Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2021-00899-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2021-00899-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2021-00899-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
4 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D. C., cuatro (4) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 76001-23-33-000-2021-00899-01 (0324-2024)
Demandante: María Inés Ortiz Pino
Demandado: Nación (Ministerio de Educación, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio)
Tema: Pensión ordinaria de docente – Ley 71 de 198 – vinculación
al servicio educativo antes de la Ley 812 de 2003
Decisión: Revoca la sentencia de primera instancia porque la
demandante es beneficiaria del régimen pensional previsto
en la Ley 71 de 1988 y cumple los requisitos para acceder a
la prestación
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia de primera instancia del 18 de agosto de 2023 proferida por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. La actora interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho con el objeto de que se declare la nulidad de la
Resolución 4143.010.21.0.05529 del 6 de septiembre de 2021 expedida por la
Secretaría de Educación Municipal de Santiago de Cali y aprobada por el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), a través de la cual
se negó el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación por aportes.
2. A título de restablecimiento del derecho solicitó i) reconocer a su favor la
citada prestación equivalente al 75 % de los salarios y primas percibidos durante
el año anterior a la consolidación del estatus pensional, efectiva a partir del 22 de
junio de 2019, compatible con el salario; ii) pagar las mesadas causadas desde
que adquirió el derecho, de manera indexada, más los intereses moratorios que
se generen desde la ejecutoria del fallo; iii) dar cumplimiento a la sentencia en
los términos de los artículos 192 y 195 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA); y iv) condenar en
costas a la parte demandada.
3. Como concepto de violación argumentó que el acto acusado infringió las
normas en que debía fundarse, teniendo en cuenta que se vinculó a la docencia
oficial antes del «23 de junio de 2003» y realizó aportes al Instituto de Seguros
Sociales, razones por las cuales su régimen pensional está previsto en la Ley 71
de 1988, de acuerdo con el artículo 81 de la Ley 812 de 2003.
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Demandante: María Inés Ortiz Pino
Contestación de la demanda
4. La entidad accionada se opuso a las pretensiones sobre la base de que la
actora ingresó a la docencia pública después del 27 de junio de 2003 cuando
entró en vigencia la ley 812 de 2003, motivo por el cual su situación pensión está
regida por la Ley 100 de 1993.
5. Propuso las excepciones de legalidad del acto acusado, inexistencia de la
obligación, caducidad, prescripción y la genérica.
Sentencia apelada
6. Mediante sentencia del 18 de agosto de 2023, el Tribunal negó las
pretensiones de la demanda porque, si bien la actora laboró como docente oficial
entre 1985 y 1987, no le resulta aplicable la Ley 71 de 1988 en tanto no es
beneficiaria del régimen de transición que prevé el artículo 36 de la Ley 100 de
1993.
7. Decidió no imponer condena en costas debido a que no están
comprobadas.
Recurso de apelación
8. Inconforme con la decisión, la demandante interpuso recurso de apelación
argumentando que el Tribunal no tuvo en cuenta sus vinculaciones a la docencia
oficial través de contratos de prestación de servicios desde 1985, circunstancia
que le permitía recuperar el régimen pensional anterior.
9. Adujo que laboró en entidades públicas y privadas durante 32 años, 6
meses y 12 días, por lo que cumple los requisitos que establece el artículo 7 de
la Ley 71 de 1988.
10. Señaló que la entidad demandada debe reconocer y pagar la pensión de
jubilación por aportes y reclamarle a Colpensiones las cuotas partes
correspondientes.
11. Afirmó que la mesada pensional y el salario percibido en ejercicio de la
docencia oficial son compatibles, de acuerdo con los artículos 19 de la Ley 4.ª de
1992 y 5 del Decreto 224 de 1972.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
12. Por auto del 9 de mayo de 2024 se admitió el recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia de primera instancia.
