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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2018-00321-01

Fecha
8 de julio de 2021
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas
Citada por
17 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2018-00321-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia proferida el 5 de junio de 2019 por el Tribunal Administrativo del Magdalena, que ordenó seguir adelante con la ejecución en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), en el proceso ejecutivo promovido por la señora Marlene Lucía Rangel Rangel, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo. Condenar en costas de segunda instancia a la entidad ejecutada, las cuales deberán ser liquidadas por el Tribunal Administrativo del Magdalena. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el programa SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 47001-23-33-000-2018-00321-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

8 de julio de 2021

PROCESO EJECUTIVO / TITULO EJECUTIVO - Naturaleza / REQUISITOS DEL TÍTULO EJECUTIVO / PRUEBA DE LA EXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN / TITULOS EJECUTIVOS - CPACA

El proceso ejecutivo es el medio procesal para que un acreedor, de modo coercitivo, haga efectiva una obligación o un derecho del que es titular ante un deudor que se rehúsa a su cumplimiento. Es decir, «es el medio para que el acreedor haga valer el derecho (que conste en un documento denominado título ejecutivo) mediante la ejecución forzada». En él no se busca el reconocimiento de un derecho subjetivo, dado que ya fue reconocido en un documento (título ejecutivo) que proviene del adeudado o fue emitido en el proceso declarativo correspondiente. El título ejecutivo contiene la obligación a cargo de aquel, es el que hace posible la ejecución judicial y, por tanto, es el requisito procesal indispensable para que pueda adelantarse el proceso. Y es así, porque es la prueba de la existencia de la obligación debida o del derecho y de quién es el llamado a cumplirla y en qué términos. […] [P]or estar dirigido el proceso ejecutivo a obtener el cumplimiento de una obligación que consta en un documento que de plena fe de su existencia «el título constituye un presupuesto forzoso para incoar la ejecución» y, en consecuencia, «es el documento principal a partir del cual se desarrolla el proceso ejecutivo». […] La norma consagra los requisitos del título ejecutivo: formales y sustanciales. Los primeros hacen alusión a la prueba de la existencia de la obligación y exigen que el título ejecutivo sea auténtico y que provenga del deudor, su causante o de una providencia judicial. La autenticidad se refiere a la plena identificación del creador del documento para que no haya duda del deudor y el juez tenga certeza de quién lo suscribió. Los segundos exigen que en el título ejecutivo se refleje en favor del ejecutante una obligación clara, expresa y exigible. Es expresa si se encuentra especificada en el título y no es el resultado de una presunción legal o de una interpretación; clara si sus elementos aparecen inequívocamente señalados y no hay duda con respecto al objeto o sujetos de la obligación, esto es, es fácilmente inteligible y se entiende en un solo sentido; y, exigible si la ejecución no depende del cumplimiento de un plazo o condición o siempre que estos se hubiesen cumplido. […] Una vez el juez verifica que el documento cumple con los requisitos enunciados debe emitir la orden de pago en contra de la parte ejecutada. […] De acuerdo con lo expuesto, el título ejecutivo es el documento necesario para que pueda incoarse y darse trámite al proceso ejecutivo. Además, conforme lo dispone el artículo 422 del CGP i) es la prueba de la existencia de la obligación, la cual debe ser expresa, clara y exigible; y ii) señala con certeza el obligado a cumplirla, por lo que constituye plena prueba contra el adeudado, por provenir de él o de su causante o de cualquiera de las providencias enunciadas en dicha norma. […] [L]a Ley 1437 de 2011 en el artículo 297 indicó que constituyen títulos ejecutivos i) las sentencias ejecutoriadas que condenen a una entidad al pago de suma de dinero; ii) las decisiones en firme derivadas de los mecanismos alternativos de solución de conflictos si incluyen una obligación para el pago de sumas de dinero clara, expresa y exigible; iii) los contratos estatales y los documentos de sus garantías, los actos administrativos en los que conste su incumplimiento o el acta de liquidación; y iii) los actos administrativos que reconozcan un derecho o la existencia de una obligación. […]

PROCESO EJECUTIVO / LIQUIDACIÓN DEL CREDITO / INDEXACIÓN DE LAS MESADAS PENSIONALES / INTERESES MORATORIOS - PROCEDE SU RECONOCIMIENTO CUANDO LA ENTIDAD CONDENADA NO HA EFECTUADO EL PAGO / TITULO EJECUTIVO COMPLEJO

