Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2023-00290-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2023-00290-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2023-00290-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
4 de junio de 2026
Radicado: 25000-23-42-000-2023-00290-01 (6550-2024)
Demandante: Martha Cecilia Osorio de Salazar
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Cuatro (4) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Ejecutivo
Radicación: 25000-23-42-000-2023-00290-01 (6550-2024)
Demandante: Martha Cecilia Osorio de Salazar
Demandado: Universidad Distrital Francisco José de Caldas - UDFJC1
Tema: Excepción de pago – Devolución de mesadas pensionales
percibidas de buena fe
Decisión: Revoca parcialmente sentencia apelada. No procede
descuentos sobre mesadas percibidas de buena fe.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide los
recursos de apelación interpuestos por las partes ejecutante y ejecutada contra
la sentencia del 28 de agosto de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, mediante la cual se declaró
probada parcialmente la excepción de pago y se ordenó seguir adelante con la
ejecución.
I. ANTECEDENTES
1.1. Pretensiones y hechos de la demanda2
2. La señora Martha Cecilia Osorio de Salazar solicitó que se librara
mandamiento de pago contra la UDFJC por los siguientes conceptos: i) las
diferencias causadas y no pagadas a su favor entre el 5 de septiembre de 2012
y el 28 de febrero de 2019, por valor de $101.591.904; ii) los intereses moratorios
previstos en los artículos 192 y 195 numeral 4 del CPACA, causados entre el 26
de octubre de 2018 y el 25 de agosto de 2019, liquidados a la tasa DTF por
$3.788.362; iii) los intereses moratorios calculados a la tasa comercial
equivalente a una y media (1½) veces del interés bancario corriente, en los
1
En adelante UDFJC.
2
Índice 3 aplicativo SAMAI primera instancia – 02 demanda.
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términos del artículo 884 del Código de Comercio, hasta que se haga efectivo el
pago total de la obligación.
3. En relación con los hechos, la actora indicó que el título ejecutivo que sustenta
la demanda corresponde a la sentencia del 16 de diciembre de 2016, proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que declaró la nulidad parcial de
la Resolución 524 de 2012, por medio de la cual la UDFJC había reliquidado
indebidamente la pensión de jubilación que ella devengaba. En consecuencia,
ordenó una nueva reliquidación conforme a los factores previstos en la Ley 71 de
1988, equivalentes al 75% del salario base de liquidación del último año
(diciembre de 1998 a diciembre de 1999), con efectos desde el 8 de noviembre
de 2005. Para ello debían incluirse los siguientes factores salariales: sueldo,
prima de antigüedad, subsidio de transporte, prima de servicios, prima de
vacaciones, prima de alimentación y prima de navidad. Asimismo, el título ordenó
pagar las diferencias que resultaran a su favor después de aplicar la reliquidación,
con los valores debidamente actualizados.
4.La actora presentó ante la entidad solicitud de cumplimiento de la sentencia el
13 de febrero de 2019.
5. Señaló que, aunque la UDFJC expidió la Resolución 145 de 2019
reconociendo un pago parcial por $21.950.376, dicho reconocimiento no se hizo
efectivo. Contra esa resolución interpuso recurso de reposición, que fue resuelto
desfavorablemente mediante la Resolución 133 del 9 de agosto de 2019.
6. Explicó que las diferencias no fueron calculadas desde el 8 de noviembre de
2005 —como lo ordenó el fallo— sino desde el 5 de septiembre de 2012, fecha a
partir de la cual se generaron saldos a su favor. Agregó que las mesadas
reconocidas con antelación mediante las Resoluciones 88 del 26 de abril y 265
del 9 de mayo de 2000 fueron recibidas de buena fe, por lo cual no procede
realizar descuentos.
7. Finalmente, sostuvo que, al no haberse efectuado pago alguno desde la
ejecutoria de la sentencia, los saldos se encuentran afectados por intereses
moratorios a la tasa DTF durante los primeros diez (10) meses y, posteriormente,
a la tasa comercial correspondiente, hasta que se realice el pago total de la
obligación.
1.2. Mandamiento de pago3
8.El Juzgado Cincuenta y Cuatro (54) Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá D.C., Sección Segunda, libró mandamiento de pago el 13 de agosto de
2021 contra la UDFJC y a favor de la ejecutante por la suma de $126.086.174,
monto desagregado de los siguientes conceptos:
3
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i) Diferencias pensionales entre lo reconocido en la sentencia constitutiva del
título y lo pagado entre el 8 de noviembre de 2005 y el 25 de octubre de 2018,
por valor de $56.550.946, incluido el descuento correspondiente a salud.
ii) Por las diferencias pensionales entre lo reconocido en la sentencia
constitutiva del título y lo pagado entre el 26 de octubre de 2018 y el 21 de junio
de 20214, por la suma de $15.481.186.
iii) Indexación causada desde noviembre de 2005 hasta octubre de 2018 —
fecha de ejecutoria de la sentencia—, por valor de $17.411.212.
iv) Intereses moratorios causados entre el 26 de octubre de 2018 (día siguiente
a la ejecutoria) y el 21 de junio de 2021, por la suma de $36.642.830.
9. La autoridad judicial explicó que la sentencia judicial que se buscó ejecutar
presta mérito ejecutivo, pues es una obligación clara, expresa y exigible. Que no
tomaría en cuenta para librar el mandamiento de pago los valores solicitados en
la demanda; sino las cifras se fundamentaron en la liquidación aportada por el
área contable de los juzgados administrativos, conforme con lo dispuesto en el
artículo 430 del CGP, que establece que el juez debe librar mandamiento de pago
en la forma pedida o en la que considere legal.
1.3. Contestación de la demanda5
10. La Universidad Distrital Francisco José de Caldas – UDFJC contestó la
demanda oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones a partir de los
siguientes argumentos:
11. Señaló que la División de Recursos Humanos de la UDFJC, en cumplimiento
de la sentencia constitutiva del título ejecutivo, expidió las Resoluciones 145 del
23 de abril de 2019 y 333 del 9 de agosto de 2019, mediante las cuales reliquidó
la mesada pensional de la señora Osorio de Salazar, incrementándola de
$1.853.357 a $2.972.609. Sostuvo que, en consecuencia, no existen valores
adeudados por este concepto.
12. Indicó que, en esa misma oportunidad, se determinó una diferencia indexada
a favor de la demandante por $24.513.776. A dicho valor —afirmó— deben
descontarse $10.315.900 correspondientes a aportes al sistema de salud, por lo
que el monto real a reconocer ascendería a $14.197.876.
4
Fecha en que se realizó la liquidación realizada por el profesional contable de los juzgados, a partir del cual se
fundamentó la realización del crédito.
5
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13. Manifestó que la entidad cumplió la sentencia constitutiva del título ejecutivo
mediante las Resoluciones 145 del 23 de abril de 2019 y 333 del 9 de agosto de
2019. No obstante, reconoció que no ha pagado a la actora la suma de
$14.197.876, reiterando que dicho valor fue calculado en exceso frente a lo
realmente debido.
