RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-42-000-2015-01972-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-01972-02

Fecha
9 de abril de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-01972-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: MODIFICAR el numeral tercero de la sentencia del 31 de octubre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En su lugar, ORDENAR seguir adelante con la ejecución promovida por la señora Cecilia del Carmen Prieto de Garavito, identificada con cédula de ciudadanía Nº 20.665.622, en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, por concepto de intereses moratorios causados desde el 29 de noviembre de 2008 —día siguiente a la ejecutoria de la sentencia que constituye el título ejecutivo— y hasta el 24 de julio de 2011 —día anterior al pago del retroactivo pensional—, tanto respecto del capital consolidado a la fecha de ejecutoria como de las diferencias pensionales causadas con posterioridad a dicha fecha, en los términos expuestos en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: CONDÉNESE en costas en segunda instancia a la parte ejecutada Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, conforme la parte motiva de esta sentencia. TERCERO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones pertinentes en el programa «SAMAI».

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2015-01972-02

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

9 de abril de 2026

Radicado: 25000-23-42-000-2015-01972-02 (2877-2025)
Demandante: Cecilia del Carmen Prieto de Garavito

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C. nueve (9) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 25000-23-42-000-2015-01972-02 (2877-2025)
Demandante: Cecilia del Carmen Prieto de Garavito
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -
UGPP1

Tema: Contabilización de intereses moratorios UGPP – Capital que
constituye los intereses en asuntos de reconocimiento
pensional

Decisión: Modifica parcialmente la sentencia de primera instancia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide los
recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia del 31 de
octubre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
mediante la cual se declararon improcedentes las excepciones de mérito
formuladas por la UGPP, se modificó de oficio la cifra del crédito y se ordenó
seguir adelante con la ejecución.

I. ANTECEDENTES

1.1. Pretensiones y hechos de la demanda2

2.La señora Cecilia del Carmen Prieto de Garavito presentó demanda ejecutiva
con el fin de hacer efectivas completamente las órdenes impuestas en su favor y
en contra la extinta Caja Nacional de Previsión Social3 IECE (hoy representada
por la UGPP) contenidas en la sentencia del 7 de septiembre de 2006, proferida

1
En adelante UGPP.
2
Índice 91 aplicativo SAMAI primera instancia.
3
En adelante CAJANAL.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 1
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-42-000-2015-01972-02 (2877-2025)
Demandante: Cecilia del Carmen Prieto de Garavito

por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
A, confirmada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, mediante sentencia del 24 de julio de 2008. En
dichas providencias se ordenó reliquidar la pensión de jubilación reconocida al
señor José Domingo Garavito Garavito (q.e.p.d.), esposo de la ejecutante.

3. Se indicó que la solicitud de cumplimiento de las sentencias, en los términos
del inciso 6 del artículo 177 del CCA, ocurrió el 28 de enero de 2009. En
respuesta, CAJANAL expidió la Resolución PAP 041026 del 28 de febrero de
2011, mediante la cual reliquidó la pensión del causante.

4.En julio de 2011 se reportó al Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional
– FOPEP la novedad para su inclusión en nómina, y se pagó a la ejecutante la
suma correspondiente a las diferencias de mesadas e indexación, menos los
descuentos en salud.

5. No obstante, en dicho pago no se incluyeron los intereses moratorios
ordenados en las sentencias constitutivas del título ejecutivo y reconocidos en el
acto administrativo de cumplimiento. Por ello, se solicita su reconocimiento desde
el día siguiente a la ejecutoria de la sentencia (29 de noviembre de 2008) hasta
el 25 de julio de 2011, fecha en que se efectuó el pago del retroactivo pensional.

6.En consecuencia, se pidió librar mandamiento de pago en favor de la señora
Cecilia del Carmen Prieto de Garavito, en su calidad de cónyuge supérstite del
señor José Domingo Garavito Garavito (q.e.p.d.), por la suma de $29.675.485,46
por concepto de intereses moratorios, suma que deberá actualizarse hasta que
se verifique su pago total.

1.2. Mandamiento de pago4

7. Mediante auto del 14 de marzo de 2023, el Tribunal libró parcialmente
mandamiento de pago en favor de la ejecutante y en contra de la UGPP por la
suma de $23.963.012,18, correspondiente a los intereses moratorios derivados
de las sentencias que constituyen el título ejecutivo. Dichos intereses fueron
liquidados entre el 29 de noviembre de 2008 —día siguiente a la ejecutoria de la
providencia que sirve de título— y el 24 de julio de 2011 —día anterior al pago
del retroactivo pensional, según lo indicado por la parte ejecutante—. Asimismo,
se dispuso que la condena en costas se resolvería en la sentencia.

