciliación prejudicial como requisito de
procedibilidad, por considerar aplicables los artículos 92 y 93 de la Ley 2220 de 2022, en
razón a que la demanda fue presentada en vigencia de dicha normativa, ambas partes
eran entidades públicas y las pretensiones tenían contenido patrimonial relacionado con
la distribución de una cuota parte pensional.

10) Es decir, mientras en las providencias invocadas como desconocidas el análisis se
concentró en la determinación material del sujeto obligado al pago del pasivo
prestacional, en el asunto cuestionado el estudio se enfocó, de manera previa, en la
procedencia misma de la demanda por el incumplimiento del requisito de conciliación
prejudicial.

6) De esta forma, resulta claro que no se incurrió en desconocimiento del precedente
horizontal, en atención a que la decisión cuestionada no se apartó de ningún tipo de
interpretación vinculante de esta Corporación o de alguna otra autoridad con un nivel
jerárquico superior, sino que, por el contrario, fue sustentada, suficiente y razonada, por
lo que se negará el amparo invocado.

7) En consecuencia, la Sala negará el amparo invocado, por las razones hasta aquí
expuestas.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B–, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

26 En aquellos procesos el debate de fondo se centró en determinar cuál entidad debía asumir la obligación

pensional, esto es, si correspondía al hospital empleador, al departamento, al Ministerio de Hacienda o al
patrimonio autónomo derivado de los convenios de concurrencia, y en establecer los efectos jurídicos de
la no inclusión del trabajador como beneficiario del Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud.

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FALLA:

1º) Niégase el amparo invocado, de conformidad con las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

2º) Niégase la solicitud de desvinculación presentada por el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia

3º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz

4º) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Subsección Magistrado
(firmado electrónicamente) (firmado electrónicamente)

DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado
(firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.

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