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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2021-00333-01

Fecha
12 de febrero de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2021-00333-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 25 de abril de 2024 por el Tribunal Administrativo del Tolima. SEGUNDO. CONDENAR en costas de segunda instancia a la entidad demandada, de acuerdo con lo establecido en la parte motiva de la presente providencia. TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 73001-23-33-000-2021-00333-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

12 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá D.C., doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicado: 73001-23-33-000-2021-00333-01 (3646-2024)
Demandante: Rosa Inés Martínez Barrero
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, departamento del
Tolima

Tema: Reconocimiento de pensión de jubilación de docente – Ley
33 de 1985

Decisión: Confirmar la sentencia de primera instancia porque la actora
tiene derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación
prevista en la Ley 33 de 1985, equivalente al 75 % del
promedio de la asignación básica, la bonificación mensual
docente y la bonificación pedagógica percibidas en el año
anterior a la consolidación de su estatus pensional.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia de primera instancia del 25 de abril de 2024 proferida por el Tribunal
Administrativo del Tolima.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. La señora Rosa Inés Martínez Barrero instauró demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el objeto de que
se declare la nulidad del Oficio TOL2021EE019476 del 9 de junio de 2021,
expedido por la Secretaría de Educación y Cultura Departamental del Tolima y
aprobada por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(FOMAG), a través del cual se negó el reconocimiento de una pensión de
jubilación.

2. A título de restablecimiento del derecho solicitó: (i) reconocer la citada
prestación con base en las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, equivalente al 75 %
del promedio de lo devengado durante el año anterior a la consolidación del
estatus jurídico, compatible con el salario; (ii) pagar las mesadas causadas desde
que adquirió el derecho, de manera indexada, más los intereses moratorios que
se generen; (iii) dar cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos
189 y 192 del CPACA; y (iv) condenar en costas a la parte demandada.

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Radicación: 73001-23-33-000-2021-00333-01 (3646-2024)
Demandante: Rosa Inés Martínez Barrero

3. Como hechos relevantes, relató que prestó sus servicios docentes en el
municipio de San Luis y en el departamento del Tolima mediante contratos de
prestación de servicios y contratos de trabajo entre el 1.º de febrero de 1985 y el
16 de diciembre de 2003.

4. Señaló que el 30 de diciembre de 2003 ingresó al servicio educativo del
departamento del Tolima, en calidad de docente en provisionalidad, cargo que
desempeñó hasta el 17 de junio de 2005.

5. Indicó que posteriormente retornó al municipio de San Luis para ejercer
como docente a través de contratos de prestación de servicios entre el «8 de
agosto de 2006 y el 8 de agosto de 2008».

6. El 12 de septiembre de 2008, se posesionó nuevamente como docente en
provisionalidad en el departamento del Tolima, y fue nombrada en propiedad en
el año 2010. Desde entonces y hasta la fecha de presentación de la demanda,
ha continuado ejerciendo dicho cargo.

7. En el concepto de violación argumentó que el acto acusado infringió las
normas en que debía fundarse1, teniendo en cuenta que la señora Martínez
Barrero se vinculó al servicio oficial docente con anterioridad a la entrada en vigor
de la Ley 812 de 2003, por lo que el régimen aplicable para el reconocimiento y
pago de su pensión de vejez es el consagrado en la Ley 33 de 1985.

Contestación de la demanda

8. La Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio se opuso a las pretensiones de la demanda
porque la demandante se afilió al FOMAG «el 26 de octubre de 2005», es decir,
en vigencia de la Ley 812 de 2003, motivo por el cual su régimen pensional está
previsto en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, cuyos requisitos no cumple
para acceder a la prestación.

9. Adicionalmente, invocó como excepciones la genérica y la falta de
integración del litisconsorcio necesario, al considerar que la «Secretaría de
Educación del Departamento del Magdalena» era la entidad territorial
competente para elaborar y suscribir el acto demandado.

10. El departamento del Tolima contestó la demanda de manera
extemporánea.

Decisión de las excepciones previas

1
Artículos 1, 2, 3, 4, 6, 13, 25, 29, 53 y 58 de la Constitución Política; parágrafo transitorio 1 del Acto
Legislativo 01 de 2005; 1 de la Ley 33 de 1985; Ley 62 de 1985; 15 de la Ley 91 de 1989; 81 de la Ley 812
de 2003; 279 de la Ley 100 de 1993; Decretos 2285 de 1955, 224 de 1972, 1042 y 1045 de 1978 y 2277 de
1979.

