Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2019-00296-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2019-00296-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2019-00296-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
31 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 76001-23-33-000-2019-00296-01 (6874-2024)
Demandante: Jeaneth Elvira Jaramillo Martínez
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio
Tema: Reconocimiento de pensión de jubilación de docente – Ley
71 de 1988.
Decisión: Revoca sentencia de primera instancia y accede a las
pretensiones, porque la demandante se vinculó al servicio
educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigor de la
Ley 812 de 2003.
I. ASUNTO
1. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
resuelve el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la parte
demandante contra la sentencia dictada el 10 de octubre de 2024 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual negó las pretensiones de la
demanda.
II. ANTECEDENTES
Pretensiones
2. La actora interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con el objeto de que se declare la nulidad del acto
ficto producto del silencio administrativo negativo que se configuró por la omisión
en atender la petición presentada el 20 de septiembre de 2018.
3. A título de restablecimiento del derecho solicitó reconocer la pensión de
jubilación por aportes, equivalente al 75% de los salarios y primas percibidas en
el año anterior al 28 de marzo de 2017, fecha en la que adquirió el estatus
pensional, sin que se le exija el retiro definitivo del servicio; pagar las mesadas
causadas desde la adquisición del derecho; indexar las sumas adeudadas e
incluir los intereses moratorios que se generen después de la ejecutoria del fallo;
dar cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 del
CPACA; y condenar en costas a la parte demandada.
Hechos relevantes
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Nulidad y restablecimiento del derecho
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Demandante: Jeaneth Elvira Jaramillo Martínez
4. La señora Jeaneth Elvira Jaramillo Martínez nació el 28 de marzo de 1962;
prestó sus servicios como docente en el municipio de Santiago de Cali entre los
años 1993 y 1996, mediante vinculación temporal para cubrir licencias.
5. Posteriormente, trabajó en el sector privado y efectuó aportes a
Colpensiones entre el 6 de febrero de 1999 y el 31 de agosto de 2005, de manera
discontinua.
6. El 30 de abril de 2004 se posesionó como docente en provisionalidad en la
Secretaría de Educación de Santiago de Cali y fue nombrada en propiedad en el
año 2005. Desde entonces y hasta la fecha de presentación de la demanda,
continuó ejerciendo dicho cargo.
7. Afirmó que al haber cumplido con los requisitos establecidos en la Ley 71
de 1988 para acceder a la pensión de jubilación, el 20 de septiembre de 2018
presentó solicitud de reconocimiento y pago de dicha prestación con efectos a
partir del 28 de marzo de 2017, fecha en la que adquirió el estatus pensional. Sin
embargo, no obtuvo respuesta, motivo por el cual considera que operó el silencio
administrativo negativo.
Normas violadas y concepto de la violación
8. La accionante señaló que con la negativa de la entidad se desconocieron
las siguientes disposiciones: artículos 7 de la Ley 71 de 1988; 15 de la Ley 91 de
1989, numerales 1 y 2; 6 de la Ley 60 de 1993; 115 de la Ley 115 de 1993; 279
de la Ley 100 de 1993; 81 de la Ley 812 de 2003; y 1 y 2 del Decreto 3752 de
2003.
9. En el concepto de violación argumentó que el acto ficto acusado infringió
las normas en que debía fundarse, teniendo en cuenta que la señora Jaramillo
Martínez se vinculó al servicio docente con anterioridad a la entrada en vigor de
la Ley 812 de 2003, por lo que el régimen aplicable para el reconocimiento y pago
de su pensión de vejez es el previsto en la Ley 71 de 1988.
Contestación de la demanda
10. La parte accionada no contestó la demanda.
La sentencia de primera instancia
11. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante la sentencia del
10 de octubre de 2024 negó las pretensiones de la demanda.
