Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2019-00689-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2019-00689-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2019-00689-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
4 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D. C., cuatro (4) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 76001-23-33-000-2019-00689-01 (1070-2025)
Demandante: Héctor Junior Jurado Betancourt
Demandados: Nación (Ministerio de Educación, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio) y municipio de
Santiago de Cali (Valle del Cauca)
Tema: Pensión ordinaria de docente – Ley 71 de 1988 – vinculación
al servicio educativo antes de la Ley 812 de 2003
Decisión: Adiciona la sentencia de primera instancia en el sentido de
ordenar el cobro de cuotas partes a Colpensiones, dado que
el demandante es beneficiario del régimen pensional
previsto en la Ley 71 de 1988 y cumple los requisitos para
acceder a la prestación
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) contra la sentencia de primera
instancia del 31 de octubre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. El actor interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con el objeto de que se declare la nulidad parcial
del Oficio 4143.020.13.1.953.005261 del 17 de junio de 2019, expedido por la
Secretaría de Educación Municipal de Santiago de Cali y aprobada por el
FOMAG, por medio del cual se negó el reconocimiento y pago de una pensión
de jubilación por aportes.
2. A título de restablecimiento del derecho solicitó i) reconocer a su favor la
citada prestación equivalente al 75 % de los salarios y primas percibidos durante
el año anterior a la consolidación del estatus pensional, efectiva a partir del 5 de
octubre de 2015, compatible con el salario; ii) pagar las mesadas causadas
desde que adquirió el derecho, de manera indexada, más los intereses
moratorios que se generen después de la ejecutoria del fallo; iii) dar cumplimiento
a la sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA); y iv)
condenar en costas a la parte demandada.
3. Como concepto de violación argumentó que el acto acusado infringió las
normas en que debía fundarse, teniendo en cuenta que se vinculó a la docencia
oficial antes del «23 de junio de 2003» y realizó aportes al Instituto de Seguros
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Demandante: Héctor Junior Jurado Betancourt
Sociales, razones por las cuales su régimen pensional está previsto en la Ley 71
de 1988, de acuerdo con el artículo 81 de la Ley 812 de 2003.
Contestación de la demanda
4. El municipio de Santiago de Cali se opuso a las pretensiones porque al
demandante no le resulta aplicable la Ley 71 de 1988, sino las Leyes 100 de 1993
y 797 de 2003, toda vez que no conservó los beneficios del régimen de transición
que establece el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en tanto cumplió 60 años de
edad el 5 de octubre de 2015, es decir, después de la oportunidad que señala el
Acto Legislativo 01 de 2005.
5. Manifestó que carece de legitimación en la causa por pasiva debido a que
la entidad administradora que recibió los aportes es la competente para
reconocer el derecho pensional.
6. Adujo que la pensión de jubilación por aportes es incompatible con el
salario de acuerdo con el artículo 2 del Decreto 2709 de 1994.
7. En ese contexto, propuso las excepciones de falta de legitimación en la
causa por pasiva y la genérica.
8. El FOMAG no contestó la demanda.
Sentencia apelada
9. Mediante sentencia del 31 de octubre de 2024, el Tribunal declaró la
nulidad del acto acusado y le ordenó al FOMAG reconocer y pagar una pensión
de jubilación por aportes a favor del demandante, con base en la Ley 71 de 1988,
equivalente al 75 % de lo devengado durante el año anterior a la consolidación
del estatus pensional, con inclusión de los factores salariales sobre los que se
hicieron los aportes de acuerdo con la Ley 62 de 1985. Para esos efectos, precisó
que el actor debe acreditar las cotizaciones a pensión que debió realizar cuando
se desempeñó como docente contratista y, en caso de que no las hubiere
efectuado o existieren diferencias en su contra, tendrá que pagar el porcentaje
correspondiente.
10. También declaró la prescripción de las mesadas pensionales causadas
antes del 11 de junio de 2016; ordenó indexar las sumas adeudadas; dispuso dar
cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 192 del CPACA; decidió
no imponer condena en costas; y negó las demás pretensiones.
11. Señaló que al demandante le resulta aplicable la Ley 71 de 1988 porque
ingresó a la docencia oficial el 17 de enero de 2000, a través de órdenes de
prestación de servicios suscritas con el departamento del Valle del Cauca.
12. Determinó que el actor acreditaba 29 años, 3 meses y 18 días de servicio
en los sectores público y privado para el momento en que presentó la solicitud
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de reconocimiento pensional, previo descuento de los tiempos durante los cuales
hizo aportes simultáneos en Colpensiones y el FOMAG1, y cumplió 60 años de
edad el 5 de octubre de 2015, fecha en la que consolidó el estatus jurídico.
