RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 18001-23-33-000-2015-00029-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 18001-23-33-000-2015-00029-01

Fecha
19 de marzo de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 18001-23-33-000-2015-00029-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 10 de agosto de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, mediante la cual se declaró no probadas las excepciones de mérito propuestas por Colpensiones y ordenó seguir adelante con la ejecución, conforme los planteamientos expuestos en esta providencia. SEGUNDO: CONDÉNESE en costas en segunda instancia a la parte ejecutada Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, conforme la parte motiva de esta sentencia. TERCERO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones pertinentes en el programa «SAMAI».

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 18001-23-33-000-2015-00029-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

19 de marzo de 2026

Radicado: 18001-23-33-000-2015-00029-01 (6994-2023)
Demandante: Juan de Jesús Rodríguez Beltrán

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C. diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Proceso: Ejecutivo
Radicación: 18001-23-33-000-2015-00029-01 (6994-2023)
Demandante: Juan de Jesús Rodríguez Beltrán
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones1

Tema: Excepción de pago – Compensación

Decisión: Confirma sentencia de primera instancia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide el
recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutada contra la sentencia del
10 de agosto de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá,
mediante la cual se declararon no probadas las excepciones propuestas por la
ejecutada y se ordenó seguir adelante con la ejecución.

I. ANTECEDENTES2

1.1. Pretensiones y hechos de la demanda

2. El señor Juan de Jesús Rodríguez Beltrán, por conducto de su apoderado
judicial, presentó demanda ejecutiva con el fin de hacer efectiva la orden
contenida en la sentencia proferida el 25 de noviembre de 2011 por el Juzgado
Segundo Administrativo de Descongestión del Circuito de Florencia, Caquetá,
contra el extinto Instituto de los Seguros Sociales (ISS) —hoy representado por
Colpensiones—, mediante la cual se declaró la nulidad de los actos
administrativos demandados y, a título de restablecimiento del derecho, se
ordenó a la entidad reliquidar y pagar la pensión de jubilación que devenga el
actor en cuantía equivalente al 75 % del salario promedio que sirvió de base para
los aportes durante el último año de servicios.

1
En adelante solo Colpensiones.
2
Expediente digital visible en el índice 02 del aplicativo SAMAI segunda instancia – CuadernoPrincipalNo.1 -pág. 77.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 1
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 18001-23-33-000-2015-00029-01 (6994-2023)
Demandante: Juan de Jesús Rodríguez Beltrán

3.Ejecutoriada la anterior providencia, el actor presentó a la ejecutada,
sucesivamente —primero al ISS y luego a Colpensiones—, solicitudes de
cumplimiento los días 23 de marzo de 2012 y 20 de junio de 2012; sin embargo,
no obtuvo respuesta de fondo. Por el contrario, mediante oficio del 28 de
noviembre de 2012 la entidad indicó que debía verificar el estado de la sentencia
que se invocaba como título ejecutivo.

4.Posteriormente, el 8 de agosto de 2014 se solicitó nuevamente el cumplimiento
del título ejecutivo; sin que la entidad diera respuesta.

5. Con fundamento en lo anterior, solicitó que se librara mandamiento de pago
contra Colpensiones a efectos de dar cumplimiento a la sentencia base de
recaudo, por concepto de capital en la suma de $1.373.177.134,55,
correspondiente a las diferencias derivadas de los reajustes pensionales
causados mes a mes y debidamente actualizados, así como los intereses
moratorios causados hasta el 30 de marzo de 2012. Asimismo, solicitó que se
dispusiera la inclusión en la nómina de pensionados de la actualización ordenada
en la sentencia y que se condenara en costas a la entidad.

1.2. Mandamiento de pago3

6. Mediante auto del 30 de noviembre de 2021, el Tribunal libró mandamiento de
pago en favor del actor y contra Colpensiones. En concreto, a partir de las
operaciones realizadas por la autoridad contable de la corporación4, se determinó
que la obligación insoluta a dicha fecha ascendía a las siguientes sumas: i)
$1.178.626.789,83 por concepto de capital, correspondiente a las diferencias
pensionales pagadas y reliquidadas conforme a la sentencia base de recaudo,
con corte a febrero de 2019; ii) $1.159.401.094,83 por concepto de intereses
moratorios causados desde la ejecutoria de la sentencia objeto de recaudo hasta
el 9 de agosto de 2021; y iii) los intereses moratorios que se sigan causando
sobre el capital a partir del 9 de agosto de 2021 hasta cuando se realice el pago
total de la obligación.

7. Para arribar a esta conclusión, explicó el Tribunal que, para la liquidación del
mandamiento de pago realizada por el área contable de la corporación, se
tuvieron en cuenta los abonos parciales realizados por Colpensiones en favor del
actor mediante las Resoluciones 260145 de octubre de 2015 (por $512.319.344)
y 31264 de marzo de 2019 (por $925.407.309), los cuales se imputaron primero

3
Expediente digital visible en el índice 02 del aplicativo SAMAI segunda instancia –05CuadernoPrincipalNo.3.1 Pág. 84.
4
Se deja constancia que el Tribunal, en un primer momento, libró mandamiento de pago en la forma solicitada por el actor
mediante auto del 9 de febrero de 2015. Sin embargo, el 24 de octubre de 2019, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Cuarta (en proceso con radicado 11001031500020190190201) dictó en segunda
instancia sentencia de tutela a través de la cual dejó sin efecto la totalidad de las providencias dictadas en el proceso
ejecutivo que ahora se conoce, inclusive el mandamiento de pago del 9 de febrero de 2015. En consecuencia, ordenó
que el Tribunal, nuevamente, librara mandamiento de pago previa concreción de los parámetros sobre los cuales se debía
declarar insatisfecha la obligación, teniendo en cuenta las órdenes contenidas en la base de recaudo y los pagos que
hubiera acreditado la entidad ejecutada para acreditar el cumplimiento de la obligación insoluta. En cumplimiento de esa
decisión, el Tribunal el 14 de noviembre de 2019 dejó sin efecto todas las actuaciones del proceso, ordenó el
levantamiento de las medidas cautelares y remitió el proceso a la contadora de la corporación para que realizara las
operaciones del caso, a efectos librar mandamiento de pago dando alcance a las órdenes dadas en la sentencia de tutela.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 2
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 18001-23-33-000-2015-00029-01 (6994-2023)
Demandante: Juan de Jesús Rodríguez Beltrán

a intereses y luego a capital, conforme lo dispone el artículo 1653 del Código
Civil.

