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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2013-00311-02

Fecha
5 de diciembre de 2024
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2013-00311-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Modificar el ordinal segundo de la sentencia proferida el 8 de marzo de 2023 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, en el sentido de que la suma adeudada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Socia -Ugpp- corresponde a los intereses liquidados desde el día siguiente a la ejecutoria del título ejecutivo hasta Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 15001-23-33-000-2013-00311-02 (2861-2023) Demandante: Luis Francisco Estupiñán Bernal cuando se efectuó el pago. Este valor queda sujeto a la debida actualización hasta la fecha del pago total de la obligación. Segundo. En lo demás, confirmar la sentencia proferida el 8 de marzo de 2023 por el Tribunal Administrativo de Boyacá. Tercero. Sin condena en costas en esta instancia. Cuarto. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA. Quinto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previamente las anotaciones de rigor en el aplicativo SAMAI. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR Firmado Electrónicamente ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado electrónicamente Aclara el voto JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. PTH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 15001-23-33-000-2013-00311-02

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

5 de diciembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., cinco (5) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Ejecutivo
Radicación: 15001-23-33-000-2013-00311-02 (2861-2023)
Demandante: Luis Francisco Estupiñán Bernal
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1

Tema: Excepción de pago. Incongruencia entre mandamiento ejecutivo
y la orden de seguir adelante con la ejecución.

Sentencia de segunda instancia
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación presentado por la parte ejecutada contra la
sentencia proferida el 8 de marzo de 2023 por el Tribunal Administrativo de Boyacá,
por medio de la cual se declaró probada parcialmente la excepción de pago y se
ordenó seguir adelante con la ejecución.

I.- Antecedentes

1.1. La demanda

1. Luis Francisco Estupiñán Bernal presentó demanda ejecutiva, en orden a que
se librara mandamiento de pago en contra de la Rama Judicial, en los siguientes
términos:

«a) Las diferencias de las mesadas pensionales de los años 2012 hasta el
año 2019 la suma de $1.453.021.

1 En adelante Ugpp.

Radicado: 15001-23-33-000-2013-00311-02 (2861-2023)
Demandante: Luis Francisco Estupiñán Bernal

b) Por concepto de intereses moratorios de las diferencias de las mesadas
pensionales de los años 2012 hasta el año 2019, la suma de $2.793.821,
hasta que se verifi[cara] su pago.

c) Como INTERESES MORATORIOS la suma de $39.516.444 (treinta y
nueve millones quinientos diez y seis mil cuatrocientos cuarenta y cuatro
pesos); desde diciembre de 2018 a junio de 2019 del valor del retroactivo
programado para su pago para diciembre de 2018 por valor de
$267.726.591.» [sic]

2. En el acápite de hechos, narró lo siguiente:

2.1. En sentencia del 8 de mayo de 2014 el Tribunal Administrativo de Boyacá
condenó a la Ugpp al reconocimiento y pago de la pensión gracia y a que las sumas
adeudadas «se ajustaran tomando como base el Índice de Precios al Consumidor, de
conformidad con el artículo 187 del CPACA y [devengaran] INTERESES MORATORIOS A
PARTIR DE LA EJECUTORIA, atendiendo el artículo 192 del CPACA».

2.2. La decisión fue confirmada por esta corporación mediante sentencia del 26 de
julio de 2018 y cobró ejecutoria el 7 de septiembre de 2018.

2.3. A través de la Resolución RDP 0044219 del 16 de noviembre de 2018, la UGPP
dio cumplimiento parcial a la sentencia objeto de recaudo, en el sentido de
reconocer la pensión gracia en cuantía de $2.000.070 a partir del 13 de marzo de
2011. Esta fue incluida en la nómina de junio de 2019, con una mesada de
$2.723.385 y un retroactivo de $252.493.052, el cual «fue cancelado por parte de la
ugpp» [sic].

2.4. «La resolución No. RDP 44219 de 16 de noviembre de 2018, fue programada para su
inclusión en nómina en diciembre de 2018, con un retroactivo para diciembre de 2018 de
$267.726.591; es sobre este retroactivo de $267.726.591 que [solicitaba] INTERESES
MORATORIOS del artículo 192 del CPACA, desde el mes de septiembre de 2018 hasta el
mes de junio de 2019, fecha que se verificó la inclusión en nómina».

2.5. En dicho acto administrativo se ordenó una mesada pensional de $2.000.070
efectiva para el año 2011 y el aumento anual se hizo en forma parcial, pues faltó
una diferencia en el aumento legal de la mesada pensional de los años 2012 a 2019,
«[s]iendo la suma correcta: Mesadas pensional para el año 2012 (V.P.A 5.80%)=
$2.116.074; mesada pensional para el año 2013 (V.P.A 4.02%)= $2.201.140; mesada
pensional para el año 2014 (V.P.A 4.50%)= 2.300191; mesada para el año 2015 (V.P.A
4.60%)= $2.405.999; mesada para el año 2016 (V.P.A 7.00%)= $2.574.418; mesada
pensional para el año 2017 (V.P.A 7.00%)= $2.754.627; mesada pensional para el año 2018
(V.P.A 5.90%)= $2.917.149; mesada pensional para el año 2019 (V.P.A 6.00%)=
$3.092.177.» [sic]

2.6. Al contestar la petición de pago de los intereses moratorios y la actualización de
las mesadas pensionales, la Ugpp consignó los siguientes valores de las mesadas:

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Radicado: 15001-23-33-000-2013-00311-02 (2861-2023)
Demandante: Luis Francisco Estupiñán Bernal

(i) 2011: $2.000.070; (ii) 2012: $2.074.672; (iii) 2013: $2.125.294; (iv) 2014:
$2.166.525; (v) 2015: $2.245.820; (vi) 2016: $2.397.862; (vii) 2017: $2.535.739; (viii)
2018: $2.639.451; y (ix) 2019: $2.723.385. Las diferencias de los valores de los
años 2012 a 2019 era de $1.453.021, más el interés moratorio a la tasa más alta de
2.46%.

2.7. El 1 de octubre de 2018 y el 24 de enero de 2019 solicitó a la UGPP el
cumplimiento de la sentencia; el 4 de abril y 10 de mayo del mismo año, la inclusión
en nómina de la Resolución 44219 del 16 de noviembre de 2018; y el 8 de julio de
2019 el pago de los intereses moratorios, sin que estos fueran desembolsados.

1.2. Mandamiento de pago

3. En auto proferido el 20 de octubre de 2020, el Tribunal Administrativo de Boyacá
libró el mandamiento ejecutivo en los siguientes términos:

«PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del señor LUIS
FRANCISCO ESTUPIÑÁN BERNAL y en contra de la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social - U.G.P.P, por la suma de OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE
MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS ($8.220.810) M/CTE por concepto de
intereses moratorios liquidados desde el día siguiente a la ejecutoria y hasta
cuando se efectuó el pago. Dicho valor queda sujeto a la debida actualización
hasta la fecha del pago total de la obligación que aquí se ejecuta.»

4. Para tal efecto, sostuvo lo siguiente:

5. En lo que correspondía a las diferencias de mesadas, no existía salgo a favor
del ejecutante, en razón a que la Ugpp aplicó los porcentajes de incremento anual.
El demandante contabilizó los porcentajes «para el incremento anual que corresponde
al IPC e inflación, los cuales no correspond[ían], en tanto para efectos de pensión se les
aplica[ba] un porcentaje de la variación del IPC, es decir, sin inflación».

6. Para la liquidación se tuvieron en cuenta los siguientes interregnos: (i) mesadas:
desde el 13 de marzo de 2011 al 30 de mayo de 2019 -pago-; (ii) indexación: desde
el 13 de marzo de 2011 al 7 de septiembre de 2018 -ejecutoria-; y (iii) intereses:
desde el 8 de septiembre de 2018 al 30 de mayo de 2019. El resultado fue el
siguiente:

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Demandante: Luis Francisco Estupiñán Bernal

7. Es decir que, a la fecha de inclusión en nómina, se le adeudaba la suma de
$249.776.711 por concepto de mesadas e indexación, más $8.540.572 por
concepto de interés al DTF. Como se pagó la suma de $250.096.473, quedó un
saldo a favor del ejecutante de $8.220.810 por concepto de intereses.

1.3. Recurso interpuesto contra el mandamiento de pago

8. La Ugpp presentó recurso de reposición contra el auto que libró el mandamiento
ejecutivo, con fundamento en (i) la caducidad de la acción; (ii) la indebida
conformación del título ejecutivo; y (iii) la inexistencia del título ejecutivo respecto de
los intereses, además, de la obligación clara, expresa y exigible.

9. En proveído del 16 de febrero de 2021 se resolvió no reponer la decisión con
sustento en lo que sigue:

9.1. No operó la caducidad de la acción ejecutiva, comoquiera que la sentencia
objeto de recaudo quedó ejecutoriada el 7 de septiembre de 2018 y la demanda se
radicó el 15 de agosto de 2019.

9.2. La sentencia fue proferida en vigencia del CPACA, por lo tanto, se condenó a la
entidad al pago de los intereses en los términos del artículo 192 del CPACA; en
consecuencia, el ejecutante contaba con el término de 3 meses para radicar la
solicitud de cumplimiento, lo cual ocurrió el 1 de octubre de 2018.

9.3. De conformidad con el artículo 297 del CPACA, cuando el título ejecutivo lo
constituía una sentencia, debía allegarse con la constancia de ejecutoria, sin que
fuera exigible la copia auténtica, al tenor del numeral 2 del artículo 114 del Código
General del Proceso.

9.4. El «recibo de pago» no era necesario para conformar el título ejecutivo, pues este
era simple aun si se tuviera en cuenta la resolución que dio cumplimiento a la
obligación.

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Demandante: Luis Francisco Estupiñán Bernal

9.5. La liquidación de los intereses se realizó desde el día siguiente a la ejecutoria
de la sentencia hasta cuando se efectuó el pago, de manera que el valor arrojado
por ese concepto quedaba sujeto a la debida actualización hasta la fecha del pago
total de la obligación, pues así se evitaba «la devaluación de esta suma de dinero y no
se [reconocía] un doble pago».