12. Como fundamento principal, señaló que para acceder al reconocimiento
de la pensión de jubilación por aportes es necesario que el docente se hubiera
vinculado al servicio educativo oficial con anterioridad al 27 de junio de 2003,
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Demandante: Jeaneth Elvira Jaramillo Martínez
fecha de entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, o que cumpla los requisitos del
régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
13. En el caso concreto, advirtió que la señora Jeaneth Elvira Jaramillo
Martínez se vinculó como docente oficial el «16 de marzo de 2004», esto es,
cuando ya se encontraba vigente la Ley 812 de 2003. En consecuencia,
consideró que le resultaba aplicable el régimen de prima media con prestación
definida regulado por las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, bajo el cual le fue
reconocida la pensión de vejez mediante la Resolución 4143.010.21.0.06819 del
3 de noviembre de 2022.
14. De igual manera concluyó que la actora no acreditaba los requisitos
exigidos para ser beneficiaria del régimen de transición consagrado en el artículo
36 de la Ley 100 de 1993, dado que al 1 de abril de 1994 contaba con 32 años
de edad y no cumplía con los 15 años de servicios requeridos.
15. Finalmente, se abstuvo de imponer condena en costas.
Recurso de apelación
16. La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia
de primera instancia argumentando que el Tribunal desconoció el tiempo de
servicios prestado por la señora Jaramillo Martínez como docente oficial «bajo la
modalidad de licencias» entre 1993 y 1996, el cual fue incorporado mediante la
reforma de la demanda, admitida por auto del 10 de agosto de 2023.
17. En ese sentido, sostuvo que contrario a lo expuesto por el a quo, la actora
cumplía con el supuesto previsto en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, al haber
prestado sus servicios en el sector educativo oficial antes del 27 de junio de 2003,
por lo que le resultaban aplicables las disposiciones contenidas en las Leyes 71
de 1988 y 91 de 1989.
18. Así mismo, afirmó que el material probatorio acreditaba el cumplimiento de
los requisitos legales para acceder a la pensión de jubilación por aportes prevista
en la Ley 71 de 1988, toda vez que (i) la actora nació el 28 de marzo de 1962,
por lo que alcanzó los 55 años el 28 de marzo de 2017, y (ii) acumuló más de 20
años de servicios en los sectores público y privado, entre los cuales se cuentan
periodos prestados bajo la modalidad de licencias, así como los desempeñados
mediante nombramientos en provisionalidad y en propiedad, además de los
aportes efectuados a Colpensiones.
19. En consecuencia, solicitó que sea revocada y que se acceda a las
pretensiones.
Intervención en segunda instancia
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Demandante: Jeaneth Elvira Jaramillo Martínez
20. En sus alegatos, la demandante reiteró los argumentos que expuso en el
recurso de apelación.
III. CONSIDERACIONES
Problema jurídico:
21. La Sala debe determinar si el Tribunal incurrió en los yerros planteados en
el recurso de apelación, puesto que la demandante se vinculó al servicio
educativo para cubrir licencias antes del 27 de junio de 2003, por lo que tiene
derecho al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación por aportes bajo el
régimen previsto en la Ley 71 de 1988.
El caso concreto
22. Con el fin de adoptar la decisión correspondiente, la Sala estima necesario
relacionar los siguientes hechos, los cuales fueron probados con los documentos
aportados al proceso:
i) La señora Jeaneth Elvira Jaramillo Martínez nació el 28 de marzo de
19621, y laboró como docente en el municipio de Santiago de Cali
durante los siguientes periodos:
Tipo de Tipo de novedad Desde - Hasta Tiempo de
vinculación servicios
Resolución 0622 Nombramiento 21/04/93 a 11/05/93 21 días
para cubrir licencia
3
Resolución 090 Nombramiento 17/06/93 a 01/07/93 15 días
para cubrir licencia
Resolución 0034 Nombramiento 25/01/94 a 18/04/94 84 días
para cubrir licencia
5
Resolución 0029 Nombramiento 11/04/94 a 25/04/94 15 días
para cubrir licencia
6
Resolución 006 Nombramiento 01/11/94 a 29/01/95 90 días
para cubrir licencia
7
Resolución 0020 Nombramiento 01/02/95 a 01/04/95 60 días
para cubrir licencia
8
Resolución 0036 Nombramiento 05/05/95 a 03/06/95 30 días
para cubrir licencia
Resolución 00239 Nombramiento 15/01/96 a 29/03/96 75 días
para cubrir licencia
1
Folio 10 a 11, índice 24 del aplicativo SAMAI del Tribunal. 04AnexoDemanda.
