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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2018-00824-00

Acción de tutela contra providencia judicial: ampara el derecho al debido proceso

Fecha
31 de mayo de 2018
Consejero ponente
María Elizabeth García González
Citada por
61 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2018-00824-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A PRIMERO: AMPÁRASE el derecho fundamental al debido proceso de la señora Marta Isabel Ramírez Vanegas. En consecuencia, DEJÁNSE sin efecto las providencias de 27 de noviembre de 2017 y 5 de febrero de 2018, proferidas por el Juzgado 18 Administrativo Oral del Circuito de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia. SEGUNDO: ORDÉNASE al Juzgado 18 Administrativo Oral del Circuito de Medellín que, en el término de 20 días contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, resuelva sobre la procedencia del mandamiento de pago con fundamento en los parámetros expuestos en la presente sentencia. TERCERO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2018-00824-00

Consejero ponente: María Elizabeth García González

31 de mayo de 2018

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Ampara el derecho al debido proceso / TÍTULO EJECUTIVO - Requisitos para librar mandamiento de pago de una sentencia de condena proferida por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo / DEFECTO PROCEDIMENTAL - Se configura al negar el mandamiento de pago aduciendo inexactitudes en la liquidación del crédito sin ser la etapa procesal prevista para ello

De los argumentos expuestos por el Juzgado y el Tribunal para denegar el mandamiento de pago, la Sala advierte claramente que estos fundamentaron la falta de claridad del título en la inexactitud de la liquidación presentada por la actora con su escrito de demanda y en la presentada por la Contadora de los Juzgados Administrativos del Circuito de Medellín por solicitud del Juzgado. Lo anterior, a juicio de la Sala, constituye un evidente defecto procedimental, pues, como se advirtió en precedencia, el título ejecutivo solamente está conformado por la sentencia, su constancia de ejecutoria y el acto administrativo por medio del cual la administración pretendió dar cumplimiento a la condena y no por la liquidación presentada por la actora o la Contadora, de suerte que, una vez constate que el título ejecutivo es claro, expreso y exigible y que la demanda ejecutiva se presentó en tiempo, el Juzgado debió librar el mandamiento de pago en los términos solicitados o en los que él considere legal y no ordenar, previamente, la liquidación de la condena impuesta, para lo cual existe la etapa procesal indicada y los recursos y excepciones pertinentes, las cuales fueron pretermitidas en su totalidad, lo que, sin lugar a dudas vulnera el derecho al debido proceso de la actora.

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 297 NUMERAL 1 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO 422 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO 430 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO 446

NOTA DE RELATORÍA: En cuanto al criterio que fue rectificado, acerca de la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, consultar: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, exp. 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ), C.P. María Elizabeth García González. Sobre la procedencia excepcional y los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ver: Corte Constitucional, sentencia de 8 de junio de 2005, exp. C-590, M.P. Jaime Córdoba Triviño. Acerca de la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, criterio que reiteró el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad generales y específicos precisados por la Corte Constitucional, consultar: Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia del 5 de agosto de 2014, exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. En cuanto a los requisitos que debe reunir un título ejecutivo, consultar: Consejo de Estado, Sección Segunda, providencias de 17 de marzo de 2014, exp. 2014-00147-00 y de 4 de febrero de 2016, exp. 2015-03434-00, C.P. Gerardo Arenas Monsalve. Respecto de un caso similar en el que se negó el mandamiento de pago, consultar: Consejo de Estado, Sección Segunda, auto de 25 de junio de 2014, exp. 2013-01043-01, C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. En cuanto al hecho de que no le es dable al juez librar mandamiento de pago por una suma distinta a la pedida en la demanda, consultar: Consejo de Estado, Sección Segunda, providencia de 6 de agosto de 2015, exp. 2008-00669-02, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 11001-03-15-000-2018-00824-00(AC)

Actor: MARTA ISABEL RAMÍREZ VANEGAS

Demandado: JUZGADO 18 ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN Y EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela instaurada por la actora, contra las providencias de 27 de noviembre de 2017 y 5 de febrero de 2018 proferidas por el Juzgado 18 Administrativo Oral del Circuito de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia.

I.- ANTECEDENTES

I.1.-La Solicitud

La señora MARTA ISABEL RAMÍREZ VANEGAS, a través de apoderado, interpuso acción de tutela contra el Juzgado y el Tribunal, con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, acceso a la administración de justicia, debido proceso, defensa, “análisis real de las pruebas”, “aplicación de la sana crítica”, prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, entre otros.

I.2 Hechos
Manifestó que, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado, cuyo conocimiento le correspondió al Juzgado que, en sentencia de 20 de abril de 2010, ordenó el reintegro y pago de las acreencias laborales adeudadas desde el momento de su desvinculación hasta su reintegro. Dicha decisión fue confirmada por el Tribunal en sentencia de 21 de marzo de 2012.

Afirmó que, en cumplimiento de lo anterior, el Hospital accionado la reintegró el 1° de agosto de 2012. Asimismo, mediante Resolución 517 de 22 de octubre de 2013 le liquidaron las acreencias laborales adeudadas, no obstante, se efectuó de manera imperfecta, pues se tuvo como fecha de reintegro la de ejecutoria de la sentencia, las vacaciones y primas fueron liquidadas sobre la mitad del salario y no le reconocieron los intereses a las cesantías de los años 2003 a 2007, razón por la que se le adeudan tales conceptos junto con su indexación y los intereses de mora.

Adujo que, en atención a lo anterior, acudió a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a través de un proceso ejecutivo, para efecto de obtener el cumplimiento adecuado de la sentencia emitida por el Juzgado y confirmada por el Tribunal, para lo cual allegó los siguientes documentos: i) copia de las providencias judiciales junto con la constancia de ejecutoria; ii) la resolución de liquidación expedida por el Hospital demandado, así como “las liquidaciones de la entidad” y otra liquidación efectuada por una auxiliar de la justicia (Perito contable).

Señaló que, la demanda ejecutiva fue conocida por el Juzgado que, mediante auto de 17 de mayo de 2017, remitió la demanda al profesional en contaduría de la Oficina de Apoyo Judicial de los Juzgados Administrativos del Circuito de Medellín, con el fin de que, previo a librar mandamiento de pago, efectuara la correspondiente liquidación, como en efecto se realizó el 20 de noviembre de ese año.

Adujo que, mediante auto de 27 de noviembre de 2017, el Juzgado negó el mandamiento de pago por considerar que: i) difería de la liquidación presentada por la profesional en contaduría de la Oficina de Apoyo Judicial de los Juzgados Administrativos del Circuito de Medellín, sin que para el efecto hubiese sustentado su desacuerdo en otra liquidación; y ii) que la sentencia de primera instancia no prestaba mérito ejecutivo, habida cuenta que la obligación no era determinada ni determinable, así como tampoco era expresa y clara, razón por la que no podía demandarse su ejecución, aunado al hecho de que era un título complejo.

Sostuvo que, contra dicha decisión interpuso recurso de apelación que fue conocido por el Tribunal que, en auto de 5 de febrero de 2018, confirmó la providencia.

A su juicio, las autoridades judiciales accionadas al denegarle el mandamiento de pago bajo el argumento de que el título ejecutivo, esto es, las sentencias dictadas por ellos mismos, no era claro ni expreso y, por tanto, no exigible, vulneraron su derecho de acceso a la administración de justicia, más aún si se tiene en cuenta que según la constancia secretarial del Tribunal de 18 de julio de 2012, da fe de que la primera copia de la sentencia presta mérito ejecutivo, de conformidad con lo previsto en el artículo 115, numeral 2, inciso 2° del Código de Procedimiento Civil –CPC-.

Argumentó que, denegar el mandamiento de pago porque la sentencia en sí misma no constituye un título ejecutivo, sino que debe estar acompañada de la resolución liquidatoria emitida por la entidad, por tratarse de un título ejecutivo complejo, las autoridades judiciales accionadas ilógicamente están invalidando su propia actuación, cuya carga le fue adjudicada sin estar obligada a soportarla, pues no emitió los fallos cuyo cumplimiento reclama.

