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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2023-00156-01

Fecha
26 de marzo de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2023-00156-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia de proferida el 16 de mayo de 2024 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección «D», en lo que atañe a la decisión a través de la cual se declaró probada la excepción de pago y se dio por terminado el proceso ejecutivo. En su lugar, se ORDENAR seguir adelante con la ejecución en favor de la ejecutante por $822.569,17, por concepto de capital y por los intereses moratorios que por esta suma se causen a partir del 24 de octubre de 2023 hasta que se efectúe el pago total de la obligación. SEGUNDO. ADELÁNTESE la etapa de liquidación del crédito conforme lo dispuesto en la parte motiva de este proveído. TERCERO: CONFÍRMESE en los demás aspectos la sentencia de primer grado, conforme lo expresado en la parte motiva. CUARTO. Sin condenas en costas en esta instancia. QUINTO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones pertinentes en el programa «SAMAI».

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2023-00156-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

26 de marzo de 2026

Radicado: 25000-23-42-000-2023-00156-01 (3980-2024)
Demandante: Liria Aurora Romero Martínez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C. veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 25000-23-42-000-2023-00156-01 (3980-2024)
Demandante: Liria Aurora Romero Martínez
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo de Prestaciones
Sociales del Magisterio - FOMAG

Tema: Excepción de pago

Decisión: Revoca parcialmente sentencia de primera instancia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del
16 de mayo de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
mediante la cual se dio por terminado el proceso.

I. ANTECEDENTES1

1.1. Pretensiones y hechos de la demanda

2. La señora Liria Aurora Romero Martínez, por conducto de apoderada judicial,
presentó demanda ejecutiva con el fin de hacer efectivo el cumplimiento de las
órdenes contenidas en la sentencia del 19 de septiembre de 2016, proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D.
En dicha providencia se declaró la nulidad del acto administrativo acusado y, a
título de restablecimiento del derecho, se condenó a la entidad ejecutada al pago
de la indemnización moratoria por el pago tardío de las cesantías definitivas, así
como al cumplimiento de la sentencia en los términos de los artículos 192 y 195
del CPACA. Esta decisión quedó ejecutoriada el 3 de octubre de 2017.

1 Expediente digital visible en el índice 02 del aplicativo SAMAI segunda instancia -
01.DemandaEjecutiva.pdf.
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Radicado: 25000-23-42-000-2023-00156-01 (3980-2024)
Demandante: Liria Aurora Romero Martínez

3.La actora presentó solicitud de cumplimiento de la sentencia ante la Secretaría
de Educación de Bogotá, D.C., el 5 de julio de 2018.

4. Como respuesta, la Fiduciaria La Previsora S.A., en representación del
FOMAG, realizó el 11 de enero de 2023 un abono en favor de la actora por la
suma de $101.314.982,00. Sin embargo, a juicio de la demandante, dicho pago
no cubrió la totalidad del crédito causado hasta esa fecha, que ascendía a
$107.600.685,68, quedando un saldo insoluto de $6.285.703,68, más los
respectivos intereses moratorios.

5. Indicó igualmente que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección D, mediante auto del 23 de agosto de 2022, aprobó la
liquidación de costas en favor de la actora por la suma de $1.297.435,20,
providencia que quedó ejecutoriada el 29 de agosto de 2022.

6. En ese contexto, solicitó que se librara mandamiento de pago por las
siguientes sumas: i) $6.285.703,68 por concepto de capital insoluto
correspondiente a la indemnización moratoria por el pago tardío de las cesantías
definitivas, conforme a lo ordenado en la sentencia base de recaudo; ii) los
intereses moratorios causados sobre dicho capital insoluto, a la tasa de interés
moratorio comercial, desde el 12 de enero de 2023; iii) $1.297.435,20 por
concepto de capital correspondiente a la liquidación de costas aprobada
mediante auto del 23 de agosto de 2022; iv) los intereses moratorios, a la tasa
DTF mensual, sobre el capital correspondiente a la liquidación de costas,
causados desde el 29 de agosto de 2022 hasta el 29 de junio de 2023, así como
los que se sigan causando hasta el pago efectivo de la obligación; y, finalmente,
v) el pago de las costas del proceso ejecutivo.

1.2. Mandamiento de pago

7. Mediante auto del 5 de julio de 2023, el Tribunal libró mandamiento de pago a
favor de la actora y en contra de la entidad ejecutada, en la forma que estimó
ajustada a derecho. En la parte resolutiva dispuso:

«PRIMERO: NEGAR la petición de ejecución de la señora Liria Aurora Romero
Martínez respecto al concepto de capital, de conformidad con la parte motiva.

SEGUNDO: LIBRAR MANDAMIENTO EJECUTIVO a favor de la Claudia Patricia
Rivero Parra y a cargo de la Nación – Ministerio de Educación – Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio, para que, dentro del término de cinco (5) días,
contados desde el día siguientes a la notificación personal de esta providencia,
PAGUE las sumas de:

CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS

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Demandante: Liria Aurora Romero Martínez

($5.293.847,85) por concepto de intereses moratorios derivado de lo reconocido por
sanción moratoria.

UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA
Y CINCO PESOS CON VEINTE CENTAVOS ($1.297.435,20) pesos por costas y
agencias en derecho.

TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($36.259) por
intereses moratorios del concepto de costas y agencias en derecho.

TERCERO: Sobre la solicitud de condena en costas derivadas de la presente
ejecución, se resolverán en la oportunidad procesal pertinente».

8.Para arribar a estas conclusiones, el a quo señaló, en primer lugar, que la
demanda fue presentada dentro del término legal, esto es, dentro de los cinco (5)
años siguientes a la exigibilidad del título ejecutivo.

9. En efecto: i) la sentencia base de recaudo quedó ejecutoriada el 3 de diciembre
de 2017; los diez (10) meses previstos para su cumplimiento administrativo
vencieron el 4 de octubre de 2018; y la demanda ejecutiva se presentó el 3 de
mayo de 2023, esto es, dentro del término quinquenal; ii) en cuanto al auto que
aprobó la liquidación de costas, este quedó ejecutoriado el 29 de agosto de 2022,
por lo que para la fecha de presentación de la demanda no habían transcurrido
los diez (10) meses previstos en el artículo 192 del CPACA para el cumplimiento
administrativo. No obstante, para la fecha en que se profirió el auto que libró
mandamiento de pago, dicha obligación ya era exigible, razón por la cual la
demanda se consideró presentada en debida forma.

10. Superado lo anterior, el Tribunal examinó el fondo de la pretensión y, con base

en los cálculos realizados por el área contable de la Corporación, determinó que,
por concepto de sanción moratoria por el no pago de las cesantías entre el 20 de
junio de 2013 y el 22 de abril de 2015 —esto es, durante 673 días— y tomando
como salario base de liquidación la suma de $2.236.261,00, se obtenía un total
de $50.166.788,43.

