Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2021-00433-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2021-00433-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 15001-23-33-000-2021-00433-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
18 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá D.C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicado: 15001-23-33-000-2021-00433-01 (0691-2025)
Demandante: Elda del Carmen Ramírez de Suárez
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio
Tema: Reconocimiento de pensión de jubilación de docente – Ley
71 de 1988
Decisión: Revoca sentencia de primera instancia y accede a las
pretensiones, al encontrarse acreditado que la demandante
es beneficiaria del régimen pensional previsto en la Ley 71
de 1988 y cumple los requisitos para el reconocimiento de
la prestación.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia de primera instancia del 7 de noviembre de 2024 proferida
por el Tribunal Administrativo de Boyacá.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. La actora interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con el objeto de que se declare la nulidad del acto
ficto producto del silencio administrativo negativo que se configuró el 9 de mayo
de 2021, por la omisión en atender la petición presentada el 9 de febrero de 2021.
2. A título de restablecimiento del derecho solicitó (i) reconocer la pensión de
jubilación por aportes, equivalente al 75% del sueldo y demás factores salariales
devengados en el año anterior al 6 de febrero de 2018, fecha en la que adquirió
el estatus pensional, sin que se le exija el retiro definitivo del servicio; (ii) pagar
las mesadas causadas desde la adquisición del derecho; (iii) indexar las sumas
adeudadas e incluir los intereses moratorios que se generen después de la
ejecutoria del fallo; (iv) dar cumplimiento a la sentencia en los términos de los
artículos 192 y 195 del CPACA; y (v) condenar en costas a la parte demandada.
3. Como hechos relevantes de la demanda expuso que nació el 10 de octubre
de 1958; laboró en el sector privado y efectuó aportes al Instituto de Seguros
Sociales (ISS) entre el 25 de julio de 1985 al 3 de octubre de 1989.
4. Posteriormente, prestó sus servicios docentes en la Secretaría de
Educación Departamental de Boyacá mediante contratos de prestación de
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servicios en los siguientes periodos: (i) 24 de febrero al 9 de junio de 2000; (ii) 12
de julio al 1 de diciembre de 2000; (iii) 27 de agosto al 30 de noviembre de 2002;
y (iv) 12 de febrero al 12 de diciembre de 2003.
5. Relató que el 20 de septiembre de 2004 se posesionó como docente en
provisionalidad en la misma entidad, y el 10 de enero de 2006 fue nombrada en
propiedad. Desde entonces y hasta la fecha de la presentación de la demanda
continuaba ejerciendo dicho cargo.
6. En el concepto de violación argumentó que la administración desconoció
las normas1 que sustentaban sus pretensiones, dado que la señora Ramírez de
Suárez se vinculó al servicio docente y efectuó aportes al ISS con anterioridad a
la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, por lo que el régimen aplicable para el
reconocimiento y pago de su pensión de vejez es el previsto en la Ley 71 de
1988.
Contestación de la demanda
7. La entidad accionada se opuso a las pretensiones de la demanda, al
sostener que el régimen pensional aplicable a la demandante es el regulado por
las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, toda vez que su vinculación legal y
reglamentaria así como su afiliación al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, ocurrieron bajo la vigencia de la Ley 812 de 2003.
8. En consecuencia, adujo que los factores salariales que integran el ingreso
base de liquidación son únicamente aquellos sobre los cuales se efectuaron
aportes y que se encuentran previstos en el Decreto 1158 de 1994.
9. Manifestó que no había lugar a la condena en costas, por cuanto esta no
obedecía a un criterio objetivo, sino que era necesario desvirtuar la buena fe de
la entidad.
10. Finalmente propuso como excepciones: (i) legalidad del acto acusado; (ii)
ineptitud de la demanda por carencia de fundamento jurídico; (iii) «el demandante
no es beneficiario de las disposiciones normativas que se alegan»; (iv) cobro de
lo no debido; (v) «factores salariales que integran el ingreso base de liquidación»;
(vi) improcedencia de la condena en costas; y (vii) la genérica.
Decisión de las excepciones previas
11. En auto del 3 de junio de 20222, se declaró «infundada» la excepción de
ineptitud de la demanda por carencia de fundamento jurídico propuesta por la
entidad demandada, decisión que no fue objeto de recursos.