1.4. Contestación de la demanda

10. La Ugpp se opuso a las pretensiones de la demanda con fundamento en lo
siguiente:

10.1. No adeudaba valor alguno porque mediante Resolución RDP 044219 del 16
de noviembre de 2018 se dio cumplimiento a la sentencia objeto de recaudo, en el
sentido de reconocer la pensión gracia en cuantía de $2.000.070, a partir del 13 de
marzo de 2011, y con fundamento en el certificado de factores salariales expedido
el 2 de mayo de 2011 por la Secretaría de Educación de Boyacá. Fue incluido en
nómina de junio de 2019 con las sumas de mesadas -$245.227.417,31-, indexación
-$36.129.649,87-.

10.2. Se reportó «a financiera» la liquidación de intereses en los términos del
artículo 192 del CPACA en cuantía de $2.776.135,22, pues cesaron desde el 7 de
diciembre de 2018.

10.3. Se debía tener en cuenta la liquidación de Cajanal y que los dineros
depositados en las cuentas de la Ugpp eran inembargables por expresa prohibición
del artículo 19 del Estatuto Orgánico de Presupuesto.

11. Propuso las siguientes excepciones:

11.1. Pago: porque se expidió la Resolución RDP 044219 del 16 de noviembre de
2018, en la cual se reconoció la pensión gracia. Además, se reportó la
liquidación de los intereses en los términos del artículo 192 del CPACA sin
que se tuviera en cuenta el mes en que fue incluido en nómina porque se
consideraba que no se causaban, «dados los tiempos establecidos para el
reporte y pago de nómina».

11.2. Inexistencia de una obligación clara, expresa y exigible porque el título debía
aportarse en original o copia auténtica.

1.5. Trámite de las excepciones

12.En auto del 3 de agosto de 2021 se rechazó de plano por improcedente la
excepción de «inexistencia de la obligación clara, expresa y exigible» propuesta por la

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Demandante: Luis Francisco Estupiñán Bernal

Ugpp, en consideración a que no se trataba de aquellas previstas en el artículo 442
del Código General del Proceso y ya se había resuelto en la providencia que resolvió
el recurso de reposición contra el mandamiento ejecutivo.

1.6. Sentencia de primera instancia

13. En sentencia proferida en audiencia del 8 de marzo de 2023, se resolvió (i)
declarar probada parcialmente la excepción de pago de la obligación; (ii) seguir
adelante con la ejecución en contra de la Ugpp por la suma de $8.545.694 que
equivalía «a capital adeudado al EJECUTANTE, suma que devengar[ía] intereses a partir
del 1º de julio de 2019 y hasta que se [satisficiera] en su totalidad»; (iii) no condenar en
costas. Para tal efecto, expuso lo siguiente:

14. Los intereses debían liquidarse en los términos del artículo 192 del CPACA, es
decir que la solicitud de cumplimiento se debía presentar dentro de los 3 meses
siguientes a la ejecutoria. Entonces, si esta ocurrió el 7 de septiembre de 2018 y la
petición se radicó el 1 de octubre de la misma anualidad, no se interrumpió la
causación de los intereses y, por lo tanto, se debían calcular a la tasa DTF hasta
junio de 2019, fecha de inclusión en nómina.

15. Mediante la Resolución 044219 del 16 de noviembre de 2018 se reconoció la
pensión gracia; sin embargo, hasta junio de 2019 se realizó un pago por la suma de
$252.493.052, la cual incluía la mesada de ese mes, razón por la cual se debía
tomar el neto de $250.096.473. Se trató de un pago realizado con posterioridad a la
sentencia base de recaudo y con antelación al mandamiento de pago.

16. Los datos a tener en cuenta en la liquidación eran los siguientes:

«[...]

DATOS A TENER EN CUENTA EN LA LIQUIDACIÓN
FECHA DE ESTATUS Y EFECTIVIDAD 13/03/2011 FL.18
FECHA DE EJECUTORIA 7/09/2018 FL. 29
SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA 1/10/2018 FL. 33
VALOR MESADA PENSIONAL EN CUMPLIMIENTO DEL
FALLO - RES.Nº RDP 04429 DE 2018 EFECTIVA A $2.000.070 FL. 30
PARTIR 13/03/2011
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA 15/08/2019 FL. 3
FECHA DE PAGO 30/06/2019 FL. 46
VALOR PAGADO POR LA ENTIDAD $250.096.473
Se liquidan intereses moratorios en los términos del art.192,194 y 195 del CPACA

[...]»

17. Con el fin de determinar si el pago realizado en junio de 2019 permitía declarar
la excepción de pago, se realizó la liquidación en los siguientes términos:

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17.1. Mesadas causadas desde el 13 de marzo de 2011 al 30 de mayo de 2019:
$245.227.417.

17.2. Indexación de mesadas desde el 13 de marzo de 2011 hasta el 7 de
septiembre de 2018 [ejecutoria] con los descuentos a salud: $226.722.198.

18. A pesar de que no se observó variación alguna, al momento de librar el
mandamiento se aplicaron los descuentos a salud a las mesadas causadas desde
el 8 de septiembre de 2018 [día siguiente a la ejecutoria de la sentencia] hasta el 30
de mayo de 2020, esto es sobre «la mesada de noviembre y la adicional», sin que
hubiera lugar a ello, en razón a que la Ugpp solo aplicaba el descuento a la mesada
de noviembre, sin hacerlo a la adicional; en consecuencia, debió descontarse la
suma de $316.734 y no como erróneamente se hizo al descontar $633.468. Lo
anterior arrojó un saldo a favor del ejecutante de $316.734.

19. La entidad tomó como fecha de solicitud de cumplimiento el 1 de junio de 2019
y, por lo tanto, no liquidó los intereses causados desde el 7 de diciembre de 2018 al
30 de mayo de 2019; sin embargo, ello «carec[ía] de asidero» porque la sentencia
cobró ejecutoria el 7 de septiembre de 2018 y la solicitud fue radicada el 1 de octubre
de 2018; ello significaba que la Ugpp desconoció que el ejecutante presentó en
término la reclamación, tal como lo ordenaba el artículo 192 del CPACA, aunado a
que el 24 de enero, 4 de abril, 10 de junio y 8 de julio de 2019 insistió en el
cumplimiento de la obligación. En consecuencia, los intereses a la tasa DTF desde
la ejecutoria [8 de septiembre de 2018] hasta el pago [junio de 2019] ascendían a
$8.548.721.

20. A la fecha del pago al ejecutante, la entidad adeudaba la suma de $250.093.445
por concepto de capital más $8.548.721 por intereses al DTF. Ello arrojaba un total
de $258.642.167, los cuales al ser imputados primero a intereses y luego a capital
en los términos del artículo 1653 del Código Civil, arrojaba un saldo a favor del actor
de $8.545.694 que comprendía el capital dejado de pagar y sobre el cual se
causaban intereses a partir del 1 de julio de 2019.

21. El resumen de la liquidación era el siguiente:

«[...]

MESADAS CAUSADAS DESDE LA FECHA DE EFECTIVIDAD
$ 219.029.106
13/03/2011 HASTA LA EJECUTORIA 7/09/2018
MESADAS CAUSADAS CON POSTERIORIDAD A LA EJECUTORIA
$ 26.198.311
HASTA EL 30/05/2019
(-) DESCUENTOS DE SALUD SOBRE EL CAPITAL CAUSADO HASTA
$ (24.417.975)
LA FECHA EJECUTORIA
(-) DESCUENTOS DE SALUD SOBRE EL CAPITAL CAUSADO CON
$ (2.827.063)
POSTERIORIDAD A LA FECHA DE EJECUTORIA
(+) INDEXACION $ 32.111.066
TOTAL CAPITAL A FECHA DE PAGO $ 250.093.445

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Radicado: 15001-23-33-000-2013-00311-02 (2861-2023)
Demandante: Luis Francisco Estupiñán Bernal

TOTAL INTERES DTF A LA FECHA DE PAGO E INCLUSION EN
NOMINA 30/06/2019 $ 8.548.721

TOTAL CRÉDITO $ 258.642.167

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE RETROACTIVO SEGÚN
SOPORTE DE TRANSACCION APORTADO EN EL EXPEDIENTE A FL. $ 250.096.473
46

VALOR ADEUDADO A 30/06/2019 $ 8.545.694

TOTAL CRÉDITO POR CONCEPTO DE CAPITAL $ 8.545.694

[...]»

22. Como el pago de la obligación se realizó en junio de 2019, es decir, con
posterioridad a la sentencia objeto de recaudo y antes del mandamiento ejecutivo,
debía declararse probada parcialmente la excepción de pago, pues no se satisfizo
la totalidad de la obligación.

1.7. Recurso de apelación

23. Contra la anterior decisión, la parte ejecutada interpuso recurso de apelación y
lo sustentó de forma oral en los siguientes términos:

23.1. El a quo incurrió en una indebida valoración probatoria de las pruebas
allegadas con el expediente administrativo que demostraban la inexistencia de la
obligación pendiente a favor del ejecutante, pues «todas aquellas preexistentes se
encuentran extintas por pago total de la obligación reconociéndose el derecho pensional
ordenado».

23.2. Con la Resolución RDP 0044219 del 16 de noviembre de 2018 se dio
cumplimiento a la sentencia objeto de recaudo, de manera que era inexistente la
obligación. Igualmente, la indebida valoración probatoria porque en este acto se
indicó que la Subdirección de Nómina de Pensionados pagaría los intereses, «acto
administrativo que se encuentra en ejecución de cumplimiento y continuará su trámite
ordinario para el cumplimiento y pago de la obligación».