[S]e advierte con claridad que el juez ordenó que las sumas de dinero reconocidas debían ser «actualizadas de acuerdo con la fórmula establecida por [esa] Corporación», disposición que no puede ser otra distinta a que los valores sean indexados a efectos de evitar que la causante sufra los efectos del fenómeno inflacionario. […] [D]ebe concluirse que el documento que sirve de base para la ejecución de la obligación dispuso, en forma expresa, una condena relativa a la actualización de las sumas de dinero producto del reconocimiento pensional que no es otra que su indexación o traer a valor presente la condena. […] [E]sta Corporación ha señalado que el reconocimiento de los intereses moratorios opera por virtud de la ley, de forma que, con independencia de que la sentencia objeto de ejecución los haya ordenado en forma explícita o no, procede su reconocimiento cuando la entidad condenada no ha efectuado el pago. […] [A]unque esta determinación no quedó consignada en la parte resolutiva de la sentencia, es una orden explícita dada por virtud de la ley y, en consecuencia, el documento que sirve de título ejecutivo, esto es, la sentencia condenatoria, no puede leerse en forma fraccionada, «ni se puede considerar que únicamente lo consignado en la parte resolutiva presta mérito ejecutivo», pues se debe tener en cuenta que tratándose de un título ejecutivo complejo se debe analizar en conjunto con las disposiciones legales que lo informan. […] [E]sta Sala debe precisar que existe una incompatibilidad entre la indexación y los intereses moratorios por provenir de la misma causa, esto es, la pérdida del poder adquisitivo de la moneda por el paso del tiempo en los casos en los que transcurren años sin que se haya percibido el capital adeudado a la fecha de su exigibilidad. […] [E]sta Sala ha tenido oportunidad de pronunciarse al respecto para señalar que por el fin que estas herramientas jurídicas persiguen, no es posible liquidar una y luego otra. […] [L]a indexación procede desde el reconocimiento del derecho y hasta la ejecutoria de la sentencia y los intereses moratorios deben reconocerse a partir del día siguiente de la ejecutoria de la sentencia y hasta la fecha efectiva del pago. En consecuencia, a efectos de realizar la liquidación del crédito se debe tener en cuenta que los intereses moratorios se liquidan sobre el capital neto (lo que resulta luego de efectuar los descuentos en salud), indexado (actualizado a la fecha de ejecutoria) y fijo (causado a la fecha de ejecutoria de la sentencia). […] [E]l el Tribunal tuvo en cuenta que el reconocimiento de la pensión gracia, según lo señalado en las sentencias condenatorias, fue a partir del 30 de agosto de 2009 y que las sentencias quedaron ejecutoriadas el 14 de noviembre de 2014, y hasta aquí dispuso el valor de la indexación; luego, sobre tal suma calculó los intereses de mora al 8 de mayo de 2017, fecha en que la entidad ejecutada efectuó un abono por concepto de las mesadas adeudadas; de forma que atendió los parámetros establecidos por esta Corporación frente al reconocimiento de la indexación y de los intereses moratorios. […] [E]sta Sala encuentra que en efecto se emitieron los aludidos actos administrativos con el fin de cumplir con lo ordenado en los fallos judiciales; sin embargo, no es menos cierto que de la lectura de aquellos no se evidencia que la entidad ejecutada haya realizado el pago de suma alguna por concepto de indexación de las mesadas pensionales entre el 30 de agosto de 2009 (reconocimiento del derecho) y el 14 de noviembre de 2014 (ejecutoria de la sentencia), ni por intereses moratorios causados desde el 15 de noviembre de 2014 (día siguiente a la ejecutoria de la sentencia) y hasta el 8 de mayo del 2017 (fecha efectiva del pago), pues el único concepto que pagó fue por la reliquidación de la pensión; quiere decir esto, que la entidad dio cumplimiento parcial a la obligación.

CONDENA EN COSTAS

[E]n toda sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del Código General del Proceso (…) se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada dentro del proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de las partes. […] [L]a condena en agencias en derecho, en materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según sea la parte vencida el empleador o el trabajador (…) y la complejidad e intensidad de la participación procesal; (…) la liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho) la hará el juez de primera o única instancia y que procede condenar en costas tanto en primera como en segunda instancia. […] [A]tendiendo lo dispuesto en el numeral 8. ° del artículo 365 del Código General del Proceso, la Sala condenará en costas de segunda instancia a la UGPP teniendo en cuenta que el recurso de apelación que interpuso fue resuelto desfavorablemente y que la ejecutante presentó alegatos de conclusión en segunda instancia.

FUENTE FORMAL: CPACA – ARTÍCULO 192 / CPACA – ARTÍCULO 297 / CGP – ARTÍCULO 422 / CGP – ARTÍCULO 365 NUMERAL 8

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN “A”

Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., ocho (8) de julio de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 47001-23-33-000-2018-00321-01(5549-19)

Actor: MARLENE LUCÍA RANGEL RANGEL

Demandado: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP)

Referencia: EJECUTIVO LABORAL - PAGO DE LA OBLIGACIÓN

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutada, contra la sentencia proferida el 5 de junio de 2019 por el Tribunal Administrativo del Magdalena, por medio de la cual se dispuso seguir adelante con la ejecución.

Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

La señora Marlene Lucía Rangel Rangel, mediante apoderada, formuló demanda ejecutiva con el fin de lograr el cumplimiento de las sentencias condenatorias proferidas el 18 de abril de 2013 y el 4 de septiembre de 2014 por el Tribunal Administrativo del Magdalena y por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, respectivamente.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se librara mandamiento ejecutivo i) por la siguiente suma de dinero: $ 141.802.223.oo por concepto de saldo de capital de las diferencias causadas hasta el mes de abril de 2017, más las sumas que correspondan a las diferencias adeudadas sobre las mesadas pensionales del mes de mayo de 2017 al mes de septiembre de 2018; y ii) por los intereses moratorios que se causen a partir del mes de mayo de 2017, hasta que se realice el pago total de la obligación.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, la apoderada de la ejecutante señaló los siguientes:

i) En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la señora Marlene Lucía Rangel Rangel formuló demanda en orden a que se declarara la nulidad de las Resoluciones UGM 025855 del 13 de enero de 2012 y UGM 034005 del 20 de febrero de 2012, por medio de las cuales la Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal) le negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia.

ii) El Tribunal Administrativo del Magdalena profirió sentencia el 18 de abril de 2013, en la que accedió a las pretensiones de la demanda y, en consecuencia, ordenó a Cajanal que reconociera y pagara en favor de la señora Rangel Rangel, la pensión gracia a partir del 30 de agosto de 2009, con inclusión de todos los factores salariales devengados en el año inmediatamente anterior al adquirir su estatus pensional, y dispuso: «sumas que serán canceladas por la entidad demandada y deberán ser actualizadas de acuerdo con la fórmula establecida por esta Corporación». Decisión que fue confirmada en fallo proferido el 4 de septiembre de 2014, por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B.

iii) El 28 de septiembre de 2015, la señora Marlene Lucía Rangel Rangel solicitó a la UGPP el cumplimiento de las sentencias.

iv) Mediante Resolución DRP 049494 del 28 de diciembre de 2016, la UGPP ordenó dar cumplimiento a las sentencias. No obstante, la UGPP expidió la Resolución DRP 010897 del 17 de marzo de 2017, mediante la cual modificó la Resolución anterior.

v) El 8 de mayo de 2017, la entidad demandada dio cumplimiento parcial a las sentencias condenatorias, por cuanto consignó la suma de $ 183.293.658, pero no atendió el numeral segundo de la sentencia, en cuanto ordenó que las sumas reconocidas sean «actualizadas de acuerdo con la fórmula establecida por esta corporación».