Sentencia apelada
1 Artículos 7 de la Ley 71 de 1988; 15 de la Ley 91 de 1989, numerales 1 y 2; 6 de la Ley 60 de 1993; 115
de la Ley 115 de 1993; 279 de la Ley 100 de 1993; 81 de la Ley 812 de 2003; y 1 y 2 del Decreto 3752 de
2003.
2 Índice 16 del aplicativo Sami del Tribunal.
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12. El Tribunal Administrativo de Boyacá mediante la sentencia del 7 de
noviembre de 2024 negó las pretensiones de la demanda.
13. Como fundamento principal, señaló que si bien la señora Elda del Carmen
Ramírez de Suárez prestó servicios docentes entre el 24 de febrero de 2000 y el
12 de diciembre de 2003 mediante contratos de prestación de servicios
sucesivos, no obra prueba de que en dicho periodo se hubieran efectuado
cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, lo cual
constituye un «requisito sine qua non» para el reconocimiento de tiempos de
servicio, de conformidad con el artículo 81 de la Ley 812 de 2003.
14. Igualmente, precisó que en el expediente no se allegó decisión judicial que
hubiera declarado la existencia de una relación laboral encubierta ni ordenado el
pago de los aportes omitidos, lo que impedía reconocer dichos periodos para
efectos pensionales.
15. En consecuencia, concluyó que únicamente podía computarse la
vinculación a partir del 20 de septiembre de 2004, fecha en la que se acreditó el
pago de aportes, esto es, con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812
de 2003. En tal virtud, determinó que el régimen aplicable era el de prima media
con prestación definida regulado en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.
16. Por último, declaró probadas las excepciones propuestas por la entidad
demandada, y se abstuvo de imponer condena en costas.
Recurso de apelación
17. La apoderada de la actora interpuso recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia argumentando que el Tribunal desconoció la
jurisprudencia del Consejo de Estado, según la cual es procedente contabilizar
los periodos laborados mediante contratos de prestación de servicios para
efectos de acreditar el tiempo requerido para el reconocimiento de la pensión de
jubilación.
18. Señaló que, de acuerdo con el Acto Legislativo 01 de 2005 y el artículo 81
de la Ley 812 de 2003, el único presupuesto para determinar el régimen pensional
es la fecha de ingreso al servicio educativo oficial, la cual en este caso se produjo
el 1 de febrero de 2000, por lo que resulta desproporcionado exigir la acreditación
de aportes al sistema pensional.
19. Además, aseguró haber informado al despacho que mediante sentencia
del 17 de noviembre de 20223 se declaró la existencia de una relación laboral
entre el departamento de Boyacá y la actora durante el periodo comprendido
entre el 1 de febrero de 2000 y el 12 de diciembre de 2003.
3 Esta decisión se adoptó dentro del expediente 15001333300220200000700.
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20. Sostuvo que el acervo probatorio acreditaba el cumplimiento de los
requisitos exigidos en el artículo 7 de la Ley 71 de 1988, ya que: (i) la señora
Ramírez de Suárez nació el 10 de octubre de 1958, por lo que «en la actualidad»
supera los 55 años, y (ii) acumuló más de 20 años de servicios en los sectores
público y privado.
21. Finalmente, solicitó que la mesada pensional se liquidara con base en el
75 % del ingreso base de liquidación, equivalente al promedio de los factores
salariales sobre los cuales se efectuaron aportes durante el año anterior a la
consolidación del estatus pensional, y que se reconociera la compatibilidad entre
dicha prestación y el salario que percibe como docente oficial.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
22. Mediante auto del 12 de junio de 2025, se admitió el recurso de apelación4.
23. En sus alegatos5, la parte actora reiteró los argumentos expuestos en el
recurso de apelación y agregó que los aportes pensionales al ser
imprescriptibles, pueden recaudarse en cualquier momento en el porcentaje que
corresponde al empleador y al trabajador.
24. El agente del ministerio público en concepto núm. 395-2025 del 9 de julio
de 20256 solicitó revocar la sentencia de primera instancia, al estimar que el
Tribunal desconoció que la primera vinculación de la actora al servicio educativo
oficial se produjo el 1 de febrero de 2000, a través de contratos de prestación de
servicios.
25. Precisó que la obligación de realizar los aportes correspondía a la entidad
territorial, y que su omisión no podía convertirse en un obstáculo para el
reconocimiento del derecho pensional.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
26. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
modificado por los artículos 615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de
la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es competente para resolver el
recurso de apelación.
