RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-42-000-2023-00411-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2023-00411-01

Fecha
10 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2023-00411-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 29 de septiembre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se ordenó seguir adelante con la ejecución, conforme lo expresado en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: CONDÉNESE en costas en segunda instancia a la parte ejecutada. TERCERO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones pertinentes en el programa «SAMAI».

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2023-00411-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

10 de septiembre de 2026

Radicado: 25000-23-42-000-2023-00411-01 (3216-2025)
Demandante: María del Rosario Márquez Estupiñán

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C. diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Proceso: Ejecutivo
Radicación: 25000-23-42-000-2023-00411-01 (3216-2025)
Demandante: María del Rosario Márquez Estupiñán
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio - Fomag1

Tema: Obligación de hacer incumplimiento de la orden judicial

Decisión: Confirma sentencia de primera instancia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide el
recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutada contra la sentencia del
29 de septiembre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante la cual se declaró no probada la excepción de pago y
se ordenó seguir adelante con la ejecución.

I. ANTECEDENTES

1.1. Pretensiones y hechos de la demanda2

2. La señora María del Rosario Márquez Estupiñán, a través de su apoderado
judicial, solicitó que se librara mandamiento de pago «en abstracto» contra el
Fomag, con el fin de que se dé cumplimiento al fallo judicial proferido el 4 de
octubre de 2018 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección «A» —confirmado íntegramente por el Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección «B»—. En
dichas providencias se ordenó a la ejecutada, a través de la Secretaría de
Educación de Bogotá, cumplir la «obligación de hacer (expedición del Acto

1
En adelante Fomag.
2
Los antecedentes, relacionados a las pretensiones y hechos, se extraen de la subsanación de la demanda realizada por la parte actora,
luego de que el Tribunal inadmitiera el escrito inicial mediante auto del 18 de febrero de 2025. En esa providencia se indicó que la actora
había solicitado el reconocimiento y pago de determinadas sumas de dinero, pero la sentencia base de recaudo había ordenado la
realización de una obligación de hacer «(…) y que las diferencias que se generen por el cambio de régimen prestacional, no se pagan al
interesado sino cuando se configura una causa legal para el pago parcial o definitivo de las cesantías (…)».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 1
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-42-000-2023-00411-01 (3216-2025)
Demandante: María del Rosario Márquez Estupiñán

Administrativo – Resolución – Correspondiente) (sic)», relativa a la reliquidación
de las cesantías «tanto parcial(es) como definitiva(s) de manera retroactiva» en
favor de la ejecutante.

3. Se precisó que el valor al que ascienden las cesantías de la ejecutante que no
se han reconocido, reliquidado y pagado por la ejecutada, como consecuencia
de la no expedición del acto administrativo, corresponde a la suma de
$29.767.884, por concepto de capital, y $7.879.523, por indexación de dichas
sumas. Asimismo, solicitó el pago de $39.963.125 por concepto de intereses
moratorios derivados del incumplimiento de la sentencia, calculados conforme al
inciso quinto del artículo 177 del CCA —Código Contencioso Administrativo,
Decreto 01 de 1984— «y el parágrafo tercero del artículo 192 y numeral 4 del
artículo 195 de la Ley 1437 de 2011», conforme lo ordenado en las sentencias
base de recaudo. Finalmente, solicitó que se condenara en costas y agencias en
derecho a la ejecutada, y se fallara ultra y extra petita en favor de la ejecutante.

4. En cuanto a los hechos, se indicó que la actora presentó demanda dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de que la
hoy ejecutada reconociera, reliquidara y pagara las cesantías parciales a las que
tenía derecho de manera retroactiva.

5. Como consecuencia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección «A», dictó sentencia el 4 de octubre de 2018, a través de
la cual declaró la nulidad parcial del acto administrativo acusado, que había
reconocido y ordenado el pago de las cesantías parciales en favor de la actora
con base en el régimen anualizado. A título de restablecimiento del derecho,
ordenó al Fomag, a través de la Secretaría de Educación de Bogotá, que
«reconozca el régimen retroactivo de cesantías a la [demandante] y, en
consecuencia, reliquide las cesantías causadas entre el año 1993 a 2013, y en
adelante hasta cuando se produzca el retiro definitivo del servicio, tomando un
mes de salario por cada año de servicio, de conformidad con el artículo 17 de la
Ley 6 de 1945, el artículo 1 de la Ley 65 de 1946 y el artículo 6 del Decreto 1160
de 1947».

6.La anterior sentencia fue confirmada en su integridad por el Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
«B», y su ejecutoria ocurrió el 3 de julio de 2020.

7.El 2 de julio de 2021, la actora radicó solicitud de cumplimiento de las
sentencias antes referidas. La Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá, el
8 de julio de 2021, le indicó que su solicitud había sido asignada a un
sustanciador en la entidad, pero no dio respuesta de fondo.

8.Por lo tanto, el 28 de marzo de 2022, la ejecutante radicó nuevamente petición
ante la Secretaría de Educación de Distrito de Bogotá con el objeto de que se le
remitiera copia del acto administrativo que diera cumplimiento a las sentencias
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 2
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-42-000-2023-00411-01 (3216-2025)
Demandante: María del Rosario Márquez Estupiñán

base de recaudo. El 28 de marzo de 2022, le contestaron que su petición había
sido remitida al Fomag y no le habían emitido respuesta de fondo.

