Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2019-00271-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2019-00271-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2019-00271-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
21 de agosto de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D. C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 76001-23-33-000-2019-00271-01 (5671-2023)
Demandante: Alba Lucía Saavedra Abadía
Demandado: Nación (Ministerio de Educación, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio)
Tema: Pensión ordinaria de docente – Ley 71 de 198 – vinculación
al servicio educativo antes de la Ley 812 de 2003
Decisión: Revoca la sentencia de primera instancia porque la
demandante es beneficiaria del régimen pensional previsto
en la Ley 71 de 1988 y cumple los requisitos para acceder a
la prestación.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia de primera instancia del 31 de agosto de 2022 proferida por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que negó las pretensiones.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. La actora interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho con el objeto de que se declare la nulidad del acto
ficto producto del silencio administrativo negativo que se configuró porque la
entidad accionada no respondió la petición radicada el 24 de septiembre de
20181, la cual iba encaminada a obtener el reconocimiento de una pensión de
jubilación por aportes.
2. A título de restablecimiento del derecho solicitó i) reconocer a su favor la
citada prestación equivalente al 75 % de los salarios y primas percibidos durante
el año anterior a la consolidación del estatus pensional, efectiva a partir del 28 de
diciembre de 2016, compatible con el salario; ii) pagar las mesadas causadas
desde que adquirió el derecho, de manera indexada, más los intereses
moratorios que se generen desde la ejecutoria del fallo; iii) dar cumplimiento a la
sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA); y iv) condenar en
costas a la parte demandada.
3. Como concepto de violación argumentó que el acto acusado infringió las
normas en que debía fundarse, teniendo en cuenta que se vinculó a la docencia
oficial antes del «23 de junio de 2003» y realizó aportes al Instituto de Seguros
1 La petición se envió el 24 de septiembre de 2018 por correo certificado; sin embargo, fue entregada en la
entidad destinataria el 26 de septiembre de 2018.
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Demandante: Alba Lucía Saavedra Abadía
Sociales, razones por las cuales su régimen pensional está previsto en la Ley 71
de 1988, de acuerdo con el artículo 81 de la Ley 812 de 2003.
Contestación de la demanda
4. La entidad accionada se opuso a las pretensiones sobre la base de que el
artículo 15 de la Ley 91 de 1989 solo permite la aplicación de las Leyes 33 de
1985 y 812 de 2003, mas no de la Ley 71 de 1988.
5. Sostuvo que la pensión de jubilación debe liquidarse con inclusión de los
factores salariales sobre los cuales se realizaron aportes, de acuerdo con las
Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985.
6. Indicó que no es procedente imponer condena en costas en su contra
porque ha actuado con buena fe y aquellas no están causadas ni comprobadas.
Sentencia apelada
7. Mediante sentencia del 31 de agosto de 2022, el Tribunal negó las
pretensiones de la accionante porque si bien se vinculó a la docencia oficial el 30
de junio de 1999, es decir, antes de que entrara en vigor la Ley 812 de 2003, solo
acredita 19,77 años de servicio en los sectores público y privado, de los 20 años
que exige la Ley 71 de 1988 para poder acceder a la prestación.
8. Precisó que no sería viable analizar la situación pensional de la actora
conforme a la Ley 100 de 1993, ya que no existe certeza acerca de si continuó
realizando cotizaciones después del año 2014 y, en todo caso, se desconocería
el principio de congruencia.
9. Por último, condenó en costas de primera instancia a la parte actora.
Recurso de apelación
10. Inconforme con la decisión, la demandante interpuso recurso de apelación
argumentando que el Tribunal no tuvo en cuenta sus vinculaciones través de
contratos de prestación de servicios y mediante nombramientos en
provisionalidad y propiedad, desde el 15 de enero de 1999, ni las 434,71
semanas de cotización que registra en Colpensiones.
