Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2022-00234-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2022-00234-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 17001-23-33-000-2022-00234-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
10 de septiembre de 2026
Radicado: 17001-23-33-000-2022-00234-01 (4178-2024)
Demandante: Augusto Alzate López
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C. diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Ejecutivo
Radicación: 17001-23-33-000-2022-00234-01 (4178-2024)
Demandante: Augusto Alzate López
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
Tema: Excepción de pago total de la obligación.
Decisión: Confirma sentencia apelada. No se acreditó el pago total
de la obligación. No aplica el artículo 1652 del Código Civil.
Cesación de intereses.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide los
recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia del 5 de
abril de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, a través de la
cual se declaró probada parcialmente la excepción de pago y ordenó seguir
adelante con la ejecución.
I. ANTECEDENTES
1.1. Pretensiones y hechos de la demanda
2. El señor Augusto Alzate López, actuando en nombre propio, presentó
demanda ejecutiva con el fin de hacer efectivo el cumplimiento de las órdenes
proferidas por el Tribunal Administrativo de Caldas en la sentencia proferida el 13
de marzo de 2014, decisión modificada parcialmente el 13 de agosto de 2018 por
el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B.
3.En concreto, explicó que en las sentencias base de recaudo se declaró la
nulidad de las resoluciones demandadas y, a título de restablecimiento del
derecho, se ordenó a la UGPP a reliquidar y pagar la pensión de jubilación por
aportes devengada por el actor con el 75% del promedio de lo cotizado durante
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el todo el tiempo o los últimos 10 años de servicios «si le era más favorable» a
partir del 6 de junio de 2001, tal como lo disponen los artículos 36 (inciso 3°) y 21
de la Ley 100 de 1993. Asimismo, ordenó la indexación de la primera mesada
pensional con base en el Índice de Precios del Consumidor (IPC).
4.La sentencia de segunda instancia quedó ejecutoriada el 17 de septiembre de
2018.
5.Posteriormente, el actor en múltiples oportunidades solicitó a la UGPP el
cumplimiento de la sentencia. En efecto, en agosto de 2019 requirió a la entidad
para el cumplimiento del fallo, lo que fue radicado con el número
2019180014075731. El 7 de diciembre de 2019, la entidad le indicó que no fue
anexado el Formulario Único de Solicitudes Prestacionales, por lo que solo podría
adelantarse el trámite una vez aportara los documentos completos.
6. El ejecutante manifestó que diligenció los documentos requeridos el 27 de
enero de 2020. Debido al silencio de la entidad, el 24 de mayo de 2020
nuevamente requirió a la UGPP para el cumplimiento de las órdenes contenidas
en el título. Como respuesta, se expidió el oficio 2020180001617451 del 3 de
junio de 2020, en el que le indicó que «el estudio de la reliquidación podrá
continuar cuando se aporte este formulario, considerando que los datos de
ubicación y contacto son de vital importancia para el proceso de notificación y de
ser el caso para la completitud documental e inclusión en nómina».
7. Nuevamente, el 17 de junio de 2020, el actor presentó la petición de
cumplimiento del fallo ante la UGPP y, el 19 de junio de 2020, se le confirmó el
recibo completo de la petición sin resolverse de fondo la solicitud. En
consecuencia, el ejecutante presentó una acción de tutela para que se protegiera
su derecho fundamental de petición. Como consecuencia, la UGPP profirió la
Resolución RDP 29707 de 22 de diciembre de 2020, a través de la cual reliquidó
la mesada pensional del ejecutante con base en el promedio de lo cotizado
durante todo el tiempo laborado.
8. En la Resolución RDP 29707 del 22 de diciembre de 2020, explicó que no fue
posible establecer los valores devengados durante el período comprendido entre
1985 y 1991, por lo que los liquidó con la inclusión del smlmv; en consecuencia,
reliquidó la pensión en cuantía de $682.926, efectiva a partir del 6 de junio de
2001 y, reconoció y pagó por concepto de retroactivo pensional la suma de
$149.872.485,29.
9. Con el fin de que se revisara la liquidación realizada por la entidad en la
Resolución RDP 29707 del 22 de diciembre de 2020, el 19 de enero de 2021 el
actor presentó una nueva petición a la UGPP para que le remitieran copia integral
de su historia laboral, así como todos los documentos que fundamentaron la
realización del acto administrativo. En respuesta, la entidad remitió los
documentos reclamados.
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10. Para el ejecutante la Resolución RDP 29707 del 22 de diciembre de 2020
incurrió en múltiples errores, que resumió así: i) contrario a lo aducido por la
entidad en su acto de ejecución, dentro del expediente administrativo si existían
constancia de los factores salariales devengados por él entre 1985 y 1991,
cuando prestó su servicio en favor de la Superintendencia de Notariado y
Registro, concretamente en la certificación expedida por la entidad el 13 de marzo
de 2011; ii) la UGPP debió aplicar el principio de favorabilidad, teniendo en cuenta
que existe constancia de los salarios que recibió como notario en los años
anteriores a los transcurridos entre 1985 y 1991, por lo que su cálculo no podía
ser sobre un salario mínimo.
11. Por ello consideró que, si la UGPP hubiera tenido en cuenta los factores que
sobre estos períodos obran en el plenario, su primera mesada pensional para el
año 2001 no debía ser de $682.926 sino de $834.849. y si hubiera aplicado el
principio de favorabilidad entre los años 1985 a 1991 respecto a los salarios
recibidos en los años anteriores, la primera asignación pensional ascendería a
$1.030.398.
12. También censuró que en la Resolución RDP 29707 de 22 de diciembre de
2020 la entidad no reconoció el pago de los intereses moratorios conforme la
norma procesal vigente. Esto, por cuanto solo se liquidaron entre el 13 de
septiembre de 2018 y el 12 de diciembre de 2018, pero no entre el 13 de
diciembre de 2018 y el 30 de diciembre de 2020, motivado —según indicó la
entidad en respuesta a petición posterior— por el hecho de que no se habría
presentado la solicitud de cumplimiento del fallo dentro de la oportunidad legal.
13. Posteriormente, el actor presentó otra petición de cumplimiento del fallo ante
la UGPP para que fuesen corregidos los errores respecto a la inclusión de los
factores de cotización entre 1985 y 1991, así como el correcto cálculo de los
intereses moratorios; lo cual fue negado por medio de la Resolución 028555 del
25 de octubre del 2021. Contra esa decisión se interpuso recurso de reposición
y en subsidio apelación, los cuales fueron resueltos negativamente por las
resoluciones 032951 del 02 de diciembre del 2021 y 032951 del 02 de diciembre
del 2021, respectivamente.
14. Como consecuencia de lo anterior, el actor solicitó como pretensiones de la
demanda las siguientes:
i) Obligación de hacer: que la UGPP reliquide de manera correcta la pensión
de jubilación que recibe, teniendo en cuenta los factores devengados entre
1985 y 1991, con fundamento en la sentencia de segunda instancia proferida
por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección B el 13 de agosto de 2018. Subsidiariamente, solicitó
que para el cálculo de la mesada pensional se tuviera en cuenta la aplicación
de los principios constitucionales de favorabilidad, in dubio pro operario y
prevalencia de la realidad sobe las formas.