13. Sostuvo que la pensión de jubilación por aportes es compatible con el
salario de docente, conforme a los artículos 19 (literal g) de la Ley 4.ª de 1992, 5
del Decreto 224 de 1972 y 70 del Decreto 2277 de 1979.
14. Puso de presente que el actor no pudo haber realizado aportes al FOMAG
durante el tiempo en que se desempeñó como docente contratista, razón por la
cual dicha entidad está facultada para repetir contra la «administración
departamental» por el monto de las cotizaciones que debió efectuar como
empleadora. De igual manera, el accionante debe acreditar los aportes que
realizó en cualquier otra entidad de previsión en tal período, so pena de que deba
pagarlos o completarlos.
15. Concluyó que se configuró la prescripción extintiva (trienal) de las
mesadas pensionales causadas antes del 11 de junio de 2016, teniendo en
cuenta que el demandante consolidó el estatus jurídico el 5 de octubre de 2015
y promovió la reclamación administrativa el 11 de junio de 2019.
16. Expuso que no es procedente ordenar el pago de los intereses de mora
que prevé el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, ya que con la demanda se
persigue el reconocimiento de la pensión, motivo por el cual no se puede
entender que la entidad accionada ha incurrido en mora.
Recurso de apelación
17. Inconforme con la decisión, el FOMAG interpuso recurso de apelación
argumentando que el demandante se vinculó como docente afiliado a dicha
entidad el 1.° de septiembre de 2005, de modo que su régimen pensional está
previsto en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.
18. Adujo que la contratación por prestación de servicios está regida por
normas civiles, y que durante los tiempos de labores bajo esta modalidad no se
efectuaron aportes, por lo que tales lapsos no pueden contabilizarse para efectos
pensionales. En igual sentido, señaló que la Ley 71 de 1988 consagra un régimen
jurídico aplicable a quienes estuvieron vinculados laboralmente al sector oficial,
escenario que no incluye a los contratistas.
19. Manifestó que no hay proceso judicial en el cual se controvierta la
existencia de una relación laboral encubierta, de tal manera que no se puede
presumir el vínculo de trabajo.
1
En la sentencia de primera instancia se indició lo siguiente: «correspondientes al 1° hasta el 30 de junio de
2003, del 1° de diciembre de 2003 al 19 de agosto de 2005 y del 1° de junio de 2008 al 31 de marzo de
2009, equivalentes a 58,43 semanas».
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20. Planteó que no es viable ordenar el pago de sumas que nunca se
cotizaron, y que los procesos de cobro de aportes patronales son dispendiosos
en el tiempo, además de que implican más gastos para el FOMAG y un desgaste
para la administración de justicia.
21. Indicó que se debe declarar la prescripción de las mesadas que no fueron
reclamadas oportunamente.
22. Solicitó revocar la sentencia apelada y no imponer condena en costas de
segunda instancia, en tanto no ha realizado actos temerarios ni dilatorios.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
23. Por auto del 12 de junio de 2025 se admitió el recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia de primera instancia.
24. El demandante se pronunció sobre la apelación reiterando que cumple los
requisitos que establece la ley para que se le reconozca una pensión de jubilación
por aportes sin exigir el retiro del servicio.
25. Las entidades demandadas guardaron silencio en esta fase procesal.
26. El ministerio público rindió concepto a través del cual solicitó confirmar la
sentencia de apelada, ya que el actor tiene derecho a que se le reconozca una
pensión de jubilación por aportes, puesto que, si bien la prestación de servicios
como docente contratista no constituye una relación laboral, sí genera una
vinculación al servicio educativo. Además, el demandante se desempeñó como
docente en provisionalidad desde el 26 de diciembre de 2002, es decir, antes del
27 de junio de 2003.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
27. De conformidad con el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021,
el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación.
Problema jurídico
28. Consiste en establecer si las vinculaciones que el demandante tuvo en la
docencia oficial a través de contratos de prestación de servicios antes de que
entrara en vigencia la Ley 812 de 2003 le permiten acceder al régimen pensional
que prevé la Ley 71 de 1988 o no, aun si durante ellas no se efectuaron aportes
a pensión.
29. Adicionalmente, se determinará si en este caso se configuró la
prescripción extintiva (trienal) de mesadas pensionales.
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Análisis del problema jurídico
30. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia porque las tareas que
el demandante desarrolló durante sus vinculaciones al servicio educativo oficial
mediante contratos de prestación de servicios fueron propias de la labor docente,
de tal manera que, al haber ocurrido antes de que entrara en vigencia la Ley 812
de 2003, le permiten acceder al régimen pensional que prevén las Leyes 91 de
1989 y 71 de 1988.
