Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-01440-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-01440-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2018-01440-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
2 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., dos (2) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD.
Radicación: 11001-03-25-000-2018-01440-00 (4777-2018) y acumulados1
Demandantes: Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado-SUNET y
otros
Demandada: Comisión Nacional del Servicio Civil
Vinculados: Municipios de Agua de Dios, Anapoima, Arbeláez, Bituima,
Bojacá, Cabrera, Cajicá, Caparrapí, Cáqueza, Carmen de Carupa,
Chaguaní, Chía, Choachí, Chocontá, Cogua, Cota, Cucunubá, El
Colegio, El Peñón, El Rosal, Facatativá, Fómeque, Fosca,
Fúquene, Fusagasugá, Gachalá, Gachancipá, Gachetá, Gama,
Girardot, Granada, Guachetá, Guasca, Guataquí, Guayabal de
Síquima, Guayabetal, Jerusalén, Junín, La Calera, La Mesa, La
Palma, La Peña, La Vega, Lenguazaque, Machetá, Madrid,
Medina, Mosquera, Nariño, Nemocón, Nimaima, Nocaima, Pacho,
Paratebueno, Pasca, Quebradanegra, Quipile, San Antonio del
Tequendama, San Bernardo, San Cayetano, Sasaima, Sesquilé,
Sibaté, Silvania, Simijaca, Soacha, Subachoque, Suesca, Supatá,
Susa, Tabio, Tena, Tenjo, Tibacuy, Tibirita, Tocaima, Tocancipá,
Ubaque, Útica, Vergara, Vianí, Villagómez, Villapinzón, Villeta y
Zipacón.
Temas: Concurso de méritos. Publicidad de los proyectos de acuerdos
de convocatorias a proceso de selección para empleos de
carrera administrativa. ACCEDE A LAS PRETENSIONES.
SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA
Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia dentro del proceso de nulidad
acumulado promovido por el Sindicato de Unitario Nacional de Trabajadores del
Estado-SUNET (4777-2018) y los señores María Ascensión Martínez (1050-2019),
Gloria Lilia Carrero García (1055-2019), Jaime Andrés Uhia Rojas (1402-2019),
Yuber Albeiro Toro Guarín (1407-2019), Alba Lucía Velásquez Hernández (2395-
2019) y Leonardo de Jesús Álvarez Pérez (3228-2019) en contra de la Comisión
1
11001-03-25-000-2019-00166-00 (1050-2019); 11001-03-25-000-2019-00170-00 (1055-2019); 11001-03-25-
000-2019-00223-00 (1402-2019); 11001-03-25-000-2019-00227-00 (1407-2019); 11001-03-25-000-2019-
00353-00 (2395-2019); y 11001-03-25-000-2019-00441-00 (3228-2019).
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1
Radicado: 11001-03-25-000-2018-01440-00 (4777-2018) acumulado
Nacional del Servicio Civil, con el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
Revisadas las demandas, se observa que en el proceso con radicado 4777-2018 se
solicita la nulidad de los siguientes acuerdos que establecieron las reglas del
concurso abierto de mérito para proveer definitivamente los empleos vacantes
pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de
personal, expedidos por la Comisión Nacional del Servicio Civil:
ACUERDOS CNSC MUNICIPIOS
CNSC 20182210000086 del 12 de enero de 2018 Agua de Dios
CNSC 20182210000076 del 12 de enero de 2018 Anapoima
CNSC 20182210000106 del 12 de enero de 2018 Arbeláez
CNSC 20182210000126 del 12 de enero de 2018 Bituima
CNSC 20182210000916 del 12 de enero de 2018 Bojacá
CNSC 20182210000146 del 12 de enero de 2018 Cabrera
CNSC 20182210000156 del 12 de enero de 2018 Cajicá
CNSC 20182210000176 del 12 de enero de 2018 Caparrapí
CNSC 20182210000186 del 12 de enero de 2018 Cáqueza
CNSC 20182210000206 del 12 de enero de 2018 Carmen de Carupa
CNSC 20182210000216 del 12 de enero de 2018 Chaguaní
CNSC 20182210000246 del 12 de enero de 2018 Chía
CNSC 20182210000266 del 12 de enero de 2018 Choachí
CNSC 20182210000276 del 12 de enero de 2018 Chocontá
CNSC 20182210000296 del 12 de enero de 2018 Cogua
CNSC 20182210000316 del 12 de enero de 2018 Cota
CNSC 20182210000326 del 12 de enero de 2018 Cucunubá
CNSC 20182210000336 del 12 de enero de 2018 El Colegio
CNSC 20182210000346 del 12 de enero de 2018 El Peñón
CNSC 20182210000366 del 12 de enero de 2018 El Rosal
CNSC 20182210000376 del 12 de enero de 2018 Facatativá
CNSC 20182210000406 del 12 de enero de 2018 Fómeque
CNSC 20182210000416 del 12 de enero de 2018 Fosca
CNSC 20182210000436 del 12 de enero de 2018 Fúquene
CNSC 20182210000456 del 12 de enero de 2018 Fusagasugá
CNSC 201822100000476 del 12 de enero de 2018 Gachalá
CNSC 20182210000486 del 12 de enero de 2018 Gachancipá
CNSC 20182210000496 del 12 de enero de 2018 Gachetá
CNSC 20182210000516 del 12 de enero de 2018 Gama
CNSC 20182210000526 del 12 de enero de 2018 Girardot
CNSC 20182210000536 del 12 de enero de 2018 Granada
CNSC 20182210000546 del 12 de enero de 2018 Guachetá
CNSC 20182210000566 del 12 de enero de 2018 Guasca
CNSC 20182210000576 del 12 de enero de 2018 Guataquí
CNSC 20182210000596 del 12 de enero de 2018 Guayabal de Síquima
CNSC 20182210000606 del 12 de enero de 2018 Guayabetal
CNSC 20182210000626 del 12 de enero de 2018 Jerusalén
CNSC 20182210000646 del 12 de enero de 2018 Junín
CNSC 20182210000656 del 12 de enero de 2018 La Calera
CNSC 20182210000666 del 12 de enero de 2018 La Mesa
CNSC 20182210000676 del 12 de enero de 2018 La Palma
CNSC 20182210000686 del 12 de enero de 2018 La Peña
CNSC 20182210000706 del 12 de enero de 2018 La Vega
CNSC 20182210000036 del 12 de enero de 2018 Lenguazaque
CNSC 20182210000046 del 12 de enero de 2018 Machetá
CNSC 20182210000056 del 12 de enero de 2018 Madrid
CNSC 20182210000066 del 12 de enero de 2018 Medina
CNSC 20182210000096 del 12 de enero de 2018 Mosquera
CNSC 20182210000116 del 12 de enero de 2018 Nariño
CNSC 20182210000136 del 12 de enero de 2018 Nemocón
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Radicado: 11001-03-25-000-2018-01440-00 (4777-2018) acumulado