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13. En sus alegatos, la actora reiteró los argumentos que expuso en la
demanda y en la apelación, e indicó que estuvo subordinada al cumplimiento de
reglamentos educativos durante el tiempo en que se desempeñó como docente
contratista.
14. La entidad accionada guardó silencio en esta fase procesal.
15. El ministerio público rindió concepto a través del cual solicitó confirmar la
sentencia apelada porque la accionante no tiene derecho a la pensión de
jubilación por aportes, ya que no es beneficiaria del régimen de transición que
prevé el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y se vinculó a la docencia oficial
después de que empezó a regir la Ley 812 de 2003.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
16. De conformidad con el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021,
el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación.
Problema jurídico
17. Consiste en determinar si la demandante es beneficiaria del régimen
pensional de la Ley 71 de 1988 y, en caso afirmativo, si cumple los requisitos que
establece el artículo 7 ibidem para que se le reconozca y pague una pensión de
jubilación por aportes compatible con el salario devengado en ejercicio de la
docencia pública.
Análisis del problema jurídico
18. La Sala revocará la sentencia de primera instancia porque la accionante
demostró que se vinculó a la docencia oficial antes del 27 de junio de 2003,
cuando entró en vigencia la Ley 812 de 2003, y cumple las condiciones que prevé
el artículo 7 de la Ley 71 de 1988 para acceder a una pensión de jubilación por
aportes compatible con el salario de docente oficial.
19. Con el fin de sustentar la anterior conclusión, la Sala estima necesario
relacionar los siguientes hechos, los cuales fueron probados con los documentos
aportados al proceso:
i) La demandante nació el 22 de junio de 19641.
ii) La accionante acredita los siguientes tiempos de servicios como docente
en el sector público:
1
Registro civil de nacimiento y cédula de ciudadanía de la actora (Índice 3 de SAMAI del tribunal, anexos
de la demanda).
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Demandante: María Inés Ortiz Pino
Desde - Tipo de Entidad contratante
Tiempo
Hasta vinculación o empleadora
Contrato de
9/9/1985 al Municipio de Yumbo
prestación de 304 días
9/7/19862 (Valle del Cauca)
servicios
Contrato
«Año lectivo individual de Municipio de Yumbo
Indeterminado
1986-1987»3 trabajo suscrito (Valle del Cauca)
el 8/9/1986
9/2/2016 al
30/6/20214
Municipio de
(fecha de Nombramiento
Santiago de Cali 1969 días
expedición en propiedad
(Valle del Cauca)
del
certificado)
2273 días, equivalentes a 6
TIEMPO TOTAL DE SERVICIO
años, 3 meses y 23 días
iii) La actora también registra 1452,71 semanas de cotización en
Colpensiones, producto de labores realizadas en los sectores público y
privado, entre el 7 de noviembre de 1985 y el 29 de febrero de 2016, de
manera discontinua5, equivalentes a 28 años, 2 meses y 29 días6.
iv) En el reporte de semanas cotizadas emitido por Colpensiones se registran
los períodos comprendidos entre el 7 de noviembre y el 31 de diciembre
de 1985 (55 días); del 1.° de enero al 31 de diciembre de 1986 (365 días);
y desde el 1.° de enero hasta el 23 de septiembre de 1987 (266 días), es
decir, 686 días o un (1) año, 10 meses y 26 días, durante los cuales los
aportes fueron realizados por el municipio de Yumbo (Valle del Cauca).
En esas condiciones, a fin de no computar dos (2) veces el mismo tiempo
de servicio, la Sala solo contabilizará 59 días de labores del período
durante el cual la demandante estuvo vinculada como docente del
municipio de Yumbo a través de contratos de prestación de servicios,
correspondientes al lapso que va del 9 de septiembre al 6 de noviembre
de 1985.
2
Contrato de prestación de servicios 030 del 9 de septiembre de 1985 y certificación expedida el 23 de junio
de 2021 por la Secretaría de Gestión Humana y Recursos Físicos de la Alcaldía Municipal de Yumbo (Valle
del Cauca), ibidem.