8. Indicó que, pese a los abonos realizados por la entidad, a la fecha de
expedición del mandamiento de pago aún subsistía un saldo pendiente de la
obligación ordenada en la sentencia base de recaudo, razón por la cual resultaba
procedente continuar con el trámite del proceso ejecutivo.

1.3. Contestación de la demanda5

9. Colpensiones se opuso a las pretensiones de la demanda, para el efecto
propuso las siguientes excepciones de mérito:

10. Cumplimiento y pago total de la obligación: Consideró que la entidad ya

dio cumplimiento total a la obligación contenida en la sentencia base de recaudo.

11. En efecto, indicó que mediante la Resolución GNR 260147 del 27 de agosto

de 2015 dio cumplimiento a dicha sentencia, en el sentido de actualizar el valor
de la primera mesada pensional del actor, con corte al 27 de diciembre de 1999,
en cuantía de $2.194.686, y reconocer un retroactivo por concepto de mesadas
pensionales, intereses moratorios e indexación, menos los descuentos
correspondientes por concepto de salud.

12. Asimismo, explicó que posteriormente, a través de la Resolución SUB 31264

del 1 de febrero de 2019, la entidad decidió «dar alcance a la Resolución GNR
260147 del 27 de agosto de 2015» en cumplimiento de la sentencia base de
recaudo. En consecuencia, reliquidó la primera mesada pensional, con corte al
27 de diciembre de 1999, en la suma de $3.491.463. De igual manera, ordenó el
pago de un retroactivo pensional por concepto de mesadas pensionales,
indexación e intereses de mora, menos los descuentos en salud, por valor de
$66.434.700.

13. Explicó que, al validar la liquidación realizada por el Tribunal para librar
mandamiento de pago, se advertía que esta presentaba algunas falencias, las
cuales procedió a discriminar de la siguiente manera: i) la liquidación del Tribunal
determinó como mesada pensional, con corte a 2019, la suma de $9.506.367,
mientras que Colpensiones, para ese mismo período, la tasó en $9.586.162; es
decir, la entidad pagó $79.795 de más al ejecutante. Además, el Tribunal indicó,
erróneamente, que Colpensiones pagó como mesada pensional $6.025.740,
circunstancia que, a juicio de la entidad, genera un detrimento en el erario. ii) La
liquidación del Tribunal imputa todos los pagos realizados a intereses, operación
que no aplica en las obligaciones relacionadas con recursos de Seguridad Social.

14. Con base en lo expuesto, consideró que durante los años 2000 a 2019 la

entidad pagó una mesada pensional superior a la que realmente correspondía,

5
Expediente digital visible en el índice 02 del aplicativo SAMAI segunda instancia – 09EscritoExcepciones.pdf

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 3
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 18001-23-33-000-2015-00029-01 (6994-2023)
Demandante: Juan de Jesús Rodríguez Beltrán

razón por la cual, sobre tales valores no pueden generarse intereses moratorios
en favor del actor.

15. Compensación: Sostuvo que Colpensiones siempre pagó una mesada
pensional superior a la que realmente correspondía, de acuerdo con los cálculos
realizados por el Tribunal, de manera que el demandante estaría obligado a
devolver los dineros pagados en exceso por la entidad. En todo caso, adujo que,
en el evento en que se considere que existen dineros en favor del ejecutante,
estos deben entenderse compensados con los valores que la entidad habría
pagado en exceso al actor por concepto de mesadas pensionales.

16. Cobro de lo no debido: Esta excepción se planteó bajo el argumento de que

la entidad, a través de la Resolución SUB 31264 de 2019, reconoció y pagó al
actor mesadas pensionales por encima de lo que realmente correspondía.

17. Prescripción: Sin que implique reconocimiento de los derechos reclamados,

se invocó esta excepción en defensa de los recursos públicos pertenecientes al
sistema de seguridad social.

II. SENTENCIA APELADA6

18. Mediante sentencia del 10 de agosto de 2023, el Tribunal resolvió declarar no

probadas las excepciones de «cumplimiento y pago total de la obligación»,
«compensación» y «prescripción». En consecuencia, ordenó seguir adelante con
la ejecución conforme a los parámetros fijados en el auto que libró mandamiento
de pago.

19. Para arribar a la anterior conclusión, y respecto de la excepción de
«cumplimiento y pago total de la obligación» —concretamente frente a los
argumentos relativos a que, con la Resolución SUB 31264 del 1 de febrero de
2019, la entidad reconoció y pagó al ejecutante una mesada pensional superior
($9.586.162) a la determinada en la liquidación base del mandamiento de pago
($9.506.367)— explicó el a quo que la sentencia no era la etapa procesal para
oponerse a lo contenido en el mandamiento de pago. Lo anterior, dado que,
conforme al artículo 318 del Código General del Proceso, el ejecutado podía
interponer recurso de reposición contra dicha providencia, lo cual no hizo.