Problema jurídico
27. La Sala debe determinar si la actora tiene derecho al reconocimiento y
pago de la pensión de jubilación bajo el régimen previsto en la Ley 71 de 1988,
4 Índice 4 del aplicativo Samai.
5 Índice 9 del aplicativo Samai.
6 Índice 10 del aplicativo Samai.
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atendiendo a que se vinculó como docente antes del 27 de junio de 2003
mediante contratos de prestación de servicio, o si por el contrario, resultaba
indispensable acreditar los aportes al sistema pensional durante dicho periodo.
28. En caso afirmativo, será preciso establecer si dicha prestación puede
percibirse de forma simultánea con el salario que devenga como docente.
Análisis del problema jurídico
29. La Sala revocará la sentencia de primera instancia, al acreditarse que la
accionante se vinculó a la docencia oficial antes del 27 de junio de 2003, fecha
de entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, y que reúne los requisitos previstos
en el artículo 7 de la Ley 71 de 1988 para acceder a la pensión de jubilación por
aportes, compatible con el salario que percibe en ejercicio de la docencia oficial.
30. Con el fin de sustentar la anterior conclusión, la Sala estima necesario
relacionar los siguientes hechos, los cuales fueron probados con los documentos
aportados al proceso:
i) La señora Elda del Carmen Ramírez de Suárez nació el 10 de octubre
de 19587, y laboró como docente en la Secretaría de Educación
Departamental de Boyacá durante los siguientes periodos:
Tipo de vinculación Desde - Hasta Tiempo de servicios
Orden de prestación de 24/02/00 a 09/06/00 107 días
servicios 6138
Orden de prestación de 12/07/00 a 01/12/00 143 días
servicios 10749
Orden de prestación de 27/08/02 a 30/11/02 96 días
servicios 187910
Orden de prestación de 12/02/03 a 12/12/03 304 días
servicios 42611
Resolución 205212 20/09/04 a 24/10/05 400 días
(nombramiento en
provisionalidad)
Decreto 94413 10/01/06 a 09/12/2014 5.448 días
(nombramiento en
propiedad)
6.498 días, equivalentes a
17 años, 9 meses y 23 días.
7 Folios 25 a 25, índice 3 del aplicativo Samai del Tribunal. Demanda.
8 Folios 31 a 33, ibidem.
9
Folios 34 a 36, ibidem.
10 Folios 37 a 39, ibidem.
11 Folios 40 a 41, ibidem.
12 Folios 54 a 55, ibidem.
13 Folios 42 a 45, ibidem.
14 Fecha de expedición de la certificación laboral.
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ii) La actora también registra 218,86 semanas de cotización en
Colpensiones15, producto de la labor realizada en el sector privado entre
el 25 de julio de 1985 y el 3 de octubre de 1989, de manera continua,
equivalentes a 4 años, 2 meses y 12 días.
31. De acuerdo con el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, el régimen
prestacional de los maestros nacionales, nacionalizados y territoriales «que se
encuentren vinculados» a la docencia pública es el previsto para el magisterio en
las disposiciones vigentes con anterioridad a dicha ley. A su turno, los maestros
que se vinculen al servicio educativo oficial a partir del 27 de junio de 2003 gozan
de los derechos pensionales del régimen de prima media con prestación definida
de que tratan las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con sus requisitos, salvo el
de la edad que es de 57 años para hombres y mujeres.
32. Ahora bien, ello se predica incluso de quienes no se encontraban
vinculados estrictamente el 27 de junio de 2003 (fecha de la entrada en vigor de
la Ley 812 de 2003), pero que en todo caso hayan ejercido como maestros antes
de la expedición de la norma.
33. Lo anterior, en atención al principio de la condición más beneficiosa, el
cual se distingue por:
«(i) opera en el tránsito legislativo, y ante la ausencia de un régimen
de transición; (ii) se debe cotejar una norma derogada con una
vigente, y (iii) el destinatario posee una situación jurídica concreta,
la cual es protegida, dado que con la nueva ley se le desmejora»16.
34. En ese sentido, es necesario señalar que, debido a que la Ley 812 de 2003
no consagró un régimen de transición para quienes tuvieran una expectativa
legítima de pensionarse como docentes, es necesario recurrir a las normas
anteriores que regían la materia, las cuales se aplicarán de forma ultractiva en
virtud del aludido principio de condición más beneficiosa.