23.3. El pago de las «diferencias» también se ordenó en la resolución mencionada,
pues se reconoció la pensión gracia en cuantía de $2.000.070 a partir del 13 de
marzo de 2011 sin acreditar el retiro por ser del ramo docente. Una vez verificados
los aplicativos de la entidad se encontró que se incluyó en la nómina de junio de
2019 y, por concepto de mesadas se entregó la suma de $245.227.417,31, en el
cual se incluyeron los descuentos en salud por $25.245.037 para un total neto de
$217.982.276,46.

23.4. El demandante «no podía obligarse, por cuanto incurriría en un vicio de nulidad por
causa ilícita, de acuerdo con el artículo 1052 del Código Civil, el objeto carec[ía] de

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Demandante: Luis Francisco Estupiñán Bernal

fundamento constitucional, legal y jurisprudencial. La obligación se [encontraba] extinta por
pago total. Se incurriría en un desacato de orden legal y constitucional menoscabando los
recursos públicos»; igualmente, la obligación no sería pagada con recursos propios
de la entidad sino del presupuesto nacional, los cuales solo podían «usarse» para
reconocer los derechos pensionales.

24.El recurso de apelación fue concedido en el efecto suspensivo, en la misma
audiencia.

1.8. Trámite de segunda instancia

25. En auto del 23 de febrero de 2024 se admitió el recurso de apelación presentado
por la entidad ejecutada contra la sentencia del 8 de marzo de 2023 proferida por el
Tribunal Administrativo de Boyacá.

26. En el término de ejecutoria, la entidad apelante presentó «pronunciamiento del
recurso de apelación» en los siguientes términos:

26.1. Mediante la Resolución RDP 044219 del 16 de noviembre de 2018 se dio
cumplimiento a la sentencia proferida el 8 de mayo de 2014, confirmada por esta
corporación el 26 de julio de 2018, en el sentido de reconocer la pensión gracia e
incluirlo en nómina de junio de 2019; también se realizó el pago por concepto de
mesadas [$245.227.417,31] e indexación [$36.129.649,87] y se reportó a
«Financiera» la liquidación de intereses en los términos del artículo 192 del CPACA
por la suma de $2.776.135,22.

26.2. Con el Auto ADP 6496 del 7 de diciembre de 2020 se informó que, revisada
la base de sentencias pagadas por la Subdirección Financiera, se advertía un pago
por $2.776.135,22 por concepto de intereses, de acuerdo con lo establecido en el
acto administrativo de cumplimiento.

26.3. Si la parte ejecutante no presentó la solicitud de cumplimiento, se debían
pagar solo los primeros 3 meses de intereses. A partir del mes 4, contado desde la
fecha de ejecutoria de la sentencia, se suspendía la causación de intereses y solo
se reanudaba cuando se radicara la solicitud siempre que estuviera completa la
documentación en el expediente; en ese orden, la suma a pagar por este concepto
era de $2.776.135,22.

26.4. Al demandante le correspondía «responder por la condena en costas por cuanto
instaur[ó] un proceso judicial por una obligación que se [encontraba] extinta por pago, por
lo que la entidad pública [...] incurrió en gastos que no est[aba] llamada a soportar, más
cuando sus recursos pertenecen al erario público que únicamente [podía] ser destinado al
Sistema General de Pensiones, tal como lo expres[ó] el artículo 48 de la Constitución
Política y el artículo 9 de la Ley 100 de 1993».

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II. Consideraciones

2.1. Competencia

27. De conformidad con el artículo 442 del Código General del Proceso2, en el
proceso ejecutivo, cuando se trata del cobro de obligaciones contenidas en una
providencia, «solo podrán alegarse» las excepciones de pago, compensación,
confusión, novación, remisión, prescripción o transacción, las cuales se resuelven
mediante sentencia.

28.En el caso concreto, el 8 de marzo de 2023, el Tribunal Administrativo de
Boyacá resolvió declarar parcialmente probada la excepción de pago y seguir
adelante con la ejecución, es decir, profirió una sentencia.

29. En consecuencia, la Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación
es competente para conocer del recurso de apelación presentado por la entidad
ejecutada, de conformidad con los artículos 125 y 150 del CPACA, según los cuales
«[l]as salas, secciones y subsecciones dictarán las sentencias» y «[e]l Consejo de Estado,
en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
administrativos [...]».

30. Entonces, para resolver el recurso de apelación interpuesto por la Ugpp, se
atenderán los artículos 320 y 328 del Código General del Proceso, según los cuales
«[e]l recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida,
únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el
superior revoque o reforme la decisión» y «[e]l juez de segunda instancia deberá
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de
las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley». [se resalta]

2.2. Problema jurídico

31. Se circunscribe a resolver el siguiente interrogante: ¿La Ugpp cumplió con la
obligación y, por lo tanto, debe declararse probada la excepción de pago?

32. Con miras a resolver los anteriores planteamientos, la Sala seguirá la siguiente
estructura expositiva: primero, se abordará el marco normativo y jurisprudencial del
proceso ejecutivo, la carga probatoria y la excepción de pago; segundo, se
reseñarán los hechos probados; y tercero, se resolverá el caso concreto.

2 En adelante CGP.

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2.3. Cuestión previa

33. En la audiencia realizada el 8 de marzo de 2023, la Ugpp sustentó de forma oral
el recurso de apelación presentado contra la sentencia que declaró parcialmente
probada la excepción de pago y ordenó seguir adelante con la ejecución; sin
embargo, dentro del término de ejecutoria del auto que lo admitió, presentó un nuevo
pronunciamiento, en el cual adicionó algunos argumentos.

34. El artículo 247 del CPACA previó el trámite del recurso de apelación contra
sentencias. En su numeral 4 dispuso que «[d]esde la notificación del auto que concede
la apelación y hasta la ejecutoria del que la admite en segunda instancia, los sujetos
procesales podrán pronunciarse en relación con el recurso de apelación formulado por los
demás intervinientes».

35. Entonces, la norma establece un criterio temporal que se extiende hasta la
ejecutoria del auto que admite la apelación y otro subjetivo que se concreta en los
sujetos procesales; sin embargo, esta intervención se condiciona a que el
pronunciamiento se realice respecto del recurso de los demás intervinientes.

36. Nótese que en la disposición se incluyó el adjetivo «demás», entendido por la
Real Academia Española como aquel «precedido de los artículos lo, la, los, las, con el
sentido de ‘lo otro, la otra, los otros o los restantes, las otras o las restantes» lo que, para
el caso, se traduce en que serán los sujetos «no recurrentes» los que intervengan
para coadyuvar o refutar los argumentos del que sí lo es.

37. En ese orden de ideas, aunque la norma no establece prohibición expresa para
que la misma parte recurrente se pronuncie hasta el término de ejecutoria del auto
que admite el recurso de apelación, lo cierto es que esa etapa procesal no puede
utilizarse para modificar o adicionar los argumentos de la apelación, pues no solo
vulneraría el principio de preclusión, sino los derechos de defensa y debido proceso
de la contraparte. En ese orden de ideas, la Sala no se detendrá en los argumentos
nuevos planteados por la Ugpp en esta instancia.

2.4. Marco normativo y jurisprudencial

2.4.1. El proceso ejecutivo

38. El mandamiento de pago es la primera decisión en el proceso ejecutivo y «en
cierta forma equivale al auto admisorio de la demanda que se dicta en un proceso ordinario,
pero con notables diferencias»3. Esta Subsección la ha definido como «una orden

3 Rodríguez Tamayo, Mauricio Fernando. La acción ejecutiva ante la jurisdicción administrativa.
Edición 6, 2021, pág. 510.

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judicial provisional de cumplir perentoriamente con una obligación que reúna las
condiciones de un título ejecutivo [...]»4.

39. Conforme con el artículo 430 del CGP, radicada la demanda y acompañada del
documento que preste mérito ejecutivo que contenga una obligación clara, expresa
y exigible, el juez podrá inadmitir la demanda o librar el mandamiento de pago.

40. Cuando la demanda ejecutiva no contenga los requisitos previstos en los
artículos 162 [contenido de la demanda5], 166 [anexos de la demanda] del CPACA
y 906 del CGP, el juez deberá inadmitirla, pero únicamente por estas razones y no,
por ejemplo, cuando faltan los documentos necesarios para integrar el título
ejecutivo.

41.En caso contrario, si la demanda cumple con los requisitos antes mencionados,
se procederá a librar el mandamiento de pago. El artículo 298 del CPACA,
modificado por el artículo 80 de la Ley 2080 de 2021, estableció lo siguiente:

«Artículo 298. Procedimiento. Una vez transcurridos los términos previstos
en el artículo 192 de este código, sin que se haya cumplido la condena
impuesta por esta jurisdicción, el juez o magistrado competente, según el
factor de conexidad, librará mandamiento ejecutivo según las reglas previstas
en el Código General del Proceso para la ejecución de providencias, previa
solicitud del acreedor.

Si el título lo constituye una conciliación aprobada por esta jurisdicción o un
laudo arbitral en que hubiere sido parte una entidad pública, el mandamiento
ejecutivo se librará, previa solicitud del acreedor, una vez transcurridos seis
(6) meses desde la firmeza de la decisión o desde la fecha que en ella se
señale, bajo las mismas condiciones y consecuencias establecidas para las
sentencias como título ejecutivo. En este caso, se observarán las reglas
establecidas en el Código General del Proceso para la ejecución de
providencias judiciales.

[...]» [se resalta]

42. A su turno, el artículo 430 del CGP estableció 2 opciones para librar el
mandamiento ejecutivo: (i) cuando fuere procedente, en la forma pedida por la parte
ejecutante; y (ii) en la que el juez considere legal. Respecto de esta última, esta

4 Auto del 8 de agosto de 2017, radicación 68001-23-33-000-2016-01034-01 (1915-17).
5 Según este canon, la demanda deberá contener, entre otras cosas, lo siguiente: (i) la designación

de las partes y sus representantes; (ii) lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad; (iii)
los hechos y omisiones que sirvan de fundamento a las pretensiones, debidamente determinados,
clasificados y numerados; (iv) los fundamentos de derecho de las pretensiones; (v) la petición de las
pruebas que el demandante pretende hacer, pero deberá aportar las documentales que se
encuentren en su poder; y (vi) el lugar y dirección donde las partes y el apoderado de quien demanda
recibirán las notificaciones. Para tal efecto, deberán indicar también su canal digital.
6 Conforme con el cual, la demanda será inadmitida cuando no reúna los requisitos formales, no se

acompañen los anexos ordenados por la ley, las pretensiones acumuladas no reúnan los requisitos
legales, quien formule la demanda carezca de derecho de postulación para adelantar el respectivo
proceso, entre otros.