20. En consecuencia, el Tribunal estudió la excepción de pago propuesta sin
referirse a los planteamientos dirigidos a cuestionar el mandamiento de pago. En
ese marco, explicó que la ejecutada adujo la realización de dos pagos: el primero,
por $469.813.186, con fundamento en la Resolución GNR 260147 del 27 de
agosto de 2015; y el segundo, por $858.972.609, con base en la Resolución SUB
31264 del 1 de febrero de 2019.

21. Frente a ello, el a quo indicó que dichos abonos fueron tenidos en cuenta en

6
Índice 195 del aplicativo SAMAI primera instancia.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 4
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 18001-23-33-000-2015-00029-01 (6994-2023)
Demandante: Juan de Jesús Rodríguez Beltrán

la liquidación efectuada para librar el mandamiento de pago y que, pese a ello,
existía un saldo insoluto de la obligación por valor de $2.338.027.884,45.

22. Por lo tanto, concluyó que la excepción de pago debía descartarse, por cuanto

la entidad no acreditó haber cancelado en su totalidad los montos por los cuales
se libró mandamiento de pago. Aunado a ello, advirtió que con posterioridad a
esa etapa procesal no se allegaron nuevas pruebas que acreditaran otros abonos
realizados en favor del actor.

23. Respecto de la excepción de compensación, el Tribunal consideró que no era

procedente su aplicación, dado que no se configuraban los presupuestos
necesarios para dicha forma de extinción de las obligaciones. En efecto, explicó
que para que opere la compensación es necesario que existan obligaciones
recíprocas entre dos personas. Sin embargo, entre las partes de este proceso no
existen obligaciones de tal naturaleza, pues lo que se pretende con este proceso
es, únicamente, el cumplimiento de las órdenes contenidas en la sentencia
constitutiva del título ejecutivo en favor del ejecutante.

24. Además, frente al argumento relativo a que Colpensiones habría pagado
mesadas pensionales en cuantía superior a la que correspondía, el Tribunal
explicó que, en caso de que ello fuera así, tales valores se tendrán en cuenta al
momento de liquidarse el crédito. De manera que la sentencia no era el estadio
procesal adecuado para su estudio, pues hasta ese momento no se tenía certeza
del valor exacto al que ascendería el monto final de la obligación.

25. De igual modo, la entidad tampoco señaló cuál era el valor exacto que
pretendía compensar, ni explicó la forma en que dichos montos debían imputarse
al crédito insoluto.

26. Finalmente, la excepción de prescripción se negó, por cuanto no se
desarrollaron argumentos concretos para sustentar este medio exceptivo.

1.6. Recurso de apelación

27. Colpensiones interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera

instancia, con el fin de que se revoque la decisión adoptada y, en su lugar, se
declare probada la excepción de cumplimiento y pago total de la obligación. Para
el efecto, desarrolló los siguientes argumentos:

28. Indicó que mediante la Resolución GNR 260147 del 27 de agosto de 2015 la

entidad dispuso dar cumplimiento a la sentencia base de recaudo, al actualizar
la primera mesada pensional del actor, con efectos a partir del 27 de febrero de
1999, en la suma de $2.194.686, aunado a que reconoció y pagó el retroactivo
pensional causado, debidamente indexado, así como los intereses generados
con posterioridad a la ejecutoria del fallo.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 5
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 18001-23-33-000-2015-00029-01 (6994-2023)
Demandante: Juan de Jesús Rodríguez Beltrán

29. A través de la Resolución SUB 31264 del 1 de febrero de 2019, Colpensiones

dispuso dar alcance al acto administrativo anterior y actualizó nuevamente la
primera mesada pensional del actor, elevándola a la suma de $3.491.463. En
consecuencia, procedió a reconocer y pagar el retroactivo pensional
correspondiente a las diferencias causadas entre las dos liquidaciones, junto con
su indexación y los intereses moratorios respectivos.

30. Explicó que la liquidación realizada por el Tribunal yerra al indicar que, para el

año 2019, Colpensiones pagó como mesada pensional la suma de $6.025.740.
A su juicio, este error condujo a un detrimento de los recursos públicos, dado que
se calcularon intereses sobre sumas que no correspondían al actor.

31. Consideró que entre los años 2000 y 2019 Colpensiones pagó al actor una

mesada pensional superior a la que, según el Tribunal, debía cancelarse, razón
por la cual no es posible generar intereses moratorios en favor del demandante.

32. Indicó,además, que la liquidación elaborada por el Tribunal calculó los
intereses como si se tratara de una obligación financiera, criterio que —según la
entidad— no resulta aplicable en asuntos relativos a la seguridad social. Agregó
que dichos intereses se calcularon sobre el monto total de la obligación y no como
debería ser, esto es, mes a mes sobre cada mesada causada.

33. Reiteró que, al contrastar la liquidación realizada por el Tribunal para librar el

mandamiento de pago con la efectuada por la entidad, se advierte que para el
año 2019 existe una diferencia de $79.795 que Colpensiones estaría
reconociendo de más al ejecutante. Ello, porque para ese año la mesada
calculada administrativamente ascendió a la suma de $9.586.162, mientras que
el Tribunal la fijó en $9.506.367.

34. Advirtió que los valores reconocidos por Colpensiones al actor por encima de

la mesada pensional calculada por el Tribunal no pueden desconocerse «y
menos pretender cobrar un interés sobre dinero que sí se pagó al afiliado».

35. En suma, consideró que la entidad cumplió las obligaciones a su cargo, por lo

que es necesario que se declare la terminación del proceso.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

36. El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación

interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo7, y 322 del CGP.

7
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de
las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 6
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 18001-23-33-000-2015-00029-01 (6994-2023)
Demandante: Juan de Jesús Rodríguez Beltrán

37. Como en este asunto solamente recurrió la decisión proferida en primera
instancia la parte ejecutada, la competencia se limitará a los reparos efectuados
en su recurso.