31. Asimismo, el hecho de que no se hayan realizado cotizaciones durante el
tiempo de servicio como docente contratista no impide el reconocimiento de la
pensión de jubilación, sino que genera la necesidad de gestionar el cobro de los
aportes.
32. Además, acertó el Tribunal al declarar la prescripción de las mesadas
pensionales reclamadas después de tres (3) años de su causación.
33. Con el fin de sustentar las anteriores conclusiones, la Sala estima
necesario relacionar los siguientes hechos, los cuales fueron probados con los
documentos aportados al proceso:
i) El demandante nació el 5 de octubre de 19552 y acredita los siguientes
tiempos de servicio como docente en el sector público:
Entidad
Desde - Tipo de Aportes a
contratante o Tiempo
Hasta vinculación pensión
empleadora
Orden de Departamento
17/1/2000 al No se
prestación de del Valle del 91 días
16/4/20003 registran
servicios Cauca
Orden de Departamento
1/11/2001 al No se
prestación de del Valle del 45 días
15/12/20014 registran
servicios Cauca
Orden de Departamento
8/1/2002 al No se
prestación de del Valle del 179 días
5/7/20025 registran
servicios Cauca
Orden de Departamento
26/8/2002 al No se
prestación de del Valle del 89 días
22/11/20026 registran
servicios Cauca
2
Registro civil de nacimiento y cédula de ciudadanía del actor (índice 21 de SAMAI del tribunal, anexos de
la demanda).
3
Orden de prestación de servicios 252 del 24 de abril de 2000 y certificación expedida el 20 de mayo de
2019 por la Subsecretaría Administrativa y Financiera de la Secretaría de Educación Municipal de Santiago
de Cali (índice 12 de SAMAI del tribunal, anexos de la reforma de la demanda).
4
Orden de prestación de servicios 1558 del 1.° de noviembre de 2001 y certificación expedida el 20 de mayo
de 2019 por la Subsecretaría Administrativa y Financiera de la Secretaría de Educación Municipal de
Santiago de Cali (índice 12 de SAMAI del tribunal, anexos de la reforma de la demanda).
5
Orden de prestación de servicios 2022 del 8 de enero de 2002 y certificación expedida el 20 de mayo de
2019 por la Subsecretaría Administrativa y Financiera de la Secretaría de Educación Municipal de Santiago
de Cali (índice 12 de SAMAI del tribunal, anexos de la reforma de la demanda).
6
Orden de prestación de servicios 2022 del 26 de agosto de 2002 y certificación expedida el 20 de mayo de
2019 por la Subsecretaría Administrativa y Financiera de la Secretaría de Educación Municipal de Santiago
de Cali (índice 12 de SAMAI del tribunal, anexos de la reforma de la demanda).
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Demandante: Héctor Junior Jurado Betancourt
Municipio de
Nombramiento
26/12/2002 Santiago de
en FOMAG 104 días
al 8/4/20037 Cali (Valle del
provisionalidad
Cauca)
Municipio de
Nombramiento
29/4/2003 al Santiago de
en FOMAG 72 días
9/7/20038 Cali (Valle del
provisionalidad
Cauca)
Municipio de
11/11/2003 Nombramiento
Santiago de
al en FOMAG 648 días
Cali (Valle del
19/8/20059 provisionalidad
Cauca)
1/9/2005 al
20/5/201910 Municipio de
(fecha de Nombramiento Santiago de
FOMAG 5010 días
expedición en propiedad Cali (Valle del
del Cauca)
certificado)
6238 días,
equivalentes a 17
TIEMPO TOTAL DE SERVICIO
años, 3 meses y 28
días
ii) El actor también registra 686 semanas de cotización en Colpensiones,
producto de labores realizadas en los sectores público y privado, entre el
13 de septiembre de 1978 y el 31 de marzo de 200911, de manera
discontinua, equivalentes a 13 años, 4 meses y 2 días12.
Sin embargo, no es posible contabilizar todo este tiempo para efectos
pensionales, ya que hubo simultaneidad con lapsos en los que se
efectuaron aportes al FOMAG13. Así pues, del período cotizado en
Colpensiones es viable computar el siguiente:
Período Días no simultáneos
13/9/1978 al 15/12/1978 94 días
6/9/1983 al 30/6/1984 299 días
1/10/1984 al 30/6/1985 273 días
Sector
26/9/1985 al 31/10/1986 401 días
privado
1/11/1986 al 30/9/1987 334 días
1/10/1987 al 31/8/1988 336 días
1/9/1988 al 31/1/1990 518 días
7
Formato único para la expedición de certificado de historia laboral 18580 del 20 de mayo de 2019, emitido
por la Secretaría de Educación Municipal de Santiago de Cali (índice 21 de SAMAI del tribunal, anexos de
la demanda).