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ii) Obligación de dar: a partir de la correcta reliquidación de su asignación
pensional, solicitó que se le pagara de manera adecuada el retroactivo
causado en su favor.
iii) Obligación de hacer: solicitó que la UGPP reliquidara de manera correcta
los intereses moratorios causados en su favor por el incumplimiento dentro de
las órdenes contenidas en el título ejecutivo dentro del término que impone la
norma procesal, esto es, desde el 13 de septiembre de 2018 hasta cuando se
dé cumplimiento total de la obligación.
iv) Obligación de dar: que la UGPP pague los intereses moratorios de manera
retroactiva a partir del 13 de septiembre de 2018. Finalmente, solicitó el pago
de las costas procesales y las agencias en derecho.
1.2. Mandamiento de pago
15. Mediante auto del 7 de marzo de 2023, el Tribunal libró mandamiento de pago
en favor del ejecutante y contra la UGPP de la siguiente forma:
«Primero: Librar mandamiento ejecutivo de obligación de hacer en contra de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP - y en favor señor Augusto Álzate López, en los precisos
términos de las sentencias proferidas en primera instancia por este Tribunal el 13 de
marzo de 2014 y en segunda instancia por el Consejo de Estado el 13 de agosto de
2018 mediante la cual se confirmó parcialmente la sentencia de primera instancia, y
modificó lo ordenando a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP – en el siguiente sentido:
Expedir de manera inmediata el acto administrativo de reliquidación y orden de pago
de la pensión de jubilación por aportes del señor Augusto Álzate López con el 75%
del promedio de lo cotizado durante todo el tiempo o los últimos 10 años de servicios,
si les es más favorable. Ello dentro de los cinco días (05) siguientes a la notificación
de esta providencia (…)»
16.Para arribar a la anterior decisión, el Tribunal explicó que la obligación que
perseguía la ejecutante era de hacer, por cuanto en las sentencias base de
recaudo se ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación recibida por el
demandante a partir del 75% del promedio de lo cotizado durante todo el tiempo
laborado o los últimos 10 años de servicios, conforme lo que fuera más favorable.
1.3. Contestación de la demanda
17. La UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda, para el efecto propuso
las siguientes excepciones de mérito:
18. Pago: Consideró que la entidad dio cumplimiento a las órdenes contenidas en
el título a partir de la Resolución RDP 029707 de 22 de diciembre de 2020, dado
que se reliquidó la pensión de vejez devengada por el actor con el 75% del
promedio de lo devengado durante toda su vida laboral, lo que arrojó como
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primera mesada pensional la suma de $682.926 —actualizada a fecha de la
adquisición del estatus pensional en el año 2001 a 910.586—. Explicó que, de
esta manera, la liquidación pensional le era más favorable al actor que si se
tomara el promedio de los últimos 10 años de servicio (que en concreto daba
$245.287), teniendo en cuenta el promedio de las cotizaciones de su servicio.
19.Que de acuerdo con la información recopilada no existía constancia de los
factores salariales recibidos por el actor entre los años 1985 y 1991, ni sobre los
cuales se realizaron aportes pensionales en ese mismo período, como tampoco
se desagregó la información necesaria para cumplir con las órdenes contenidas
en las sentencias base de recaudo. Por tal razón, realizó su cálculo tomando
como base el salario mínimo legal mensual vigente.
20. Bajo ese contexto, se calculó (menos descuentos en salud) el valor total del
retroactivo pensional adeudado en $148.177.112,98, el cual fue incluido en
nómina y pagado en el mes de enero de 2021.
21. Respecto de los intereses moratorios solicitados por el actor, explicó que —
conforme el artículo 192 del CPACA— estos se causaron durante los tres
primeros meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia
base de recaudo (es decir, entre el 13 de septiembre de 2018 y el 12 de diciembre
de 2018). Posteriormente se suspendieron a partir del 13 de diciembre de 2018,
y la solicitud de cumplimiento del fallo se hizo el 9 de diciembre de 2020.
22. Precisó que si bien el 24 de mayo de 2020, el ejecutante hizo una petición, la
misma no cumplió las exigencias que dispone el ordenamiento jurídico. En todo
caso, los intereses posteriores al 12 de diciembre de 2018 no se causaron porque
la inclusión en nómina del pago del retroactivo pensional ocurrió en enero de
2021.
23. En consecuencia, indicó que no era posible realizar la obligación de hacer
consignada en el mandamiento de pago, en tanto, previo a ello, la entidad ya les
había dado cumplimiento a las disposiciones del título ejecutivo.
24. Prescripción: Como sustento de esta excepción explicó que «deberá
declararse prospera en el evento que el despacho así lo considere».
25. Compensación: Teniendo en cuenta los dineros que la entidad pagó al
ejecutante, solicitó que se aplicara la figura de la compensación, conforme
dispone los artículos 1626 y 1714 del Código Civil.
26. Caducidad. Tratándose del término de caducidad en el proceso ejecutivo, el
ordenamiento jurídico colombiano estableció que cuando se pretenda la
ejecución con títulos derivados de decisiones judiciales proferidas por la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el término para solicitar su
ejecución es de cinco años contados a partir de la exigibilidad de la obligación en
ellos contenida.
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27. Así las cosas, la caducidad para iniciar el proceso ejecutivo empieza a correr
a partir del momento en que se hace exigible la obligación contenida en el
respectivo título que sirve de recaudo judicial; ello, en razón a que si el acreedor
no puede hacer valer su título frente al deudor sino una vez transcurrido el término
de exigibilidad previsto por la ley, no es posible que sin fenecer este, inicie el
cómputo del plazo que aquel tiene para acudir ante la jurisdicción con el fin de
lograr la ejecución coactiva o forzada del mismo. En conclusión, la oportunidad
para formular la demanda cuando se pretende la ejecución de una sentencia
judicial proferida por la jurisdicción de lo contencioso administrativo es de 5 años
contados a partir de la exigibilidad de la obligación contenida en la providencia
judicial de condena, que en este caso se configuró.
1.4. Trámite procesal
28. Una vez se corrió traslado de las excepciones de mérito, el ejecutante se
pronunció sobre aquellas solicitando que se desestimaran reafirmando los
argumentos de la demanda.
29. A través de auto del 24 de julio de 2023 el a quo rechazó la excepción
propuesta por la UGPP denominada caducidad, por cuando no era de aquellas
que taxativamente dispone el artículo 442 del CGP como procedente contra un
título ejecutivo compuesto por una providencia judicial. Difirió el estudio de las
excepciones de pago, prescripción y compensación hasta la sentencia.
30.En auto del 3 de octubre de 2023 se decidió dictar sentencia anticipada
conforme dispone el artículo 182A del CPACA —con las modificaciones incluidas
con la Ley 2080 de 2021—.
II. SENTENCIA APELADA
31. El 5 de abril de 2024 el Tribunal dictó sentencia en la cual declaró no probada
la excepción de prescripción y parcialmente probada la excepción de pago. En
consecuencia, ordenó seguir adelante con la ejecución en favor del actor y contra
la UGPP por $27.205.744,36, correspondiente a $14.919.300,62 por concepto de
capital y $12.286.443,74 por intereses moratorios.
32. Asimismo, condenó en costas a la UGPP —fijada en el 3% de la suma
determinada— y ordenó a que dentro de los quince días siguientes a la sentencia
profiriera el acto administrativo que diera cumplimiento a las órdenes contenidas
en dicha sentencia.
33. Para arribar a las anteriores conclusiones, el Tribunal estudió, en primer lugar,
la excepción de prescripción. Indicó que no se configuraba, dado que conforme
el literal k) numeral 2 del artículo 164 del CPACA el actor contaba con 5 años
para demandar ejecutivamente el cumplimiento de la obligación contenida en el
título, lo que en efecto realizó: el título fue exigible el 14 de julio 2020, el término
máximo para presentar la demanda fue el 14 de julio de 2025 y ello se hizo el 27
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de septiembre de 2022.