9. Posteriormente, la actora radicó múltiples peticiones a efectos de que se diera
cumplimiento a la sentencia, concretamente, el 29 de marzo de 2022 —a la
Secretaría de Educación del Distrito—, el 28 de marzo de 2023 y 28 de abril de
2023 —a la Fiduprevisora S.A., en representación del Fomag—. Sin embargo,
las entidades no contestaron. Destacó que, el 23 de mayo de 2023, la
Fiduprevisora S.A., le respondió que, dada la complejidad de la petición, no era
posible contestarle dentro del término, sino dentro de los 15 días siguientes a
ello. A parte de ello, no expidió más respuesta.

1.2. Mandamiento de pago

10. Mediante auto del 21 de abril de 2025, el Tribunal libró mandamiento de pago

por la obligación de hacer «consistente en que la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –
FOMAG debe reliquidar la cesantía parcial reconocida para el periodo
comprendido entre el 8 de febrero de 1993 y el 31 de diciembre de 2013, de
manera retroactiva con base en el último salario devengado por la actora». De
otro lado, se abstuvo de librar mandamiento de pago por las sumas solicitadas
por la parte ejecutante.

11. Para arribar a la anterior conclusión, el Tribunal consideró que la orden judicial

dispuesta en el título ejecutivo base de recaudo se refiere al reconocimiento del
régimen retroactivo de cesantías de la actora, así como a la reliquidación de estas
entre los años 1993 y 2013, y en adelante, hasta cuando se produzca su retiro,
con base en lo dispuesto en las Leyes 6ª de 1945 y 65 de 1946 y los Decretos
2767 de 1945 y 1160 de 1947. Aparte de lo anterior, el título ejecutivo no ordenó
el pago de algún retroactivo, por lo que no era procedente librar mandamiento de
pago por la suma de $77.610.532 solicitada en la demanda.

12. En consecuencia, únicamente lo libró por la obligación de hacer, en lo
relacionado con la expedición del acto administrativo a través del cual se
reliquiden las cesantías parciales reconocidas a la actora entre los años 1993 y
2013 —y en adelante— con la inclusión de todos los factores recibidos en el
último período de servicios.

13. De otro lado, en el auto se reliquidaron las cesantías retroactivas de la
ejecutante, calculadas en el período comprendido entre el 8 de febrero de 1993
y el 31 de diciembre de 2013, a partir del último salario devengado con la inclusión
de todos los factores percibidos. Esta operación arrojó la suma de
$62.131.292,70, a la cual, se le restaron los valores reconocidos por la entidad
mediante las Resoluciones 7143 de 22 de diciembre de 2005 —por $7.100.421—
y 8467 de 15 de diciembre de 2014 —por $26.150.504—, y se determinó como

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 3
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-42-000-2023-00411-01 (3216-2025)
Demandante: María del Rosario Márquez Estupiñán

saldo por concepto de cesantías, para el 31 de diciembre de 2013, la suma de
$28.880.367,70.

14. Sin perjuicio de lo anterior, el Tribunal precisó que en el caso bajo estudio no

había lugar a indexar alguna suma, ni a calcular intereses, «toda vez que los
efectos económicos de la presente decisión se verán reflejados cuando la parte
ejecutante solicite cesantías parciales o cuando se termine el vínculo laboral y se
liquiden las cesantías definitivas. Y se reitera que la sentencia no condenó a
pago alguno de sumas de dinero, por lo que en ella no se ordenó el
reconocimiento de indexaciones ni intereses moratorios» (negrillas de la
Sala).

1.3. Contestación de la demanda

15. LaFiduprevisora S.A., en representación del Fomag, se opuso a las
pretensiones en la contestación de la demanda. Para el efecto, propuso la
excepción de pago que sustentó en los siguientes términos:

16. Consideró que la reliquidación de las cesantías retroactivas de la ejecutante

arrojó un saldo negativo por lo siguiente: i) mediante la Resolución 7143 del 16
de diciembre de 2002 se le reconoció la suma de $7.100.421, por concepto de
retiro de cesantías parciales; ii) a través de la Resolución 8467 del 15 de
diciembre de 2014 —confirmada mediante la Resolución 130 de 20 de enero de
2015— se le reconoció, por retiro de cesantías parciales, la suma de
$26.150.504; y, finalmente, iii) se reconoció la suma de $29.999.762 por concepto
de intereses sobre las cesantías, calculadas entre el 8 de febrero de 1993 y el 30
de diciembre de 2013. Todas estas sumas ascendieron a $63.250.687.

17. Por lo tanto, la comparación entre los valores pagados —por $63.250.687— y

los valores de las cesantías retroactivas que debían reconocérsele a la actora —
que correspondían a $62.129.803— arrojó un valor negativo en su contra por
$1.120.884.

18. Finalmente, estimó que en el presente caso no es procedente la imposición de

la condena en costas, por cuanto no se probó su causación.