Aunado a lo anterior, aseguró que con la demanda ejecutiva, además de allegar las sentencias de primera y segunda instancia, aportó la constancia de ejecutoria y primera copia del acto expedido por la entidad condenada, por lo que, contrario a lo afirmado por las autoridades judiciales accionadas, sí aportó los documentos idóneos para integrar en debida forma el título complejo, lo que da cuenta que las accionadas no efectuaron un estudio minucioso del material probatorio allegado al proceso. Adicional a ello, adujo que también arrimó al proceso una liquidación de lo adeudado.

Puso de manifiesto que se le vulnera su derecho a la igualdad en atención a que en similares circunstancias de hecho y de derecho, al interior del proceso ejecutivo 2015-01188 (Actora: María Caridad Herrera Suárez, seguido contra el Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado), tramitado ante el Juzgado 7 Administrativo Oral del Circuito de Medellín, se observó el siguiente procedimiento:

-. La actora aportó los mismos documentos que se allegaron en esta oportunidad, razón por la que ese despacho inadmitió la demanda para que se subsanaran las pretensiones.

-. El Juzgado, tras efectuar un estudio minucioso del título ejecutivo complejo compuesto por las sentencias de instancia con la constancia de ejecutoria y el acto expedido por la entidad para dar cumplimiento a la orden judicial, libró el correspondiente mandamiento de pago.
-. En audiencia de pruebas ordenó a la contadora de los juzgados que efectuara la correspondiente liquidación, con la que no estuvo de acuerdo y, en consecuencia, la requirió nuevamente para que efectuara otra liquidación con fundamento en unos parámetros establecidos, de la cual, una vez presentada, corrió traslado a las partes, quienes la objetaron y le concedió la oportunidad a la ejecutada de presentar una nueva liquidación a su costa.

Anotó que, el trámite enunciado en precedencia no se observó en el presente caso, razón por la que también se le vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y defensa, pues:

-. Pese a que la contadora de los juzgados administrativos no efectuó la liquidación conforme con parámetros del juzgado, este no la requirió para que la corrigiera o explicara su liquidación o, incluso, correrle traslado a las partes para objetarla con otra liquidación y, por el contrario, de manera unilateral determinó que no servía.

-. La demanda ejecutiva no fue inadmitida por falta de título ejecutivo o título incompleto, lo que le pretermitió la oportunidad para corregir su solicitud o interponer los recursos de ley.

Resaltó que en similares términos, en el proceso ejecutivo 2016-00478-00 tramitado contra la Escuela Superior de Administración Pública –ESAP por el Juzgado 24 Administrativo Oral del Circuito de Medellín, se libró mandamiento de pago con fundamento en la sentencia condenatoria dictada por ese Despacho y confirmada por el Tribunal con la correspondiente constancia de ejecutoria y la Resolución expedida por esa entidad a través de la cual ordena el pago de los valores correspondientes a la condena.

I.3 Pretensiones

Solicitó el amparo de sus derechos fundamentales y, en consecuencia, que se dejen sin efecto las providencias de 5 de febrero de 2018 y 27 de noviembre de 2017, dictadas por el Juzgado y el Tribunal y, en su lugar, se le ordene al Juzgado que valore en debida forma el material probatorio arrimado al proceso que dan cuenta de la conformación del título ejecutivo complejo y, en consecuencia, libre el correspondiente mandamiento de pago.

I.4 Defensa

El Hospital Manuel Uribe Ángel puso de manifiesto que, en efecto, como lo consideraron las autoridades judiciales accionadas, los documentos allegados como fundamento de su solicitud, adolecen de los requisitos formales para ser considerados como un título ejecutivo, por cuanto no solo basta con aportar la primera copia de la sentencia, sino que también debe allegar la primera copia de los actos administrativos expedidos por la entidad para dar cumplimiento a la sentencia condenatoria.

Señaló que, con fundamento en lo anterior, la actora estaba en la obligación de allegar la primera copia de las Resoluciones 157 de 19 de julio de 2012, que ordenaron su reintegro y 517 de 2013; y el pago de la liquidación de la sentencia, cuyos documentos no fueron allegados al proceso ejecutivo con la constancia de ser la primera copia y por ende que presta mérito ejecutivo, de conformidad con lo ordenado en el artículo 422 del Código General del Proceso –CGP-, el cual prevé las características que debe ostentar el título ejecutivo, así como el “artículo 115 del CPC”.

Aseguró que pagó en su totalidad los valores ordenados por las accionadas, por tanto, consideró que lo realmente pretendido por la actora es salvar su inactividad, pues busca revivir los términos de prescripción y caducidad de la acción ejecutiva, más aún si se tiene en cuenta que en ningún momento interpuso los recursos procedentes contra el auto que dispuso la liquidación de los valores adeudados.

A su juicio, al haber efectuado el pago de lo ordenado en la sentencia, la obligación cuyo cobro pretende a través del proceso ejecutivo es inexigible, pues nunca cuestionó dicha suma y cinco años después de emitida la resolución manifestó su inconformidad con lo pagado.

Precisó que, las sumas de dinero reclamadas en el proceso ejecutivo no emergen del título mismo y además “[…] la parte actora no aportó ningún documento que permitiera integrar el título para concluir que se adeuda dicha suma de dinero a la demandante, máxime que la accionante no adjunta la reclamación que le hubiera efectuado a la entidad accionada en dicho sentido [….]”, razón por la que consideró que no existe claridad frente a la obligación reclamada.

Justificó las sumas arrojadas en su liquidación y concluyó que, la obligación demandada no era clara, por cuanto en el documento constitutivo del título no se encuentran explícitos los valores reclamados.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela contra providencias judiciales

En relación con la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente nro. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente, cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios-de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas.

En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución [...]” (Negrillas fuera del texto).

En el presente caso, se advierte que la actora pretende que se dejen sin efecto las providencias de 27 de noviembre de 2017 y 5 de febrero de 2018, proferidas por el Juzgado y el Tribunal, dentro del proceso ejecutivo radicado bajo el número 2017-00216-00.

A las citadas providencias se les atribuye la vulneración de los derechos constitucionales fundamentales la igualdad, acceso a la administración de justicia, debido proceso, defensa, “análisis real de las pruebas”, “aplicación de la sana crítica”, prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, entre otros.

De los argumentos expuestos por la actora, la Sala evidencia que los mismos se encuadran en los defectos fáctico y procedimental, por lo siguiente:

Defecto fáctico. A juicio de la actora, las autoridades judiciales accionadas no tuvieron en cuenta el material probatorio allegado al proceso con el cual pretendía conformar el título ejecutivo complejo, esto es, la primera copia de las sentencias de primera y segunda instancia con su correspondiente constancia de ejecutoria y copia de la Resolución 517 de 2013, por medio de la cual la entidad ejecutada acató de manera imperfecta las órdenes judiciales.

Defecto procedimental. Puso de manifiesto que, en caso de que el título ejecutivo tuviese alguna inconsistencia, el Juez debió inadmitir la demanda para ser subsanada y, por ende, bridarle la posibilidad de interponer los recursos a que hubiere lugar y, posteriormente, librar el correspondiente mandamiento de pago, en cuyo caso, en la etapa procesal correspondiente, previo recaudo probatorio, traslado de las mismas y otorgar la posibilidad a las partes de objetar las liquidaciones presentadas, efectuar la correspondiente liquidación del crédito, no obstante, nada de ello ocurrió lo que, por demás, sí ha sido observado por otros jueces del Circuito de Medellín en casos similares al aquí estudiado.

Como primera medida, la Sala advierte que los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial se cumplieron a cabalidad, razón por la cual entrará a estudiar si las autoridades judiciales accionadas incurrieron en los yerros alegados por la accionante.

Del material probatorio allegado al proceso, la Sala advierte lo siguiente:

-. Con ocasión de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por la actora contra el Hospital Manuel Uribe, el Juzgado dictó sentencia el 20 de abril de 2010, en la que ordenó, a título de restablecimiento del derecho, lo siguiente:

“[…] SÉPTIMO. Como consecuencia de lo anterior, se ordena el pago de los salarios y prestaciones dejados de devengar desde el momento del retiro y hasta la fecha del reintegro efectivo, incluyendo los aportes a la seguridad social. Las sumas pagadas al momento del retiro como liquidación definitiva de cesantías, se computarán como un pago anticipado de las mismas. Para todos los efectos legales se presume que no hubo solución de continuidad en la relación laboral.