vi) La señora Rangel Rangel solicitó a la entidad demandada que pagara la indexación e intereses moratorios, tal y como lo había ordenado la sentencia de primera instancia. Sin embargo, mediante oficio del 26 de mayo de 2017, la UGPP informó que no era posible realizar el pago de la indexación y de los intereses moratorios, dado que la Resolución DRP 010897 del 17 de marzo de 2017, no ordenaba el mencionado pago de estos conceptos.

vii) Mediante Resolución DRP 028413 del 14 de julio de 2017, la entidad ejecutada adicionó el numeral noveno de Resolución DRP 049494 del 28 de diciembre de 2016, en cuanto al pago de la condena en costas ordenada por el a quo, y nuevamente negó el reconocimiento de la indexación y de los intereses moratorios, con fundamento en que el Consejo de Estado no había condenado en tal sentido.

viii) La UGPP dio cumplimiento al pago de las costas y/o agencias en derecho mediante la Resolución 3732 del 19 de diciembre de 2017, tal y como lo ordenó el Tribunal Administrativo del Magdalena.

1.1.3. Normas violadas. Fundamentos de derecho de la demanda ejecutiva

Como tales, se señalaron los artículos 177 del Decreto 01 de 1984; y 297 y 298 de la Ley 1437 de 2011.

1.2. Contestación de la demanda

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), por intermedio de apoderado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones, con fundamento en las siguientes excepciones:

i) Pago: la UGPP expidió las Resoluciones RDP 049494 del 28 de diciembre de 2016 y RDP 010897 del 17 de marzo de 2017, por las cuales dio cumplimiento a lo ordenado en las sentencias condenatorias, decisiones que fueron reportadas en nómina de abril de 2017 tal y como se desprende del historial de pagos del FOPEP. Para la liquidación de la pensión reclamada se tuvo en cuenta el certificado de factores salariales expedido por la Secretaría de Educación del departamento del Magdalena. Los intereses del artículo 192 del CPACA no fueron ordenados, por lo tanto, es improcedente el reclamo.

ii) Compensación: comoquiera que la parte ejecutante recibió las sumas de dinero que le correspondían, «se debe compensar esos dineros en caso de prosperar las pretensiones».

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante sentencia proferida el 5 de junio de 2019, ordenó seguir adelante con la ejecución contra la UGPP por las sumas de «$ 18.108.875 por concepto de intereses moratorios y […] $ 60.148.250 por concepto de capital». Para tal efecto, se pronunció en estos términos:

i) La entidad ejecutada no dio cumplimiento total a la sentencia, pues omitió en su liquidación indexar las mesadas pensionales y calcular los respectivos intereses moratorios después de la ejecutoria del fallo. La indexación fue ordenada en el numeral segundo de la sentencia que sirve como título ejecutivo y si bien en ella nada se dijo sobre los intereses moratorios, estos operan por ministerio de la ley.

ii) De acuerdo con lo señalado en los artículos 1714 a 1716 del Código Civil, es requisito sustancial para que sea procedente la compensación como modo de extinguir las obligaciones, que las dos partes sean recíprocamente deudoras; por lo tanto, no es posible declarar probada esta excepción, pues no se acreditó por parte de la UGPP que la ejecutante tuviera la calidad de deudora frente a ella.

iii) A efectos de seguir adelante con la ejecución debe tenerse en cuenta que el reconocimiento de la pensión gracia, según lo señalado en las sentencias condenatorias, fue a partir del 30 de agosto de 2009 y que las sentencias quedaron ejecutoriadas el 14 de noviembre de 2014, de manera que el valor de las mesadas menos el porcentaje correspondiente a salud ascendió a la suma de $ 114.988.526, de los cuales $ 7.857.463 corresponden a indexación; luego, sobre la suma adeudada deben calcularse los intereses de mora en los términos del artículo 192 de la Ley 1437 de 2011. Ahora bien, a 8 de mayo de 2017 –fecha en que la entidad ejecutada efectuó un abono– se habían causado por concepto de mesadas $ 169.922.426 y $ 73.519.753 de intereses moratorios por el capital adeudado. De forma que, efectuado el abono por valor de $ 183.293.658, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1653 del Código Civil el pago se debe imputar, en primer lugar, a los intereses y luego al capital, así:

TOTAL MESADAS
$ 169,922,426
TOTAL INTERESES
$ 73,519,753
TOTAL ADEUDADO ANTES DEL ABONO
$ 243,442,178
ABONO EFECTUADO EL 8 DE MAYO DE 2017
$ 183,293,658
SALDO ADEUDADO CAPITAL
$ 60,148,520

En consecuencia, hasta la fecha en que se libró mandamiento de pago, la entidad demandada adeudaba a la ejecutante la suma de $ 78.257.395, de los cuales $ 60.148.520 corresponden a capital y $ 18.108.875 a los intereses sobre ese capital.

1.4. El recurso de apelación

La UGPP, por conducto de apoderado, interpuso recurso de apelación y lo sustentó así:

i) Los conceptos por los cuales se ejecuta a la entidad –intereses moratorios e indexación– no se encuentran consagrados en el título ejecutivo, de forma que no son ejecutables, pues no se trataba de una obligación clara, expresa y exigible de conformidad con lo dispuesto en el artículo 422 del CGP.

ii) La entidad expidió las Resoluciones RDP 049494 del 28 de diciembre de 2016 y RDP 010897 del 17 de marzo de 2017, por las cuales dio cumplimiento a lo ordenado en las sentencias condenatorias, en las que no se ordenó el pago de indexación e intereses por mora y por ello no se debió ordenar seguir con la ejecución.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

1.5.1. La ejecutante

La señora Marlene Lucía Rangel Rangel, por conducto de apoderada, reafirmó lo sostenido en el libelo introductorio.

1.5.2. La ejecutada

La UGPP, por conducto de apoderado, reafirmó lo sostenido en la contestación de la demanda y en el recurso de alzada. Agregó que en los procesos ejecutivos en contra de la Nación es improcedente la imputación de pagos establecida en el Código Civil y solicitó que se tenga en cuenta el pago realizado «mediante el CUPÓN DE PAGO FOPEP NO. 29851 de abril de 2017, a favor de la señora MARLENE LUCIA RANGEL RANGEL, por valor de CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($164’978.932,02)» y, en consecuencia, que se declare la terminación del proceso por pago total de la obligación.