II. SENTENCIA APELADA3

19. Mediante sentencia del 29 de septiembre de 2025, el Tribunal resolvió declarar

no probada la excepción de pago propuesta por la entidad. En consecuencia,
ordenó seguir adelante con la ejecución «por la obligación de hacer consistente
en que la demandada emita el acto administrativo de cumplimiento siguiendo los
parámetros planteados en la parte motiva, y que se lo notifique a la interesada».

3
Índice 195 del aplicativo SAMAI primera instancia.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 4
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-42-000-2023-00411-01 (3216-2025)
Demandante: María del Rosario Márquez Estupiñán

20. Para arribar a la anterior conclusión, el Tribunal explicó que las partes no

manifestaron ni probaron que la demandante se hubiera retirado del servicio. Por
lo tanto, como la orden de la sentencia base de recaudo se refirió al
reconocimiento del cambio de régimen mientras la actora ostentara la calidad de
docente, para el a quo la entidad no podía abstenerse de dictar el acto de
cumplimiento ni, por el contrario, incorporar una liquidación adversa a la
ejecutante.

21. Como sustento de lo anterior, reiteró que el mandamiento de pago determinó

que, en este caso, se perseguía el cumplimiento de una obligación de hacer, «por
tanto la única forma en que puede alegarse el pago o cumplimiento es con la
emisión de un acto administrativo donde quede claro que el régimen de la actora
es el de retroactividad, además si según criterio de la ejecutada al descontar los
valores cobrados como intereses anuales a las cesantías, la liquidación a 2013
fue negativa, la actora tiene derecho a saber los valores descontados,
confrontarlos con los recibidos y saber si se imputaron correctamente (sic)».

22. Explicó que, si bien la entidad indicó que por concepto de intereses sobre las

cesantías a la actora se le habían pagado $29.999.762, de ello no se aportó
prueba que sustentara esa afirmación.

23. Finalmente, realizó nuevamente las operaciones referidas a los valores
reconocidos por la ejecutada a la actora por concepto de cesantías que debían
ser descontadas posteriormente cuando se realizara un nuevo reconocimiento
parcial o el reconocimiento final de las cesantías con el régimen retroactivo, así:
las cesantías retroactivas entre los años 1993 y 2013 arrojaron la suma de
$62.131.292,70.

24. A dicho valor debían restársele los dineros pagados por la entidad por
concepto de cesantías a la demandante durante ese lapso, que, en concreto,
corresponden a los siguientes: $7.100.421 por retiro parcial mediante la
Resolución 7143 de 22 de diciembre de 2005; $26.150.504 por retiro parcial a
través de la Resolución 8467 de 15 de diciembre de 2014; y $13.275.683 por
intereses sobre las cesantías pagados entre los años 1993 y 2011. Lo anterior
conllevaba que, al 31 de diciembre de 2013, a la actora se le adeudara, por
concepto de cesantías retroactivas, la suma de $15.604.674.

25. En todo caso, el Tribunal enfatizó que las operaciones antes expuestas se

realizaban «aun cuando la orden no es de pagar suma alguna, por cuanto en la
obligación de hacer el cumplimiento forzado solo se da cuando se encuentra en
firme la providencia que ordena seguir adelante la ejecución (436 CGP), y como
en este caso no podrá el Juez de la ejecución emitir el acto de cumplimiento ni
ordenar que un tercero lo haga, la única forma en que el proceso ejecutivo
termine es cuando acatando la orden de seguir la ejecución la demandada
profiera el respectivo acto administrativo».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 5
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-42-000-2023-00411-01 (3216-2025)
Demandante: María del Rosario Márquez Estupiñán

1.6. Recurso de apelación

26. La Fiduprevisora S.A., en representación del Fomag, presentó recurso de

apelación a través del cual solicitó que se revocara la sentencia de primera
instancia que declaró no probada la excepción de pago. Para ese fin desarrolló
los siguientes planteamientos:

27. Indicó que, en cumplimiento de la sentencia base de recaudo en este caso, la

Dirección de Prestaciones Económicas del Fomag (DPE) realizó la liquidación de
las prestaciones sociales, conforme a los factores salariales «determinados
judicialmente». A partir de ello, encontró que el valor por cesantías causadas
ascendía a $62.129.803 y, descontados los anticipos realizados por $33.250.925,
arrojaba un valor neto a reconocer por $28.878.878. «Sin embargo, de acuerdo
con el análisis técnico de la DPE, el monto ya había sido reconocido mediante el
acto administrativo (…) 0130 de 20 de enero de 2015, que aprobó el
reconocimiento de cesantías parciales por reparación locativas, por valor de
$26.150.504, correspondiente al tope legal aplicable para 2014».

28. Por lo tanto, se remitió al área de Dirección de Prestaciones Periódicas, la cual

concluyó que el fallo judicial se había cumplido integralmente, pues las cesantías
retroactivas calculadas con los factores salariales devengados por la actora en el
año 2013 arrojaron la suma de $62.129.803, menos los pagos anticipados —por
$33.250.925— y el pago de las cesantías parciales en el año 2014 —por
$26.150.504—, cubrió en su totalidad la sentencia base de recaudo. Por lo
anterior, consideró que ordenar nuevamente la reliquidación de las cesantías en
favor de la actora generaría indebidamente un doble pago.