35. Para resolver el caso es preciso tener en cuenta adicionalmente que el
parágrafo transitorio 1 del artículo 48 de la Constitución Política, adicionado por
el Acto Legislativo 01 de 2005, dispuso que el régimen pensional de los maestros
nacionales, nacionalizados y territoriales «vinculados» a la docencia oficial es el
establecido para el magisterio en las normas legales vigentes antes del 27 de
junio de 2003, cuando entró a regir la Ley 812 de 2003, mientras que los que se
vinculen a partir de la fecha mencionada son beneficiarios de los derechos del
régimen de prima media con prestación definida regulados por las Leyes 100 de
1993 y 797 de 2003.
36. A través de la Sentencia SUJ-014-CE-S2-19 del 25 de abril de 2019, la
Sección Segunda del Consejo de Estado unificó su jurisprudencia en el sentido
de precisar que el régimen pensional de los docentes vinculados al servicio
15 Folio 27, ibidem.
16 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia de 15 de febrero de 2011, Radicación:
40.662.
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educativo oficial antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 (27 de
junio de 2003) es el previsto en las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, mientras que
el derecho pensional de los maestros públicos que se vinculen después de esa
fecha, afiliados al FOMAG, está sometido al régimen de prima media definido en
las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, salvo en cuanto al requisito de la edad,
que es de 57 años para hombres y mujeres.
37. Adicionalmente, en la citada sentencia de unificación se precisó que, si el
derecho pensional está regido por la Ley 33 de 1985, la mesada correspondiente
debe liquidarse con los factores «sobre los que se hayan efectuado los
respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1° de la Ley 62 de 1985»,
lineamiento que se ha complementado en razón a normas posteriores que han
dispuesto que otros emolumentos también deben incluirse en el cálculo de la
mesada pensional17, como ocurre con la bonificación pedagógica18 y la
bonificación mensual de docentes y directivos docentes19, por ejemplo.
38. A su vez, la sentencia de unificación determinó que cuando el derecho
pensional se establece conforme con las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, los
factores salariales computables para liquidar la mesada son los previstos en el
Decreto 1158 de 1994, sobre los que se efectuaron los aportes. Esta directriz
debe interpretarse en conjunto con las normas posteriores que han establecido
el carácter salarial para efectos pensionales de ciertos emolumentos (como es
el caso de las bonificaciones mencionadas), teniendo en consideración que se
trata de disposiciones expedidas en ejercicio de las facultades señaladas en el
artículo 150, numeral 19, literal e), de la Constitución Política y en la Ley 4.ª de
1992.
39. Ahora bien, resulta importante precisar que en la Sentencia SUJ-014-CE-
S2-19 del 25 de abril de 2019 se indicó que el régimen pensional de los docentes
vinculados al servicio educativo oficial antes del 27 de junio de 2003 es el
previsto en las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, pero nada se dijo en torno a la
posibilidad de aplicar o no la Ley 71 de 1988. Tal circunstancia se produjo
porque en esa oportunidad se analizó la situación pensional de una persona
beneficiaria de la Ley 33 de 1985, por lo que el estudio acerca de las normas
anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 se limitó a aquella 20.
17 Al respecto, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
A, sentencia del 8 de agosto de 2024, expediente 44001-23-40-000-2018-00143-01 (5066-2022); y
sentencia del 20 de junio de 2024, expediente 17001-23-33-000-2019-00174-01 (0506-2022).
18 El Decreto 2354 de 2018 creó la bonificación pedagógica y estableció que constituye factor salarial para
tofos los efectos legales (artículo 3, numeral 4).
19 El Decreto 1566 de 2014 creó la bonificación mensual docente y dispuso que constituye factor salarial
para todos los efectos legales (artículo 1, inciso 2). Este decreto fue derogado por normas posteriores, las
cuales han señalado que en el valor de las asignaciones básicas está incluida la bonificación mensual
docente.
