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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2021-00136-01

Fecha
12 de junio de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo
Citada por
8 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2021-00136-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. MODIFICAR el ordinal tercero de la parte resolutiva de la sentencia dictada el 14 de julio de 2022 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión n.° 6, el cual quedará así: TERCERO. A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la Nación (Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio) a reconocer y pagar una pensión de jubilación a favor del señor Carlos Antonio Acevedo Núñez, con base en la Ley 33 de 1985, equivalente al 75 % del ingreso base de liquidación conformado por el promedio mensual de los factores salariales devengados entre el 15 de junio de 2018 y el 14 de junio de 2019, a saber: asignación básica, bonificación mensual docente y horas extras. 22 Índice 3 de SAMAI del tribunal. Certificados «de salarios y devengados» expedidos el 1.° de octubre de 2020 por la Secretaría de Educación Departamental de Boyacá. 23 Índice 3 de SAMAI del tribunal. Anexos de la demanda. 9 consejodeestado.gov.co Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 15001-23-33-000-2021-00136-01 (5701-2022) Demandante: Carlos Antonio Acevedo Núñez El pago de la mesada pensional tendrá efectos fiscales a partir del 15 de junio de 2019 y no estará condicionado a la acreditación del retiro definitivo del servicio docente oficial, pues la pensión de jubilación reconocida y el salario devengado como maestro oficial son compatibles. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio deberá adelantar las respectivas actuaciones de cobro contra el señor Carlos Antonio Acevedo Núñez y el departamento de Boyacá, a fin de lograr el recaudo del porcentaje de los aportes pensionales que uno y otro debieron realizaron como trabajador y empleador, respectivamente, durante los períodos en que aquel estuvo vinculado mediante contratos de prestación de servicios, es decir, entre el 3 de marzo de 1997 y el 12 de diciembre de 2003, de manera interrumpida. […]. SEGUNDO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia de primera instancia. TERCERO. Sin condena en costas de segunda instancia. CUARTO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 15001-23-33-000-2021-00136-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

12 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D. C., doce (12) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 15001-23-33-000-2021-00136-01 (5701-2022)
Demandante: Carlos Antonio Acevedo Núñez
Demandado: Nación (Ministerio de Educación, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio)
Tema: Pensión ordinaria de docente – Ley 33 de 1985 –
vinculaciones al servicio docente antes de la Ley 812
de 2003 – compatibilidad entre la pensión de
jubilación y el salario – MODIFICA PARCIALMENTE
Y CONFIRMA la sentencia de primera instancia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. ASUNTO

La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide
los recursos de apelación interpuestos por ambas partes contra la sentencia
dictada el 14 de julio de 2022 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de
Decisión n.° 6, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Se
anuncia que se modificará parcialmente y confirmará dicha providencia.

II. ANTECEDENTES

Demanda

1. El accionante interpuso demanda con el objeto de que se declare la
nulidad de la Resolución 5202 del 28 de diciembre de 2020, expedida por la
Secretaría de Educación Departamental de Boyacá y aprobada por el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), por medio de la cual
se negó el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación.

2. A título de restablecimiento del derecho solicitó i) reconocer a su favor la
citada prestación con base en la Ley 33 de 1985, equivalente al 75 % de los
salarios y primas devengados en el año anterior a la consolidación del estatus
jurídico, compatible con el salario; ii) pagar las mesadas causadas desde la
adquisición del derecho; iii) indexar las sumas adeudadas junto con los intereses
moratorios que se generen después de la ejecutoria del fallo; iv) dar cumplimiento
a la sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA; y v)
condenar en costas a la parte demandada.

3. Como concepto de violación argumentó que el acto acusado infringió las
normas en que debía fundarse teniendo en cuenta que se desempeñó como
docente oficial vinculado mediante contratos de prestación de servicios antes de
que entrara en vigencia la Ley 812 de 2003, por lo cual tiene derecho a que se le
reconozca y pague una pensión de jubilación conforme con la Ley 33 de 1985, la
cual es compatible con el salario.