11. Adujo que laboró en entidades públicas y privadas durante 26 años, 7
meses y 28 días contados hasta la fecha de la reclamación administrativa, de tal
manera que acredita el tiempo de servicio suficiente para que se le conceda una
pensión de jubilación por aportes a partir del 28 de diciembre de 2016.
12. Señaló que la entidad demandada debe reconocer y pagar la pensión de
jubilación por aportes y reclamarle a Colpensiones las cuotas partes
correspondientes.
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13. Afirmó que la mesada pensional y el salario percibido en ejercicio de la
docencia oficial son compatibles, de acuerdo con los artículos 19 de la Ley 4.ª de
1992 y 5 del Decreto 224 de 1972.
14. Solicitó revocar la decisión que adoptó el Tribunal en torno a las costas
procesales y no imponer condena sobre estas en segunda instancia, ya que no
tuvo la voluntad de generar un desgaste del aparato judicial, sino de solicitar el
reconocimiento de un derecho.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
15. Por auto del 11 de diciembre de 2023 se admitió el recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia de primera instancia.
16. En sus alegatos, la actora reiteró los argumentos que expuso en la
demanda y en la apelación.
17. La entidad accionada insistió en las razones que planteó en la
contestación de la demanda y en los alegatos de conclusión de primera instancia.
18. El ministerio público rindió concepto a través del cual solicitó confirmar la
sentencia apelada porque la accionante no tiene derecho a la pensión de
jubilación por aportes en tanto no es beneficiaria del régimen de transición que
prevé el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
19. De conformidad con el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021,
el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación.
Problema jurídico
20. Consiste en determinar si la demandante cumple los requisitos legales
para que se le reconozca y pague una pensión de jubilación por aportes
compatible con el salario devengado en ejercicio de la docencia oficial.
Análisis del problema jurídico
21. La Sala revocará la sentencia de primera instancia porque la accionante
demostró que se vinculó a la docencia oficial antes del 27 de junio de 2003
cuando entró en vigencia la Ley 812 de 2003, y cumple los requisitos que prevé
el artículo 7 de la Ley 71 de 1988 para acceder a una pensión de jubilación por
aportes.
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22. Con el fin de sustentar la anterior conclusión, la Sala estima necesario
relacionar los siguientes hechos, los cuales fueron probados con los documentos
aportados al proceso:
i) La demandante nació el 28 de diciembre de 19612.
ii) De acuerdo con las pruebas que reposan en el expediente, acreditó los
siguientes tiempos de servicios como docente en el sector público:
Desde - Tipo de Entidad contratante
Tiempo
Hasta vinculación o empleadora
Orden de
15/1/1999 al Municipio de Palmira
prestación de 167 días
30/6/19993 (Valle del Cauca)
servicios
Orden de
1/10/1999 al Municipio de Palmira
prestación de 76 días
15/12/19994 (Valle del Cauca)
servicios
Orden de
17/1/2000 al Municipio de Palmira
prestación de 166 días
30/6/20005 (Valle del Cauca)
servicios
Orden de
18/9/2000 al Municipio de Palmira
prestación de 89 días
15/12/20006 (Valle del Cauca)
servicios
Orden de
17/1/2001 al Municipio de Palmira
prestación de 165 días
30/6/20017 (Valle del Cauca)
servicios
Orden de
3/9/2001 al Municipio de Palmira
prestación de 103 días
14/12/20018 (Valle del Cauca)
servicios
Orden de
8/1/2002 al Municipio de Palmira
prestación de 174 días
30/6/20029 (Valle del Cauca)
servicios
Orden de
2/10/2002 al Municipio de Palmira
prestación de 73 días
13/12/200210 (Valle del Cauca)
servicios
2 Registro civil de nacimiento y cédula de ciudadanía de la actora (Índice 4 de SAMAI, anexos de la
demanda).
3 Orden de prestación de servicios 120 del 15 de enero de 1999 y certificación expedida el 29 de junio de
2019 por el subsecretario administrativo y financiero de la Alcaldía Municipal de Palmira (Valle del Cauca),
anexos de la reforma de la demanda, prueba documental que fue incorporada al proceso mediante auto del
14 de enero de 2022 (ibidem).