34. En cuanto a la petición del actor encaminada a que se reliquidara su
asignación pensional a partir de la aplicación del principio de favorabilidad —en
cuanto a la inaplicación del salario mínimo para el período comprendido entre
1985 y 1991 cuando prestó sus servicios como notario—, el a quo expresó que
no era procedente dado que ello es ajeno al proceso ejecutivo, en la medida que
se busca es una nueva reliquidación no dispuesta en las sentencias base de
recaudo.
35. También negó la petición relacionada con que se tengan en cuenta los
documentos que contienen las cotizaciones realizadas por el actor en el período
en cuestión, por cuanto, en realidad, tampoco ofrecen elementos sobre las
cotizaciones efectuadas al Sistema General de Seguridad Social en Pensión.
36. Frente al posible error de la entidad en el cálculo de su mesada pensional,
indicó que las cifras que tomó el actor para realizar sus operaciones del cálculo
pensional son las mismas que utilizó la entidad, por lo que, en principio, en este
aspecto las partes no tienen diferencias. Sin embargo, añadió que las
liquidaciones realizadas por el actor y la entidad —en la Resolución 29707 de 22
de diciembre de 2020 con la que se consideró que se cumplió— difieren de las
realizadas en el mandamiento de pago, propiamente en la actualización del IPC
anual, lo que condujo a que arrojara valores menores respecto de los solicitados
en la demanda y al acto de ejecución.
37. El Tribunal concluyó que no existía error en la reliquidación pensional realizada
por la UGPP, ni error aritmético en la misma o las fórmulas utilizadas para arribar
a esos valores. Además, el mandamiento de pago se profirió para que la entidad
profiriera el acto administrativo que diera alcance a las órdenes dadas en el título
ejecutivo. No obstante, la entidad cumplió a cabalidad lo consignado en la
sentencia y en el mandamiento de pago.
38. En cuanto a la solicitud de la demanda del cálculo de los intereses moratorios,
explicó que si bien el actor solicitó que los intereses se calcularan
ininterrumpidamente desde la ejecutoria de la sentencia (13 de septiembre de
2018) hasta el 31 de diciembre de 2020, lo cierto es que la petición de su
cumplimiento solo fue presentada en debida forma hasta el 17 de junio de 2020,
conforme establece el artículo 2.8.6.5.1. del Decreto 2469 de 2015. Por esa
razón, tampoco le asistía razón a la entidad al afirmar que el ejecutante interpuso
la solicitud de cumplimiento hasta el 9 de diciembre de 2020, dado que, en
realidad, ello ocurrió el 17 de junio de 2020.
39. Por lo tanto, determinó que —conforme el artículo 195 numeral 4° del
CPACA— los intereses moratorios se causaron durante los primeros tres meses
siguientes a la ejecutoria, se suspendieron luego de esa fecha por la no
presentación de la solicitud de cumplimiento, y se reanudaron el 17 de junio de
2020.
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40. En ese marco, el Tribunal realizó las operaciones aritméticas a efectos de
calcular el estado del capital más los intereses a corte de la expedición de la
sentencia. Concluyó que existía un saldo insoluto por $27.205.744,36,
correspondiente a $14.919.300,62 por capital, más $12.286.443,74 por intereses.
41. Para dicho cómputo tuvo en cuenta los abonos de la entidad en favor del actor
por $148.777.112,88 (realizado el 31 de enero de 2021) y $1.535.056,88
(realizado el 28 de abril de 2022) cuya imputación se hizo primero a intereses y
luego a capital, conforme dispone el artículo 1653 del Código Civil.
42. De modo que la UGPP a pesar de los abonos realizados aun adeudaba rubros
al actor por concepto del cumplimiento de las órdenes contenidas en el título
ejecutivo. En efecto, aunque a criterio del Tribunal la ejecutada cumplió la
obligación contenida en el mandamiento de pago, relativa a la reliquidación y
pago de la pensión de jubilación con los parámetros dados en el título, concluyó
que aún existía un saldo insoluto de la obligación. Por lo tanto, declaró probada
parcialmente la excepción de pago y ordenó seguir adelante con la ejecución.
II. RECURSOS DE APELACIÓN
43. LaUGPP interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia con el fin de que se revocara la decisión allí adoptada y, en su lugar, se
declarara probada la excepción de pago total de la obligación. Para ello,
desarrolló los siguientes argumentos:
44. Si bien el Tribunal consideró que existía un saldo insoluto de la obligación, esto
obedece a la imputación del crédito de los valores pagados. En efecto, la
sentencia, conforme el artículo 1653 del Código Civil, imputó primero a intereses
y luego a capital, lo que generó que sobre las diferencias del capital causado
posterior a los pagos realizados se siguieran causando intereses. Sin embargo,
la entidad se apartó de la aplicación de dicho artículo, pues lo procedente es que
la autoridad judicial impute el pago realizado a las mesadas pensionales y no a
otro diferente, principalmente porque respecto a los intereses moratorios existe
una norma especial del material en la jurisdicción contencioso-administrativa
(artículo 177 del CCA o 192 del CPACA).
45. Consideró que la utilización del artículo 1653 del Código Civil desconoce que
la destinación específica y exclusiva de los recursos del Sistema General de
Pensiones; de manera que dicha disposición solo se aplica en asuntos de
carácter civil o comercial.
46. De cualquier modo, advirtió que, en caso de que se considerara procedente la
aplicación de las disposiciones del Código Civil, no era aplicable el artículo 1653,
sino el artículo 1652 que regula el procedimiento de pago de concurrencia, en
una misma obligación, de los mismos acreedores y deudores. Ello a efectos de
que el acreedor, en este caso Colpensiones, pueda elegir el pago de forma
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separada de alguna obligación —en respecto al actor corresponden a cada una
de las mesadas pensionales causadas—.
47. Asimismo, estimó aplicable los artículos 1654 y 1655 ibidem que establecen
que, cuando existen diferentes deudas el deudor puede imputar el pago de ellas
a las que primero elija, lo que torna procedente la imputación de pagos primero
a capital de parte de la Nación al momento de expedir los actos administrativos
de cumplimiento.
48. De otro lado, censuró la postura del Tribunal relativa a que la entidad no tomó
la fecha más beneficiosa al ejecutante para la reanudación de los intereses de la
obligación. Esto, debido a que la petición de cumplimiento de la obligación no se
presentó conforme dispone las normas que regulan la materia —en concreto el
artículo 2.8.6.5.1. del Decreto 2469 de 2015—; de modo que la fecha solo se
tomó una vez el actor la interpuso en debida manera. Censuró que la decisión
del a quo de seguir calculando intereses moratorios genera un detrimento
patrimonial para la entidad aun cuando el actor no cumplió de forma correcta la
presentación de las solicitudes de cumplimiento del fallo.
49. Elejecutante, a través de su apoderado, interpuso recurso de apelación
parcial contra la sentencia de primera instancia con el fin de que en segunda
instancia se revisaran nuevamente ciertos aspectos con los que disiente de la
decisión inicial, así:
50. Respecto a la reliquidación de la mesada pensional, no compartió la postura
del Tribunal relacionada con que los documentos aportados al plenario no
determinan las cotizaciones efectuadas en el período —1985 a 1991.