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Demandante: Rosa Inés Martínez Barrero

11. En auto del 16 de diciembre de 2022, el Tribunal declaró no probada la
excepción de falta de integración del litisconsorcio necesario propuesta por la
parte demandada.

Sentencia apelada

12. El Tribunal Administrativo del Tolima declaró la nulidad del acto acusado
mediante la sentencia del 25 de abril de 2024 y, en consecuencia, condenó a la
Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio a reconocer y pagar a la señora Rosa Inés Martínez
Barrero la pensión de jubilación en los términos establecidos en la Ley 33 de
1985.

13. Como fundamento principal, sostuvo que la demandante se encontraba
amparada por lo previsto en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, en la medida
en que su primera vinculación al servicio docente oficial ocurrió el 1.º de febrero
de 1985 mediante contrato de prestación de servicios. En consecuencia,
estableció que el régimen aplicable es el consagrado en la Ley 33 de 1985, que
exige como requisitos haber cumplido 55 años y acreditar 20 años de servicios.

14. Al estudiar el caso concreto, evidenció que la actora cumplió la edad
requerida el 9 de julio de 2019, fecha para la cual acreditaba más de 20 años de
servicio docente, distribuidos así: 8 años, 8 meses y 10 días bajo contratos de
prestación de servicios; 6 años, 11 meses y 13 días en condición de
provisionalidad o mediante contratos de trabajo; y el tiempo restante en calidad
de docente en propiedad.

15. En virtud de lo anterior, concluyó que la actora tiene derecho a (i) la
mesada pensional a partir del 9 de julio de 2019, equivalente al 75 % del promedio
de la asignación básica, la bonificación mensual docente y la bonificación
pedagógica devengadas en el año inmediatamente anterior a la consolidación del
estatus pensional, y (ii) a percibir de forma simultánea la pensión de jubilación y
el salario que devenga como docente.

16. En relación con los factores salariales que integran el ingreso base de
liquidación, el a quo precisó que correspondían a aquellos previstos en el artículo
1 de la Ley 62 de 1985 y en decretos posteriores, respecto de los cuales se
hubieran efectuado aportes.

17. Adicionalmente, ordenó al FOMAG adelantar las gestiones de cobro frente
a la demandante, al municipio de San Luis y al departamento del Tolima por las
cotizaciones no efectuadas durante los períodos en los que se desarrolló la
actividad mediante contratos de trabajo o de prestación de servicio.

18. Al estudiar la prescripción, el Tribunal advirtió que la actora no aportó
prueba que acreditara la fecha de radicación de la solicitud de reconocimiento
pensional. Por tal razón, tomó como referencia para la interrupción del término la

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Demandante: Rosa Inés Martínez Barrero

fecha del oficio mediante el cual se negó dicha solicitud, esto es, 9 de junio de
2021 y, con base en ello, concluyó que no se había configurado dicho fenómeno.

19. Finalmente, condenó en costas a la entidad demandada debido a que la
actora tuvo que promover un litigio para obtener su derecho.

Recurso de apelación

20. La apoderada de la entidad accionada interpuso recurso de apelación
contra la sentencia de primera instancia, al considerar que no existió continuidad
en la prestación del servicio docente, circunstancia que excluía la aplicación de
la Ley 91 de 1989.

21. Asimismo, indicó que la demandante se vinculó al FOMAG el 4 de agosto
de 2008, esto es, con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003,
razón por la cual el régimen pensional aplicable era el previsto en las Leyes 100
de 1993 y 797 de 2003, cuyos requisitos no cumplía al momento de la solicitud
de reconocimiento.

22. Afirmó que la mesada pensional debía liquidarse exclusivamente con los
factores salariales sobre los cuales se efectuaron aportes y que se encuentran
previstos en el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985, conforme a la jurisprudencia de
unificación del Consejo de Estado.

23. En consecuencia, solicitó revocar íntegramente la decisión y, en su lugar,
absolver a la entidad demandada.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

24. En auto del 19 de septiembre de 2024, se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandada2.

25. El agente del ministerio público no rindió concepto y las partes guardaron
silencio en esta fase procesal.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

26. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
modificado por los artículos 615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de
la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es competente para resolver el
recurso de apelación.

Problema jurídico

2
Índice 4 del aplicativo Samai.