29. Respecto a la expedición del acto administrativo a través del cual se dé trámite

al cambio de régimen de la actora, indicó que «se dio traslado al área competente
únicamente con ese propósito, sin que hasta la fecha se haya formalizado dicho
cambio mediante acto administrativo.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

30. El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación

interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo4, y 322 del CGP.

31. Como en este asunto solamente recurrió la decisión proferida en primera
instancia la parte ejecutada, la competencia se limitará a los reparos efectuados
en su recurso.

4
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias
dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 6
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-42-000-2023-00411-01 (3216-2025)
Demandante: María del Rosario Márquez Estupiñán

2.2. Problema jurídico

32. De acuerdo con los argumentos planteados por el apelante, le corresponde a

esta Sala determinar si debe o no revocarse la sentencia de primera instancia
que ordenó seguir adelante con la ejecución, debido a que la obligación solicitada
por la actora se encuentra satisfecha como lo sostiene la entidad recurrente.

2.3. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto

2.2.1 Generalidades del proceso ejecutivo y los requisitos del título
ejecutivo

33. El proceso ejecutivo ha sido definido como el medio procesal para que un

acreedor, de modo coercitivo, haga efectiva una obligación o un derecho del que
es titular ante un deudor que se rehúsa a su cumplimiento. Es decir, «es el medio
para que el acreedor haga valer el derecho (que conste en un documento
denominado título ejecutivo) mediante la ejecución forzada»5.

34. En esta clase de procesos no se busca el reconocimiento de un derecho
subjetivo, sino que está dirigido a obtener el cumplimiento de una obligación que
consta en un documento que da plena fe de su existencia, siendo el título «el
documento principal a partir del cual se desarrolla el proceso ejecutivo».6 Su
definición y requisitos se encuentran en el artículo 422 del CGP, antes 488 7 del
CPC, en los siguientes términos:

«TÍTULO EJECUTIVO. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones
expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor
o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una
sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de
otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben
liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás
documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no
constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el
artículo 184».

35. La norma consagra los requisitos del título ejecutivo: formales y sustanciales.

Los primeros hacen referencia a la prueba de la existencia de la obligación y
exigen que el título ejecutivo sea auténtico y que provenga del deudor, su
causante o de una providencia judicial.8 La autenticidad se refiere a la plena

5
Consejo de Estado, Sección Cuarta, providencia del 15 de noviembre de 2017, radicado 54001 23 33 000 2013 00140 01(22065), M.P.
Julio Roberto Piza Rodríguez. Ver también Consejo de Estado, Sección Primera, providencia del 12 de julio de 2018, radicado 81001 23
33 003 2017 00042 01, M.P. María Elizabeth García González.
6
Sentencia T-704 de 2013. Igual concepto está en la sentencia T-996 de 2012.
7
«Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor
o de su causante y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de
cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, o de las providencias que en procesos
contencioso - administrativos o de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia.
La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el
artículo 294.»
8
Sobre los requisitos formales del título se puede consultar la siguiente jurisprudencia: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
B. Sentencia del 27 de agosto de 2015. Radicado: 200012331000 2011-00548 01 (2586 – 2013). Consejera ponente Sandra Lisset Ibarra
Vélez. «[…] que se trate de documentos que tengan autenticidad, que emanen de autoridad judicial, o de otra clase si la ley lo autoriza, o
del propio ejecutado o causante cuando aquel sea heredero de este y los segundos, que de esos documentos aparezca a favor del
ejecutante o de su causante y a cargo del ejecutado o de su causante, una obligación clara expresa, exigible y además líquida o liquidable

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 7
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-42-000-2023-00411-01 (3216-2025)
Demandante: María del Rosario Márquez Estupiñán

identificación del creador del documento para que no haya duda del deudor y el
juez tenga certeza de quién lo suscribió9.

36. Los segundos exigen que en el título ejecutivo se refleje en favor del ejecutante

una obligación clara, expresa y exigible. Es expresa si se encuentra especificada
en el título y no es el resultado de una presunción legal o de una interpretación;
clara si sus elementos aparecen inequívocamente señalados y no hay duda con
respecto al objeto o sujetos de la obligación, esto es fácilmente inteligible y se
entiende en un solo sentido; y, exigible si la ejecución no depende del
cumplimiento de un plazo o condición o siempre que estos se hubiesen
cumplido10.

37. Estos requisitos deben cumplirse en su totalidad y en los términos enunciados,

de modo que del título se concluya sin duda alguna la existencia de la obligación,
su claridad y que ya es exigible. Así entonces cuando el juez verifica que el
documento cumple con los requisitos enunciados debe emitir la orden de pago
en contra de la parte ejecutada, pues así lo dispone el artículo 430 del CGP 11,
antes 497 del CPC12.