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Sección ha señalado que el juez «debe sustentar su decisión en argumentos razonables
para lo cual puede apoyarse en cálculos y operaciones matemáticas»7. Adicionalmente,
en esta providencia se ordenará «al demandado que cumpla la obligación» y los
requisitos formales del título, «sólo podrán discutirse mediante recurso de reposición
contra el mandamiento ejecutivo».

43. Además, si el proceso versa sobre el pago de sumas de dinero, el juez ordenará
el pago con los intereses desde la ejecutoria de la sentencia hasta la «cancelación»
de la deuda. En caso de prestaciones periódicas, «la orden de pago comprenderá,
además de las sumas vencidas, las que en lo sucesivo se causen», según el artículo 431
ibidem.

44. De conformidad con el artículo 438 del CGP, «[e]l mandamiento ejecutivo no es
apelable; el auto que lo niegue total o parcialmente y el que por vía de reposición lo revoque,
lo será en el suspensivo». Idéntica disposición se plasmó en el artículo 243 del
CPACA, modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021, pues en el numeral
1 dispuso que será apelable el auto «que rechace la demanda o su reforma, y que el
niegue total o parcialmente el mandamiento ejecutivo», caso en el cual, el recurso deberá
sustentarse ante el juez de primera instancia dentro del término previsto para recurrir
[parágrafo 2] y se concederá en el efecto suspensivo. De conformidad con el literal
g) del artículo 125 ibidem8, el conocimiento del recurso de apelación será
competencia de la Sala o Subsección.

45. Lo anterior significa que, cuando el juez libra dicha providencia en la forma
pedida por el ejecutante, la decisión no será apelable, mientras que si de los cálculos
concluye que la obligación es menor o que no se deben incluir aspectos que no
fueron ordenados en el título de recaudo, pero sí fueron solicitados o, simplemente,
que no hay lugar a librarlo [por citar un ejemplo], lo negará total o parcialmente,
según el caso y procederá el recurso de apelación.

46. En línea con lo anterior, si el mandamiento de pago se niega total o
parcialmente, la competencia radica en la Sala, Sección o Subsección al tenor del
literal g) del numeral segundo del artículo 125 del CPACA, modificado por el artículo
20 de la Ley 2080 de 2021, de cuyo tenor literal se extrae que será competencia de
las salas, secciones y subsecciones expedir los autos enunciados «en los numerales 1
a 3 y 6 del artículo 243 cuando se profieran en primera instancia o decidan el recurso de
apelación contra estas».

7 Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de septiembre de 2021, radicación 17001-23-33-

000-2018-00112-01 (6127-19).
8 «Artículo 125. De la expedición de providencias. [...] 2. Las salas, secciones y subsecciones

dictarán las sentencias y las siguientes providencias: [...] g) Las enunciadas en los numerales 1 a 3
del artículo 243 cuando se profieran en primera instancia o decidan el recurso de apelación contra
estas». [se resalta]

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47.Por el contrario, si el mandamiento ejecutivo se libra en la forma pedida, se
deberá acudir a la regla prevista en el numeral 3 del artículo 125 del CPACA, esto
es que «será competencia del magistrado ponente dictar las demás providencias
interlocutorias y de sustanciación en el curso de cualquier instancia, incluida la que resuelve
el recurso de queja».

48. Es del caso precisar que, si bien es cierto que el artículo 298 ibidem estableció
que vencidos los términos previstos en el artículo 192 del código, sin que se haya
cumplido la condena impuesta, «el juez o magistrado competente» adoptará la
decisión inicial, también lo es que se refiere al escenario en que se debe librar el
mandamiento ejecutivo, pero no es un referente normativo para determinar la
competencia de la Sala o el ponente, en razón a que no enunció expresamente las
3 alternativas que pueden ocurrir en esta etapa procesal: librarlo, no librarlo o librarlo
parcialmente.

49. En efecto, la norma citada (i) se refirió al magistrado competente, no al
magistrado ponente; y (ii) incluye el adjetivo competente para referirse al
conocimiento por factor de conexidad y las reglas que deben seguirse para iniciar
el proceso ejecutivo.

50. Ciertamente, la lectura armónica de cada una de las expresiones del artículo
298 citado, conllevan a concluir que en este no se determinó la competencia para
proferir el mandamiento ejecutivo, sino las reglas que debe seguir el magistrado
competente por el factor de conexidad. En ese orden de ideas, comoquiera que en
el CPACA se fijó una regla explícita para aquellos autos que lo nieguen total o
parcialmente, es esta la que debe atenderse.

51. Ahora bien, cuando se trata de ejecución de sentencias judiciales, dentro de los
10 días siguientes a la notificación del mandamiento ejecutivo, la entidad
únicamente podrá proponer las excepciones previstas en el artículo 442 del CGP y
«su prosperidad pende, de que dichas circunstancias se hubiesen presentado con
posterioridad a la existencia de la providencia judicial constitutiva del título9»10. Estas son:

«Artículo 442. Excepciones. La formulación de excepciones se someterá a
las siguientes reglas:

[...]

2. Cuando se trate del cobro de obligaciones contenidas en una providencia,
conciliación o transacción aprobada por quien ejerza función jurisdiccional,

9 Así lo reiteró la Sección Tercera del Consejo de Estado, Sentencia del 27 de julio de 2005,
Expediente 23.565, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Criterio reiterado por la misma sección, en el
auto del 30 de enero de 2008, Expediente 30.240, C.P. Mauricio Fajardo Gómez y por la Subsección
“C”, en la Sentencia del 7 de febrero de 2011, Expediente 35.822, C.P. Jaime Orlando Santofimio
Gamboa.
10 Al respecto, consultar: Rodríguez Tamayo. La acción ejecutiva ante la jurisdicción administrativa.

6ª Ed., 2021, pág. 782.

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sólo podrán alegarse las excepciones de pago, compensación, confusión,
novación, remisión, prescripción o transacción, siempre que se basen en
hechos posteriores a la respectiva providencia, la de nulidad por indebida
representación o falta de notificación o emplazamiento y la de pérdida de la
cosa debida.» [se resalta]

52. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia señaló lo que a continuación se
transcribe11:

«Con respaldo en lo señalado, puede afirmarse que el legislador ha querido
que cuando el «título ejecutivo» sea una «providencia judicial» que haya
condenado a alguna de las partes o en la que fue provocada la terminación
del litigio por conciliación o transacción, las excepciones están limitadas a la
lista taxativa que fue referida en el párrafo precedente, con el propósito de
evitar dilaciones injustificadas en la materialización del derecho sustancial
reconocido.»

53. Estas excepciones tienen como único objeto desvirtuar o enervar las
pretensiones de la demanda y, de conformidad con el artículo 442 transcrito, solo
podrán ser alegadas cuando se trate de hechos posteriores al título de recaudo,
pero antes de que se profiera el mandamiento ejecutivo, pues con posterioridad a
este, en caso de expedirse un acto administrativo que lo acate, se comprenderá que
se trató del cumplimiento de la orden impartida en aquel, en razón a que el artículo
431 del CPACA prevé que, cuando se trata de sumas de dinero, «se ordenará su
pago en el término de cinco (5) días, con los intereses desde que se hicieron exigibles hasta
la cancelación de la deuda».

54. Por ello, al momento de «contestar la demanda», la entidad ejecutada podrá optar
por lo siguiente: (i) guardar silencio; (ii) contestar la demanda y no proponer
excepciones; (iii) proponer excepciones de aquellas previstas en el artículo 442 y
otras que no lo estén; (iv) proponer exclusivamente las excepciones de ese mismo
artículo. La etapa subsiguiente, dependerá de la actuación de la ejecutada.

55. En primer lugar, si la entidad decide guardar silencio o no proponer excepciones
oportunamente, el juez ordenará «por auto que no admite recurso», el remate y el
avalúo de los bienes embargados y de los que posteriormente se embarguen, si
fuere el caso, o seguir adelante con la ejecución para el cumplimiento de las
obligaciones determinadas en el mandamiento ejecutivo, practicar la liquidación del
crédito y condenar en costas al ejecutado; así lo prevé el artículo 440 del CGP.

56. En segundo lugar, si la entidad propone las excepciones previstas en el artículo
442, pero también otras que no lo están, procederá lo siguiente: (i) se rechazarán

11 Sentencia proferida el 18 de enero de 2018, STC136-2018, radicación 11001-22-10-000-2017-

00806-01.

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de plano las excepciones improcedentes12 mediante auto [de ponente] que será
apelable, de conformidad con el numeral 4 del artículo 321 del CGP13; (ii) se correrá
traslado de las excepciones que sí estén contenidas en el artículo 442 para que el
ejecutante «se pronuncie sobre ellas, y adjunte o pida las pruebas que pretende hacer
valer»; y (iii) se proferirá la sentencia.

57. Y, en tercer lugar, si la ejecutada propone exclusivamente una o varias
excepciones señaladas por el artículo 442 citado, se procederá de la misma manera
que el punto (iii) del párrafo anterior, es decir, se dictará la sentencia.

58. Si la sentencia de excepciones es totalmente favorable al demandado se dará
por terminado el proceso, se ordenará el desembargo de los bienes «y se condenará
al ejecutante a pagar las costas y los perjuicios que aquél haya sufrido con ocasión de las
medidas cautelares y del proceso»; por el otro, si las excepciones «no prosperan o
prosperan parcialmente», «en la sentencia se ordenará seguir adelante la ejecución en
la forma que corresponda». Esta, la sentencia, hace tránsito a cosa juzgada.