2.2. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto

2.2.1 Generalidades del proceso ejecutivo y los requisitos del título
ejecutivo

38. El proceso ejecutivo ha sido definido como el medio procesal para que un

acreedor, de modo coercitivo, haga efectiva una obligación o un derecho del que
es titular ante un deudor que se rehúsa a su cumplimiento. Es decir, «es el medio
para que el acreedor haga valer el derecho (que conste en un documento
denominado título ejecutivo) mediante la ejecución forzada»8.

39. En esta clase de procesos no se busca el reconocimiento de un derecho
subjetivo, sino que está dirigido a obtener el cumplimiento de una obligación que
consta en un documento que da plena fe de su existencia, siendo el título «el
documento principal a partir del cual se desarrolla el proceso ejecutivo».9 Su
definición y requisitos se encuentran en el artículo 422 del CGP, antes 488 10 del
CPC, en los siguientes términos:

«TÍTULO EJECUTIVO. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones
expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor
o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una
sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de
otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben
liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás
documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no
constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el
artículo 184».

40. La norma consagra los requisitos del título ejecutivo: formales y sustanciales.

Los primeros hacen referencia a la prueba de la existencia de la obligación y
exigen que el título ejecutivo sea auténtico y que provenga del deudor, su
causante o de una providencia judicial.11 La autenticidad se refiere a la plena

8
Consejo de Estado, Sección Cuarta, providencia del 15 de noviembre de 2017, radicado 54001 23 33 000 2013 00140
01(22065), M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez. Ver también Consejo de Estado, Sección Primera, providencia del 12 de
julio de 2018, radicado 81001 23 33 003 2017 00042 01, M.P. María Elizabeth García González.
9
Sentencia T-704 de 2013. Igual concepto está en la sentencia T-996 de 2012.
10
«Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que
provengan del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de
condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva
conforme a la ley, o de las providencias que en procesos contencioso - administrativos o de policía aprueben liquidación
de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia.
La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio
previsto en el artículo 294.»
11
Sobre los requisitos formales del título se puede consultar la siguiente jurisprudencia: Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B. Sentencia del 27 de agosto de 2015. Radicado: 200012331000 2011-00548 01 (2586 – 2013).
Consejera ponente Sandra Lisset Ibarra Vélez. «[…] que se trate de documentos que tengan autenticidad, que emanen
de autoridad judicial, o de otra clase si la ley lo autoriza, o del propio ejecutado o causante cuando aquel sea heredero de
este y los segundos, que de esos documentos aparezca a favor del ejecutante o de su causante y a cargo del ejecutado
o de su causante, una obligación clara expresa, exigible y además líquida o liquidable por simple operación aritmética si
se trata de pagar una suma de dinero». Ver también: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 7
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 18001-23-33-000-2015-00029-01 (6994-2023)
Demandante: Juan de Jesús Rodríguez Beltrán

identificación del creador del documento para que no haya duda del deudor y el
juez tenga certeza de quién lo suscribió12.

41. Los segundos exigen que en el título ejecutivo se refleje en favor del ejecutante

una obligación clara, expresa y exigible. Es expresa si se encuentra especificada
en el título y no es el resultado de una presunción legal o de una interpretación;
clara si sus elementos aparecen inequívocamente señalados y no hay duda con
respecto al objeto o sujetos de la obligación, esto es fácilmente inteligible y se
entiende en un solo sentido; y, exigible si la ejecución no depende del
cumplimiento de un plazo o condición o siempre que estos se hubiesen
cumplido13.

42. Estos requisitos deben cumplirse en su totalidad y en los términos enunciados,

de modo que del título se concluya sin duda alguna la existencia de la obligación,
su claridad y que ya es exigible. Así entonces cuando el juez verifica que el
documento cumple con los requisitos enunciados debe emitir la orden de pago
en contra de la parte ejecutada, pues así lo dispone el artículo 430 del CGP 14,
antes 497 del CPC15.

43. De acuerdo con lo anterior, el título ejecutivo es el documento necesario para

que pueda incoarse y darse trámite al proceso ejecutivo. Además, conforme lo
dispone el artículo 422 del CGP16, antes 488 del CPC, i) es la prueba de la
existencia de la obligación, la cual debe ser expresa, clara y exigible; y ii) señala