3
Contrato individual de trabajo suscrito el 8 de septiembre de 1986 y certificación expedida el 23 de junio
de 2021 por la Secretaría de Gestión Humana y Recursos Físicos de la Alcaldía Municipal de Yumbo (Valle
del Cauca), ibidem.
4
Resoluciones 4143.0.21.9613 del 30 de diciembre de 2015 y 4143.010.21.0539 del 26 de enero de 2017,
expedidas por la Secretaría de Educación Municipal de Santiago de Cali; actas de posesión
4143.0.12.1.16413 del 9 de febrero de 2016 y 4143.0.12.1.17437 del 23 de febrero de 2017; y formato único
para la expedición de certificado de historia laboral emitido el 30 de junio de 2021 por la Secretaría de
Educación Municipal de Santiago de Cali, ibidem.
5
Reporte de semanas cotizadas en pensiones del 14 de abril de 2021, expedido por Colpensiones, ibidem.
6
El cálculo se realizó multiplicando 1452,71 semanas por 7 días (parágrafo 2 del artículo 33 de la Ley 100
de 1993), operación que arrojó un resultado de 10168,97, que fueron redondeados a 10169 días. Luego,
esta última suma se dividió entre 30 días, a fin de establecer el número de meses, ejercicio con el cual se
obtuvo un resultado de 338 meses y 29 días; después, los 338 meses se dividieron entre 12 para hallar el
número de años.
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En igual sentido, la Sala observa que el municipio de Yumbo efectuó
cotizaciones durante todo el año 1986 y desde el 1.° de enero hasta el 23
de septiembre de 1987, de lo cual es factible entender que dentro del
reporte de semanas cotizadas que emitió Colpensiones se encuentran las
relacionadas con la ejecución del contrato individual de trabajo suscrito el
8 de septiembre de 1986, que tuvo como vigencia el «año lectivo 1986-
1987».
Asimismo, en el reporte de Colpensiones se registran cotizaciones durante
quince (15) días del mes de febrero de 2016, pero como en el FOMAG se
hicieron aportes desde el 9 de febrero de 2016 (nombramiento en
propiedad como docente oficial), se descontarán siete (7) días de aportes
del tiempo referenciado por Colpensiones, a fin de no contabilizar dos (2)
veces el tiempo de servicio simultáneo (entre el 9 y el 15 de febrero de
2016).
Así pues, el tiempo de servicio acreditado por la actora se resume de la
siguiente manera:
Entidad contratante
Desde - hasta Tiempo
o empleadora
Municipio de Yumbo
9/9/1985 al 6/11/1985 59 días
(Valle del Cauca)
1452,71 semanas Sectores público y 10169 días, menos 7 días = 10162
(Colpensiones) privado días
Municipio de
9/2/2016 al 30/6/2021 Santiago de Cali 1969 días
(Valle del Cauca)
12190 días, equivalentes a 33
TIEMPO TOTAL DE SERVICIO
años, 10 meses y 10 días
20. En primer lugar, el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 señala que el régimen
prestacional de los maestros nacionales, nacionalizados y territoriales «que se
encuentren vinculados» a la docencia pública es el previsto para el magisterio en
las disposiciones vigentes con anterioridad a dicha ley; y que quienes se vinculen
al servicio educativo oficial a partir del 27 de junio de 2003 gozan de los derechos
pensionales del régimen de prima media con prestación definida de que tratan
las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con sus requisitos, salvo el de la edad que
es de 57 años para hombres y mujeres.