CNSC 20182210000166 del 12 de enero de 2018 Nimaima
CNSC 20182210000196 del 12 de enero de 2018 Nocaima
CNSC 20182210000226 del 12 de enero de 2018 Pacho
CNSC 20182210000236 del 12 de enero de 2018 Paratebueno
CNSC 20182210000256 del 12 de enero de 2018 Pasca
CNSC 20182210000286 del 12 de enero de 2018 Quebradanegra
CNSC 20182210000306 del 12 de enero de 2018 Quipile
CNSC 20182210000356 del 12 de enero de 2018 San Antonio del Tequendama
CNSC 20182210000386 del 12 de enero de 2018 San Bernardo
CNSC 20182210000396 del 12 de enero de 2018 San Cayetano
CNSC 20182210000426 del 12 de enero de 2018 Sasaima
CNSC 20182210000446 del 12 de enero de 2018 Sesquilé
CNSC 20182210000466 del 12 de enero de 2018 Sibaté
CNSC 20182210000506 del 12 de enero de 2018 Silvania
CNSC 20182210000556 del 12 de enero de 2018 Simijaca
CNSC 20182210000586 del 12 de enero de 2018 Soacha
CNSC 20182210000616 del 12 de enero de 2018 Subachoque
CNSC 20182210000636 del 12 de enero de 2018 Suesca
CNSC 20182210000696 del 12 de enero de 2018 Supatá
CNSC 20182210000716 del 12 de enero de 2018 Susa
CNSC 20182210000726 del 12 de enero de 2018 Tabio
CNSC 20182210000736 del 12 de enero de 2018 Tena
CNSC 20182210000746 del 12 de enero de 2018 Tenjo
CNSC 20182210000756 del 12 de enero de 2018 Tibacuy
CNSC 20182210000766 del 12 de enero de 2018 Tibirita
CNSC 20182210000776 del 12 de enero de 2018 Tocaima
CNSC 20182210000786 del 12 de enero de 2018 Tocancipá
CNSC 20182210000796 del 12 de enero de 2018 Ubaque
CNSC 20182210000806 del 12 de enero de 2018 Útica
CNSC 20182210000816 del 12 de enero de 2018 Vergara
CNSC 20182210000826 del 12 de enero de 2018 Vianí
CNSC 20182210000836 del 12 de enero de 2018 Villagómez
CNSC 20182210000846 del 12 de enero de 2018 Villapinzón
CNSC 20182210000856 del 12 de enero de 2018 Villeta
CNSC 20182210000866 del 12 de enero de 2018 Zipacón
En los expedientes con radicados internos 1050-2019, 1055-2019, 1402-2019,
1407-2019 y 3228-2019 se solicitó la nulidad del Acuerdo 20182210000316 del 12
de enero de 2018 «Por el cual se establecen las reglas del Concurso abierto de
mérito para proveer definitivamente los empleos vacantes pertenecientes al Sistema
General de Carrera Administrativa de la planta de la Alcaldía de Cota, Proceso de
Selección No. 521 de 2017 – Cundinamarca».
En el proceso 2395-2019 además del anterior acto del concurso del municipio de
Cota, se pretende la nulidad de los siguientes actos administrativos:
• CNSC 20182210000156 «Por el cual se establecen las reglas del Concurso
abierto de mérito para proveer definitivamente los empleos vacantes
pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de
la Alcaldía de Cajicá, Proceso de Selección No. 512 de 2017 –
Cundinamarca».
• CNSC 20182210000186 «Por el cual se establecen las reglas del Concurso
abierto de mérito para proveer definitivamente los empleos vacantes
pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de
la Alcaldía de Cáqueza, Proceso de Selección No. 514 de 2017 –
Cundinamarca».
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Radicado: 11001-03-25-000-2018-01440-00 (4777-2018) acumulado
• CNSC 20182210000096 «Por el cual se establecen las reglas del Concurso
abierto de mérito para proveer definitivamente los empleos vacantes
pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de
la Alcaldía de Mosquera, “Proceso de Selección No. 553 de 2017 -
Cundinamarca».
HECHOS
Las demandas se fundamentan en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
Expresó que la CNSC adelantó proceso de selección para los municipios de
Cundinamarca, previa etapa de planeación, a través de las convocatorias 507 a 591,
para la provisión de empleos vacantes y que pertenecen a carrera administrativa de
cada ente territorial.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
Que los actos acusados vulneraron los artículos 1.°, 2 a 4, 29 (inciso 1.°), 40.2, 83,
152 (literal d), 125 y 209 de la Constitución Política; 3 (incisos 6 y 7) y 8 (inciso 8)
de la Ley 962 de 2005; 31 de la Ley 909 de 2004; 3 (numeral 6) y 8 (numeral 8) del
CPACA; 2 a 4, 11 literales c), i) y j), 13, 15 y 17 de la Ley 1712 de 2014; y Circular
Externa 10009 de 2015.
Expediente 4777-2018
Argumentó que la CNSC omitió publicar los proyectos de regulación lo que impidió
a la ciudadanía en general la posibilidad de participar en el proceso de diseño,
discusión y elaboración de los acuerdos de convocatoria demandados, con la
finalidad de presentar propuestas y comentarios, lo cual generó la vulneración del
derecho de participación. Que tampoco fueron publicados los estudios técnicos que
sustentaron los acuerdos del certamen, ni las observaciones de la ciudadanía y las
respuestas a aquellas.
Sostuvo que las entidades beneficiarias del certamen no presentaron ante las
organizaciones sindicales el proyecto de acto administrativo respecto de la
modernización de la administración municipal (estructura, planta de empleos,
escalas de remuneración y manual de funciones y competencias laborales), para
asegurar la participación efectiva mediante la apertura de un escenario en el cual
pudiesen los sindicatos presentar sus observaciones, recomendaciones y
sugerencias. Que los actos enjuiciados no se publicaron en debida y legal forma en
el Diario Oficial.
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Radicado: 11001-03-25-000-2018-01440-00 (4777-2018) acumulado
Procesos 1050-2019, 1055-2019, 1402-2019, 1407-2019, 2395-2019 y 3228-2019
Que se presentó infracción en las normas en que debía fundarse porque los
acuerdos de convocatoria solo fueron suscritos por la CNSC sin la respectiva firma
de los alcaldes, como lo exige el artículo 31 (literal 1.°) de la Ley 909 de 2004.