2
Folio 8, índice 24 del aplicativo SAMAI del Tribunal. 09ReformaDemanda.
3
Folio 10, índice 24 del aplicativo SAMAI del Tribunal. 09ReformaDemanda.
4
Folio 12, índice 24 del aplicativo SAMAI del Tribunal. 09ReformaDemanda.
5
Folio 14, índice 24 del aplicativo SAMAI del Tribunal. 09ReformaDemanda.
6
Folio 16, índice 24 del aplicativo SAMAI del Tribunal. 09ReformaDemanda.
7
Folio 17, índice 24 del aplicativo SAMAI del Tribunal. 09ReformaDemanda.
8
Folio 19, índice 24 del aplicativo SAMAI del Tribunal. 09ReformaDemanda.
9
Folio 21, índice 24 del aplicativo SAMAI del Tribunal. 09ReformaDemanda.
4
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Demandante: Jeaneth Elvira Jaramillo Martínez
Resolución 048710 Nombramiento en 30/04/04 a 09/07/04 71 días
provisionalidad
Resolución 231311 Nombramiento en 27/09/04 a 16/08/05 324 días
provisionalidad
Resolución 195712 Nombramiento en 25/08/05 a 03/03/2313 6.400 días
propiedad
7.185 días,
equivalentes a
19 años, 8
meses y 10
días.
ii) La actora también registra 588,14 semanas de cotización en
Colpensiones14, producto de labores realizadas en el sector privado
entre el 6 de febrero de 1991 al 31 de agosto de 2005, de manera
discontinua, equivalentes 11 años, 3 meses y 7 días.
23. De acuerdo con el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, el régimen
prestacional de los maestros nacionales, nacionalizados y territoriales «que se
encuentren vinculados» a la docencia pública es el previsto para el magisterio en
las disposiciones vigentes con anterioridad a dicha ley. A su turno, los maestros
que se vinculen al servicio educativo oficial a partir del 27 de junio de 2003 gozan
de los derechos pensionales del régimen de prima media con prestación definida
de que tratan las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con sus requisitos, salvo el
de la edad que es de 57 años para hombres y mujeres.
24. Ahora bien, ello se predica incluso de quienes no se encontraban
vinculados estrictamente el 27 de junio de 2003 (fecha de la entrada en vigor de
la Ley 812 de 2003), pero que en todo caso hayan ejercido como maestros antes
de la expedición de la norma.
25. Lo anterior, en atención al principio de la condición más beneficiosa, el
cual se distingue por:
«(i) opera en el tránsito legislativo, y ante la ausencia de un régimen
de transición; (ii) se debe cotejar una norma derogada con una
vigente, y (iii) el destinatario posee una situación jurídica concreta,
la cual es protegida, dado que con la nueva ley se le desmejora»15.
26. En ese sentido, es necesario señalar que, debido a que la Ley 812 de 2003
no consagró un régimen de transición para quienes tuvieran una expectativa
10
Folio 17 a 18, índice 24 del aplicativo SAMAI del Tribunal. 09ReformaDemanda.
11
Folio 19 a 20, índice 24 del aplicativo SAMAI del Tribunal. 09ReformaDemanda.
12
Folio 22 a 23, índice 24 del aplicativo SAMAI del Tribunal. 09ReformaDemanda.
13
Mediante la Resolución 4143.010.21.0.00517 de 2023 se aceptó la renuncia irrevocable de la docente
Jeaneth Elvira Jaramillo Martínez. Folios 46 a 47, índice 46 del aplicativo SAMAI del Tribunal. Respuesta
de requerimiento.
14
Folios 12 a 16, índice 24 del aplicativo SAMAI del Tribunal. 04AnexoDemanda.
15
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia de 15 de febrero de 2011, Radicación:
40.662.
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Demandante: Jeaneth Elvira Jaramillo Martínez
legítima de pensionarse como docentes, es necesario recurrir a las normas
anteriores que regían la materia, las cuales se aplicarán de forma ultractiva en
virtud del aludido principio de condición más beneficiosa.