20 En sentencia del 19 de enero de 2023, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
indicó que la Sentencia de Unificación SUJ-014-CE-S2-19 del 25 de abril de 2019 «solo desarrolló la
determinación de los regímenes para los casos de docentes oficiales cuyo tiempo de servicio hubiese sido
prestado únicamente en el sector público y cotizado exclusivamente al FNPSM. No obstante, dicha
providencia se abstuvo de plantear el supuesto cuando, por ejemplo como sucede en el sub iudice, el
educador también tiene acumulados tiempos cotizados como contratista y aportados a otra administradora
como lo era el entonces ISS (hoy Colpensiones).
Para esta clase de eventos, la normativa aplicable necesariamente correspondía a la Ley 71 de 1988 que
regulaba lo propio en lo que respecta a la denominada ‘pensión por aportes’ y no la Ley 33 de 1985». Ver:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del
19 de enero de 2023, expediente 15001-23-33-000-2019-00103-01 (3083-2022).
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40. Sin embargo, como el régimen pensional de los maestros que ingresaron
a la docencia oficial antes del 27 de junio de 2003 está previsto en la Ley 91 de
1989, cuyo artículo 15 (numeral 2, inciso 2) remite al régimen jurídico de los
pensionados del sector público nacional (en el caso de los docentes nacionales
y nacionalizados vinculados a partir del 1 de enero de 1981 y de los maestros
que ingresaron al servicio desde el 1 de enero de 1990), aquellos no solo
pueden ser beneficiarios de la Ley 33 de 1985, sino también de la Ley 71 de
1988. Así se desprende de los antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989,
teniendo en cuenta que en la ponencia para primer debate en el Senado de la
República se expresó lo siguiente:
EXPLICACIÓN DEL ARTICULADO Y DEL PLIEGO DE MODIFICACIONES
[…]
Acerca del artículo 15 habría que referirse finalmente a dos aspectos: la Ley
71 de 1988 sobre pensiones de jubilación; recoge amplias aspiraciones del
movimiento pensional que al beneficiar al Magisterio exonera de la
repetición en este texto. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, recibe la autorización legal de extender los servicios
asistenciales a las familias de los docentes, cuando su situación financiera
lo permite.21
41. Así las cosas, dentro del escenario pensional que tuvo en cuenta el
legislador para elaborar el texto de la Ley 91 de 1989 estuvo la aceptación de
que la Ley 71 de 1988 beneficia al personal del magisterio, hecho que se dio
por sentado e hizo innecesaria la reproducción o previsión expresa de la
posibilidad de aplicar dicha ley a los docentes oficiales.
42. Por otra parte, en la Sección Segunda del Consejo de Estado existe una
jurisprudencia pacífica y reiterada según la cual los períodos en los que un
docente hubiere laborado en el sector público a través de contratos de
prestación de servicios, con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812
de 2003, son válidos para efectos de acceder al régimen pensional anterior al
que se refieren los artículos 81 ibidem y 48 de la Constitución Política (parágrafo
transitorio 1), y para acreditar el tiempo de servicio que se exige para adquirir el
derecho a una pensión de jubilación, teniendo en cuenta que la labor
desarrollada en dichos lapsos es propia e inherente a la condición de docente
oficial y se ejecuta en el marco de verdaderos vínculos de naturaleza laboral,
con independencia de la denominación contractual que se les designe22.
43. En ese contexto, los periodos comprendidos entre el 24 de febrero de 2000
y el 12 de diciembre de 2003, durante los cuales la demandante prestó servicios
como docente para la Secretaría de Educación Departamental de Boyacá, de
21 Gaceta del Congreso de la República 103 del 17 de octubre de 1989.
22Al respecto, ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección A, sentencia del 18 de noviembre de 2020, expediente 66001-23-33-000-2016-00082-
01 (4676-2017); sentencia del 24 de febrero de 2022, expediente 63001-23-33-000-2018-00183-01 (4650-
2019); y sentencia del 20 de junio de 2024, expediente 17001-23-33-000-2019-00174-01 (0506-2022).
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manera discontinua y a través de contratos de prestación de servicios, son
computables para establecer su vinculación al servicio educativo oficial antes
del 27 de junio de 2003.
44. A diferencia de lo que sostuvo el Tribunal, de los artículos 48 de la
Constitución Política (parágrafo transitorio 1) y 81 de la Ley 812 de 2003, no se
desprende que los tiempos laborados con anterioridad al 27 de junio de 2003
solo puedan reconocerse si se realizaron cotizaciones al Sistema General de
Seguridad Social en Pensiones. Por el contrario, dichas disposiciones
únicamente aluden a la fecha de ingreso al servicio docente oficial como
presupuesto de acceder al régimen pensional anterior.