51. A su juicio, los documentos que obran en el plenario respecto a su período de
servicio entre enero de 1981 y diciembre de 1984 —según la constancia 552 del
01 de octubre de 1986 emitida por la división de tesorería de la Superintendencia
de Notariado y Registro y la certificación de la misma entidad del 13 de marzo de
2011— dejan constancia de los factores salariales de ese lapso en discusión, de
modo que la liquidación debe realizarse conforme al documento del 13 de marzo
de 2011 y no sobre un salario mínimo legal mensual, cono se hizo en este asunto.
52. Respecto a la aplicación del principio de favorabilidad para la liquidación
pensional en los períodos comprendidos entre 1985 y 1991, el Tribunal indicó
que no se podía aplicar, en tanto que el trámite que se conocía en esta
oportunidad era un ejecutivo a continuación de un proceso declarativo, en cuyos
títulos no se previó la solicitud del actor. Sin embargo, en el recurso se consideró
que la sentencia de segunda instancia base de recaudo si previó la aplicación del
principio de favorabilidad a partir del cual se debía determinar si, le era más
beneficioso reconocer la pensión con base en las cotizaciones de los últimos 10
años o durante todo el tiempo de servicio.
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53. Por lo tanto, como en el trámite del ejecutivo se cuentan con los documentos
necesarios para realizar el cálculo de las cotizaciones hechas, es necesario que
dichas operaciones se realicen. Máxime si se tiene en cuenta que el demandante
ya es un sujeto de especial protección constitucional dado que tiene 82 años, por
lo que no se le puede exigir la carga de que presente un nuevo proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho para poner en conocimiento todas estas
particularidades.
54. Además, con su actuación el Tribunal transgredió los principios de
favorabilidad laboral e in dubio pro operario, así como la prevalencia de la
realidad sobre las formas en la medida en que, comoquiera que entre 1985 y
1991 el actor prestó su servicio como notario, es claro que su servicio no se pudo
realizar teniendo como contraprestación un salario mínimo. En consecuencia, era
necesario que el Tribunal tuviera en cuenta los salarios que devengó en los años
anteriores para el cálculo de los períodos comprendidos entre 1985 y 1991.
55. De otra parte, censura que existan diferentes liquidaciones respecto a la
primera mesada pensional entre la entidad, el ejecutante y el Tribunal, por lo que
solicita que dicha situación sea estudiada en segunda instancia.
56. Sobre los intereses moratorios, explicó que, si bien la decisión del a quo es
parcialmente favorable a sus intereses, allí se pasó por alto que en el mes de
agosto de 2019 se requirió a la entidad para el cumplimiento del fallo, lo cual fue
recibido bajo radicado 2019180014075731. Asimismo, el 27 de enero de 2020
nuevamente se diligenció y remitió el documento requerido. Por lo tanto, la
petición de cumplimiento no se realizó el 17 de junio de 2020, sino el 27 de enero
de 2020. Si bien hubo una omisión de la accionada en responder, la petición
realizada dentro del término oportuno provoca la causación de intereses desde
ese momento, lo cual debe ser corregido en segunda instancia.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
57. El Consejo de Estado es competente para resolver los recursos de apelación
interpuestos de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo1, y 322 del CGP.
58. De tal modo que, como en este asunto apelaran ambas partes, pero cada una
de ellas en aspectos puntuales de la decisión de primer grado, es necesario que
en esta instancia se estudien sus reparos atendiendo los límites de sus recursos
«sin perjuicio de las decisiones que [se] deba[n] adoptar de oficio» conforme
dispone la ley aplicable, tal como enseña el inciso primero del artículo 328 del
CGP.
1
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de
las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
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2.2. Problemas jurídicos
59. De acuerdo con los argumentos planteados por las partes, le corresponde a
esta Sala responder los siguientes interrogantes:
60. ¿Se encuentra acreditada o no la excepción de pago total de la obligación?
61. ¿Erró el a quo al dar aplicación al artículo 1653 del Código Civil al imputar
primero a intereses y luego a capital lo abonado al ejecutante y no tener en cuenta
el artículo 1652 ibídem?
62. ¿estaba el tribunal en la obligación de aplicar el principio de favorabilidad al
momento de obtener el IBL para la reliquidación pensional en los períodos
comprendidos entre 1985 y 1991 y por lo tanto, no presumir el salario mínimo
legal mensual vigente en ese lapso para esos efectos?
63. ¿Erró el a quo al tener como fecha de presentación de la petición de
cumplimiento el 17 de junio de 2020, y no el 27 de enero de 2020 como lo sostiene
el ejecutante en su recurso?
2.3. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto
2.3.1 Generalidades del proceso ejecutivo y los requisitos del título
ejecutivo
64. El proceso ejecutivo ha sido definido como el medio procesal para que un
acreedor, de modo coercitivo, haga efectiva una obligación o un derecho del que
es titular ante un deudor que se rehúsa a su cumplimiento. Es decir, «es el medio
para que el acreedor haga valer el derecho (que conste en un documento
denominado título ejecutivo) mediante la ejecución forzada»2.
65. En esta clase de procesos no se busca el reconocimiento de un derecho
subjetivo, sino que está dirigido a obtener el cumplimiento de una obligación que
consta en un documento que da plena fe de su existencia, siendo el título «el
documento principal a partir del cual se desarrolla el proceso ejecutivo».3 Su
definición y requisitos se encuentran en el artículo 422 del CGP, antes 488 4 del
CPC, en los siguientes términos:
«TÍTULO EJECUTIVO. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones
expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor
2
Consejo de Estado, Sección Cuarta, providencia del 15 de noviembre de 2017, radicado 54001 23 33 000 2013 00140
01(22065), M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez. Ver también Consejo de Estado, Sección Primera, providencia del 12 de
julio de 2018, radicado 81001 23 33 003 2017 00042 01, M.P. María Elizabeth García González.
3
Sentencia T-704 de 2013. Igual concepto está en la sentencia T-996 de 2012.
4
«Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que
provengan del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de
condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva
conforme a la ley, o de las providencias que en procesos contencioso - administrativos o de policía aprueben liquidación
de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia.
La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio
previsto en el artículo 294.»
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o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una
sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de
otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben
liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás
documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no
constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el
artículo 184».
66. La norma consagra los requisitos del título ejecutivo: formales y sustanciales.
Los primeros hacen referencia a la prueba de la existencia de la obligación y
exigen que el título ejecutivo sea auténtico y que provenga del deudor, su
causante o de una providencia judicial.5 La autenticidad se refiere a la plena
identificación del creador del documento para que no haya duda del deudor y el
juez tenga certeza de quién lo suscribió6.
67. Los segundos exigen que en el título ejecutivo se refleje en favor del ejecutante
una obligación clara, expresa y exigible. Es expresa si se encuentra especificada
en el título y no es el resultado de una presunción legal o de una interpretación;
clara si sus elementos aparecen inequívocamente señalados y no hay duda con
respecto al objeto o sujetos de la obligación, esto es fácilmente inteligible y se
entiende en un solo sentido; y, exigible si la ejecución no depende del
cumplimiento de un plazo o condición o siempre que estos se hubiesen
cumplido7.
68. Estos requisitos deben cumplirse en su totalidad y en los términos enunciados,
de modo que del título se concluya sin duda alguna la existencia de la obligación,
su claridad y que ya es exigible. Así entonces cuando el juez verifica que el
documento cumple con los requisitos enunciados debe emitir la orden de pago
5
Sobre los requisitos formales del título se puede consultar la siguiente jurisprudencia: Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B. Sentencia del 27 de agosto de 2015. Radicado: 200012331000 2011-00548 01 (2586 – 2013).