Expediente 3228-2019
Sostuvo que, en el concurso de méritos del municipio de Cota, no se incluyeron las
equivalencias establecidas en el Decreto 785 de 2005, en lo referido a la etapa de
antecedentes. Que no se dio aplicación al Decreto 100.25.0098 del 25 de agosto de
2014 que adicionó el Decreto 094 de 2013 en el cual se adoptaron las equivalencias
para los empleos pertenecientes a los distintos niveles jerárquicos de ese ente
territorial.
Manifestó que al consultar los empleos en la plataforma SIMO, se advierte que no
se publicaron los manuales de funciones completos de cada cargo sino las
obligaciones, situación que se convierte en una ventaja para aquellos empleados
que ocupaban cargos en provisionalidad. Adicionó que se estableció una fecha
límite para inscripciones, después de la cual no se podían ingresar nuevos
documentos; sin embargo, se amplió el plazo, lo que dejó en ventaja a los que
realizaron la inscripción a última hora, porque alcanzaron a presentar certificaciones
solicitadas a otras dependencias.
Explicó que la prueba concerniente a conocimientos generales en la OPEC 60379
(profesional 219) tenía preguntas inconsecuentes, pues se buscaba un perfil experto
en urbanismo y no en planeación estratégica que es la actividad real del cargo.
Agregó que este empleo utiliza más del 60% en actividades como bancos de
proyectos, redacción de estudios previos y cortes de contratistas, temas que no
fueron parte del examen.
Expresó que en la prueba comportamental se utilizó un formato dirigido al sector
privado en donde los mayores puntajes eran otorgados a actuaciones poco
ortodoxas o ilegales si se trata del sector público. Además, fue el mismo contenido
para los profesionales pertenecientes a diferentes entidades, pero no todos los
cargos de ese nivel tienen como necesidad las competencias que se evaluaron. Que
en la valoración de antecedentes no se tuvo en cuenta el manual de funciones y
competencias laborales para hacer válidos los documentos y anexos.
Las demandas fueron admitidas mediante autos del 4 de marzo de 2019 (4777-
2018), 8 de agosto de 2019 (3328-2019), 8 de septiembre de 2020 (1407-2019), 22
de septiembre de 2020 (1402-2019, 1050-2019 y 1055-2019), y 5 de abril de 2021
(2395-2019); a su vez, a través de providencias de las mismas fechas, se corrió
traslado de las medidas cautelares formuladas. Notificado el medio de control, las
entidades se pronunciaron de la siguiente manera.
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Radicado: 11001-03-25-000-2018-01440-00 (4777-2018) acumulado
CONTESTACIONES DE LA DEMANDA
Comisión Nacional del Servicio Civil2. Se opuso a la prosperidad de las
pretensiones al considerar que los procesos de selección de los municipios de
Cundinamarca (convocatorias 507 a 591 de 2018), contaron con la participación de
la ciudadanía, tal como se advierte en el registro de asistencia en reuniones
informativas. Sumado a ello, en la página de la entidad se realizó la publicidad de
cada una de las etapas del certamen.
Expuso que se adelantó en conjunto con cada ente territorial beneficiario, la
planeación del concurso y con fundamento en el reporte realizado, expidió los
acuerdos que establecieron las reglas del certamen. Además, se surtieron todas las
etapas y requisitos establecidos por la ley. Agregó que las convocatorias contaron
con las firmas de cada alcalde.
Sostuvo que la parte actora realiza una interpretación errada del artículo 31 de la
Ley 909 de 2004, pues la Corte Constitucional en sentencia C-183 de 2019,
determinó que, para la realización de los concursos de méritos, se requiere de la
coordinación armónica y colaboración entre entidades, sin que sea requisito de
validez la firma del ente beneficiario.
Municipio de Cota3. Sostuvo que tal como lo ha señalado la Corte Constitucional,
resulta incoherente declarar la nulidad de un acto ante cualquier irregularidad, pues
debe prevalecer el derecho sustancial, el cual, se ha cumplido a cabalidad en los
acuerdos demandados.
Municipios de El Peñón4 y Facatativá5. Manifestaron que existe norma especial
en el artículo 33 de la Ley 909 de 2004 que fija el alcance del principio de publicidad
en los concursos, por lo que no es aplicable el artículo 8.8 del CPACA. Que como
lo ha reiterado la jurisprudencia del Consejo de Estado, la ausencia de publicación
no afecta la validez del acto sino su eficacia, y, en todo caso, se cumplió la finalidad,
a tal punto que se presentaron múltiples participantes al certamen.
Municipios de Quebradanegra6 y Sasaima7. Advirtieron que los acuerdos que
regularon la convocatoria de esos entes territoriales cumplieron su objetivo, pues
las personas que se presentaron en los cargos ofertados ya se encuentran inscritas
en el sistema de carrera administrativa.
2
Folios 182 a 197 del cuaderno físico principal 4777-2018; índice 20 del expediente 1050-2019; índice 18
proceso 1055-2019; índice 16 (1402-2019); índice 119 expediente 1407-2019 Samai.
3 Índice 8 proceso 2395-2019.
4 Índice 154 acumulado Samai.
5 Índice 143 ibid.
6 Índice 138 ibid.
7 Índice 139 ibid.
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6
Radicado: 11001-03-25-000-2018-01440-00 (4777-2018) acumulado
Municipios de La Palma8 y Tocancipá9. Solicitaron se les desvincule del proceso
porque fue la CNSC quien adelantó el proceso de selección.
Municipio de Mosquera10. Razonó que la convocatoria que rigió para dicho ente
territorial se suscribió de manera conjunta por el alcalde municipal y el presidente
de la CNSC. Que la publicación previa del proyecto de acuerdo en los concursos de
méritos no es una etapa prevista en la norma especial contenida en el artículo 33
de la Ley 909 de 2004 y sus decretos reglamentarios, por lo que, lo pretendido por
la parte demandante no resulta exigible. Adicionó que el acuerdo fue dado a conocer
integralmente desde el inicio de la convocatoria en la página web de la CNSC.
Municipio de Girardot11. Manifestó que, al existir norma especial respecto de la
publicación en el proceso de selección, no le es aplicable el artículo 8.8 del CPACA.
Que, al haberse integrado la lista de elegibles, nombrado en periodo de prueba y
superado este, se han consolidado situaciones jurídicas, por lo que en caso de
declararse la nulidad de los acuerdos se debe hacer un pronunciamiento sobre los
efectos.