27. Para resolver el caso es preciso tener en cuenta adicionalmente que el
parágrafo transitorio 1 del artículo 48 de la Constitución Política, adicionado por
el Acto Legislativo 01 de 2005, dispuso que el régimen pensional de los maestros
nacionales, nacionalizados y territoriales «vinculados» a la docencia oficial es el
establecido para el magisterio en las normas legales vigentes antes del 27 de
junio de 2003, cuando entró a regir la Ley 812 de 2003, mientras que los que se
vinculen a partir de la fecha mencionada son beneficiarios de los derechos del
régimen de prima media con prestación definida regulados por las Leyes 100 de
1993 y 797 de 2003.
28. A través de la Sentencia SUJ-014-CE-S2-19 del 25 de abril de 2019, la
Sección Segunda del Consejo de Estado unificó su jurisprudencia en el sentido
de precisar que el régimen pensional de los docentes vinculados al servicio
educativo oficial antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 (27 de
junio de 2003) es el previsto en las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, mientras que
el derecho pensional de los maestros públicos que se vinculen después de esa
fecha, afiliados al FOMAG, está sometido al régimen de prima media definido en
las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, salvo en cuanto al requisito de la edad,
que es de 57 años para hombres y mujeres.
29. Adicionalmente, en la citada sentencia de unificación se precisó que, si el
derecho pensional está regido por la Ley 33 de 1985, la mesada correspondiente
debe liquidarse con los factores «sobre los que se hayan efectuado los
respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1 de la Ley 62 de 1985»,
lineamiento que se ha complementado en razón a normas posteriores que han
dispuesto que otros emolumentos también deben incluirse en el cálculo de la
mesada pensional16, como ocurre con la bonificación pedagógica17 y la
bonificación mensual de docentes y directivos docentes18, por ejemplo.
30. A su vez, la sentencia de unificación determinó que cuando el derecho
pensional se establece conforme con las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, los
factores salariales computables para liquidar la mesada son los previstos en el
Decreto 1158 de 1994, sobre los que se efectuaron los aportes. Esta directriz
debe interpretarse en conjunto con las normas posteriores que han establecido
el carácter salarial para efectos pensionales de ciertos emolumentos (como es
el caso de las bonificaciones mencionadas), teniendo en consideración que se
16
Al respecto, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
A, sentencia del 8 de agosto de 2024, expediente 44001-23-40-000-2018-00143-01 (5066-2022); y
sentencia del 20 de junio de 2024, expediente 17001-23-33-000-2019-00174-01 (0506-2022).
17
El Decreto 2354 de 2018 creó la bonificación pedagógica y estableció que constituye factor salarial para
tofos los efectos legales (artículo 3, numeral 4).
18
El Decreto 1566 de 2014 creó la bonificación mensual docente y dispuso que constituye factor salarial
para todos los efectos legales (artículo 1, inciso 2). Este decreto fue derogado por normas posteriores, las
cuales han señalado que en el valor de las asignaciones básicas está incluida la bonificación mensual
docente.
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trata de disposiciones expedidas en ejercicio de las facultades señaladas en el
artículo 150, numeral 19, literal e), de la Constitución Política y en la Ley 4.ª de
1992.
31. Ahora bien, resulta importante precisar que en la Sentencia SUJ-014-CE-
S2-19 del 25 de abril de 2019 se indicó que el régimen pensional de los docentes
vinculados al servicio educativo oficial antes del 27 de junio de 2003 es el
previsto en las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, pero nada se dijo en torno a la
posibilidad de aplicar o no la Ley 71 de 1988. Tal circunstancia se produjo
porque en esa oportunidad se analizó la situación pensional de una persona
beneficiaria de la Ley 33 de 1985, por lo que el estudio acerca de las normas
anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 se limitó a aquella19.