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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 15001-23-33-000-2021-00136-01 (5701-2022)
Demandante: Carlos Antonio Acevedo Núñez

Contestación de la demanda

4. La entidad accionada se opuso a las pretensiones porque el demandante
«se vinculó como docente afiliado al FOMAG» después de la entrada en vigencia
de la Ley 812 de 2003, por lo que su situación jurídica está regida por las Leyes
100 de 1993 y 797 de 2003, pero no acredita 1300 semanas de cotización para
acceder a la pensión de jubilación.

5. Indicó que la pensión por aportes de que trata la Ley 71 de 1988 beneficia
a quienes cumplan los requisitos del régimen de transición, y se liquida con
inclusión de los factores salariales que sirvieron de base para los aportes.

6. Adujo que no era procedente la condena en costas debido a que no está
demostrada su causación, teniendo en cuenta que el actor planteó argumentos
eminentemente jurídicos; además, ha actuado con buena fe.

7. Propuso las excepciones de legalidad del acto atacado, «demandante no
es beneficiario de las disposiciones normativas que se alegan», «factores
salariales que integran el ingreso base de liquidación – sentencia de unificación
del 25 de abril de 2019 proferida por el Consejo de Estado (argumento
subsidiario)», ineptitud de la demanda por carencia de fundamento jurídico, cobro
de lo no debido, improcedencia de la condena en costas y la genérica.

Sentencia apelada

8. Mediante sentencia del 14 de julio de 2022, el Tribunal declaró la nulidad
del acto enjuiciado y le ordenó a la entidad accionada reconocer y pagar una
pensión de jubilación a favor del demandante, condicionada al retiro del servicio,
equivalente al 75 % del ingreso base de liquidación conformado por la asignación
básica, las horas extras y la bonificación mensual docente devengadas durante
el año anterior a la consolidación del estatus jurídico con base en la Ley 33 de
1985.

9. Adicionalmente, le ordenó al FOMAG cobrar los aportes pensionales que
no efectuó la entidad empleadora del actor, mientras este laboró través de
contratos de prestación de servicios o mediante vinculaciones legales y
reglamentarias.

10. Determinó que el accionante cumplió 55 años de edad el 15 de junio de
2019 y acreditó 20 años de servicio el 15 de septiembre de 2019 (estatus
pensional), teniendo en cuenta que se desempeñó como docente de la Secretaría
de Educación Departamental de Boyacá i) entre el 3 de marzo de 1997 y el 12
de diciembre de 2003, de manera interrumpida, por medio de contratos de
prestación de servicios; y ii) desde el 8 de marzo de 2004 hasta la fecha de
presentación de la demanda, en provisionalidad y propiedad.

11. Precisó que los períodos durante los cuales el actor laboró a través de
contratos de prestación de servicios deben computarse para efectos pensionales,

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Demandante: Carlos Antonio Acevedo Núñez

en tanto realizó sus deberes de manera personal y subordinada y en igualdad de
condiciones a los docentes con vinculación legal y reglamentaria.

12. Sostuvo que la pensión de jubilación es incompatible con el salario
devengado como docente porque no hay sentencia que hubiera reconocido la
existencia de una relación laboral durante el tiempo en que el actor trabajó
mediante contratos de prestación de servicios y que la vinculación legal y
reglamentaria ocurrió el 31 de diciembre de 20051, es decir, después de la
entrada en vigencia del Decreto 1278 de 2002 y la Ley 812 de 2003.

13. Indicó que durante el año anterior a la consolidación del estatus pensional
(15 de septiembre de 2018 al 15 de septiembre de 2019), el demandante devengó
las primas de alimentación, de servicios, de vacaciones y de navidad; asignación
básica, bonificación mensual docente y horas extras, pero solo estas 3 últimas
pueden incluirse en la liquidación de la mesada.

14. Señaló que el hecho de que la entidad empleadora no haya realizado los
aportes pensionales durante los períodos en que el actor estuvo vinculado a
través de contratos de prestación de servicios no puede trasladarse a este último.