21. Para resolver el caso es preciso tener en cuenta adicionalmente que el
parágrafo transitorio 1 del artículo 48 de la Constitución Política, adicionado por
el Acto Legislativo 01 de 2005, dispuso que el régimen pensional de los maestros
nacionales, nacionalizados y territoriales «vinculados» a la docencia oficial es el
establecido para el magisterio en las normas legales vigentes antes del 27 de
junio de 2003, cuando entró a regir la Ley 812 de 2003, mientras que los que se
vinculen a partir de la fecha mencionada son beneficiarios de los derechos del
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régimen de prima media con prestación definida regulados por las Leyes 100 de
1993 y 797 de 2003.
22. A través de la Sentencia SUJ-014-CE-S2-19 del 25 de abril de 2019, la
Sección Segunda del Consejo de Estado unificó su jurisprudencia en el sentido
de precisar que el régimen pensional de los docentes vinculados al servicio
educativo oficial antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 (27 de
junio de 2003) es el previsto en las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, mientras que
el derecho pensional de los maestros públicos que se vinculen después de esa
fecha, afiliados al FOMAG, está sometido al régimen de prima media definido en
las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, salvo en cuanto al requisito de la edad,
que es de 57 años para hombres y mujeres.
23. Adicionalmente, en la citada sentencia de unificación se precisó que, si el
derecho pensional está regido por la Ley 33 de 1985, la mesada correspondiente
debe liquidarse con los factores «sobre los que se hayan efectuado los
respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1° de la Ley 62 de 1985»,
lineamiento que se ha complementado en razón a normas posteriores que han
dispuesto que otros emolumentos también deben incluirse en el cálculo de la
mesada pensional7, como ocurre con la bonificación pedagógica8 y la bonificación
mensual de docentes y directivos docentes9, por ejemplo.
24. A su vez, la sentencia de unificación determinó que cuando el derecho
pensional se establece conforme con las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, los
factores salariales computables para liquidar la mesada son los previstos en el
Decreto 1158 de 1994, sobre los que se efectuaron los aportes. Esta directriz
debe interpretarse en conjunto con las normas posteriores que han establecido
el carácter salarial para efectos pensionales de ciertos emolumentos (como es el
caso de las bonificaciones mencionadas), teniendo en consideración que se trata
de disposiciones expedidas en ejercicio de las facultades señaladas en el artículo
150, numeral 19, literal e), de la Constitución Política y en la Ley 4.ª de 1992.
25. Ahora bien, resulta importante precisar que en la Sentencia SUJ-014-CE-
S2-19 del 25 de abril de 2019 se indicó que el régimen pensional de los docentes
vinculados al servicio educativo oficial antes del 27 de junio de 2003 es el previsto
en las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, pero nada se dijo en torno a la posibilidad
de aplicar o no la Ley 71 de 1988. Tal circunstancia se produjo porque en esa
oportunidad se analizó la situación pensional de una persona beneficiaria de la
7
Al respecto, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
A, sentencia del 8 de agosto de 2024, expediente 44001-23-40-000-2018-00143-01 (5066-2022); y
sentencia del 20 de junio de 2024, expediente 17001-23-33-000-2019-00174-01 (0506-2022).
8
El Decreto 2354 de 2018 creó la bonificación pedagógica y estableció que constituye factor salarial para
tofos los efectos legales (artículo 3, numeral 4).
9
El Decreto 1566 de 2014 creó la bonificación mensual docente y dispuso que constituye factor salarial para
todos los efectos legales (artículo 1, inciso 2). Este decreto fue derogado por normas posteriores, las cuales
han señalado que en el valor de las asignaciones básicas está incluida la bonificación mensual docente.
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Ley 33 de 1985, por lo que el estudio acerca de las normas anteriores a la entrada
en vigencia de la Ley 812 de 2003 se limitó a aquella10.