32. Sin embargo, como el régimen pensional de los maestros que ingresaron
a la docencia oficial antes del 27 de junio de 2003 está previsto en la Ley 91 de
1989, cuyo artículo 15 (numeral 2, inciso 2) remite al régimen jurídico de los
pensionados del sector público nacional (en el caso de los docentes nacionales
y nacionalizados vinculados a partir del 1 de enero de 1981 y de los maestros
que ingresaron al servicio desde el 1 de enero de 1990), aquellos no solo
pueden ser beneficiarios de la Ley 33 de 1985, sino también de la Ley 71 de
1988. Así se desprende de los antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989,
teniendo en cuenta que en la ponencia para primer debate en el Senado de la
República se expresó lo siguiente:
EXPLICACIÓN DEL ARTICULADO Y DEL PLIEGO DE MODIFICACIONES
[…]
Acerca del artículo 15 habría que referirse finalmente a dos aspectos: la Ley
71 de 1988 sobre pensiones de jubilación; recoge amplias aspiraciones del
movimiento pensional que al beneficiar al Magisterio exonera de la
repetición en este texto. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, recibe la autorización legal de extender los servicios
asistenciales a las familias de los docentes, cuando su situación financiera
lo permite.20
33. Así las cosas, dentro del escenario pensional que tuvo en cuenta el
legislador para elaborar el texto de la Ley 91 de 1989 estuvo la aceptación de
19
En sentencia del 19 de enero de 2023, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
indicó que la Sentencia de Unificación SUJ-014-CE-S2-19 del 25 de abril de 2019 «solo desarrolló la
determinación de los regímenes para los casos de docentes oficiales cuyo tiempo de servicio hubiese sido
prestado únicamente en el sector público y cotizado exclusivamente al FNPSM. No obstante, dicha
providencia se abstuvo de plantear el supuesto cuando, por ejemplo como sucede en el sub iudice, el
educador también tiene acumulados tiempos cotizados como contratista y aportados a otra administradora
como lo era el entonces ISS (hoy Colpensiones).
Para esta clase de eventos, la normativa aplicable necesariamente correspondía a la Ley 71 de 1988 que
regulaba lo propio en lo que respecta a la denominada ‘pensión por aportes’ y no la Ley 33 de 1985». Ver:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del
19 de enero de 2023, expediente 15001-23-33-000-2019-00103-01 (3083-2022).
20
Gaceta del Congreso de la República 103 del 17 de octubre de 1989.
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Demandante: Jeaneth Elvira Jaramillo Martínez
que la Ley 71 de 1988 beneficia al personal del magisterio, hecho que se dio
por sentado e hizo innecesaria la reproducción o previsión expresa de la
posibilidad de aplicar dicha ley a los docentes oficiales.
34. Por otra parte, en la Sección Segunda del Consejo de Estado existe una
jurisprudencia pacífica y reiterada según la cual los períodos en los que un
docente hubiere laborado en el sector público a través de contratos de
prestación de servicios, con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812
de 2003, son válidos para efectos de acceder al régimen pensional anterior al
que se refieren los artículos 81 ibidem y 48 de la Constitución Política (parágrafo
transitorio 1), y para acreditar el tiempo de servicio que se exige para adquirir el
derecho a una pensión de jubilación, teniendo en cuenta que la labor
desarrollada en dichos lapsos es propia e inherente a la condición de docente
oficial y se ejecuta en el marco de verdaderos vínculos de naturaleza laboral,
con independencia de la denominación contractual que se les designe21.
35. Igual consideración merecen los períodos de vinculación como docente
temporal o en interinidad22, figura que se utilizó «como mecanismo mediante el
cual la [A]dministración, ante la imposibilidad de contar con docentes de carrera,
designaba con carácter transitorio a personas instruidas en el ejercicio de la
referida actividad, en atención a la necesidad y urgencia de garantizar la efectiva
prestación de los servicios educativos»23.
36. En ese contexto, la demandante demostró que tuvo vinculaciones a la
docencia oficial antes del 27 de junio de 2003, fecha en que entró en vigencia
la Ley 812 de 2003, concretamente entre 21 de abril de 1993 y el 29 de marzo
de 1996, bajo la modalidad de licencias temporales. Por consiguiente, su
régimen pensional está regulado por la Ley 91 de 1989, la cual habilita la
remisión a la Ley 71 de 1988.
37. A diferencia de lo que sostuvo el Tribunal, la demandante no tenía que
acreditar los requisitos de la transición prevista en el artículo 36 de la Ley 100
de 1993 para poder acceder a la Ley 91 de 1989 y al régimen pensional al que
esta remite, pues aquella normativa no le resulta aplicable por disposición de
los artículos 48 (parágrafo transitorio 1) de la Constitución Política, 279 de la
Ley 100 de 1993 y 81 de la Ley 812 de 2003.
