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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-02729-01

Legitimación en la causa por pasiva de cajanal

Fecha
14 de marzo de 2019
Consejero ponente
Sandra Lisset Ibarra Vélez
Citada por
29 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-02729-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 13 de febrero de 2018, por medio del cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, seguir adelante con la ejecución del crédito contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), por los intereses moratorios causados sobre las sumas de dinero adeudadas desde la fecha ejecutoria de la sentencia hasta el día del pago efectivo. SEGUNDO: Sin costas en esta instancia. TERCERO: Por la Secretaría de la Sección Segunda, devuélvase el expediente al Tribunal Administrativo de origen y déjense las constancias de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2015-02729-01

Consejero ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez

14 de marzo de 2019

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA DE CAJANAL / SUCESIÓN PROCESAL / RECONOCIMIENTO DERECHOS PENSIONALES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS / INTERESES MORATORIOS EN LAS SENTENCIAS CONTRA ENTIDADES PÚBLICAS- Causación

En vista de la transición de funciones que se generó con el proceso liquidatorio, el Gobierno Nacional a través del Decreto 4269 del 8 de noviembre de 2011, procedió a distribuir competencias entre CAJANAL EICE en Liquidación y la UGPP y dispuso que la atención de solicitudes relacionadas con el reconocimiento de derechos pensionales y prestaciones económicas se haría por ambas entidades de acuerdo con la fecha de la presentación de la respectiva petición, así: i) asignó a la UGPP, el trámite de las presentadas a partir del 8 de noviembre de 2011; y ii) CAJANAL EICE en Liquidación, continuaría con la competencia respecto de las radicadas con anterioridad a esa fecha.Al desaparecer de la vida jurídica CAJANAL (12 de junio de 2013) y ser sustituida totalmente por la UGPP, ésta por mandato legal en su condición de sucesor de derechos y obligaciones relacionadas con la administración del régimen pensional de la extinta entidad, debió continuar con el ejercicio de sus funciones y ser llamada a asumir la defensa de los procesos, así como dar cumplimiento a las sentencias judiciales en materia pensional con sus correspondientes pagos accesorios, como lo son los intereses moratorios. (…) En aplicación del citado artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, es viable colegir que se deban intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la sentencia condenatoria, así no se haya dispuesto explícitamente en el texto de la sentencia, pues operan de pleno derecho y el deber de indemnizar lo impone la ley, una conclusión contraria sería en perjuicio de la accionante, quien vería deteriorado el poder adquisitivo de su dinero; tanto es así que en palabras de la Corte Constitucional, no se justifica un trato desigual entre el pago de intereses moratorios que le compete a los particulares y al Estado, pues el daño económico que sufre el acreedor por causa de la mora es idéntico; y las obligaciones asumidas por las entidades públicas no tienen alcance jurídico diverso de las que están a cargo de las personas privadas. en el presente asunto la Sala evidencia que si bien en las sentencias base del recaudo se condenó a CAJANAL a la reliquidación de la pensión de jubilación del actor, lo cierto es que dicha entidad no pagó los intereses moratorios. En virtud de ello, la UGPP es la entidad que tiene a su cargo la obligación de pago de dichos intereses, puesto que asumió la competencia que antes le correspondía CAJANAL, entre otras, lo relacionado con el reconocimiento de pensiones, reliquidaciones y pagos accesorios, como lo son los intereses moratorios.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la causación de intereses moratorios por sentencias contra entidades públicas, ver: Corte Constitucional, sentencia del 24 de marzo de 1999. rad D-2191. C.P. José Gregorio Hernández Galindo.

FUENTE FORMAL : DECRETO 2196 DE 2009 / DECRETO 254 DE 2000 / LEY 1105 DE 2006 / DECRETO 2196 DE 2009 / LEY 1105 DE 2006 / DECRETO 663 DE 1993 / DECRETO 2196 DE 2009 / DECRETO LEY 254 DE 20007 CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- ARTÍCULO 177 INCISO 5

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

SUBSECCION B

Consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

Bogotá D.C., catorce (14) de marzo de dos mil diecinueve (2019).

Radicación número: 25000-23-42-000-2015-02729-01(1507-18)

Actor: SIGIFREDO CORREDOR RODRÍGUEZ

Demandado: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP)

Asunto: Establecer si es necesario hacerse parte del proceso liquidatorio de la Caja Nacional de Previsión Social (CAJANAL) para efectos del reconocimiento de intereses moratorios
Decisión: Confirma decisión del a quo

ASUNTO

Ha venido el proceso de la referencia con el informe de la Secretaría de la Sección, para decidir el recurso de apelación interpuesto por la entidad ejecutada contra la sentencia proferida en audiencia inicial del 13 de febrero de 2018, por medio del cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, ordenó seguir adelante con la ejecución del crédito.