11. En cuanto a los intereses causados sobre dicho capital, se liquidaron entre el

3 de octubre de 2017 y el 11 de enero de 2023 por la suma de $56.442.041,41.
Para este cálculo se tuvo en cuenta que hubo una suspensión en su causación
entre el 4 de enero de 2018 y el 5 de junio de 2018, debido a que la actora no
presentó la solicitud de cumplimiento dentro de los tres (3) meses siguientes a la
ejecutoria de la sentencia (esto es, entre el 3 de diciembre de 2017 y el 2 de
febrero de 2018), sino hasta el 6 de junio de 2018, fecha a partir de la cual se
reanudó la causación.

12. Enconsecuencia, la suma del capital ($50.166.788,43) y los intereses
($56.442.041,41) arrojó un total de $106.608.829,85.

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13. No obstante, el Tribunal advirtió que el FOMAG efectuó un pago a la actora

por valor de $101.314.982, y consideró que no procedía aplicar la regla general
del artículo 1653 del Código Civil —que dispone imputar primero a intereses y
luego a capital—, sino que, en el caso concreto, debía imputarse primero a capital
y luego a intereses.

14. En ese orden, señaló que del total pagado ($101.314.982) debía imputarse en

primer lugar al capital ($50.166.788,43), y el excedente a los intereses
($56.442.041,41), lo cual arrojó un saldo insoluto por concepto de intereses de
$5.293.847,85, suma respecto de la cual resultaba procedente librar
mandamiento de pago:

15. De otro lado, respecto al pago de las costas y agencias en derecho
reconocidos en auto del 23 de agosto de 2022 por $1.297.435,20, el Tribunal
indicó que no existía constancia de haberse cancelado, por lo que era procedente
librar mandamiento de pago por dicho valor, así como por sus intereses que se
causaron entre el día de ejecutoria de la providencia que impuso la condena (30
de agosto de 2022) y el día en que se presentó la demanda ejecutiva (30 de
noviembre de 2022) por $ 36.259,03.

1.3. Contestación de la demanda

16. Nación – Ministerio de Educación – Fondo de Prestaciones Sociales del

Magisterio – FOMAG se opuso a las pretensiones de la demanda, para el efecto
propuso la excepción de pago la cual sustentó en que la entidad dio cumplimiento
a la sentencia que constituye el título ejecutivo. Señaló que mediante la
Resolución FSXM712 del 16 de febrero de 2022 se ordenó la inclusión en nómina
de la ejecutante. Aportó constancia de pago por valor de $101.614.982, con
estado «pagada». Indicó que dicha consignación correspondía al capital por
concepto de sanción moratoria por retardo de 673 días, conforme a lo dispuesto
en el título ejecutivo ($46.879.946), a los intereses ($53.437.601) y a las costas
($1.297.435).

17. Asimismo, se opuso a la causación de intereses moratorios en la forma
solicitada en la demanda, al considerar que la solicitud de cumplimiento no fue
presentada dentro de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia.

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Demandante: Liria Aurora Romero Martínez

18. También propuso la excepción de prescripción con la que solicitó que se

declare probada esta excepción conforme lo dispone el artículo 2536 del Código
Civil, y la genérica o innominada.

II. SENTENCIA APELADA

19. Mediante sentencia del 16 de mayo de 2024, el Tribunal resolvió: i) rechazar

por improcedente la excepción denominada «genérica»; ii) declarar impróspera
la excepción de prescripción; y iii) declarar probada la excepción de pago de la
obligación por la suma de $107.942.524,00. En consecuencia, dio por terminado
el proceso ejecutivo por pago total de la obligación, conforme a lo dispuesto en
el título ejecutivo.

20. Para arribar a dicha conclusión, el a quo explicó que la excepción «genérica»

debía rechazarse, en tanto no se encuentra prevista dentro de las excepciones
procedentes contra un título constituido por una providencia judicial, conforme al
artículo 442 del CGP.

21. En cuanto a la excepción de prescripción, señaló que la demanda fue
presentada dentro del término legal, esto es, dentro de los cinco (5) años
siguientes a la ejecutoria de las providencias cuya ejecución se pretendía. No
obstante, precisó que la obligación contenida en el auto del 23 de agosto de 2022
—mediante el cual se liquidaron las costas ordenadas en la sentencia base de
recaudo por la suma de $1.297.435,20— no era exigible al momento de la
presentación de la demanda ejecutiva.

22. En efecto, dicha providencia quedó ejecutoriada el 29 de agosto de 2022, y el

término de diez (10) meses previstos en el artículo 192 del CPACA para su
cumplimiento en sede administrativa vencía el 30 de junio de 2023. Sin embargo,
la demanda fue presentada el 3 de mayo de 2023, esto es, antes de que la
obligación fuera exigible judicialmente. Por esta razón, se rechazó la pretensión
dirigida a la ejecución de los valores reconocidos en el auto del 23 de agosto de
2022.

23. Sin perjuicio de lo anterior, el Tribunal dejó constancia de que, conforme a las

pruebas aportadas por el FOMAG, se efectuó el pago de $1.333.694,15 por
concepto de costas, por lo que «le corresponderá a la ejecutante acudir ante el
juez de la ejecución si considera que dicho monto no fue suficiente para satisfacer
la obligación».

24. Finalmente, en relación con la excepción de pago respecto de los intereses

calculados por el pago tardío del capital reconocido en la sentencia base de
recaudo —por valor de $5.293.847,85, conforme al mandamiento de pago—, el
Tribunal indicó que en etapa posterior se allegó constancia de que la entidad
consignó en favor de la ejecutante la suma de $6.627.542. En consecuencia,

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consideró que dicho pago cubrió el saldo pendiente, e incluso generó un
excedente de $1.333.694,15 que, según la entidad, fue imputado al pago de las
costas procesales.

1.6. Recurso de apelación

25. La ejecutante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera

instancia, con el fin de que se revoque, y, en su lugar, se ordene seguir adelante
con la ejecución por la suma de $1.518.392,08 por concepto de capital, más los
intereses que se continúen causando hasta el pago total de la obligación. Para
sustentar su inconformidad, expuso los siguientes argumentos:

26. En primer lugar, discrepó de la posición del Tribunal en cuanto a la fecha de

ejecutoria de la sentencia base de recaudo. Señaló que esta no quedó
ejecutoriada el 29 de agosto de 2022 —fecha correspondiente al auto que aprobó
la liquidación de costas—, sino el 3 de octubre de 2017. En consecuencia,
sostuvo que la obligación se hizo exigible el 3 de agosto de 2018, una vez
transcurridos los diez (10) meses previstos en el artículo 192 del CPACA para su
cumplimiento en sede administrativa.

27. De otro lado, indicó que la obligación cuya ejecución se persigue está
constituida por un capital de $50.166.788,43, correspondiente a 673 días de mora
en el pago de cesantías (entre el 20 de junio de 2013 y el 22 de abril de 2015),
con un salario base de liquidación de $2.236.261,00. A dicho capital se suman
los intereses moratorios liquidados a la tasa DTF entre el 3 de octubre de 2017 y
el 3 de agosto de 2018, así como los intereses moratorios causados sobre el
capital entre el 4 de agosto de 2018 y el 11 de enero de 2023, los cuales arrojaron
un total de $56.596.227,10.