OCTAVO. De la liquidación a realizar, se descontará el valor actualizado pagado como indemnización por supresión del cargo.

NOVENO. No se accede al pago de perjuicios morales por no haberse demostrado su causación. Además, los perjuicios causados con la desvinculación se entienden compensados con el pago de las acreencias que se ordena por esta sentencia […]”.

-. Contra la anterior decisión, la actora interpuso recurso de apelación que fue resuelto por el Tribunal en sentencia de 21 de marzo de 2012, en el siguiente sentido:

“[…] PRIMERO: CONFIRMAR la veinte (20) (sic) de abril de dos mil diez proferida por el JUZGADO DIECIOCHO (18) ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, por lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: Se ordena ADICIONAR la sentencia recurrida, indicando que se ordena la actualización de las condenas en los términos del artículo 178 del C.C.A., autorizando los descuentos procedentes y dando aplicación a la siguiente fórmula:

R=R.H x IPC final
IPC inicial

En donde el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (R.H.), que es lo dejado de percibir por la demandante desde la fecha en que fue desvinculada del servicio en virtud de los actos acusados, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE, vigente en la fecha de ejecutoria de esta providencia por el índice vigente en la fecha en que debió hacerse el pago, según se dispuso en la parte motiva de la providencia.
[…]”.

-. El hospital accionado, mediante Resolución 517 de 22 de octubre de 2013, reconoció y ordenó el pago de la liquidación de la sentencia dictada por el Tribunal y, en consecuencia, resolvió lo siguiente:

“[…] ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer y ordenar el pago de la liquidación de la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia, Subsección Laboral de Descongestión del 21 de marzo de 2012, ejecutoriada el 27 de abril de 2012, dentro del proceso de Martha Isabel Ramírez Vanegas, identificada con la cédula de ciudadanía número 4.758.052, contra la ESE hospital Manuel Uribe Ángel, Radicado 2004-1130.

ARTÍCULO SEGUNDO: El valor que corresponde a la citada liquidación por concepto de capital e intereses, en lo pertinente a lo ordenado por la sentencia, es la suma de ciento noventa y tres millones seiscientos treinta y cinco mil noventa y tres pesos ($193.635.093,00), dineros que se pondrán a disposición de la cuenta que para el efecto indicó la señora Martha Isabel Ramírez Vanegas, en su carta del 2 de octubre de 2013, en la cuenta […]

ARTÍCULO TERCERO: Dispone la consignación de los dineros ya indexados y actualizados, correspondientes a los aportes para pensión al Fondo de Pensiones Colpensiones, por la suma de $23.568.636,00, a nombre de Martha Isabel Ramírez Vanegas, identificada con la cédula de ciudadanía número 42.758.052 y al Fondo de Cesantías Protección, la suma de $13.492.966.

[…]”.

-. En atención a que la actora consideraba que la liquidación efectuada por la entidad no atendía a los parámetros fijados en las sentencias de los jueces de instancia, instauró demanda ejecutiva en contra del Hospital Manuel Uribe Ángel, en la que solicitó lo siguiente:

“[…] 1.- Sírvase librar MANDAMIENTO DE PAGO en contra de la: E.S.E. HOSPITAL MANUEL URIBE ÁNGEL DE ENVIGADO (ANT), representada por su GERENTE DRA. MARTHA LUCÍA VELEZ ARANGO mayor y vecina de Envigado (Ant) o quien haga sus veces al momento de la notificación, y a favor de la señora, MARTA ISABEL RAMÍREZ VANEGAS, […] mediante el cual se ordene su cumplimiento inmediato y se le ordene pagar, conforme a la LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO que se acompaña a este escrito, lo siguiente:

Por concepto de CAPITAL dejado de pagar desde el 22 de octubre de 2003 a abril 26 de 2017, la suma de cuarenta y nueve millones ochocientos ochenta mil trescientos setenta y cinco pesos ($49.880.372,oo)
Por el saldo de INTERESES MORATORIOS E INDEXACIÓN liquidados sobre la anterior suma, impagada, teniendo en cuenta que el interés aplicable es el ordenado al momento del pago, de conformidad con el artículo 177 del C.C.A., la cantidad de noventa y dos millones ochocientos dieciocho mil cuatrocientos cincuenta y un mil pesos ($92.818.451,oo), Liquidados desde el 22 de octubre de 2003, hasta la fecha del 26 de abril de 2017. Y los que se sigan causando hasta la fecha del pago total de la obligación, tal como lo ordena la sentencia.

2.- Dado que a la fecha se adeudan entonces la suma de ciento cuarenta y dos millones seiscientos noventa y ocho mil ochocientos veinticinco pesos ($142.698.825,oo) correspondiente a CAPITAL y los INTERESES MORATORIOS CAUSADOS, teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 1653, 2494, 2495 y 2496 del C.C., se ordene imputar cualquier pago primero a intereses y luego a capital.
3.- Condénese al pago de costas y agencias en derecho, según lo dispone el Art. 188 del C.P.A.C.A.

4.- Condénese a la demandada a reconocerme y pagarme la indemnización integral consagrada en el artículo 16 de la Ley 448 de 1998 [...]”.

-. El Juzgado mediante auto de 8 de mayo de 2017, consideró que previo a decidir sobre la procedencia del mandamiento de pago, era necesario oficiar a la profesional en contaduría de la Oficina de Apoyo Judicial de los Juzgados Administrativos del Circuito de Medellín, con el fin de que liquidara la condena emitida, para lo cual debía tener en cuenta lo determinado en la Resolución 517 de 22 de octubre de 2013 expedida por el ejecutado, en la que se pone de presente que la actora fue retirada del servicio el 21 de octubre de 2003 y reintegrada el 1° de agosto de 2012.

-. En cumplimiento de lo anterior, la funcionaria requerida mediante Oficio de 20 de noviembre de 2017 allegó la correspondiente liquidación.

-. El Juzgado en auto de 27 de noviembre de 2017, tras explicar aspectos relacionados con el proceso ejecutivo y la conformación del título ejecutivo, consideró que con los documentos acompañados con la demanda se podía tener por configurado el título ejecutivo complejo, pues la actora aportó las copias auténticas con constancia de ejecutoria de las sentencias de primera y segunda instancia y la copia de la Resolución 517 de 2013. Para el efecto, el Juzgado puso de manifiesto lo siguiente:

“[…] En el presente caso, como ya se anunció, la parte demandante allegó como título base del recaudo ejecutivo las copias auténticas con constancia de ejecutoria de las sentencias proferidas por este Despacho el día veinte (20) de abril de dos mil diez (2010) y por el Tribunal Administrativo de Antioquia el día veintiuno (21) de marzo de dos mil doce (2012) en el proceso radicado 05 001 23 31 000 2004 01130 00 en el cual fungen como partes la señora MARTA ISABEL RAMÍREZ VANEGAS como demandante y la E.S.E. HOSPITAL MANUEL URIBE ÁNGEL DE ENVIGADO como demandada, además de la copia de la Resolución No. 517 del veintidós (22) de octubre de dos mil trece (2013), expedida por la Gerencia de la entidad demandada, por medio de la cual dio cumplimiento a las sentencias aludidas, por lo que se entiende configurado el título ejecutivo complejo […]”.

No obstante, el Juzgado adujo que el referido título ejecutivo complejo no era claro ni expreso y, en consecuencia, no era exigible. Sobre el particular señaló que, los valores solicitados en la demanda ejecutiva no guardan relación con lo ordenado en las sentencias cuyo cumplimiento persigue. Argumentó que la liquidación presentada por la profesional requerida tiene inconsistencias, por lo que se aparta de la misma, así como tampoco es clara la inconformidad de la actora con los valores liquidados en la Resolución 517 de 2013, siendo ello así, concluyó que la obligación no aparece determinada ni resulta determinable en el título ejecutivo, así como tampoco es liquidable por una simple operación aritmética, pues no se deduce a primera vista el valor presuntamente adeudado.