I. ANTECEDENTES

1.1. Hechos que dieron lugar al ejercicio de la acción ejecutiva

El señor Sigifredo Corredor Rodríguez, a través de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, presentó demanda contra la Caja Nacional de Previsión Social, en adelante CAJANAL, para obtener la nulidad de la Resolución 41070 del 17 de agosto de 2006, por medio de la cual le fue reliquidada su pensión de jubilación sin tener en cuenta el régimen especial de la Rama Judicial.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó: i) la reliquidación de la pensión de jubilación con la asignación básica mensual más elevada devengada en su último año de servicios, el 100% de la bonificación por servicios prestados y las doceavas partes de las primas de vacaciones, servicios y navidad, y demás emolumentos a partir del 24 de febrero de 2003 de acuerdo al Decreto 546 de 1971; ii) aplicar los reajustes de conformidad con lo previsto en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993; iii) el pagó de las mesadas atradadas debidamente indexadas; y, iv) dar cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, mediante sentencia del 6 de marzo de 2008 accedió a las pretensiones de la demanda, para lo cual decretó la nulidad del acto acusado, ordenó a CAJANAL la reliquidación de la pensión de jubilación del actor a partir del 24 de febrero de 2003 con el 75% de la asignación básica mensual más elevada devengada en el último año de servicios y dar cumplimiento conforme a lo establecido en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

La anterior decisión fue confirmada por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por medio de sentencia del 18 de junio de 2009, luego de resolver el recurso de apelación que interpuso la entidad demandada.

El señor Sigifredo Corredor Rodríguez, a través de peticiones del 23 de septiembre, 6 de octubre de 2009 y 21 de octubre de 2010, solicitó a CAJANAL el cumplimiento de las sentencias proferidas el 6 de marzo de 2008 y el 18 de junio de 2009, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado, respectivamente.

Una vez ejecutoriada la decisión del Consejo de Estado, esto es, el 4 de septiembre de 2009, y para darle cumplimiento, el Liquidador de CAJANAL por medio de la Resolución UGM 013471 del 12 de octubre de 2011, reliquidó la pensión de jubilación del actor teniendo en cuenta el 75% del promedio de la asignación mensual más alta devengada en el último año de servicios; y para el efecto, incluyó y con la inclusión de la asignación básica, la bonificación por servicios prestados, los gastos de representación y las primas de navidad, servicios, vacaciones y especial y, en consecuencia, la cuantía de la prestación se elevó a la suma de $1.833.659, con efectos fiscales a partir del 24 de febrero de 2003.

Es de señalar, que en la parte resolutiva de la anterior resolución se dispuso que el área de nómina debería realizar las operaciones pertinentes para dar cumplimiento a la sentencia conforme a lo previsto en los artículos 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual preciso que los intereses estarían a cargo de CAJANAL y la indexación correspondería al Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional (FOPEP).

Pese a lo anterior, lo cierto fue que de conformidad con el cupón de pago 253612 de enero de 2012, expedido por el Banco AV Villas, al señor Sigifredo Corredor Rodríguez le fue pagada la suma de $49.368.612,42, por los siguientes conceptos:

CONCEPTO
INGRESOS
EGRESOS
JUBILACIÓN NAL.
$4.475.765,53

RELIQUIDACIÓN PAGO ÚNICO AL 12%
$34.502.739,97

RELIQUIDACIÓN PAGO ÚNICO AL 12.5%
$9.425.185,66

RELIQUIDACIÓN PAGO MESADA ADIC. 0%
$7.474.821,26

ALIANSALUD EPS

$5.854.600
REINTEGROS NACION (1 DE 1)

$655.300

= $55.878.512,42
= $6.509.900

NETO A PAGAR
49.368.612,42

Aunado a lo anterior, el 4 de marzo de 2014, la UGPP realizó liquidación de la prestación reconocida al actor sin tener en cuenta suma alguna por concepto de intereses moratorios, motivo por el cual el señor Sigifredo Corredor Rodríguez inició proceso ejecutivo en el que solicitó que se librara mandamiento de pago en contra de dicha entidad, así:

“1) Por suma de CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MLC ($55.236.447), por concepto de intereses moratorios derivados de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección B de fecha 6 de marzo de 2008, confirmada por la sentencia proferida por el Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Segunda - Subsección B de fecha 18 de junio de 2009, debidamente ejecutoriada el día 4 de septiembre de 2009, los cuales fueron causados desde el 5 de septiembre de 2009 hasta cuando se efectúe el pago total de la misma, de conformidad con lo establecido en el inciso 5º del artículo 177 del C.C.A. (Decreto 01 de 1984), suma que deberá ser indexada hasta que se verifique el pago total de la misma.

2) Se condene en costas a la demandada”.

En virtud de lo anterior, a través de auto del 17 de marzo de 2017, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, libró mandamiento de pago a favor del señor Sigifredo Corredor Rodríguez por la suma de $55.236.447, por concepto de intereses moratorios a partir de la fecha en que la obligación se hizo exigible, esto es, el 5 de septiembre de 2009.

En atención al numeral 3 del artículo 442 del Código General del Proceso, la entidad ejecutada el 19 de abril de 2017 interpuso recurso de apelación contra el auto que libró mandamiento de pago, en el que solicitó condenar en costas y propuso las excepciones que denominó: falta de legitimación en la causa por pasiva, de pago, cobro de lo no debido e inexistencia de la obligación.

Mediante auto del 3 de noviembre de 2017, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, resolvió no reponer la providencia que libró mandamiento de pago, no condenar en costas y citar a la audiencia inicial de que trata el artículo 372 del Código General del Proceso.