1.6. El ministerio público

El procurador tercero delegado ante el Consejo de Estado rindió concepto en el que solicitó confirmar la sentencia de primera instancia, por las razones que se indican a continuación:

i) La entidad no dio cumplimiento total a la sentencia, pues pasó por alto la indexación de las mesadas pensionales y el cálculo de los intereses moratorios después de la ejecutoria del fallo. En efecto, la sentencia condenatoria, base de recaudo, ordenó expresamente la actualización de la condena de acuerdo con la fórmula establecida por la Corporación, que no es otra cosa que su indexación o traer a valor presente el valor histórico la condena en concreto.

ii) En relación con los intereses de mora frente a sentencias de condena que impongan sumas de dinero o aprueben conciliaciones, regulados en el artículo 192 y el numeral 4.º del artículo 195 del CPACA, devienen aplicables al sub lite en razón a que operan por ministerio de la ley, es decir que no requieren que el juez de la causa los ordene, pues, fueron previstos por el legislador de modo imperativo.

iii) No debe condenarse en costas de segunda instancia, puesto que, de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado, el artículo 188 del CPACA deja a disposición del juez la procedencia o no de la condena en costas, por cuanto para ello debe examinar la actuación procesal de la parte vencida y comprobar su causación y no el simple hecho de que las resultas del proceso le fueron desfavorables a sus intereses, pues dicha imposición surge después de tener certeza de que la conducta desplegada por aquella comporta temeridad o mala fe y, en este caso, no se observan causadas.

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

De conformidad con los argumentos del recurso de apelación, se circunscribe a establecer i) si el documento base de recaudo cumple con los requisitos sustanciales del título ejecutivo y, de encontrarse que están acreditados, ii) si la UGPP ya procedió al pago.

2.2. Marco normativo

2.2.1. Sobre el proceso ejecutivo y los requisitos del título ejecutivo

El proceso ejecutivo es el medio procesal para que un acreedor, de modo coercitivo, haga efectiva una obligación o un derecho del que es titular ante un deudor que se rehúsa a su cumplimiento. Es decir, «es el medio para que el acreedor haga valer el derecho (que conste en un documento denominado título ejecutivo) mediante la ejecución forzada».

En él no se busca el reconocimiento de un derecho subjetivo, dado que ya fue reconocido en un documento (título ejecutivo) que proviene del adeudado o fue emitido en el proceso declarativo correspondiente. El título ejecutivo contiene la obligación a cargo de aquel, es el que hace posible la ejecución judicial y, por tanto, es el requisito procesal indispensable para que pueda adelantarse el proceso. Y es así, porque es la prueba de la existencia de la obligación debida o del derecho y de quién es el llamado a cumplirla y en qué términos.

En efecto, por estar dirigido el proceso ejecutivo a obtener el cumplimiento de una obligación que consta en un documento que de plena fe de su existencia «el título constituye un presupuesto forzoso para incoar la ejecución» y, en consecuencia, «es el documento principal a partir del cual se desarrolla el proceso ejecutivo». Su definición y requisitos se plasmaron en el artículo 422 del CGP en los siguientes términos:

Artículo 422. Título ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo  HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1564_2012_pr004.html" \l "184" 184. [Resalta la Sala].

La norma consagra los requisitos del título ejecutivo: formales y sustanciales. Los primeros hacen alusión a la prueba de la existencia de la obligación y exigen que el título ejecutivo sea auténtico y que provenga del deudor, su causante o de una providencia judicial. La autenticidad se refiere a la plena identificación del creador del documento para que no haya duda del deudor y el juez tenga certeza de quién lo suscribió.

Los segundos exigen que en el título ejecutivo se refleje en favor del ejecutante una obligación clara, expresa y exigible. Es expresa si se encuentra especificada en el título y no es el resultado de una presunción legal o de una interpretación; clara si sus elementos aparecen inequívocamente señalados y no hay duda con respecto al objeto o sujetos de la obligación, esto es, es fácilmente inteligible y se entiende en un solo sentido; y, exigible si la ejecución no depende del cumplimiento de un plazo o condición o siempre que estos se hubiesen cumplido.

Estos requisitos deben cumplirse en su totalidad y en los términos enunciados, de modo que del título se concluya sin duda alguna la existencia de la obligación, su claridad y que ya es exigible.

Una vez el juez verifica que el documento cumple con los requisitos enunciados debe emitir la orden de pago en contra de la parte ejecutada, pues así lo dispone el artículo 430 de CGP el cual preceptúa que «Presentada la demanda acompañada de documento que preste mérito ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida, si fuere procedente, o en la que aquel considere legal».

De acuerdo con lo expuesto, el título ejecutivo es el documento necesario para que pueda incoarse y darse trámite al proceso ejecutivo. Además, conforme lo dispone el artículo 422 del CGP i) es la prueba de la existencia de la obligación, la cual debe ser expresa, clara y exigible; y ii) señala con certeza el obligado a cumplirla, por lo que constituye plena prueba contra el adeudado, por provenir de él o de su causante o de cualquiera de las providencias enunciadas en dicha norma.

Por su parte, la Ley 1437 de 2011 en el artículo 297 indicó que constituyen títulos ejecutivos i) las sentencias ejecutoriadas que condenen a una entidad al pago de suma de dinero; ii) las decisiones en firme derivadas de los mecanismos alternativos de solución de conflictos si incluyen una obligación para el pago de sumas de dinero clara, expresa y exigible; iii) los contratos estatales y los documentos de sus garantías, los actos administrativos en los que conste su incumplimiento o el acta de liquidación; y iii) los actos administrativos que reconozcan un derecho o la existencia de una obligación.