8
Formato único para la expedición de certificado de historia laboral 18580 del 20 de mayo de 2019, emitido
por la Secretaría de Educación Municipal de Santiago de Cali (índice 21 de SAMAI del tribunal, anexos de
la demanda).
9
Formato único para la expedición de certificado de historia laboral 18580 del 20 de mayo de 2019, emitido
por la Secretaría de Educación Municipal de Santiago de Cali (índice 21 de SAMAI del tribunal, anexos de
la demanda).
10
Formato único para la expedición de certificado de historia laboral 18580 del 20 de mayo de 2019, emitido
por la Secretaría de Educación Municipal de Santiago de Cali (índice 21 de SAMAI del tribunal, anexos de
la demanda).
11
Reporte de semanas cotizadas en pensiones del 19 de marzo de 2019, expedido por Colpensiones (índice
21 de SAMAI del tribunal, anexos de la demanda).
12
El cálculo se realizó multiplicando 686 semanas por 7 días (parágrafo 2 del artículo 33 de la Ley 100 de
1993), operación que arrojó un resultado de 4802 días. Luego, esta última suma se dividió entre 30 días, a
fin de establecer el número de meses, ejercicio con el cual se obtuvo un resultado de 160 meses y 2 días;
después, los 160 meses se dividieron entre 12 para hallar el número de años.
13
Al respecto, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
B, sentencia del 13 de febrero de 2025, expediente 68001-23-33-000-2018-00120-01 (5162-2022).
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1/2/1990 al 31/8/1990 212 días
1/9/1990 al 31/3/1991 212 días
1/4/1991 al 19/6/1991 80 días
25/1/1983 al 18/4/1983 84 días
20/11/1989 al 31/12/1989 42 días
4/5/1992 al 31/10/1992 181 días
1/11/1992 al 31/5/1994 577 días
1/6/1994 al 31/12/1994 214 días
Enero de 1995 31 días
Sector
Agosto de 2003 31 días
público
3919 días, equivalentes a 10 años,
TOTAL
10 meses y 19 días
34. El artículo 320 del CGP establece que el recurso de apelación tiene por
objeto que el superior examine la cuestión decidida, solamente en relación con
los reparos concretos formulados por el apelante, para que aquella se revoque o
se reforme. A su turno, el artículo 328 ibidem dispone que el juez de segunda
instancia deberá pronunciarse, únicamente, sobre los argumentos expuestos por
quien apela, sin perjuicio de las determinaciones que deba tomar de oficio, según
la ley.
35. Una vez precisado lo anterior, en primer lugar, el artículo 81 de la Ley 812
de 2003 y el parágrafo transitorio 1 del artículo 48 de la Constitución Política
(adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2005) establecen que el
régimen pensional de los docentes vinculados al servicio educativo oficial antes
de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 (27 de junio de 2003) es el
previsto en la Ley 91 de 1989, que habilita la remisión a la Ley 71 de 198814.
36. De igual manera, en la Sección Segunda del Consejo de Estado existe una
jurisprudencia pacífica y reiterada según la cual los períodos en los que un
docente hubiere laborado en el sector público a través de contratos de prestación
de servicios antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 son válidos
para efectos de acceder al régimen pensional de que trata la Ley 71 de 1988 y
acreditar los veinte (20) años de servicio que esta última exige para adquirir el
derecho a una pensión de jubilación, aun sin que haya sentencia judicial que
declare la configuración de una relación laboral encubierta, teniendo en cuenta
que la labor desarrollada en dichos lapsos es propia e inherente a la condición
de docente oficial15.
37. En ese contexto, está demostrado que el demandante ingresó a la
docencia oficial el 17 de enero de 2000, razón por la cual su régimen pensional
no está previsto en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, como lo adujo la entidad
accionada en el recurso de apelación, sino en la Ley 91 de 1989, que permitía
analizar su situación jurídica conforme a la Ley 71 de 1988.
14
Al respecto, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
A, sentencia del 17 de julio de 2025, expediente 52001-23-33-000-2018-00464-01 (1334-2022).
15
Al respecto, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
A, sentencia del 19 de enero de 2023, expediente 15001-23-33-000-2019-00103-01 (3083-2022).
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Demandante: Héctor Junior Jurado Betancourt
38. La Sala debe aclarar que, como al actor no le resultan aplicables las
disposiciones de las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, su acceso al régimen
pensional de la Ley 71 de 1988 no está condicionado al cumplimiento de los
requisitos de la transición que establece el artículo 36 de la Ley 100 de 199316.