1.2. La sentencia objeto de apelación

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, a través de sentencia proferida en audiencia inicial del 13 de febrero de 2018, ordenó seguir adelante con la ejecución del crédito en atención a lo siguiente:

Luego de revisar las pruebas obrantes en el expediente y la demanda estableció que: i) el fallo objeto del presente proceso ejecutivo quedó ejecutoriado el 4 de septiembre de 2009; ii) el 24 de septiembre de 2009, esto es, dentro de los 6 meses siguientes a la ejecutoria, la parte actora elevó solicitud de cumplimiento de la sentencia; iii) mediante la Resolución UGM 013471 del 12 de octubre de 2011, la entidad cumplió parcialmente con lo ordenado en la providencia judicial; y iv) el 25 de abril de 2012 se pagó la obligación sin incluir los intereses moratorios.

En efecto, afirmó que si bien CAJANAL, hoy UGPP, profirió la Resolución UGM 013471 del 12 de octubre de 2011 para cumplir con lo ordenado en los fallos judiciales, no es menos cierto que de la lectura de la misma no se evidencia que la entidad ejecutada haya cancelado suma alguna por concepto de intereses moratorios causados desde el 5 de septiembre del 2009 (día siguiente al ejecutoria de la sentencia) y hasta el 25 de abril del 2012 (fecha efectiva del pago), pues el único concepto que canceló fue por reliquidación de la pensión, quiere decir esto, que la entidad dio cumplimiento parcial a la obligación.

1.3. El recurso de apelación

La apoderada de la entidad ejecutada interpuso recurso de apelación en contra de la anterior decisión, bajo los siguientes argumentos:

Manifestó que no es procedente el pago de los intereses moratorios de que trata el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, dado que el demandante presentó reclamación ante el proceso liquidatorio de CAJANAL respecto del pago de los mismos, la cual fue rechazada dentro del proceso de calificación y graduación de acreencias de la extinta CAJANAL, a través de la Resolución de Calificación 893 del 26 de junio de 2011, sin que hubiese interpuesto recurso alguno en su contra.

1.4. Alegatos en segunda instancia

La parte ejecutante presentó alegatos de conclusión en donde solicitó confirmar la decisión apelada, puesto que la demanda versa exclusivamente sobre los intereses moratorios establecidos en este artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, adeudados por la UGPP y que fueron reconocidos en las sentencias base del recaudo.

La parte ejecutada presentó alegatos de conclusión, en los que pidió que se declaren probadas excepciones propuestas y se termine la acción ejecutiva, toda vez que la obligación de pago de intereses moratorios no corresponde a la UGPP sino a la extinta CAJANAL, pues la distribución de competencias establecidas en el artículo 1 del Decreto 4269 de 2011 no expresó orden alguna en relación con el pago de los mismos.

La agente del Ministerio Público ante esta Corporación rindió concepto, en el que solicitó confirmar la decisión apelada, pues la entidad ejecutada no pagó las sumas de dinero por el pago tardío de la reliquidación ordenada por las sentencias a favor del actor. Así las cosas, tiene derecho a percibir los intereses moratorios que no fueron pagados en su momento por CAJANAL y que ahora le corresponde asumir a la UGPP por disposición, incluso, de la Ley 1151 de 2007.

II. CONSIDERACIONES

2.1. El problema jurídico

De acuerdo con lo señalado en la providencia de primera instancia y atendiendo los motivos de oposición aducidos por la parte demandada, el problema jurídico a resolver por la Sala se circunscribe a:

Establecer si era necesario que el señor Sigifredo Corredor Rodríguez se hiciera parte dentro del proceso de liquidación de CAJANAL para efectos de que le fueran reconocidos los intereses moratorios establecidos en el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, que habían sido dispuestos en las sentencias que sirven de título de recaudo ejecutivo.

Bajo ese contexto, la Sala se pronunciará sobre los siguientes aspectos: i) de las obligaciones surgidas con ocasión de las sentencias judiciales en las que se reconocieron derechos pensionales y prestaciones económicas a cargo de la extinta CAJANAL EICE; ii) los intereses moratorios en las sentencias contra entidades públicas; y iii) del caso concreto.

2.4. De las obligaciones surgidas con ocasión de sentencias judiciales en las que se reconocieron derechos pensionales y prestaciones económicas a cargo de la extinta CAJANAL EICE

A través del Decreto 2196 de 2009, el Gobierno Nacional dispuso la supresión de CAJANAL, ordenó su liquidación y prescribió que debía aplicarse lo dispuesto en el Decreto 254 de 2000 el cual a su vez fue modificado por la Ley 1105 de 2006 que en su artículo 1, prevé que "(...) los vacíos del presente régimen de liquidación se llenarán con el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y las normas que lo desarrollan (...)", es decir, el Decreto 663 de 1993.

De igual manera, señaló en el artículo 14 del Decreto 2196 de 2009 que "(n)o formarán parte de la masa de liquidación los bienes de que trata el literal a), entre ellas, las cotizaciones del Sistema General de Pensiones, si las hubiere, del artículo 21 del Decreto ley 254 de 2000, modificado por el artículo 11 de la Ley 1105 de 2006 (...)". Norma esta última que dispuso:

"El artículo 21 del Decreto-ley 254 de 2000 quedará así:

"Artículo 21. Bienes excluidos de la masa de la liquidación. No formarán parte de la masa de la liquidación:

a) Los recursos de seguridad social, los cuales deberán ser entregados a la entidad que determine el Gobierno Nacional; (...)". (Resaltado fuera del texto)

A su vez, el artículo 20 del Decreto 2196 de 2009, estableció que "(...) integran la masa de la liquidación todos los bienes, las utilidades y los rendimientos financieros generados por los recursos propios, y cualquier tipo de derecho patrimonial que ingrese o deba ingresar al patrimonio de la Caja de Previsión Social, Cajanal EICE en Liquidación (...)".