Consejera ponente Sandra Lisset Ibarra Vélez. «[…] que se trate de documentos que tengan autenticidad, que emanen
de autoridad judicial, o de otra clase si la ley lo autoriza, o del propio ejecutado o causante cuando aquel sea heredero de
este y los segundos, que de esos documentos aparezca a favor del ejecutante o de su causante y a cargo del ejecutado
o de su causante, una obligación clara expresa, exigible y además líquida o liquidable por simple operación aritmética si
se trata de pagar una suma de dinero». Ver también: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, sentencia de 31 de mayo de 2018, Consejera ponente María Elizabeth García González, Radicación: 11001 03
15 000 2018 00824 00. A su vez la Sección Tercera del Consejo de Estado señaló: «Que además de esos requisitos el
documento debe reunir dos condiciones formales: i) la autenticidad y ii) que proceda del deudor o de su causante, o de
una sentencia judicial condenatoria, o de cualquier otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva». Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C, providencia de 8 de junio de 2016, radicado 27001 23 31 000 2012 00086
01(47539), M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa (E).
6
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 14 de mayo de 2014, radicado 33.586.
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, consejera ponente Carmen Teresa Ortiz de
Rodríguez, auto de 26 de febrero de 2014, Radicado: 25000 23 27 000 2011 00178 01 (19250), actor: Clínica del Country
S.A. En esta providencia se citó la siguiente doctrina: Velásquez G., Juan Guillermo. Los procesos ejecutivos. (2006).
Medellín: Librería Jurídica Sánchez R. Ltda.
También puede consultarse la siguiente jurisprudencia: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, 26 de julio
de 2018, radicado 41001 23 31 000 2010 00139 01(0490-16), M.P. Rafael Francisco Suarez Vargas.
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en contra de la parte ejecutada, pues así lo dispone el artículo 430 del CGP 8,
antes 497 del CPC9.
69. De acuerdo con lo anterior, el título ejecutivo es el documento necesario para
que pueda incoarse y darse trámite al proceso ejecutivo. Además, conforme lo
dispone el artículo 422 del CGP10, antes 488 del CPC, i) es la prueba de la
existencia de la obligación, la cual debe ser expresa, clara y exigible; y ii) señala
con certeza el obligado a cumplirla, por lo que constituye plena prueba contra el
adeudado, por provenir de él o de su causante o de cualquiera de las
providencias enunciadas en dicha norma. En tal sentido, debe entenderse que
las sentencias ejecutoriadas que condenen a una entidad al pago de suma de
dinero constituyen un título ejecutivo.
2.4. Análisis de la Sala del primer problema jurídico
70. Se tiene que el Tribunal Administrativo de Caldas en sentencia de 13 de marzo
de 2014, proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
promovido por el señor Augusto Alzate López contra CAJANAL EICE, hoy la
UGPP declaró la nulidad de los actos administrativos demandados, y en
consecuencia ordenó a esta a reliquidar la pensión de jubilación «cancelando las
diferencias entre lo que se debió pagar (esto es, el setenta y cinco por ciento (75%) del
promedio de los ingresos líquidos declarados en los últimos dos (2) años» de servicios
como NOTARIO ÚINCO del Círculo de Salamina) y lo efectivamente pagado, tomando
como base los valores sobre los cuales cotizó para la pensión, sin rebasar el límite
indicado en el artículo 11 de la Ley 86 de 1988».
71. La Sección Segunda Subsección B del Consejo de Estado mediante sentencia
de 13 de agosto de 2018, confirmó parcialmente la de primera instancia, así:
8
«Artículo 430. Mandamiento ejecutivo. Presentada la demanda acompañada de documento que preste mérito
ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida, si fuere
procedente, o en la que aquel considere legal.
Los requisitos formales del título ejecutivo sólo podrán discutirse mediante recurso de reposición contra el mandamiento
ejecutivo. No se admitirá ninguna controversia sobre los requisitos del título que no haya sido planteada por medio de
dicho recurso. En consecuencia, los defectos formales del título ejecutivo no podrán reconocerse o declararse por el juez
en la sentencia o en el auto que ordene seguir adelante la ejecución, según fuere el caso.
Cuando como consecuencia del recurso de reposición el juez revoque el mandamiento de pago por ausencia de los
requisitos del título ejecutivo, el demandante, dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria del auto, podrá
presentar demanda ante el juez para que se adelante proceso declarativo dentro del mismo expediente, sin que haya
lugar a nuevo reparto. El juez se pronunciará sobre la demanda declarativa y, si la admite, ordenará notificar por estado
a quien ya estuviese vinculado en el proceso ejecutivo.
Vencido el plazo previsto en el inciso anterior, la demanda podrá formularse en proceso separado.
De presentarse en tiempo la demanda declarativa, en el nuevo proceso seguirá teniendo vigencia la interrupción de la
prescripción y la inoperancia de la caducidad generados en el proceso ejecutivo.
El trámite de la demanda declarativa no impedirá formular y tramitar el incidente de liquidación de perjuicios en contra del
demandante, si a ello hubiere lugar».
9
«Presentada la demanda con arreglo a la ley, acompañada de documento que preste mérito ejecutivo, el juez librará
mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida si fuere procedente, o en la que
aquél considere legal».
10
«Artículo 422. Título ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que
consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que
emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial,
o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la
justicia, y los demás documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título
ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184».
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72. Segúnconstancia secretarial esa decisión quedó ejecutoriada el 17 de
septiembre de 2018.
73.El 24 de mayo de 2020, el ejecutante solicita a la UGPP remisión de
documentos relacionados con la elaboración de la indexación de la primera
mesada, reliquidación de la pensión con el 75% del promedio de lo cotizado
durante todo el tiempo y durante los últimos 10 años, entre otros.
74. El 3 de junio de 2020 la UGPP responde petición al demandante con radicado
2020180001617451, indicando que «Hemos recibido su petición a través de correo
electrónico, mediante la cual, solicita la reliquidación de la pensión. Al validar la solicitud,
identificamos que no allega el Formulario Único de Solicitudes Prestacionales, el cual
es un documento que debe ser debidamente diligenciado conforme a los requisitos
señalados en nuestra página web https://www.ugpp.gov.co/pensiones. El estudio de la
reliquidación podrá continuar cuando se aporte este formulario, considerando que los
datos de ubicación y contacto son de vital importancia para el proceso de notificación y
de ser el caso para la completitud documental e inclusión en nómina. El formato se debe
diligenciar en su totalidad de forma correcta para completar su solicitud, este lo puede
descargar en el siguiente link: https://www.ugpp.gov.co/pensiones/formularios-
descargables. Dicho formato es editable, esto hace posible que se pueda diligenciar
directamente desde su computador. Por lo anterior y con el fin de resolver su petición,
nos permitimos adjuntarle el formulario relacionado en cuatro (04) folios, para su
conocimiento». Lo cual responde el interesado el 17 de junio de 2020, anexando
lo requerido. Y la entidad por correo del día 19 de los mismos, contesta
indicando que han recibido la solicitud con el formulario mencionado, e
informando que la respuesta se dará oportunamente dentro de los términos para
ello.
75. El 18 de junio de 2020, con radicado 2020141001778761 la UGPP responde
la petición del día 4 de los mismos, así:
«Que mediante radicado 2020200500927002 de fecha 26/05/2020 se allega a la
entidad solicitud de reconocimiento pensión vejez por fallo.
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Que el área de normalización procede a revisar los documentos obrantes en el
expediente pensional y procede a realizar oficiamiento al CETIL, para que la
Superintendencia de Notariado y Registro certifique los tiempos laborados en
dicha entidad por el periodo comprendido entre el 01/01/1980 al 12/09/1991, por
parte del señor AUGUSTO ALZATE LOPEZ, identificado con Cedula de
Ciudadanía No. 17038803.