26. Sin embargo, como el régimen pensional de los maestros que ingresaron
a la docencia oficial antes del 27 de junio de 2003 está previsto en la Ley 91 de
1989, cuyo artículo 15 (numeral 2, inciso 2) remite al régimen jurídico de los
pensionados del sector público nacional (en el caso de los docentes nacionales
y nacionalizados vinculados a partir del 1.° de enero de 1981 y de los maestros
que ingresaron al servicio desde el 1.° de enero de 1990), aquellos no solo
pueden ser beneficiarios de la Ley 33 de 1985, sino también de la Ley 71 de
1988. Así se desprende de los antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989,
teniendo en cuenta que en la ponencia para primer debate en el Senado de la
República se expresó lo siguiente:
EXPLICACIÓN DEL ARTICULADO Y DEL PLIEGO DE MODIFICACIONES
[…]
Acerca del artículo 15 habría que referirse finalmente a dos aspectos: la Ley 71 de
1988 sobre pensiones de jubilación; recoge amplias aspiraciones del movimiento
pensional que al beneficiar al Magisterio exonera de la repetición en este texto. El
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, recibe la autorización
legal de extender los servicios asistenciales a las familias de los docentes, cuando
su situación financiera lo permite.11
27. Así las cosas, dentro del escenario pensional que tuvo en cuenta el
legislador para elaborar el texto de la Ley 91 de 1989 estuvo la aceptación de
que la Ley 71 de 1988 beneficia al personal del magisterio, hecho que se dio por
sentado e hizo innecesaria la reproducción o previsión expresa de la posibilidad
de aplicar dicha ley a los docentes oficiales.
28. En igual sentido lo han considerado ambas Subsecciones de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, de manera reciente12.
29. En segundo lugar, la Sección Segunda del Consejo de Estado ha fijado de
manera pacífica la regla jurisprudencial a partir de la cual se precisa que los
períodos en los que un maestro hubiere laborado en el sector público a través de
contratos de prestación de servicios, con anterioridad a la entrada en vigencia de
10
En sentencia del 19 de enero de 2023, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
indicó que la Sentencia de Unificación SUJ-014-CE-S2-19 del 25 de abril de 2019 «solo desarrolló la
determinación de los regímenes para los casos de docentes oficiales cuyo tiempo de servicio hubiese sido
prestado únicamente en el sector público y cotizado exclusivamente al FNPSM. No obstante, dicha
providencia se abstuvo de plantear el supuesto cuando, por ejemplo como sucede en el sub iudice, el
educador también tiene acumulados tiempos cotizados como contratista y aportados a otra administradora
como lo era el entonces ISS (hoy Colpensiones).
Para esta clase de eventos, la normativa aplicable necesariamente correspondía a la Ley 71 de 1988 que
regulaba lo propio en lo que respecta a la denominada ‘pensión por aportes’ y no la Ley 33 de 1985». Ver:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del
19 de enero de 2023, expediente 15001-23-33-000-2019-00103-01 (3083-2022).
11
Gaceta del Congreso de la República 103 del 17 de octubre de 1989.
12
Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, i) Subsección A,
sentencia del 19 de enero de 2023, expediente 15001-23-33-000-2019-00103-01 (3083-2022); y ii)
Subsección B, sentencia del 30 de enero de 2024, expediente 66001-23-33-000-2020-00492-01 (0391-
2022).
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la Ley 812 de 2003, son válidos para efectos de acceder al régimen pensional de
que trata la Ley 71 de 1988 y acreditar los 20 años de servicio que esta última
exige para adquirir el derecho a una pensión de jubilación por aportes, teniendo
en cuenta que la labor desarrollada en dichos lapsos es propia e inherente a la
condición de docente oficial y se ejecuta en el marco de verdaderos vínculos de
naturaleza laboral, con independencia de la denominación contractual que se les
designe13.
30. En esas condiciones, los períodos comprendidos entre el 9 de septiembre
de 1985 y el 9 de julio de 1986, y el correspondiente a la ejecución del contrato
individual de trabajo suscrito el 8 de septiembre de 1986, durante los cuales la
demandante laboró como docente en el municipio de Yumbo, son computables
para efectos de establecer su vinculación al servicio educativo oficial antes del
27 de junio de 2003 y completar los veinte (20) años de servicio que exige la Ley
71 de 1988 para acceder a la pensión de jubilación por aportes.