4 Orden de prestación de servicios 051 del 3 de septiembre de 2001 y certificación expedida el 29 de junio
de 2019 por el subsecretario administrativo y financiero de la Alcaldía Municipal de Palmira (Valle del Cauca),
anexos de la reforma de la demanda, prueba documental que fue incorporada al proceso mediante auto del
14 de enero de 2022 (ibidem).
5
Certificación expedida el 29 de junio de 2019 el subsecretario administrativo y financiero de la Alcaldía
Municipal de Palmira (Valle del Cauca), anexos de la reforma de la demanda, prueba documental que fue
incorporada al proceso mediante auto del 14 de enero de 2022 (ibidem).
6 Certificación expedida el 29 de junio de 2019 por el subsecretario administrativo y financiero de la Alcaldía
Municipal de Palmira (Valle del Cauca), anexos de la reforma de la demanda, prueba documental que fue
incorporada al proceso mediante auto del 14 de enero de 2022 (ibidem).
7 Certificación expedida el 29 de junio de 2019 por el subsecretario administrativo y financiero de la Alcaldía
Municipal de Palmira (Valle del Cauca), anexos de la reforma de la demanda, prueba documental que fue
incorporada al proceso mediante auto del 14 de enero de 2022 (ibidem).
8 Certificación expedida el 29 de junio de 2019 por el subsecretario administrativo y financiero de la Alcaldía
Municipal de Palmira (Valle del Cauca), anexos de la reforma de la demanda, prueba documental que fue
incorporada al proceso mediante auto del 14 de enero de 2022 (ibidem).
9 Orden de prestación de servicios 049 del 8 de enero de 2002 y certificación expedida el 29 de junio de
2019 por el subsecretario administrativo y financiero de la Alcaldía Municipal de Palmira (Valle del Cauca),
anexos de la reforma de la demanda, prueba documental que fue incorporada al proceso mediante auto del
14 de enero de 2022 (ibidem).
10 Certificación expedida el 29 de junio de 2019 por el subsecretario administrativo y financiero de la Alcaldía
Municipal de Palmira (Valle del Cauca), anexos de la reforma de la demanda, prueba documental que fue
incorporada al proceso mediante auto del 14 de enero de 2022 (ibidem).
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Nombramiento
31/3/2003 al Municipio de Palmira
en 2570 días
12/4/201011 (Valle del Cauca)
provisionalidad
14/4/2010 al
6/6/201812
(fecha de Nombramiento Municipio de Palmira
2976 días
expedición en propiedad (Valle del Cauca)
del
certificado)
6559 días, equivalentes a
TIEMPO TOTAL DE SERVICIO
18 años, 2 meses y 19 días
iii) La actora también registra 434,71 semanas de cotización en
Colpensiones, producto de labores realizadas en los sectores público y
privado, entre el 25 de noviembre de 1991 y el 31 de julio de 2006, de
manera discontinua13, equivalentes a 8 años, 5 meses y 13 días14.
iv) En el reporte de semanas cotizadas emitido por Colpensiones se registra
el período comprendido entre el 1.° de abril de 2003 y el 1.° de julio de
2006 (1188 días o 3 años, 3 meses y 18 días), durante el cual los aportes
fueron realizados por el municipio de Palmira (Valle del Cauca).