14. Finalmente,
propuso formalmente cono excepción de mérito la genérica e
innominada respecto a los hechos exceptivos que se encuentren probados en el
proceso.
1.4. Autos interlocutorios
15. El Juzgado Cincuenta y Cuatro (54) Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá D.C., Sección Segunda, mediante auto del 4 de febrero de 2022, se
pronunció sobre la contestación de la demanda presentada por la UDFJC. Señaló
que, si bien la entidad no propuso excepciones de manera formal, del contenido
del escrito se desprendía la formulación de la excepción de pago, en la medida
en que la entidad afirmó no adeudar las sumas pretendidas por la ejecutante, con
fundamento en la expedición de varios actos administrativos de cumplimiento.
16. En consecuencia, se corrió traslado de la excepción propuestas a la parte
actora, conforme lo establece el numeral 1° del artículo 443 del CGP 6. Al
descorrer dicho traslado, la señora Osorio de Salazar, por intermedio de su
apoderado, manifestó que los documentos aportados por la entidad no
acreditaban el pago de la obligación7.
17. El 30 de marzo de 2023, el Juzgado Cincuenta y cuatro (54) Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá D.C. – Sección Segunda8, declaró su falta de
competencia para adelantar el proceso ejecutivo en estudio. Para ello, se
basó en los siguientes preceptos: i) el artículo 156 del CPACA indica que, en las
ejecuciones de condenas impuestas por esta jurisdicción, será competente el
juez que profirió la sentencia9; ii) artículo 155 numeral 7 del CPACA (modificado
por el artículo 30 de la Ley 2080 de 2021) establece que es competencia de los
jueces administrativos conocer de la ejecución de aquellos procesos que
conocieron en primera instancia; y iii) el auto de unificación proferido por la Sala
Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado el 29 de enero de 2020 10,
dispone que conocerá del proceso ejecutivo en primera instancia el juez que lo
conoció, en esa misma instancia, en el proceso declarativo.
6
La disposición en cita establece lo siguiente: «De las excepciones de mérito propuestas por el ejecutado se correrá
traslado al ejecutante por diez (10) días, mediante auto, para que se pronuncie sobre ellas, y adjunte o pida las pruebas
que pretende hacer valer (…)».
7
Índice 3 aplicativo SAMAI primera instancia – 037DteDescorreTras.pdf.
8
Índice 3 aplicativo SAMAI primera instancia –081Auto2023330.pdf
9
En detalle, el artículo 156 del CPACA, antes de la modificación introducida por la Ley 2080 de 2021, y vigente para la
época de la presentación de la demanda, disponía lo siguiente: «ARTÍCULO 156. Para la determinación de la competencia
por razón del territorio se observarán las siguientes reglas: (…) 9. En las ejecuciones de las condenas impuestas por la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo o de las obligaciones contenidas en una conciliación aprobada por esta
jurisdicción, será competente el juez que profirió la providencia respectiva (…)».
10
Radicado: 47001233300020190007501 (63931), magistrado ponente Alberto Montaña Plata.
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18. En virtud de lo anterior, al haberse proferido la sentencia constitutiva del título
ejecutivo el 16 de diciembre de 2016, por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, la competencia para adelantar
el proceso recaía en dicho tribunal y no en el juzgado. Por lo tanto, se dispuso la
remisión del expediente a la autoridad competente para continuar con el trámite.
19.La ejecutante interpuso recurso de reposición contra la decisión anterior; sin
embargo, el Juzgado Cincuenta y cuatro (54) Administrativo del Circuito Judicial
de Bogotá D.C. – Sección Segunda la confirmó mediante auto del 13 de junio de
202311, fundamentándose en argumentos similares a los anteriores.
20. A su turno, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B, profirió auto el 6 de septiembre de 202312 mediante el cual asumió
la competencia en primera instancia del proceso ejecutivo. Fundamentó su
decisión en lo dispuesto en el artículo 152 numeral 6 de la Ley 1437 de 2011 —
modificado por la Ley 2080 de 2021—, según el cual corresponde a los tribunales
conocer en primera instancia de los procesos ejecutivos derivados de condenas
proferidas por esta jurisdicción, cuando también conocieron del proceso
declarativo en esa misma etapa. Por consiguiente, al haber sido esta autoridad
judicial la que profirió la sentencia objeto de recaudo, la competencia recaía en
ella.
21. Asimismo, en aras de garantizar los principios de economía, celeridad y
eficacia procesal dispuestos en el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, el Tribunal
tuvo en cuenta las actuaciones surtidas en el trámite adelantado ante el Juzgado
Cincuenta y Cuatro (54) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C.,
Sección Segunda. Esto en aplicación del inciso 1° del artículo 16 de la Ley 1564
de 2012, que señala que, cuando se declara la falta de competencia por el factor
subjetivo o funcional, lo actuado conserva validez, salvo que se hubiere dictado
sentencia —evento en el cual deberá declararse la nulidad—, lo que no ocurrió
en este caso13.
II. SENTENCIA APELADA14
22. El Tribunal profirió sentencia el 28 de agosto de 2024, mediante la cual declaró
probada parcialmente la excepción de pago y siguió adelante con la ejecución.
Además, no condenó en costas.
11
Índice 3 aplicativo SAMAI primera instancia –095Auto20230613.pdf
12
Índice 5 aplicativo SAMAI primera instancia.
13
El artículo mencionado dispone lo siguiente: «ARTÍCULO 16. PRORROGABILIDAD E IMPRORROGABILIDAD DE LA
JURISDICCIÓN Y LA COMPETENCIA. La jurisdicción y la competencia por los factores subjetivo y funcional son
improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petición de parte, la falta de jurisdicción o la falta de competencia por
los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservará validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que será
nula, y el proceso se enviará de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de
jurisdicción o de competencia será nulo (…)».
14
Índice 38 aplicativo SAMAI primera instancia.
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23. Para sustentar su decisión, la autoridad judicial se apoyó en la contabilización
parcial del crédito realizada por el área contable de la corporación, la cual
concluyó que la UDFJC, a través de la Resolución 145 del 23 de abril de 2019,
pagó a la demandante la suma de $14.197.879.
24. En consecuencia, el Tribunal modificó los saldos establecidos en el
mandamiento de pago y determinó que debía seguirse adelante con la ejecución
por la suma de $41.366.694,26, correspondiente a diferencias pensionales e
intereses, cifra que incluye los descuentos aplicables al sistema de salud.
25. En detalle, la liquidación de la oficina contable del tribunal concluyó lo
siguiente:
26. Finalmente, el Tribunal indicó que, aunque existían diferencias entre los
cálculos inicialmente efectuados en el mandamiento de pago y los derivados del
análisis contable, lo procedente era acoger el criterio técnico del área contable
de la corporación, dejando de lado la liquidación elaborada en primera instancia
por el Juzgado.