Municipio de Útica12. Solicitó se nieguen las pretensiones de las demandas, en la
medida que se respetaron y garantizaron los derechos de los ciudadanos que
decidieron participar en la convocatoria, además, porque a la fecha existen
derechos consolidados de la totalidad de las personas que, en uso de la lista de
elegibles, tomaron posesión de cada uno de los cargos ofertados, lo que claramente
vulneraría sus garantías fundamentales.
Municipio de Paratebueno13. Que las normas citadas por el demandante, con las
cuales soporta el concepto de violación no son aplicables a los acuerdos
demandados.
Municipio de Chía14. Sustentó que no es necesario que la entidad beneficiaria
suscriba la convocatoria, basta que haya participado en la etapa de planeación.
Que, las normas citadas por la parte actora, con las cuales soporta el concepto de
violación respecto a la ausencia de publicidad no son aplicables a los concursos de
méritos para proveer los empleos vacantes pertenecientes al sistema general de
carrera administrativa.
Municipio de Sesquilé15. Que de acuerdo con la reiterada jurisprudencia del
Consejo de Estado la ausencia de firma de los representantes legales de las
entidades beneficiarias de la convocatoria y la omisión de la publicación previa de
8 Índice 142 ibid.
9
Índice 144 ibid.
10 Índice 151 ibid.
11 Índice 136 ibid.
12 Índice 140 ibid.
13 Índice 141 ibid.
14 Índice 145 ibid.
15 Índice 146 ibid.
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los proyectos de la misma, no constituyen requisitos que afecten la validez y
existencia de los actos administrativos.
Municipio de Cajicá16. Señaló que sí se pronunció mediante invitación a la
convocatoria, la cual contiene las vacantes y cupos disponibles que están dentro
del concurso, adicional a ello, el acuerdo fue publicado en la página web de la CNSC
y fue suscrito por el alcalde municipal.
Municipio de Soacha17. Que realizó en conjunto con la CNSC la etapa de
planeación para adelantar el concurso abierto de méritos en el marco del proceso
de selección 571 de 2017 - Cundinamarca.
TRÁMITE DE ÚNICA INSTANCIA
Las solicitudes de suspensión provisional de los actos demandados fueron negadas
mediante providencias del 4 y 22 de marzo de 2019 (4777-2019). En los demás
expedientes se resolvió negativamente el 22 de febrero de 2024. El 5 de abril de
2021 y 27 de septiembre de 2022 se decretó la acumulación de los 7 procesos.
Por auto del 26 de agosto de 2024 se declaró no probada la excepción previa de
ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales formulada por la Comisión
Nacional del Servicio Civil y los municipios de Cota; Quebradanegra y Sasaima. Se
difirió el estudio para la sentencia de la excepción de cosa juzgada respecto de la
vulneración del artículo 31 de la Ley 909 de 2004 propuesta por el municipio de
Cota, así como la de falta de legitimación en la causa señalada por las entidades de
Chía, Girardot, Cota, Paratebueno, Quebradanegra, Tocancipá, Útica y Sasaima.
El 12 de noviembre de 2024 se evidenció la posibilidad de emitir sentencia
anticipada en los términos del artículo 182A del CPACA, se prescindió de la
audiencia inicial prevista en el artículo 189 ibidem, se decretaron las pruebas y se
fijó el correspondiente litigio. El 25 de marzo de 2025, se corrió traslado a las partes
para alegar de conclusión.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
La parte demandante18. Afirmó que los principios de publicidad, participación e
igualdad deben prevalecer sobre los de eficiencia y autonomía administrativa, por
lo que acceder a las pretensiones de las demandas permitirá restaurar la confianza
en los procesos de carrera administrativa.
La Comisión Nacional del Servicio Civil19. Se ratificó en que realizó la publicación
del cronograma del proceso de selección en el marco de las convocatorias 507 a
16 Índice 147 ibid.
17 Índices 312 y 338 ibid.
18 Índices 308 y 340 ibid.
19
Índices 43 y 45 ibid.
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591 de 2017; y los municipios de Cajicá, Cota, Facatativá, Girardot, Mosquera,
Paratebueno, Tocancipá, Sasaima, Soacha20, reiteraron los argumentos
expuestos en las contestaciones de la demanda.
Los entes territoriales de Cucunubá, El Colegio, Fusagasugá, Guasca, La Mesa,
Silvania, Supatá, Susa, Tiribita21, solicitaron negar las pretensiones de la
demanda, porque la publicidad de que trata el artículo 8.8 del CPACA no tiene
aplicación al presente asunto. Además, que la ausencia de firma del representante
legal no es requisito de validez del acto.
Los municipios de Cogua, Fómeque, Fosca, El Rosal, El Tabio, Madrid, Medina,
Quipile, Sibaté, Subachoque, Tena, Tenjo y Villapinzón22, sostuvieron que se
debe declarar probada la falta de legitimación en la causa en la medida en que no
participaron en la expedición de los actos enjuiciados.
El Ministerio Público no rindió concepto.
Se resolverá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
Manifestación de impedimento
El doctor Juan Camilo Morales Trujillo manifestó impedimento para conocer del
asunto, expresando que en este caso sostiene una relación de amistad íntima con
el señor Gustavo Quintero Navas, apoderado judicial del municipio de la Mesa,
vinculado a la presente actuación. En razón a lo anterior, considera que podría estar
incurso en la causal de recusación establecida en el numeral 9 del artículo 141 del
Código General del Proceso.
El régimen de impedimentos se fundamenta en la necesidad de preservar la
integridad moral del funcionario que reconoce la existencia de situaciones de hecho
que pueden comprometer su criterio en la decisión y, de otra parte, constituye una
garantía de imparcialidad y transparencia de la justicia en los juicios que emite en
los casos de su conocimiento.
Respecto de la causal invocada, la Corte Constitucional23, ha indicado que: «[…]
Tal vínculo afectivo debe ser de un grado tan importante que eventualmente pueda
llevar al juzgador a perder su imparcialidad. Es decir, no todo vínculo personal ejerce
influencia tan decisiva en el juez como para condicionar su fallo. Es precisamente
20 Índices 342, 349, 354, 367, 370, 372, ibid. El municipio de Lenguazaque presentó alegatos de forma
extemporánea (índice 385 ibis).
21 Índices 306, 314, 341, 352 a 354, 356, 359, 362, 369, ibid.
22 Índices 314, 317, 344 a 346, 350, 357, 360, 361, 363, 366, 371, 373, 375, 376, ibid.