En virtud de lo anterior, se considera que no hacen parte de la masa liquidatoria de CAJANAL, los recursos de la seguridad social, dentro de los cuales se encuentran el pago de las obligaciones que se derivan de sentencias judiciales que reconocen derechos pensionales y que tal circunstancia se extiende también, a los intereses moratorios que surgen con ocasión del cumplimiento tardío de la condena fijada en la orden judicial, por razón a que los mismos son accesorios al pago del valor principal, de donde se sigue la aplicación del aforismo jurídico según el cual “lo accesorio sigue la suerte de lo principal”.

Ahora bien, el artículo 64 del Decreto 4107 de 2011, previó que CAJANAL EICE en Liquidación continuaría realizando las funciones señaladas en el artículo 3 del Decreto 2196 de 2009 hasta tanto fueran asumidas por la UGPP, a más tardar el 1 de diciembre de 2012; sin embargo, el proceso de liquidación culminó efectivamente el 11 de junio de 2013, de conformidad con el Decreto 877 de 2013, por lo cual los procesos judiciales y demás reclamaciones que estuvieran en trámite al momento del cierre de la liquidación, serían asumidos por la UGPP.

En relación con la UGPP, se debe señalar que fue creada por el artículo 156 de la Ley 1157 de 2007, como una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, y le asignó entre otras la siguiente función:

"(...) i.- El reconocimiento de derechos pensionales, tales como pensiones y bonos pensionales, salvo los bonos que sean responsabilidad de la Nación, así como auxilios funerarios, causados a cargo de administradoras del Régimen de Prima Media del orden nacional, y de las entidades públicas del orden nacional que hayan tenido a su cargo el reconocimiento de pensiones, respecto de las cuales se haya decretado o se decrete su liquidación. Para lo anterior, la entidad ejercerá todas las gestiones inherentes a este numeral, tales como la administración de base de datos, nóminas, archivos y asignaciones al Gobierno Nacional en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 (...)”.

Así mismo, el Decreto 169 de 2008, indicó que la UGPP tendría las siguientes funciones:

"(...) En cuanto al reconocimiento de derechos pensionales y de prestaciones económicas (...).
2. El reconocimiento de los derechos pensionales y prestaciones económicas a cargo de las entidades públicas del orden nacional que se encuentran en proceso de liquidación, se ordene su liquidación o se defina el cese de esa actividad por quien la esté desarrollando. También le compete la administración de los derechos y prestaciones que las mencionadas entidades hayan reconocido y los que reconozca la UGPP en virtud de este numeral (...)".

De otra parte, en vista de la transición de funciones que se generó con el proceso liquidatorio, el Gobierno Nacional a través del Decreto 4269 del 8 de noviembre de 2011, procedió a distribuir competencias entre CAJANAL EICE en Liquidación y la UGPP  y dispuso que la atención de solicitudes relacionadas con el reconocimiento de derechos pensionales y prestaciones económicas se haría por ambas entidades de acuerdo con la fecha de la presentación de la respectiva petición, así: i) asignó a la UGPP, el trámite de las presentadas a partir del 8 de noviembre de 2011; y ii) CAJANAL EICE en Liquidación, continuaría con la competencia respecto de las radicadas con anterioridad a esa fecha.

Así las cosas, se define que al desaparecer de la vida jurídica CAJANAL (12 de junio de 2013) y ser sustituida totalmente por la UGPP, ésta por mandato legal en su condición de sucesor de derechos y obligaciones relacionadas con la administración del régimen pensional de la extinta entidad, debió continuar con el ejercicio de sus funciones y ser llamada a asumir la defensa de los procesos, así como dar cumplimiento a las sentencias judiciales en materia pensional con sus correspondientes pagos accesorios, como lo son los intereses moratorios.

2.5. Los intereses moratorios en las sentencias contra entidades públicas

Al respecto, el inciso 5 del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo dispuso:

“Artículo 177. Efectividad de condenes contra entidades públicas. (…)

Las cantidades líquidas reconocidas en tales sentencias devengarán intereses comerciales y moratorios.

(…)”

Este artículo, en su redacción original establecía que “las cantidades líquidas reconocidas en tales sentencias devengarán intereses comerciales durante los seis meses siguientes a su ejecutoria y moratorios después de este término”; sin embargo las expresiones subrayadas fueron declaradas inexequibles por la Corte Constitucional mediante sentencia C-188 de 1999, al considerar:

“Para la Corte es claro que el principio de igualdad y la equidad imponen que en estos casos las dos partes reciban igual trato, sin que se justifique en modo alguno que mientras el Estado cobra a los contribuyentes intereses moratorios cuando ellos no pagan a tiempo los impuestos, y ello a partir del primer día de retardo en el pago, las obligaciones en mora a cargo del Estado deban forzosamente permanecer libres de la obligación de cancelar dichos réditos durante seis meses, con notorio perjuicio para los particulares que han debido recibir oportunamente los recursos pactados. Durante ese tiempo, el dinero no recibido por el acreedor pierde poder adquisitivo y no existe razón válida para que esa pérdida la deba soportar el particular y no el Estado, que incumple.