45. En este punto, la Sala advierte que si bien en el expediente obra el
memorial allegado por la parte actora23 en el cual anexó la sentencia proferida
el 17 de noviembre de 2022 por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Tunja, dentro del radicado 15001333300220200000700, el
Tribunal en auto del 2 de septiembre de 202424 rechazó de plano la solicitud
probatoria por extemporánea, por lo que no será valorada en esta instancia.
46. No obstante lo anterior, se incorporaron otras pruebas documentales,
como los contratos de prestación de servicios y las constancias laborales, que
dan cuenta de los tiempos laborados por la señora Ramírez de Suárez con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, lo que determina
que su régimen pensional aplicable sea el previsto en la Ley 91 de 1989, que
habilita la remisión a la Ley 71 de 1988.
47. En ese orden, se precisa que la ausencia de registro de aportes a pensión
por el periodo entre el 24 de febrero de 2000 y el 12 de diciembre de 2003 no
constituye un obstáculo para reconocer la primera vinculación al servicio
educativo oficial y el régimen pensional aplicable, sino que devela la necesidad
de que el FOMAG adelante las respectivas actuaciones administrativas de
cobro de los aportes contra la actora y el departamento de Boyacá, puesto que
la obligación de realizar las cotizaciones en condición de contratista surgió con
la expedición de la Ley 797 de 2003.
48. Definido que el régimen aplicable a la actora es el previsto en la Ley 71 de
1988, conforme a lo establecido en la Ley 91 de 1989, corresponde a la Sala
verificar el cumplimiento de los requisitos que esta norma exige para acceder a
la pensión de jubilación por aportes.
49. De acuerdo con el artículo 7 de la Ley 71 de 1988, la aludida prestación
se reconoce a quienes acrediten 20 años de servicios, continuos o discontinuos,
y hayan cumplido 60 años de edad, en el caso de los hombres, o 55 años, en el
de las mujeres.
50. En este asunto se encuentra demostrado que la señora Elda del Carmen
Ramírez de Suárez cumple con ambos requisitos, toda vez que: (i) según copia
23 Índice 34 del aplicativo Samai del Tribunal.
24 Índice 36 del aplicativo Samai del Tribunal.
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del registro civil de nacimiento, nació el 10 de octubre de 1958, por lo que
alcanzó la edad de 55 años el 10 de octubre de 2013; y (ii) las ordenes de
prestación de servicios y certificaciones laborales aportadas acreditan que el 5
de diciembre de 201825 completó 20 años de servicios en los sectores público y
privado.
51. En cuanto a los factores salariales que integran la base de liquidación de
la pensión reconocida, la Sala observa que el artículo 6 del Decreto 2709 de
1994 dispone:
«El salario base para la liquidación de esta pensión será el salario promedio
que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios, salvo
las excepciones contenidas en la ley».
52. Esta norma debe interpretarse de manera armónica con la Ley 62 de
1985, pues la prestación se reconoce según lo previsto en la Ley 71 de 1988,
atendiendo la condición de docente de la demandante.
53. La Sala advierte que, si bien en ocasiones anteriores26 se afirmó que,
conforme al artículo 81 de la Ley 812 de 2003, la pensión regida por la Ley 71
de 1988 debía liquidarse según lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto 2709
de 1994, es preciso aclarar que dicha regla solo aplica respecto de los factores
expresamente consagrados en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985. En ese
sentido, se rectifica y aclara la posición previamente adoptada.
54. La razón de esta precisión radica en la necesidad de evitar regímenes
diferenciados dentro de una misma categoría de servidores públicos, como lo
son los docentes. No sería razonable que algunos accedan a la pensión
incluyendo cualquier factor sobre el cual se hubiesen efectuado aportes, incluso
si estos no están enlistados en la normativa aplicable, mientras que otros estén
sujetos a los factores expresamente establecidos. Esta disparidad configuraría
una vulneración al derecho a la igualdad.
55. Por tanto, para determinar la mesada pensional de los docentes, solo
pueden incluirse los factores definidos en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985, así
como los previstos en los Decretos 633 y 634 de 2007, 1566 de 2014 y 2354 de
2018 y demás normas concordantes aplicables al régimen docente.