Primera, sentencia de 31 de mayo de 2018, Consejera ponente María Elizabeth García González, Radicación: 11001 03
15 000 2018 00824 00. A su vez la Sección Tercera del Consejo de Estado señaló: «Que además de esos requisitos el
documento debe reunir dos condiciones formales: i) la autenticidad y ii) que proceda del deudor o de su causante, o de
una sentencia judicial condenatoria, o de cualquier otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva». Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C, providencia de 8 de junio de 2016, radicado 27001 23 31 000 2012 00086
01(47539), M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa (E).
12
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 14 de mayo de 2014, radicado 33.586.
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, consejera ponente Carmen Teresa Ortiz
de Rodríguez, auto de 26 de febrero de 2014, Radicado: 25000 23 27 000 2011 00178 01 (19250), actor: Clínica del
Country S.A. En esta providencia se citó la siguiente doctrina: Velásquez G., Juan Guillermo. Los procesos ejecutivos.
(2006). Medellín: Librería Jurídica Sánchez R. Ltda.
También puede consultarse la siguiente jurisprudencia: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, 26 de julio
de 2018, radicado 41001 23 31 000 2010 00139 01(0490-16), M.P. Rafael Francisco Suarez Vargas.
14
«Artículo 430. Mandamiento ejecutivo. Presentada la demanda acompañada de documento que preste mérito
ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida, si fuere
procedente, o en la que aquel considere legal.
Los requisitos formales del título ejecutivo sólo podrán discutirse mediante recurso de reposición contra el mandamiento
ejecutivo. No se admitirá ninguna controversia sobre los requisitos del título que no haya sido planteada por medio de
dicho recurso. En consecuencia, los defectos formales del título ejecutivo no podrán reconocerse o declararse por el juez
en la sentencia o en el auto que ordene seguir adelante la ejecución, según fuere el caso.
Cuando como consecuencia del recurso de reposición el juez revoque el mandamiento de pago por ausencia de los
requisitos del título ejecutivo, el demandante, dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria del auto, podrá
presentar demanda ante el juez para que se adelante proceso declarativo dentro del mismo expediente, sin que haya
lugar a nuevo reparto. El juez se pronunciará sobre la demanda declarativa y, si la admite, ordenará notificar por estado
a quien ya estuviese vinculado en el proceso ejecutivo.
Vencido el plazo previsto en el inciso anterior, la demanda podrá formularse en proceso separado.
De presentarse en tiempo la demanda declarativa, en el nuevo proceso seguirá teniendo vigencia la interrupción de la
prescripción y la inoperancia de la caducidad generados en el proceso ejecutivo.
El trámite de la demanda declarativa no impedirá formular y tramitar el incidente de liquidación de perjuicios en contra del
demandante, si a ello hubiere lugar».
15
«Presentada la demanda con arreglo a la ley, acompañada de documento que preste mérito ejecutivo, el juez librará
mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida si fuere procedente, o en la que
aquél considere legal».
16
«Artículo 422. Título ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que
consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que
emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial,
o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la
justicia, y los demás documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título
ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 8
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 18001-23-33-000-2015-00029-01 (6994-2023)
Demandante: Juan de Jesús Rodríguez Beltrán

con certeza el obligado a cumplirla, por lo que constituye plena prueba contra el
adeudado, por provenir de él o de su causante o de cualquiera de las
providencias enunciadas en dicha norma. En tal sentido, debe entenderse que
las sentencias ejecutoriadas que condenen a una entidad al pago de suma de
dinero constituyen un título ejecutivo.

2.3. Análisis de la Sala

44. LaSubsección se aparta de la posición adoptada por el Tribunal cuando
afirmó, en la sentencia recurrida, que, dado que la ejecutada no interpuso recurso
contra el mandamiento de pago, no estaba habilitada para discrepar —mediante
las excepciones de mérito— las operaciones realizadas por esa corporación en
dicha providencia.

45. Lo anterior, por cuanto, en esencia, los reparos formulados por Colpensiones

—relacionados con las excepciones de pago de la obligación y con una eventual
compensación— se encuentran íntimamente ligados a la satisfacción integral de
la obligación y, por tanto, hacen parte de los medios de defensa y oposición con
los que contaba para controvertir los planteamientos del mandamiento de pago,
conforme lo establece el artículo 442 del Código General del Proceso.

46. En concreto, la entidad, al proponer las excepciones de mérito cuestionó la

forma en que se imputaron los pagos realizados y los valores que se tuvieron por
acreditados como mesadas pensionales efectivamente pagadas. Tales aspectos
fueron tenidos en cuenta por el a quo al efectuar la operación matemática
preliminar del crédito y, posteriormente, al declarar impróspera la excepción de
pago total de la obligación.

47. De manera que, con independencia de que tales planteamientos resulten o no

fundados, lo procedente es estudiar dichos reproches, en la medida en que
fueron formulados como excepciones de mérito frente al mandamiento de pago,
guardan relación directa con la ratio decidendi de la sentencia de primera
instancia y fueron reiterados en el recurso de apelación.

48. En ese orden, tanto en la proposición de las excepciones de mérito como en

el recurso de apelación, Colpensiones hizo hincapié en el hecho de que, previo
a librarse el mandamiento de pago, realizó dos pagos en favor del demandante:
el primero con fundamento en la Resolución GNR 260147 del 27 de agosto de
2015 y el segundo en cumplimiento de la Resolución SUB 31264 del 1 de febrero
de 2019, lo que, a su juicio, acreditaría la excepción de pago de la obligación.

49. Frente a esto, la Subsección considera que no le asiste razón a la entidad,
pues, aunque con fundamento en dichas resoluciones Colpensiones realizó
pagos en favor del actor, los mismos fueron tenidos en cuenta por el Tribunal en
la operación matemática efectuada antes de librar el mandamiento de pago y,
pese a su existencia, se concluyó que aún subsistían saldos a favor del
ejecutante por los cuales resultaba procedente seguir adelante con la ejecución.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 9
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 18001-23-33-000-2015-00029-01 (6994-2023)
Demandante: Juan de Jesús Rodríguez Beltrán

50. El resumen de esa liquidación realizada por la auxiliar contable del a quo fue

el siguiente:

51. Obsérvese entonces que en dicha liquidación se dedujo del saldo total de la

obligación calculada hasta ese momento, dos abonos: el primero, por
$512.319.344,00 por concepto de pagos realizados mediante la Resolución
260147 de octubre de 2015; y el segundo, por $925.407.309,00 con fundamento
en la Resolución 31264 de 2019. A pesar de ello, el saldo insoluto de la obligación
para agosto de 2021 ascendía a $2.338.027.884,45, discriminado en
$1.178.626.789,83 por concepto de capital y $1.159.401.094,62 por intereses
moratorios, más los que se siguieran causando.

52. En consecuencia, no le asiste razón a la entidad, pues el abono efectuado

resultaba inferior al valor total de la obligación, de ahí que se desestime este
reparo.

53. De otro lado, en el recurso se indicó que la entidad entre los años 2000 y 2019,

reconoció y pagó al demandante una mesada pensional superior a la que
correspondía conforme a los cálculos realizados por el Tribunal al ordenar seguir
adelante con la ejecución.