4
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Demandante: Rosa Inés Martínez Barrero

27. De conformidad con los reparos planteados en la apelación, corresponde
a la Sala determinar si la demandante tiene derecho a que se le reconozca la
pensión de jubilación bajo el régimen previsto en la Ley 33 de 1985, o si, por el
contrario, le resulta aplicable el régimen de prima media con prestación definida
consagrado en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.

28. En caso afirmativo, corresponderá determinar si el a quo incurrió en error
al incluir dentro del ingreso base de liquidación factores distintos de los
contenidos en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985 y respecto de los cuales no se
acreditó la realización de aportes.

Análisis del problema jurídico

29. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia, al establecer que el
régimen pensional aplicable a la actora es el previsto en la Ley 33 de 1985, toda
vez que su vinculación al servicio educativo oficial se produjo con anterioridad a
la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.

30. De igual manera, el cuestionamiento sobre la supuesta inclusión de
factores no cotizados dentro del ingreso base de liquidación carece de sustento,
pues acertó el Tribunal al limitarlo a la asignación básica, la bonificación mensual
docente y la bonificación pedagógica.

31. Con el fin de sustentar la anterior conclusión, la Sala estima necesario
relacionar los siguientes hechos, los cuales fueron probados con los documentos
aportados al proceso:

i) La señora Rosa Inés Martínez Barrero nació el 9 de julio de 19643.

ii) Según obra en la certificación expedida el 28 de octubre de 1997 por
el alcalde municipal de San Luis, la actora prestó sus servicios
docentes en los siguientes periodos4:

Tipo de vinculación Entidad empleadora Desde - Hasta Tiempo de
servicios
Contrato de prestación Municipio de San 01/02/85 al 30/11/85 303 días
de servicios Luis
Contrato de prestación Municipio de San 01/02/87 al 30/11/87 303 días
de servicios Luis
Contrato de prestación Municipio de San 01/03/90 al 30/11/90 275 días
de servicios Luis
Contrato de prestación Municipio de San 01/02/91 al 30/11/91 303 días
de servicios Luis
Contrato de prestación Municipio de San 01/08/91 al 30/11/92 488 días
de servicios Luis

3
Folio 16, índice 31. Expediente digital, demanda.
4
Folio 18, ibidem.

5
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Demandante: Rosa Inés Martínez Barrero

Contrato de prestación Municipio de San 01/02/93 al 30/11/93 303 días
de servicios Luis
Contrato de prestación Municipio de San 01/02/94 al 30/11/94 303 días
de servicios Luis
Contrato de prestación Municipio de San 01/02/95 al 30/11/95 303 días
de servicios Luis
Contrato de prestación Municipio de San 12/02/96 al 30/11/96 293 días
de servicios Luis
Contrato de prestación Municipio de San 01/02/97 al 30/03/97 58 días
de servicios Luis
Contrato de trabajo a Municipio de San 01/04/97 al 30/11/97 244 días
término fijo 5 Luis
3.054 días,
equivalentes a 8
años, 4 meses y
14 días.

iii) Asimismo, consta que la actora se vinculó como docente al
departamento del Tolima y al municipio de San Luis a través de
sucesivos órdenes de prestación de servicios y contratos de trabajo en
los siguientes lapsos:

Tipo de vinculación Entidad empleadora Desde - Hasta Tiempo de
servicios
Contrato de prestación Departamento del 01/03/85 a (no se -
de servicios6 Tolima indica)
Contrato de prestación Departamento del 16/03/90 al 15/06/90 92 días
de servicios7 Tolima 01/07/90 al 30/11/90 153 días
Contrato de prestación Departamento del 25/02/91 al 24/06/91 120 días
de servicios8 Tolima 01/07/91 al 30/11/91 153 días
Contrato de prestación Municipio de San 13/07/92 al 31/07/92 19 días
de servicios9 Luis
Contrato de prestación Municipio de San 01/02/93 al 30/04/93 89 días
de servicios10 Luis
Contrato de prestación Municipio de San 02/05/93 al 31/07/93 91 días
de servicios 11 Luis
Contrato de prestación Municipio de San 01/08/93 al 30/11/93 122 días
de servicios 12 Luis
Contrato de prestación Municipio de San 01/04/95 al 31/05/95 61 días
de servicios13 Luis
Contrato de prestación Municipio de San 01/06/95 al 30/06/95 30 días
de servicios14 Luis
Contrato de prestación Municipio de San 01/08/95 al 30/11/95 122 días
de servicios15 Luis
Contrato de trabajo a Municipio de San 01/04/97 al 01/12/97 245 días
término fijo16 Luis

5
Folios 31 a 34, ibidem.
6
Folio 19, ibidem.
7
Folio 22, ibidem.
8
Folio 23, ibidem.
9
Folio 24, ibidem.
10
Folio 25, ibidem.
11
Folio 26, ibidem.
12
Folio 27, ibidem.
13
Folio 28, ibidem.
14
Folio 29, ibidem.
15
Folio 30, ibidem.
16
Folios 31 a 34, ibidem.