Lo anterior fue expresado por el Juzgado en los siguientes términos:

“[…] Es de advertir que este Despacho por auto del 8 de mayo de 2017, envió el expediente a la profesional en Contaduría de la Oficina de Apoyo Judicial de los Juzgados Administrativos del Circuito de Medellín con el fin de que se liquide la condena, la cual dio respuesta el 20 de noviembre de 2017, según lo visible a folios 58 a 61.

En el citado documento, se destaca que la contadora Gladys Stella Ramírez Gómez, manifiesta que los salarios, vacaciones, prima de navidad, auxilio de cesantías y sus intereses, año por año desde el 21 de octubre de 2003 hasta el 1 de agosto de 2012, fecha del reintegro ascienden a la suma de $167.761.642 (fls 58 vto y 59).

Ahora bien, no se explica el Despacho porque la profesional contable realiza la indexación teniendo en cuenta los conceptos adeudados (salario y demás prestaciones sociales) pero según lo adeudado en cada año, la tabla visible a folio 59 vto, arrojó un valor de $31.808.448 por concepto de indexación, cuando se extrae de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia que por tratarse de pagos de tracto sucesivos, la formula se aplicará separadamente mes por mes, para cada mesada salarial y para los demás emolumentos teniendo en cuenta que el índice inicial es el vigente al momento de la acusación de cada uno de ellos según lo visible a folio 44 del proceso, circunstancia que ignoró, lo que hace que la indexación realizada por la citada profesional sea muy superior a la real.

Así mismo, este Despacho advierte otro yerro en la liquidación realizada por la profesional al desconocer la información suministrada en el auto por medio del cual se ordenó la remisión del proceso, en el cual se le indicó “[…]” pese a lo referido, la profesional realiza la liquidación de los intereses moratorios por el supuesto valor total de la condena con su respectiva indexación sin tener en cuenta que ya se realizó un pago por la entidad ejecutada por la suma de $193.635.093 junto con la suma de $23´568.636 por concepto de aportes para pensión y la suma de $13.492.966 por concepto de cesantías.

Por las anteriores razones el Despacho se aleja de lo emitido por la profesional contable pero tampoco son claros los valores y las razones de inconformidad del profesional del derecho de la parte ejecutante con relación a los valores liquidados en la Resolución No. 517 del veintidós (22) de octubre de dos mil trece (2013), por cuanto, en su sentir, lo que se ordenó pagar por concepto de salarios, vacaciones, prima de vacaciones, intereses a las cesantías resulta deficitario. Ahora, al confrontar los valores que expone la parte accionante en el acápite de pretensiones, se tiene que estos no resultan coincidentes ni claro según la parte motiva de la resolución pues de la misma se observa que el valor a pagar por salarios y prestaciones fue de $164.634.307 pero se indica más adelante que se gira la suma de $13.492.966 AL Fondo de Cesantías Protección, por lo anterior, la suma pagada por la entidad demandada por estos conceptos, fue superior a la que indicó incluso la contadora por salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos, situación que hace que no sea posible determinar de dónde surge el presunto valor adeudado por la parte ejecutada, en los términos propuestos por la parte ejecutante.

No debe olvidarse que la exigencia de que la obligación que se pretende ejecutar emane clara del título ejecutivo que se presenta a la jurisdicción, sea este simple o complejo, significa que la obligación aparece “determinada en el título, es fácilmente inteligible y se entiende en un solo sentido”, no obstante en el presente caso, la obligación no aparece determinada ni resulta determinable, tampoco resulta liquidable por una simple operación aritmética, por lo que no seducen a primer vista el valor que presuntamente adeuda la parte demandada, sin que quede duda respecto a su existencia, origen o características, por lo que no es posible predicar que el título ejecutivo complejo estudiado sea claro y expreso, lo que hace que el mismo no pueda demandarse ejecutivamente, pues carece de los requisitos previstos por el artículo 422 del Código General del Proceso, de tal modo el Despacho procederá a negar el mandamiento de pago […]”.

-. Contra la anterior decisión, la actora interpuso recurso de apelación en el que, en esencia, expuso argumentos similares a los contenidos en el escrito de tutela.
-. El Tribunal resolvió la alzada en auto de 5 de febrero de 2018, en el que consideró que la liquidación presentada por la actora no es clara, pues se elaboró por la totalidad de lo que, presuntamente se le debió pagar en el año 2013 e incluyó intereses aplicados mes a mes a cada uno de los emolumentos dejados de pagar desde el año 2003 hasta el 26 de abril de 2017, lo que, a su juicio, es una incoherencia entre los hechos y las pretensiones de la demanda ejecutiva y que tampoco corresponde con lo ordenado en la sentencia base de dicha reclamación, razón por la que adujo que no podían tenerse por satisfechos los requisitos del título ejecutivo, dado que no se cumplía con el requisito de claridad que debe contener el título presentado como base del recaudo.

Agregó lo siguiente:

“[…] El anterior requisito resulta indispensable para que se encuentre constituido el título ejecutivo, pues tal como lo ha manifestado la jurisprudencia al juez no le corresponde hacer deducciones o interpretaciones del documento que se presenta como título ejecutivo el cual debe ser tan claro que no produzca dudas frente a la obligación que se pretende ejecutar.

Vale aclarar, ante el hecho de que el señor Juez de Primera instancia ordenó elaborar una liquidación, ignorando por completo la liquidación presentada por el demandante y frente a los argumentos del recurso; según los cuales debió ordenarse a la contadora realizar una nueva liquidación o corregir lo anterior; que no le está dado al Juez Ejecutivo, decretar pruebas para constituir el título y menos, propiciar una discusión de la prueba, extraproceso, cuando aún no se ha trabado la Litis, porque no se trata de un proceso de conocimiento, sino que la base del mandamiento ejecutivo tiene que allegarse desde el inicio con las características ya señaladas: que la obligación sea clara, expresa y exigible.

Así las cosas, es claro que los documentos aportados para el cobro no cumplen con los requisitos del título ejecutivo, encontrándose entonces ajustado a derecho el auto de fecha 27 de noviembre de 2017 […]”.

En virtud de lo anterior, a la Sala le corresponde determinar si las entidades accionadas incurrieron en los defectos alegados por la actora.

1-. Defecto fáctico

La actora adujo que las autoridades judiciales accionadas no tuvieron en cuenta el material probatorio allegado al proceso con el cual pretendía conformar el título ejecutivo complejo, esto es, la primera copia de las sentencias de primera y segunda instancia con su correspondiente constancia de ejecutoria y copia de la Resolución 517 de 2013.

Al respecto, la Sala difiere de tales cuestionamientos, pues, precisamente los jueces de instancia tuvieron como título ejecutivo complejo el conformado por la primera copia de las sentencias de 20 de abril de 2010 y 21 de marzo de 2012 con la correspondiente constancia de ejecutoria y la Resolución 517 de 2013, documentos a partir de los cuales se efectuó el estudio para determinar la procedencia o no del mandamiento de pago.

Siendo ello así, la Sala considera que no se configuró el defecto alegado.

2.- Defecto procedimental

Sobre el particular, la actora señaló que, en caso de que el título ejecutivo tuviese alguna inconsistencia, el Juez debió inadmitir la demanda para ser subsanada y, por ende, bridarle la posibilidad de interponer los recursos a que hubiere lugar y, posteriormente, librar el correspondiente mandamiento de pago, en cuyo caso, en la etapa procesal correspondiente, previo recaudo probatorio, y traslado otorgar la posibilidad a las partes de objetar las liquidaciones presentadas, efectuar la correspondiente liquidación del crédito, no obstante, nada de ello ocurrió lo que, por demás, sí ha sido observado por otros jueces del Circuito de Medellín en casos similares al aquí estudiado.

Al respecto, la Sala estima conveniente efectuar las siguientes precisiones:

Del título ejecutivo cuando se persigue el cumplimiento de una sentencia

El CPACA prevé en su artículo 297, numeral 1, que las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en las que se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias constituyen un título ejecutivo.