39. En segundo lugar, la posibilidad de contabilizar los períodos en que el
demandante fungió como docente contratista entre los años 2000 y 2002 no
puede estar supeditada a demostrar la realización de aportes con destino al
sistema de pensiones durante dicho tiempo, ya que para ese momento no existía
norma jurídica que estableciera la obligación de efectuar tales cotizaciones en el
caso de los contratistas por prestación de servicios, pues esta se introdujo en el
ordenamiento jurídico colombiano en el año 2003, con la Ley 79717.
40. Lo anterior no implica convalidar el reconocimiento y pago de pensiones
con base en tiempos de servicio respecto de los cuales no se hayan realizado
aportes, debido a que esto contravendría el principio de sostenibilidad financiera
del sistema pensional previsto en el artículo 48 de la Constitución Política y la
jurisprudencia unificada de esta corporación18. En este tipo de situaciones, lo que
corresponde es ordenar a la entidad de previsión que realice el cobro de los
aportes a quienes fungieron como contratante y contratista, en los porcentajes
que la ley señala para el empleador y el trabajador, respectivamente, de la forma
en que lo dispuso el Tribunal en la sentencia apelada.
41. En tercer lugar, los numerales 1 y 5 del artículo 5 de la Ley 91 de 1989
establecen que el FOMAG tiene como objetivos efectuar el pago de las
prestaciones sociales del personal afiliado y velar porque sus deudores cumplan
con el pago de las obligaciones. Así las cosas, no es aceptable que la entidad se
oponga a reconocer el derecho pensional de uno de sus afiliados que cumple los
requisitos legales aduciendo que el cobro de aportes implica gestiones
demoradas y costosas, pues lo que se trata es justamente del cumplimiento de
las funciones que le asignó el legislador.
42. En cuarto lugar, teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala advierte que el
demandante acumuló veinte (20) años de servicio el 15 de abril de 2011, pero
cumplió 60 años de edad el 5 de octubre de 2015, lo cual significa que en esta
última fecha consolidó el estatus pensional con base en la Ley 71 de 1988, tal
como lo determinó el Tribunal.
43. Sobre esa base, la Sala comparte la decisión de primera instancia en punto
de que se configuró la prescripción extintiva (trienal) de las mesadas pensionales
causadas hasta el 10 de junio de 2016, tomando en consideración que el
accionante promovió la reclamación administrativa el 11 de junio de 2019 y
presentó la demanda el 6 de agosto de 2019.
16
En igual sentido, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 18 de noviembre de 2020, expediente 66001-23-33-000-2016-00082-01 (4676-
2017).
17
Al respecto, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
A, sentencia del 29 de mayo de 2025, expediente 20001-23-33-000-2019-00340-01 (6154-2024).
18
Ver sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado dentro del expediente 52001-23-33-000-2012-00143-01.
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Radicación: 76001-23-33-000-2019-00689-01 (1070-2025)
Demandante: Héctor Junior Jurado Betancourt
44. Por último, el artículo 187 del CPACA habilita al fallador de segunda
instancia para estudiar y decidir todas las excepciones de fondo, propuestas o
no, sin desmejorar la situación del apelante único.
45. Dentro de ese marco normativo, la Sala advierte que el Tribunal no le
ordenó al FOMAG que realice el cobro de las cuotas partes que correspondan
por todos los aportes que Colpensiones ha recibido a nombre del accionante,
razón por la cual se adicionará la sentencia de primera instancia en tal sentido,
con base en el artículo 11 del Decreto 2709 de 1994.
Condena en costas de segunda instancia
46. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
47. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.
48. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
49. En consecuencia, se condenará en costas al FOMAG, por cuanto se
niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para tal efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas
por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas
por la Secretaría del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley
IV. RESUELVE
PRIMERO. ADICIONAR la sentencia proferida el 31 de octubre de 2024 por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión, en el
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Demandante: Héctor Junior Jurado Betancourt
sentido de ORDENAR al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
que adelante las actuaciones administrativas necesarias para realizar el cobro de
las cuotas partes que correspondan por todos los aportes pensionales que
Colpensiones ha recibido a nombre del señor Héctor Junior Jurado Betancourt,
gestión que no comprometerá el pago de la mesada pensional.
SEGUNDO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.
TERCERO. CONDENAR en costas de segunda instancia al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, a favor del señor Héctor Junior Jurado
Betancourt. Para tal efecto, las agencias en derecho serán fijadas por el
magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por
la Secretaría del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
CUARTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones respectivas y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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