28. Conforme a estos cálculos, afirmó que para el 11 de enero de 2023 se había

causado en su favor la suma de $107.600.685,68. Sin embargo, la entidad realizó
un abono por $101.314.982,00, el cual, debe imputarse primero a intereses y
luego a capital —conforme a lo dispuesto en el artículo 1653 del Código Civil—,
lo que deja un saldo insoluto de capital por $6.285.703,68. Sobre esta suma,
sostuvo que deben liquidarse intereses moratorios a la tasa comercial desde el
12 de enero de 2023 hasta que se acredite el pago total de la obligación.

29. En ese sentido, consideró que la sentencia de primera instancia no demostró

la existencia de un pago total de la obligación, pues subsistía un saldo insoluto
de capital por $6.285.703,68, el cual, entre el 12 de enero y el 23 de octubre de
2023 —fecha en que la entidad acreditó el pago de $6.627.542,00—, generó
intereses por $1.860.230,40.

30. En consecuencia, por concepto de capital e intereses causados entre el 12 de

enero y el 23 de octubre de 2023, existía un saldo insoluto de $8.145.934,08. Una

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vez descontado el pago efectuado por la entidad el 23 de octubre de 2023 por
$6.627.542,00, subsistía un saldo pendiente de $1.518.392,08, sobre el cual
continúan causándose intereses moratorios hasta tanto se acredite el pago total
de la obligación.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

31. El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación

interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, y 322 del CGP.

32. De tal modo que, como en este asunto solamente recurrió la decisión proferida

en primera instancia la parte ejecutante, la competencia se limitará a los reparos
efectuados en su recurso.

2.2. Problema jurídico

33. De acuerdo con los argumentos planteados por el apelante, le corresponde a

esta Sala de subsección responder los siguientes interrogantes:

34. ¿Erró el Tribunal al determinar la fecha en que se hizo exigible la sentencia

judicial constitutiva en el título ejecutivo?

35. ¿Es procedente el estudio del argumento relativo a que los pagos parciales

realizados por la entidad ejecutada sobre la actora deben imputarse primero a
intereses y luego a capital, conforme establece el artículo 1653 del Código Civil?
De ser así, se determinará si es menester modificar la decisión o no del a quo al
respecto.

36. De responderse positivamente el segundo interrogante, se estudiará si, con

los pagos acreditados por la entidad en el curso del proceso, se satisfizo o no la
obligación reclamada.

2.3. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto

2.3.1 Generalidades del proceso ejecutivo y los requisitos del título
ejecutivo

37. El proceso ejecutivo ha sido definido como el medio procesal para que un

acreedor, de modo coercitivo, haga efectiva una obligación o un derecho del que
es titular ante un deudor que se rehúsa a su cumplimiento. Es decir, «es el medio

2 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
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para que el acreedor haga valer el derecho (que conste en un documento
denominado título ejecutivo) mediante la ejecución forzada»3.

38. En esta clase de procesos no se busca el reconocimiento de un derecho
subjetivo, sino que está dirigido a obtener el cumplimiento de una obligación que
consta en un documento que da plena fe de su existencia, siendo el título «el
documento principal a partir del cual se desarrolla el proceso ejecutivo».4 Su
definición y requisitos se encuentran en el artículo 422 del CGP, antes 488 5 del
CPC, en los siguientes términos:

«TÍTULO EJECUTIVO. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones
expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor
o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una
sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de
otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben
liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás
documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no
constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el
artículo 184».

39. La norma consagra los requisitos del título ejecutivo: formales y sustanciales.

Los primeros hacen referencia a la prueba de la existencia de la obligación y
exigen que el título ejecutivo sea auténtico y que provenga del deudor, su
causante o de una providencia judicial.6 La autenticidad se refiere a la plena
identificación del creador del documento para que no haya duda del deudor y el
juez tenga certeza de quién lo suscribió7.

3 Consejo de Estado, Sección Cuarta, providencia del 15 de noviembre de 2017, radicado 54001 23 33 000

2013 00140 01(22065), M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez. Ver también Consejo de Estado, Sección
Primera, providencia del 12 de julio de 2018, radicado 81001 23 33 003 2017 00042 01, M.P. María Elizabeth
García González.
4 Sentencia T-704 de 2013. Igual concepto está en la sentencia T-996 de 2012.
5 «Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en

documentos que provengan del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra él, o las que
emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra
providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, o de las providencias que en procesos
contencioso - administrativos o de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares
de la justicia.
La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el
interrogatorio previsto en el artículo 294.»
6 Sobre los requisitos formales del título se puede consultar la siguiente jurisprudencia: Consejo de Estado,

Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 27 de agosto de 2015. Radicado: 200012331000 2011-
00548 01 (2586 – 2013). Consejera ponente Sandra Lisset Ibarra Vélez. «[…] que se trate de documentos
que tengan autenticidad, que emanen de autoridad judicial, o de otra clase si la ley lo autoriza, o del propio
ejecutado o causante cuando aquel sea heredero de este y los segundos, que de esos documentos aparezca
a favor del ejecutante o de su causante y a cargo del ejecutado o de su causante, una obligación clara
expresa, exigible y además líquida o liquidable por simple operación aritmética si se trata de pagar una suma
de dinero». Ver también: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
sentencia de 31 de mayo de 2018, Consejera ponente María Elizabeth García González, Radicación: 11001
03 15 000 2018 00824 00. A su vez la Sección Tercera del Consejo de Estado señaló: «Que además de
esos requisitos el documento debe reunir dos condiciones formales: i) la autenticidad y ii) que proceda del
deudor o de su causante, o de una sentencia judicial condenatoria, o de cualquier otra providencia judicial
que tenga fuerza ejecutiva». Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, providencia de 8 de junio
de 2016, radicado 27001 23 31 000 2012 00086 01(47539), M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa (E).
7 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 14 de mayo de 2014, radicado 33.586.

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Demandante: Liria Aurora Romero Martínez

40. Los segundos exigen que en el título ejecutivo se refleje en favor del ejecutante

una obligación clara, expresa y exigible. Es expresa si se encuentra especificada
en el título y no es el resultado de una presunción legal o de una interpretación;
clara si sus elementos aparecen inequívocamente señalados y no hay duda con
respecto al objeto o sujetos de la obligación, esto es fácilmente inteligible y se
entiende en un solo sentido; y, exigible si la ejecución no depende del
cumplimiento de un plazo o condición o siempre que estos se hubiesen
cumplido8.

41. Estos requisitos deben cumplirse en su totalidad y en los términos enunciados,

de modo que del título se concluya sin duda alguna la existencia de la obligación,
su claridad y que ya es exigible. Así entonces cuando el juez verifica que el
documento cumple con los requisitos enunciados debe emitir la orden de pago
en contra de la parte ejecutada, pues así lo dispone el artículo 430 del CGP 9,
antes 497 del CPC10.