En atención a que el CPACA no regula el trámite del proceso ejecutivo, se debe dar aplicación a lo previsto en el CGP, en virtud del artículo 306 ibidem, que ordena que en aspectos no regulados se seguirá el Código de Procedimiento Civil, ahora CGP.

Sobre el particular, el artículo 422 del CGP prevé que se pueden demandar ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en, entre otros documentos, una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción o de otra providencia judicial. La norma en comento ordena lo siguiente:

“ARTÍCULO 422. TÍTULO EJECUTIVO. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184” (Negrillas fuera del texto).

La norma citada en precedencia establece los requisitos de fondo y formales que debe reunir un título ejecutivo. Sobre el particular, la Sección Segunda de esta Corporación en reiterada jurisprudencia ha señalado como requisitos: i) de fondo: que la obligación sea clara, expresa y exigible y, además, que en el título aparezca consignada una suma líquida o liquidable por simple operación aritmética, siempre y cuando se trate de obligaciones dinerarias; ii) de forma: cuando se trate de sentencias judiciales, se debe acompañar la constancia de ejecutoria, asimismo, los documentos que hagan parte del título deben conformar una unidad jurídica, ser auténticos, emanen del deudor o el causante, entre otros.

Adicional a lo anterior, la Sección Segunda del Consejo de Estado ha señalado que cuando el fundamento del proceso ejecutivo sea una sentencia judicial acatada de manera imperfecta, el título ejecutivo es complejo, pues está conformado por el fallo, su constancia de ejecutoria y el acto que expide la administración para cumplirlo. Por el contrario, el título será simple, cuando la administración no ha cumplido la decisión judicial, en cuyo caso, aquel está conformado solamente con la sentencia ejecutoriada.

Para el efecto, dicha Sección en auto de 7 de abril de 2016, al decidir el recurso de apelación interpuesto por la actora contra el proveído que decidió no librar mandamiento de pago al interior de un proceso ejecutivo, consideró lo siguiente:

“[…] Se tiene además que el artículo 422 del Código General del Proceso, que resulta aplicable por remisión del artículo 299 del CPACA, señala las exigencias de tipo formal y de fondo que debe reunir un documento para que pueda ser calificado como título ejecutivo.

La Sección Tercera de esta Corporación ha explicado en anteriores oportunidades el alcance de los requisitos sustanciales del título ejecutivo, en los siguientes términos:

“ (…) - La obligación es expresa cuando surge manifiesta de la redacción misma del documento, en el cual debe aparecer el crédito - deuda en forma nítida, es decir, que la obligación esté declarada de forma expresa sin que haya lugar a acudir a elucubraciones o suposiciones; - La obligación es clara cuando está determinada de forma fácil e inteligible en el documento o documentos y en sólo un sentido; y - La obligación es exigible cuando su cumplimiento no está sujeto a plazo o a condición, es decir, ante la existencia de plazo o condición, la obligación se torna exigible cuando el término para su cumplimiento ya venció o cuando la condición ya acaeció.” (Negrillas fuera del texto)

Además de las anteriores condiciones de fondo, se exige que en los documentos base para la ejecución aparezcan consignadas obligaciones que sean líquidas o liquidables por simple operación aritmética, en el caso de obligaciones pagaderas en dinero.

En cuanto a los requisitos formales del documento contentivo del título ejecutivo, se deben tener en cuenta, además de los establecidos en el artículo 422 del CGP., que en materia contencioso administrativa, se encuentran en el artículo 297 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cual establece:

[…]

Se tiene además, que de acuerdo al numeral 2º del artículo 114 del CGP las copias de las providencias que se pretendan utilizar como título ejecutivo requerirán constancia de su ejecutoria.

De esta forma, los requisitos formales hacen alusión a la necesidad de que los documentos que hacen parte de dicho título constituyan una unidad jurídica, que los mismos sean auténticos, emanen del deudor o su causante, provengan de una sentencia de condena emitida por juez o tribunal de una respectiva jurisdicción, entre otros.

Sobre el valor de las copias para acreditar la autenticidad de los títulos ejecutivos, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado se pronunció en este sentido:

“Así las cosas, cuando entre en vigencia el acápite correspondiente a la prueba documental, contenida en el C.G.P., se avanzará de manera significativa en la presunción de autenticidad de los documentos, lo que es reflejo del principio de buena fe constitucional; lo anterior, toda vez que de los artículos 243 a 245 del C.G.P., se pueden extraer algunas conclusiones: i) los documentos públicos o privados, emanados de las partes o de terceros, en original o en copia, se presumen auténticos, ii) es posible que las partes los tachen de falsos o los desconozcan, lo que originará que se surta el respectivo trámite de la tacha, iii) los documentos se pueden aportar al proceso en original o en copia, iv) las copias, por regla general, tendrán el mismo valor probatorio que el documento original, salvo disposición especial en contrario, v) cuando se aporta un documento en copia, corresponde a la parte que lo allega indicar -si lo conoce- el lugar donde reposa el original para efectos de realizar el respectivo cotejo, de ser necesario, y vi) las partes pueden solicitar el cotejo de los documentos aportados en copias.
(…)

Lo anterior, no quiere significar en modo alguno, que la Sala desconozca la existencia de procesos en los cuales, para su admisión y trámite, es totalmente pertinente el original o la copia auténtica del documento respectivo público o privado. En efecto, existirán escenarios -como los procesos ejecutivos- en los cuales será indispensable que el demandante aporte el título ejecutivo con los requisitos establecidos en la ley (v.gr. el original de la factura comercial, el original o la copia auténtica del acta de liquidación bilateral, el título valor, etc.). Por consiguiente, el criterio jurisprudencial que se prohíja en esta providencia, está relacionado específicamente con los procesos ordinarios contencioso administrativos (objetivos o subjetivos) en los cuales las partes a lo largo de la actuación han aportado documentos en copia simple, sin que en ningún momento se haya llegado a su objeción en virtud de la tacha de falsedad (…)”

Sentado lo anterior, advierte la Sala que esta Corporación ha señalado que por regla general, en los procesos ejecutivos que se promueven con fundamento en las providencias judiciales, el título ejecutivo es complejo y está conformado por la providencia y el acto que expide la administración para cumplirla. En ese caso, el proceso ejecutivo se inicia porque la sentencia se acató de manera imperfecta. Por excepción, el título ejecutivo es simple y se integra únicamente por la sentencia, cuando, por ejemplo, la administración no ha proferido el acto para acatar la decisión del juez […]” (Negrillas y subrayas fuera del texto)

Del mandamiento de pago cuando el título ejecutivo se conforma por una providencia judicial y la resolución a través de la cual la administración da cumplimiento a la decisión judicial (Título complejo)

Respecto del mandamiento de pago, el artículo 430 del CGP prevé que la demanda debe ir acompañada del documento que presta mérito ejecutivo, que como se vio, en el caso que se pretenda el pago de una condena ordenada en sentencia judicial, lo sería la sentencia, su constancia de ejecutoria y el acto administrativo por medio del cual la entidad pública condenada cumplió imperfectamente lo ordenado. Asimismo, dicha normativa ordena que el juez debe librar el mandamiento de pago en la forma pedida por el actor, si es procedente, o en la que el operador judicial lo considere legal, y que los requisitos formales del título solamente pueden discutirse mediante recurso de reposición contra el mandamiento ejecutivo. La norma en comento ordena lo siguiente:

“[…] ARTÍCULO 430. MANDAMIENTO EJECUTIVO. Presentada la demanda acompañada de documento que preste mérito ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida, si fuere procedente, o en la que aquel considere legal.

Los requisitos formales del título ejecutivo sólo podrán discutirse mediante recurso de reposición contra el mandamiento ejecutivo. No se admitirá ninguna controversia sobre los requisitos del título que no haya sido planteada por medio de dicho recurso. En consecuencia, los defectos formales del título ejecutivo no podrán reconocerse o declararse por el juez en la sentencia o en el auto que ordene seguir adelante la ejecución, según fuere el caso.
[…]”.