Es evidente la vulneración del artículo 13 de la Constitución Política, toda vez que, con independencia de si el deudor es el gobernado o el ente oficial, el hecho es el mismo; la circunstancia es equivalente; el daño económico que sufre el acreedor por causa de la mora es idéntico; y las obligaciones asumidas por las entidades públicas no tienen alcance jurídico diverso de las que están a cargo de las personas privadas.

(…)

En cuanto al artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, a menos que la sentencia que impone la condena señale un plazo para el pago -evento en el cual, dentro del mismo se pagarán intereses comerciales-, los intereses moratorios se causan a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia, sin perjuicio de la aplicación del término de dieciocho (18) meses que el precepto contempla para que la correspondiente condena sea ejecutable ante la justicia ordinaria”.

Por lo tanto, en aplicación del citado artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, es viable colegir que se deban intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la sentencia condenatoria, así no se haya dispuesto explícitamente en el texto de la sentencia, pues operan de pleno derecho y el deber de indemnizar lo impone la ley, una conclusión contraria sería en perjuicio de la accionante, quien vería deteriorado el poder adquisitivo de su dinero; tanto es así que en palabras de la Corte Constitucional, no se justifica un trato desigual entre el pago de intereses moratorios que le compete a los particulares y al Estado, pues el daño económico que sufre el acreedor por causa de la mora es idéntico; y las obligaciones asumidas por las entidades públicas no tienen alcance jurídico diverso de las que están a cargo de las personas privadas.

2.6. Del caso en concreto

En el presente caso, el a quo por medio de auto del 17 de marzo de 2017 libró mandamiento de pago a favor del actor y, posteriormente, ordenó a través de sentencia del 13 de febrero del 2018 seguir adelante con las ejecución del crédito contra la UGPP, por los intereses moratorios causados sobre las sumas de dinero adeudadas desde la fecha ejecutoria de las sentencias que sirven de título de recaudo ejecutivo, 4 de septiembre de 2009, y hasta el día del pago efectivo, 25 de abril de 2012.

Por su parte, la entidad ejecutada se opuso a la pretensión de reclamación de intereses moratorios, toda vez que la solicitud del demandante para hacerse parte dentro del proceso de calificación y graduación de acreencias de la extinta CAJANAL fue rechazada, a través de la Resolución de Calificación 893 del 26 de junio de 2011, sin que hubiese interpuesto recurso alguno en su contra.

Para efectos de desarrollar lo anterior, es necesario tener en cuenta la situación fáctica que rodea al actor, para lo cual se tiene lo siguiente:

• Mediante sentencia del 6 de marzo de 2008, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, dispuso:

“(…)

PRIMERO.- DECLARÉSE la Nulidad parcial de la Resoluciones (sic) Nº 41070 del 17 de agosto de 2006, expedida por la Asesora de la Gerente General - Grupo Servidores Públicos de CAJANAL, mediante la cual se reliquidó la pensión de jubilación del señor Sigifredo Corredor Rodríguez, quien se identifica con la C.C. Nº 166.446 de Bogotá. Lo anterior de conformidad con lo expuesto en la parte emotiva de este proveído.

SEGUNDO.- Como consecuencia de la anterior declaración, ORDENASE a la Caja Nacional de Previsión Social reliquidar y pagar en debida forma el valor de la pensión de jubilación al señor SIGIFREDO CORREDOR DE RODRIGUEZ, ya identificado, a partir del 24 de febrero de 2003, por prescripción trienal, en un monto del 75%, teniendo en cuenta la asignación mensual más elevada devengado en el último año de servicios (la cual percibió como Juez Civil Municipal grado 01) actualizada teniendo en cuenta en forma porcentual los factores de salario que se acreditaron en este proceso prima de vacaciones, prima de navidad y prima de servicios. (sic) y cancelar la diferencia entre lo que pagó como consecuencia la expedición del acto administrativo cuya anulación aquí se declara y lo que debió pagar, siguiendo el procedimiento indicado en la parte motiva. Deberá descontar los aportes sobre los factores a liquidar, si no se hubiere realizado.

TERCERO: ORDENASE a la entidad de Previsión en mención reliquidar sobre el nuevo valor de la pensión, los reajustes dispuestos por la ley.

CUARTO.- NIEGANSE las demás súplicas de la demanda.

QUINTO.- Dese cumplimiento de la presente providencia dentro de los términos establecidos para ello por los artículos 176 y 177 del C.C.A.”

• A través de sentencia del 18 de junio de 2009, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, se confirmó íntegramente la anterior decisión, luego de resolver el recurso de apelación que interpuso la entidad demandada.

• El señor Sigifredo Corredor Rodríguez el 23 de septiembre, 6 de octubre del 2009 y 21 de octubre del 2010, solicitó a CAJANAL el cumplimiento de las sentencias proferidas el 6 de marzo de 2008 y el 18 de junio de 2009, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado, respectivamente.

• Por medio de la Comunicación del 4 de diciembre de 2009, la Oficial Mayor del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, informó al Director General de CAJANAL que las sentencias que sirven de título de recaudo ejecutivo quedaron debidamente ejecutoriadas el 4 de septiembre de 2009.