23 Corte Constitucional. Sentencia T-515 de 1992. M.P. Alejandro Martínez Caballero y Fabio Morón Diaz.
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esto lo que debe establecer en el caso concreto la autoridad judicial ante la cual se
plantea el impedimento o la recusación. […]». (Subrayas de la Sala.
De conformidad con las anteriores precisiones, la Sala encuentra acreditado que el
señor Gustavo Quintero Navas es apoderado del municipio de La Mesa en el
proceso de la referencia; de allí que las razones expuestas por el consejero Juan
Camilo Morales Trujillo resultan adecuadas a la causal invocada, teniendo en cuenta
que los sentimientos de afecto, derivados de los lazos íntimos de amistad que indicó
mantener con el apoderado pueden comprometer su imparcialidad y objetividad al
momento de resolver en relación con la legalidad de los actos sometidos a control
judicial.
De la excepción formulada
Previo al pronunciamiento de fondo, se hace necesario realizar el análisis respecto
de la falta de legitimación en la causa por pasiva formulada por los municipios
de Chía, Cota, Girardot, Sasaima, Paratebueno, Quebradanegra, Tocancipá y Útica,
decisión que se difirió para el momento de dictar sentencia mediante auto del 26 de
agosto de 2024.
Esta figura jurídica hace referencia a la posibilidad que tienen las partes de proponer
o controvertir las pretensiones planteadas en la demanda, al ser sujetos procesales
con interés, por activa, en el caso de la parte demandante, o pasiva, en el de la
demandada, en la relación jurídico sustancial que se ventila en el proceso. Se ha
explicado que la legitimación en la causa se puede abordar desde dos
perspectivas24:
a) De hecho. Se configura una vez se traba la litis con la notificación del auto
admisorio de la demanda y permite a los sujetos actuar dentro del proceso para
ejercer su defensa. Bajo este entendido, «quien cita a otro y le atribuye a otro la
lesión o afectación, está legitimado de hecho por activa, y al citado o imputado se
le predica que está legitimado de hecho por pasiva. Cada uno de estos está
legitimado de hecho en los roles procesales que le corresponde25».
b) Material. Se predica de la efectiva titularidad del derecho reclamado (por activa)
y, por pasiva, de quien tiene a su cargo la obligación, es decir, que concierne a la
posibilidad de que la pretensión salga avante y que el accionado sea quien deba
responder por las resultas del proceso.
Se observa que estos entes territoriales fueron vinculados al proceso como terceros
con interés directo en el resultado del proceso, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 171.3 y 227 del CPACA. En este sentido, si bien no expidieron los acuerdos
24 Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 5 de abril de 2018. C.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez. En: Sección Primera. Sentencia del 3 de mayo de 2018. Exp. 05001 23 31 000 2008 00576 01. C.P.
Lucy Jeannette Bermúdez.
25 Ibid.
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enjuiciados, sí son las entidades beneficiarias de los concursos de méritos, por lo
que existe una concurrencia de competencias entre aquellas y la CNSC que da lugar
a la conformación de un litisconsorcio necesario por el cual se impone la
comparecencia de estas autoridades al litigio a efectos de garantizar su efectiva
defensa. No prospera la excepción.
De otra parte, la Sala se abstendrá de analizar los cargos de nulidad en contra de
los manuales de funciones, en la medida en que estos actos no fueron demandados
en el presente asunto. En ese sentido, si bien ambos actos administrativos se
encuentran relacionados porque las vacantes ofertadas en el proceso de selección
emanan del manual de funciones de las entidades destinatarias, lo cierto es que se
trata de actuaciones completamente autónomas e independientes26.
En este sentido habrá de determinarse si: i) los actos administrativos demandados
están viciados de nulidad por su expedición irregular al haberse omitido la
publicación previa de sus proyectos de norma para permitir la participación
ciudadana en su configuración; ii) fueron expedidos con violación de las normas en
que debía fundarse, al haber sido firmados únicamente por el presidente de la
CNSC y no junto con el alcalde de cada municipio beneficiario del certamen; y iii)
en el concurso de méritos del municipio de Cota se omitió adoptar las equivalencias
para los empleos pertenecientes a los distintos niveles jerárquicos de ese ente
territorial.
Validez de los actos administrativos
La validez de un acto administrativo hace alusión a la conformidad que este tiene
con el ordenamiento jurídico, consecuencia del respeto a la legalidad o del
sometimiento a las exigencias del derecho vigente, o, en otras palabras, se refiere
al valor que tiene el acto administrativo cuando es confrontado con los preceptos
legales, los cuales generan acatamiento por parte de los administrados en la medida
en que rigen las relaciones entre ellos y el Estado27.
Se requiere entonces que el acto administrativo reúna las siguientes condiciones: i)
que se haya dictado por autoridad competente; ii) que su contenido se ajuste a la
Constitución y al ordenamiento jurídico vigente; iii) que su expedición se haya
hecho de manera regular; iv) que los motivos que lo justifican resultan acordes con
la realidad; y v) que el ejercicio de la atribución con base en la cual se profirió,
satisfaga intereses públicos o los específicos a los que responde dicha
competencia.
Los vicios invalidantes de los actos administrativos en nuestro ordenamiento jurídico
aluden a todas aquellas circunstancias que tienen la capacidad de suprimirles
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Auto del 22 de
noviembre de 2023, exp. núm. 2239-2019. C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
27 Carlos Ariel Sánchez Flores. Acto Administrativo. Teoría General. Editorial Legis. 2004. Pág. 98.
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validez a las manifestaciones de voluntad de la administración como consecuencia
del incumplimiento de los requisitos legalmente establecidos para que estas se
produzcan conforme a derecho.
Respecto de la clasificación de estos vicios, el profesor Jaime Orlando Santofimio
Gamboa28 analiza los elementos del acto administrativo que resultan afectados con
la irregularidad que corresponda. Por la pertinencia de este aporte para lo que es
objeto de estudio, se puede sintetizar de la siguiente manera:
a) Elementos externos, entendidos como irregularidades que se predican del
sujeto activo o autoridad que profiere la decisión. Causales:
• Falta de competencia;
• Desconocimiento del debido proceso y del derecho de defensa;
• Voluntad de la administración: i) error, ii) fuerza, y iii) dolo;
• De forma o de procedimiento: i) sustanciales -conducen a su nulidad- y ii) de
forma -no generan nulidad-. (Se destaca).
b) Elementos internos, se trata de defectos que afectan propiamente el acto
administrativo. Causales:
• Respecto de su objeto: i) imposibilidad, ii) ilicitud, iii) indeterminación e vi)
inexistencia;
• En relación con sus motivos: falsa motivación e inexistencia de ella;
• En cuanto a su finalidad: desviación de poder.