En esas condiciones, a fin de no computar dos (2) veces el mismo tiempo
de servicio, la Sala solo contabilizará 1382 días de labores por el período
durante el cual la demandante estuvo vinculada en provisionalidad como
docente del municipio de Palmira, correspondientes al 31 de marzo de
2003 y del 2 de julio de 2006 al 12 de abril de 2010. Así pues, el tiempo de
servicio acreditado por la actora se resume de la siguiente manera:
Desde - hasta Entidad contratante Tiempo
o empleadora
Municipio de Palmira
15/1/1999 al 30/6/1999 167 días
(Valle del Cauca)
Municipio de Palmira
1/10/1999 al 15/12/1999 76 días
(Valle del Cauca)
Municipio de Palmira
17/1/2000 al 30/6/2000 166 días
(Valle del Cauca)
Municipio de Palmira
18/9/2000 al 15/12/2000 89 días
(Valle del Cauca)
Municipio de Palmira
17/1/2001 al 30/6/2001 165 días
(Valle del Cauca)
11
Decreto 088 expedido el 26 de marzo de 2003 por el alcalde municipal de Palmira (Valle del Cauca) y acta
de posesión del 31 de marzo de 2003, prueba documental que fue incorporada al proceso mediante auto
del 14 de enero de 2022 (ibidem). Además, formato único para la expedición de certificado de historia laboral
expedido el 6 de junio de 2018 por la Secretaría de Educación Municipal de Palmira (Valle del Cauca)
(anexos de la demanda).
12 Decretos 234 y 154 expedidos el 9 de abril de 2010 y el 31 de marzo de 2011 por el alcalde municipal de
Palmira (Valle del Cauca), respectivamente; y actas de posesión del 14 de abril de 2010 y 14 de abril de
2011, prueba documental que fue incorporada al proceso mediante auto del 14 de enero de 2022 (ibidem).
Además, formato único para la expedición de certificado de historia laboral expedido el 6 de junio de 2018
por la Secretaría de Educación Municipal de Palmira (Valle del Cauca) (anexos de la demanda).
13 Reporte de semanas cotizadas en pensiones del 28 de agosto de 2018, expedido por Colpensiones
(anexos de la demanda).
14 El cálculo se realizó multiplicando 434,71 semanas por 7 días (parágrafo 2 del artículo 33 de la Ley 100
de 1993), operación que arrojó un resultado de 3042,97, que fueron redondeados a 3043 días. Luego, esta
última suma se dividió entre 30 días, a fin de establecer el número de meses, ejercicio con el cual se obtuvo
un resultado de 101 meses y 13 días; después, los 101 meses se dividieron entre 12 para hallar el número
de años.
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Municipio de Palmira
3/9/2001 al 14/12/2001 103 días
(Valle del Cauca)
Municipio de Palmira
8/1/2002 al 30/6/2002 174 días
(Valle del Cauca)
Municipio de Palmira
2/10/2002 al 13/12/2002 73 días
(Valle del Cauca)
31/3/2003 y del Municipio de Palmira
1382 días
2/7/2006 al 12/4/2010 (Valle del Cauca)
Municipio de Palmira
14/4/2010 al 6/6/2018 2976 días
(Valle del Cauca)
434,71 semanas Sectores público y
3043 días
(Colpensiones) privado
8414 días, equivalentes a 23
TIEMPO TOTAL DE SERVICIO
años, 4 meses y 14 días
23. El artículo 320 del CGP establece que el recurso de apelación tiene por
objeto que el superior examine la cuestión decidida, solamente en relación con
los reparos concretos formulados por el apelante, para que aquella se revoque o
se reforme. A su turno, el artículo 328 ibidem dispone que el juez de segunda
instancia deberá pronunciarse, únicamente, sobre los argumentos expuestos por
quien apela, sin perjuicio de las determinaciones que deba tomar de oficio, según
la ley.
24. Partiendo de esa base, en el recurso de apelación no se reprochó la
sentencia de primera instancia en punto de que la demandante se vinculó a la
docencia oficial antes del 27 de junio de 2003 cuando entró en vigencia la Ley
812 de 2003, razón por la cual su régimen pensional está previsto en la Ley 91
de 1989, que habilita la remisión a la Ley 71 de 1988.
25. En esas condiciones, la apelación circunscribe la controversia en segunda
instancia a determinar si la demandante cumple los requisitos que establece la
Ley 71 de 1988 para acceder a una pensión de jubilación por aportes y, en caso
afirmativo, si esta es compatible con el salario devengado en ejercicio de la
docencia oficial o no.