8. Para arribar a esa conclusión, el Tribunal explicó que los documentos
allegados con la solicitud de mandamiento de pago eran suficientes para librarlo,
por cuanto, en su conjunto, prestan mérito ejecutivo.

4
Índice 30 aplicativo SAMAI primera instancia.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 2
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-42-000-2015-01972-02 (2877-2025)
Demandante: Cecilia del Carmen Prieto de Garavito

9. Señaló que, como la sentencia que constituye el título ejecutivo fue proferida
bajo la vigencia del Código Contencioso Administrativo —en adelante CCA—, el
cálculo de los intereses moratorios debía efectuarse conforme al artículo 177 de
dicha codificación. De acuerdo con esa disposición, la parte interesada contaba
con seis meses siguientes a la ejecutoria de la providencia que imponía la
condena para solicitar su cumplimiento ante la administración, so pena de
suspender la causación de intereses desde el vencimiento de ese término y hasta
la presentación de la respectiva solicitud.

10. En ese sentido, como la ejecutante solicitó el cumplimiento del fallo el 28 de

enero de 2009, esto es, dentro de los seis meses siguientes a la ejecutoria de la
providencia que constituye el título ejecutivo —la cual ocurrió el 28 de noviembre
de 2008—, resultaba procedente la causación de intereses moratorios desde el
29 de noviembre de 2008 hasta el 24 de julio de 2011, fecha anterior al pago del
retroactivo pensional.

11. No obstante, el mandamiento de pago no se libró por el valor solicitado por la

ejecutante ($29.675.485,46), sino por el monto que el despacho consideró
ajustado a derecho, esto es, $23.963.012,18. La diferencia obedeció a que el
despacho tomó como capital base para la liquidación de intereses —a la fecha
de ejecutoria de la sentencia— la suma de $34.533.024,26, cuyo valor aumentó
desde el día siguiente a la ejecutoria hasta el día anterior a la inclusión en nómina,
conforme al capital posterior que mensualmente se causó por concepto de
retroactivo pensional en favor de la ejecutante, en razón a las diferencias que
entonces existían entre la pensión reconocida inicialmente por la entidad y la
reliquidación ordenada en el título. Dicha operación fue categorizada por el
Tribunal como la existencia de un capital variable 5 en este caso.

12. Lo anterior conllevó a que, para el día anterior a la inclusión en nómina (24 de

julio de 2011), el capital por concepto de retroactivo pensional hubiera aumentado
progresivamente, mes a mes, hasta alcanzar un total de $44.535.627,48, lo que
produjo un total de intereses moratorios por $23.963.012,18, sobre los cuales se
libró el mandamiento de pago. Lo cual se evidenció en la tabla de liquidación de
intereses realizada por el tribunal, así:

5
En detalle la autoridad judicial dijo lo siguiente: ««se aplicó un capital variable, ya que desde la ejecutoria de la
sentencia hasta el pago realizado por la entidad se siguieron generando diferencias pensionales reconocidas al
ejecutante y ello fue objeto de petición en la demanda».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 3
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-42-000-2015-01972-02 (2877-2025)
Demandante: Cecilia del Carmen Prieto de Garavito

1.3. Contestación de la demanda6

13. LaUGPP contestó la demanda proponiendo las excepciones de mérito
denominadas «indebida forma de liquidación», «improcedencia de la indexación
de los intereses moratorios», «caducidad genérica», «inembargabilidad de los
recursos manejados por la UGPP en entidades bancarias» y «excepción de
inconstitucionalidad».

II. SENTENCIA APELADA7

14. El 31 de octubre de 2024 el Tribunal profirió sentencia de primera instancia.

En dicha providencia declaró improcedentes las excepciones de mérito
presentadas por la UGPP denominadas «indebida forma de liquidación»,
«improcedencia de la indexación de los intereses moratorios», «inembargabilidad
de los recursos manejados por la UGPP en entidades bancarias» y «excepción
de inconstitucionalidad» por cuanto no representaban aquellas que el artículo 442
del CGP dispone como procedentes contra un título ejecutivo compuesto por una
sentencia judicial que impone una obligación.