42. De acuerdo con lo anterior, el título ejecutivo es el documento necesario para

que pueda incoarse y darse trámite al proceso ejecutivo. Además, conforme lo
dispone el artículo 422 del CGP11, antes 488 del CPC, i) es la prueba de la
existencia de la obligación, la cual debe ser expresa, clara y exigible; y ii) señala
con certeza el obligado a cumplirla, por lo que constituye plena prueba contra el

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, consejera ponente Carmen

Teresa Ortiz de Rodríguez, auto de 26 de febrero de 2014, Radicado: 25000 23 27 000 2011 00178 01
(19250), actor: Clínica del Country S.A. En esta providencia se citó la siguiente doctrina: Velásquez G., Juan
Guillermo. Los procesos ejecutivos. (2006). Medellín: Librería Jurídica Sánchez R. Ltda.
También puede consultarse la siguiente jurisprudencia: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A, 26 de julio de 2018, radicado 41001 23 31 000 2010 00139 01(0490-16), M.P. Rafael Francisco Suarez
Vargas.
9«Artículo 430. Mandamiento ejecutivo. Presentada la demanda acompañada de documento que preste

mérito ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma
pedida, si fuere procedente, o en la que aquel considere legal.
Los requisitos formales del título ejecutivo sólo podrán discutirse mediante recurso de reposición contra el
mandamiento ejecutivo. No se admitirá ninguna controversia sobre los requisitos del título que no haya sido
planteada por medio de dicho recurso. En consecuencia, los defectos formales del título ejecutivo no podrán
reconocerse o declararse por el juez en la sentencia o en el auto que ordene seguir adelante la ejecución,
según fuere el caso.
Cuando como consecuencia del recurso de reposición el juez revoque el mandamiento de pago por ausencia
de los requisitos del título ejecutivo, el demandante, dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria
del auto, podrá presentar demanda ante el juez para que se adelante proceso declarativo dentro del mismo
expediente, sin que haya lugar a nuevo reparto. El juez se pronunciará sobre la demanda declarativa y, si la
admite, ordenará notificar por estado a quien ya estuviese vinculado en el proceso ejecutivo.
Vencido el plazo previsto en el inciso anterior, la demanda podrá formularse en proceso separado.
De presentarse en tiempo la demanda declarativa, en el nuevo proceso seguirá teniendo vigencia la
interrupción de la prescripción y la inoperancia de la caducidad generados en el proceso ejecutivo.
El trámite de la demanda declarativa no impedirá formular y tramitar el incidente de liquidación de perjuicios
en contra del demandante, si a ello hubiere lugar».
10 «Presentada la demanda con arreglo a la ley, acompañada de documento que preste mérito ejecutivo, el

juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida si fuere
procedente, o en la que aquél considere legal».
11 «Artículo 422. Título ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y

exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena
prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier
jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben
liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale
la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en
el interrogatorio previsto en el artículo 184».
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adeudado, por provenir de él o de su causante o de cualquiera de las
providencias enunciadas en dicha norma. En tal sentido, debe entenderse que
las sentencias ejecutoriadas que condenen a una entidad al pago de suma de
dinero constituyen un título ejecutivo.

2.4. Análisis de la Sala a los problemas jurídicos

Primer interrogante: ¿Erró el Tribunal al determinar la fecha en que se hizo
exigible la sentencia judicial constitutiva en el título ejecutivo?

43. Para resolver este punto, es necesario reseñar los supuestos fácticos del caso.

44. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección

«D», mediante sentencia del 19 de septiembre de 2017, dictada dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por Lilia Aurora
Romero Martínez contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio, declaró la nulidad del acto ficto negativo
demandado y, en consecuencia, ordenó a la entidad demandada reconocer y
pagar en favor de la actora la sanción moratoria prevista en el parágrafo del
artículo 5° de la Ley 1071 de 2006, consistente en un día de salario por cada día
de retardo, por el período comprendido entre el 20 de junio de 2013 y el 22 de
abril de 2015, equivalente a 673 días de mora. Asimismo, dispuso el cumplimiento
de la sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA y condenó
en costas a la entidad demandada en un monto equivalente al 2% del valor de
las pretensiones reconocidas.

45. Según constancia expedida por la Subsección «D» de la Sección Segunda del

Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la anterior sentencia quedó
ejecutoriada el 3 de octubre de 2017.

46. Posteriormente, mediante auto del 23 de agosto de 2022 el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección «D» aprobó la
liquidación realizada por la Secretaría de la Corporación el 1° de agosto de 2022
por la suma de $1.297.435,20, en atención a lo previsto en el numeral 1° del
artículo 366 del CGP, aplicable a esta jurisdicción por remisión del artículo 188
del CPACA. Esta providencia fue notificada por estado el 24 de agosto de 2022.

47. La actora solicitó el cumplimiento del título ante el FOMAG – Secretaría de

Educación de Bogotá D.C. el 5 de julio de 2018.

48. Ahora bien, rememorando, se tiene que la recurrente sostuvo que el Tribunal

incurrió en error al considerar que la sentencia objeto de ejecución quedó en firme
el 29 de agosto de 2022, cuando en realidad dicha providencia se encontraba
ejecutoriada desde el 3 de octubre de 2017. En consecuencia, afirmó que al
momento de presentar la demanda ejecutiva ya habían transcurrido los diez (10)

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meses previstos en el artículo 192 del CPACA, por lo que la sentencia era
plenamente exigible.

49. La Subsección encuentra que este cargo del recurrente obedece a una
indebida interpretación de las consideraciones dadas por el Tribunal en la
sentencia apelada, pues esta afirma que el a quo tomó como fecha de ejecutoria
de la sentencia del 19 de septiembre de 2017 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca el 29 de octubre de 2023, pero en realidad esta
última fecha fue estimada para la ejecutoria del auto del 23 de agosto de 2022, a
través del cual se aprobó la liquidación de las costas procesales del proceso
ordinario por la suma de $1.297.435,20 en favor de la ejecutante.

50. Así, el a quo indicó que el auto del 23 de agosto de 2022 quedó ejecutoriado

el 29 de agosto de 2022, y dado que la demanda ejecutiva se presentó dentro de
los diez meses siguientes con que contaba la entidad condenada para la gestión
y trámite de su pago —conforme dispone el artículo 192 del CPACA—, consideró
que no era procedente el estudio de la pretensión de la demanda dirigida al pago
de las costas. Ello, sin perjuicio de que posteriormente —y una vez fuera
exigible— la parte actora pudiera solicitar su cumplimiento judicialmente en otro
proceso ejecutivo.

51. En ese contexto, es claro que —como se aduce en el recurso de apelación—

la sentencia judicial base de recaudo quedó ejecutoriada el 3 de octubre de 2017.
Sin embargo, dicha situación fue correctamente reconocida por el a quo en la
sentencia de primera instancia; por lo que, en esencia, no existen reparos reales
al respecto. En consecuencia, como se dijo, lo que constata la Sala es que el
recurrente interpretó erróneamente la decisión del a quo, de manera que, al no
asistirle razón, se desestima el reparo.