1.6. Recursos de apelación
27. El ejecutante15, interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia, solicitando lo siguiente:
i) Que, en lugar de adoptarse la liquidación realizada por el área contable del
Tribunal, se tuviera en cuenta la liquidación presentada con la demanda
ejecutiva, por considerar que es la que precisa correctamente las cifras por las
cuales debe seguir adelante la ejecución.
ii) Que se revoque la decisión de declarar parcialmente probada la excepción
de pago por la suma de $14.197.879.
iii) Que se revoque la decisión de modificar el mandamiento de pago y de seguir
adelante con la ejecución por $41.366.694,26, y en su lugar se continúe con el
crédito por las cifras solicitadas en la demanda.
15
Índice 43 aplicativo SAMAI primera instancia.
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iv) Que se revoque la decisión de no imponer costas y, en su lugar, se condene
en costas en ambas instancias.
28. El recurso se fundamentó en los siguientes puntos:
29. La sentencia de primera instancia vulneró el derecho adquirido y el
patrimonio de la ejecutante: Indicó que las sentencias proferidas por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y por el Consejo de Estado el 4 de junio de 2009
y el 17 de marzo de 2011, respectivamente, declararon la nulidad parcial de las
resoluciones proferidas en el año 2000 por la UDFJC16 que habían reconocido el
derecho pensional de la demandante. Consecuentemente, se ordenó su
reconocimiento con fundamento en la Ley 71 de 1988. Sin embargo, en ese
proceso se negó la solicitud de reintegro de las mesadas pensionales percibidas
con fundamento en dichos actos administrativos, por cuanto no se probó mala fe
de la actora. Por lo tanto, —afirmó— no se autorizó a la UDFJC a descontar las
mesadas percibidas entre los años 2000 y 2012.
30. Precisóque en el año 2012 dejó de percibir los valores pensionales
reconocidos en las Resoluciones 188 y 265 de 2000, dado que la sentencia del
17 de marzo de 2011 quedó ejecutoriada y se profirió la Resolución 524 del 5 de
septiembre de 2012, mediante la cual se reconoció nuevamente su pensión
conforme a la Ley 71 de 1988.
31. No obstante, como la Resolución 524 de 2012 no acató las sentencias del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y del Consejo de Estado, fue
demandada en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
Ello condujo a la sentencia del 16 de diciembre de 2016, constitutiva del título
ejecutivo en este proceso, que ordenó la reliquidación pensional de la actora
conforme a la Ley 71 de 1988 y a los factores salariales devengados en el último
año.
32. Alegó que la UDFJC, al dar cumplimiento al título ejecutivo mediante las
Resoluciones 145 del 23 de abril de 2019 y 333 del 9 de agosto de 2019, dispuso
recuperar las mesadas percibidas de buena fe entre el 8 de noviembre de 2005
y el 31 de agosto de 2012. Indicó que dicha actuación carece de fundamento
jurídico, pues la reliquidación pensional por aportes que se ordena en este
proceso es diferente de la nulidad parcial de la pensión reconocida con factores
convencionales que fue anulada en el proceso anterior17.
33. De igual manera, sostuvo que la sentencia de primera instancia, al acoger el
concepto técnico del área contable, desconoció el alcance de la sentencia
constitutiva del título ejecutivo, pues en ella no se ordenó descontar, para efectos
16
Resoluciones 188 y 265 de 2000.
17
Cuyas sentencias fueron proferidas el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y por el Consejo de Estado el 4 de
junio de 2009 y el 17 de marzo de 2011.
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de la reliquidación, las mesadas reconocidas y pagadas entre el 8 de noviembre
de 2005 y el 31 de agosto de 2012 con fundamento en las Resoluciones 188 y
265 de 2000 —que, como se indicó, fueron anuladas en un proceso anterior—.
34. En virtud del incumplimiento de la UDFJC en la obligación de reliquidar la
pensión conforme se ordenó judicialmente, se han causado —según afirmó—
diferencias en las mesadas pensionales desde el 5 de septiembre de 2012 y
hasta la fecha.
35. Declaratoria parcial de excepción de pago: Reprochó que el tribunal
declarara probada la excepción de pago parcialmente, sin que ello estuviera
probado. En efecto, adujo que la actora no ha recibido $14.197.8792 de parte de
la entidad en cumplimiento de las órdenes judiciales, por lo que debe revocarse
igualmente esa decisión.
36. Por otro lado, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas – UDFJC18,
también interpuso recurso de apelación con el fin de que se revoque la decisión
de condenar a la entidad a las obligaciones dinerarias dispuestas en la sentencia.
37. Alsustentar el recurso, en esencia, adujo que el tribunal incurrió en una
indebida valoración de las pruebas arrimadas al proceso. Añadió que se vulneró
el derecho de contradicción de la prueba técnica contable con la cual la autoridad
tomó su decisión.
1.7. Trámite de segunda instancia
38. El recurso de apelación se admitió mediante proveído del 11 de diciembre de
202419, donde se precisó que el Ministerio Público podría emitir concepto desde
que se admitió el recurso hasta que ingresara el expediente para fallo.
39. Así las cosas, el Ministerio Público20 solicitó que se revocara la sentencia de
primera instancia, al considerar que el Tribunal incurrió en error al declarar
probada parcialmente la excepción de pago.
40. Señaló, por una parte, que las operaciones contables que sustentaron la
decisión no cuentan con soportes que acrediten el pago efectuado por la entidad
a favor de la ejecutante por valor de $14.197.879. Por otra parte, explicó que no
era jurídicamente viable deducir las mesadas pensionales recibidas por la actora
entre el 31 de diciembre de 1999 y el 5 de septiembre de 2012, pues tales valores
ingresaron a su patrimonio de buena fe y fueron expresamente respetados por el
Consejo de Estado en la sentencia del 12 de febrero de 2012, operando en
consecuencia la cosa juzgada.
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41. En conclusión, para el agente del Ministerio Público no obra en el expediente
prueba que acredite el pago de la obligación, total o parcialmente. En
consecuencia, solicitó revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar,
disponer que se siga adelante con la ejecución.
Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no observando
la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se procede a
resolver la alzada, previas las siguientes,
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
42. El Consejo de Estado es competente para resolver los recursos de apelación
interpuestos de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo21, y 322 del CGP.
43. De tal modo que, como en este asunto solamente recurrió la decisión proferida
en primera instancia la parte ejecutada, la competencia se limitará a los reparos
efectuados en su recurso.
2.2. Problema jurídico
44. De acuerdo con los argumentos planteados por el apelante, le corresponde a
esta Sala de subsección responder los siguientes interrogantes:
45. ¿La sentencia recurrida vulneró los derechos adquiridos y el patrimonio de la
ejecutante al descontar valores por concepto de mesadas pensionales diferentes
a las establecidas en la sentencia objeto de recaudo?
46. ¿Se probó parcialmente la excepción de pago propuesta por la entidad
ejecutada como se indicó en la sentencia de primera instancia?
47. ¿Se vulneró el derecho de contracción de las partes dada la imposibilidad de
contradecir la liquidación, realizada por el área contable del tribunal, en que se
basó la sentencia de primera instancia?