38. De acuerdo con lo anterior, el título ejecutivo es el documento necesario para

que pueda incoarse y darse trámite al proceso ejecutivo. Además, conforme lo
dispone el artículo 422 del CGP13, antes 488 del CPC, i) es la prueba de la
existencia de la obligación, la cual debe ser expresa, clara y exigible; y ii) señala
con certeza el obligado a cumplirla, por lo que constituye plena prueba contra el
adeudado, por provenir de él o de su causante o de cualquiera de las
providencias enunciadas en dicha norma. En tal sentido, debe entenderse que

por simple operación aritmética si se trata de pagar una suma de dinero». Ver también: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de mayo de 2018, Consejera ponente María Elizabeth García González, Radicación: 11001 03 15 000 2018 00824 00. A su vez la Sección Tercera del Consejo de Estado señaló: «Que además de esos requisitos el documento
debe reunir dos condiciones formales: i) la autenticidad y ii) que proceda del deudor o de su causante, o de una sentencia judicial
condenatoria, o de cualquier otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva». Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C,
providencia de 8 de junio de 2016, radicado 27001 23 31 000 2012 00086 01(47539), M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa (E). 9
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 14 de mayo de 2014, radicado 33.586. 10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, consejera ponente Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, auto
de 26 de febrero de 2014, Radicado: 25000 23 27 000 2011 00178 01 (19250), actor: Clínica del Country S.A. En esta providencia se citó
la siguiente doctrina: Velásquez G., Juan Guillermo. Los procesos ejecutivos. (2006). Medellín: Librería Jurídica Sánchez R. Ltda. También puede consultarse la siguiente jurisprudencia: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, 26 de julio de 2018, radicado
41001 23 31 000 2010 00139 01(0490-16), M.P. Rafael Francisco Suarez Vargas. 11
«Artículo 430. Mandamiento ejecutivo. Presentada la demanda acompañada de documento que preste mérito ejecutivo, el juez librará
mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida, si fuere procedente, o en la que aquel considere
legal. Los requisitos formales del título ejecutivo sólo podrán discutirse mediante recurso de reposición contra el mandamiento ejecutivo. No se
admitirá ninguna controversia sobre los requisitos del título que no haya sido planteada por medio de dicho recurso. En consecuencia, los
defectos formales del título ejecutivo no podrán reconocerse o declararse por el juez en la sentencia o en el auto que ordene seguir adelante
la ejecución, según fuere el caso. Cuando como consecuencia del recurso de reposición el juez revoque el mandamiento de pago por ausencia de los requisitos del título
ejecutivo, el demandante, dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria del auto, podrá presentar demanda ante el juez para que
se adelante proceso declarativo dentro del mismo expediente, sin que haya lugar a nuevo reparto. El juez se pronunciará sobre la demanda
declarativa y, si la admite, ordenará notificar por estado a quien ya estuviese vinculado en el proceso ejecutivo. Vencido el plazo previsto en el inciso anterior, la demanda podrá formularse en proceso separado. De presentarse en tiempo la demanda declarativa, en el nuevo proceso seguirá teniendo vigencia la interrupción de la prescripción y la
inoperancia de la caducidad generados en el proceso ejecutivo. El trámite de la demanda declarativa no impedirá formular y tramitar el incidente de liquidación de perjuicios en contra del demandante, si
a ello hubiere lugar». 12
«Presentada la demanda con arreglo a la ley, acompañada de documento que preste mérito ejecutivo, el juez librará mandamiento
ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida si fuere procedente, o en la que aquél considere legal». 13
«Artículo 422. Título ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en
documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de
condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de
policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley.

La
confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo
184».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 8
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-42-000-2023-00411-01 (3216-2025)
Demandante: María del Rosario Márquez Estupiñán

las sentencias ejecutoriadas que condenen a una entidad al pago de suma de
dinero constituyen un título ejecutivo.

2.3. Análisis de la Sala

39. La Subsección considera que, previo a la resolución del problema jurídico, es

pertinente exponer las premisas fácticas del asunto bajo estudio, así:

40. A través de la Resolución 8467 del 15 de diciembre de 2014, el secretario de

Educación de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. —en cumplimiento de la
delegación consignada en el artículo 56 de la Ley 962 de 2005—14 reconoció las
cesantías parciales para reparaciones locativas a la señora María del Rosario
Márquez Estupiñán por la suma de $26.150.504.

41. El acto administrativo dispuso que las cesantías de la ejecutante, calculadas

entre los años 1993 y 2013 con base en el régimen anualizado, arrojaban la cifra
de $34.509.741; sin embargo, conforme al Acuerdo 34 de 1998, expedido por el
Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
el tope máximo para reconocer cesantías parciales por reparaciones locativas,
para el año 2014, ascendía a $26.150.504. Por lo tanto, fue este último valor el
que se reconoció. Sin perjuicio de ello, en la parte resolutiva se precisó que,
previamente, mediante la Resolución 7143 de 22 de diciembre de 2005, la
entidad ya había reconocido a la actora $7.100.421 por concepto de retiro de
cesantías parciales, las cuales fueron descontadas, asimismo, del valor
reconocido. Dicha decisión fue confirmada mediante la Resolución 0130 de 20
de enero de 2015.