54. Alrespecto, la Subsección considera que tampoco le asiste razón al
recurrente, por las siguientes razones.

55. Dentro del expediente obra constancia del Oficio BZ 2019_15661832 del 26

de noviembre de 2019, en el cual —atendiendo a un requerimiento previo
efectuado por el Tribunal mediante auto del 14 de noviembre de 2019—
Colpensiones detalló los valores que recibió el señor Juan de Jesús Beltrán por
concepto de mesada pensional, mes a mes, desde el año 2003 hasta el año
201917.

56. Con este documento se evidencian los pagos realizados mensualmente por la

entidad y de su contenido se extrae que, durante todos los períodos
comprendidos entre 2003 y 2018, las mesadas pagadas fueron inferiores a las

17
Expediente digital visible en el índice 02 del aplicativo SAMAI segunda instancia – 09EscritoExcepciones.pdf pág. 33

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 10
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 18001-23-33-000-2015-00029-01 (6994-2023)
Demandante: Juan de Jesús Rodríguez Beltrán

que, para esos mismos lapsos, calculó el Tribunal al realizar la liquidación de la
pensión de jubilación del actor conforme a los parámetros fijados en la sentencia
base de recaudo, esto es, el equivalente al 75 % del salario promedio que sirvió
de base para los aportes durante el último año de servicios.

57. A manera de ejemplo, puede citarse la mesada pensional pagada por
Colpensiones en el mes de enero de 201318 la cual —según el Oficio BZ
2019_15661832 del 26 de noviembre de 2019— fue de $2.561.576; sin embargo,
para ese mismo período el Tribunal la tasó en $7.418.645, lo que generó una
diferencia mensual de $4.857.069.

58. De igual forma, se destaca el mes de enero de 201819, en el cual Colpensiones

pagó $5.840.027, mientras que el Tribunal liquidó para esa fecha una mesada
por $9.213.381, lo que produjo una diferencia mensual de $3.373.354.

59. Con fundamento en lo anterior, la Subsección concluye que no existe
constancia de que, hasta el año 2018, Colpensiones hubiera reconocido por
concepto de mesadas pensionales un valor superior al calculado por el Tribunal,
tal como se afirmó en el recurso de apelación, razón por la cual este reparo
tampoco prospera.

60. Ahora bien, un análisis particular merece lo relativo a las mesadas devengadas

por el demandante durante el año 2019, pues en este período la entidad
cuestionó la postura del Tribunal al señalar que no era cierto que hubiera pagado
una mesada mensual por $6.025.740.

61. No obstante, frente a este punto la Sala considera que tampoco le asiste razón

a la entidad. De acuerdo con las pruebas que reposan en el expediente, durante
parte del año 2019 la entidad sí pagó al actor una mesada por ese valor. En
efecto, en el citado oficio del 26 de noviembre de 2019 se observa que para enero
de ese año el actor recibió como mesada pensional la suma de $6.025.741, y que
a partir del mes de febrero de 2019 dicha asignación fue actualizada mediante la
Resolución SUB 31264 del 1 de febrero de 2019, en cuantía de $9.586.162.

62. Esta circunstancia fue tenida en cuenta por el Tribunal al liquidar el saldo

insoluto de la obligación, al precisar las diferencias pensionales correspondientes
a este año e indicar que solo existía, por concepto de capital, un saldo insoluto
de $3.480.627, derivado de la diferencia entre la mesada liquidada por el Tribunal
para enero de 2019 ($9.506.367) y el valor pagado por Colpensiones para ese
mismo mes ($6.025.740).

63. En consecuencia, si bien ello no ocurrió durante todo el año 2019, el actor sí

devengó una mesada pensional por $6.025.741, lo cual fue precisamente lo que

18
Teniendo en cuenta que la ejecutoria de la sentencia base de recaudo fue el 11 de enero de 2012, según la constancia
de ejecutoria proferida por el Juzgado Segundo Administrativo en Descongestión del Circuito de Florencia; por lo que
para ese periodo la entidad ya podía darle cumplimiento a la orden judicial. Expediente digital visible en el índice 02 del
aplicativo SAMAI segunda instancia – 01CuadernoPrincipalNo.1 pág. 36.
19
Luego de proferirse la Resolución GNR 260147 del 27 de agosto de 2015.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 11
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 18001-23-33-000-2015-00029-01 (6994-2023)
Demandante: Juan de Jesús Rodríguez Beltrán

tuvo en cuenta el Tribunal para calcular las diferencias pensionales causadas
como capital posterior en favor del ejecutante.

64.Con todo, la Subsección no pasa por alto que la mesada pensional a partir del
mes de febrero de 2019 —en atención a la actualización realizada por
Colpensiones mediante la Resolución SUB 31264 del 1 de febrero de 2019— fue
superior ($9.586.162) a la liquidada por el Tribunal ($9.506.367). Por lo tanto,
esta circunstancia amerita un análisis particular respecto de los valores que,
desde entonces, habría recibido el actor como excedente. No obstante, este
aspecto será abordado más adelante.

65. De otra parte, en el recurso de apelación se indicó que el Tribunal liquidó los

intereses como si se tratara de una obligación financiera, sin considerar que en
este caso se encuentran comprometidos recursos del Sistema de Seguridad
Social.

66. Analizada la operación matemática efectuada por el Tribunal para calcular el

saldo total de la obligación, se advierte que los abonos realizados por
Colpensiones en octubre de 2015 (por $512.319.344,00) y en marzo de 2019 (por
$925.407.309,00) fueron imputados conforme a las reglas establecidas en el
artículo 1653 del Código Civil, el cual dispone que «cuando se deba capital e
intereses, el pago se imputará primero a intereses, salvo que el acreedor
consienta expresamente que se impute al capital»20.