26. Sobre el particular, la Sección Segunda del Consejo de Estado ha fijado
de manera pacífica la regla jurisprudencial a partir de la cual se precisa que los
períodos en los que un maestro hubiere laborado en el sector público a través de
contratos de prestación de servicios, con anterioridad a la entrada en vigencia de
la Ley 812 de 2003, son válidos para efectos de acceder al régimen pensional de
que trata la Ley 71 de 1988 y acreditar los 20 años de servicio que esta última
exige para adquirir el derecho a una pensión de jubilación por aportes, teniendo
en cuenta que la labor desarrollada en dichos lapsos es propia e inherente a la
condición de docente oficial y se ejecuta en el marco de verdaderos vínculos de
naturaleza laboral, con independencia de la denominación contractual que se les
designe15.
15Al respecto, ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección A, sentencia del 18 de noviembre de 2020, expediente 66001-23-33-000-2016-00082-
01 (4676-2017); sentencia del 24 de febrero de 2022, expediente 63001-23-33-000-2018-00183-01 (4650-
2019); y sentencia del 20 de junio de 2024, expediente 17001-23-33-000-2019-00174-01 (0506-2022).
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27. En esas condiciones, los períodos comprendidos entre el 15 de enero de
1999 y el 13 de diciembre de 2002, de manera discontinua, durante los cuales la
demandante laboró como docente en el municipio de Palmira, son computables
para efectos de establecer su vinculación al servicio educativo oficial antes del
27 de junio de 2003 y completar los 20 años de servicio que exige la Ley 71 de
1988 para acceder a la pensión de jubilación por aportes.
28. El hecho de que no se hayan demostrado los aportes a pensión por el
lapso de vinculación mediante órdenes de prestación de servicios no constituye
un obstáculo para reconocer el derecho pensional, sino que devela la necesidad
de que el FOMAG adelante las respectivas actuaciones administrativas de cobro
de los aportes contra la actora y el municipio de Palmira.
29. En tal escenario, la accionante acreditó 23 años, 4 meses y 14 días de
servicio en los sectores público y privado hasta el 6 de junio de 2018, y cumplió
55 años de edad el 28 de diciembre de 2016, fecha para la cual acumulaba 21
años, 10 meses y 29 días de labores, de suerte que tiene derecho a que se le
reconozca y pague una pensión de jubilación por aportes con base en el artículo
7 de la Ley 71 de 1988.
30. En este punto, la Sala debe precisar que el Tribunal sí incluyó en su
análisis los períodos durante los cuales la demandante se desempeñó como
docente del municipio de Palmira a través de contratos de prestación de servicios,
a diferencia de lo que adujo la demandante en el recurso de apelación; sin
embargo, el a quo consideró que la actora solo había acreditado la prestación del
servicio hasta el 15 de noviembre de 2014, lo cual es incorrecto porque en el
formato único para la expedición de certificado de historia laboral 4466 del 6 de
junio de 2018, emitido por la Secretaría de Educación Municipal de Palmira,
aportado con la demanda, se indicó que la vinculación de la accionante como
docente en propiedad continuaba vigente para entonces (6 de junio de 2018).
31. En cuanto a los factores salariales que integran la base de liquidación de
la pensión a reconocer, la Sala observa que el artículo 6 del Decreto 2709 de
1994 dispone lo siguiente:
«El salario base para la liquidación de esta pensión será el salario promedio que
sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios, salvo las
excepciones contenidas en la ley».
32. Esta norma debe interpretarse de manera armónica con la Ley 62 de 1985,
pues la prestación se reconoce según lo previsto en la Ley 71 de 1988,
atendiendo la condición de docente de la demandante.