En relación con los vicios sustanciales, esta corporación29 ha señalado que son
invalidantes del acto y se deben entender como «el preámbulo, el contenido, los
argumentos o razones, la motivación, la parte dispositiva y los recursos
procedentes»; por el contrario, los de forma o accidentales, son aquellos que «no
son sustanciales al trámite o al debido proceso del acto, de aquéllos que sí lo son,
para determinar que los primeros no tienen la virtud de generar la anulación del acto
que lo padece».
De la ausencia de publicación de los proyectos de convocatoria
El propósito de la democratización del procedimiento administrativo se ve reflejado
en disposiciones constitucionales como el artículo 1.° Superior, conforme al cual el
Estado colombiano se encuentra organizado bajo la forma de república
democrática, participativa y pluralista; el artículo 2, que indica que uno de los fines
esenciales del Estado es facilitar la participación de todos en las decisiones que los
afectan; así como el 209 del mismo ordenamiento, que al contemplar los principios
que rigen la función administrativa, prevé los de interés general y publicidad.
28 Santofimio Gamboa, Jaime Orlando. Acto administrativo: Procedimiento, eficacia y validez. Universidad
Externado de Colombia.
29 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 31 de enero de 2019, radicado: 11001-
03-25-000-2016-01017-00 (4574-2016).
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De este régimen constitucional se derivan, a su vez, los principios de la función
administrativa consagrados en el artículo 209 Superior y replicados en el artículo 3
de la Ley 489 de 1998, en virtud de los cuales el ejercicio de la administración debe
atender a cabalidad la participación, la publicidad, la transparencia y el interés
general.
El CPACA también contiene los principios que guían las decisiones de las
autoridades, entre otros, los del debido proceso, transparencia, publicidad y
participación. Sobre este último, el artículo 3.6 de dicha disposición, indica que
constituye el fundamento para que las autoridades promuevan y atiendan las
iniciativas que adelanten los ciudadanos, organizaciones y comunidades, con el fin
de intervenir en los procesos de deliberación, formulación, ejecución, control y
evaluación de la gestión pública.
Por su parte, el artículo 8.8 del CPACA establece el deber que tienen las entidades
estatales y los particulares que cumplan funciones administrativas, de mantener
informados a los administrados de los proyectos de actos administrativos de
carácter general y abstracto que pretendan expedir en ejercicio de su potestad
regulatoria, con la finalidad «de recibir opiniones, sugerencias o propuestas
alternativas. Para el efecto, deberán señalar el plazo dentro del cual se podrán
presentar observaciones, de las cuales se dejará registro público […]».
Frente a esta cuestión, el 14 de septiembre de 2016, la Sala de Consulta y Servicio
Civil del Consejo de Estado30 precisó que la expresión «proyectos específicos de
regulación» debe entenderse como toda propuesta de acto administrativo general
y abstracto que pretenda ser expedida por una autoridad administrativa en un
asunto o materia de su competencia.
En lo que se refiere al plazo para la recepción de las observaciones, en dicha
decisión se sostuvo que debe fijarse buscando alcanzar un equilibrio que permita
la más amplia participación ciudadana posible sin que ello repercuta negativamente
o demore en exceso el normal desarrollo de las competencias de las autoridades
administrativas. Por tal motivo, estimó que, en tales casos, se debe garantizar que
la sociedad pueda intervenir durante un periodo que resulte razonable, proporcional
y adecuado.
De esta forma, la normativa prevé una etapa previa a la definición y expedición de
las regulaciones, consistente en compartirle a la comunidad el contenido de estas
30 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 14 de septiembre de 2016. Exp.
11001030600020160006600 (2291). Se aclara que si bien conforme al artículo 112 del CPACA los conceptos
de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado no son vinculantes, salvo que la ley disponga lo
contrario, nada obsta para que, al constituir opiniones técnico jurídicas emitidas por esta Corporación en
ejercicio de la función asesora o consultiva que le asigna el artículo 237-3 superior, sirvan de apoyo en la
fundamentación de una determinada decisión judicial, no porque propiamente se le reconozca algún tipo de
obligatoriedad sino porque el funcionario encargado de administrar justicia encuentra ajustados los
razonamientos aducidos en tales conceptos.
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en borrador. Mecanismo que tiene como propósito garantizar la participación de las
personas que eventualmente podrían verse afectadas por estas decisiones, lo que
permite que el proceso de diseño de dichos actos administrativos tenga en
consideración los intereses de los grupos sobre los cuales podrían llegar a tener un
impacto, pues la democratización de las decisiones estatales redunda en favor de
su legitimidad y en una mayor transparencia en su adopción.
Resolución al caso concreto
Para la parte demandante los actos acusados están viciados de nulidad porque se
omitió dar publicidad previa a los acuerdos de convocatoria. A su turno, la CNSC
afirma que le dio aplicación a la normativa especial, esto es, la publicación de la
convocatoria y de los acuerdos en su página web. Este último argumento fue
reiterado por varias de las entidades vinculadas.
Conforme lo ha sostenido esta subsección31 en los proyectos de acto administrativo
mediante los cuales se convoca y establecen las reglas para la ejecución de los
procesos de selección que adelanta la CNSC, la publicación previa es de obligatorio
cumplimiento tanto para dicha entidad como para las demás autoridades que
convergen en la realización del proceso de selección.
Contrario a lo señalado por la parte demandada, a pesar de que existe normativa
especial que regula los elementos para proveer los cargos de carrera administrativa,
esto es, la Ley 909 de 200432 y sus decretos reglamentarios, lo cierto es que en este
caso la CNSC no está eximida de dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 8.8
del CPACA, pues el artículo 2 de esta última disposición ordena que los asuntos no
previstos en las reglas especiales de procedimiento se regirán por lo establecido en
el CPACA y es aplicable a los deberes de las autoridades en materia de atención al
público que no están regulados de manera específica en la mencionada Ley 909 de
2004.
Ello, por cuanto toda actuación de las autoridades está sujeta a la Constitución y la
ley, y el artículo 8.8 claramente establece que en el marco de los deberes de
información y publicidad «en todo caso la autoridad adoptará autónomamente la
decisión que a su juicio sirva mejor el interés general».
Tampoco es suficiente como lo entiende la CNSC que la exigencia se colme con
unas reuniones que se realizaron en el año 2017 con representantes de varios de
los municipios -según unas planillas de asistencia33-, pues estas corresponden a la
fase de planeación y el principio de coordinación entre las entidades. Nótese que la
31 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencias del 3 de junio de 2021. Exp.