56. Esta limitación busca impedir el cómputo de haberes que el legislador y el
Ejecutivo no consagraron.
57. En ese orden de ideas, la Sala revocará la sentencia de primera instancia
y, en su lugar, ordenará al FOMAG reconocer y pagar una pensión de jubilación
por aportes a favor de la actora, con fundamento en el artículo 7 de la Ley 71
de 1988, cuya mesada deberá calcularse con el 75% del ingreso base de
25 Esta fecha se estableció al contabilizar los 5.763 días laborados por la actora como docente oficial,
equivalentes 15 años, 9 meses y 18 días, tiempo que, al sumarse con los 4 años, 2 meses y 12 días
trabajados en el sector privado, arroja un total de 20 años de servicio.
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencias
de 10 de julio de 2025 dentro de los expedientes 4580-2022, 4337-2022, 5730-2022 y 3037-2022.
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liquidación conformado por el promedio mensual de los factores salariales
devengados entre el 5 de diciembre de 2017 y el 4 de diciembre de 2018, sobre
los cuales se hayan efectuado aportes y estén previstos en la Ley 62 de 1985 y
en los Decretos 633 y 634 de 2007, 1566 de 2014 y 2354 de 2018, prestación
que será efectiva a partir del 5 de diciembre de 2018.
58. Adicionalmente, con base en los artículos 5 (numeral 5) de la Ley 91 de
1989 y 11 del Decreto 2709 de 1994, y con el fin de garantizar el financiamiento
de dicha prestación, se ordenará al FOMAG que adelante las siguientes
actuaciones:
(i) Las gestiones administrativas necesarias para realizar el cobro de las
cuotas partes que correspondan por los aportes pensionales que
Colpensiones ha recibido a nombre de la señora Ramírez de Suá,rez,
sin que dicha gestión afecte el pago de la mesada pensional
reconocida.
(ii) Las acciones de cobro contra la demandante y el departamento de
Boyacá, en calidad de trabajadora y empleador, respectivamente, para
el recaudo de los aportes pensionales correspondientes a los siguientes
periodos, durante los cuales no se efectuaron cotizaciones al sistema:
24 de febrero al 9 de junio de 2000; 12 de julio al 1 de diciembre de
2000; 27 de agosto al 30 de noviembre de 2002; y 12 de febrero al 12
de diciembre de 2003.
59. Para efectos del cobro de los aportes pensionales contra la actora, se
autorizará al FOMAG para que realice el descuento correspondiente del monto
que deba pagarle a aquella por concepto de mesadas causadas y no pagadas
desde el 5 de diciembre de 2018 (retroactivo).
60. La orden de cobro de aportes pensionales contra el departamento de
Boyacá, que no fue vinculado al proceso, no compromete las garantías
procesales de dicha entidad territorial, ya que solo se está impartiendo una
orden dirigida al FOMAG, tendiente a adelantar una actuación administrativa27.
61. En cuanto a la compatibilidad entre la pensión de jubilación y el salario que
percibe la demandante como docente oficial, la Sala observa que, al tratarse de
una prestación reconocida en virtud de la Ley 71 de 1988, no resulta aplicable
la prohibición de doble asignación prevista en el artículo 128 de la Constitución
Política.
62. Lo anterior, se fundamenta en el artículo 19 de la Ley 4.ª de 1992, que
exceptúa de dicha prohibición a las asignaciones «que a la fecha de entrar en
vigencia [esa] ley beneficien a los servidores oficiales docentes pensionados»,
así como en el artículo 5.º del Decreto 224 de 1972, que establece
27 En igual sentido, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 19 de enero de 2023, expediente 15001-23-33-000-2019-00103-01 (3083-
2022).
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expresamente la compatibilidad entre el ejercicio de la docencia y el disfrute de
la pensión de jubilación.
63. En ese sentido, los docentes que se vincularon al servicio educativo oficial
antes del 27 de junio de 2003, y cuyo régimen pensional no está regido por las
Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, pueden percibir simultáneamente la pensión
de jubilación y el salario derivado de su labor docente.
64. Es pertinente poner de presente que la Corte Constitucional, en la
sentencia C – 1157 de 2003, declaró la inexequibilidad del artículo 45 del Decreto
1278 de 2002, en el que se estableció la incompatibilidad entre el ejercicio de la
docencia y la pensión de vejez.