2.3. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto
2.3.1 Generalidades del proceso ejecutivo y los requisitos del título
ejecutivo
21
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones
de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
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48. El proceso ejecutivo ha sido definido como el medio procesal para que un
acreedor, de modo coercitivo, haga efectiva una obligación o un derecho del que
es titular ante un deudor que se rehúsa a su cumplimiento. Es decir, «es el medio
para que el acreedor haga valer el derecho (que conste en un documento
denominado título ejecutivo) mediante la ejecución forzada»22.
49. En esta clase de procesos no se busca el reconocimiento de un derecho
subjetivo, sino que está dirigido a obtener el cumplimiento de una obligación que
consta en un documento que da plena fe de su existencia, siendo el título «el
documento principal a partir del cual se desarrolla el proceso ejecutivo».23 Su
definición y requisitos se encuentran en el artículo 422 del CGP, antes 488 24 del
CPC, en los siguientes términos:
«TÍTULO EJECUTIVO. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones
expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor
o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una
sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de
otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben
liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás
documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no
constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el
artículo 184».
50. La norma consagra los requisitos del título ejecutivo: formales y sustanciales.
Los primeros hacen referencia a la prueba de la existencia de la obligación y
exigen que el título ejecutivo sea auténtico y que provenga del deudor, su
causante o de una providencia judicial.25 La autenticidad se refiere a la plena
identificación del creador del documento para que no haya duda del deudor y el
juez tenga certeza de quién lo suscribió26.
51. Los segundos exigen que en el título ejecutivo se refleje en favor del ejecutante
una obligación clara, expresa y exigible. Es expresa si se encuentra especificada
22
Consejo de Estado, Sección Cuarta, providencia del 15 de noviembre de 2017, radicado 54001 23 33 000 2013 00140
01(22065), M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez. Ver también Consejo de Estado, Sección Primera, providencia del 12 de
julio de 2018, radicado 81001 23 33 003 2017 00042 01, M.P. María Elizabeth García González.
23
Sentencia T-704 de 2013. Igual concepto está en la sentencia T-996 de 2012.
24
«Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que
provengan del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de
condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva
conforme a la ley, o de las providencias que en procesos contencioso - administrativos o de policía aprueben liquidación
de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia.
La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio
previsto en el artículo 294.»
25
Sobre los requisitos formales del título se puede consultar la siguiente jurisprudencia: Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B. Sentencia del 27 de agosto de 2015. Radicado: 200012331000 2011-00548 01 (2586 – 2013).
Consejera ponente Sandra Lisset Ibarra Vélez. «[…] que se trate de documentos que tengan autenticidad, que emanen
de autoridad judicial, o de otra clase si la ley lo autoriza, o del propio ejecutado o causante cuando aquel sea heredero de
este y los segundos, que de esos documentos aparezca a favor del ejecutante o de su causante y a cargo del ejecutado
o de su causante, una obligación clara expresa, exigible y además líquida o liquidable por simple operación aritmética si
se trata de pagar una suma de dinero». Ver también: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, sentencia de 31 de mayo de 2018, Consejera ponente María Elizabeth García González, Radicación: 11001 03
15 000 2018 00824 00. A su vez la Sección Tercera del Consejo de Estado señaló: «Que además de esos requisitos el
documento debe reunir dos condiciones formales: i) la autenticidad y ii) que proceda del deudor o de su causante, o de
una sentencia judicial condenatoria, o de cualquier otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva». Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C, providencia de 8 de junio de 2016, radicado 27001 23 31 000 2012 00086
01(47539), M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa (E).
26
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 14 de mayo de 2014, radicado 33.586.
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en el título y no es el resultado de una presunción legal o de una interpretación;
clara si sus elementos aparecen inequívocamente señalados y no hay duda con
respecto al objeto o sujetos de la obligación, esto es fácilmente inteligible y se
entiende en un solo sentido; y, exigible si la ejecución no depende del
cumplimiento de un plazo o condición o siempre que estos se hubiesen
cumplido27.
52. Estos requisitos deben cumplirse en su totalidad y en los términos enunciados,
de modo que del título se concluya sin duda alguna la existencia de la obligación,
su claridad y que ya es exigible. Así entonces cuando el juez verifica que el
documento cumple con los requisitos enunciados debe emitir la orden de pago
en contra de la parte ejecutada, pues así lo dispone el artículo 430 del CGP 28,
antes 497 del CPC29.
53. De acuerdo con lo anterior, el título ejecutivo es el documento necesario para
que pueda incoarse y darse trámite al proceso ejecutivo. Además, conforme lo
dispone el artículo 422 del CGP30, antes 488 del CPC, i) es la prueba de la
existencia de la obligación, la cual debe ser expresa, clara y exigible; y ii) señala
con certeza el obligado a cumplirla, por lo que constituye plena prueba contra el
adeudado, por provenir de él o de su causante o de cualquiera de las
providencias enunciadas en dicha norma. En tal sentido, debe entenderse que
las sentencias ejecutoriadas que condenen a una entidad al pago de suma de
dinero constituyen un título ejecutivo.
27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, consejera ponente Carmen Teresa Ortiz
de Rodríguez, auto de 26 de febrero de 2014, Radicado: 25000 23 27 000 2011 00178 01 (19250), actor: Clínica del
Country S.A. En esta providencia se citó la siguiente doctrina: Velásquez G., Juan Guillermo. Los procesos ejecutivos.
(2006). Medellín: Librería Jurídica Sánchez R. Ltda.
También puede consultarse la siguiente jurisprudencia: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, 26 de julio
de 2018, radicado 41001 23 31 000 2010 00139 01(0490-16), M.P. Rafael Francisco Suarez Vargas.
28
«Artículo 430. Mandamiento ejecutivo. Presentada la demanda acompañada de documento que preste mérito
ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida, si fuere
procedente, o en la que aquel considere legal.
Los requisitos formales del título ejecutivo sólo podrán discutirse mediante recurso de reposición contra el mandamiento
ejecutivo. No se admitirá ninguna controversia sobre los requisitos del título que no haya sido planteada por medio de
dicho recurso. En consecuencia, los defectos formales del título ejecutivo no podrán reconocerse o declararse por el juez
en la sentencia o en el auto que ordene seguir adelante la ejecución, según fuere el caso.
Cuando como consecuencia del recurso de reposición el juez revoque el mandamiento de pago por ausencia de los
requisitos del título ejecutivo, el demandante, dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria del auto, podrá
presentar demanda ante el juez para que se adelante proceso declarativo dentro del mismo expediente, sin que haya
lugar a nuevo reparto. El juez se pronunciará sobre la demanda declarativa y, si la admite, ordenará notificar por estado
a quien ya estuviese vinculado en el proceso ejecutivo.
Vencido el plazo previsto en el inciso anterior, la demanda podrá formularse en proceso separado.
De presentarse en tiempo la demanda declarativa, en el nuevo proceso seguirá teniendo vigencia la interrupción de la
prescripción y la inoperancia de la caducidad generados en el proceso ejecutivo.