42. Los anteriores actos administrativos fueron demandados dentro del medio de

control de nulidad y restablecimiento del derecho por la ahora ejecutante.
Posteriormente, fueron declarados nulos parcialmente por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección «A», en
sentencia del 4 de octubre de 2018. El Tribunal consideró que, contrario a lo
expresado en los actos enjuiciados, la señora Rosario Márquez tenía derecho a
que sus cesantías fueran reliquidadas con base en el régimen retroactivo y no
anualizado. Por lo tanto, ordenó que el Fomag, a través de la Secretaría de
Educación de Bogotá, reliquidara las cesantías causadas entre los años 1993 y
2013 con base en el régimen retroactivo, así como todas aquellas que en lo
sucesivo se causaran. En concreto, la parte resolutiva de esta sentencia dispuso
lo siguiente:

«PRIMERO. DECLÁRESE la nulidad parcial de las Resoluciones 8467 de 15 de
diciembre de 2014 y 130 de 20 de enero de 2015, por medio de las cuales la
Secretaría de Educación de Bogotá D.C reconoció y se ordenó el pago de una
cesantía parcial "para reparaciones locativas", con base en el régimen anualizado
y sin retroactividad.

14
Este artículo, antes de la derogación realizada con el artículo 336 de la Ley 1955 de 2019, disponía lo siguiente: «ARTÍCULO 56. Las
prestaciones sociales que pagará el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio serán reconocidas por el citado Fondo,
mediante la aprobación del proyecto de resolución por parte de quien administre el Fondo, el cual debe ser elaborado por el Secretario de
Educación de la Entidad Territorial certificada correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente. El acto administrativo de
reconocimiento se hará mediante resolución que llevará la firma del Secretario de Educación de la entidad territorial».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 9
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-42-000-2023-00411-01 (3216-2025)
Demandante: María del Rosario Márquez Estupiñán

SEGUNDO. A título de restablecimiento del derecho, ORDÉNASE a la Nación
Ministerio de Educación Nacional Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio que a través de la Secretaría de Educación de Bogotá, reconozca el
régimen retroactivo de cesantías a la docente MARÍA DEL ROSARIO MÁRQUEZ
(…) y en consecuencia, reliquide las cesantías causadas entre el año 1993
a 2013, y en adelante hasta cuando se produzca el retiro definitivo del
servicio, tomando un mes de salario por cada año de servicios, de conformidad
con el artículo 17 de la Ley 6 de 1945, el artículo 1 de la Ley 65 de 1946 y el
artículo 6 del Decreto 1160 de 1947 (Negrillas de la Sala).

TERCERO. Se niegan las demás pretensiones de la demanda»

43. La anterior providencia fue confirmada en todas sus partes mediante sentencia

del 27 de febrero de 2020 proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B; la cual quedó
ejecutoriada el 3 de julio de 2020.

44. La ejecutante presentó solicitudes de cumplimiento del fallo el 2 de julio de

2021, el 28 de marzo de 2022 y el 28 de abril de 2023. Como respuesta, el
Fomag, representado por la Fiduprevisora S.A., expidió el oficio
20231143001300571, en el que indicó que «dada la complejidad de su solicitud,
la cual requiere de la consulta de varios aplicativos de la entidad, analizada por
diferentes áreas de la fiduciaria y en atención al alto volumen de peticiones
recibidas, las cuales están enfocadas en este mismo sentido; nos encontramos
ante la imposibilidad de atender su petición dentro de los términos establecidos
en el artículo 14 de la ley 1755 de 2015 (…) por lo anterior, teniendo en cuenta
los motivos anteriormente expuestos, nos permitimos informarle que su solicitud
será resuelta dentro de los quince (15) días siguientes a la expedición de la
presente comunicación».

45. Además de lo anterior, se recuerda que en la demanda se solicitó que se

librara mandamiento de pago contra la ejecutada, con el fin de darle cumplimiento
a las sentencias base de recaudo a partir de la expedición del acto administrativo
en que se reliquiden las cesantías de la demandante con el régimen retroactivo.
En esos términos, tanto el mandamiento de pago como la sentencia que ordenó
seguir adelante con la ejecución dispusieron que como la entidad no dio
cumplimiento a las órdenes contenidas en el título, en tanto no había expedido el
acto administrativo de ejecución en el que reliquidara las cesantías a que tiene
derecho la demandante entre el año 1993 a 2013, con el régimen retroactivo, sin
que ello implicara el reconocimiento de sumas de dinero, debido a que ello no fue
reconocido en el título ejecutivo.

46. Ahora bien, es pertinente recordar que la obligación de hacer es una situación

jurídica en la cual la deudora debe realizar una acción en favor del acreedor. Esta
tiene por objeto la ejecución de un hecho cualquiera, material o jurídico. Al
respecto el artículo 306 del CGP15 —aplicable por remisión expresa del artículo

15
En detalle este artículo explica lo siguiente: ««Artículo 306. Ejecución. Cuando la sentencia condene al pago de una
suma de dinero, a la entrega de cosas muebles que no hayan sido secuestradas en el mismo proceso, o al cumplimiento
de una obligación de hacer, el acreedor, sin necesidad de formular demanda, deberá solicitar la ejecución con base en la
sentencia, ante el juez del conocimiento, para que se adelante el proceso ejecutivo a continuación y dentro del mismo

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 10
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-42-000-2023-00411-01 (3216-2025)
Demandante: María del Rosario Márquez Estupiñán

306 de la Ley 1437 de 2011—, así como el artículo 433 del CGP16 determinan
que la sentencia judicial —cuando constituye el título ejecutivo— puede contener
una obligación de hacer, así como el procedimiento que se surte cuando se busca
la concreción de dicha obligación en el curso de un proceso ejecutivo.