67. Para la Subsección, dicha operación se ajusta a derecho, pues esta Sala en

los procesos ejecutivos en los que el título objeto de ejecución es una sentencia
judicial, ha dispuesto —para efectos del pago de acreencias pensionales— la
aplicación analógica del artículo 1653 del Código Civil, en virtud del artículo 8 de
la Ley 153 de 1887, con el fin de imputar los abonos realizados por la parte
ejecutada al acreedor21.

68. Igualmente, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia

concluyó que, si las administradoras de fondos pensionales efectúan la
imputación de pagos a los particulares a intereses y a capital, no había ninguna
justificación de no aplicar la regla en las oportunidades en que la obligación
debiera satisfacerse por la institución, dando alcance al artículo 53 del Decreto
1406 de 199922 que señala como la norma que de manera expresa consagra la
imputación de pagos en materia pensional, en los siguientes términos:

«[…] si las administradoras de pensiones tienen la facultad de imputar el pago de
un determinado período, en primer lugar, «al interés de mora por los aportes no
pagados oportunamente y correspondientes al período declarado», no hay

20
Ver cuadro expuesto en el párrafo 57 de esta providencia que demuestran la imputación de los saldos al crédito.
21
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Expediente 25000-23-42-
000-2015-01326-02 (0618-2021) CP Rafael Francisco Suárez Vargas.
22 “Por el cual se adoptan unas disposiciones reglamentarias de la Ley 100 de 1993, se reglamenta parcialmente el
artículo 91 de la Ley 488 de diciembre 24 de 1998, se dictan disposiciones para la puesta en operación del Registro Único
de Aportantes al Sistema de Seguridad Social Integral, se establece el régimen de recaudación de aportes que financian
dicho Sistema y se dictan otras disposiciones.”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 12
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 18001-23-33-000-2015-00029-01 (6994-2023)
Demandante: Juan de Jesús Rodríguez Beltrán

fundamento válido para no asumir que cuando esa misma entidad no ha procedido
con la diligencia y el cuidado que le impone su condición de administradora de un
sistema que involucra en muchos casos derechos fundamentales, deba impartirse
la misma solución, de suerte que si, como en el caso actual, se presenta una
tardanza aproximada de 3 años, los intereses moratorios que, como ya se dijo, se
causan una vez vencido el plazo de 4 meses contados desde la petición, deben
cubrirse antes de proceder al abono del retroactivo pensional, y en ese sentido
abona a la definición lo establecido en el artículo 1659 [1653] del Código Civil,
según el cual «Si se deben capital e intereses, el pago se imputará primeramente
a los intereses, salvo que el acreedor consienta expresamente que se impute al
capital»23.

69. En consecuencia, para la Subsección resulta claro que el procedimiento de

imputación de pagos aplicado por el Tribunal se ajusta a derecho, razón por la
cual no le asiste razón al recurrente en este aspecto.

70. Adicionalmente, el recurso de alzada indicó que la imputación de los pagos se

realizó sobre el monto total de la obligación y no mes a mes, respecto a cada
asignación pensional recibida, como a su juicio corresponde.

71. Para la Sala, este planteamiento también debe desestimarse por las siguientes

razones.

72. Al margen de la connotación que la entidad ejecutada haya atribuido a los

pagos parciales realizados en favor del actor, lo relevante para efectos de
determinar la satisfacción de la obligación es el estado de la cuenta —esto es, el
saldo insoluto— y el momento en que se realiza la consignación correspondiente.

73. En efecto, para la adecuada imputación de los valores cancelados por la
ejecutada debe aplicarse —por expresa disposición legal— la regla prevista en
el artículo 1653 del Código Civil. Esto implica que los pagos deben imputarse
primero a intereses y luego a capital, en el momento en que se acredita el
depósito del abono realizado, con el fin de determinar si con el monto pagado se
satisfacen, hasta ese momento, los intereses causados y, de existir un
excedente, si este alcanza a satisfacer total o parcialmente el capital adeudado.

74.Acoger la tesis planteada por el recurrente equivaldría a imputar,
proporcionalmente y de manera directa, los pagos efectuados en octubre de 2015
y marzo de 2019 al capital de la obligación —esto es, a las diferencias derivadas
de las mesadas pensionales causadas entre lo efectivamente pagado por la
entidad y lo que correspondía conforme a los cálculos del Tribunal— lo cual
contravendría la disposición legal que regula la imputación de pagos y que, como
se explicó, resulta aplicable al presente asunto. Motivo por el cual, no prospera
este reparo.

23
Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia SL9854-2014 de 16 de julio de 2014, Radicado 41756.
MP Elsy del Pilar Cuello Calderón. Tesis reiterada en la Sentencia SL4104-2018 proferida el 15 de agosto de 2018 dentro
del radicado 66214, M.P., Donald José Dix Ponnefz.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 13
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 18001-23-33-000-2015-00029-01 (6994-2023)
Demandante: Juan de Jesús Rodríguez Beltrán

75. Retomando, la entidad ejecutada también reparó que a partir del año 2019 le

reconoce administrativamente al ejecutante una mesada pensional superior a la
que corresponde, conforme los cálculos realizados por el Tribunal en la
liquidación que fundamentó el mandamiento de pago.

76. En concreto, explicó que mientras que, al dar alcance a la Resolución SUB

31264 del 1 de febrero de 2019, la mesada pensional del ejecutante fue tasada
por la entidad en $9.586.162, el Tribunal, al efectuar sus operaciones, determinó
que para ese mismo período el valor de la asignación correspondía a $9.506.367.
Esto implicaría que, mes a mes, se generó un saldo en contra de la entidad por
$79.795, valores que —según la recurrente— no pueden desconocerse dentro
del proceso ejecutivo ni generar intereses.