El trámite de la demanda declarativa no impedirá formular y tramitar el incidente de liquidación de perjuicios en contra del
demandante, si a ello hubiere lugar».
29
«Presentada la demanda con arreglo a la ley, acompañada de documento que preste mérito ejecutivo, el juez librará
mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida si fuere procedente, o en la que
aquél considere legal».
30
«Artículo 422. Título ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que
consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que
emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial,
o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la
justicia, y los demás documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título
ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184».
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2.4. Análisis de la Sala de la Sala del primer problema jurídico
54. ¿La sentencia recurrida vulneró los derechos adquiridos y el patrimonio de
la ejecutante al descontar valores por concepto de mesadas pensionales
diferentes a las establecidas en la sentencia objeto de recaudo?
55. Para resolver el problema jurídico es necesario que la Sala presente los
siguientes presupuestos fácticos:
56. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D,
profirió sentencia el 4 de junio de 2009 dentro del proceso de lesividad radicado
25000232500020040642801, promovido por la UDFJC contra la hoy ejecutante
Martha Cecilia Osorio de Salazar. En dicho proceso, la universidad solicitó la
nulidad de las Resoluciones 188 y 265 de 2000, mediante las cuales había
reconocido la pensión de jubilación de la actora. La autoridad judicial declaró la
nulidad parcial de dichos actos al establecer que la pensión había sido reconocida
con inclusión de factores de naturaleza convencional, lo cual resultaba
improcedente. En consecuencia, ordenó la reliquidación de la pensión con
fundamento en la Ley 71 de 198831.
57. No obstante, la parte motiva de la mencionada sentencia precisó que no había
lugar a ordenar la devolución de las mesadas pagadas, por cuanto no se
demostró mala fe o fraude por parte de la actora. La providencia indicó:
«Por otro lado y, teniendo en cuenta que no se demostró que para obtener el derecho en
mención el demandado hubiese aportado documentos fraudulentos que hicieran incurrir a la
Administración en error; es decir, que no actuó de manera dolosa contra los intereses de ésta,
la Sala no acogerá la pretensión de la demanda relacionada con la devolución de las sumas
pagadas por concepto de pensión de jubilación, toda vez que los efectos negativos derivados
del error cometido por la Administración de concederle la jubilación antes de tener la edad
para ello no se le pueden endilgar a la demandada». Subrayado de la Sala.
58. El17 de marzo de 2011, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección «A» dictó sentencia de segunda
instancia en el proceso radicado 25000232500020040642802, en la cual
confirmó la providencia de primer grado y adicionó la orden en el sentido de
precisar que la entidad debía reconocer la pensión de jubilación a la demandante
a partir del 8 de noviembre de 2005, en los términos de la Ley 71 de 198832.
59. La UDFJC profirió el 5 de septiembre 2012 la Resolución 524 «por la cual se
da cumplimiento al fallo del Consejo de Estado de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección “A” (…)». En este acto se tomaron las siguientes
decisiones respecto del derecho pensional de la ahora ejecutante:
31
Índice 30 aplicativo SAMAI primera instancia – pág. 27.
32
Índice 30 aplicativo SAMAI primera instancia – pág. 57.
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59.1.
Se reconoció la pensión de jubilación en cuantía del 75% del salario promedio
que sirvió de base para los aportes del último año de servicios.
59.2.
Se tomaron como factores de liquidación únicamente la asignación básica y la
prima de antigüedad, lo que arrojó una primera mesada de $900.037 a partir del 31 de
diciembre de 199933.
59.3.
Se comparó la mesada pensional reconocida, en un principio, con las
resoluciones anuladas34 por las sentencias objeto de cumplimiento en esa oportunidad
($2.879.209) y la reconocida con la resolución en mención ($1.411.886) para el año
2012, momento en que se empezó a reconocerse la mesada con el último valor.
60. La ejecutante demandó la Resolución 524 de 2012, alegando que la entidad
había efectuado una indebida liquidación de su pensión. Como consecuencia, el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B,
profirió sentencia el 16 de diciembre de 2016, constitutiva del título que se ejecuta
en este proceso35. De esta sentencia, se destacan los siguientes apartados que
permiten entender el estudio de fondo del acto demandando y la exigibilidad de
las órdenes emitidas, así:
60.1.
La autoridad judicial estableció que si bien la resolución demandada —en
principio— era un acto de ejecución, por tratarse de un asunto pensional y excederse en
lo dispuesto en las sentencias judiciales, tenía la connotación de definitivo. Por tanto, era
demandable en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Asimismo,
precisó que la cosa juzgada no se configuraba, porque, en esencia, el proceso anterior
de lesividad adelantado contra la señora Osorio de Salazar y el actual eran diferentes.
Esto lo explicó así: 36
«En este caso, la excepción de cosa juzgada no tiene vocación de prosperidad, habida cuenta
que no reúne los presupuestos del artículo 303 de la ley 1564 de 2012, pues, si bien es cierto
entre las mismas partes, con anterioridad, existió un proceso judicial, de donde se generaron las
sentencias del 4 de junio de 2009 у 17 de marzo de 2011, no lo es menos, que difieren de su
objeto, pues en una situación previa, en ejercicio de la acción de lesividad, la Universidad Distrital
"Francisco José de Caldas" demandó los actos de reconocimiento de la pensión, resoluciones
265 del 9 de marzo de 2000 y 188 del 26 de abril de 2000, en esa oportunidad, la litis se centró
respecto del régimen aplicable, en tanto que en esta ocasión la pensionada es la demandante y
lo que se busca es la censura de la resolución 524 del 5 de septiembre de 2012, por medio de la
cual la entidad demandada dio cumplimiento a los fallos mencionados previamente y en cuanto
no incluyó en ingreso base de liquidación todos los factores salariales devengados por la
demandante» Sic en toda la cita.
60.2.
Al estudiar la liquidación de la pensión de la actora, la autoridad judicial encontró
que en la Resolución 524 de 2012 no había dado cumplimiento a las sentencias del 4 de
junio de 2009 y el 17 de marzo de 2011, pues no se tuvieron en cuenta los factores de
la Ley 71 de 1988. En cambio, únicamente se reconoció la pensión con la asignación
básica y la prima de antigüedad. Por lo tanto, se ordenó su reliquidación, teniendo en
cuenta los factores salariales devengados durante el último año, dentro de los que se
33
Índice 30 aplicativo SAMAI primera instancia – pág. 243.
34
Resoluciones 188 y 265 de 2000.
35
Índice 30 aplicativo SAMAI primera instancia – pág. 437.
36
Índice 30 aplicativo SAMAI primera instancia – pág. 437.