52. Adicionalmente, la Subsección observa que el recurso no formuló un reproche

concreto en relación con la decisión del Tribunal de no acceder a la ejecución de
las costas reconocidas en el auto del 23 de agosto de 2022 por falta de
exigibilidad al momento de la presentación de la demanda. Por lo tanto, como los
límites de la resolución del recurso de apelación —cuando solo opera una parte—
son los reparos concretos que se tienen respecto a la decisión reprochada, con
el fin de garantizar la congruencia12 entre el recurso y la decisión que ahora se
toma, la Subsección no puede pronunciarse al respecto13. En consecuencia, se

12 Recuérdese que el artículo 281 del CGP establece que la sentencia debe estar en consonancia, además

de los hechos y las pretensiones de la demanda, con las demás oportunidades que el código contempla,
dentro de las que se encuadran los argumentos del recurso de apelación a efectos de resolver su trámite de
segunda instancia. El numeral primero del artículo en cita dispone lo siguiente: «ARTÍCULO 281.
CONGRUENCIAS. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos
en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que
aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley».
13 El artículo 322 del CGP, que regula la oportunidad y trámite del recurso de apelación, dispone en el

numeral 3° inciso segundo lo siguiente: «Cuando se apele una sentencia, el apelante, al momento de
interponer el recurso en la audiencia, si hubiere sido proferida en ella, o dentro de los tres (3) días siguientes
a su finalización o a la notificación de la que hubiere sido dictada por fuera de audiencia, deberá precisar,
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confirmará la decisión de primera instancia en lo que respecta a la no
ejecutoriedad del auto del 23 de agosto de 2022.

Segundo interrogante: ¿Es procedente el estudio del argumento relativo a que
los pagos parciales realizados por la entidad ejecutada sobre la actora deben
imputarse primero a intereses y luego a capital, conforme establece el artículo
1653 del Código Civil? De ser así, se determinará si es menester modificar la
decisión o no del a quo al respecto.

53. El recurrente, en esencia, solicita que los abonos realizados por la entidad a

su favor deben imputarse primero a intereses y luego a capital, dado que de esta
manera aun persisten saldos insolutos a su favor.

54. Al respecto, la Subsección no desconoce que el a quo tomó la decisión de

librar mandamiento de pago imputando los abonos realizados en el proceso por
la entidad primero a capital y luego a intereses en el mandamiento de pago, y
sobre dicha decisión la actora no interpuso recurso de apelación, aun cuando la
norma procesal la habilitaba14.

55. No obstante, esta Sección ha precisado que las decisiones que se toman en

el mandamiento de pago no son definitivas, dado que en realidad es una etapa
inicial del proceso donde aún no se encuentran todos los elementos de juicio que
le permitan al juez establecer los parámetros y el quantum de la obligación15. Lo
cual justifica que el a quo en la sentencia volviera a pronunciarse sobre lo
pretendido y acreditado en el proceso, para considerar probada la excepción de
pago total de la obligación, fundando su decisión en la imputación de los abonos
efectuados a capital y luego a intereses, y sobre tal planteamiento la ejecutante
efectuó su reparo.

56. En esa medida, para la Sala los abonos realizados por la entidad en favor de

la actora no debían imputarse primero a capital y luego a intereses, sino que,
conforme la regla contenida en el artículo 1653 del Código Civil era menester
aplicarlos lo contrario, es decir, imputar primero a intereses y luego a capital.

57. En efecto, la Sala de Decisión en los procesos ejecutivos en la que el título

objeto de ejecución es una sentencia judicial que dispuso el pago de acreencias
pensionales ha interpretado lo siguiente:

«En ese escenario, la Sala advierte que no existe una norma jurídica especial que
permita determinar cómo deben distribuirse los pagos que realiza el Estado para
satisfacer las obligaciones que están a su cargo, consignadas en documentos que
presten mérito ejecutivo, si primero a capital y luego a intereses o viceversa.

de manera breve, los reparos concretos que le hace a la decisión, sobre los cuales versará la
sustentación que hará ante el superior».
14 Según el numeral 1 del artículo 243 del CPACA.
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Auto del 28 de noviembre de 2018 radicado 23001-

23- 33-000-2013-00136-01 (1509-2016).
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Por lo anterior, de acuerdo con el artículo 8 de la Ley 153 de 1887, «cuando no
hay ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicarán las leyes que
regulen casos o materias semejantes, y en su defecto, la doctrina constitucional y
las reglas generales de derecho». Así las cosas, a falta de una norma que regule
de manera especial la imputación de pagos cuando la parte deudora es una
entidad del Estado, resulta procedente acudir al artículo 1653 del Código Civil, ya
citado, según el cual, «[s]i se deben capital e intereses, el pago se imputará
primeramente a los intereses, salvo que el acreedor consienta expresamente que
se impute al capital».
[…]
En este punto, vale la pena precisar que, para la Sala, la regla señalada por el
artículo 1653 del Código Civil no viabiliza, per se, el anatocismo, ya que, una vez
imputado el pago a intereses y a capital, en ese orden, podrían seguirse causando
intereses de mora sobre el excedente que quede por concepto de capital, mas no
se trataría de intereses calculados sobre intereses. Además, considerar la eventual
inconveniencia de aplicar la norma mencionada, por la razón aludida, implicaría
asumir que el Código Civil incurre en contradicción, pues prohíbe el anatocismo y,
a la vez, lo permite a través del procedimiento de imputación de pagos, lo cual no
es acertado»16.

58. Igualmente, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia

concluyó que, si las administradoras de fondos pensionales efectúan la
imputación de pagos a los particulares a intereses y a capital, no había ninguna
justificación de no aplicar la regla en las oportunidades en que la obligación
debiera satisfacerse por la institución, dando alcance al artículo 53 del Decreto
1406 de 199917 que señala como la norma que de manera expresa consagra la
imputación de pagos en materia pensional, en los siguientes términos:

«[…] si las administradoras de pensiones tienen la facultad de imputar el pago de
un determinado período, en primer lugar, «al interés de mora por los aportes no
pagados oportunamente y correspondientes al período declarado», no hay
fundamento válido para no asumir que cuando esa misma entidad no ha procedido
con la diligencia y el cuidado que le impone su condición de administradora de un
sistema que involucra en muchos casos derechos fundamentales, deba impartirse
la misma solución, de suerte que si, como en el caso actual, se presenta una
tardanza aproximada de 3 años, los intereses moratorios que, como ya se dijo, se
causan una vez vencido el plazo de 4 meses contados desde la petición, deben
cubrirse antes de proceder al abono del retroactivo pensional, y en ese sentido
abona a la definición lo establecido en el artículo 1659 [1653] del Código Civil,
según el cual «Si se deben capital e intereses, el pago se imputará primeramente
a los intereses, salvo que el acreedor consienta expresamente que se impute al
capital»18.

16 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Expediente

25000-23-42-000-2015-01326-02 (0618-2021) CP Rafael Francisco Suárez Vargas.
17 “Por el cual se adoptan unas disposiciones reglamentarias de la Ley 100 de 1993, se reglamenta
parcialmente el artículo 91 de la Ley 488 de diciembre 24 de 1998, se dictan disposiciones para la puesta
en operación del Registro Único de Aportantes al Sistema de Seguridad Social Integral, se establece el
régimen de recaudación de aportes que financian dicho Sistema y se dictan otras disposiciones.”
18 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia SL9854-2014 de 16 de julio de 2014,

Radicado 41756. MP Elsy del Pilar Cuello Calderón. Tesis reiterada en la Sentencia SL4104-2018 proferida
el 15 de agosto de 2018 dentro del radicado 66214, M.P., Donald José Dix Ponnefz.
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59. En ese orden, se considera que los pagos deben aplicarse primero a intereses

y luego a capital, cuando la entidad obligada efectúa algún abono en
cumplimiento de la obligación reclamada; los que una vez satisfechos dan paso
a que se considere el capital.