31. En consecuencia, como la demandante se vinculó a la docencia oficial
desde el 9 de septiembre de 1985, es decir, antes de que entrara en vigencia la
Ley 812 de 2003, su régimen pensional está previsto en la Ley 91 de 1989, que
habilita la remisión a la Ley 71 de 1988, como se expuso.
32. El hecho de que no se tenga registro de los aportes a pensión por el lapso
que va del 9 de septiembre al 6 de noviembre de 1985 no constituye un obstáculo
para reconocer la primera vinculación al servicio educativo oficial y el régimen
pensional aplicable, sino que devela la necesidad de que el FOMAG adelante las
respectivas actuaciones administrativas de cobro de los aportes contra la actora
y el municipio de Yumbo.
33. La Sala debe precisar en este punto que a la actora no le resultan
aplicables las disposiciones de las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, en tanto
ingresó a la docencia oficial antes del 27 de junio de 2003. Por lo tanto, su acceso
al régimen pensional de la Ley 71 de 1988 no está condicionado al cumplimiento
de los requisitos de la transición que establece el artículo 36 de la Ley 100 de
199314.
34. En tercer lugar, la accionante acreditó 33 años, 10 meses y 10 días de
servicio en los sectores público y privado hasta el 30 de junio de 2021, y cumplió
55 años de edad el 22 de junio de 2019, fecha para la cual acumulaba 31 años,
9 meses y 21 días de labores, de suerte que tiene derecho a que se le reconozca
y pague una pensión de jubilación por aportes con base en el artículo 7 de la Ley
71 de 1988.
13
Al respecto, ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección A, sentencia del 18 de noviembre de 2020, expediente 66001-23-33-000-2016-00082-
01 (4676-2017); sentencia del 24 de febrero de 2022, expediente 63001-23-33-000-2018-00183-01 (4650-
2019); y sentencia del 20 de junio de 2024, expediente 17001-23-33-000-2019-00174-01 (0506-2022).
14
En igual sentido, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 18 de noviembre de 2020, expediente 66001-23-33-000-2016-00082-01 (4676-
2017).
8
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Demandante: María Inés Ortiz Pino
35. En cuanto a los factores salariales que integran la base de liquidación de
la pensión a reconocer, la Sala observa que el artículo 6 del Decreto 2709 de
1994 dispone lo siguiente:
«El salario base para la liquidación de esta pensión será el salario promedio que
sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios, salvo las
excepciones contenidas en la ley».
36. Esta norma debe interpretarse de manera armónica con la Ley 62 de 1985,
pues la prestación se reconoce según lo previsto en la Ley 71 de 1988,
atendiendo la condición de docente de la demandante.
37. La Sala advierte que, si bien en ocasiones anteriores15 se afirmó que,
conforme al artículo 81 de la Ley 812 de 2003, la pensión regida por la Ley 71 de
1988 debía liquidarse según lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto 2709 de
1994, es preciso aclarar que dicha regla solo aplica respecto de los factores
expresamente consagrados en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985. En ese sentido,
se rectifica y aclara la posición previamente adoptada.
38. La razón de esta precisión radica en la necesidad de evitar regímenes
diferenciados dentro de una misma categoría de servidores públicos, como lo son
los docentes. No sería razonable que algunos accedan a la pensión incluyendo
cualquier factor sobre el cual se hubiesen efectuado aportes, incluso si estos no
están enlistados en la normativa aplicable, mientras que otros estén sujetos a los
factores expresamente establecidos. Esta disparidad configuraría una
vulneración al derecho a la igualdad.
39. Por tanto, para determinar la mesada pensional de los docentes, solo
pueden incluirse los factores definidos en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985, así
como los previstos en los Decretos 633 y 634 de 2007, 1566 de 2014 y 2354 de
2018 y demás normas concordantes aplicables al régimen docente.