15. Consideró que no se configuró la prescripción de mesadas pensionales
porque estas solo serán efectivas desde el retiro del servicio.

16. Puso de presente que en el Consejo de Estado no existe posición unívoca
sobre la condena en costas, por lo cual decidió no imponerla en este caso.

Recursos de apelación

17. Inconformes con la decisión, ambas partes procesales interpusieron
sendos recursos de apelación, por las siguientes razones:

18. La entidad accionada solicitó revocar la sentencia porque el demandante
no es beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley
100 de 1993 y se vinculó «al servicio del FOMAG» el 8 de marzo de 2004, por lo
cual su situación jurídica no está regida por la Ley 71 de 1988, sino por la primera
ley citada.

19. El demandante solicitó revocar parcialmente el fallo a fin de que se
declare que su pensión de jubilación es efectiva a partir del 18 de julio de 2019,
cuando consolidó el estatus jurídico, dada la compatibilidad entre dicha
prestación y el salario devengado en ejercicio de la actividad docente, conforme
con los artículos 5 del Decreto 224 de 1972 y 19 de la Ley 4.ª de 1992.

Intervención en segunda instancia

20. En sus alegatos, el actor manifestó i) que la demandada no planteó
repartos concretos contra la sentencia de primera instancia; ii) que los aportes

1
En otro aparte, el Tribunal señaló que la vinculación legal y reglamentaria del demandante
ocurrió a partir del 8 de marzo de 2004.

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Demandante: Carlos Antonio Acevedo Núñez

pensionales se pueden cobrar al contratista y a la entidad contratante en
cualquier momento debido a que son imprescriptibles; y iii) la pensión debe ser
efectiva a partir del 18 de julio de 2019, sin necesidad de demostrar el retiro
definitivo de la docencia oficial.

21. El Ministerio Público presentó concepto a través del cual solicitó confirmar
la sentencia apelada porque i) el actor consolidó el estatus pensional el 15 de
septiembre de 2019; y ii) la vinculación formal al FOMAG ocurrió el 31 de
diciembre de 2005, es decir, en vigencia de la Ley 812 de 2003, por lo que la
efectividad de la pensión está condicionada al retiro del servicio.

22. La entidad demandada guardó silencio en esta fase procesal.

III. CONSIDERACIONES

Problema jurídico

23. La Sala debe resolver los siguientes problemas jurídicos: i) ¿el
demandante se vinculó al servicio educativo oficial antes de que entrara en
vigencia la Ley 812 de 2003 y, por consiguiente, cumple las condiciones para que
se le reconozca y pague una pensión de jubilación con base en la Ley 33 de
1985?; y ii) ¿desde cuándo debe hacerse efectivo el pago de la mesada
pensional?

El caso concreto

24. Con el fin de adoptar la decisión correspondiente, la Sala estima necesario
relacionar los siguientes hechos, los cuales fueron probados con los documentos
aportados al proceso:

i) El demandante nació el 15 de junio de 19642.

ii) Laboró como docente público durante los siguientes lapsos:

Entidad contratante
Desde - Hasta Tipo de vinculación Tiempo
o empleadora
3/3/1997 a Orden de prestación Departamento de
120 días
30/6/19973 de servicios Boyacá
20/2/1998 a Orden de prestación Departamento de
116 días
15/6/19984 de servicios Boyacá
13/7/1998 a Orden de prestación Departamento de
141 días
30/11/19985 de servicios Boyacá

2
Índice 3 de SAMAI del tribunal. Anexos de la demanda.
3
Orden de prestación de servicios 26 del 3 de marzo de 1997 y certificado de tiempo de servicio
expedido el 5 de julio de 2007 por la Secretaría de Educación Departamental de Boyacá. Índice
3 de SAMAI del tribunal (anexos de la demanda).
4
Orden de prestación de servicios 181 del 20 de febrero de 1998 y certificado de tiempo de
servicio expedido el 5 de julio de 2007 por la Secretaría de Educación Departamental de Boyacá.
Ibidem.
5
Orden de prestación de servicios 169 del 11 de julio de 1998 y certificado de tiempo de servicio
expedido el 5 de julio de 2007 por la Secretaría de Educación Departamental de Boyacá. Ibidem.