De lo anterior, resulta claro para la Sala que para que el juez libre el mandamiento de pago cuando se pretenda el cumplimiento de una condena impuesta en una sentencia proferida por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, acatada parcialmente, basta con que el ejecutante aporte con su demanda el título ejecutivo en el que conste una obligación clara, expresa y exigible, que se compone por el fallo, su constancia de ejecutoria y el acto administrativo de cumplimiento de la orden judicial, en cuyo caso, el Juez deberá librar el mandamiento de pago en la forma pedida por el actor o en la que el Juez considere legal, pues las controversias que se susciten alrededor de los requisitos formales del título deben ser alegadas por la contraparte a través de los medios de defensa dispuestos por la Ley.

En efecto, sobre este asunto, en providencia de 1° de agosto de 2016, la Sección Segunda de esta Corporación, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la actora contra el auto que denegó el mandamiento de pago, planteó el siguiente problema jurídico: “[…] ¿Cuáles son los elementos esenciales que una vez echados de menos en la demanda, constituyen causal para no librar mandamiento de pago cuando el título base de demanda son las sentencias judiciales dictadas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo? […]”.

Para resolver lo anterior, la Sección Segunda reiteró lo expuesto en precedencia respecto de los requisitos del título ejecutivo y explicó que las sentencias ejecutoriadas proferidas por esta Jurisdicción, en las que se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias, constituyen un título de recaudo ejecutable, en cuyo caso, el juez, previo a librar el mandamiento de pago, debe establecer lo siguiente:

a.- La demanda fue interpuesta en la jurisdicción y ante el juez competente;
b.- El término para la presentación de la demanda no ha vencido; c.- La demanda formulada por el ejecutante cumple con los requisitos mínimos señalados en la ley;
d.- Que el título judicial sea claro, expreso y exigible, esto es, i) que haya una obligación determinada o determinable; ii) la ejecutante acredite que la obligación está a su favor; iii) se tiene certeza de quién es el deudor; iv) transcurrió el término legal o se cumplió la condición sin que el deudor cumpliera con la obligación que tenía a su cargo.
e.- si hay lugar al reconocimiento de intereses o no.

Sostuvo que, una vez se reúnan las anteriores condiciones, el juez podrá librar mandamiento de pago contra el deudor, para efecto de que este cumpla con su obligación, interponga los recursos, formule las excepciones tales como el pago total o parcial, o se allane a las pretensiones de la demanda. Para el efecto, la Sección Segunda de esta Corporación consideró lo siguiente:

“[…] De los requisitos para decretar el mandamiento ejecutivo.

Las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, mediante las cuales se condenan a una entidad pública al pago de sumas dinerarias, constituyen un título de recaudo ejecutable ante esta jurisdicción.

En cuanto a la primera acción que debe surtirse en este tipo de actuaciones judiciales, -generalmente la relacionada con el mandamiento ejecutivo-, el juez debe centrar su atención a establecer si: i) la demanda fue interpuesta en la jurisdicción correspondiente y ante el juez competente, ii) el término para la presentación de la demanda ante esta jurisdicción no ha vencido, y, iii) la demanda formulada por el ejecutante cumple con los requisitos mínimos señalados en la ley.

Verificado lo anterior, el Juez debe asegurarse que el título judicial reúna las condiciones de un título ejecutivo claro, expreso y actualmente exigible, esto es: i) que haya una obligación determinada o determinable, ii) la ejecutante acredite que la obligación efectivamente es a su favor, iii) se tiene certeza de quién es el deudor, iv) transcurrió el término legal o se cumplió la condición sin que el deudor cumpliera con la obligación que tenía a su cargo. Además, se debe verificar si hay lugar o no al reconocimiento de intereses, según el caso.

Los anteriores presupuestos de orden sustancial y formal le permiten al juez del proceso ejecutivo librar mandamiento de pago en contra del deudor para que este cumpla con la obligación, interponga los recursos a lugar, formule las excepciones del caso encaminadas a demostrar el cumplimiento de la obligación de forma total o parcial, o se allane a las pretensiones de la demanda [...]”.

La Sala destaca que en el asunto examinado por la Sección Segunda de esta Corporación en esa oportunidad, el Tribunal inadmitió la demanda ejecutiva con el fin de que la actora corrigiera la liquidación privada, pues no coincidía la suma exigible en la demanda con la que se determina de los documentos constitutivos del título. El Tribunal consideró no subsanada la demanda, por lo que se abstuvo de librar el mandamiento de pago.

Al resolver el caso concreto, esta Corporación tras estudiar los elementos referidos en precedencia, consideró que el documento allegado como título cumplía con los requisitos del artículo 422 del CGP, de suerte que, las demás situaciones que solicitó acreditar ya obraban en el expediente o no hacen parte del título, las cuales, por demás, deben servir de sustento de defensa al momento de dar respuesta al mandamiento de pago, como es el caso de la excepción de pago total o parcial. La Sección Segunda consideró lo siguiente:

“[…] 3.- El artículo 430 del Código General del Proceso establece que […] presentada la demanda acompañada de documento que preste mérito ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando al demandando que cumpla la obligación en la forma pedida, si fuere procedente, o en la que aquel considere legal […]

4.- Del contenido literal de la anterior disposición legal, se infiere que el Juez del proceso ejecutivo puede librar mandamiento de pago de manera total o parcial; el primero cuando las pretensiones formuladas por la parte ejecutante encuentran pleno respaldo probatorio en el título judicial ejecutivo y legalmente son procedentes, y el segundo, cuando previa valoración a las pretensiones formuladas se evidencia que algunas de estas legalmente no son procedentes o son incongruentes y se hace necesario excluirlas.

En virtud a los anteriores planteamientos resulta desacertado que el Tribunal Administrativo de la Guajira haya decidido no librar mandamiento ejecutivo con base en tales argumentos, toda vez que desde la perceptiva del proceso ejecutivo, el documento allegado como título cumple con los requisitos de que trata el artículo 422 del Código General del Proceso y otras situaciones que se solicita acreditar ya están adosadas al expediente o no hacen parte del título sino que deben servir de sustento de defensa por parte de la entidad al momento de dar respuesta al mandamiento de pago que se libre.

En tal sentido, no basta que el A quo alegue que la corrección de la demanda no fue acorde con lo pedido a través del auto inadmisorio, cuando el juez tiene atribuida una facultad que debe emplear en aras de satisfacer el acceso a la administración de justicia y por tanto en ese caso se deben valorar las pretensiones frente al mandamiento ejecutivo y si se considera que alguna o algunas de ellas no son procedentes debe adecuarlas a tales razones, pero ello no puede ser óbice para dar la orden de pago.

Finalmente ha de recordarse que una vez el juez dicta el mandamiento ejecutivo para ordenar el cumplimiento de la providencia judicial, el deudor dispone entre otros medios de defensa judicial de formular la excepción de pago total o parcial de la obligación conforme a las previsiones del artículo 1625 del Código Civil.

En términos similares, la Sección Segunda en auto de 25 de junio de 2014, conoció el recurso de apelación contra el proveído que denegó el mandamiento de pago. En esta oportunidad, el Tribunal rechazó de plano la solicitud sin requerir al actor para corregir las imprecisiones o deficiencias de la demanda, por considerar que cuando la sentencia contiene condenas al pago de sumas dinerarias no cuantificadas y su liquidación se efectúa de acuerdo con los parámetros fijados en la sentencia, al momento de librar el mandamiento de pago, la suma a ejecutar debe estar plenamente especificada, determinada y cuantificada en cifras numéricas, pues sólo en este evento se puede considerar que el título es expreso y claro, de tal manera que sin ello, la obligación no presta mérito ejecutivo.

Al respecto, la Sección Segunda consideró que es válido que el beneficiario de la condena persiga su cabal cumplimiento cuando considere que la entidad pública ha faltado a su deber o lo hizo de forma incompleta, de suerte que el operador judicial no se encuentra facultado para inhibir su trámite, por considerar, sin efectuar el estudio jurídico correspondiente, que lo pretendido excede de lo ordenado en el fallo o porque no encuentra los elementos de juicio suficientes, pues tal apreciación debe ser objeto de debate si la contraparte controvierte las pretensiones a través de los medios de defensa previstos por el legislador; ello en atención a que la ley procesal solamente exige que con la demanda se acompañen los documentos que constituyan el título ejecutivo y que el mandamiento de pago debe librarse en la forma pedida por el actor, o, dado el caso, en la que el juez lo considere, de tal manera que cualquier reparo sobre las sumas cobradas debe ser objeto de debate durante el trámite procesal.