2.3. Hechos probados

De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro el proceso, se establece lo siguiente:

El 18 de abril de 2013, el Tribunal Administrativo del Magdalena profirió sentenciaen el proceso que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo presentó la señora Marlene Lucía Rangel Rangel en orden a que se declarara la nulidad de las Resoluciones UGM 025855 del 13 de enero de 2012 y UGM 034005 del 20 de febrero de 2012, por medio de las cuales la Caja Nacional de Previsión Social le negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, la señora Rangel Rangel solicitó condenar a la entidad demandada a reconocer y pagar la pensión gracia a partir del 13 de abril de 2008, fecha en que se configuró su estatus pensional, con inclusión de todos los factores salariales devengados en el año anterior.

En la providencia se dispuso:

1. Declárese la nulidad de las Resoluciones UGM 025855 del 13 de enero de 2012, UGM 034005 del 20 de febrero de 2012, expedidas por la Caja Nacional de Previsión E.I.C.E. “CAJANAL EN LIQUIDACIÓN”; en consecuencia:

2.- A título de restablecimiento del derecho ORDÉNESE (sic) CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN E.I.C.E. “CAJANAL EN LIQUIDACIÓN” a reconocer y pagar en favor de la señora MARLENE LUCÍA RANGEL RANGEL, la pensión gracia a partir del 30 de agosto de 2009, incluyendo todos los factores salariales devengados en el año anterior al adquirir su status pensional, sumas que serán canceladas por la entidad demandada y deberán ser actualizadas de acuerdo con la fórmula establecida por esta Corporación.

3.- Declárense prescritas las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 30 de agosto de 2009.

4.- Niéguense las demás pretensiones de la demanda.

5.- Condenar en costas a la parte demandada CAJANAL E.I.C.E. EN LIQUIDACIÓN por la suma correspondiente al 7% del valor de las pretensiones conocidas, en favor de la señora MARLENE LUCÍA RANGEL RANGEL.

Como fundamento de su decisión, sostuvo que la señora Rangel Rangel superó los 20 años de servicio como docente territorial, tiene más de 50 años de edad y se vinculó como docente en el orden territorial antes del 31 de diciembre de 1980.

El 4 de septiembre de 2014, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado profirió sentencia de segunda instancia en la cual dispuso:

CONFÍRMASE la sentencia de 18 de abril de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, que accedió a las súplicas de la demanda instaurada por Marlene Lucía Rangel Rangel contra la Caja Nacional de Previsión Social, en Liquidación.

El 14 de noviembre de 2014, quedó ejecutoriada la anterior decisión, según se advierte de la constancia suscrita por el secretario de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

El 28 de septiembre de 2015, la señora Marlene Lucía Rangel Rangel solicitó a la UGPP el cumplimiento de las sentencias condenatorias «en cuanto al pago y reconocimiento de la prestación gracia con los reajustes, indexación y pago de intereses causados a partir del 30 de agosto de 2009».

El 28 de diciembre de 2016, mediante Resolución DRP 049494, la UGPP ordenó dar cumplimiento a las sentencias condenatorias y, en consecuencia, reconoció a favor de la ejecutante una pensión de jubilación gracia «efectiva a partir del 15 de febrero de 2008».

El 17 de marzo de 2017, la UGPP expidió la Resolución DRP 010897, mediante la cual modificó la resolución anterior, en el sentido de señalar que la efectividad es «a partir del 13 de abril de 2008».

En abril de 2017, la entidad demandada incluyó en nómina, a favor de la señora Marlene Lucía Rangel Rangel, la suma de $ 183.293.658,96, «por concepto de mesadas atrasadas por el periodo comprendido entre el 30 de agosto de 2009 (fecha de efectos fiscales) al 31 de marzo de 2017», según da cuenta el certificado expedido por la subdirectora de nómina de pensionados el 11 de abril de 2018.

El 26 de mayo de 2017, la UGPP dio respuesta a una petición de la señora Rangel Rangel en la que reclamó el pago de la indexación e intereses moratorios. Al efecto señaló que «verificados los aplicativos de la Unidad se pudo constatar que, la Resolución RDP No. 10897 de 17 de marzo de 2017 no ordena pago de indexación, como tampoco ordena pago de intereses moratorios, por lo tanto su solicitud de pago de estos conceptos no es posible».

El 13 de junio de 2017, la señora Marlene Lucía Rangel Rangel, solicitó a la UGPP el «pago de la indexación tal como lo mandó la sentencia, y de otra parte se paguen los intereses moratorios en los términos del artículo 192 del CPACA».

El 14 de julio de 2017, mediante Resolución DRP 028413, la entidad ejecutada negó el reconocimiento de los intereses moratorios, con fundamento en que el Consejo de Estado no había condenado en tal sentido.

El 19 de diciembre de 2017, la UGPP expidió la Resolución 3732 reconoció el pago de costas y/o agencias en derecho por valor de $ 12.830.556,13.

2.4. Caso concreto. Análisis de la Sala

2.4.1. Sobre los requisitos sustanciales del título ejecutivo

El Tribunal Administrativo del Magdalena expidió la sentencia apelada en la cual ordenó seguir adelante con la ejecución contra la UGPP por las sumas de «$ 18.108.875 por concepto de intereses moratorios y […] $ 60.148.250 por concepto de capital». Lo anterior, con fundamento en que la entidad ejecutada no dio cumplimiento total a la sentencia, pues omitió en su liquidación indexar las mesadas pensionales y calcular los respectivos intereses moratorios después de la ejecutoria del fallo. Al respecto señaló que la indexación fue ordenada en el numeral segundo de la sentencia y que si bien en ella nada se dijo sobre los intereses moratorios, estos operan por ministerio de la ley.

Por su parte, la ejecutada cuestionó la decisión por cuanto, a su juicio, los conceptos por los que se profirió la decisión no se encontraban consagrados en el título ejecutivo y, en consecuencia, no son exigibles; por lo tanto, el acto que sirve de base para la reclamación no cumple con los requisitos sustanciales del título ejecutivo por no tratarse de una obligación clara, expresa y exigible.