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Nulidad y restablecimiento del derecho
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Demandante: Carlos Antonio Acevedo Núñez

1/2/1999 a Orden de prestación Departamento de
131 días
11/6/19996 de servicios Boyacá
18/8/1999 a Orden de prestación Departamento de
105 días
30/11/19997 de servicios Boyacá
31/1/2000 a Orden de prestación Departamento de
131 días
9/6/20008 de servicios Boyacá
10/7/2000 a Orden de prestación Departamento de
145 días
1/12/20009 de servicios Boyacá
2/3/2001 a Orden de prestación Departamento de
106 días
15/6/200110 de servicios Boyacá
9/7/2001 a Orden de prestación Departamento de
150 días
5/12/200111 de servicios Boyacá
14/3/2002 a Orden de prestación Departamento de
94 días
15/6/200212 de servicios Boyacá
26/7/2002 a Orden de prestación Departamento de
128 días
30/11/200213 de servicios Boyacá
3/2/2003 a Orden de prestación Departamento de
313 días
12/12/200314 de servicios Boyacá
5/3/2004 a
5/10/2020 Nombramiento en Departamento de
6059 días
(fecha del provisionalidad Boyacá
certificado)15
7.739 días, equivalentes
TIEMPO TOTAL DE SERVICIO a 21 años, 5 meses y 29
días

25. El artículo 320 del Código General del Proceso establece que el recurso
de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida,
solamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para
que aquella se revoque o se reforme. A su turno, el artículo 328 ibidem dispone
que el juez de segunda instancia deberá pronunciarse, únicamente, sobre los
argumentos expuestos por quien apela, sin perjuicio de las determinaciones que
deba tomar de oficio o según la ley.

6
Orden de prestación de servicios 169 del 1.° de febrero de 1999 y y certificado de tiempo de
servicio expedido el 5 de julio de 2007 por la Secretaría de Educación Departamental de Boyacá.
Ibidem.
7
Orden de prestación de servicios 1337 del 18 de agosto de 1999 y certificado de tiempo de
servicio expedido el 5 de julio de 2007 por la Secretaría de Educación Departamental de Boyacá.
Ibidem.
8
Orden de prestación de servicios 289 del 31 de enero de 2000 y certificado de tiempo de servicio
expedido el 5 de julio de 2007 por la Secretaría de Educación Departamental de Boyacá. Ibidem.
9
Orden de prestación de servicios 1062 del 10 de julio de 2000 y certificado de tiempo de servicio
expedido el 5 de julio de 2007 por la Secretaría de Educación Departamental de Boyacá. Ibidem.
10
Orden de prestación de servicios 025 del 2 de marzo de 2001 y certificado de tiempo de servicio
expedido el 5 de julio de 2007 por la Secretaría de Educación Departamental de Boyacá. Ibidem.
11
Orden de prestación de servicios 0225 del 9 de julio de 2001 y certificado de tiempo de servicio
expedido el 5 de julio de 2007 por la Secretaría de Educación Departamental de Boyacá. Ibidem.
12
Orden de prestación de servicios 1283 del 13 de marzo de 2002 y certificado de tiempo de
servicio expedido el 5 de julio de 2007 por la Secretaría de Educación Departamental de Boyacá.
Ibidem.
13
Orden de prestación de servicios 1678 del 26 de julio de 2002 y certificado de tiempo de servicio
expedido el 5 de julio de 2007 por la Secretaría de Educación Departamental de Boyacá. Ibidem.
14
Orden de prestación de servicios 308 del 3 de febrero de 2003 y certificado de tiempo de
servicio expedido el 5 de julio de 2007 por la Secretaría de Educación Departamental de Boyacá.
La orden de prestación de servicios fue prorrogada del 1 al 12 de diciembre de 2003. Ibidem e
índices 13, 15 y 16 de SAMAI del tribunal.
15
En el certificado de historia laboral se indicó que la vinculación inició el 8 de marzo de 2004;
sin embargo, en el expediente se encuentra el acta de posesión del 5 de marzo de 2004, en la
cual no se realizó ninguna precisión sobre efectos fiscales posteriores.