33. La Sala advierte que, si bien en ocasiones anteriores16 se afirmó que,
conforme al artículo 81 de la Ley 812 de 2003, la pensión regida por la Ley 71 de
1988 debía liquidarse según lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto 2709 de
1994, es preciso aclarar que dicha regla solo aplica respecto de los factores
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencias
de 10 de julio de 2025 dentro de los expedientes 4580-2022, 4337-2022, 5730-2022 y 3037-2022.
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expresamente consagrados en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985. En ese sentido,
se rectifica y aclara la posición previamente adoptada.
34. La razón de esta precisión radica en la necesidad de evitar regímenes
diferenciados dentro de una misma categoría de servidores públicos, como lo son
los docentes. No sería razonable que algunos accedan a la pensión incluyendo
cualquier factor sobre el cual se hubiesen efectuado aportes, incluso si estos no
están enlistados en la normativa aplicable, mientras que otros estén sujetos a los
factores expresamente establecidos. Esta disparidad configuraría una
vulneración al derecho a la igualdad.
35. Por tanto, para determinar la mesada pensional de los docentes, solo
pueden incluirse los factores definidos en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985, así
como los previstos en los Decretos 633 y 634 de 2007, 1566 de 2014 y 2354 de
2018 y demás normas concordantes aplicables al régimen docente.
36. De otro lado, cuando el ingreso base de liquidación corresponda a un
período laborado en el sector privado, únicamente se tendrá en cuenta el salario
promedio percibido durante el año anterior a la consolidación del estatus jurídico,
sin consideración a los factores consagrados en las disposiciones citadas.
37. Esta limitación busca impedir el cómputo de haberes que el legislador y el
Ejecutivo no consagraron.
38. En ese orden de ideas, la Sala revocará la sentencia de primera instancia
y, en su lugar, ordenará al FOMAG reconocer y pagar una pensión de jubilación
por aportes a favor de la actora, con fundamento en el artículo 7 de la Ley 71 de
1988, cuya mesada deberá calcularse con el 75 % del ingreso base de liquidación
conformado por el promedio mensual de los factores salariales devengados entre
el 28 de diciembre de 2015 y el 27 de diciembre de 2016, sobre los cuales se
hayan efectuado aportes y estén previstos en la Ley 62 de 1985 y en los Decretos
633 y 634 de 2007, 1566 de 2014 y 2354 de 2018, prestación que será efectiva
a partir del 28 de diciembre de 2016.
39. La pensión de jubilación por aportes cuyo reconocimiento y pago se
ordena en esta providencia resulta compatible con el salario percibido en ejercicio
de la docencia oficial, de acuerdo con los artículos 19 (literal g) de la Ley 4.ª de
1992 y 5 del Decreto 224 de 1972, y ante la declaratoria de inexequibilidad17 de
los artículos 42 (literal k) y 45 del Decreto 1278 de 200218.
40. Por otra parte, como la actora consolidó el estatus jurídico el 28 de
diciembre de 2016, promovió la reclamación administrativa el 26 de septiembre
de 201819 y radicó la demanda el 2 de abril de 2019, la Sala concluye que no se
configuró la prescripción extintiva (trienal) de mesadas pensionales.
17 Sentencias C-734 de 2003 y 1157 de 2003, de la Corte Constitucional.
18 Al respecto, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
A, sentencia del 19 de junio de 2025, expediente 15001-23-33-000-2021-00136-01 (5701-2022).
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La petición se envió por correo certificado el 24 de septiembre e 2016, pero se entregó a la entidad
destinataria el 26 de septiembre de 2018 (ver anexos de reforma de la demanda).
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41. Además, con base en el artículo 11 del Decreto 2709 de 1994 y con el fin
de garantizar la financiación de la pensión de jubilación por aportes, se ordenará
al FOMAG que adelante las actuaciones administrativas necesarias para obtener
realizar el cobro de las cuotas partes que correspondan por de todos los aportes
pensionales que Colpensiones ha recibido a nombre de la accionante, gestión
que no comprometerá el pago de la mesada pensional.