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encuentran (adicional al salario y la prima de antigüedad) el subsidio familiar, subsidio
de transporte, sueldo de vacaciones, prima de servicios, prima de vacaciones, prima de
alimentación y prima de navidad, con efectos fiscales a partir del 8 de noviembre de
2005. En consecuencia, la parte resolutiva de esta sentencia dispuso lo siguiente:
«PRIMERO. DECLÁRASE la nulidad parcial de la resolución 524 del 5 de septiembre de 2012,
por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, la
Universidad Distrital "Francisco José de Caldas", DEBERÁ: a) La pensión reconocida mediante
la resolución 524 del 5 de septiembre de 2012, reliquidarla en equivalente al 75 % del salario
base de liquidación del último año de servicios (diciembre de 1998 y diciembre de 1999),
incluyendo además del sueldo y la prima de antigüedad, los valores correspondientes al subsidio
de transporte, prima de servicios, prima de vacaciones, prima de alimentación y prima de navidad,
a partir del 8 de noviembre de 2005.
b) Pagar, a partir del 8 de noviembre de 2005, en favor de la señora Martha Cecilia Osorio de
Salazar con C.C. 41.509.417, siguiendo el procedimiento indicado en la parte motiva de esta
providencia, el valor de las diferencias que resultaren a su favor después de efectuada la
reliquidación con la inclusión de los valores actualizados indicados en el numeral anterior.
Igualmente, hará los descuentos que por aportes se deban realizar.
TERCERO. La entidad de previsión hará los reajustes de ley sobre el monto de lo reconocido.
CUARTO. La entidad dará cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 192 y
siguientes de la ley 1437 de 2011».
60.3.
Esta sentencia quedó ejecutoriada el 25 de octubre de 2018.
El 23 de abril de 2019, la UDFJC profirió la Resolución 145, a través de la cual
61.
«(…) da cumplimiento a la sentencia del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, proferida el 16 de diciembre de
2016 (…)». De este documento se resaltan los siguientes aspectos37:
61.1.
Se reliquidó la pensión de la ejecutante, teniendo en cuenta, como factores del
último año de servicios (1.º de enero de 1999 a 31 de diciembre de 1999), los siguientes:
asignación básica, subsidio de transporte, prima de servicios, prima de vacaciones,
prima de alimentación, prima de antigüedad y prima de navidad.
61.2.
Como ingreso base de liquidación se tomó el 75% de los factores anteriores, lo
que arrojó como primera mesada pensional $1.082.770, a partir del 31 de diciembre de
1999.
61.3.
Se reconoció y ordenó el pago de $21.950.376 en razón a la liquidación
pensional.
61.4.
Se anexó tabla de reliquidación pensional actualizada desde el año 1999 hasta
el año 2019, con el respectivo aumento del IPC38 anual que concluía que la cifra a
37
Índice 3 aplicativo SAMAI primera instancia – 004Pruebas.
38
Índice de Precios del Consumidor.
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reconocer por retroactivo pensional ascendía a $24.513.776; sin embargo, deducidos el
porcentaje correspondiente al Sistema de Salud, arrojó la suma de $21.950.376.
61.5.
En detalle, en la reliquidación aportada, la entidad comparó el valor de la mesada
pensional recibida por la demandante desde el 8 de noviembre de 2005 por $1.622.152
(que en ese momento se pagaba con fundamento en las Resoluciones 188 y 265 de
2000, anuladas dentro del proceso de nulidad 25000232500020040642802 ya reseñado
en los párrafos 65 – 67 de esta providencia), y la que se debía reconocer conforme la
reliquidación ordenada por la sentencia del 16 de diciembre de 2016, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca que constituye el título objeto de recaudo en
el proceso que arrojaba, para la misma fecha, el valor de $1.275.912.
61.6.
Para determinar el retroactivo total de $24.513.776, la entidad calculó las
diferencias existentes entre el 8 de noviembre de 2005 y el 31 de agosto de 2012 entre:
la mesada efectivamente pagada con base en las Resoluciones 188 y 265 de 2000, y la
mesada que debía pagarse conforme a la reliquidación ordenada en la sentencia del 16
de diciembre de 2016. Posteriormente, se restaron los valores recibidos en exceso
durante ese periodo y se sumaron los rubros causados a favor de la demandante entre
el 1.º de septiembre de 2012 y el 28 de febrero de 2019, por concepto de diferencias
derivadas de la liquidación efectuada en la Resolución 524 de 2012 y de los parámetros
ordenados en la sentencia objeto de recaudo. El resultado final de este proceso fue la
suma de $24.513.776
La ejecutante interpuso recurso de reposición contra el anterior acto
62.
administrativo, pero la UDFJC confirmó la decisión anterior en la Resolución 333
de 9 de agosto de 201939.
63.
El Juzgado Cincuenta y Cuatro (54) Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá D.C., Sección Segunda, libró mandamiento de pago por $126.086.174,
de los cuales $56.550.946 correspondían a retroactivo pensional causado entre
el 8 de noviembre de 2008 y el 25 de octubre de 2018. Para realizar este cálculo,
el juzgado únicamente tuvo en cuenta la mesada pensional reconocida en la
Resolución 524 de 2012 y las diferencias generadas a favor de la actora con
ocasión de la reliquidación ordenada en la sentencia constitutiva del título,
efectuada en la Resolución 145 del 23 de abril de 2019. En otras palabras, no se
incluyeron los valores percibidos por la ejecutante entre el 8 de noviembre de
2005 y el 30 de septiembre de 2012 con fundamento en las Resoluciones 188 y
265 de 2000, como sí lo hizo la Resolución 145 de 2019.
64.
El Tribunal, una vez asumió la competencia en primera instancia del proceso
en curso, ordenó al área contable de la corporación la reliquidación de los saldos
del crédito, para lo cual ofició a la UDFJC40 que allegara al proceso certificado de
los factores devengados por la demandante en el último año de servicio y la
relación de los pagos pensionales «donde se discrimine, la fecha del pago, el
valor de la pensión, descuentos y valor neto pagado, desde 2004 (…)». Como
39
Índice 3 aplicativo SAMAI primera instancia – 005Pruebas.
40
Índice 20 aplicativo SAMAI primera instancia.
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consecuencia, la entidad allegó los documentos solicitados41. Con base en ellos,
el área contable del Tribunal expidió el Oficio SSSTAC-ALGM 2024-06242 donde
reliquidó los saldos del crédito: por concepto de retroactivo pensional, determinó
que, a favor de la demandante, a corte de 31 de mayo de 2024, se causaron
$38.088.839. Estos saldos que se tuvieron en cuenta plenamente en la sentencia
para arribar a la decisión que apelada. En detalle, el área contable del tribunal
realizó las siguientes operaciones:
Como se aprecia, para obtener el valor del retroactivo pensional se tuvieron
65.
en cuenta tres resoluciones:
65.1.
Resolución 188 de 26 de abril de 2000: Mediante la cual la UDFJC
reconoció la mesada pensional de la señora Osorio de Salazar con base en
factores convencionales; la cual fue declarada nula en el proceso de lesividad
bajo radicado 25000232500020040642802.
65.2.
Resolución 524 de 5 de septiembre de 2012: A través de la cual se
reconoció la pensión de la demandante sobre el salario base del último año de
servicio (1999) y la prima de antigüedad, con lo que se desconoció lo ordenado
en el proceso anterior, que estableció que los factores a tener en cuenta para
reconocer la pensión de la actora eran los establecidos en la Ley 71 de 1988.