En primer lugar, esta Sala debe señalar que la sentencia que sirve de título ejecutivo dispuso lo siguiente:

2.- A título de restablecimiento del derecho ORDÉNESE (sic) CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN E.I.C.E. “CAJANAL EN LIQUIDACIÓN” a reconocer y pagar en favor de la señora MARLENE LUCÍA RANGEL RANGEL, la pensión gracia a partir del 30 de agosto de 2009, incluyendo todos los factores salariales devengados en el año anterior al adquirir su status pensional, sumas que serán canceladas por la entidad demandada y deberán ser actualizadas de acuerdo con la fórmula establecida por esta Corporación.

Incluso en la motivación de la decisión, el Tribunal Administrativo del Magdalena señaló que «las sumas que resulten a favor de la demandante se ajustarán en su valor, desde el día 30 de agosto de 2.009, hasta la fecha de cumplimiento de la sentencia, teniendo en cuenta el índice de precios al consumidor, certificado por el DANE, vigente en cada uno de los meses en que se causó el derecho».

De la lectura de los apartes transcritos se advierte con claridad que el juez ordenó que las sumas de dinero reconocidas debían ser «actualizadas de acuerdo con la fórmula establecida por [esa] Corporación», disposición que no puede ser otra distinta a que los valores sean indexados a efectos de evitar que la causante sufra los efectos del fenómeno inflacionario en atención a que la señora Marlene Lucía Rangel Rangel configuró su derecho pensional el 13 de abril de 2008, que el reconocimiento pensional se dio a partir del 30 de agosto de 2009 –por razón del fenómeno prescriptivo–, y que la decisión que definió su situación quedó ejecutoriada el 14 de noviembre de 2014.

En efecto, esta Sala ha advertido en reiteradas ocasiones que si bien no existe norma expresa que consagre la actualización de las sumas derivadas de una pensión, diferente al reajuste anual de las mesadas, la jurisprudencia ha desarrollado con base en principios constitucionales, en especial, los previstos en los artículos 48, 53 y 230, una posición en la que bajo criterios de justicia y equidad determina que la pérdida del poder adquisitivo de la moneda y el fenómeno inflacionario son hechos notorios y, por tanto, el trabajador no tiene porqué soportar las consecuencias negativas de dicha situación, al recibir sumas de dinero desvalorizadas que no van en armonía con el valor real del salario o de la pensión.

De esta manera, debe concluirse que el documento que sirve de base para la ejecución de la obligación dispuso, en forma expresa, una condena relativa a la actualización de las sumas de dinero producto del reconocimiento pensional que no es otra que su indexación o traer a valor presente la condena.

En segundo lugar, se advierte que para el cumplimiento de las condenas en providencias judiciales, el inciso 3.° del artículo 192 de la Ley 1437 de 2011 reguló lo relativo al pago de intereses moratorios. En efecto, la aludida norma establece lo siguiente: «Las cantidades líquidas reconocidas en providencias que impongan o liquiden una condena o que aprueben una conciliación devengarán intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia o del auto, según lo previsto en este Código».

Por lo anterior, esta Corporación ha señalado que el reconocimiento de los intereses moratorios opera por virtud de la ley, de forma que, con independencia de que la sentencia objeto de ejecución los haya ordenado en forma explícita o no, procede su reconocimiento cuando la entidad condenada no ha efectuado el pago. Así lo dispuso:

Por lo tanto, en aplicación del citado artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, es viable colegir que se deban intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la sentencia condenatoria, así no se haya dispuesto explícitamente en el texto de la sentencia, pues operan de pleno derecho y el deber de indemnizar lo impone la ley, una conclusión contraria sería en perjuicio de la accionante, quien vería deteriorado el poder adquisitivo de su dinero; tanto es así que en palabras de la Corte Constitucional, no se justifica un trato desigual entre el pago de intereses moratorios que le compete a los particulares y al Estado, pues el daño económico que sufre el acreedor por causa de la mora es idéntico; y las obligaciones asumidas por las entidades públicas no tienen alcance jurídico diverso de las que están a cargo de las personas privadas. [Resalta la Sala].

De esta manera debe concluirse que aunque esta determinación no quedó consignada en la parte resolutiva de la sentencia, es una orden explícita dada por virtud de la ley y, en consecuencia, el documento que sirve de título ejecutivo, esto es, la sentencia condenatoria, no puede leerse en forma fraccionada, «ni se puede considerar que únicamente lo consignado en la parte resolutiva presta mérito ejecutivo», pues se debe tener en cuenta que tratándose de un título ejecutivo complejo se debe analizar en conjunto con las disposiciones legales que lo informan.

En tercer lugar, esta Sala debe precisar que existe una incompatibilidad entre la indexación y los intereses moratorios por provenir de la misma causa, esto es, la pérdida del poder adquisitivo de la moneda por el paso del tiempo en los casos en los que transcurren años sin que se haya percibido el capital adeudado a la fecha de su exigibilidad. En efecto, esta Sala ha tenido oportunidad de pronunciarse al respecto para señalar que por el fin que estas herramientas jurídicas persiguen, no es posible liquidar una y luego otra. Al respecto, esta Subsección sostuvo:

Ahora, si bien es cierto la tardanza en el desarrollo de las etapas propias de un proceso interadministrativo como el referido, no justifican el perjuicio de los beneficiarios en cuanto a la pérdida del poder adquisitivo de la moneda por el paso del tiempo en los casos en los que, como el presente, transcurren años sin que se haya percibido el capital adeudado a la fecha de su exigibilidad, lo cierto es que el ordenamiento jurídico prevé dos figuras actuariales que permiten aliviar dicha situación, por lo que es dable predicar que ambas tienen el mismo fin a pesar de que difieren en cuanto a su naturaleza jurídica.

Al respecto, se verifica que existe tanto la indexación como la indemnización moratoria (o intereses moratorios), a título de herramientas jurídicas que permiten en el mismo sentido, cubrir los efectos adversos del paso del tiempo sin que se haya solucionado efectivamente una obligación dineraria, no obstante, la primera hace referencia a la forma de actualización monetaria con base en el IPC en los casos en los que se evidencia una razón válida para la tardanza en la cancelación del saldo, mientras que los intereses moratorios implican una suerte de sanción, que si bien igualmente busca equiparar los valores de la deuda a un momento posterior, lo hace con el cálculo de una tasa fijada en un porcentaje mayor a la que resultaría de la aplicación de la regla anterior, pero como consecuencia de una actitud dolosa o de mala fe por parte del obligado, que no genere un sustento explicativo de aquella disrupción.