• Mediante Resolución UGM 013471 del 12 de octubre de 2011, el Liquidador de CAJANAL, resolvió:

“(…)

ARTÍCULO PRIMERO: En cumplimiento al fallo proferido por el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B el 18 de junio de 2009, se Reliquia (sic) la pensión de jubilación del (a) señor (a) CORREDOR RODRÍGUEZ SIGIFREDO, ya identificado (a), elevando la cuantía de la misma a la suma de $1.833,659 (UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE), y a partir del 1 de julio de 1998, con efectos fiscales a partir del 24 de enero de 2003 por prescripción trienal de conformidad con el fallo objeto de cumplimiento.

(…)

ARTÍCULO SEXTO: El área de nómina realizará las operaciones pertinentes conforme se señala en el fallo y en el presente acto administrativo, respecto a los artículos, 177 del CCA, precisando que este pago estará cargo de CAJANAL E.I.C.E. – EN LIQUIDACION, y 178 del CCA, pago que estará cargo del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional.

(…)”

• De conformidad con el cupón de pago 253612 de enero de 2012, expedido por el Banco AV Villas, al señor Sigifredo Corredor Rodríguez le fue pagada la suma de $49.368.612,42, por los siguientes conceptos:

CONCEPTO
INGRESOS
EGRESOS
JUBILACIÓN NAL.
$4.475.765,53

RELIQUIDACIÓN PAGO ÚNICO AL 12%
$34.502.739,97

RELIQUIDACIÓN PAGO ÚNICO AL 12.5%
$9.425.185,66

RELIQUIDACIÓN PAGO MESADA ADIC. 0%
$7.474.821,26

ALIANSALUD EPS

$5.854.600
REINTEGROS NACION (1 DE 1)

$655.300

= $55.878.512,42
= $6.509.900

NETO A PAGAR
49.368.612,42

• El 4 de marzo de 2014, la UGPP realizó liquidación de la prestación reconocida al actor, en la que según su resumen final no se tuvo cuenta suma alguna por concepto de intereses moratorios.

Ahora bien, en cuanto al argumento expuesto por la parte ejecutada en el recurso de apelación que ahora se estudia, referente a que el demandante debía hacerse parte en el proceso de liquidación de CAJANAL para efectos del reconocimiento de los intereses moratorios, debe decirse que estos no son parte de la masa liquidatoria de la extinta entidad, toda vez que como elemento accesorio del reconocimiento de pensiones con ocasión de sentencias judiciales, los mismos se tratan de recursos de la seguridad social. Esto, según se infiere del artículo 14 de la Ley 1105 de 2006, que estableció:

"El artículo 21 del Decreto-ley 254 de 2000 quedará así:

"Artículo 21. Bienes excluidos de la masa de la liquidación. No formarán parte de la masa de la liquidación:

a) Los recursos de seguridad social, los cuales deberán ser entregados a la entidad que determine el Gobierno Nacional; (...)". (Resaltado fuera del texto)

Sumado a lo anterior, aun cuando la parte ejecutada alegó que mediante la Resolución 893 del 26 de julio de 2011 se rechazó la petición del actor tendiente al pago de los intereses moratorios y asimismo, su participación dentro de la masa liquidatoria de la extinta CAJANAL, se aclara que no reposa en el expediente prueba alguna de la existencia de este acto administrativo, y aun cuando la hubiere, como se dijo antes, no era necesario que el demandante se hiciera parte dentro de la masa liquidatoria de CAJANAL, toda vez que los recursos de la seguridad social no forman parte de esta, como lo son en este caso los intereses moratorios.

Al respecto, se resalta también que dicho argumento no fue puesto en consideración del a quo en el escrito de contestación de la demanda ejecutiva ni tampoco en actuaciones posteriores en el curso de la primera instancia, por lo tanto, no fue objeto de estudio y no puede pretenderse lo sea ahora a través del recurso de apelación interpuesto.

Como se dijo anteriormente, se reitera que el reconocimiento de los intereses moratorios en el caso concreto, se derivó de la condena impuesta a CAJANAL en las sentencias del 6 de marzo de 2008 y 18 de junio de 2009, dictadas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado, respectivamente, en las que además se ordenó la reliquidación de la pensión del señor Corredor Rodríguez.

En cumplimiento de lo ordenado en tales providencias, CAJANAL expidió la Resolución UGM 013471 del 12 de octubre de 2011, en la que reliquidó las mesadas pensionales, y en consecuencia, la UGPP como sucesora de obligaciones de ésta, incluyó en nómina las respectivas sumas en el mes de diciembre del 2011, pago que se hizo efectivo el 25 de abril de 2012; sin embargo, no canceló lo correspondiente a los intereses moratorios, pese a que las providencias que sirven de título de recaudo ejecutivo, quedaron debidamente ejecutoriadas el 4 de septiembre de 2009 y el pago se produjo el 25 de abril de 2012.

Con lo expuesto, al haberse dado una orden judicial, correspondía inicialmente a CAJANAL y después del 12 de junio de 2013 a la UGPP cumplirla en su totalidad, en calidad de sucesora de las obligaciones de la extinta entidad, esto es, responder tanto por la reliquidación de la pensión del demandante, como por el reconocimiento y pago de los intereses moratorios establecidos en el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, por disposición de las sentencias que sirven de título de recaudo ejecutivo.