42. De igual manera, en los términos del artículo 5 (numeral 5) de la Ley 91
de 1989, se ordenará al FOMAG que promueva las gestiones de cobro de aportes
pensionales contra la demandante y el municipio de Palmira, en los porcentajes
que cada uno debía asumir en condición de trabajadora y empleador,
respectivamente, por los períodos comprendidos entre el 15 de enero y el 30 de
junio de 1999; el 1.° de octubre y el 15 de diciembre de 1999; el 17 de enero y el
30 de junio de 2000; el 18 de septiembre y el 15 de diciembre de 2000; el 17 de
enero y el 30 de junio de 2001; el 3 de septiembre y el 14 de diciembre de 2001;
el 8 de enero y el 30 de junio de 2002; y el 2 de octubre y el 13 de diciembre de
2002.
43. Para efectos del cobro de los aportes pensionales contra la actora, se
autorizará al FOMAG para que realice el descuento correspondiente del monto
que deba pagarle a aquella por concepto de mesadas causadas y no pagadas
desde el 28 de diciembre de 2016 (retroactivo).
44. La orden de cobro de aportes pensionales contra el municipio de Palmira,
que no fue vinculado al proceso, no compromete las garantías procesales de
dicha entidad territorial, ya que solo se está impartiendo una orden dirigida al
FOMAG, tendiente a adelantar una actuación administrativa20.
45. De otro lado, la actora también solicitó condenar a la entidad demandada
a pagar los intereses moratorios que se causen a partir de la ejecutoria de esta
providencia y a dar cumplimiento a la decisión dentro del término legal; sin
embargo, una orden expresa en tales sentidos resulta innecesaria porque los
intereses de mora se causan por disposición de la ley21, y el cumplimiento de las
sentencias fue regulado expresamente por el legislador. De ambas cuestiones se
ocupa el artículo 192 del CPACA.
46. Por último, la demandante controvirtió la condena en costas de primera
instancia indicando que estas no están causadas ni comprobadas, y que su
voluntad no ha sido generar un desgaste del aparato judicial.
20 En igual sentido, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 19 de enero de 2023, expediente 15001-23-33-000-2019-00103-01 (3083-
2022).
21 Al respecto, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
A, sentencia del 8 de julio de 2021, expediente 47001-23-33-000-2018-00321-01 (5549-2019). En dicha
oportunidad, esta Subsección precisó que «[…] el reconocimiento de los intereses moratorios opera por
virtud de la ley, de forma que, con independencia de que la sentencia objeto de ejecución los haya ordenado
en forma explícita o no, procede su reconocimiento cuando la entidad condenada no ha efectuado el pago».
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47. Sobre el particular, la Sala observa que el fallo apelado se profirió el 31 de
agosto de 2022, es decir, en vigencia de la Ley 2080 de 202122, cuyo artículo 47
adicionó el inciso 2.° del artículo 188 del CPACA y dispuso que en todo caso la
condena en costas resulta procedente cuando «se establezca que se presentó la
demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
48. Así las cosas, partiendo de la base de que el inciso 1.° del artículo 188 del
CPACA solo autoriza la remisión al Código de Procedimiento Civil (hoy Código
General del Proceso) para efectos de la liquidación y ejecución de las costas, el
Tribunal debía analizar el criterio de «manifiesta carencia de fundamento legal»
para determinar si era viable imponer condena en costas, estudio que no se
realizó, por lo cual la revocatoria de la sentencia de primera instancia también
incluirá este aspecto.
Condena en costas de segunda instancia
49. El artículo 47 de la Ley 2080 de 2021 que adicionó un inciso al artículo 188
del CPACA, en el que se introdujo que la condena en costas procede cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento
legal, lo que implica que sea forzoso examinar si los fundamentos vertidos en la
actuación procesal correspondiente se encuentran huérfanos de sustento legal
plausible, lo que acontece, por ejemplo, cuando las normas en que se
fundamente la tesis del caso no sean aplicables o se desconozcan reglas
jurídicas pacíficas producto de los precedentes fijados por esta corporación.