En suma, la indexación se aplica a los casos en los que la tardanza en el pago de una deuda conlleva una razón de ser, como puede ser un proceso sistemático con la superación de etapas, la fijación de un término específico para el cumplimiento de la obligación o la materialización de una condición que se configura por el paso del tiempo. Por el contrario, los intereses moratorios por su naturaleza sancionatoria, deben estar estipulados previamente en la norma que regule el asunto y tienen que obedecer a una causa injustificada en la dilación del abono, que se relacione con la demostración por parte de quien los solicita, de la mala fe o la intención del deudor de no cumplir a pesar de estar expresamente conminado a ello.

Lo expuesto significa que pese a ser cierto el hecho de que ambas figuras ostentan una naturaleza diferente, esto es, una de carácter compensatorio y la otra de tipo sancionatorio, debe tenerse en cuenta que las dos instan por un mismo fin que es restablecer los efectos adversos del cumplimiento tardío de una obligación en cantidad líquida, razón por la cual no es procedente asentir en su compatibilidad o en la posibilidad de liquidar una y luego otra, pues tanto los aspectos divergentes como el semejante impiden su coexistencia. [Resalta la Sala].

Bajo tal panorama, la Subsección estima que es improcedente el reconocimiento y pago de los intereses moratorios sobre las sumas de dinero que hayan sido indexadas, por cuanto la necesidad de conjurar la pérdida del poder adquisitivo de la moneda a manera de compensación por el pago tardío de la condena impuesta en las sentencias ejecutadas, se realiza a través de los reclamados intereses moratorios por el lapso en que la entidad dejó transcurrir entre la fecha en que se hizo exigible la obligación y el pago de esta.

Por lo anterior, esta Sala advierte que solo pueden reconocerse intereses moratorios siempre que no se haya realizado indexación de las sumas reconocidas por concepto de las mesadas atrasadas, desde el reconocimiento de estas y hasta el momento de su pago, puesto que, como se señaló, esas dos figuras jurídicas son incompatibles, dado que provienen de la misma causa, esto es, prevenir la devaluación monetaria. En ese sentido, la indexación procede desde el reconocimiento del derecho y hasta la ejecutoria de la sentencia y los intereses moratorios deben reconocerse a partir del día siguiente de la ejecutoria de la sentencia y hasta la fecha efectiva del pago.

En consecuencia, a efectos de realizar la liquidación del crédito se debe tener en cuenta que los intereses moratorios se liquidan sobre el capital neto (lo que resulta luego de efectuar los descuentos en salud), indexado (actualizado a la fecha de ejecutoria) y fijo (causado a la fecha de ejecutoria de la sentencia). Al respecto, la Sala advierte que a efectos de seguir adelante con la ejecución el Tribunal tuvo en cuenta que el reconocimiento de la pensión gracia, según lo señalado en las sentencias condenatorias, fue a partir del 30 de agosto de 2009 y que las sentencias quedaron ejecutoriadas el 14 de noviembre de 2014, y hasta aquí dispuso el valor de la indexación; luego, sobre tal suma calculó los intereses de mora al 8 de mayo de 2017, fecha en que la entidad ejecutada efectuó un abono por concepto de las mesadas adeudadas; de forma que atendió los parámetros establecidos por esta Corporación frente al reconocimiento de la indexación y de los intereses moratorios, en tanto tuvo en cuenta los límites temporales entre una y otra figura actuarial.

2.4.2 Sobre el pago de la obligación

Sobre esta excepción, la UGPP manifestó que con la expedición de las Resoluciones RDP 049494 del 28 de diciembre de 2016 y RDP 010897 del 17 de marzo de 2017, dio cumplimiento a lo ordenado en las sentencias condenatorias, y que tales decisiones que fueron reportadas en nómina de abril de 2017.

Al respecto, esta Sala encuentra que en efecto se emitieron los aludidos actos administrativos con el fin de cumplir con lo ordenado en los fallos judiciales; sin embargo, no es menos cierto que de la lectura de aquellos no se evidencia que la entidad ejecutada haya realizado el pago de suma alguna por concepto de indexación de las mesadas pensionales entre el 30 de agosto de 2009 (reconocimiento del derecho) y el 14 de noviembre de 2014 (ejecutoria de la sentencia), ni por intereses moratorios causados desde el 15 de noviembre de 2014 (día siguiente a la ejecutoria de la sentencia) y hasta el 8 de mayo del 2017 (fecha efectiva del pago), pues el único concepto que pagó fue por la reliquidación de la pensión; quiere decir esto, que la entidad dio cumplimiento parcial a la obligación.

Esta Sala no desconoce que el pasado 4 de junio de 2021 la UGPP informó sobre la expedición de la Resolución RDP 013669 del 31 de mayo de 2021 mediante la cual dispuso lo siguiente:

ARTÍCULO PRIMERO: Por la Subdirección de Determinación de Derechos Pensionales reportar a la Subdirección Financiera el valor de intereses del artículo 192 del CPACA, liquidado por la subdirección de nómina de pensionados de la UGPP, dentro del expediente del(a) señor(a) RANGEL RANGEL MARLENE LUCIA, ya identificado(a), el cual corresponde a la suma de $ 50.463.079,45 (CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE), a fin de que se efectúe la ordenación del gasto y el pago correspondiente según disponibilidad presupuestal vigente.

Lo anterior, «con el objetivo de poner en conocimiento que mi representada se encuentra realizando todos los trámites pertinentes a fin de dar cumplimiento a lo ordenado por el despacho». Sin embargo, la entidad no acreditó haber notificado esta decisión a la ejecutante ni haber efectuado el pago, razón suficiente para considerar que no se ha cumplido en su totalidad las sentencias condenatorias y, por ello, se confirmará la sentencia apelada.