11001032500020180155100 (5060-18) y del 26 de enero de 2023. Exp. 11001032500020210020900 (1324-
2021). C.P. William Hernández Gómez
32 «Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y
se dictan otras disposiciones».
33
Anexo 1 del cd visible a folio 181 del cuaderno físico principal 4777-2018.
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mayoría de estas reuniones tuvieron como finalidad los reportes de las OPEC de
los entes territoriales beneficiarios, asesoría en registros de aquellas, recaudo de
derechos de participación, asesoría reporte en la plataforma SIMO y del manual de
funciones, entre otros. Motivo por el cual, esa etapa no puede considerarse como
un elemento que suplió la obligación que tienen todas las entidades estatales de
atender los principios de democracia participativa y democratización de la gestión
pública.
Así, la omisión en la publicación previa de los actos administrativos demandados
desconoce las garantías de participación ciudadana propias de la gestión
administrativa y vulnera el debido proceso «por la pretermisión de una actuación
obligatoria en el marco del procedimiento administrativo general; a la vez que
desconoce las garantías de la participación […] al impedir que las personas
interesadas consulten la regulación específica que pretenden aplicar las
autoridades a un determinado proceso de selección34».
En este sentido, dicha falencia afecta la validez del acto administrativo en estas
condiciones, por cuanto habrá nacido a la vida jurídica viciado de nulidad por haber
sido expedido de manera irregular al vulnerar el debido proceso y el principio de
participación ciudadana implícito en la regla de publicación de los proyectos
específicos de regulación. Se destaca que, si bien en anteriores decisiones la
Sección había considerado que en la ponderación de principios tenía más peso
relativo el de la eficacia en la función administrativa que el de participación, esta
tesis fue reevaluada de forma reciente en la sentencia que se citó previamente.
En conclusión, con la expedición de los acuerdos enjuiciados se desconoció lo
previsto por el artículo 8.8 del CPACA al no adelantarse la publicación previa de sus
proyectos de norma para efectos de garantizar la participación ciudadana, lo cual
vicia de nulidad la totalidad de los actos por haberse expedido en forma irregular al
omitirse un requisito previo, necesario para su validez, motivo por el cual, por
sustracción de materia a la subsección se releva de realizar el estudio de los demás
cargos planteados por la parte actora frente a los mismos. Igual consideración se
aplica a la excepción de cosa juzgada planteada por el municipio de Cota frente a
la infracción del artículo 31.1 de la Ley 909 de 2004, esto es, la firma del
representante legal del ente territorial.
En virtud de la facultad de la Sala para modular los efectos en el tiempo de sus
decisiones35, la declaratoria de nulidad de los actos demandados únicamente tendrá
efectos a partir de la fecha de ejecutoria de la decisión y en adelante, de manera
que se mantengan a salvo las situaciones jurídicas consolidadas.
34
Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 12 de junio de 2025. Exp. 11001-03-25-
000-2021-00468-00 (2277-2021). C.P. Juan Camilo Morales Trujillo.
35 Sobre los efectos de las sentencias de nulidad y la posibilidad de modularlos se puede consultar: Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 27 de abril de 2017. Exp. 11001-03-25-000-2013-01087-
00 (2512-2013). C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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Finalmente, se exhortará a la CNSC y a todas las demás autoridades que
convengan con aquella la realización de procesos de selección para proveer
empleos de carrera administrativa, para que, en lo sucesivo, publiquen los proyectos
de acuerdo mediante los cuales se convoca y establecen las reglas para la
ejecución del respectivo proceso, en cumplimiento de lo preceptuado en el inciso
octavo del artículo 8 de la Ley 962 de 2005 y los artículos 3.6 y 8.8 del CPACA.
Condena en costas
El artículo 188 del CPACA establece que, por regla general, no habrá condena en
costas cuando el asunto objeto de litigio sea de interés público; y que,
excepcionalmente, procederá la imposición de costas en este escenario cuando la
demanda haya carecido manifiestamente de fundamento legal. La norma hace
referencia a las pretensiones cuyo interés trasciende la esfera de lo particular al
abordar asuntos de provecho general o común que pueden ser promovidos por
cualquier persona y no persiguen el reconocimiento de derechos subjetivos en favor
de un sujeto determinado.
En el caso concreto, se tiene que el medio de control fue presentado en ejercicio
del medio de control de nulidad, el cual trasciende de la esfera particular a la general
al abordar asuntos de interés común que pueden ser promovidos por cualquier
persona y no persigue el reconocimiento de derecho subjetivo alguno.
Adicionalmente, no se advierte que la demanda haya carecido manifiestamente de
fundamento legal, toda vez que se plantearon cuestionamientos jurídicos contra los
actos administrativos demandados que debieron ser analizados tanto al decidir la
medida cautelar como en la sentencia. En consecuencia, se prescindirá de la
condena en costas en el presente proceso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. DECLARAR FUNDADA la manifestación de impedimento realizada por el
consejero de Estado Juan Camilo Morales Trujillo. Por lo tanto, se le separa del
conocimiento del presente asunto.
Segundo. DECLARAR NO PROBADA la excepción falta de legitimación en la
causa por pasiva formulada por los municipios de Chía, Girardot, Cota,
Paratebueno, Quebradanegra, Tocancipá, Útica y Sasaima, según las
consideraciones expuestas.
Tercero: DECLARAR LA NULIDAD de los Acuerdos CNSC 20182210000086,
20182210000076, 20182210000106, 20182210000126, 20182210000916,
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20182210000146, 20182210000156, 20182210000176, 20182210000186,
20182210000206, 20182210000216, 20182210000246, 20182210000266,
20182210000276, 20182210000296, 20182210000316, 20182210000326,
20182210000336, 20182210000346, 20182210000366, 20182210000376,
20182210000406, 20182210000416, 20182210000436, 20182210000456,
201822100000476, 20182210000486, 20182210000496, 20182210000516,
20182210000526, 20182210000536, 20182210000546, 20182210000566,
20182210000576, 20182210000596, 20182210000606, 20182210000626,
20182210000646, 20182210000656, 20182210000666, 20182210000676,
20182210000686, 20182210000706, 20182210000036, 20182210000046,
20182210000056, 20182210000066, 20182210000096, 20182210000116,
20182210000136, 20182210000166, 20182210000196, 20182210000226,
20182210000236, 20182210000256, 20182210000286, 20182210000306,
20182210000356, 20182210000386, 20182210000396, 20182210000426,
20182210000446, 20182210000466, 20182210000506, 20182210000556,
20182210000586, 20182210000616, 20182210000636, 20182210000696,
20182210000716, 20182210000726, 20182210000736, 20182210000746,
20182210000756, 20182210000766, 20182210000776, 20182210000786,
20182210000796, 20182210000806, 20182210000816, 20182210000826,
20182210000836, 20182210000846, 20182210000856 y 20182210000866 del 18 de
enero de 2048, expedidos por la Comisión Nacional del Servicio Civil, según las
consideraciones expuestas.