40. Esta limitación busca impedir el cómputo de haberes que el legislador y el
Ejecutivo no consagraron.
41. En ese orden de ideas, la Sala revocará la sentencia de primera instancia
y, en su lugar, ordenará al FOMAG reconocer y pagar una pensión de jubilación
por aportes a favor de la actora, con fundamento en el artículo 7 de la Ley 71 de
1988, cuya mesada deberá calcularse con el 75 % del ingreso base de liquidación
conformado por el promedio mensual de los factores salariales devengados entre
el 22 de junio de 2018 y el 21 de junio de 2019, sobre los cuales se hayan
efectuado aportes y estén previstos en la Ley 62 de 1985 y en los Decretos 633
y 634 de 2007, 1566 de 2014 y 2354 de 2018, prestación que será efectiva a
partir del 22 de junio de 2019.
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencias
de 10 de julio de 2025 dentro de los expedientes 4580-2022, 4337-2022, 5730-2022 y 3037-2022.
9
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42. La pensión de jubilación por aportes cuyo reconocimiento y pago se
ordena en esta providencia resulta compatible con el salario percibido en ejercicio
de la docencia oficial, de acuerdo con los artículos 19 (literal g) de la Ley 4.ª de
1992 y 5 del Decreto 224 de 1972, y ante la declaratoria de inexequibilidad16 de
los artículos 42 (literal k) y 45 del Decreto 1278 de 200217.
43. En cuarto lugar, con base en el artículo 11 del Decreto 2709 de 1994 y con
el fin de garantizar la financiación de la pensión de jubilación por aportes, se
ordenará al FOMAG que adelante las actuaciones administrativas necesarias
para realizar el cobro de las cuotas partes que correspondan por todos los
aportes pensionales que Colpensiones ha recibido a nombre de la accionante,
gestión que no comprometerá el pago de la mesada pensional.
44. De igual manera, en los términos del artículo 5 (numeral 5) de la Ley 91
de 1989, se ordenará al FOMAG que promueva las gestiones de cobro de aportes
pensionales contra la demandante y el municipio de Yumbo, en los porcentajes
que cada uno debía asumir en condición de trabajadora y empleador,
respectivamente, por el período comprendido entre el 9 de septiembre y el 6 de
noviembre de 1985.
45. Para efectos del cobro de los aportes pensionales contra la actora, se
autorizará al FOMAG para que realice el descuento correspondiente del monto
que deba pagarle a aquella por concepto de mesadas causadas y no pagadas
desde el 22 de junio de 2019 (retroactivo).
46. La orden de cobro de aportes pensionales contra el municipio de Yumbo,
que no fue vinculado al proceso, no compromete las garantías procesales de
dicha entidad territorial, ya que solo se está impartiendo una orden dirigida al
FOMAG, tendiente a adelantar una actuación administrativa18.
47. En quinto lugar, como la actora consolidó el estatus jurídico el 22 de junio
de 2019, promovió la reclamación administrativa el 8 de julio de 202119 y radicó
la demanda el 14 de septiembre de 2021, la Sala concluye que no se configuró
la prescripción extintiva (trienal) de mesadas pensionales.
48. Por último, la actora también solicitó condenar a la entidad demandada a
pagar los intereses moratorios que se causen a partir de la ejecutoria de esta
providencia y a dar cumplimiento a la decisión dentro del término legal; sin
embargo, una orden expresa en tales sentidos resulta innecesaria porque los
16
Sentencias C-734 de 2003 y 1157 de 2003, de la Corte Constitucional.
17
Al respecto, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
A, sentencia del 19 de junio de 2025, expediente 15001-23-33-000-2021-00136-01 (5701-2022).
18
En igual sentido, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 19 de enero de 2023, expediente 15001-23-33-000-2019-00103-01 (3083-
2022).