6
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Radicación: 73001-23-33-000-2021-00333-01 (3646-2024)
Demandante: Rosa Inés Martínez Barrero

Contrato de trabajo a Municipio de San 02/02/98 al 02/08/98 182 días
término fijo17 Luis
Contrato de trabajo a Municipio de San 12/08/98 al 11/09/98 31 días
término fijo18 Luis
Contrato de prestación Municipio de San 22/10/00 al 17/11/00 27 días
de servicios19 Luis
Contrato de prestación Municipio de San 01/10/01 al 31/10/01 31 días
de servicios20 Luis
Contrato de prestación Municipio de San 01/11/01 al 09/11/01 9 días
de servicios21 Luis
Contrato de prestación Departamento del 07/03/03 al 12/09/03 190 días
de servicios22 Tolima
Contrato de prestación Departamento del 24/09/03 al 16/12/03 84 días
de servicios23 Tolima
1.904 días,
equivalentes a 5
años, 2 meses y
19 días.

iv) Igualmente, reposan en el expediente certificaciones de historia laboral
expedidas por el FOMAG, de las cuales se desprende que la actora
ingresó al servicio educativo del departamento del Tolima mediante
vinculación legal y reglamentaria, en los periodos que se relacionan a
continuación:

Tipo de vinculación Entidad empleadora Desde - Hasta Tiempo de
servicios
Acto administrativo Departamento del 07/09/98 al 31/12/98 116 días
24
1004 (nombramiento Tolima
en propiedad)
Resolución 059025 Departamento del 12/07/99 al 11/10/99 92 días
(nombramiento en Tolima
propiedad)
Resolución 095226 Departamento del 15/10/99 al 30/10/99 16 días
(nombramiento en Tolima
propiedad)
Resolución 26627 Departamento del 09/03/00 al 09/06/00 93 días
(nombramiento en Tolima
provisionalidad)
Resolución 107428 Departamento del 24/07/00 al 24/10/00 93 días
(nombramiento en Tolima
provisionalidad)
Ordenanza 23629 Departamento del 09/03/01 al 09/06/01 93 días
(nombramiento no Tolima
definido)

17
Folios 35 a 38, ibidem.
18
Folios 39 a 41, ibidem.
19
Folio 55, ibidem.
20
Folio 58, ibidem.
21
Folio 59, ibidem.
22
Folio 66, ibidem.
23
Folio 67, ibidem.
24
Folios 92 a 93, ibidem.
25
Folios 94 a 95, ibidem.
26
Folio 96, ibidem.
27
Folios 83 a 84, ibidem.
28
Folios 85 a 86, ibidem.
29
Folios 87 a 88, ibidem.

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Radicación: 73001-23-33-000-2021-00333-01 (3646-2024)
Demandante: Rosa Inés Martínez Barrero

Ordenanza 05530 Departamento del 07/03/03 al 13/09/03 191 días
(nombramiento no Tolima
definido)
Decreto 102931 Departamento del 30/12/03 al 17/06/05 536 días
(nombramiento en Tolima
provisionalidad)
Decreto 110332 Departamento del 12/09/08 al 04/05/10 601 días
(nombramiento en Tolima
provisionalidad)
Resolución 104733 Departamento del 05/05/10 al 15/04/2134 3.999 días
(nombramiento en Tolima
propiedad)
5.829 días,
equivalentes a 15
años, 11 meses y
24 días.

v) Para evitar una doble contabilización de periodos en los que la actora
registró más de una vinculación de manera simultánea, la Sala
computará solo una vez el día de servicio, cuyo resultado asciende a
9.240 días:

Desde - Hasta Tiempo de servicios
01/02/85 al 30/11/85 303 días
01/02/87 al 30/11/87 303 días
01/03/90 al 30/11/90 275 días
01/02/91 al 30/11/92 669 días
01/02/93 al 30/11/93 303 días
01/02/94 al 30/11/94 303 días
01/02/95 al 30/11/95 303 días
12/02/96 al 30/11/96 293 días
01/02/97 al 30/03/97 58 días
01/04/97 al 01/12/97 245 días
02/02/98 al 02/08/98 182 días
12/08/98 al 31/12/98 142 días
12/07/99 al 11/10/99 92 días
15/10/99 al 30/10/99 16 días
09/03/00 al 09/06/00 93 días
24/07/00 al 17/11/00 117 días
09/03/01 al 09/06/01 93 días
01/10/01 al 09/11/01 40 días
07/03/03 al 13/09/03 191 días
24/09/03 al 16/12/03 84 días
30/12/03 al 17/06/05 536 días
12/09/08 al 15/04/21 4.521 días
9.240 días,
equivalentes a 25 años,
3 meses y 25 días.

30
Folios 89 a 90, ibidem.
31
Folios 103 a 104, ibidem.
32
Folios 97 a 98, ibidem.
33
Folios 100 a 102, ibidem.
34
Fecha de expedición de la última certificación aportada al expediente.

8
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Demandante: Rosa Inés Martínez Barrero

32. De acuerdo con el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, el parágrafo
transitorio 1 del artículo 48 de la Constitución Política (adicionado por el artículo
1 del Acto Legislativo 01 de 2005) y la Sentencia de Unificación SUJ-014-CE-S2-
19 del 25 de abril de 2019, el régimen pensional de los docentes vinculados al
servicio educativo oficial antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003 (27
de junio de 2003) es el previsto en la Ley 91 de 1989, que habilita la remisión a
la Ley 33 de 1985 o a la Ley 71 de 1988.

33. En el presente asunto, se encuentra demostrado que la señora Martínez
Barrero ingresó al servicio público docente el 1.º de febrero de 1985, mediante
contrato de prestación de servicios celebrado con el municipio de San Luis. Dicha
vinculación se produjo con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de
2003, por lo que resulta aplicable el régimen pensional contenido en la Ley 33 de
1985.

34. Al respecto, en la Sección Segunda del Consejo de Estado existe una
jurisprudencia pacífica y reiterada según la cual los períodos en los que un
docente hubiere laborado en el sector público a través de contratos de prestación
de servicios, con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, son
válidos para efectos de acceder al régimen pensional anterior al que se refieren
los artículos 81 ibidem y 48 de la Constitución Política (parágrafo transitorio 1), y
para acreditar el tiempo de servicio que se exige para adquirir el derecho a una
pensión de jubilación, teniendo en cuenta que la labor desarrollada en dichos
lapsos es propia e inherente a la condición de docente oficial y se ejecuta en el
marco de verdaderos vínculos de naturaleza laboral, con independencia de la
denominación contractual que se les designe35.

35. La Sala precisa que, contrario a lo afirmado por la parte demandada, de
los artículos 81 de la Ley 812 de 2003 y 48 de la Constitución Política (parágrafo
transitorio 1) no se desprende la exigencia de continuidad en la vinculación
docente como condición para acceder a la pensión de jubilación bajo la Ley 91
de 1989. Dichas disposiciones se limitan a señalar que la fecha de vinculación al
servicio educativo oficial es el parámetro para establecer el régimen aplicable.

36. Al respecto, debe precisarse que las interrupciones en las labores como
docente oficial no impiden el reconocimiento de los lapsos previos al 27 de junio
de 2003, puesto que los maestros vinculados con anterioridad a esa fecha y se
rigen por lo dispuesto en la Ley 91 de 1989 en atención a la aplicación del
principio de la condición más beneficiosa, el cual se distingue porque «(i) opera
en el tránsito legislativo, y ante la ausencia de un régimen de transición [como en
este caso, pues el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 no previó un régimen de
transición]; (ii) se debe cotejar una norma derogada con una vigente, y (iii) el
destinatario posee una situación jurídica concreta, la cual es protegida, dado que
con la nueva ley se le desmejora»36.

35
Al respecto, ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección A, sentencia del 18 de noviembre de 2020, expediente 66001-23-33-000-2016-00082-
01 (4676-2017); sentencia del 24 de febrero de 2022, expediente 63001-23-33-000-2018-00183-01 (4650-
2019); y sentencia del 20 de junio de 2024, expediente 17001-23-33-000-2019-00174-01 (0506-2022).
36
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 15 de febrero de 2011, Radicación
40.662.