60. En dichos términos, la aplicación del artículo 1653 del Código Civil no
constituye una decisión arbitraria ni extralimitación judicial, por el contrario, es el
efecto de la estructura legal de las obligaciones dinerarias que guarda
correspondencia con lo dispuesto en el artículo 53 del Decreto 1406 de 1999 en
materia pensional.

61. En consecuencia, le asiste razón a la ejecutante en este aspecto del recurso

de apelación, por lo que la Sala procede a definir el tercer interrogante planteado,
esto es, determinar si con los abonos realizados por la entidad se satisface o no
la obligación.

62. Debe precisarse en este punto que la actora en el recurso de apelación
desarrolló las operaciones aritméticas necesarias para concluir que, al imputar
los abonos efectuados por la entidad primero a intereses y luego a capital,
subsiste un saldo insoluto por concepto de capital por valor de $1.518.392,08
desde la fecha del segundo abono —23 de octubre de 2023—, suma sobre la
cual continúan causándose intereses moratorios hasta que se efectúe el pago
total de la obligación.

63. Así, en atención a que la recurrente sustentó de manera detallada los reparos

aritméticos dirigidos a demostrar que la obligación no ha sido satisfecha en su
integridad, la Subsección considera necesario efectuar las operaciones
correspondientes, con el fin de establecer si procede confirmar la sentencia de
primera instancia que dio por terminado el proceso o si, por el contrario, debe
revocarse.

64. Para tal efecto, se tendrán en cuenta las siguientes premisas fácticas, respecto

de las cuales no existe controversia:

i) La sentencia constitutiva en el título base de recaudo quedó ejecutoriada
el 3 de octubre de 2017.

ii) El capital de la obligación que se reclama lo constituye la suma de
$50.166.788,43, correspondiente al cálculo de la sanción moratoria entre el 20
de junio de 2013 y el 22 de abril de 2015 (673 días), a razón de un día de
salario por un día de retardo, teniendo como salario la suma de $2.236.261,00.

iii) La petición de cumplimiento del fallo se presentó a la entidad el 5 de julio
de 2018.

iv) El 11 de enero de 2023 la Fiduciaria La Previsora S.A., en representación
del Fomag, realizó un abono a la ejecutante por $101.614.982.

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v) El 23 de octubre de 2023, la ejecutada nuevamente consignó en favor de
la actora la suma de $6.627.542.

65. A partir de lo anterior se concluye lo siguiente:

66. Intereses moratorios tasa DTF: Los intereses moratorios sobre el capital de

la obligación a tasa equivalente al DTF —conforme el numeral cuarto del artículo
195 y el artículo 192 inciso cuarto— se interrumpieron en este caso entre el 4 de
enero de 2018 y el 5 de julio de 2018, dado que la actora no presentó la petición
de cumplimiento del fallo dentro de los tres meses siguientes a la ejecutoria de la
sentencia base de recaudo, y en cambio solo lo hizo nueve meses después.

67. El Tribunal realizó esta operación y determinó que los intereses causados

durante el período correspondiente ascendían a $1.015.487,45. Sin embargo, se
advierte que el cálculo efectuado no se ajusta plenamente a los parámetros de
los artículos 192 y 195 del CPACA, pues los intereses a tasa DTF debían
liquidarse únicamente durante los diez (10) meses siguientes a la ejecutoria de
la sentencia —esto es, entre el 3 de octubre de 2017 y el 3 de agosto de 2018—
. No obstante, en la liquidación se extendió el cálculo hasta el 31 de agosto de
2018, excediendo en veintiocho (28) días el término legal, y solo a partir del 1°
de septiembre de 2018 se dio inicio al cálculo de intereses a tasa comercial, tal y
como se expone:

68. En consecuencia, la Subsección no puede acoger el cálculo efectuado en

primera instancia para efectos de determinar los intereses a tasa DTF. En su
lugar, resulta necesario realizar la liquidación conforme a los parámetros de los
artículos 192 y 195 del CPACA, esto es, calculando los intereses moratorios a
tasa DTF exclusivamente durante los diez (10) meses siguientes a la ejecutoria
de la sentencia —del 3 de octubre de 2017 al 3 de agosto de 2018—, lo que
arroja la suma de $837.670,16, según se expone en la liquidación
correspondiente:

Capital base de Inicio Tasa Tasa nominal Total
Fin causación Días
liquidación causación DTF diaria intereses
$ 50.166.788,43 03/10/2017 31/10/2017 28 5,46% 0,01456587% $ 204.602,40

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$ 50.166.788,43 01/11/2017 30/11/2017 30 5,35% 0,01427991% $ 214.913,18
$ 50.166.788,43 01/12/2017 31/12/2017 31 5,28% 0,01409778% $ 219.244,56
$ 50.166.788,43 01/01/2018 03/01/2018 3 5,21% 0,01391553% $ 20.942,93
Interrupción causación intereses
$ 50.166.788,43 05/07/2018 31/07/2018 26 4,57% 0,01224363% $ 159.698,15
$ 50.166.788,43 01/08/2018 03/08/2018 3 4,53% 0,01213880% $ 18.268,94
Total Intereses Tasa DTF $837.670,16

69. Primer bloque de intereses moratorios a tasa comercial: Dado que el
primer abono realizado por la entidad ejecutada ocurrió el 11 de enero de 2023,
los intereses moratorios a tasa comercial se causaron, en un primer momento
entre el 4 de agosto de 2018 —día siguiente a la finalización de los diez meses
previstos en los artículos 192 y 195 del CPACA— y el 11 de enero de 2023.

70. El Tribunal, en la sentencia apelada, liquidó estos intereses por la suma de

$55.426.553,96. Por su parte, la recurrente sostuvo que el valor correcto
ascendía a $56.596.227,10.