Con relación a los intereses moratorios, el inciso 6 del ibídem, vigente a la fecha de expedición de las sentencias base del recaudo, establecía que “(c)umplidos seis meses desde la ejecutoria de la providencia que imponga o liquide de una condena o de la que apruebe una conciliación, sin que los beneficiarios hayan acudido ante la entidad responsable para hacerla efectiva, acompañando la documentación exigida para el efecto, cesará la causación de intereses de todo tipo desde entonces hasta cuando se presentare la solicitud en legal forma”.

En el caso sub judice, se encuentra demostrado que las sentencias proferidas a favor del actor quedaron debidamente ejecutoriadas el 4 de septiembre de 2009 y que el 23 de septiembre de la misma anualidad se presentó solicitud de cumplimiento de éstas, esto es, dentro de los 6 meses siguientes como lo dispuso la norma, de tal forma que no se interrumpió la causación de intereses y, por consiguiente, debe seguirse con la ejecución de aquellos causados a partir del 5 de septiembre de 2009 (día siguiente a la ejecutoria del fallo) al 25 de abril de 2012 (fecha efectiva del pago).

En resumen, en el presente asunto la Sala evidencia que si bien en las sentencias base del recaudo se condenó a CAJANAL a la reliquidación de la pensión de jubilación del actor, lo cierto es que dicha entidad no pagó los intereses moratorios. En virtud de ello, la UGPP es la entidad que tiene a su cargo la obligación de pago de dichos intereses, puesto que asumió la competencia que antes le correspondía CAJANAL, entre otras, lo relacionado con el reconocimiento de pensiones, reliquidaciones y pagos accesorios, como lo son los intereses moratorios.

De acuerdo con lo anterior, se confirmará la sentencia del 13 de febrero de 2018, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, ordenó seguir adelante con la ejecución del crédito a favor del señor Sigifredo Corredor de Rodríguez y en contra de la UGPP, por los montos dejados de cancelar que corresponden a los intereses moratorios ya especificados, conforme a la condena impuesta en las sentencias que constituyen título base del recaudo.

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado;

III. RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 13 de febrero de 2018, por medio del cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, seguir adelante con la ejecución del crédito contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), por los intereses moratorios causados sobre las sumas de dinero adeudadas desde la fecha ejecutoria de la sentencia hasta el día del pago efectivo.

SEGUNDO: Sin costas en esta instancia.

TERCERO: Por la Secretaría de la Sección Segunda, devuélvase el expediente al Tribunal Administrativo de origen y déjense las constancias de rigor.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

CARMELO PERDOMO CUÉTER CÉSAR PALOMINO CORTÉS

SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

Del 19 de octubre del 2018, visible a folio 163 del expediente. El abogado Luis Alfredo Rojas León. Decreto 01 de 1984.
“Por el cual se establece el régimen de seguridad y protección social de los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público y de sus familiares”.
“Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones
(…)
ARTÍCULO 14. REAJUSTE DE PENSIONES. Con el objeto de que las pensiones de vejez o de jubilación, de invalidez y de sustitución o sobreviviente, en cualquiera de los dos regímenes del sistema general de pensiones, mantengan su poder adquisitivo constante, se reajustarán anualmente de oficio, el primero de enero de cada año, según la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor, certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior. No obstante, las pensiones cuyo monto mensual sea igual al salario mínimo legal mensual vigente, serán reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que se incremente dicho salario por el Gobierno”. Visible a folios 6 a 8 del expediente. Visible a folios 19 a 28 del expediente. Según Resolución UGM 013471 del 12 de octubre del 2011, expedida por CAJANAL, visible a folios 29 a 36 del expediente. Visible a folio 29 a 36 del expediente. Visible a folio 39 del expediente
Visible a folios 41 a 43 del expediente. Visible a folios 62 a 65 del expediente.
“ARTÍCULO 442. EXCEPCIONES. La formulación de excepciones se someterá a las siguientes reglas:
(…)
3. El beneficio de excusión y los hechos que configuren excepciones previas deberán alegarse mediante reposición contra el mandamiento de pago. De prosperar alguna que no implique terminación del proceso el juez adoptará las medidas respectivas para que el proceso continúe o, si fuere el caso, concederá al ejecutante un término de cinco (5) días para subsanar los defectos o presentar los documentos omitidos, so pena de que se revoque la orden de pago, imponiendo condena en costas y perjuicios”. Visible a folios 70 a 74 del expediente. Visible a folios 170 a 173 del expediente. Minutos 10:14 a 12:10 del CD que reposa a folio 130 del expediente. Visible a folios 149 a 151 del expediente. Visible a folios 152 a 157 del expediente.
“Por el cual se distribuyen unas competencias”.
(…)
ARTÍCULO 1o. DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS. La ejecución de los procesos misionales de carácter pensional y demás actividades afines que se indican a continuación, será ejercida por la Caja Nacional de Previsión Social - Cajanal EICE en Liquidación y la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, en los siguientes términos: 1. Atención de solicitudes relacionadas con el reconocimiento de derechos pensionales y prestaciones económicas. Estarán a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, las solicitudes de reconocimientos de derechos pensionales y prestaciones económicas, radicadas a partir del 8 de noviembre de 2011. A cargo de la Caja Nacional de Previsión Social - Cajanal EICE en Liquidación estarán las solicitudes de reconocimiento de derechos pensionales y prestaciones económicas, radicadas con anterioridad al 8 de noviembre de 2011. 2. Atención del proceso de administración de la nómina de pensionados.