77. El a quo en la sentencia al resolver las excepciones de compensación y pago

de la obligación, explicó que, en caso de existir saldos a favor de la entidad
derivados del reconocimiento de mesadas pensionales en cuantía superior a la
debida, dichos valores deberán tenerse en cuenta al momento de realizar la
liquidación del crédito, dado que es en ese estadio procesal cuando se determina
con precisión el monto final de la obligación. Además, indicó que la entidad no
precisó de manera concreta a cuánto ascendían los valores que pretendía
imputar por concepto de mesadas pensionales pagadas en exceso.

78. La Subsección considera que no le asiste razón al recurrente cuando sugiere

en el recurso de apelación que los valores pagados en exceso por concepto de
mesada pensional serían desconocidos dentro del trámite de cumplimiento de la
sentencia base de recaudo; pues el Tribunal indicó expresamente que las
diferencias que se generaran por dicho concepto podrían imputarse al momento
de realizar la liquidación del crédito. Lo anterior, máxime si se tiene en cuenta
que al contestar la demanda la entidad no efectuó las operaciones aritméticas
necesarias para determinar de manera cierta y precisa los montos que pretendía
imputar como pagada de la obligación, circunstancia que tampoco efectuó al
interponer el recurso de apelación.

79. Al respecto, debe recordarse que al apelante le asiste la carga de explicar con

suficiencia las razones por las cuales consideró que la sentencia recurrida se
equivocó en los cálculos aritméticos que la órbita de los procesos de ejecución
implica: a) detallar específicamente los errores en que incurrió el juez de primera
instancia al efectuar las operaciones y b) al juez de segunda instancia no le
corresponde realizar un estudio integral de la liquidación de la autoridad judicial
y confrontarla con la que presentó la parte demandante, con el propósito de
verificar cuál es la correcta, pues, es una carga del intereso precisar los yerros
que afectaron la decisión apelada24.

80. En esa medida, dado que era carga de la ejecutada determinar de forma

exacta el monto que considera debe imputarse al crédito por concepto de

24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, auto de 7 de

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 14
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 18001-23-33-000-2015-00029-01 (6994-2023)
Demandante: Juan de Jesús Rodríguez Beltrán

mesadas pensionales pagadas en exceso, no resulta procedente su estudio en
esta instancia. Ello, por cuanto no corresponde al superior efectuar una
valoración integral del quantum de la obligación cuando la parte interesada omitió
cumplir con la carga procesal de precisar de manera clara y concreta los errores
que afectarían la decisión apelada.

81. Sinembargo, es necesario precisar que los valores que por concepto de
diferencias pensionales ha pagado la entidad al actor se tendrán en cuenta en la
liquidación del crédito. Además, la imputación de estos valores será conforme se
expuso arriba, es decir, primero se imputarán a intereses y luego —en caso de
que su valor sea de tal magnitud— se imputará al capital.

82. Asimismo, se precisa que ambas partes —tanto ejecutante como ejecutada—

aceptaron las estimaciones que el Tribunal realizó respecto del cálculo de la
primera mesada pensional del actor tomada como base en el auto que libró
mandamiento de pago, a partir de la cual se calculó el retroactivo pensional y los
intereses correspondientes, y posteriormente se ordenó seguir adelante con la
ejecución.

83. Lo anterior se evidencia en el hecho de que el ejecutante no manifestó
oposición alguna frente a este aspecto ni en el mandamiento de pago ni en la
sentencia de primera instancia. Por su parte, la ejecutada aceptó la variación de
la mesada pensional que pagó en exceso25 respecto de la liquidación efectuada
por el Tribunal, al señalar —tanto en la proposición de las excepciones de mérito
como en el recurso de apelación— que mediante la Resolución SUB 31264 del 1
de febrero de 2019 no se dio pleno alcance a las disposiciones contenidas en el
mandamiento de pago, razón por la cual consideró necesario que los valores
pagados en exceso por concepto de asignación pensional se tuvieran en cuenta
como pago o compensación de la obligación.

84. En consecuencia, debe concluirse que respecto de la liquidación efectuada

por el Tribunal sobre la primera mesada pensional del actor no existió
controversia. Por lo tanto, dicho valor debe tomarse como parámetro de
referencia para la liquidación del crédito, con el fin de determinar no solo el capital
insoluto de la obligación a favor del actor y los intereses correspondientes, sino
también las diferencias que Colpensiones hubiere pagado en exceso a partir del
mes de febrero de 2019 frente a la asignación mensual calculada por el Tribunal.

85. Con fundamento en lo anterior, se confirmará la sentencia de primera instancia

que declaró imprósperas las excepciones de mérito y ordenó seguir adelante con
la ejecución en los términos señalados en el mandamiento de pago.

2.6. De la condena en costas en segunda instancia

86. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la

Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta

25
Fundamentada en la reliquidación pensional realizada con la Resolución SUB 31264 del 1 de febrero de 2019.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 15
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 18001-23-33-000-2015-00029-01 (6994-2023)
Demandante: Juan de Jesús Rodríguez Beltrán

corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

87. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de

2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos.

88. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los trámites

de procesos ejecutivos, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene
incólume; en ese sentido, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas
sobre la parte vencida en el proceso.

89. En tal virtud, comoquiera que el recurso de alzada no prosperó, se condenará

en costas la parte vencida, es decir, a la ejecutada Colpensiones.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 10 de agosto de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo del Caquetá, mediante la cual se declaró no probadas las
excepciones de mérito propuestas por Colpensiones y ordenó seguir adelante
con la ejecución, conforme los planteamientos expuestos en esta providencia.

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas en segunda instancia a la
parte ejecutada Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones,
conforme la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones pertinentes en el programa «SAMAI».

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 16
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.