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Demandante: Carlos Antonio Acevedo Núñez

Estudio del recurso de apelación interpuesto por el FOMAG

26. De acuerdo con el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, el parágrafo
transitorio 1 del artículo 48 de la Constitución Política (adicionado por el artículo
1 del Acto Legislativo 01 de 2005) y la Sentencia de Unificación SUJ-014-CE-S2-
19 del 25 de abril de 2019, el régimen pensional de los docentes vinculados al
servicio educativo oficial antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003
(27 de junio de 2003) es el previsto en las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985.

27. En esas condiciones, la Sala comparte la decisión del Tribunal en tanto
determinó que la situación pensional del demandante está regida por la Ley 33
de 1985, pues demostró que tuvo vinculaciones a la docencia oficial antes del 27
de junio de 2003, cuando entró en vigencia la Ley 812 de 2003, a través de
contratos de prestación de servicios ejecutados entre el 3 de marzo de 1997 y el
12 de diciembre de 2003, de manera interrumpida.

28. Sobre el particular, en la Sección Segunda del Consejo de Estado existe
una jurisprudencia pacífica y reiterada según la cual los períodos en los que un
docente hubiere laborado en el sector público a través de contratos de prestación
de servicios, con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, son
válidos para efectos de acceder al régimen pensional de que trata la Ley 33 de
1985 y acreditar los 20 años de servicio que esta última exige para adquirir el
derecho a una pensión de jubilación, teniendo en cuenta que la labor desarrollada
en dichos lapsos es propia e inherente a la condición de docente oficial y se
ejecuta en el marco de verdaderos vínculos de naturaleza laboral, con
independencia de la denominación contractual que se les designe16.

29. En este punto, vale la pena precisar que la situación pensional del actor
no fue definida con base en la Ley 71 de 1988, motivo por el cual no se analizarán
los argumentos que expuso la demandada frente a la aplicación de esta ley y a
la necesidad de cumplir o no los requisitos del régimen de transición establecido
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

30. Por otro lado, el FOMAG puso de presente que no había recibido
aportes pensionales a favor del demandante durante los períodos en que estuvo
vinculado mediante contratos de prestación de servicios (entre el 3 de marzo de
1997 y el 12 de diciembre de 2003, de forma interrumpida); sin embargo, tal
circunstancia no constituye un obstáculo para reconocer el derecho pensional,
sino que devela la necesidad de que dicha entidad adelante las respectivas
actuaciones administrativas de cobro de los aportes contra el actor y la entidad
territorial contratante.

16
Al respecto, ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 18 de noviembre de 2020, expediente 66001-23-
33-000-2016-00082-01 (4676-2017); sentencia del 24 de febrero de 2022, expediente 63001-23-
33-000-2018-00183-01 (4650-2019); y sentencia del 20 de junio de 2024, expediente 17001-23-
33-000-2019-00174-01 (0506-2022).

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31. Ahora bien, como el Tribunal solo ordenó promover las gestiones de cobro
de aportes contra la entidad territorial contratante17, se modificará la sentencia de
primera instancia en el sentido de ordenar al FOMAG que también adelante esa
actuación en contra del demandante, a fin de lograr el recaudo del porcentaje de
las cotizaciones que le correspondía asumir como trabajador.

32. No es acertado el argumento que planteó el FOMAG en cuanto a que no
le podría cobrar los aportes pensionales a la Secretaría de Educación
Departamental de Boyacá porque esta sería la encargada de reconocer y pagar
la pensión de jubilación del actor, ya que ambas responsabilidades
(reconocimiento y pago) recaen en el FOMAG, con independencia de que la
entidad territorial expida el correspondiente acto administrativo según el trámite
que diseñó el legislador, de acuerdo con el inciso 2.° del artículo 57 de la Ley
1955 de 201918.