50. En el presente caso, la entidad accionada ejerció su defensa con
fundamento en un respaldo legal serio y razonable, por lo que esta Sala se
abstendrá de imponer la condena en costas de segunda instancia en su contra.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley
IV. RESUELVE
PRIMERO. REVOCAR la sentencia proferida el 31 de agosto de 2022 por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, incluida la condena en costas de
primera instancia. En su lugar,
SEGUNDO. DECLARAR la nulidad del acto ficto producto del silencio
administrativo negativo en que incurrió la entidad accionada frente a la petición
que radicó la demandante el 26 de septiembre de 2018.
22
El artículo 86 de la Ley 2080 de 2021 dispone que dicha ley rige a partir de su publicación, por
regla general, lo cual ocurrió en el Diario Oficial 51.568 del 25 de enero de 2021. Además, el
artículo citado establece que las reformas procesales introducidas por esa ley prevalecen sobre
las anteriores normas de procedimiento desde su publicación, respecto de los procesos y trámites
iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011.
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TERCERO. ORDENAR al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio que reconozca y pague una pensión de jubilación por aportes a favor
de la señora Alba Lucía Saavedra Abadía, con base en el artículo 7 de la Ley 71
de 1988, equivalente al 75 % del ingreso base de liquidación conformado por el
promedio mensual de los factores salariales percibidos entre el 28 de diciembre
de 2015 y el 27 de diciembre de 2016, sobre los cuales se hayan efectuado
aportes y estén previstos en la Ley 62 de 1985 y los Decretos 633 y 634 de 2007,
1566 de 2014 y 2354 de 2018, prestación que será efectiva a partir del 28 de
diciembre de 2016, en compatibilidad con el salario devengado en ejercicio de la
docencia oficial.
CUARTO. Las sumas que resulten a favor de la parte actora por concepto de
mesadas causadas y no pagadas se ajustarán conforme a la siguiente fórmula:
Índice final
R = Rh x
Índice inicial
Donde el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh),
que es el valor correspondiente a cada mesada pensional causada y dejada de
pagar, por el guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al
consumidor certificado por el Departamento Nacional de Estadística (vigente a la
fecha de ejecutoria de esta sentencia), entre el índice inicial (vigente para la fecha
en que debió hacerse el pago de cada mesada pensional).
QUINTO. ORDENAR al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
que adelante las actuaciones administrativas necesarias para realizar el cobro de
las cuotas partes que correspondan por de todos los aportes pensionales que
Colpensiones ha recibido a nombre de la señora Alba Lucía Saavedra Abadía,
gestión que no comprometerá el pago de la mesada pensional.
SEXTO. ORDENAR al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
que realice las gestiones de cobro de aportes pensionales contra la demandante
y el municipio de Palmira (Valle del Cauca), en los porcentajes que cada uno
debía asumir en condición de trabajadora y empleador, respectivamente, por los
períodos comprendidos entre el 15 de enero y el 30 de junio de 1999; el 1.° de
octubre y el 15 de diciembre de 1999; el 17 de enero y el 30 de junio de 2000; el
18 de septiembre y el 15 de diciembre de 2000; el 17 de enero y el 30 de junio
de 2001; el 3 de septiembre y el 14 de diciembre de 2001; el 8 de enero y el 30
de junio de 2002; y el 2 de octubre y el 13 de diciembre de 2002.
Para efectos del cobro de aportes pensionales contra la actora, AUTORIZAR al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio para que realice el
descuento correspondiente del monto que deba pagarle a aquella por concepto
de mesadas causadas y no pagadas desde el 28 de diciembre de 2016
(retroactivo).
SÉPTIMO. Negar las demás pretensiones de la demanda.
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OCTAVO. Sin condena en costas en primera y segunda instancia.
NOVENO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones respectivas y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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