65.3.
Resolución 145 de 23 de abril de 2019: Por medio de la cual se da
cumplimiento a la sentencia del 16 de diciembre de 2016 (título ejecutivo del
proceso en curso) y se ordena la reliquidación de la pensión de la actora a partir
del 8 de noviembre de 2005, teniendo en cuenta como factores para liquidar la
41
Índice 32 aplicativo SAMAI primera instancia.
42
Índice 35 aplicativo SAMAI primera instancia.
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mesada la asignación básica, subsidio de transporte, prima de servicios, prima
de vacaciones, prima de alimentación, prima de antigüedad y prima de navidad,
en cumplimiento de la Ley 71 de 1988.
Sin embargo, en detalle, se observa que las operaciones se dividieron en dos
66.
momentos:
66.1.
Entre el 8 de noviembre de 2005 y el 31 de agosto de 2012: Se restaron
los valores reconocidos y pagados con fundamento en la Resolución 188 de 2000
frente a la mesada resultante de la reliquidación ordenada por la sentencia del
16 de diciembre de 2016 y plasmada en la Resolución 145 de 201, lo que arrojó
un saldo en su contra por $ - 51.863.808,88;
66.2.
Entre el 1 de septiembre de 2012 y el 31 de mayo de 2024: Se
adicionaron las diferencias causadas a favor de la actora entre lo reconocido en
la Resolución 524 de 2012 y lo ordenado en la sentencia constitutiva del título
ejecutivo, cumplida a través de la Resolución 145 de 2019, lo que arrojó como
saldos a su favor por $89.952.648,77.
66.3.
Al compensarse ambos valores —restando el saldo en contra ($-
51.863.808,88) del saldo a favor ($89.952.648,77)— se obtuvo un monto final a
pagar por concepto de retroactivo pensional de $38.088.839.
67.
Conforme a lo expuesto, se recuerda que en su recurso de apelación la actora
argumentó que la liquidación efectuada por el a quo desconoció su derecho
adquirido y afectó su patrimonio, en tanto descontó del crédito valores
correspondientes a mesadas pensionales percibidas de buena fe entre el 8 de
noviembre de 2005 y el 31 de agosto de 2012.
68.
Para la Subsección le asiste razón a la ejecutante, puesto que —como fue
detallado previamente— las operaciones realizadas por el área contable del
Tribunal incluyeron rubros respecto de los cuales no era jurídicamente posible
efectuar descuentos, lo que incidió negativamente en el estado de cuenta a favor
de la actora. Esta conclusión se fundamenta en los siguientes argumentos:
69.
La sentencia que se ejecuta —proferida el 16 de diciembre de 2016 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca— dispuso en su parte resolutiva que la
UDFJC debía reliquidar la pensión reconocida a la demandante mediante la
Resolución 524 de 2012, aplicando el 75% del salario base de liquidación, con
inclusión de los factores omitidos en el acto acusado y con efectos fiscales desde
el 8 de noviembre de 2005. Asimismo, ordenó pagar las diferencias pensionales
resultantes a favor de la actora luego de efectuadas las reliquidaciones
correspondientes.
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70.
De ello se desprende con claridad que la intención del juez del proceso
ordinario consistió únicamente en ordenar el reconocimiento y pago de los saldos
que, a favor de la demandante, surgieran a partir de la reliquidación pensional,
esto es, desde el 8 de noviembre de 2005. Tal directriz descarta de plano la
procedencia de descuentos o sustracciones sobre mesadas anteriores que
hubiesen sido superiores a la nueva mesada resultante. Interpretar lo contrario
—como lo hizo el a quo— implica desconocer la esencia de la orden judicial y,
con ello, los requisitos sustanciales inherentes al título, en especial la claridad,
que se refiere a la diáfana identificación de los elementos del mismo.
71.
Asimismo, del análisis del expediente, se observa que entre el año 2000 y el
31 de agosto de 2012 la ejecutante percibió mesadas pensionales en virtud de
las Resoluciones 188 y 265 de 2000; las cuales, posteriormente, fueron anuladas
en el proceso de acción de lesividad identificado con radicado
25000232500020040642802. Sin embargo, en dicho proceso, de forma clara la
sentencia de primera instancia dictada por el Tribunal Administrativa de
Cundinamarca el 4 de junio de 2009 —confirmada por esta Corporación—
especificó que no era procedente la solicitud de la entidad sobre la devolución de
los dineros percibidos como mesadas pensionales por la señora Osorio de
Salazar con fundamento en tales resoluciones, pues no se acreditó que hubiera
incurrido en actuaciones fraudulentas para recibirlas.
72.
Aunque esta orden no forma parte del título ejecutivo que se recauda en este
proceso, debe ser respetada y acatada, pues su contenido guarda estrecha
relación con los hechos y efectos jurídicos discutidos en esta actuación.
73.
En consecuencia, al haberse establecido de manera expresa la imposibilidad
de recobrar las diferencias de las mesadas pensionales percibidas por la actora
entre 2000 y 2012, dicha directriz debía ser acatada tanto por la entidad ejecutada
al expedir el acto de cumplimiento como por el a quo al realizar los cálculos del
crédito.
En suma, se concluye que el a quo no estaba habilitado para realizar
74.
descuentos correspondientes al periodo comprendido entre el 8 de noviembre de
2005 y el 31 de agosto de 2012, tomando como base la diferencia entre: i) las
mesadas pensionales percibidas por la actora con fundamento en la Resolución
188 del 26 de abril de 2000, y ii) los valores que debieron reconocerse por
concepto de mesadas pensionales conforme a la Resolución 145 del 23 de abril
de 2019.
75.
El descuento indebido de $-51.863.808,88 tuvo como efecto que, por concepto
de retroactivo pensional, se le reconocieran a la actora únicamente $38.088.839,
disminuyendo con ello la suma por la que se debía seguir adelante con el crédito.
Por lo tanto, es menester precisar los valores que, de acuerdo con los parámetros
precedentes, deben incluirse a favor de la ejecutante y a cancelar por la entidad.
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76.
Al respecto, estima la Subsección que, para determinar los valores reales del
crédito, no es procedente tener en cuenta las operaciones realizadas en el
mandamiento de pago por Juzgado Cincuenta y cuatro (54) Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá D.C. – Sección Segunda, pues en estas, como
retroactivo pensional desde el 8 de noviembre de 2008 hasta el 25 de octubre de
2018, se tuvo la cifra de $56.550.946 que se obtuvo de las diferencias causadas
entre los valores de la liquidación de la pensión realizada en la Resolución 524
de 2012 y la cifra en que en realidad se debió reliquidar la pensión de la actora
con la inclusión de todos los factores devengados en el último año, realizada en
la Resolución 145 de 2019.
77.
Empero, este ejercicio omitió considerar los valores que efectivamente recibió
la ejecutante entre el 8 de noviembre de 2005 y el 30 de septiembre de 2012 por
concepto de mesadas pensionales con fundamento en las Resoluciones 188 y
265 de 2000. En consecuencia, las operaciones del juzgado se edificaron sobre
cifras que no se corresponden con los hechos acreditados en el proceso.