59. Esta, la orden de seguir adelante con la ejecución se puede impartir mediante
auto o sentencia. En el primer caso, procederá cuando no se propongan las
excepciones indicadas por el artículo 442 del CGP y contra la decisión no
procederá recurso alguno, mientras que la sentencia que resuelva las que sí son
procedentes, expedida por la sala, sección o subsección, será susceptible del
recurso de apelación, de conformidad con los artículos 125 y 243 del CPACA.

60. Ciertamente, lo anterior fue previsto también por el CGP al regular la liquidación
del crédito cuando estableció que «[e]jecutoriado el auto que ordene seguir adelante
la ejecución o notificada la sentencia que resuelve sobre las excepciones siempre que
no sea totalmente favorable al ejecutado, cualquiera de las partes podrá presentar la
liquidación del crédito con especificación del capital y de los intereses causados hasta la
fecha de su presentación [...]», e, igualmente, por el parágrafo del artículo 298 del
CPACA, según el cual «[l]os defectos formales del título ejecutivo podrán declararse por
el juez de oficio en la sentencia o en el auto que ordene seguir adelante la ejecución, según
fuere el caso».

61. En este punto, es preciso señalar que, cuando se trate de recursos de apelación
presentados contra sentencias en vigencia de la Ley 2080 de 2021, el trámite de la
segunda instancia deberá ser adelantado conforme con los mandatos del CPACA,
pues así lo interpretó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en el auto de

12 Al respecto, consultar: Rodríguez Tamayo. La acción ejecutiva ante la jurisdicción administrativa.

6ª Ed., 2021, pág. 782.
13 «Artículo 321. [...] También son apelables los siguientes autos proferidos en primera instancia:

[...] 4. El que niegue total o parcialmente el mandamiento de pago y el que rechace de plano las
excepciones de mérito en el proceso ejecutivo.» [se resalta]

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unificación proferido el 12 de septiembre de 202314, en el cual se fijó la siguiente
regla:

«PRIMERO: UNIFICAR JURISPRUDENCIA, estableciendo que el régimen
aplicable para la procedencia y trámite del recurso de apelación interpuesto
en vigencia de la Ley 2080 de 2021 contra una sentencia proferida en un
proceso ejecutivo es el previsto en el artículo 247 del CPACA. Esta regla no
se hace extensiva a la ejecución en materia de contratos de que trata el
artículo 299 ibidem.»

2.4.2. La carga probatoria en los procesos ejecutivos y la excepción de pago

62. De acuerdo con lo señalado en el acápite anterior, del ejercicio probatorio que
realice la entidad para sustentar las excepciones y, por consiguiente, desvirtuar las
pretensiones, dependerá si se declaran probadas o no aquellas previstas en el
artículo 442 del CGP. Es recurrente que el Estado, cuando actúa como deudor en
procesos de esta naturaleza, acuda a la excepción de pago, en razón a la obligación
contenida en el título [entregar sumas de dinero].

63. En efecto, el pago es una forma de extinción de las obligaciones, de conformidad
con el numeral 1 del artículo 1625 del Código Civil que dispuso:

«Artículo 1625. Toda obligación puede extinguirse por una convención en
que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo,
consientan en darla por nula.

Las obligaciones se extinguen además en todo o en parte:

1° Por la solución o pago efectivo;

[...]»

64. A su vez, los artículos 1626 y 1627 ibidem prevén que el pago efectivo «es la
prestación de lo que se debe» y que se hará «bajo todos los respectos en conformidad al
tenor de la obligación, sin perjuicio de lo que en los casos especiales dispongan las leyes».

65. Es decir que este tiene como objeto que el deudor satisfaga la obligación y, por
consiguiente, que deje de existir. Del mismo modo, desaparece el derecho del
acreedor a exigirla, pero para ello, aquel [el deudor] tendrá la carga de demostrar
que, efectivamente, se entregó la acreencia.

66. Al respecto, en la sentencia del 18 de noviembre de 1991, la Sala de Casación
Civil de la Corte Suprema de Justicia, sostuvo lo siguiente:

14 Radicación 11001-03-15-000-2023-00857-00.

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«De hecho, el artículo 1626 del C. c. define el pago como la “prestación
efectiva de lo que se debe”. Y el artículo 1627 ib. prescribe que “el pago se
hará bajo todos los respectos en conformidad al tenor de la obligación...”.

En el anterior orden de ideas, si, como ha sido dicho, la prestación a cargo
del deudor es dineraria, lo debido será dinero. De modo que solo entregando
la cantidad de signos monetarios que, con referencia a determinada unidad
de cuenta, constituyan el objeto de la prestación, el deudor quedará liberado
de la obligación. O para expresarlo con una fórmula del derecho de
obligaciones, el dinero se encontrará no solo “in solutione”, sino también “in
obligatione”». [se resalta]

67. Igualmente, la doctrina se ha pronunciado respecto del pago como forma de
extinguir las obligaciones, así15:

«Indistintamente, tanto en el lenguaje como en el corriente, se dice pagar,
solucionar, cumplir, cancelar, satisfacer una obligación, para significar la
ejecución de la prestación por parte del deudor y, más ampliamente, la
satisfacción del acreedor. Pago (de pacare = satisfacer, pacificar, aplacar) o
solución es la ejecución de la prestación debida, cualquiera que sea la clase
de la obligación, aun cuando en el habla usual el pago se refiere más a las
obligaciones de entregar y, dentro de ellas, más concretamente, a las
pecuniarias: pago = cancelar una deuda, usualmente, una obligación de
dinero.»

68. Es así, entonces, que la obligación se extinguirá únicamente cuando se cumpla
en su totalidad, esto es se pague al acreedor no solo el capital, sino también los
intereses cuando exista retardo, tal como lo prevé el artículo 1649 del Código Civil16.

69. Por consiguiente, para que el juez pueda dar por acreditado el pago, el deudor
debe aportar el documento que evidencie la entrega de los dineros al acreedor, tesis
que ha prohijado esta corporación, por ejemplo, en la sentencia proferida el 9 de
septiembre de 2021, en la cual se consideró lo siguiente17:

«De lo expuesto la Sala no puede concluir nada distinto a que la deuda sigue
pendiente del pago total puesto que si bien se emitieron los aludidos actos
administrativos con el fin de cumplir con lo ordenado en los fallos judiciales,
no es menos cierto que la entidad ejecutada no demostró haber realizado el
pago total, pues de los argumentos de su apelación no se puede extraer que
la obligación esté plenamente satisfecha ante la liquidación efectuada por el a
quo.»

70. De esa manera, la carga probatoria para acreditar el cumplimiento de la
obligación recae exclusivamente en la parte ejecutada, pues los artículos 103 del

15 Hinestrosa, Fernando. Tratado de las Obligaciones. 3ª Ed. I, Universidad Externado de Colombia,

2002, pág. 571.
16 «Artículo 1649. El deudor no puede obligar al acreedor a que reciba por partes lo que se le deba,

salvo el caso de convención contraria; i sin perjuicio de lo que dispongan las leyes en casos
especiales. El pago total de la deuda comprende el de los intereses e indemnizaciones que se
deban.»
17 Subsección A, radicación 25000-23-42-000-2017-03557-01 (0341-20).

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CPACA y 167 del Código General del Proceso, establecen que «[q]uien acuda ante
la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en cumplimiento del deber constitucional
de colaboración para el buen funcionamiento de la administración de justicia, estará en la
obligación de cumplir con las cargas procesales y probatorias previstas en este Código» y,
también que «incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que
consagran el efecto jurídico que ellas persiguen».

71. Asimismo, la doctrina18 ha señalado que, en los procesos ejecutivos, «[a]l
demandado le corresponde la carga de probar los hechos que sirven de supuesto a las
normas legales en que fundamenta sus excepciones», consideración que encuentra
razón, precisamente, en el artículo 1757 del Código Civil, conforme con el cual
«[i]ncumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o ésta».

72. En el mismo sentido, esta Sección, en sentencia de tutela del 28 de febrero de
201619, consideró lo siguiente:

«Nótese que cuando el título ejecutivo es una sentencia judicial, la norma es
enfática al limitar las excepciones que se pueden proponer, entre las que se
encuentra “el pago”.

De acuerdo con lo anterior, el medio de defensa idóneo, en caso de que se
libre mandamiento ejecutivo en contra de una entidad de derecho público, es
la proposición de excepciones de mérito. En este caso, la excepción de pago,
para lo cual tendrá la carga probatoria de acompañar los documentos o actos
administrativos que demuestren el pago, o en su defecto, pedir las pruebas
que pretenda hacer valer para demostrarlo.

[...]

Así mismo, la entidad que pretenda librarse de la obligación de pagar una
condena impuesta en una sentencia proferida por un juez de lo contencioso
administrativo, deberá, una vez librado el mandamiento ejecutivo, alegar las
excepciones enlistadas en el inciso 2º del artículo 509 del C.P.C., o el artículo
442 del CGP – según la norma aplicable a cada caso-.

En esa medida, no se hace obligatorio para quien inicia un proceso ejecutivo
arrimar copia auténtica de los actos administrativos que cumplieron parcial o
totalmente la condena contenida en la sentencia, porque la carga de la prueba
de quien alega el pago, es quien se pretende beneficiar con la declaratoria del
mismo.» [se resalta]

73. Súmese a lo expuesto que esta Subsección, respecto de la orden de seguir
adelante con la ejecución, ha señalado lo que se transcribe a continuación 20:

«La orden de seguir adelante, significa que el juez encuentra que el título
ejecutivo se ajusta por completo a la legalidad y que, por tanto, el deudor debe
proceder a honrar la obligación insatisfecha. En esta etapa, queda agotada la

18 Devis Echandía Hernando. Teoría general de la prueba judicial, Tomo II, Ed. 5ª, Temis, pág. 482.
19 Subsección A, radicación 11001-03-15-000-2016-00153-00 (AC).
20 Auto del 18 de mayo de 2017, radicación 15001-23-33-000-2013-00870-02 (0577-17).