65. Por consiguiente, al no estar la situación jurídica de la demandante
regulada por las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, sino por el régimen anterior
previsto en la Ley 71 de 1988, su pensión de jubilación es compatible con el
salario que percibe en ejercicio de la docencia oficial.
66. La accionante también solicitó condenar a la entidad demandada a pagar
los intereses moratorios que se causen a partir de la ejecutoria de esta
providencia y a dar cumplimiento a la decisión dentro del término legal; sin
embargo, una orden expresa en tales sentidos resulta innecesaria porque los
intereses de mora se causan por disposición de la ley28 y el cumplimiento de las
sentencias fue regulado expresamente por el legislador. De ambas cuestiones
se ocupa el artículo 192 del CPACA.
67. Finalmente, al evidenciar que la actora consolidó el estatus jurídico el 5 de
diciembre de 2018 y promovió la reclamación administrativa el 9 de febrero de
2021, la Sala concluye que no se configuró la prescripción trienal de mesadas
pensionales.
Condena en costas
68. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
69. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
28 Al respecto, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
A, sentencia del 8 de julio de 2021, expediente 47001-23-33-000-2018-00321-01 (5549-2019). En dicha
oportunidad, esta Subsección precisó que «[…] el reconocimiento de los intereses moratorios opera por
virtud de la ley, de forma que, con independencia de que la sentencia objeto de ejecución los haya ordenado
en forma explícita o no, procede su reconocimiento cuando la entidad condenada no ha efectuado el pago».
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procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.
70. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
71. En consecuencia, se condenará en costas al FOMAG en ambas
instancias, por cuanto se acogieron totalmente las peticiones del recurso de
apelación. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las
agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera
instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal
Administrativo de Boyacá.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO. REVOCAR la sentencia proferida el 7 de noviembre de 2024 por el
Tribunal Administrativo de Boyacá. En su lugar,
SEGUNDO. DECLARAR la nulidad del acto ficto que se configuró el 9 de mayo
de 2021 producto del silencio administrativo por la omisión de la entidad
demandada en atender la petición presentada el 9 de febrero de 2021.
TERCERO. CONDENAR a la Nación (Ministerio de Educación, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio) a reconocer y pagar una pensión de
jubilación a favor de la señora Elda del Carmen Ramírez de Suárez, con base en
la Ley 71 de 1988, equivalente al 75 % del ingreso base de liquidación
conformado por el promedio mensual de los factores salariales percibidos entre
el 5 de diciembre de 2017 y el 4 de diciembre de 2018, sobre los cuales se hayan
efectuado aportes y estén previstos en la Ley 62 de 1985 y los Decretos 633 y
634 de 2007, 1566 de 2014 y 2354 de 2018, prestación que será efectiva a partir
del 5 de diciembre de 2018, en compatibilidad con el salario devengado en
ejercicio de la docencia oficial.
CUARTO. Las sumas que resulten a favor de la parte actora por concepto de
mesadas causadas y no pagadas se ajustarán de acuerdo con la siguiente
fórmula:
Índice final
R = Rh x
Índice inicial
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QUINTO. ORDENAR al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
que adelante las actuaciones administrativas necesarias para realizar el cobro de
las cuotas partes que correspondan por todos los aportes pensionales que
Colpensiones ha recibido a nombre de la señora Elda del Carmen Ramírez de
Suárez, gestión que no comprometerá el pago de la mesada pensional.
SEXTO. ORDENAR al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
que realice las gestiones de cobro de aportes pensionales contra la demandante
y el departamento de Boyacá, en los porcentajes que cada uno debía asumir en
condición de trabajadora y empleador, respectivamente, por los siguientes
periodos: 24 de febrero al 9 de junio de 2000; 12 de julio al 1 de diciembre de
2000; 27 de agosto al 30 de noviembre de 2002; y 12 de febrero al 12 de
diciembre de 2003.
Para efectos del cobro de aportes pensionales contra la actora, AUTORIZAR al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio para que realice el
descuento correspondiente del monto que deba pagarle a aquella por concepto
de mesadas causadas y no pagadas desde el 5 de diciembre de 2018
(retroactivo).
SÉPTIMO. Negar las demás pretensiones de la demanda.
OCTAVO. CONDENAR en costas en primera y segunda instancia al FOMAG, de
conformidad con lo establecido en la parte motiva de la presente providencia.
NOVENO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones respectivas y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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