78.
De otro lado, en la demanda ejecutiva la actora solicitó que se librara
mandamiento de pago únicamente por las diferencias pensionales causadas a
su favor a partir del 5 de septiembre de 2012, fecha desde la cual se generan
saldos favorables por la indebida liquidación pensional contenida en la
Resolución 524 de 2012. Esto, por cuanto antes de esa fecha, las mesadas que
percibía (de buena fe) eran superiores, de modo que la entidad no adeudaba
suma alguna.
79.
En atención a esto, la Subsección revocará la decisión del Tribunal relativa a
los descuentos efectuados por valor de $-51.863.808,88 correspondientes al
periodo comprendido entre el 8 de noviembre de 2005 y el 31 de agosto de 2012.
En su lugar, y conforme a lo solicitado en la demanda, lo procedente es seguir
adelante con la ejecución únicamente por concepto de las diferencias de las
mesadas pensionales que mes a mes dejó de percibir la ejecutante desde el 5
de septiembre de 2012, más sus intereses.
80.
Sin embargo, antes de emitir esta orden, es menester estudiar si en el plenario
se acreditó total o parcialmente el pago dispuesto en la sentencia de primera
instancia.
2.4.2. Estudio del segundo y tercer problema jurídico
81.
¿Se probó parcialmente la excepción de pago propuesta por la entidad
ejecutada como se indicó en la sentencia de primera instancia?
¿Se vulneró el derecho de contradicción de las partes dada la imposibilidad de
82.
contradecir la liquidación, realizada por el área contable del tribunal, en que se
basó la sentencia de primera instancia?
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83.
Frente al segundo problema jurídico, se advierte que la ejecutante discrepa de
la decisión del Tribunal consistente en declarar probada parcialmente la
excepción de pago, por cuanto la entidad no demostró haber cancelado ni total
ni parcialmente la obligación insoluta.
84.
Al respecto, la Subsección considera que le asiste razón a la parte actora.
Aunque la UDFJC anexó, mediante la Resolución 145 de 2019, una liquidación
de las diferencias pensionales supuestamente adeudadas entre el 8 de
noviembre de 2005 y el 28 de febrero de 2019 por $21.950.376 —después de
descuentos—, lo cierto es que no aportó constancia alguna de pago que
respaldara la satisfacción efectiva del crédito.
85.
Por lo tanto, debe revocarse la sentencia de primera instancia en punto a la
acreditación de un posible pago parcial de la entidad en favor de la ejecutante,
sin perjuicio de que ello lo compruebe en el proceso, caso en el cual, debe
tenerse en cuenta como abono en la liquidación del crédito.
86.
Los argumentos expuestos, permiten a la Sala desestimar los reparos de la
ejecutada, y aunque también solicitó la revocatoria de la condena impuesta en su
contra por haberse efectuado una indebida valoración probatoria, no explicó de
manera concreta el cómo, por qué, o respecto de qué elementos probatorios se
produjo dicho yerro. En consecuencia, este cargo será desestimado.
87.
La entidad también reprochó que no se le otorgó traslado para controvertir la
liquidación realizada por el área contable del Tribunal, la cual catalogó como
prueba técnica.
88.
Al respecto, la Subsección considera que no le asiste razón a la recurrente,
pues la operación realizada por el área contable del tribunal no es una prueba
técnica, en realidad es un recurso con el que cuenta la autoridad judicial para
precisar el estado en que se encuentre la obligación43, que al ser consignado en
una decisión judicial (auto que libra mandamiento de pago o sentencia que
resuelve excepciones) puede ser sujeto de contradicción de las partes, siempre
y cuando se sustente jurídica y aritméticamente los errores en que se pudo
incurrir.
Bajo este marco, tampoco le asiste razón a la ejecutante en su pretensión de
89.
que se siga adelante con la ejecución por los valores consignados originalmente
en el mandamiento de pago. Ello, porque no controvirtió de manera clara y
suficiente las operaciones realizadas por el Tribunal en la decisión recurrida. Así,
aunque la actora acertó al cuestionar los descuentos sobre las mesadas
percibidas de buena fe, no demostró en qué medida la liquidación aportada con
43 A esta conclusión se llegó en el siguiente auto: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Auto del 25 de
noviembre de 2021. C.P: William Hernández Gómez 25000-23-25-000-2013-00036-02(3951-21).
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la demanda refleja el real estado actual del crédito y por qué la operación
realizada por el tribunal estaba errada.
En suma, lo procedente es revocar la decisión de declarar probada
90.
parcialmente la excepción de pago y, en su lugar, negarla en su totalidad.
91.
En consecuencia, y conforme a lo expuesto, se seguirá adelante con la
ejecución únicamente por concepto de las diferencias de las mesadas
pensionales que mes a mes dejó de percibir la ejecutante desde el 5 de
septiembre de 2012 hasta que se acredite el pago total de dicho rubro, así como
por los intereses moratorios que se causen sobre esos valores. Asimismo, se
ordenará que se continúe con el proceso en la etapa de la práctica de la
liquidación del crédito conforme con los parámetros establecidos en los artículos
446 y siguientes del Código General del Proceso, a efectos de determinar de
manera definitiva el valor del saldo insoluto del crédito.
2.5. De la condena en costas en segunda instancia
92.
La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
93.
La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de procesos ejecutivos, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.
94.
En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
95.
Bajo ese entendido, se condenará a pagar las costas en esta instancia en
segunda instancia a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, pues se
le resolvió desfavorablemente su recurso de apelación. Para el efecto, conforme
con el artículo 366 del CGP las agencias en derecho serán fijadas por el
magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por
la secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
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96.
Por el contrario, no prosperará la solicitud de la ejecutante respecto a
imponer condenas en costas en primera instancia a la entidad, por cuanto esta
posibilidad solo se habilita cuando la decisión de primera instancia se revoque
totalmente, a voces del numeral 4 del artículo 366 del CGP, lo que no ocurrió en
este caso.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley.
FALLA
PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia del 28 de agosto de 2024,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección «B», por medio de la cual se declaró probada parcialmente la
excepción de pago. En su lugar, DECLARAR impróspera esta excepción por lo
dicho en la motivación.
En consecuencia, SÍGASE adelante con la ejecución únicamente por concepto
de las diferencias de las mesadas pensionales que mes a mes dejó de percibir la
ejecutante desde el 5 de septiembre de 2012 hasta que se acredite el pago total
de dicho rubro, así como por los intereses moratorios que se causen sobre esos
valores.
SEGUNDO: PRACTÍQUESE la liquidación del crédito conforme lo preceptuado
en el artículo 446 del CGP y siguientes, a efectos de determinar definitivamente
el valor al que asciende el saldo insoluto del crédito.
TERCERO: CONDÉNESE en costas en segunda instancia a la parte ejecutada
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, conforme la parte motiva de esta
sentencia.
CUARTO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones pertinentes en el programa «SAMAI».
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA
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