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defensa del ejecutado y lo que queda por resolver, es únicamente la
satisfacción definitiva y completa del crédito cobrado judicialmente. De ahí
que las acciones que debe desplegar la justicia a partir de la ejecutoria de la
orden de seguir adelante con la ejecución, estarán entonces encaminadas
exclusivamente a obtener el pago a favor del acreedor y una vez ese hecho
se produzca, se deberá disponer la terminación del proceso ejecutivo.»

74. Entonces, la naturaleza de esta decisión se circunscribe a verificar que el título
ejecutivo se ajuste a la legalidad y a determinar si subsiste o no la obligación a cargo
del deudor; es en la etapa siguiente, esto es la liquidación del crédito, que se
determinará con exactitud el monto de la deuda y se podrán tener en cuenta los
abonos o pagos efectuados. Así lo comprendió la Corte Constitucional21 cuando
indicó que, en ese momento procesal «(i) ya se ha proferido un mandamiento de pago
en el que se ha señalado la suma adeudada; (ii) ya existe una sentencia en firme que decide
en el fondo sobre la existencia de dicha obligación y el momento desde cuando se hizo
exigible; y (iii) también está plenamente establecido el monto de la deuda en la unidad
monetaria en la que fue contraída dicha obligación. Así las cosas, las operaciones que
restan para liquidar el crédito son la determinación del monto a pagar en moneda nacional,
si es el caso, y el cálculo del valor de los intereses, que se establece a partir del tiempo
trascurrido desde que la obligación se hizo exigible [...]» [se resalta].

75. Igualmente, esta Subsección ha señalado que la liquidación del crédito «es un
acto procesal encaminado a precisar y concretar el valor de la ejecución, con la previa
realización de las operaciones matemáticas que se requieran e incluyendo los distintos
ítems o componentes por los cuales se libró el mandamiento de pago y luego se ordenó
seguir adelante con la ejecución -capital, intereses, costas, etc.-»; también se puntualizó
que en esta oportunidad «deberá incluirse cualquier abono o pago parcial que haya
sido efectuado por el deudor luego de ser notificado del mandamiento ejecutivo»22.

76. Esto, en consonancia con lo expuesto en párrafos anteriores: las excepciones
señaladas en el artículo 442 del CGP solo se alegarán cuando se trate de hechos
posteriores a la sentencia condenatoria pero antes de que se profiera el
mandamiento ejecutivo. Si el acto administrativo y la liquidación se expiden después
de este momento procesal, se tendrá como el cumplimiento a aquel [el
mandamiento] y, por consiguiente, como un abono a la deuda que deberá ser tenida
en cuenta al momento de liquidar el crédito.

77. El artículo 446 del estatuto procesal general prevé que, después de seguir
adelante con la ejecución, «cualquiera de las partes» podrá presentar la liquidación
del crédito con los documentos que la sustenten y, de esta, se dará traslado a la
otra parte, quien «solo podrá formular objeciones relativas al estado de cuenta, para cuyo
trámite deberá acompañar, so pena de rechazo, una liquidación alternativa en la que se
precisen los errores puntuales que le atribuye a la liquidación objetada», disposición que,
sin asomo de duda, garantiza los derechos al debido proceso de las partes, pues,

21 Sentencia C-814 de 2009.
22 Óp. Cit. 14.

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si es del caso, la entidad podrá objetar los cálculos del demandante, en el sentido
de descontar los abonos que hubiera efectuado.

78. Incluso, esa garantía se extiende en la etapa que le sigue, pues el artículo citado
también dispuso que de la misma manera se procederá cuando se trate de
actualizarla en los casos previstos en la ley, «para lo cual se tomará como base la
liquidación que esté en firme».

79. Las consideraciones anotadas anteriormente permiten corroborar que (i) la
excepción de pago procederá cuando la obligación se cumplió después de haberse
proferido la sentencia objeto de recaudo y antes de la presentación de la demanda;
(ii) cuando se trate de pagos realizados después de esa etapa procesal, se deberá
tomar como un abono; y (iii) nada impide que en la liquidación del crédito se puedan
efectuar los descuentos correspondientes [por pagos parciales].

2.5. Hechos probados

80. En el expediente está demostrado lo siguiente:

80.1. En la sentencia proferida el 8 de mayo de 2014 por el Tribunal Administrativo
de Boyacá se resolvió lo siguiente:

«PRIMERO. DECLARAR no probadas las excepciones propuestas por la
parte demandada.

SEGUNDO. DECLARAR la nulidad de las Resoluciones RDP 021456 del 28
de diciembre de 2012 y RDP 012150 del 12 de marzo de 2013, por las cuales
se niega el reconocimiento y pago de la pensión gracia de jubilación al señor
Luis Francisco Estupiñán Bernal.

TERCERO. Como consecuencia de la anterior declaración y a título de
restablecimiento del derecho, CONDENAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP, como sucesora
procesal de la Caja Nacional de Previsión Social – Cajanal (entidad liquidada)
a reconocer, liquidar y pagar al señor Luis Francisco Estupiñán Bernal [...] la
pensión gracia de jubilación incluyendo en la base de liquidación, los
siguientes factores: asignación básica, prima de alimentación, prima de grado,
prima de vacaciones y prima de navidad, devengados durante el año
inmediatamente anterior a la adquisición del status pensional, esto es, entre
el 12 de marzo de 2010 y el 12 de marzo de 2011. El reconocimiento se hará
efectivo a partir del 13 de marzo de 2011.

CUARTO. Las sumas que resulten a favor de la parte demandante, se
ajustarán tomando como base el Índice de Precios al Consumidor, de
conformidad con lo reglado en el artículo 187 del C.P.A.C.A., y devengarán
intereses moratorios a partir de la ejecutoria de esta providencia, ateniendo lo
previsto en el artículo 192 ibidem.

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[...]»

80.2. En la sentencia proferida el 26 de julio de 2018, se revocaron los ordinales
relacionados con la condena en costas y agencias en derecho para, en su lugar,
«abstenerse de condenar en costas» y, en lo demás, se confirmó. La decisión quedó
ejecutoriada el 7 de septiembre de 2018.

80.3. El 1 de octubre de 2018, el ejecutante presentó la solicitud de pago de la
sentencia que ordenó el reconocimiento de la pensión gracia. A esta anexó las
sentencias de primera y segunda instancia y copia de la cédula.

80.4.La Ugpp dio cumplimiento a la sentencia mediante la Resolución RDP
044219 del 16 de noviembre de 2018 así:

«ARTÍCULO PRIMERO: Dar cumplimiento al fallo judicial proferido por
CONSEJO DE ESTADO – SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
– SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B el 26 de julio de 2018 y en
consecuencia, reconocer y ordenar el pago a favor del (a) señor (a)
ESTUPIÑAN BERNAL LUIS FRANCISCO, ya identificado (a), de una pensión
mensual vitalicia de jubilación Gracia, en cuantía de $2.000.070 (DOS
MILLONES SETENTA PESOS M/CTE), efectiva a partir del 13 de marzo de
2011, sin acreditar retiro por ser del ramo docente.

ARTÍCULO SEGUNDO: El Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional
pagará al interesado (a) la suma a que se refiere el artículo anterior, con los
reajustes correspondientes, previas las deducciones ordenadas por la ley, con
observancia del turno respectivo.

[...]

ARTÍCULO SÉPTIMO: En cumplimiento al fallo objeto del presente acto
administrativo, los intereses moratorios en los términos del artículo 192 del
C.P.A.C.A., estarán a cargo de la UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y
PARAFISCALES UGPP, a favor del interesado (a) y se liquidarán por la
Subdirección de Nómina de Pensionados, siendo parte integral de esta
resolución la liquidación respectiva.

PARÁGRAFO: Una vez incluida en nómina la presente resolución, la
Subdirección de Nómina de Pensionados, deberá reportar a la Subdirección
Financiera, la liquidación detallada de los intereses moratorios, a fin de que
se efectúe la ordenación del gasto y el pago correspondiente según
disponibilidad presupuestal vigente.»

80.5. El 24 de enero de 2019 el ejecutante pidió nuevamente el cumplimiento de la
sentencia, con sustento en que la «respuesta» con radicado 2018-500-504-176-212
se comunicó que «[s]i bien la Unidad expidió el acto administrativo de reconocimiento, no
[había] sido posible su inclusión en nómina de pensionados, [porque se encontraba]
realizando el estudio de los documentos que acredita[ban] el tipo de vinculación del
pensionado y de las acciones que podrían ser iniciadas». Esta fue reiterada el 4 de abril,
10 de junio y 8 de julio de 2019, en el sentido de que se incluyera en nómina.

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80.6. El 24 de junio de 2019 se realizó el pago de los siguientes conceptos:

Concepto Valor
Pensión gracia $2.723.385,54
Pago retroactivo al 12% $227.041.981,74
Pago retro Msda Adnal 0% 18.185.435,17
Reliquidación Pago único al 12% 44219 $33.385.375,94
Reliq pago único msda adic 0% 44219 $2.744.273,93
Total $284.080.452,32
Egreso ADRES $31.587.400
Neto pagado $252.493.052,32

80.7. El 22 de julio de 2019 la Ugpp comunicó al ejecutante -entre otras cosas- que
la resolución de cumplimiento fue incluida en la nómina de junio de 2019, se
encontraba «adelantando el trámite de liquidación de los intereses moratorios conforme a
lo señalado en el fallo objeto de cumplimiento y en el Acto Administrativo que dio
cumplimiento a la sentencia judicial»; además, que (i) una vez se realizara la
liquidación, sería remitido a la Subdirección Financiera para proceder al
correspondiente pago; y (ii) para el año 2019 devengaba una mesada de
$2.723.285,54.

2.6. Análisis de la Sala

81. En el recurso de apelación, la Ugpp argumentó que el a quo valoró
indebidamente las pruebas porque con la Resolución 0044219 del 16 de noviembre
de 2018 se dio cumplimiento a la orden impartida en las sentencias objeto de
recaudo.