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP será la entidad responsable de la administración de la nómina a partir del mes de diciembre de 2011, incluido el reporte de las novedades que se generen al Administrador Fiduciario del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional –FOPEP– Para efectos de la incorporación de las novedades de nómina originadas en la atención de las solicitudes que están a cargo de Cajanal EICE en Liquidación, esta entidad deberá hacer entrega a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP de la información completa y necesaria para que se pueda efectuar dicha inclusión. 3. Proceso de Atención al Pensionado, Usuarios y Peticionarios
A partir del 8 de noviembre de 2011, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, asumirá integralmente el proceso de atención a los pensionados, usuarios y peticionarios, así como la radicación de los documentos, independientemente de que los servicios requeridos se deriven de solicitudes que deban ser tramitadas por Cajanal EICE en Liquidación, de acuerdo con la distribución de competencias establecidas en el numeral 1 del presente artículo. PARÁGRAFO. En aquellos casos en que en la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP se presente una solicitud prestacional que deba ser resuelta en forma integral con una solicitud de una prestación diferente que esté pendiente de resolver y que sea competencia de Cajanal EICE en Liquidación, de acuerdo con lo definido en el numeral 1 del presente, artículo, la UGPP será la entidad competente para resolver ambas solicitudes”. Visible a folios 158 a 162 del expediente.
“Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010”.
“Por el cual se suprime la Caja de Previsión Social, Cajanal EICE, se ordena su liquidación, se designa un liquidador y se dictan otras disposiciones”.
“Por el cual se expide el régimen para la liquidación de las entidades públicas del orden nacional”.
“Por medio de la cual se modifica el Decreto-ley 254 de 2000, sobre procedimiento de liquidación de entidades públicas de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional y se dictan otras disposiciones”.
“Por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su titulación y numeración”.
“Por el cual se determinan los objetivos y la estructura del Ministerio de Salud y Protección Social y se integra el Sector Administrativo de Salud y Protección Social”.
“Como efecto de la liquidación aquí ordenada, la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, EICE, en Liquidación, no podrá iniciar nuevas actividades en desarrollo de su objeto social, por lo tanto, conservará su capacidad jurídica únicamente para realizar los actos, operaciones y contratos necesarios en orden a efectuar su pronta liquidación. En todo caso, la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, EICE, en Liquidación adelantará, prioritariamente, las acciones que permitan garantizar el trámite y reconocimiento de obligaciones pensionales y demás actividades afines con dichos trámites, respecto de aquellos afiliados que hubieren cumplido con los requisitos de edad y tiempo de servicio para obtener la pensión de jubilación o de vejez a la fecha en que se haga efectivo el traslado a que se refiere el artículo  HYPERLINK "https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/decreto_2196_2009.htm" \l "4" 4o del presente Decreto, de acuerdo con las normas que rigen la materia.

Igualmente Cajanal, EICE, en liquidación continuará con la administración de la nómina de pensionados, hasta cuando estas funciones sean asumidas por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, creada por la Ley  HYPERLINK "https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/ley_1151_2007.htm" \l "1" 1151 de 2007. Para tales efectos atenderá las solicitudes y peticiones que se le presenten y celebrará los contratos de administración u operación que sean necesarios”. Artículo 22 del Decreto 2196 de 2009.
“Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010”.
“Por el cual se establecen las funciones de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, y se armoniza el procedimiento de liquidación y cobro de las contribuciones parafiscales de la protección social”.
“Por el cual se distribuyen competencias”. En este Decreto resaltó que CAJANAL EICE en Liquidación en ese momento se encontraba atendiendo aquellas solicitudes de reconocimiento de obligaciones pensionales y demás actividades afines que se hacían parte del inventario del represamiento de la entidad, esto es que fueron presentadas con anterioridad al 25 de junio de 2009 y que aun se encontraban pendientes de resolver, así como de aquellas que se habían presentado con posterioridad a dicha fecha en desarrollo del proceso liquidatorio. Ello, pese a que la administración de la nómina de pensionados estaría a cargo de la UGPP de acuerdo con su competencia y con la información remitida por CAJANAL en lo que a ella correspondía reconocer. Corte Constitucional, sentencia del 24 de marzo de 1999. Referencia: Expediente D-2191. Magistrado Ponente: José Gregorio Hernández Galindo. Visible a folios 62 a 65 del expediente. Visible a folios 131 a 133 del expediente. Visible a folios 6 a 18 del expediente. Visible a folios 19 a 28 del expediente. Según Resolución UGM 013471 del 12 de octubre del 2011, expedida por CAJANAL, visible a folios 29 a 36 del expediente. Visible a folio 142 del cuaderno que contiene la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Visible a folios 29 a 36 del expediente. Visible a folio 39 del expediente
Visible a folios 41 a 43 del expediente. Visible a folio 43 Vto. del expediente. Según oficio del 4 de marzo de 2014 que reposa a folio 40 el expediente. Según cupón de pago 253612 expedido por el Banco AV Villas, que reposa a folio 39 del expediente. Como se extrae del contenido de la liquidación visible a folio 41 a 44 del expediente. De conformidad con la Resolución UGM 013471 del 12 de octubre de 2011 que reposa folios 29 a 36 del expediente y la comunicación del 4 de septiembre de 2009 visible a folio 142 del cuaderno que contiene la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

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