38. En consecuencia, la situación pensional de la actora no está gobernada
por la Ley 100 de 1993, en tanto ingresó a la docencia oficial antes del 27 de
21
Al respecto, ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 18 de noviembre de 2020, expediente 66001-23-
33-000-2016-00082-01 (4676-2017); sentencia del 24 de febrero de 2022, expediente 63001-23-
33-000-2018-00183-01 (4650-2019); y sentencia del 20 de junio de 2024, expediente 17001-23-
33-000-2019-00174-01 (0506-2022).
22
Al respecto, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 25 de agosto de 2022, expediente 25000-23-42-000-2019-00507-01
(4275-2021).
23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 30 de octubre de 2024, expediente 25000-23-25-000-2012-01551-01 (1135-2018).
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junio de 2003, como se explicó. Por lo tanto, su acceso al régimen pensional de
la Ley 71 de 1988 no está condicionado al cumplimiento de los requisitos de la
transición que establece el artículo 36 de la Ley 100 de 199324.
39. Definido que el régimen aplicable a la actora es el previsto en la Ley 71 de
1988, conforme a lo establecido en la Ley 91 de 1989, corresponde a la Sala
verificar el cumplimiento de los requisitos que esta norma exige para acceder a
la pensión de jubilación por aportes.
40. De acuerdo con el artículo 7 de la Ley 71 de 1988, la aludida prestación
se reconoce a quienes acrediten 20 años de servicios, continuos o discontinuos,
y hayan cumplido 60 años de edad, en el caso de los hombres, o 55 años, en el
de las mujeres.
41. En este asunto, se encuentra demostrado que la señora Jeaneth Elvira
Jaramillo Martínez cumple con ambos requisitos, pues: (i) según copia del
registro civil de nacimiento, nació el 28 de marzo de 1962, por lo que alcanzó la
edad de 55 años el 28 de marzo de 2017; y (ii) las resoluciones y certificaciones
laborales aportadas acreditan que para esa fecha acumulaba más de 20 años
de servicio en los sectores público y privado, concretamente, 22 años, 10 meses
y 16 días25.
42. En cuanto a los factores salariales que integran la base de liquidación de
la pensión reconocida, la Sala observa que el artículo 6 del Decreto 2709 de 1994
dispone:
«El salario base para la liquidación de esta pensión será el salario promedio
que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios, salvo
las excepciones contenidas en la ley».
43. Esta norma debe interpretarse de manera armónica con la Ley 62 de
1985, pues la prestación se reconoce conforme a lo previsto en la Ley 71 de
1988, atendiendo la condición de docente de la demandante.
44. La Sala advierte que, si bien en ocasiones anteriores26 se afirmó que,
conforme al artículo 81 de la Ley 812 de 2003, la pensión regida por la Ley 71 de
1988 debía liquidarse según lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto 2709 de
1994, es preciso aclarar que dicha regla solo aplica respecto de los factores
expresamente consagrados en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985. En ese sentido,
se rectifica y aclara la posición previamente adoptada.
24
En igual sentido, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 18 de noviembre de 2020, expediente 66001-23-33-000-2016-00082-01 (4676-
2017).
25
Para el 28 de marzo de 2017, la actora completó 11 años, 7 meses y 9 días de servicio en el sector público
y 11 años, 3 meses y 7 días de servicio en el sector privado.
26
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencias
de 10 de julio de 2025 dentro de los expedientes 4580-2022, 4337-2022, 5730-2022 y 3037-2022.
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45. La razón de esta precisión radica en la necesidad de evitar regímenes
diferenciados dentro de una misma categoría de servidores públicos, como lo son
los docentes. No sería razonable que algunos accedan a la pensión incluyendo
cualquier factor sobre el cual se hubiesen efectuado aportes, incluso si estos no
están enlistados en la normativa aplicable, mientras que otros estén sujetos a los
factores expresamente establecidos. Esta disparidad configuraría una
vulneración al derecho a la igualdad.