82. Al revisar la demanda, se observa que la pretensión se circunscribió a que se
pagara el capital [diferencias de mesadas] y los intereses, con fundamento en que,
si bien se expidió la Resolución 044219 del 16 de noviembre de 2018, faltó una
«diferencia en el aumento anual legal de la mesada pensional» de los años 2012 a 2019;
sin embargo, ello fue resuelto por el a quo desde el mandamiento de pago al señalar
que se «contabiliz[aron] los porcentajes para el incremento anual que corresponde a IPC
e inflación, los cuales no correspond[ían], en tanto para efectos de pensión se les aplica[ba]
un porcentaje de la variación del IPC, es decir, sin inflación», aspecto frente al cual no se
propuso reparo alguno. De ahí que, en la primera etapa procesal, se determinara
que el único saldo a favor del actor era de $8.220.810.

83. Ahora, observa la Sala que, en el mandamiento ejecutivo, el a quo estableció
que el capital total adeudado ascendía a $249.776.711 y los intereses a $8.540.572
y, al descontar lo pagado por concepto de retroactivo [$250.096.473], quedaba un
saldo por «concepto de interés moratorio» de $8.220.810, pues se causaron desde el
8 de septiembre de 2018 al 30 de junio de 2019. Precisamente, sobre esta suma se

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ordenó el pago con la siguiente precisión: «[d]icho valor queda sujeto a la debida
actualización hasta la fecha del pago total de la obligación que aquí se ejecuta».

84. Luego, en la sentencia se anotó que, si bien las mesadas e indexación desde la
causación del derecho hasta la ejecutoria de la sentencia no sufrían alteración
alguna, en las mesadas posteriores solo se debía realizar el descuento a la mesada
de noviembre, por lo tanto, quedaba un saldo a favor del ejecutante de $316.734.
Además, respecto de los intereses moratorios expuso que se adeudaba la suma de
$8.548.721, para un total de capital e intereses de $258.642.167, al cual se le
descontó lo pagado por la Ugpp [$250.096.473] para un neto adeudado de
$8.545.694; sin embargo, varió el concepto inicialmente establecido en el
mandamiento ejecutivo, al señalar que esta suma correspondía al capital en virtud
de la aplicación del artículo 1653 del Código Civil; por ello, en la parte resolutiva
consignó que esta suma devengaría «intereses a partir del 1º de julio de 2019 y hasta
que se satisfaga en su totalidad».

85. Lo anterior demuestra una incongruencia entre el mandamiento ejecutivo y la
sentencia que ordenó seguir adelante con la ejecución, pues mientras en aquel
señaló que se trataba de una suma neta de intereses que debía ser actualizada, en
esta indicó que correspondía al capital sobre el cual se debían calcular intereses.
Obsérvese:

Mandamiento de pago Sentencia
«PRIMERO: Librar mandamiento de pago «SEGUNDO: SEGUIR ADELANTE CON
a favor del señor LUIS FRANCISCO LA EJECUCIÓN en contra de la Unidad de
ESTUPIÑÁN BERNAL y en contra de la Gestión Pensional y Parafiscales UGPP,
Unidad Administrativa Especial de Gestión por la suma de $8.545.694, que equivale a
Pensional y Contribuciones Parafiscales de capital adeudado al EJECUTANTE, suma
la Protección Social - U.G.P.P, por la suma que devengará intereses a partir del 1º de
de OCHO MILLONES DOSCIENTOS julio de 2019 y hasta que se satisfaga en su
VEINTE MIL OCHOCIENTOS DIEZ totalidad.» [se resalta]
PESOS ($8.220.810) M/CTE por concepto
de intereses moratorios liquidados desde el
día siguiente a la ejecutoria y hasta cuando
se efectuó el pago. Dicho valor
queda sujeto a la debida actualización
hasta la fecha del pago total de la
obligación que aquí se ejecuta.» [se
resalta]

86. No desconoce la Sala que la jurisprudencia de esta corporación ha señalado que
el mandamiento ejecutivo es una decisión provisional y que es susceptible de
modificación en etapas posteriores; sin embargo, estas proceden respecto del
cálculo de las sumas ordenadas, pero no de asuntos sustanciales propios de la
obligación. Por ejemplo, en auto del 28 de noviembre de 201823, la Subsección A
de esta Sección expuso que aquel -el mandamiento ejecutivo- «no se convierte en

23 Radicación: 23001-23-33-000-2013-00136-01(1509-16).

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una situación inamovible para el juez, pues con posterioridad a la expedición de esta
providencia es posible variar el monto de las sumas adeudadas con el fin de adoptar una
decisión que se ajuste a la realidad procesal de cara al título ejecutivo, así como a los demás
elementos de juicio que obren en el expediente», conclusión que se fundó en los
siguientes presupuestos -entre otros-:

«i) La estimación de la suma que el ejecutante considera adeudada no hace
parte del título de recaudo que se pretende hacer valer en los procesos
ejecutivos, sino que se trata de una tasación estimativa de los valores que a
su juicio se deben pagar, razón por la que estas cuantías pueden ser
controvertidas por el ejecutado a través de la presentación del recurso de
reposición, la presentación de excepciones o en la etapa de liquidación del
crédito24.

i) Si con posterioridad a librar el mandamiento de pago, el juez se percata
que aquél se profirió por mayor valor al que correspondía de conformidad con
la sentencia judicial cuyo cobro se pretendía, está facultado para subsanar la
inconsistencia advertida, pues los artículos 42 del Código General del
Proceso y 207 del CPACA le imponen el deber de realizar el control de
legalidad de la actuación procesal, una vez agotada cada etapa del proceso25.

ii) En consonancia con lo anterior, en un caso en que se libró mandamiento
de pago con inclusión de prestaciones sociales que no fueron reconocidos en
la sentencia objeto de ejecución, esta Corporación sostuvo que «los autos
ilegales26, como lo es aquel que libró el mandamiento por una suma superior
a la que correspondía, no atan al juez ni a las partes pues carecen de
ejecutoria»27, por lo cual la autoridad judicial puede hacer un control de
legalidad posterior y subsanar las imprecisiones que evidencie.

Además, “el papel del juez ordinario en el Estado Social de Derecho es el del
funcionario activo, vigilante y garante de los derechos materiales que consulta
la realidad subyacente de cada caso para lograr la aplicación del derecho

24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de

mayo de 2018, consejera ponente: Dra. María Elizabeth García González, expediente: 11001-03-15-
000-2018-00824-00, actor: Marta Isabel Ramírez Vanegas.
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, consejera ponente:

Dra. Stella Jeannette Carvajal Basto, sentencia de 4 de octubre de 2017, expediente: 41001-23-33-
000-2017-00161-01(AC), actor: María Nayibe Gutiérrez Castro. En igual sentido puede consultarse
la sentencia de 15 de junio de 2018, proferida por la Sección Primera de esta Corporación, consejero
ponente: Dr. Hernando Sánchez Sánchez, expediente: 11001-03-15-000-2017-03370-01(AC), actor:
Olinto Torres Vega.
26 Ver al respecto, fallo de tutela del 30 de agosto de 2012, Exp. 11001-03-15-000-2012-00117-01,

C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, en la que se reiteró: “En ese orden de ideas, se reitera lo dicho
por esta Corporación que ha sido del criterio de que los autos ejecutoriados, que se enmarcan
en la evidente o palmaria ilegalidad, no se constituyen en ley del proceso ni hacen tránsito a
cosa juzgada. En el sub lite, (…) es un auto ilegal que, no ata al juez ni a las partes ni tiene
ejecutoria. (…). Varias han sido las manifestaciones de la Corte Suprema de Justicia y del
Consejo de Estado en el sentido de que, "el auto ilegal no vincula procesalmente al juez en
cuanto es inexistente"; y en consecuencia, “la actuación irregular del juez, en un proceso, no
puede atarlo en el mismo para que siga cometiendo errores” (Negrilla fuera del texto)
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, consejera ponente:

Dra. Stella Jeannette Carvajal Basto, sentencia de 4 de octubre de 2017, expediente: 41001-23-33-
000-2017-00161-01(AC), actor: María Nayibe Gutiérrez Castro.

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sustancial, la búsqueda de la verdad y, por ende, la justicia material, por lo
que al advertir un error debe proceder a subsanarlo para no seguir incurriendo
en el mismo, más aún, cuando pueden estar comprometidos recursos
públicos”28.» [se resalta]

87. Igualmente, en auto del 25 de abril de 201929, esta Subsección sostuvo lo que
se transcribe a continuación:

«49. La Sala advierte que el monto fijado en el auto recurrido es provisional
y podrá resultar modificado como resultado del debate, toda vez que es en el
desarrollo del proceso ejecutivo en donde válidamente pueden discutirse los
valores adeudados, para decidir, en definitiva, el monto concreto que salga a
deber, si a ello hubiere lugar.» [se resalta]

88. En ese orden de ideas, debe tenerse en cuenta que el a quo libró el
mandamiento ejecutivo únicamente por los intereses moratorios causados desde la
ejecutoria de la sentencia hasta junio de 2019, cuando se pagó «parcialmente» la
obligación, sin que esta decisión hubiera sido objeto de reproche por parte del
ejecutante.

89. A más de lo anterior, fue sobre esa decisión que la Ugpp ejerció su derecho a la
defensa, tan es así que en la contestación de la demanda indicó que la suma
adeudada por concepto de intereses era de $2.776.135,22, de acuerdo con lo
ordenado en la Resolución 044219 del 16 de noviembre de 2018 y, al sustentar la
excepción de pago, afirmó lo que sigue:

«Ahora bien, no se pierde de vista que el concepto por intereses moratorios
por el cual se libró mandamiento de pago, dista de las actuaciones
administrativas realizadas por la entidad, pues el valor ordenado por el
Despacho es superior al liquidado por la Subdirectora de Nómina de
Pensionados de la entidad, el cual arrojó un valor de $2.776.135,22, es decir
una diferencia significativa de cara con la librada por el Despacho, la cual
correspondió a un valor total de $8.220.810 por concepto de intereses
moratorios.»