Así las cosas, dicha solicitud quedo radicada el día 9/06/2020 con numero de
solicitud 20190000125071, y teniendo en cuenta los tiempos que por la situación
de emergencia sanitaria están estipulados para que las entidades remitan dichas
certificaciones por CETIL le informamos que el término para recibir dicha
información vence el 27/07/2020 y a la fecha no se ha recibido respuesta de la
entidad.
Por último, es importante informarle que sin esta información no es posible para
la Unidad resolver su solicitud»
76. El ejecutante presentó acción de tutela procurando el amparo de su derecho
de petición ante la falta de respuesta al formulado el 24 de mayo de 2020. La
cual es concedida el 4 de noviembre de 2020, por el Juzgado 004 Ejecución de
Penas y Medidas de Pereira.
77. La UGPP expide la Resolución SOP202001015600C, sin fecha «Por la cual
se Reliquida una Pensión de VEJEZ en cumplimiento de un fallo judicial proferido
por el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN B» y en ella resuelve
lo siguiente:
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78. Se aportó el cupón de pago de enero de 2021 por los siguientes montos:
79. El 19 de enero de 2021, el ejecutante presentó derecho de petición ante la
UGPP en el que solicitó la remisión de documentos CETIL y aquellos tenidos en
cuenta para emitir la Resolución RDP 29707 de 22 de diciembre de 202011. El 1.°
de febrero de 2021, la entidad responde esa solicitud así:
11
Pidió lo siguiente:
«PRIMERO: Remitir la HISTORIA LABORAL INTEGRAL del suscrito que se encuentra en el expediente de la UGPP, la
cual está compuesta de:
a) Constancia 552 del 01 de octubre de 1986 emitida por la División de Tesorería de la Superintendencia de Notariado y
Registro.
b) Certificado CETIL No. 201910800165850000900008 del 16 de octubre de 2019 expedido por Rama Judicial.
c) Certificado CETIL No. 201910830053630974920589 del 24 de octubre de 2019 expedido por PATRIMONIOS
AUTONOMOS DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. PAR ISS
d) Certificado CETIL No. 201911890801052000770035 del 08 de noviembre de 2019 expedido por el Departamento de
Caldas.
e) Historia laboral aportada por COLPENSIONES
f) Oficio del día 09 de diciembre de 2020 de la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO allega certificaciones en las que
se incluyen sumas totales por concepto de ingresos y egresos.
g) LOS DEMÁS DOCUMENTOS QUE REPOSEN EN ELLA, COMO OFICIOS, COMUNICACIONES, BORRADORES,
ENTRE OTROS.
SEGUNDO: Remitir todos los documentos que se utilizaron como base para emitir la Resolución No. RDP 29707 del 22
de diciembre de 2020, por la cual se realizó la reliquidación de la mesada pensional del suscrito, como son:
A) Proyecciones de mesada pensional.
B) Borradores de resoluciones y proyecciones.
C) Documentos internos de la entidad que aprueban o rechazan la resoluciones y proyecciones.
D) Comunicaciones internas entre funcionarios de la UGPP y entre otras entidades estatales.
E) LOS DEMÁS DOCUMENTOS QUE REPOSEN DE SOPORTE PARA LA EXPEDICION DE DICHA RESOLUCION.
TERCERO: Remitir todos los documentos que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP), ha recibido por parte de la superintendencia de notariado y registro,
relacionado con el expediente pensional del suscrito».
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80. El 26 de marzo de 2021, el actor presenta derecho de petición a la entidad
solicitando el pago de $1.535.056.88 por concepto de intereses moratorios so
pena de iniciar proceso ejecutivo. Así como informar «el fundamento jurídico, por el
cual la entidad no causó intereses moratorios durante los siguientes periodos: a) lapso
del 13 de diciembre del 2018 al 31 de diciembre del 2018. b) Período del 01 de enero
del 2019 al 31 diciembre del 2020. Verificar la liquidación de intereses moratorios
efectuada al suscrito y por ende proceder de la siguiente forma: a) Realizar las
correcciones pertinentes, incluyendo los periodos del 13 de diciembre del 2018 al 31 de
diciembre del 2018. b) Realizar las correcciones pertinentes, incluyendo los períodos del
01 de enero del 2019 al 31 diciembre del 2020. En ocasión de rechazo a mi solicitud
informar las razones de negativa de cada literal». El 20 de abril de 2021, la UGPP
responde al actor con radicado 2021142000854631 así:
«Por medio del presente escrito, me permito dar respuesta al radicado de la
referencia, donde en calidad de apoderado solicita “SEGUNDO: ^Informar al
suscrito el fundamento jurídico, por el cual la entidad no causo intereses
moratorios durante los siguientes periodos: *a) *Periodo del 13 de diciembre del
2018 al 31 de diciembre del 2018. *b) *Periodo del 01 de enero del 2019 al 31
diciembre del 2020 *TERCERO: ’Verificar la liquidación de intereses moratorios
efectuada a! suscrito y por ende proceder de la siguiente forma: *a) *Realizar las
correcciones pertinentes, incluyendo los periodos del 13 de diciembre del 2018
al 31 de diciembre del 2018. *b) *Realizar las correcciones pertinentes,
incluyendo los periodos del 01 de enero del 2019 al 31 diciembre del 2020...”, se
informa:
Es pertinente manifestar en relación con el reporte de los intereses que en cuanto
al capital para la liquidación de intereses, este corresponde a las mesadas
indexadas causadas desde la fecha de prescripción hasta la fecha de ejecutoria,
es decir 13/09/2018.
El valor calculado de intereses fue reportado a Financiera por la suma de
$1.535.056,88, tomando como fecha de solicitud el 01/01/2021.
Liquidación Intereses:
Cabe aclarar que los intereses por concepto del Art. 177 del CCA o 192 del
C.P.A.C.A. es calculado conforme a lo dispuesto por el decreto 2469 del 22 de
diciembre de 2015 expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el
Ministerio de Justicia la cual establece los lineamientos para el cálculo de créditos
judiciales, tomando como base de liquidación las mesadas indexadas a la fecha
de ejecutoria, liquidando los intereses desde el día siguiente de la misma, hasta
la inclusión en nómina o de acuerdo a lo dispuesto en el fallo objeto de
cumplimiento.
Para el caso en concreto, la fecha de ejecutoria del fallo es el 13/09/2018, fecha
desde la cual se liquidan intereses hasta el 12/12/2018, posterior a ello existen
periodos muertos y/o periodos en los que no se liquida intereses, por cuanto el
pensionado no presentó la solicitud de pago dentro de los TRES (3) meses
siguientes a la ejecutoria de la sentencia, por lo tanto se dejan de causar
intereses de mora.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 17
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En virtud de lo anteriormente indicado, los intereses liquidados se encuentran
ajustados de acuerdo con el Art. 192 del C.P.A.C.A.».
81. El 8 de septiembre de 2021, el ejecutante presenta derecho de petición ante
la UGPP en el que solicita aceptar la existencia de factores salariales de 1985 a
1991 y como consecuencia proceder a «Utilizar la certificación de la
superintendencia de notariado y registro del 13 de marzo de 2011, suscrito por la
Coordinadora del grupo de tesorería, la señora MARIA MONICA LOPERA
CASTAÑO, para aplicar los factores salariales que devengó el suscrito como
notario entre 1985 a 1991», y realizar la reliquidación de la mesada pensional,
entre otras. El 25 de octubre de 2021, se expide la Resolución RDP 028555
negando esta petición.