Estudio del recurso de apelación interpuesto por el demandante

33. La Sala no comparte la conclusión a la cual llegó el Tribunal frente a la
compatibilidad entre la pensión de jubilación reconocida con base en la Ley 33
de 1985 y el salario percibido en ejercicio de la actividad docente, por las
siguientes razones:

i) El artículo 128 de la Constitución Política establece que nadie puede
devengar más de una asignación que provenga del tesoro público; sin
embargo, el artículo 19 de la Ley 4.ª de 1992 previó algunas excepciones
a esa regla, entre las cuales están las asignaciones «que a la fecha de
entrar en vigencia [dicha] ley beneficien a los servidores oficiales docentes
pensionados».

Sobre esta última norma, la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado precisó que «no solo cobija a los docentes
pensionados con anterioridad a su entrada en vigencia sino también a los
que accedan a la pensión ordinaria y/o gracia con posterioridad, dado que
es precisamente su condición de pensionados la que les permite acceder
a los beneficios consagrados en normas anteriores […]»19.

17
En el inciso 3.° del ordinal tercero de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia, el
Tribunal indicó lo siguiente:
«Le corresponde al FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO
adelantar las acciones de cobro con motivo del incumplimiento de las obligaciones del empleador
durante todo el tiempo en que el demandante prestó sus servicios como docente, ya sea por
contratos de prestación de servicios – OPS, o por medio de vinculación legal y reglamentaria,
conforme lo establece el artículo 24 de la Ley 100 de 1993».
18
«Las pensiones que pagará el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
serán reconocidas por el citado Fondo, mediante la aprobación del proyecto de resolución por
parte de quien administre el Fondo, el cual debe ser elaborado por el Secretario de Educación de
la Entidad Territorial certificada correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente. El
acto administrativo de reconocimiento de la pensión se hará mediante resolución que llevará la
firma del Secretario de Educación de la entidad territorial».
19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 14 de agosto de 2009, expediente 05001-23-31-000-2004-03824-01 (2170-2008).

7
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Demandante: Carlos Antonio Acevedo Núñez

En ese contexto, el artículo 5 del Decreto 224 de 1972 dispone que el
ejercicio de la docencia es compatible con el goce de la pensión de
jubilación. Por lo tanto, los maestros vinculados al servicio educativo oficial
antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, cuyo régimen
pensional no es el consagrado en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003,
pueden recibir al mismo tiempo la pensión de jubilación y el salario que
surge del ejercicio de la labor docente.

Además, aunque el literal k) del artículo 42 del Decreto 1278 de 2002
prohibía a los maestros oficiales devengar simultáneamente más de una
asignación proveniente del tesoro público, esta norma fue declarada
inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-734 de 200320.

De igual manera, el artículo 45 del Decreto 1278 de 2002, que preveía la
incompatibilidad entre el ejercicio de cargos en el sector educativo oficial
y el goce de las pensiones de jubilación, vejez, gracia o similares, fue
declarado inexequible mediante Sentencia C-1157 de 2003, proferida por
la Corte Constitucional21.

ii) En el fallo de primera instancia se dio valor a las vinculaciones a través de
contratos de prestación de servicios para efectos de definir el régimen
pensional del actor y el cumplimiento de los 20 años de servicio que exige
la Ley 33 de 1985, pero la controversia en torno a la compatibilidad entre
la pensión de jubilación y el salario se definió tomando en consideración
la fecha en que el actor se vinculó como docente oficial en provisionalidad.

Para la Sala, tal distinción no resulta justificada teniendo en cuenta que la
situación jurídica del demandante no puede fraccionarse, pues ello
desconocería la labor docente realizada mediante contratos de prestación
de servicios y los tiempos acumulados en esas condiciones.

Por consiguiente, para efectos de definir la compatibilidad entre la pensión
de jubilación y el salario, debe entenderse que el actor ingresó a la
docencia oficial a partir del 3 de marzo de 1997 y no desde marzo de 2004.

34. En esas condiciones, se modificará la sentencia apelada a fin de precisar
que el disfrute de la pensión de jubilación no está condicionado a la acreditación
del retiro definitivo del servicio docente.