La Sección Segunda en esa oportunidad consideró lo siguiente:

“[…] Resulta válida la pretensión del demandante de reclamar por vía de la acción ejecutiva el cabal cumplimiento del fallo proferido por esta jurisdicción, cuando considere que la entidad pública a quien se impuso la condena no la ha cumplido o lo hizo en forma incompleta, como al parecer se ha presentado en este caso, no hallándose facultado legalmente el operador judicial para inhibir su trámite por considerar ab initio, sin que se realice el estudio jurídico correspondiente, que lo pretendido excede de lo ordenado en el fallo, o que no cuenta con los suficientes elementos de juicio, pues tal apreciación será el objeto de debate que precisamente debe darse si la parte obligada controvierte las pretensiones en ejercicio de los medios de defensa otorgados por el legislador, bien por vía de reposición o mediante la formulación de las excepciones pertinentes.

Debe quedar diáfano que, en tratándose de acciones ejecutivas que tengan por fundamento el cobro de condenas impuestas por la jurisdicción de lo contenciosos administrativo, no es dable su rechazo con fundamento en juicios de valor que puedan constituirse en verdadero prejuzgamiento sobre las súplicas de la demanda, pues, de una parte, la ley tan sólo exige que se acompañe el libelo con el documento o documentos que constituyen título ejecutivo y, de otra, que el mandamiento respectivo deberá librarse en la forma pedida por el actor, si fuere procedente o, dado el caso, en la que el operador judicial considere legal, acorde con las circunstancias planteadas, pues cualquier reparo sobre las sumas o conceptos reclamados deberán ser objeto de debate dentro del trámite procesal mediante la formulación, por el demandado, de los recursos y medios de defensa autorizados por el legislador.

Vistas así las cosas, fuerza concluir que le asiste la razón al impugnante, ya que, con grado de certeza, la demanda no ha debido ser rechazada por el a quo bajo el argumento de la inexistencia del mérito ejecutivo de la sentencia de primera instancia allegada como soporte, pues, independientemente de las sumas de dinero que el actor estime se le adeudan, lo cierto e indiscutible es que el fundamento de su reclamación es el eventual incumplimiento de la decisión judicial que impuso condena a cargo de las entidades accionadas, por lo que será en el seno del proceso ejecutivo en donde válidamente puedan discutirse los valores adeudados, para decidir, en definitiva, el monto concreto que salga a deber, si a ello hubiere lugar. Además, por expresa disposición contenida en el artículo 335 del Código de Procedimiento Civil, al acreedor tan sólo le asiste la obligación de “…solicitar la ejecución, con base en dicha sentencia, ante el juez de conocimiento, para que se adelante el proceso ejecutivo a continuación y dentro del mismo expediente en que fue dictada. No se requerirá formular demanda, basta la petición para que se profiera el mandamiento ejecutivo de acuerdo con lo señalado en la parte resolutiva de aquélla…” (Subraya fuera de texto) […]”.

En términos similares, la Sección Segunda, en otra oportunidad estudió un caso en el que el Tribunal, previo a librar el mandamiento de pago por la suma liquidada por la actora con ocasión de una condena judicial, ordenó que el contador de esa Corporación liquidara las sumas por las cuales libraría el mandamiento de pago, porque consideró que así lo ameritaba el proceso y la complejidad de las operaciones matemáticas, y por ende decidió librar el mandamiento de pago conforme lo sugirió el contador.

En este caso, el órgano de cierre consideró que no era de recibo que el Tribunal, previo a librar el mandamiento de pago hubiese ordenado liquidar la condena impuesta a la entidad pública, pues ello desconoce los derechos al debido proceso y de defensa de las partes, toda vez que al interior del proceso se señalan unas etapas en las que se puede ventilar la discusión, como lo es la liquidación del crédito, regulada por el artículo 446 del CGP, más aún si se tiene en cuenta que, por disposición expresa del artículo 430 ibidem, no le es dable al juez librar el mandamiento de pago por una suma distinta a la pedida en la demanda. Así lo precisó la Sección Segunda en providencia de 6 de agosto de 2015:

“[…]En este orden no es de recibo que el Tribunal Administrativo de Bolívar, previamente a librar el mandamiento ejecutivo, hubiese ordenado liquidar la condena impuesta a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares a través de las sentencias de 28 de enero de 2004 y 6 de mayo del mismo año que reconocieron la prima de actualización al ejecutante, pues, actuar de esa manera desconoce el debido proceso y el derecho de defensa que le asiste a las partes, ya que dentro del trámite del proceso ejecutivo se señalan unas etapas para el efecto, esto es, para la liquidación del crédito.

En efecto, el artículo 446 del Código General del Proceso señala las oportunidades que tienen las partes y el juez para la liquidación del crédito, así:

“Artículo 446. Para la liquidación del crédito y las costas, se observarán las siguientes reglas:

1. Ejecutoriado el auto que ordene seguir adelante la ejecución, o notificada la sentencia que resuelva sobre las excepciones siempre que no sean totalmente favorable al ejecutado, cualquiera de las partes podrá presentar la liquidación del crédito con especificación del capital y de los intereses causados hasta la fecha de su presentación, y si fuere el caso de la conversión a moneda nacional de aquél y estos, de acuerdo con lo dispuesto en el mandamiento ejecutivo, adjuntando los documentos que la sustenten, si fueren necesarios.

2. De la liquidación presentada se dará traslado a la otra parte en la forma prevista en el artículo 110, por el término de tres (3) días, dentro del cual sólo podrá formular objeciones relativas al estado de cuenta, para cuyo trámite deberá acompañar, so pena de rechazo, una liquidación alternativa en la que se precisen los errores puntuales que le atribuyen a la liquidación objetada.

3. Vencido el traslado, el juez decidirá si aprueba o modifica la liquidación por auto que solo será apelable cuando resuelva una objeción o altere de oficio la cuenta respectiva. El recurso, que se tramitará en el efecto diferido, no impedirá efectuar el remate de bienes, ni la entrega de dineros al ejecutante en la parte que no es objeto de apelación.

4. De la misma manera se procederá cuando se trate de actualizar la liquidación en los casos previstos en la ley, para lo cual se tomará como base la liquidación que esté en firme.

Parágrafo.- El Consejo Superior de la Judicatura implementará los mecanismos necesarios para apoyar a los jueces en lo relacionado con la liquidación de créditos” (Se subrayó).

La norma señala las oportunidades procesales a efectos de liquidar los créditos, lo cual puede hacer cualquiera de las partes; y el juez, previo el correspondiente traslado, decidirá si aprueba o modifica la liquidación, pero este trámite no puede llevarse a cabo antes de que se surtan los pasos que la ley ha previsto para el proceso ejecutivo.

En el caso sub examine, al confrontar la actuación del Tribunal Administrativo de Bolívar con el artículo 430 del Código General del Proceso, se observa que aquélla es contraria al mandato de la norma toda vez que no era procedente librar mandamiento ejecutivo por suma distinta a la pedida en la demanda por cuanto el artículo 430 mencionado, impone al juez del deber de proferirlo cuando la demanda es acompañada del documento que preste mérito ejecutivo ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida si fuere procedente o en la que aquél considere legal. Por tanto, en la oportunidad para librar el mandamiento de pago no se puede efectuar la liquidación de la condena y luego librar el mandamiento ejecutivo porque para ese efecto, la ley ha previsto las etapas que tienen las partes para liquidar el crédito que no son otras que las previstas en el artículo 446 del Código General del Proceso […]”.