71. Dada la discrepancia entre ambas liquidaciones, corresponde a esta instancia

efectuar el cálculo respectivo para determinar con precisión el valor total de los
intereses moratorios sobre el capital de $50.166.788,43 durante dicho período:

Intereses moratorios entre el 2 de octubre de 2018 y el 11 de enero de 2023
Capital base Inicio Tasa efectiva Tasa nominal
Fin causación Días Total intereses
de liquidación causación anual19 diaria
$ 50,166,788.43 04/08/2018 31/08/2018 28 29.91% 0.07171659% $ 1.007.381,42
$ 50,166,788.43 01/09/2018 30/09/2018 30 29.72% 0.07131531% $ 1,073,297.97
$ 50,166,788.43 01/10/2018 31/10/2018 31 29.45% 0.07074406% $ 1,064,700.66
$ 50,166,788.43 01/11/2018 30/11/2018 30 29.24% 0.07029893% $ 1,058,001.50
$ 50,166,788.43 01/12/2018 31/12/2018 31 29.10% 0.07000178% $ 1,088,647.00
$ 50,166,788.43 01/01/2019 31/01/2019 31 28.74% 0.06923620% $ 1,076,740.89
$ 50,166,788.43 01/02/2019 28/02/2019 28 29.55% 0.07095577% $ 996,694.47
$ 50,166,788.43 01/03/2019 31/03/2019 31 29.06% 0.06991682% $ 1,087,325.74
$ 50,166,788.43 01/04/2019 30/04/2019 30 28.98% 0.06974682% $ 1,049,692.24
$ 50,166,788.43 01/05/2019 31/05/2019 31 29.01% 0.06981058% $ 1,085,673.58
$ 50,166,788.43 01/06/2019 30/06/2019 30 28.95% 0.06968305% $ 1,048,732.41
$ 50,166,788.43 01/07/2019 31/07/2019 31 28.92% 0.06961926% $ 1,082,698.09
$ 50,166,788.43 01/08/2019 31/08/2019 31 28.98% 0.06974682% $ 1,084,681.98
$ 50,166,788.43 01/09/2019 30/09/2019 30 28.98% 0.06974682% $ 1,049,692.24
$ 50,166,788.43 01/10/2019 31/10/2019 31 28.65% 0.06904447% $ 1,073,759.18
$ 50,166,788.43 01/11/2019 30/11/2019 30 28.55% 0.06883128% $ 1,035,913.28
$ 50,166,788.43 01/12/2019 31/12/2019 31 28.37% 0.06844712% $ 1,064,469.41
$ 50,166,788.43 01/01/2020 31/01/2020 31 28.16% 0.06799826% $ 1,057,488.81
$ 50,166,788.43 01/02/2020 29/02/2020 26 28.59% 0.06891658% $ 1,002,623.75
$ 50,166,788.43 01/03/2020 31/03/2020 31 28.43% 0.06857523% $ 1,066,461.77
$ 50,166,788.43 01/04/2020 30/04/2020 30 28.04% 0.06774144% $ 1,019,511.08
$ 50,166,788.43 01/05/2020 31/05/2020 31 27.29% 0.06613083% $ 1,028,447.16
$ 50,166,788.43 01/06/2020 30/06/2020 30 27.18% 0.06589382% $ 991,704.33
$ 50,166,788.43 01/07/2020 31/07/2020 31 27.18% 0.06589382% $ 1,024,761.14
$ 50,166,788.43 01/08/2020 31/08/2020 31 27.44% 0.06645371% $ 1,033,468.44
$ 50,166,788.43 01/09/2020 30/09/2020 30 27.53% 0.06664725% $ 1,003,043.59
$ 50,166,788.43 01/10/2020 31/10/2020 31 27.14% 0.06580758% $ 1,023,419.98
$ 50,166,788.43 01/11/2020 30/11/2020 30 26.76% 0.06498696% $ 978,056.07
$ 50,166,788.43 01/12/2020 31/12/2020 31 26.19% 0.06375141% $ 991,443.15
$ 50,166,788.43 01/01/2021 31/01/2021 31 25.98% 0.06329481% $ 984,342.20
$ 50,166,788.43 01/02/2021 28/02/2021 28 26.31% 0.06401199% $ 899,157.27
$ 50,166,788.43 01/03/2021 31/03/2021 31 26.12% 0.06359930% $ 989,077.48
$ 50,166,788.43 01/04/2021 30/04/2021 30 25.97% 0.06327305% $ 952,261.70
$ 50,166,788.43 01/05/2021 31/05/2021 31 25.83% 0.06296820% $ 979,262.85
$ 50,166,788.43 01/06/2021 30/06/2021 30 25.82% 0.06294641% $ 947,345.82
$ 50,166,788.43 01/07/2021 31/07/2021 31 25.77% 0.06283745% $ 977,229.42
$ 50,166,788.43 01/08/2021 31/08/2021 31 25.86% 0.06303355% $ 980,279.20

19 1.5 interés bancario corriente.

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Demandante: Liria Aurora Romero Martínez

$ 50,166,788.43 01/09/2021 30/09/2021 30 25.79% 0.06288104% $ 946,361.94
$ 50,166,788.43 01/10/2021 31/10/2021 31 25.62% 0.06251029% $ 972,141.62
$ 50,166,788.43 01/11/2021 30/11/2021 30 25.91% 0.06314244% $ 950,296.05
$ 50,166,788.43 01/12/2021 31/12/2021 31 26.19% 0.06375141% $ 991,443.15
$ 50,166,788.43 01/01/2022 31/01/2022 31 26.49% 0.06440239% $ 1,001,566.96
$ 50,166,788.43 01/02/2022 28/02/2022 28 27.45% 0.06647522% $ 933,757.53
$ 50,166,788.43 01/03/2022 31/03/2022 31 27.71% 0.06703393% $ 1,042,491.90
$ 50,166,788.43 01/04/2022 30/04/2022 30 28.58% 0.06889525% $ 1,036,876.09
$ 50,166,788.43 01/05/2022 31/05/2022 31 29.57% 0.07099809% $ 1,104,141.36
$ 50,166,788.43 01/06/2022 30/06/2022 30 30.60% 0.07316896% $ 1,101,195.46
$ 50,166,788.43 01/07/2022 31/07/2022 31 31.92% 0.07592620% $ 1,180,781.89
$ 50,166,788.43 01/08/2022 31/08/2022 31 33.32% 0.07882065% $ 1,225,795.52
$ 50,166,788.43 01/09/2022 30/09/2022 30 35.25% 0.08276155% $ 1,245,564.38
$ 50,166,788.43 01/10/2022 31/10/2022 31 36.92% 0.08612655% $ 1,339,414.72
$ 50,166,788.43 01/11/2022 30/11/2022 30 38.67% 0.08960912% $ 1,348,620.50
$ 50,166,788.43 01/12/2022 31/12/2022 31 41.46% 0.09507169% $ 1,478,526.77
$ 50,166,788.43 01/01/2023 11/01/2023 11 43.26% 0.09853920% $ 543,773.45
Total Intereses $ 56.435.726,61

72. Es necesario explicar que la diferencia que existe entre la liquidación realizada
en esta instancia con la aportada por la recurrente en el recurso de apelación
obedece a que esta toma 31 días del mes de agosto de 2018, cuando realmente
son 28 como base para el cálculo de los intereses, pues la solicitud de
cumplimiento fue presentada el día 3 de los mismos, por lo tanto, los intereses
empezaron a causarse al día siguiente, es decir, el 4 de agosto. El siguiente
cuadro evidencia la liquidación de la ejecutante:

73. Asimismo, la diferencia con la liquidación efectuada en primera instancia
obedece, principalmente, a que allí —como se dijo previamente— se incluyeron
días adicionales dentro del período de cálculo a tasa DTF que no correspondían,
lo que redujo consecuencialmente el número de días computados para la
liquidación de intereses a la tasa comercial y, en consecuencia, arrojó un monto
inferior.

74. En suma, realizadas las operaciones correspondientes, la Subsección concluye
que, entre el 4 de agosto de 2018 y el 11 de enero de 2023, se causaron
intereses moratorios a tasa comercial por la suma de $ 56.435.726,61.