46. Por tanto, para determinar la mesada pensional de los docentes, solo
pueden incluirse los factores definidos en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985, así
como los previstos en los Decretos 633 y 634 de 2007, 1566 de 2014 y 2354 de
2018 y demás normas concordantes aplicables al régimen docente.
47. De otro lado, cuando el ingreso base de liquidación corresponda a un
periodo laborado en el sector privado, únicamente se tendrá en cuenta el salario
promedio percibido durante el año anterior a la consolidación del estatus jurídico,
sin consideración a los factores consagrados en las disposiciones citadas.
48. Esta limitación busca impedir el cómputo de haberes que el legislador y
el Ejecutivo no consagraron.
49. En este punto, la Sala advierte que, si bien mediante la Resolución
4143.010.21.0.06819 del 3 de noviembre de 2022 se reconoció a la señora
Jaramillo Martínez la pensión de jubilación bajo el régimen de prima media con
prestación definida previsto en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, lo cierto
es que, una vez acreditado que es beneficiaria de la Ley 71 de 1988, el FOMAG
deberá reliquidar dicha prestación conforme a las disposiciones de este
régimen.
50. Adicionalmente, con base en los artículos 5 (numeral 5) de la Ley 91 de
1989 y 11 del Decreto 2709 de 1994, y con el fin de garantizar el financiamiento
de dicha prestación, se ordenará al FOMAG que adelante las actuaciones
administrativas para obtener el traslado de todos los aportes pensionales que
Colpensiones ha recibido a nombre de la accionante, gestión que no
comprometerá el pago de la mesada pensional y de cobro en contra de la
demandante y el municipio de Santiago de Cali, respecto de los aportes
pensionales que debieron realizar como trabajadora y empleador, en las
respectivas proporcionales legales, entre los periodos comprendidos entre el (i)
21 de abril al 11 de mayo de 1993; (ii) 17 de junio al 1 de julio de 1993; (iii) 25
de enero al 18 de abril de 1994; (iv) 11 de abril al 25 de abril de 1994; (v) 1 de
noviembre de 1994 al 29 de enero de 1995; (vi) 1 de febrero al 1 de abril de
1995; (vii) 5 de mayo al 3 de junio de 1995; (viii) 15 de enero al 29 de marzo de
1996.
51. En cuanto a la pretensión relacionada con la compatibilidad entre la
pensión de jubilación por aportes y el salario devengado en ejercicio de la
docencia oficial, la Sala observa que, si bien la actora presentó su renuncia al
cargo en propiedad que desempeñaba en la Secretaría de Educación de
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Santiago de Cali y fue aceptada mediante la Resolución 4143.010.21.0.00517
de 2023, dicha circunstancia no modifica el análisis jurídico.
52. En efecto, al encontrarse su situación pensional regulada por la Ley 71 de
1988, debe concluirse que la pensión de jubilación reconocida bajo dicho
régimen es compatible con el salario que perciba por servicios prestados como
docente oficial, con fundamento en los artículos 19 (literal g) de la Ley 4.ª de
1992 y 5 del Decreto 224 de 1972, y ante la declaratoria de inexequibilidad27 de
los artículos 42 (literal k) y 45 del Decreto 1278 de 200228.
53. La accionante también solicitó condenar a la entidad demandada a pagar
los intereses moratorios que se causen a partir de la ejecutoria de esta
providencia y a dar cumplimiento a la decisión dentro del término legal; sin
embargo, una orden expresa en tales sentidos resulta innecesaria porque los
intereses de mora se causan por disposición de la ley29 y el cumplimiento de las
sentencias fue regulado expresamente por el legislador. De ambas cuestiones
se ocupa el artículo 192 del CPACA.
54. Finalmente, al evidenciar que la actora consolidó el estatus jurídico el 28
de marzo de 2017 y promovió la reclamación administrativa el 20 de septiembre
de 2018, la Sala concluye que no se configuró la prescripción trienal de
mesadas pensionales.
Costas
55. El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que
se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas,
cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil». Con base en esa regla legal, esta Subsección venía
sosteniendo que, para imponer la condena en costas en vigencia del CPACA, era
necesario realizar una valoración objetiva donde el juez, una vez comprobaba su
causación, y sin atender a factores subjetivos como la buena fe o la temeridad
de las partes, podía ordenarlas.