90. Así las cosas, variar el mandamiento de pago sobre el concepto de la suma
adeudada no solo constituye una afrenta al derecho de defensa de la entidad
ejecutada, sino que además vulnera su derecho al debido proceso, máxime si se
tiene en cuenta que en la sentencia, al ordenar seguir adelante con la ejecución, el
a quo se limitó a señalar que, en virtud del artículo 1653 del Código Civil ese valor
adeudado correspondía al capital [que, por demás, causaba intereses moratorios]
sin exponer las razones que justificaban dicha modificación a la orden inicial.

91. De ese modo, aunque en el recurso de apelación no fue expuesto este
planteamiento de manera expresa, considera la Sala que el argumento relacionado

28 Ibidem.
29 Radicación 25000-23-42-000-2016-05124-01(5379-18).

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con el pago de la obligación que se expuso en el recurso de apelación debe
examinarse a partir de la existencia de un saldo pendiente por concepto de intereses
y no de capital como se indicó en la sentencia de primera instancia.

92. Ahora bien, en el artículo séptimo de la Resolución RDP 044219 del 16 de
noviembre de 2018 se consignó que los intereses moratorios causados en virtud del
artículo 192 del CPACA estarían a cargo de la Ugpp y se liquidarían por la
Subdirección de Nómina de Pensionados. Sin embargo, al momento de realizar el
pago en junio de 2019 solo se desembolsó lo correspondiente a capital [mesadas e
indexación], pues el pago lo realizó el Fopep:

93. No pasa por alto la Sala que en el auto ADP 006496 del 7 de diciembre de 2020,
en cumplimiento del mandamiento de pago, se calcularon los intereses sobre un
capital de $255.158.756,36, así:

94. Sin embargo, en Auto ADP 004107 del 14 de julio de 2023, bajo los mismos
parámetros del auto anterior, estableció que el valor de los intereses ascendía a
$2.776.135,22 y, a continuación, se anotó: «Con base en lo anterior se pone en
conocimiento a la Subdirección de Defensa Judicial con el fin de brindar los criterios
necesarios en el ejercicio de la defensa de la UNIDAD».

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Demandante: Luis Francisco Estupiñán Bernal

95. Posteriormente, se aportó al expediente la constancia ODP 000026 del 29 de
enero de 2014 suscrita por la tesorera de la Ugpp, en la cual se consignó lo que se
transcribe:

«Que al señor ESTUPIÑÁN BERNAL LUIS FRANCISCO [...] se le efectuó un
pago por concepto de intereses moratorios de que trata el art. 177 del CCA o
192 del CPACA y/o Costas procesales y/o Agencias en Derecho, de acuerdo
con lo determinado en la Resolución RDP. No. 44219 del 16/11/2018, de
acuerdo con lo determinado en la Resolución SFO No. 1278 del 22/11/2023,
de acuerdo con las facultades otorgadas a la Subdirección Financiera en la
Resolución 18 del 12 de Enero de 2021, por un valor total de DOS MILLONES
SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS
CON VEINTIDÓS CENTAVOS M/CTE ($2.776.135.22).

Este pago fue abonado a través de la Dirección del Tesoro Nacional en la
Cuenta Bancaria No. 473870192464 del Banco BANCO DAVIVIENDA S.A.,
perteneciente a su apoderado Doctor RODRIGUEZ TORRES JEIMMY
CAROLINA, el día 7 de diciembre de 2023, con base en la Orden de Pago
Presupuestal de Gasto del Sistema Integral de Información Financiera – SIIF
Nación – con consecutivo No. 4306922523.»

96. Como supra se indicó, cuando se trata del cobro de sentencias judiciales o
conciliaciones, la entidad ejecutada podrá alegar únicamente las excepciones
previstas en el artículo 442 del Código General del Proceso, entre ellas la de pago,
«siempre que se basen en hechos posteriores a la respectiva providencia», esto es la
sentencia que constituye título ejecutivo.

97. De otro lado, el artículo 430 ibidem prevé que, en el mandamiento de pago, se
ordenará al demandado cumplir la obligación en la forma pedida, si fuere
procedente, o en la que aquel considere legal. De conformidad con el artículo 431,
cuando se trata de sumas de dinero, «se ordenará su pago en el término de cinco (5)
días, con los intereses desde que se hicieron exigibles hasta la cancelación de la deuda».

98. Analizadas las normas antes citadas, puede establecer la Sala que, si la
naturaleza de la excepción de pago tiene como fin desvirtuar o enervar las
pretensiones de la demanda, podrá ser alegada cuando se trate de hechos
posteriores al título de recaudo, pero antes del mandamiento ejecutivo, pues con
posterioridad a este, en caso de expedirse un acto administrativo que acate el título,
se comprenderá que se trató del cumplimiento de la orden impartida en aquel.

99. A la luz de ese razonamiento, el único acto administrativo que podría tenerse en
cuenta para la excepción de pago sería el expedido en el año 2018, frente al cual
no queda duda que no fue materializado, pues para el momento de la radicación de
la demanda no se habían desembolsado las sumas adeudadas por concepto de
intereses.

100. En ese orden de ideas, aunque se aportó una certificación que daba cuenta del
pago por concepto de intereses, lo cierto es que ello se realizó después de que se

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profiriera el mandamiento de pago y, de cualquier modo, no satisface en su totalidad
la obligación, pues la suma es menor a la ordenada por el a quo.

101. De ese modo, concluye la Sala que el recurso de apelación no tiene vocación
de prosperidad, pues la certificación sobre el pago de intereses fue expedida
después del mandamiento ejecutivo y aun si se tuviera en cuenta, debe
considerarse un abono y no una actuación para enervar la pretensión. Ello, se
insiste, no excluye ni impide que, en la etapa siguiente [liquidación del crédito], la
entidad pueda presentar los cálculos con los abonos efectuados u objetar la
presentada por la parte ejecutante.

102. Por último, respecto del argumento relativo a la protección del erario, basta
señalar que esta Subsección ha señalado que los intereses moratorios son
considerados como un «elemento accesorio del reconocimiento de pensiones con
ocasión de sentencias judiciales»30, es decir, hacen parte integral de la condena; por
consiguiente, no se puede acudir a la protección del patrimonio público para
incumplir una obligación que no solo está contenida en el título ejecutivo, sino
además en el artículo 192 del CPACA.

103. E consecuencia, se modificará el ordinal segundo de la sentencia de primera
instancia, en el sentido de precisar que la suma adeudada equivale a los intereses
moratorios causados desde la ejecutoria de la sentencia hasta el pago parcial [junio
de 2019], suma que deberá ser actualizada, tal como se indicó en el mandamiento
de pago.
2.7. Costas de la segunda instancia

104. El artículo 188 del CPACA prevé que, salvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil,
hoy Código General del Proceso.

105. Sobre la aplicación de esta norma, en la sentencia proferida el 1 de diciembre
de 201631, esta Subsección prohijó el siguiente criterio:

«La lectura interpretativa que la Sala otorga a la citada regulación especial
gira en torno al significado del vocablo disponer, cuya segunda acepción es
entendida por la Real Academia Española como «2. tr. Deliberar, determinar,
mandar lo que ha de hacerse». Ello implica que disponer en la sentencia sobre
la condena en costas no presupone su causación per se contra la parte que
pierda el litigio y solo, en caso de que estas sean impuestas, se acudirá a las
normas generales del procedimiento para su liquidación y ejecución (artículo
366 del CGP).

30 Sentencia del 14 de marzo de 2019, radicación 25000-23-42-000-2015-02729-01 (1507-18).
31 Subsección B, expediente 1908-2014.

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En tal virtud, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones (civil,
comercial, de familia y agraria), donde la responsabilidad en materia de costas
siempre es objetiva (artículo 365 del CGP), corresponde al juez de lo
contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición
de la medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso
a una aplicación razonable de la norma.

Ese juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte vencida esté
revestido de acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso normal de
las diferentes etapas del procedimiento, cuando por ejemplo sea manifiesta la
carencia de fundamento legal de la demanda, excepción, recurso, oposición
o incidente, o a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad; se
aduzcan calidades inexistentes; se utilice el proceso, incidente o recurso para
fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos; se
obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas; se entorpezca el
desarrollo normal y expedito del proceso; o se hagan transcripciones o citas
deliberadamente inexactas (artículo 79 CGP).»

106. De acuerdo con lo transcrito, la condena en costas no se impone por el hecho
de haber sido vencido en juicio, sino que se debe examinar si existió alguna
maniobra dilatoria o temeraria que trastocara las etapas del proceso.

107. En esta instancia, no evidencia la Sala que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, razón por la cual, se abstendrá de imponer condena en costas.

2.8. Conclusión

108. Por las razones anotadas en precedencia, se modificará el ordinal segundo de
la sentencia y, en lo demás, se confirmará, pues la Ugpp no ha cumplido con la
obligación ordenada en el mandamiento ejecutivo, esto es el pago de los intereses
adeudados desde la ejecutoria de la sentencia objeto de recaudo hasta junio de
2019 cuando se dio cumplimiento parcial.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. Modificar el ordinal segundo de la sentencia proferida el 8 de marzo de
2023 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, en el sentido de que la suma
adeudada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Socia -Ugpp- corresponde a los
intereses liquidados desde el día siguiente a la ejecutoria del título ejecutivo hasta

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cuando se efectuó el pago. Este valor queda sujeto a la debida actualización hasta
la fecha del pago total de la obligación.

Segundo. En lo demás, confirmar la sentencia proferida el 8 de marzo de 2023 por
el Tribunal Administrativo de Boyacá.

Tercero. Sin condena en costas en esta instancia.

Cuarto. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA.

Quinto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previamente las anotaciones
de rigor en el aplicativo SAMAI.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
Aclara el voto

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
PTH

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