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37. Esta Subsección ha señalado que «la intermitencia no es un factor que
impida que la primera fecha de la prestación del servicio defina el régimen jurídico
aplicable»37. En consecuencia, la interrupción de la labor docente no permite
desconocer el primer vínculo en la docencia oficial anterior al 27 de junio de 2003.

38. Ello obedece a que el interesado podía satisfacer los requisitos del
régimen pensional mediante un nuevo nombramiento en el sector oficial, en la
medida en que ya había consolidado una expectativa legítima de hacerlo bajo la
regulación vigente al momento de su ingreso a la docencia pública38.

39. Tal como lo consideró el Tribunal, la actora cumplió las exigencias legales
para acceder a la pensión de jubilación el 9 de julio de 2019, fecha en la que
alcanzó los 55 años de edad y en la que acreditaba 23 años, 6 meses y 19 días
de servicios docentes.

40. Por otro lado, la entidad accionada cuestionó la liquidación de la mesada,
al sostener que debía efectuarse únicamente con los factores sobre los cuales
se realizaron aportes y que se encuentran taxativamente previstos en el artículo
1 de la Ley 62 de 1985.

41. Sobre el particular, resulta pertinente acudir a la sentencia de unificación
SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019, en la cual el Consejo de Estado
sentó jurisprudencia respecto al «ingreso base de liquidación de la pensión
ordinaria de jubilación de los docentes del servicio público oficial afiliados al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».

42. En dicha providencia se estableció que el ingreso base de liquidación de
la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes de la vigencia
de la Ley 812 de 2003, como es el caso de la actora, debe determinarse conforme
a los siguientes parámetros:

(i) El período correspondiente al año anterior a la consolidación del
estatus pensional, esto es, al cumplimiento de los requisitos de edad y
tiempo de servicios; o a la terminación del vínculo legal y reglamentario.

(ii) Los factores computables son exclusivamente los previstos en la Ley
62 de 1985, a saber: asignación básica, gastos de representación,
primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación,
dominicales y feriados, horas extras, bonificación por servicios
prestados y trabajo suplementario o nocturno.

43. A su vez, los Decretos 633 y 634 de 2007, el Decreto 1566 de 2014 y el
Decreto 2354 de 2018 introdujeron y reglamentaron nuevos factores salariales
aplicables a los docentes oficiales, los cuales también integran el ingreso base

37
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia
del 25 de agosto de 2022, expediente 25000-23-42-000-2019-00507-01 (4275-2021).
38
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia
del 23 de mayo de 2024, expediente 25000-23-42-000-2019-01673-01 (1950-2023).

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de liquidación, siempre que hayan servido de base para realizar aportes al
sistema pensional. Dichos factores son: (i) asignación adicional para directivos
docentes; (ii) bonificación mensual de docentes; y (iii) bonificación pedagógica.

44. Estos conceptos al haber sido incorporados expresamente en la normativa
y configurarse como factores salariales sujetos a cotización, resultan
computables para efectos del cálculo del IBL.

45. Al comparar los factores salariales percibidos por la señora Martínez
Barrero entre el 9 de julio de 2018 y el 8 de julio de 2019, año inmediatamente
anterior a la consolidación de su estatus pensional, con los enlistados en las
disposiciones aplicables, se advierte que percibió la asignación básica, la
bonificación mensual docente y la bonificación pedagógica.

46. Por consiguiente, no le asiste razón a la entidad demandada al afirmar que
el Tribunal incurrió en error al incluir factores distintos de los taxativamente
previstos en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985, pues lo cierto es que la decisión
de primera instancia se limitó a reconocer como computables la asignación
básica, la bonificación mensual docente y la bonificación pedagógica, en
concordancia con la normativa aplicable y la jurisprudencia unificada del Consejo
de Estado.

47. Por lo expuesto, se confirmará íntegramente la sentencia apelada.

Condena en costas

48. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

49. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

50. Por lo tanto, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

51. En consecuencia, no son atendibles los argumentos de la apelación por lo
que se mantendrá incólume la condena en costas en primera instancia y se

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impondrán en segunda instancia al FOMAG, por cuanto se niegan totalmente las
peticiones del recurso de apelación. Para tal efecto, de conformidad con el
artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado
ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría
del Tribunal Administrativo del Tolima.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

IV. RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 25 de abril de 2024 por el
Tribunal Administrativo del Tolima.

SEGUNDO. CONDENAR en costas de segunda instancia a la entidad
demandada, de acuerdo con lo establecido en la parte motiva de la presente
providencia.

TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR
las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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