75. Capital de insoluto a fecha del primer abono: En consecuencia, para el 11

de enero de 2023, fecha en que la entidad efectuó el primer pago, el saldo total
de la obligación ascendía a $107.440.185,20, discriminado así: i) $50.166.788,43
por concepto de capital; ii) $837.670,16 por intereses a tasa DTF; y, iii) $
56.435.726,61 por intereses moratorios a tasa comercial.

76. En esa medida, teniendo en cuenta que el 11 de enero de 2023 la entidad

realizó un pago por $101.614.982, y comoquiera que los pagos realizados deben

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Demandante: Liria Aurora Romero Martínez

imputarse primero a intereses y luego capital, luego de realizarse esta operación
se obtuvo aún un saldo por concepto de capital en favor de la actora por
$5.825.203,20, tal y como se resume en el siguiente cuadro:

Tabla liquidación saldo insoluto
Intereses moratorios DTF $837.670,16
Intereses moratorios tasa comercial $ 56.435.726,61
Total sumatoria intereses $57.273.396,77
Abono del 11 de enero de 2023 a los intereses $101.614.982

Subtotal imputación abono del 11 de enero de 2023 al $44.341.585,23
total de intereses
Capital de la obligación contenida en el título $50.166.788,43
Total capital insoluto luego de imputar el $5.825.203,20
excedente del abono del 11 de enero de 2023

77. Segundo abono realizado y cálculo de intereses: A partir del 12 de enero

de 2023 existía un capital pendiente de pago por $5.825.203,20, suma sobre la
cual continuaron causándose intereses moratorios a tasa comercial. Dado que la
entidad efectuó un segundo abono el 23 de octubre de 2023 por $6.627.542,
corresponde liquidar los intereses causados entre el 12 de enero de 2023 y el 22
de octubre de 2023, con el fin de establecer con exactitud el monto total
adeudado a la fecha del segundo pago:
Intereses moratorios entre el 12 de enero de 2023 y el 22 de octubre de 2023
Capital base de Tasa efectiva Tasa nominal
Inicio causación Fin causación Días Total intereses
liquidación anual20 diaria
$ 5.825.203,20 12/01/2023 31/01/2023 20 43,26% 0,09853920% $ 114.802,17
$ 5.825.203,20 01/02/2023 28/02/2023 28 45,27% 0,10236027% $ 166.955,42
$ 5.825.203,20 01/03/2023 31/03/2023 31 46,26% 0,10422295% $ 188.207,16
$ 5.825.203,20 01/04/2023 30/04/2023 30 47,09% 0,10577493% $ 184.848,14
$ 5.825.203,20 01/05/2023 31/05/2023 31 45,41% 0,10262445% $ 185.320,56
$ 5.825.203,20 01/06/2023 30/06/2023 30 44,64% 0,10116832% $ 176.797,81
$ 5.825.203,20 01/07/2023 31/07/2023 31 44,04% 0,10002831% $ 180.632,42
$ 5.825.203,20 01/08/2023 31/08/2023 31 43,13% 0,09829022% $ 177.493,76
$ 5.825.203,20 01/09/2023 30/09/2023 30 42,05% 0,09621308% $ 168.138,23
$ 5.825.203,20 01/10/2023 22/10/2023 22 39,80% 0,09183465% $ 117.690,21
Total Intereses $ 1.660.885,88
78. En ese contexto, se concluye que entre el 12 de enero de 2023 y el 22 de

octubre de 2023 se causaron intereses moratorios por la suma de $1.660.885,88.

79. A dicha suma debe imputarse el segundo abono realizado por la entidad el 23

de octubre de 2023 por valor de $6.627.542, aplicándolo nuevamente primero a
intereses y luego a capital, conforme a la regla del artículo 1653 del Código Civil,
con el fin de determinar el saldo definitivo de la obligación a esa fecha:

Tabla liquidación saldo insoluto
Intereses moratorios tasa comercial $ 1.660.885,88
Subtotal intereses $ 1.660.885,88
Abono del 23 de octubre de 2023 a los intereses $6.627.542
Subtotal pago 23 de octubre de 2023 menos intereses $4.966.656,12
a tasa comercial
Capital insoluto $5.789.225,29

20 1.5 interés bancario corriente.

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Total capital insoluto menos excedente de abono $822.569,17
realizado el 23 de octubre de 2023

80. Así las cosas, se advierte que, contrario a lo sostenido por el Tribunal en la

sentencia de primera instancia, para la fecha del segundo abono —23 de octubre
de 2023— y efectuadas correctamente las operaciones de imputación, subsistía
un saldo insoluto de capital a favor de la actora por la suma de $822.569,17, y no
por $1.518.392,08 como se afirmó en el recurso de apelación.

81. Sobre dicho capital continúan causándose intereses moratorios hasta tanto no

se acredite el pago total de la obligación.

82. En consecuencia, debe revocarse parcialmente la sentencia de primera instancia,
en tanto las operaciones realizadas en esta instancia evidencian que, a pesar de
los abonos parciales realizados por la entidad, aún persisten saldos pendientes
que impiden declarar probada la excepción de pago total de la obligación.

83. De manera que se ordenará seguir adelante con la ejecución por la suma de

$822.569,17 por concepto de capital, más los intereses moratorios que se causen
sobre dicho monto a partir del 24 de octubre de 2023 y hasta su pago efectivo.
De modo que se dispondrá la continuación del trámite en la etapa de liquidación
del crédito, conforme a lo previsto en los artículos 446 y siguientes del Código
General del Proceso.

84. Finalmente, se precisa que la sentencia apelada se confirmará en lo que atañe

a la no ejecutoriedad del auto del 23 de agosto de 2022 proferido por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, a través del cual se liquidaron la condena de
costas y agencias en derecho ordenadas en la sentencia del 19 de septiembre
de 2017, conforme lo desarrollado en el primeo problema jurídico de esta
providencia.

2.6. De la condena en costas en segunda instancia

85. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la

Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

86. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de

2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos.

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87. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los trámites

de procesos ejecutivos, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene
incólume; en ese sentido, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas
sobre la parte vencida en el proceso.

88. En tal virtud, comoquiera que el recurso de alzada prosperó, no se condenará

en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley.

FALLA

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia de proferida el 16 de mayo
de 2024 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección «D», en lo que atañe a la decisión a través de la cual se declaró
probada la excepción de pago y se dio por terminado el proceso ejecutivo. En su
lugar, se ORDENAR seguir adelante con la ejecución en favor de la ejecutante
por $822.569,17, por concepto de capital y por los intereses moratorios que por
esta suma se causen a partir del 24 de octubre de 2023 hasta que se efectúe el
pago total de la obligación.

SEGUNDO. ADELÁNTESE la etapa de liquidación del crédito conforme lo
dispuesto en la parte motiva de este proveído.

TERCERO: CONFÍRMESE en los demás aspectos la sentencia de primer grado,
conforme lo expresado en la parte motiva.

CUARTO. Sin condenas en costas en esta instancia.

QUINTO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones pertinentes en el programa «SAMAI».

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA

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