En providencia de 18 de mayo de 2017, la Sección Segunda de esta Corporación, con fundamento en el CGP, definió la etapa de liquidación de crédito en los siguientes términos:

“[…] Todo lo expuesto, lleva al Despacho, a extraer varias conclusiones sobre el contenido de la liquidación del crédito, a saber:

(a) la liquidación del crédito sólo resulta procedente efectuarla a partir de la ejecutoria de la providencia que ordena seguir adelante con la ejecución;

(b) la liquidación del crédito es un acto procesal que concreta el contenido de la obligación insatisfecha y se efectúa teniendo en cuenta los conceptos que se reconocieron en el mandamiento ejecutivo, incluyendo las agencias y costas procesales;

(c) la liquidación del crédito, puede ser presentada por cualquiera de las partes y entonces se dispondrá un traslado por 3 días para que pueda ser controvertida por las otras partes;

(d) la liquidación del crédito, debe ser aprobada por el juez, quien podrá aprobarla o modificarla, según lo que aparezca probado en el proceso y allí mismo, se deberá resolver cualquier objeción que se haya presentado oportunamente contra la propuesta de liquidación allegada por alguna de las partes y,

(e) el auto que aprueba la liquidación es apelable en el efecto diferido y podrán entregarse aquéllas sumas de dinero que no sean objeto de la apelación [...]”.

De todo lo expuesto en precedencia, la Sala extrae las siguientes conclusiones:

1.- Que cuando se persiga el cumplimiento de una sentencia judicial ejecutoriada que no fue acatada en su totalidad por la entidad pública condenada, el interesado puede acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo a través del proceso ejecutivo, para lo cual deberá allegar el título ejecutivo que, en este caso, es complejo.

2.- Que el título complejo se conforma por la sentencia, su constancia de ejecutoria y el acto administrativo por medio del cual la administración pretendió dar cumplimiento a la obligación, de tal manera que las liquidaciones presentadas por el ejecutante no hacen parte del mismo, pues solamente es la estimación de lo que, a su juicio, le adeuda la entidad pública, lo cual puede ser controvertido por el ejecutado a través del recurso de reposición, de las excepciones o en la etapa de liquidación del crédito. Siendo ello así, las imprecisiones o inexactitudes de la liquidación presentada con la demanda, de ninguna manera pueden dar lugar al rechazo de plano del mandamiento de pago.

3.- Que si el Juez encuentra que el título ejecutivo, que se repite, está conformado por la sentencia, su constancia de ejecutoria y el acto administrativo por medio del cual la administración pretendió dar cumplimiento a la obligación y del cual no hace parte la liquidación privada efectuada por la ejecutante, es claro, expreso y exigible, esto es: i) que haya una obligación determinada o determinable; ii) la ejecutante acredite que la obligación está a su favor; iii) se tiene certeza de quién es el deudor; iv) transcurrió el término legal o se cumplió la condición sin que el deudor cumpliera con la obligación que tenía a su cargo, deberá librar mandamiento de pago en la forma pedida por el actor, si fuere procedente, o en la que el Juez considere legal.

4.- Vulnera el derecho al debido proceso que el Juez, previo a librar el mandamiento de pago, ordene liquidar la condena impuesta a la entidad pública, pues para ello se dispuso la etapa de liquidación del crédito que está regulada por el artículo 446 del CGP.

Caso concreto

De los argumentos expuestos por el Juzgado y el Tribunal para denegar el mandamiento de pago, la Sala advierte claramente que estos fundamentaron la falta de claridad del título en la inexactitud de la liquidación presentada por la actora con su escrito de demanda y en la presentada por la Contadora de los Juzgados Administrativos del Circuito de Medellín por solicitud del Juzgado.

Lo anterior, a juicio de la Sala, constituye un evidente defecto procedimental, pues, como se advirtió en precedencia, el título ejecutivo solamente está conformado por la sentencia, su constancia de ejecutoria y el acto administrativo por medio del cual la administración pretendió dar cumplimiento a la condena y no por la liquidación presentada por la actora o la Contadora, de suerte que, una vez constate que el título ejecutivo es claro, expreso y exigible y que la demanda ejecutiva se presentó en tiempo, el Juzgado debió librar el mandamiento de pago en los términos solicitados o en los que él considere legal y no ordenar, previamente, la liquidación de la condena impuesta, para lo cual existe la etapa procesal indicada y los recursos y excepciones pertinentes, las cuales fueron pretermitidas en su totalidad, lo que, sin lugar a dudas vulnera el derecho al debido proceso de la actora.

Siendo ello así, es del caso dejar sin efecto las providencias de 27 de noviembre de 2017 y 5 de febrero de 2018, proferidas por el Juzgado y el Tribunal y, en su lugar, ordenarle al Juzgado que, en el término de 20 días contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, resuelva sobre la procedencia del mandamiento de pago con fundamento en los parámetros expuestos en la presente sentencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A

PRIMERO: AMPÁRASE el derecho fundamental al debido proceso de la señora Marta Isabel Ramírez Vanegas. En consecuencia, DEJÁNSE sin efecto las providencias de 27 de noviembre de 2017 y 5 de febrero de 2018, proferidas por el Juzgado 18 Administrativo Oral del Circuito de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia.

SEGUNDO: ORDÉNASE al Juzgado 18 Administrativo Oral del Circuito de Medellín que, en el término de 20 días contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, resuelva sobre la procedencia del mandamiento de pago con fundamento en los parámetros expuestos en la presente sentencia.

TERCERO: Notifíquese a las partes por el medio más expedito y eficaz.

CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada en la sesión del día 31 de mayo de 2018.

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Presidente

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

En adelante el Juzgado.
En adelante el Tribunal.
“Artículo 297. Título Ejecutivo. Para los efectos de este Código, constituyen título ejecutivo:
1.- Las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias.
[…]”.
Pueden consultarse las providencias de 17 de marzo de 2014 (expediente 2014-00147-00. Consejero ponente Gerardo Arenas Monsalve) y de 4 de febrero de 2016 (expediente AT2015-03434-00. Consejero ponente Gerardo Arenas Monsalve)
Expediente 2002-01616-01. Consejero ponente Gerardo Arenas Monsalve.
M.P. Ramiro Saavedra Becerra, sentencia del 30 de agosto de 2007, Radicación No. 08001-23-31-000-2003-0982-01.
Al respecto ver Consejo de Estado - Sección Tercera, auto de 16 de septiembre de 2004, radicación número 26.726. Consejera Ponente María Elena Giraldo Gómez y Consejo de Estado-Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Providencia del 30 de mayo de dos mil trece (2013). Consejero ponente: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Radicación número 18057.
Sentencia de 28 de agosto de 2013. Consejo de Estado, Sección Tercera. M.P. Enrique Gil Botero. Radicado No. 05001-23-31-000-1996-00659-01 (25.022). Actor: Rubén Darío Silva Alzate y otros. Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación y Otros.
Auto de 27 de mayo de 1998. Consejo de Estado, Sección Tercera, M.P. Germán Rodríguez Villamizar, demandante sociedad Hecol Ltda., Demandado: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca.
Expediente 2013-00222-01. Consejero Ponente William Hernández Gómez.
Numeral 1 del artículo 297 del CPACA
El numeral 6, artículo 104 del CPACA señala entre otras, que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocerá de […] Los ejecutivos derivados de las condenas impuestas […]
Designación de las partes y sus representantes, pretensiones precisas y claras, hechos y omisiones, fundamentos de derecho de las pretensiones, pruebas, estimación razonada de la cuantía y lugar y dirección de las partes procesales para recibir las respectivas notificaciones.
Que si bien no está prohibido, tampoco es una figura propia del proceso ejecutivo.
ARTICULO 1625. <MODOS DE EXTINCION>. Toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consientan en darla por nula.
Las obligaciones se extinguen además en todo o en parte:
1o.) Por la solución o pago efectivo.
2o.) Por la novación.
3o.) Por la transacción.
4o.) Por la remisión.
5o.) Por la compensación.
6o.) Por la confusión.
7o.) Por la pérdida de la cosa que se debe.
8o.) Por la declaración de nulidad o por la rescisión.
9o.) Por el evento de la condición resolutoria.
10.) Por la prescripción.
De la transacción y la prescripción se tratará al fin de este libro; de la condición resolutoria se ha tratado en el título De las obligaciones condicionales.

Expediente 2013-01043-01. Consejero ponente Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
Expediente 2008-00669-02. Consejera ponente Sandra Lisset Ibarra Vélez.

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