82. El22 de noviembre de 2021, la parte interesada interpone recurso de
reposición y en subsidio de apelación contra esa decisión. Mediante resoluciones
RDP 032951 de 2 de diciembre de 2021, y RDP 001530 de 24 de enero de
2022, la entidad confirmó en todas sus partes aquella decisión.
83. La anterior actuación, demuestra que la parte actora solicitó el cumplimiento
de las sentencias base de ejecución y que la entidad demandada emitió actos en
procura de su satisfacción, ordenando un pago en enero de 2021 a la
demandante de $167.306.837.29.
84. Sibien ese monto no fue tenido en cuenta al momento de librarse el
mandamiento de pago el 7 de marzo de 2023, no es menos cierto que al dictarse
la sentencia de primera instancia el a quo lo consideró al momento de resolver la
excepción de pago12.
85. Sumado a ello, el a quo también tuvo en cuenta el pago realizado al ejecutante
por la suma de $ 1.535.056,88 (28 de abril de 2022) para determinar luego de
calcular el monto de la mesada pensional reliquidada que no estaba satisfecha
en su totalidad la obligación; lo que corrobora la Subsección pues el acto
administrativo expedido en cumplimiento de las sentencias que se ejecutan no
fue clara a la hora de incluir el reconocimiento y pago de los intereses moratorios,
pues no determinó los extremos de su causación; razón suficiente para tener por
probada parcialmente la excepción; por ende no prospera este reparo de la
entidad, pues de acuerdo con la liquidación efectuada por el Tribunal quedó un
saldo a favor de la parte ejecutante que no fue desvirtuado en el recurso de
apelación.
2.5. Análisis de la Sala del segundo problema jurídico
86. La Sala de Decisión en los procesos ejecutivos en la que el título objeto de
ejecución es una sentencia judicial que dispuso el pago de acreencias
pensionales ha interpretado lo siguiente:
12
Pero solamente el monto de $149.872.485.29
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«En ese escenario, la Sala advierte que no existe una norma jurídica especial que
permita determinar cómo deben distribuirse los pagos que realiza el Estado para
satisfacer las obligaciones que están a su cargo, consignadas en documentos que
presten mérito ejecutivo, si primero a capital y luego a intereses o viceversa.
Por lo anterior, de acuerdo con el artículo 8 de la Ley 153 de 1887, «cuando no
hay ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicarán las leyes que
regulen casos o materias semejantes, y en su defecto, la doctrina constitucional y
las reglas generales de derecho». Así las cosas, a falta de una norma que regule
de manera especial la imputación de pagos cuando la parte deudora es una
entidad del Estado, resulta procedente acudir al artículo 1653 del Código Civil, ya
citado, según el cual, «[s]i se deben capital e intereses, el pago se imputará
primeramente a los intereses, salvo que el acreedor consienta expresamente que
se impute al capital».
[…]
En este punto, vale la pena precisar que, para la Sala, la regla señalada por el
artículo 1653 del Código Civil no viabiliza, per se, el anatocismo, ya que, una vez
imputado el pago a intereses y a capital, en ese orden, podrían seguirse causando
intereses de mora sobre el excedente que quede por concepto de capital, mas no
se trataría de intereses calculados sobre intereses. Además, considerar la eventual
inconveniencia de aplicar la norma mencionada, por la razón aludida, implicaría
asumir que el Código Civil incurre en contradicción, pues prohíbe el anatocismo y,
a la vez, lo permite a través del procedimiento de imputación de pagos, lo cual no
es acertado»13.
87. Igualmente, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia
concluyó que, si las administradoras de fondos pensionales efectúan la
imputación de pagos a los particulares a intereses y a capital, no había ninguna
justificación de no aplicar la regla en las oportunidades en que la obligación
debiera satisfacerse por la institución, dando alcance al artículo 53 del Decreto
1406 de 199914 que señala como la norma que de manera expresa consagra la
imputación de pagos en materia pensional, en los siguientes términos:
«[…] si las administradoras de pensiones tienen la facultad de imputar el pago de
un determinado período, en primer lugar, «al interés de mora por los aportes no
pagados oportunamente y correspondientes al período declarado», no hay
fundamento válido para no asumir que cuando esa misma entidad no ha procedido
con la diligencia y el cuidado que le impone su condición de administradora de un
sistema que involucra en muchos casos derechos fundamentales, deba impartirse
la misma solución, de suerte que si, como en el caso actual, se presenta una
tardanza aproximada de 3 años, los intereses moratorios que, como ya se dijo, se
causan una vez vencido el plazo de 4 meses contados desde la petición, deben
cubrirse antes de proceder al abono del retroactivo pensional, y en ese sentido
abona a la definición lo establecido en el artículo 1659 [1653] del Código Civil,
según el cual «Si se deben capital e intereses, el pago se imputará primeramente
a los intereses, salvo que el acreedor consienta expresamente que se impute al
capital»15.
13
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Expediente 25000-23-42-
000-2015-01326-02 (0618-2021) CP Rafael Francisco Suárez Vargas.
14 “Por el cual se adoptan unas disposiciones reglamentarias de la Ley 100 de 1993, se reglamenta parcialmente el
artículo 91 de la Ley 488 de diciembre 24 de 1998, se dictan disposiciones para la puesta en operación del Registro Único
de Aportantes al Sistema de Seguridad Social Integral, se establece el régimen de recaudación de aportes que financian
dicho Sistema y se dictan otras disposiciones.”
15
Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia SL9854-2014 de 16 de julio de 2014, Radicado 41756.
MP Elsy del Pilar Cuello Calderón. Tesis reiterada en la Sentencia SL4104-2018 proferida el 15 de agosto de 2018 dentro
del radicado 66214, M.P., Donald José Dix Ponnefz.
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88. En consecuencia, los pagos deben aplicarse primero a intereses y luego a
capital, cuando la entidad obligada efectúa algún abono en cumplimiento de la
obligación reclamada; los que una vez satisfechos dan paso a que se considere
el capital.
89. En dichos términos, la aplicación del artículo 1653 del Código Civil no
constituye una decisión arbitraria ni extralimitación judicial, por el contrario, es el
efecto de la estructura legal de las obligaciones dinerarias que guarda
correspondencia con lo dispuesto en el artículo 53 del Decreto 1406 de 1999 en
materia pensional.
90. Descendiendo al caso concreto, se advierte que la ejecutada, en su recurso
de apelación, solicitó que se modificara el criterio adoptado en la sentencia de
primera instancia sobre la imputación de pagos, a fin de que se aplicara la regla
prevista en el artículo 1652 del Código Civil, que dispone « Cuando concurran
entre unos mismos acreedor y deudor diferentes deudas, cada una de ellas podrá
ser satisfecha separadamente; y por consiguiente, el deudor de muchos años de
una pensión, renta o canon, podrán obligar al acreedor a recibir el pago de un
año, aunque no le pague al mismo tiempo los otros», lo cual es improcedente
porque no está acreditado dentro del proceso que el aquí ejecutante sea deudor
de la entidad ejecutada para poder aplicar la concurrencias de deudas.
91. En ese orden, la norma a aplicar cuando existen pagos parciales es el artículo
1653 del Código Civil, tal y como lo determinó el tribunal, al imputar los dos
abonos efectuados antes de la oportunidad procesal para la proposición de las
excepciones a intereses y luego a capital. En consecuencia, no prospera este
reparo de la ejecutada.