47. En el asunto de marras, para la Subsección es palmario que la orden dada en

el título se limita a la modificación del régimen de cesantías con base en el cual
la entidad ejecutada, en lo sucesivo, debe reconocerle esta prestación social a la
demandante. Véase que la sentencia del 4 de octubre de 2018 proferida por el
Tribunal —y que constituye el título base de recaudo debido a su confirmación
total en segunda instancia— declaró la nulidad parcial de los actos acusados y,
a título de restablecimiento del derecho, ordenó al Fomag, a través de la
Secretaría de Educación de Bogotá, que reconociera el régimen retroactivo de
cesantías de la actora, aunado a que reliquidara las causadas entre los años
1993 y 2013, así como las que en lo sucesivo se causaran.

48. Asimismo, el título ejecutivo no dispuso en su parte motiva o resolutiva, a título

de restablecimiento del derecho, el reconocimiento de factores económicos a la
actora por concepto del cambio de régimen de cesantías, en atención a que el
acto acusado lo que realizó fue el pago de unas cesantías parciales, las cuales,
en todo caso, fueron canceladas a la actora en el monto que correspondía de
acuerdo con las disposiciones aplicables. Por lo tanto, para la Subsección es
claro que, conforme a la orden dada en el título, en este caso solo es procedente
la modificación del régimen de cesantías —de anualizado a retroactivo— y la
reliquidación de las cesantías entre los años 1993 y 2013, así como las que
posteriormente se causen, sin que se configure una obligación de dar sumas de
dinero, pues ello dependerá de que la ejecutante realice trámite de retiro parcial
o definitivo de ellas conforme los lineamientos legales a que haya lugar.

49. En ese contexto, una vez solicitado el cumplimiento de la sentencia por parte

de la actora, la actuación procedente por parte de la entidad ejecutada era cumplir
con la obligación de hacer mediante la expedición del acto administrativo de
ejecución que reconociera el régimen de cesantías que judicialmente se
determinó que es al que tiene derecho la actora —régimen retroactivo—, así
como con la reliquidación de los conceptos que, con las reglas propias de este
régimen, debían liquidarse entre los años 1993 y 2013.

expediente en que fue dictada. Formulada la solicitud el juez librará mandamiento ejecutivo de acuerdo con lo señalado
en la parte resolutiva de la sentencia y, de ser el caso, por las costas aprobadas, sin que sea necesario, para iniciar la
ejecución, esperar a que se surta el trámite anterior».
16
Este artículo, por su parte, determina lo relacionado con la obligación de hacer, así: «Artículo 433. Obligación de hacer.
Si la obligación es de hacer se procederá así: 1. En el mandamiento ejecutivo el juez ordenará al deudor que se ejecute
el hecho dentro del plazo prudencial que le señale y librará ejecución por los perjuicios moratorios cuando se hubieren
pedido en la demanda. 2. Ejecutado el hecho se citará a las partes para su reconocimiento. Si el demandante lo acepta,
no concurre a la diligencia, o no formula objeciones dentro de ella, se declarará cumplida la obligación; si las propone, se
aplicará, en lo pertinente, lo dispuesto en el artículo anterior. 3. Cuando no se cumpla la obligación de hacer en el término
fijado en el mandamiento ejecutivo y no se hubiere pedido en subsidio el pago de perjuicios, el demandante podrá solicitar,
dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento de dicho término, que se autorice la ejecución del hecho por un
tercero a expensas del deudor; así se ordenará siempre que la obligación sea susceptible de esa forma de ejecución.
Con este fin el ejecutante celebrará contrato que someterá a la aprobación del juez. 4. Los gastos que demande la
ejecución los sufragará el deudor y si este no lo hiciere los pagará el acreedor. La cuenta de gastos deberá presentarse
con los comprobantes respectivos y una vez aprobada se extenderá la ejecución a su valor.»

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 11
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-42-000-2023-00411-01 (3216-2025)
Demandante: María del Rosario Márquez Estupiñán

50. Debe clarificarse que la reliquidación de las cesantías causadas entre los años

1993 y 2013, ordenada en la sentencia base de recaudo, obedece a que la
liquidación realizada en la Resolución 8467 del 15 de diciembre de 2014 —acto
que se declaró nulo parcialmente en la sentencia base de recaudo— fue
efectuado con base en el régimen anualizado, en el cual, conforme a las
disposiciones contenidas en el numeral tercero del artículo 15 de la Ley 91 de
198917, se reconocen de manera anual por año causado de servicio —o su
porción— con el respectivo pago de intereses anual sobre el saldo de cesantías
existentes.