19
La petición se envió por correo certificado el 24 de septiembre e 2016, pero se entregó a la entidad
destinataria el 26 de septiembre de 2018 (ver anexos de reforma de la demanda).
10
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intereses de mora se causan por disposición de la ley20, y el cumplimiento de las
sentencias fue regulado expresamente por el legislador. De ambas cuestiones se
ocupa el artículo 192 del CPACA.
Condena en costas de segunda instancia
49. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
50. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.
51. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
52. En consecuencia, se condenará en costas al FOMAG, por cuanto se
acogieron totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas
por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas
por la Secretaría del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley
IV. RESUELVE
PRIMERO. REVOCAR la sentencia proferida el 18 de agosto de 2023 por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. En su lugar,
20
Al respecto, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
A, sentencia del 8 de julio de 2021, expediente 47001-23-33-000-2018-00321-01 (5549-2019). En dicha
oportunidad, esta Subsección precisó que «[…] el reconocimiento de los intereses moratorios opera por
virtud de la ley, de forma que, con independencia de que la sentencia objeto de ejecución los haya ordenado
en forma explícita o no, procede su reconocimiento cuando la entidad condenada no ha efectuado el pago».
11
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SEGUNDO. DECLARAR la nulidad de la Resolución 4143.010.21.0.05529 del 6
de septiembre de 2021, expedida por la Secretaría de Educación Municipal de
Santiago de Cali y aprobada por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio.
TERCERO. ORDENAR al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio que reconozca y pague una pensión de jubilación por aportes a favor
de la señora María Inés Ortiz Pino, con base en el artículo 7 de la Ley 71 de 1988,
equivalente al 75 % del ingreso base de liquidación conformado por el promedio
mensual de los factores salariales percibidos entre el 22 de junio de 2018 y el 21
de junio de 2019, sobre los cuales se hayan efectuado aportes y estén previstos
en la Ley 62 de 1985 y los Decretos 633 y 634 de 2007, 1566 de 2014 y 2354 de
2018, prestación que será efectiva a partir del 22 de junio de 2019, en
compatibilidad con el salario devengado en ejercicio de la docencia oficial.
CUARTO. Las sumas que resulten a favor de la parte actora por concepto de
mesadas causadas y no pagadas se ajustarán conforme a la siguiente fórmula:
Índice final
R = Rh x
Índice inicial
Donde el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh),
que es el valor correspondiente a cada mesada pensional causada y dejada de
pagar, por el guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al
consumidor certificado por el Departamento Nacional de Estadística (vigente a la
fecha de ejecutoria de esta sentencia), entre el índice inicial (vigente para la fecha
en que debió hacerse el pago de cada mesada pensional).
QUINTO. ORDENAR al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
que adelante las actuaciones administrativas necesarias para realizar el cobro de
las cuotas partes que correspondan por todos los aportes pensionales que
Colpensiones ha recibido a nombre de la señora María Inés Ortiz Pino, gestión
que no comprometerá el pago de la mesada pensional.
SEXTO. ORDENAR al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
que realice las gestiones de cobro de aportes pensionales contra la demandante
y el municipio de Yumbo (Valle del Cauca), en los porcentajes que cada uno
debía asumir en condición de trabajadora y empleador, respectivamente, por el
período comprendido entre el 9 de septiembre y el 6 de noviembre de 1985.
Para efectos del cobro de aportes pensionales contra la actora, AUTORIZAR al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio para que realice el
descuento correspondiente del monto que deba pagarle a aquella por concepto
de mesadas causadas y no pagadas desde el 22 de junio de 2019 (retroactivo).
SÉPTIMO. Negar las demás pretensiones de la demanda.
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OCTAVO. CONDENAR en costas en primera y segunda instancia al FOMAG, de
conformidad con lo establecido en la parte motiva de la presente providencia.
NOVENO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones respectivas y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
13
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