2.6. Análisis de la Sala del tercer problema jurídico
92. El ejecutante pretende la aplicación del principio de favorabilidad al momento
de obtener el IBL para la reliquidación pensional en los períodos comprendidos
entre 1985 y 1991, por no existir prueba documental que acredite el monto
devengado mensualmente en esa época como notario, y, por lo tanto, no
presumir el salario mínimo legal mensual vigente en ese lapso para esos efectos.
93. La Sala considera que no puede entenderse que el juez del ejecutivo tiene
facultad para encontrar falencias, errores u omisiones en las sentencias que se
presentan como títulos ejecutivos al momento de determinar si libra o no el
mandamiento de pago o cuando decide seguir adelante con la ejecución; y que
debieron ser objeto de pronunciamiento dentro del proceso ordinario donde
fueron emitidas, de un lado, porque la inactividad de las partes frente a ellas no
puede dar lugar a un debate que ya fue definido, y de otro lado, porque la labor
interpretativa del título ejecutivo debe ser excepcionalísima16.
16
Sección Segunda, Subsección A. Auto de 24 de julio de 2025, proferido dentro del radicado 25000-23-25-000-2010-
00716-03 (4724-2021) consejero ponente, doctor Luis Eduardo Mesa Nieves.
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94. Ello, para no caer en el error de contemplar el proceso ejecutivo como una
tercera instancia para cuestionar el derecho subjetivo determinado, que fue
otorgado conforme al ordenamiento legal y constitucional.
95. Así las cosas, en el presente caso la aplicación del principio de favorabilidad
por parte del juez del ejecutivo no ordenada en las sentencias que se ejecutan
desnaturaliza el trámite de esta clase de asuntos; teniendo en cuenta, como ya
lo ha dicho esta Subsección, que no estamos ante dos partes que recíprocamente
se disputan la razón.
96. Adicionalmente, porque la valoración jurídica del derecho establecido como
una obligación en el título se surtió ante el juez ordinario que fue al que la ley le
atribuyó la competencia para realizar tal análisis, y aunque se trate del mismo
que procura su cumplimiento, este no está en condición de declarar un derecho
o un medio exceptivo por fuera del proceso, porque ello debió darse al interior de
este.
97. En ese orden de ideas, el principio de favorabilidad que debe aplicarse al
ejecutante al momento de determinarse el monto de la reliquidación de la pensión
es la tener en cuenta el 75% del promedio de lo cotizado durante todo el tiempo
o los últimos 10 años de servicio (sí le resulta más favorable); lo cual obliga
a realizar las operaciones matemáticas correspondientes, y del resultado de ellas
tomar la más benéfica. El argumento de la sentencia de segunda instancia base
de ejecución al respecto es el siguiente:
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98. En ese orden, el juez del ejecutivo no puede entrar a determinar cuál es el
monto de lo cotizado en los períodos en discusión, pues solo debe verificar el
documento que soporte esas cotizaciones para realizar la operación matemática
correspondiente sin entrar a interpretar nada distinto a aquello que se encuentre
demostrado dentro del proceso al respecto.
99. De tal manera que lo pretendido por el ejecutante en su recurso, escapa a
la competencia del proceso ejecutivo, razón por la cual, este reparo no prospera.
100. 2.7. Análisis de la Sala del cuarto problema jurídico
101. La parte ejecutante sostiene que debe modificarse la fecha que se tuvo en
cuenta en primera instancia como de presentación completa de la solicitud de
cumplimiento fallo a la entidad ejecutada (17 de junio de 2020), pues ello ocurrió
el 27 de enero de 2020.
102. Pues bien, el artículo 2.8.6.5.1. del Decreto 2469 de 2015, sobre el trámite
del pago de sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones establece lo siguiente:
«ARTÍCULO 2.8.6.5.1. Solicitud de pago. Sin perjuicio del pago de oficio por parte de
la entidad pública, quien fuere beneficiario de una obligación dineraria a cargo de la
Nación establecida en una sentencia, laudo arbitral o conciliación, o su apoderado, podrá
presentar la solicitud de pago ante la entidad condenada para que los dineros adeudados
le sean consignados en su cuenta bancaria. Esta solicitud deberá ser presentada
mediante escrito donde se afirme bajo la gravedad de juramento que no se ha
presentado otra solicitud de pago por el mismo concepto, ni se ha intentado el cobro
ejecutivo. Para tales efectos se anexará a la solicitud, la siguiente información:
a. Los datos de identificación, teléfono, correo electrónico y dirección de los beneficiarios
y sus apoderados.
b. Copia de la respectiva sentencia, laudo arbitral o conciliación con la correspondiente
fecha de ejecutoria.
c. El poder que se hubiere otorgado, de ser el caso, el cual deberá reunir los requisitos
de ley, incluir explícitamente la facultad para recibir dinero y estar
expresamente dirigido a la entidad condenada u obligada.
d. Certificación bancaria, expedida por entidad financiera, donde se indique el número y
tipo de cuenta del apoderado y la de aquellos beneficiarios mayores de edad que
soliciten que el pago se les efectúe directamente.
e. Copia del documento de identidad de la persona a favor de quien se ordena efectuar
la consignación.
f. Los demás documentos que por razón del contenido de la condena u obligación, sean
necesarios para liquidar su valor y que no estén o no deban estar en poder de la entidad,
incluidos todos los documentos requeridos por el Sistema Integrado de Información
Financiera SIIF-Nación para realizar los pagos.
De conformidad con lo señalado en el inciso quinto (5º) del artículo 192 de la Ley 1437
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de 2011 la olicitud de pago presentada por los beneficiarios dentro de los tres (3} meses
siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial, impedirá la suspensión de la
causación de intereses, siempre y cuando sea presentada con la totalidad de los
requisitos y documentos anteriormente señalados. De igual manera, una vez suspendida
la causación de intereses, la misma se reanudará solamente cuando la solicitud sea
presentada con la totalidad de los requisitos y documentos de que trata este artículo».
103. Ahora, está probado que el 24 de mayo de 2020, el ejecutante solicita a
la UGPP la reliquidación de la pensión con el 75% del promedio de lo cotizado
durante todo el tiempo y durante los últimos 10 años, conforme a las sentencias
base de ejecución, y que la entidad el 3 de junio de 2020 le respondió que «Al
validar la solicitud, identificamos que no allega el Formulario Único de
Solicitudes Prestacionales, el cual es un documento que debe ser debidamente
diligenciado conforme a los requisitos señalados en nuestra página web
https://www.ugpp.gov.co/pensiones»; lo cual aportó el 17 de junio de 2020. Y la
entidad por correo del día 19 de los mismos, le indicó que había recibido la
solicitud con el formulario mencionado y le informó que la respuesta se daría
oportunamente dentro de los términos para ello.
104. Lo anterior, indica que la petición de cumplimiento de las sentencias objeto
del presente proceso se presentó de manera completa el día 17 de junio de
2020, y no el 27 de enero de 2020, como lo sostiene el recurrente, pues para
esa data anexó uno de los documentos requeridos para tramitar su solicitud. De
tal manera, que este reparo no prospera.
2.6. De la condena en costas en segunda instancia
105. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
106. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos.
107. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de procesos ejecutivos, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se
mantiene incólume; en ese sentido, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas sobre la parte vencida en el proceso.
108. En tal virtud, comoquiera que ninguno de los recursos de alzada prosperó,
no se condenará en costas en esta instancia.
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En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de proferida el 5 de abril de 2024,
proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, por lo dicho en la parte
considerativa de esta providencia.
SEGUNDO: Sin condenas en costas en esta instancia.
TERCERO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones pertinentes en el programa «SAMAI».
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA
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