51. Por su parte, en el régimen retroactivo de cesantías, el reconocimiento y pago

al empleado corresponde a un mes de salario por cada año de servicio, liquidado
con base en el último salario que tuvo el empleado al momento en que solicitó el
retiro, bien sea parcial o total, de las cesantías. Debe precisarse que, si el retiro
realizado es parcial, los saldos entregados por la autoridad se entenderán como
abonos que, una vez se realice el pago definitivo de las cesantías, se descontarán
al reliquidarse nuevamente con fundamento en el último salario recibido al
momento del retiro definitivo del servicio.

52. En ese sentido, es evidente que, debido a las diferentes maneras en que los

regímenes de cesantías calculan los rubros que en ellos se encuentran, el cálculo
de las cesantías realizado por la entidad sobre las causadas a favor de la actora,
entre los años 1993 y 2013, en el acto administrativo enjuiciado, arrojaría
diferentes resultados si se realiza con base en el régimen anualizado o
retroactivo. Lo que, de contera, conllevó a que la sentencia base de recaudo
ordenara que la entidad clarificara los valores que dentro de ese período le
correspondían como acumulado a la demandante con base en el régimen
retroactivo —y no anualizado—.

53. De esa manera, la Subsección observa que, en el recurso de apelación, la

ejecutada manifestó de manera directa que, aunque dio traslado al área
correspondiente para la expedición del acto de ejecución, este no se había
expedido. Por lo tanto, es palmario concluir que no ha dado cumplimiento a las
órdenes impartidas en la sentencia base de recaudo, pues la manifestación o
intención de proferir el acto no conlleva al cumplimiento de la orden judicial
contenida en el título.

17
En concreto, este artículo dice lo siguiente: «ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal
docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido por las siguientes
disposiciones: «Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el
que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones: 3. Cesantías: A.
Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio pagará un auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente
por fracción de año laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres meses, o en
caso contrario sobre el salario promedio del último año.
B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1. de enero de 1990 y para los docentes nacionales vinculados con
anterioridad a dicha fecha, pero sólo con respecto a las cesantías generadas a partir del 1o. de enero de 1990, el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo de estas cesantías
existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte
de aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial
promedio de captación del sistema financiero durante el mismo período. Las cesantías del personal nacional docente,
acumuladas hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
continuarán sometidas a las normas generales vigentes para los empleados públicos del orden nacional».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 12
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-42-000-2023-00411-01 (3216-2025)
Demandante: María del Rosario Márquez Estupiñán

54. Asimismo, para la Subsección no son de recibo los planteamientos realizados

en el recurso de alzada relativos a un posible cumplimiento de la obligación de
pago por la entidad. Nótese que estas premisas se sustentan en los pagos
parciales que, según aduce la entidad, realizó en diferentes oportunidades en
favor de la actora, por lo que, a su juicio, con ello ya cumplió las órdenes del título.

55. Al respecto, se reitera que la sentencia base de recaudo no ordenó el pago de

algún concepto a la demandante, por lo que, en esta oportunidad, el cumplimiento
del título solo se logra a partir de la expedición del acto administrativo que
reconozca el cambio de régimen de cesantías, así como el cálculo efectivo del
estado de estas.

56. En todo caso, debe precisarse que, comoquiera que la ejecutante no acreditó

en el proceso que su vínculo como docente al servicio del magisterio hubiera
finalizado, ni que, con posterioridad a la expedición de la sentencia base de
recaudo, hubiera solicitado nuevos retiros parciales a las cesantías, el cálculo
total de las cesantías a las que tiene derecho no se ha definido —en tanto solo
se logra con el último salario devengado al momento de su solicitud y/o retiro—.

57. En consecuencia, todos los valores que se consideren pagados a la actora por

retiros parciales —o por cualquier concepto relacionado a las cesantías— en el
curso de su vinculación solo deben descontarse cuando se solicite nuevamente
un retiro parcial o se realice la liquidación definitiva de estas, las cuales, de
cualquier modo, no fueron objeto de reconocimiento y pago en el título ejecutivo
que ahora se estudia y, por tanto, escapan a la competencia de estudio de esta
corporación en esta oportunidad.

58. En ese sentido, la Subsección confirmará la sentencia de primera instancia

que desestimó la excepción de pago propuesta por la entidad y ordenó, en su
lugar, seguir adelante con la ejecución «consistente en que la demandada emita
el acto administrativo de cumplimiento siguiendo los parámetros planteados en
la parte motiva, y que se lo notifique a la interesada».

2.6. De la condena en costas en segunda instancia

59. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la

Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

60. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de

2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 13
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-42-000-2023-00411-01 (3216-2025)
Demandante: María del Rosario Márquez Estupiñán

61. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los trámites

de procesos ejecutivos, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene
incólume; en ese sentido, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas
sobre la parte vencida en el proceso.

62. En tal virtud, comoquiera que el recurso de alzada no prosperó, se condenará

en costas la parte vencida, es decir, a la ejecutada.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley.

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 29 de septiembre de 2025, proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se ordenó
seguir adelante con la ejecución, conforme lo expresado en la parte motiva de
esta providencia.

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas en segunda instancia a la
parte ejecutada.

TERCERO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones pertinentes en el programa «SAMAI».

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 14
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.