56. No obstante, dicha postura debe adecuarse a lo dispuesto por el artículo
47 de la Ley 2080 de 2021, que adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA. En
este, se introdujo que la condena en costas procede cuando se establezca que
la demanda fue presentada con manifiesta carencia de fundamento legal, lo que
implica que sea forzoso examinar si los fundamentos vertidos en la actuación
procesal correspondiente se encuentran huérfanos de sustento legal plausible.
Tal situación acontece, por ejemplo, cuando las normas en que se fundamente
27
Sentencias C-734 de 2003 y 1157 de 2003, de la Corte Constitucional.
28
Al respecto, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
A, sentencia del 19 de junio de 2025, expediente 15001-23-33-000-2021-00136-01 (5701-2022).
29
Al respecto, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
A, sentencia del 8 de julio de 2021, expediente 47001-23-33-000-2018-00321-01 (5549-2019). En dicha
oportunidad, esta Subsección precisó que «[…] el reconocimiento de los intereses moratorios opera por
virtud de la ley, de forma que, con independencia de que la sentencia objeto de ejecución los haya ordenado
en forma explícita o no, procede su reconocimiento cuando la entidad condenada no ha efectuado el pago».
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la tesis del caso no sean aplicables o se desconozcan reglas jurídicas pacíficas
producto de los precedentes fijados por esta Corporación.
57. En el presente caso, la parte demandada ejerció su defensa con
fundamento en un respaldo legal serio y razonable, por lo que esta Sala se
abstendrá de imponer la condena en costas en ambas instancias.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO. REVOCAR la sentencia proferida el 10 de octubre de 2024 por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. En su lugar,
SEGUNDO. DECLARAR la nulidad del acto ficto que se configuró el 20 de
diciembre de 2018 producto del silencio administrativo por la omisión de la
entidad demandada en atender la petición presentada el 20 de septiembre de
2018.
TERCERO. CONDENAR a la Nación (Ministerio de Educación, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio) a reconocer y pagar una pensión de
jubilación a favor de la señora Jeaneth Elvira Jaramillo Martínez, con base en la
Ley 71 de 1988, equivalente al 75 % de los factores expresamente señalados en
el artículo 1 de la Ley 62 de 1985, así como los contemplados en los Decretos
633 y 634 de 2007, el Decreto 1566 de 2014, el Decreto 2354 de 2018 y demás
disposiciones concordantes aplicables a los docentes, durante el año anterior a
la consolidación del estatus pensional, esto es, entre el 28 de marzo de 2016 y
27 de marzo de 2017, efectiva a partir del 28 de marzo de 2017.
CUARTO. DECLARAR que no se configuró la prescripción trienal de mesadas
pensionales.
QUINTO. Las sumas que resulten a favor de la parte actora por concepto de
mesadas causadas y no pagadas se ajustarán de acuerdo con la siguiente
fórmula:
Índice final
R = Rh x
Índice inicial
SEXTO. ORDENAR a la Nación (Ministerio de Educación, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio) que adelante las actuaciones de cobro de
aportes pensionales en contra de la señora Jeaneth Elvira Jaramillo Martínez y
el municipio de Santiago de Cali, por los periodos comprendidos entre el (i) 21 de
abril al 11 de mayo de 1993; (ii) 17 de junio al 1 de julio de 1993; (iii) 25 de enero
al 18 de abril de 1994; (iv) 11 de abril al 25 de abril de 1994; (v) 1 de noviembre
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de 1994 al 29 de enero de 1995; (vi) 1 de febrero al 1 de abril de 1995; (vii) 5 de
mayo al 3 de junio de 1995; (viii) 15 de enero al 29 de marzo de 1996, en las
proporciones legales que les correspondía como trabajadora y empleador,
respectivamente.
SÉPTIMO. ORDENAR a la Nación (Ministerio de Educación, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio) que realice las gestiones necesarias para
obtener el traslado de todos los aportes pensionales que Colpensiones ha
recibido a nombre de Jeaneth Elvira Jaramillo Martínez.
OCTAVO. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
NOVENO. Sin condena en costas en segunda instancia.
DÉCIMO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y
devolver el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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