2.5. De la condena en costas

Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 2016, respecto de la condena en costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo. El primero, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del Código General del Proceso; y el segundo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada dentro del proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de las partes.

Asimismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según sea la parte vencida el empleador o el trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura) y la complejidad e intensidad de la participación procesal; que las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado por estas, que la liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho) la hará el juez de primera o única instancia y que procede condenar en costas tanto en primera como en segunda instancia.

Conforme a las anteriores reglas, y atendiendo lo dispuesto en el numeral 8. ° del artículo 365 del Código General del Proceso, la Sala condenará en costas de segunda instancia a la UGPP, teniendo en cuenta que el recurso de apelación que interpuso fue resuelto desfavorablemente y que la ejecutante presentó alegatos de conclusión en segunda instancia.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos análogos fáctica y jurídicamente al asunto que ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio, la Sala considera que debe confirmarse la sentencia apelada por cuanto i) el documento base de recaudo cumple con los requisitos sustanciales del título ejecutivo y ii) la UGPP no ha procedido al pago total de la obligación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sub Sección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 5 de junio de 2019 por el Tribunal Administrativo del Magdalena, que ordenó seguir adelante con la ejecución en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), en el proceso ejecutivo promovido por la señora Marlene Lucía Rangel Rangel, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Condenar en costas de segunda instancia a la entidad ejecutada, las cuales deberán ser liquidadas por el Tribunal Administrativo del Magdalena.

Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el programa SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

(SLVA)

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. Folios 1 a 7. Folios 88 a 122. Folios 200 a 206. Folios 215 a 220. Índice 17, aplicativo SAMAI. Índice 15, aplicativo SAMAI. Índice 19, aplicativo SAMAI. Índice 16, aplicativo SAMAI. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 1.º de diciembre de 2016, radicado 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Consejo de Estado, Sección Cuarta, providencia de 15 de noviembre de 2017, radicado 54001-23-33-000-2013-00140-01(22065), M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez. Consejo de Estado, Sección Primera, providencia de 12 de julio de 2018, radicado 81001-23-33-003-2017-00042-01, M.P. María Elizabeth García González. Echandía Hernando, Compendio de Derecho Procesal Civil, Tomo III pág. 478. Editorial ABC,1973: «el documento o los documentos auténticos que constituyen plena prueba, en el cual o de cuyo conjunto consta la existencia a favor del demandante y a cargo del demandado, de una obligación expresa, clara y exigible…». Sentencia T-111 de 2018 magistrada ponente Gloria Stella Ortiz Delgado. Sentencia T-704 de 2013. Igual concepto está en la sentencia T-996 de 2012. Sobre los requisitos formales del título se puede consultar la siguiente jurisprudencia: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 27 de agosto de 2015. Radicado: 200012331000 2011-00548 01 (2586 – 2013). Consejera ponente Sandra Lisset Ibarra Vélez. «…que se trate de documentos que tengan autenticidad, que emanen de autoridad judicial, o de otra clase si la ley lo autoriza, o del propio ejecutado o causante cuando aquel sea heredero de este y los segundos, que de esos documentos aparezca a favor del ejecutante o de su causante y a cargo del ejecutado o de su causante, una obligación clara expresa, exigible y además líquida o liquidable por simple operación aritmética si se trata de pagar una suma de dinero».Ver también: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de mayo de 2018, Consejera ponente María Elizabeth García González, Radicación: 11001 03 15 000 2018 00824 00. A su vez la Sección Tercera del Consejo de Estado señaló: «Que además de esos requisitos el documento debe reunir dos condiciones formales: i) la autenticidad y ii) que proceda del deudor o de su causante, o de una sentencia judicial condenatoria, o de cualquier otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva». Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección C. Radicación: 27001-23-31-000-2012-00086-01(47539). Actor: Otoniel Antonio Varela Arias. Demandado: Instituto Nacional de Vías. Consejero ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa (E). Referencia: Apelación Sentencia - Medio de Control Proceso Ejecutivo. Bogotá, D.C. 8 de junio de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 14 de mayo de 2014. Radicado: 33.586. Consejo de Estado, Sección Cuarta, auto de 26 de febrero de 2014, Radicado: 25000 23 27 000 2011 00178 01 (19250), M.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez. En esta providencia se citó la siguiente doctrina: Velásquez G., Juan Guillermo. Los procesos ejecutivos. (2006). Medellín: Librería Jurídica Sánchez R. Ltda. También puede consultarse la siguiente jurisprudencia: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, providencia de 26 de julio de 2018 radicado 41001-23-31-000-2010-00139-01(0490-16), M.P. Rafael Francisco Suarez Vargas. Folios 14 a 22. Folios 23 a 36. Folio 36 vuelto. Folios 10 a 12. Folios 38 a 40. Folios 44 a 44. Folio 54. Folio 37. Folios 530 a 537 del pdf que obra en el CD visible a folio 179. Folios 46 a 49. Folio 55.

Toda vez que la entidad declaró la prescripción de las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 30 de agosto de 2009, en consideración a que la demanda fue presentada el 30 de agosto de 2012. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 14 de marzo de 2019, radicado 25000 23 42 000 2015 02729 01 (1507-2018), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Consejo de Estado, Sección Cuarta, auto del 26 de febrero de 2014, exp. 19250, M.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez; aparte citado en sentencia del 19 de noviembre de 2020, radicado 25000 23 27 000 2011 00178 02 (24186), M.P. Milton Chaves García. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 13 de mayo de 2021, radicado 08001 23 31 000 2014 01007 01 (2670-19), M.P. William Hernández Gómez. Cita del texto original: «Esta posición ha sido reiterada y sostenida pacíficamente por la presente Sección del Consejo de Estado en sentencias del: 14 de mayo de 2020, Subsección A, radicado: 08001-23-33-000-2014-01426-01 (0074-2017); y del 16 de agosto de 2018, Subsección B, radicado: 20001-23-33-000-2014-00313-02 (2633-2017).»
Índice 21, aplicativo Samai. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: William Hernández Gómez.
«1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso (…) 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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