La declaración de nulidad de estos actos solo tendrá efectos a partir de la fecha de
ejecutoria de la presente sentencia y únicamente puede afectar situaciones jurídicas
no consolidadas.
Cuarto. EXHORTAR a la Comisión Nacional del Servicio Civil y a todas las demás
autoridades que convengan con aquella a la realización de procesos de selección
para proveer empleos de carrera administrativa, para que, en lo sucesivo, publiquen
los proyectos de acuerdo mediante los cuales se convoca y establecen las reglas
para la ejecución del respectivo proceso, en cumplimiento de lo preceptuado en el
inciso octavo del artículo 8 de la Ley 962 de 2005 y los artículos 3.6 y 8.8 del CPACA.
Quinto. Sin condena en costas.
Sexto. Reconocer personería adjetiva a los siguientes abogados:
• Julio César Painchault Pérez identificado con cédula de ciudadanía 2.135.953
y portador de la tarjeta profesional 171.207 del Consejo Superior de la
Judicatura, como apoderado del municipio de Villapinzón (índice 310).
• Orlando Moreno Moreno identificado con cédula de ciudadanía 72.269.973 y
portador de la tarjeta profesional 168.976 del Consejo Superior de la Judicatura,
como apoderado del municipio de Fúquene (índice 323).
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Radicado: 11001-03-25-000-2018-01440-00 (4777-2018) acumulado
• Juan Manuel Retis Amaya identificado con cédula de ciudadanía 79.648.380 y
portador de la tarjeta profesional 121.489 del Consejo Superior de la Judicatura,
como apoderado del municipio de Supatá (índice 343).
• José Alirio Tovar Gómez identificado con cédula de ciudadanía 79.062.107 y
portador de la tarjeta profesional 126.602 del Consejo Superior de la Judicatura,
como apoderado del municipio de Quipile (índice 345).
• Oliver Elías Muñetones Gaitán identificado con cédula de ciudadanía
1.018.420.662 y portador de la tarjeta profesional 219.402 del Consejo Superior
de la Judicatura, como apoderado del municipio de La Calera (índice 346).
• Yeimi Carolina Gómez Muñoz identificada con cédula de ciudadanía
1.018.420.662 y portadora de la tarjeta profesional 219.402 del Consejo
Superior de la Judicatura, como apoderada del municipio de Mosquera (índices
347, 370 y 389).
• Álvaro Enrique Páez Rodríguez identificado con cédula de ciudadanía
1.018.420.662, y portador de la tarjeta profesional 219.402 del Consejo Superior
de la Judicatura, como apoderado del municipio de Susa, Cucunubá y
Tocancipá (índices 234, 352 y 353).
• Angie Lizel Trujillo Torresb identificada con cédula de ciudadanía 1.010.223.999
y portadora de la tarjeta profesional 348.028 del Consejo Superior de la
Judicatura, como apoderada del municipio de Silvania (índice 358).
• Jorge Enrique Sánchez Garzón identificado con cédula de ciudadanía
1.018.420.662 y portador de la tarjeta profesional 219.402 del Consejo Superior
de la Judicatura, como apoderado del municipio de Sibaté (índice 361).
• Yesika Camila Pardo García identificada con cédula de ciudadanía
1.014.263.973 y portadora de la tarjeta profesional 330.576 del Consejo
Superior de la Judicatura, como apoderada del municipio de Fosca (índice 363).
• Asesores Jurídicos & Consultores Empresariales S.A.S. identificada con
número de identificación tributaria 900.430.553-0, cuyo objeto social principal
es la prestación de servicios legales, en los términos y para los efectos del poder
conferido. Igualmente, al abogado Gustavo Arnulfo Quintero Navas identificado
con cédula de ciudadanía 79.288.589 y portador de la tarjeta profesional 42.992
del Consejo Superior de la Judicatura, quien además actúa como representante
legal de la sociedad identificada previamente, como apoderado del municipio de
La Mesa (índices 365 y 378).
• Saúl Orlando León Cagua identificado con cédula de ciudadanía 11.276.759 y
portador de la tarjeta profesional 248.725 del Consejo Superior de la Judicatura,
como apoderado del municipio de El Rosal (índice 366).
• Yuly Yised Murcia Londoño identificada con cédula de ciudadanía 40.328.999 y
portadora de la tarjeta profesional 211.863 del Consejo Superior de la
Judicatura, como apoderada del municipio de Paratebueno (índice 367).
• Luis Fernando Uribe Uribe identificado con cédula de ciudadanía 11.310.259,
portador de la tarjeta profesional 107.295 del Consejo Superior de la Judicatura,
y Jairo Beltrán Galvis identificado con cédula de ciudadanía 13.259.169,
portador de la tarjeta profesional 27.377 del Consejo Superior de la Judicatura,
como apoderados principal y sustituto del municipio de Girardot (índice 372).
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Radicado: 11001-03-25-000-2018-01440-00 (4777-2018) acumulado
• Abogados con Propósitos S.A.S. identificada con número de identificación
tributaria 901.572.554-0, cuyo objeto social principal es la asesoría, consultoría
y representación judicial y extrajudicial de asuntos jurídicos a personas
naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras, en los términos y para los efectos
del poder conferido. Igualmente, al abogado César David Gordillo Vidales
identificado con cédula de ciudadanía 91.292.612 y portador de la tarjeta
profesional 107.833 del Consejo Superior de la Judicatura, quien además actúa
como representante legal de la sociedad identificada previamente, como
apoderado del municipio de Madrid (índice 377).
• John Jaime Cárdenas Benítez identificado con cédula de ciudadanía
1.010.244.580 y portador de la tarjeta profesional 362.114 del Consejo Superior
de la Judicatura, como apoderado del municipio de Sasaima (índice 366).
• Helena Carolina Prieto García identificada con cédula de ciudadanía 39.619.141
y portadora de la tarjeta profesional 76.512 del Consejo Superior de la
Judicatura, como apoderada del municipio de Fusagasugá (índice 395).
Quinto. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse las
anotaciones correspondientes y archívese el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Con manifestación de impedimento
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