35. Una vez definido lo anterior, la Sala observa que el demandante acumuló
20 años de servicios en la docencia oficial el 15 de abril de 2019 (sumando los
tiempos laborados a través de contratos de prestación de servicios y en
provisionalidad), pero cumplió 55 años de edad el 15 de junio de 2019, fecha en
la cual consolidó el estatus pensional.

20
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-734 del 26 de agosto de 2003.
21
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-1157 del 4 de diciembre de 2003.

8
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Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700
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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 15001-23-33-000-2021-00136-01 (5701-2022)
Demandante: Carlos Antonio Acevedo Núñez

36. En consecuencia, se modificará el fallo de primera instancia a fin de
precisar que el demandante adquirió el estatus pensional el 15 de junio de 2019,
por lo que el ingreso base de liquidación está conformado por el promedio
mensual de los factores salariales devengados entre el 15 de junio de 2018 y el
14 de junio de 2019, enlistados con esa connotación en la Ley 62 de 1985 y en
decretos posteriores, a saber: asignación básica, bonificación mensual docente
y horas extras22.

37. Finalmente, teniendo en cuenta que el actor consolidó el estatus pensional
el 15 de junio de 2019 y promovió la reclamación administrativa el 7 de octubre
de 202023, la Sala concluye que no se configuró la prescripción trienal de
mesadas pensionales.

Condena en costas de segunda instancia

38. El artículo 188 del CPACA, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, establece que la sentencia debe disponer sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil (hoy Código General del Proceso); y que en todo caso la condena al
respecto se impondrá «cuando se establezca que se presentó la demanda con
manifiesta carencia de fundamento legal».

39. Al revisar el caso concreto, la Sala considera que los razonamientos
expuestos por ambas partes procesales en los recursos de apelación no carecen
de fundamento legal, sino que comportan argumentaciones válidas y coherentes
dirigidas a defender sus intereses, lo que lleva a no imponer condena en costas
de segunda instancia. Además, los recursos interpuestos prosperaron
parcialmente, en los términos ya explicados.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO. MODIFICAR el ordinal tercero de la parte resolutiva de la sentencia
dictada el 14 de julio de 2022 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de
Decisión n.° 6, el cual quedará así:

TERCERO. A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la Nación
(Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio)
a reconocer y pagar una pensión de jubilación a favor del señor Carlos Antonio
Acevedo Núñez, con base en la Ley 33 de 1985, equivalente al 75 % del ingreso
base de liquidación conformado por el promedio mensual de los factores salariales
devengados entre el 15 de junio de 2018 y el 14 de junio de 2019, a saber:
asignación básica, bonificación mensual docente y horas extras.

22
Índice 3 de SAMAI del tribunal. Certificados «de salarios y devengados» expedidos el 1.° de
octubre de 2020 por la Secretaría de Educación Departamental de Boyacá.
23
Índice 3 de SAMAI del tribunal. Anexos de la demanda.

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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 15001-23-33-000-2021-00136-01 (5701-2022)
Demandante: Carlos Antonio Acevedo Núñez

El pago de la mesada pensional tendrá efectos fiscales a partir del 15 de junio de
2019 y no estará condicionado a la acreditación del retiro definitivo del servicio
docente oficial, pues la pensión de jubilación reconocida y el salario devengado
como maestro oficial son compatibles.

El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio deberá adelantar las
respectivas actuaciones de cobro contra el señor Carlos Antonio Acevedo Núñez
y el departamento de Boyacá, a fin de lograr el recaudo del porcentaje de los
aportes pensionales que uno y otro debieron realizaron como trabajador y
empleador, respectivamente, durante los períodos en que aquel estuvo vinculado
mediante contratos de prestación de servicios, es decir, entre el 3 de marzo de
1997 y el 12 de diciembre de 2003, de manera interrumpida.

[…].

SEGUNDO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia de primera instancia.

TERCERO. Sin condena en costas de segunda instancia.

CUARTO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y
devolver el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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