6
Índice 91 aplicativo SAMAI primera instancia, pág 191 expediente.
7
Índice 142 aplicativo SAMAI primera instancia.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 4
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-42-000-2015-01972-02 (2877-2025)
Demandante: Cecilia del Carmen Prieto de Garavito

15. Asimismo, declaró no probada la excepción de caducidad, al estimar que su

improcedencia ya había sido resuelta en auto del 11 de julio de 2023, en el que
se concluyó que la demanda ejecutiva fue presentada dentro del término legal.
En efecto, el título ejecutivo quedó ejecutoriado el 28 de noviembre de 2008, y
los 18 meses con los que contaba la entidad para dar cumplimiento administrativo
a la condena —conforme al artículo 177 del CCA— transcurrieron hasta el 28 de
mayo de 2010; a partir de ese momento, la actora disponía de cinco años para
promover la ejecución, término que vencía el 28 de mayo de 2015, y que fue
observado, pues la demanda se presentó el 7 de mayo de 2015.

16. Deotro lado, el Tribunal reiteró que los intereses moratorios debían
reconocerse desde el 29 de noviembre de 2008 hasta el 24 de julio de 2011,
conforme a las reglas previstas en el inciso sexto del artículo 177 del CCA.

17. No obstante, modificó el criterio adoptado en el auto que libró mandamiento

de pago en el sentido de que los intereses moratorios no debían incrementarse
mes a mes con las diferencias de mesadas causadas con posterioridad a la
ejecutoria de la sentencia y hasta el pago, sino que, conforme al artículo 177 del
CCA, el cálculo debía efectuarse únicamente sobre el capital neto existente a la
fecha de ejecutoria de la providencia que constituye el título ejecutivo. Lo anterior
fue desarrollado con los siguientes argumentos en la sentencia:

«Es pertinente aclarar que los intereses moratorios se calculan sobre el capital neto,
esto es, el valor debido efectivamente al acreedor, luego de efectuarle los descuentos
de ley, teniendo en cuenta, que tales aportes no son dineros que pertenezcan
directamente al ejecutante, pues ellos tienen una destinación específica, cual es,
cubrir el riesgo de la salud y, por ende, son cancelados por el empleador a la entidad
prestadora del servicio.

Así las cosas, si bien el total de las mesadas atrasadas indexadas a la ejecutoria de
la sentencia asciende a $35.760.281,518, también lo es que, para obtener el capital
neto, a dichas sumas se le deben realizar los descuentos en salud el cual asciende a
$1.227.257,23, es decir, que el capital neto para calcular los intereses moratorios es
de $34.533.024,28.

Adicionalmente, es del caso precisar que si bien es cierto la postura del magistrado
ponente era que el capital base de liquidación de los intereses moratorios se debía
incrementar mes a mes con las diferencias de las mesadas pensionales causadas
con posterioridad a la ejecutoria de la sentencia hasta el pago, también lo es que
ahora reexamina dicha posición, puesto que solamente es procedente tomar el capital
causado a la ejecutoria de la sentencia, lo anterior de conformidad con el artículo 177
del C.C.A., que establece que los intereses se causan sobre las cantidades líquidas
o liquidables reconocidas en los fallos judiciales debidas a la fecha de ejecutoria,
monto que previamente debe ser indexado para evitar la pérdida del poder adquisitivo
de la moneda».

18. Con base en lo anterior, se liquidaron los intereses causados en favor de la

actora sobre un único capital que ascendía a $34.533.024,28 de la siguiente

8
Mesadas atrasadas indexadas pagadas a través de la Resolución Nº PAP 041026 de 2011

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 5
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-42-000-2015-01972-02 (2877-2025)
Demandante: Cecilia del Carmen Prieto de Garavito

manera:

19. En consecuencia, se modificó el valor de los intereses moratorios fijados en el

mandamiento de pago ($23.963.012,18) y se determinó que, entre el 29 de
noviembre de 2008 y el 24 de julio de 2011, estos ascendían a $21.027.253,34.
20. Finalmente, no se condenó en costas.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 6
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-42-000-2015-01972-02 (2877-2025)
Demandante: Cecilia del Carmen Prieto de Garavito

1.6. Recursos de apelación

21. La ejecutante9 interpuso recurso de apelación y solicitó que se revoque
parcialmente la sentencia de primera instancia en lo concerniente al cálculo de
los intereses moratorios y, en su lugar, se ordene seguir adelante con la ejecución
en los términos del auto que libró mandamiento de pago. El recurso se sustentó
en los siguientes argumentos:

22. Censuró la decisión adoptada en la sentencia apelada en cuanto modificó de

oficio los conceptos que se debían incluir en la base para la liquidación de los
intereses moratorios solicitados en la demanda, cuando en el mandamiento de
pago se había precisado que dichos intereses comprendían no solo las
diferencias pensionales causadas hasta la ejecutoria de la sentencia que
constituye el título ejecutivo, sino también aquellas generadas con posterioridad
a ella y hasta la inclusión en nómina del retroactivo pensional, dado que el artículo
177 de CCA no limita la causación de intereses únicamente respecto del capital
consolidado a fecha de ejecutoria de la sentencia.

23. Por consiguiente, consideró que debe modificarse la decisión apelada para

precisar que los intereses moratorios deben calcularse y reconocerse tanto sobre
el retroactivo causado antes de la ejecutoria de la sentencia como sobre las
diferencias pensionales generadas con posterioridad a esa fecha y hasta el
momento en que la entidad incluyó el pago en nómina.

24. La UGPP10 interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera

instancia, con fundamento en los siguientes argumentos:

25. Explicó que mediante la Resolución PAP 41026 del 28 de febrero de 2011 se

dio cumplimiento a las órdenes judiciales contenidas en la sentencia que
constituye el título ejecutivo, en tanto se reliquidó la pensión del señor José
Domingo Garavito Garavito y se fijó su cuantía, a la fecha de reconocimiento, en
$1.174.719,75. En consecuencia, se ordenó el pago de un retroactivo pensional
en favor del pensionado por valor de $47.225.674,88, el cual fue incluido en
nómina en julio de 2011.

26. Indicó que en el proceso ejecutivo de la referencia se libró mandamiento de

pago a favor de la actora por concepto de intereses moratorios causados entre
el 29 de noviembre de 2008 —día siguiente a la ejecutoria de la providencia— y
el 24 de julio de 2011 —día anterior al pago del retroactivo pensional—.

27. No obstante, sostuvo que tal decisión desconoce que, mediante el Decreto

2196 de 2009, se ordenó la liquidación de Cajanal EICE, proceso que se extendió
hasta el 12 de junio de 2013. A su juicio, dicha circunstancia implicó la suspensión

9
Índice 91 aplicativo SAMAI primera instancia, pág 302 expediente.
10
Índice 91 aplicativo SAMAI primera instancia, pág 308 expediente.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 7
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-42-000-2015-01972-02 (2877-2025)
Demandante: Cecilia del Carmen Prieto de Garavito

de los términos de prescripción y caducidad entre el 11 de julio de 2009 y el 12
de junio de 2013.

28. En consecuencia, alegó que se configuró una situación de fuerza mayor que

impedía la generación de indemnización por mora en el reconocimiento de las
obligaciones reclamadas desde el inicio del proceso de liquidación de Cajanal y
hasta su culminación.

29. De manera que, al decidirse por el a quo en el proceso ejecutivo el
reconocimiento de intereses moratorios a favor de la actora y a cargo de la
entidad, no se tuvo en cuenta los periodos muertos de su causación, razón por
la cual solicitó la revocatoria de dicha decisión en segunda instancia.

30. Por último, solicitó que no se le condene en costas procesales.

Como no se observan irregularidades procesales, la Subsección procederá a
dictar sentencias previas las siguientes,

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

31. El Consejo de Estado es competente para resolver los recursos de apelación

interpuestos de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo11, y 322 del CGP.

32. De tal modo que, como en este asunto recurrieron ambas partes la sentencia

de primer grado solo en aspectos determinados de la decisión, es necesario
resolver sus reparos ciñéndose estrictamente a ellos, comoquiera que no se
apeló toda la sentencia, en los términos que dispone el inciso segundo del artículo
328 del CGP12.

2.2. Problema jurídico

33. De acuerdo con los argumentos planteados por los apelantes, le corresponde

a esta Sala de Subsección responder los siguientes interrogantes:

34. ¿Si por el proceso de liquidación de la Caja Nacional de Previsión Social, cesó

para la administración la obligación de pagar los intereses moratorios de que trata
el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo derivados de la sentencia

11
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones
de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
12
En detalle, este inciso dice lo siguiente sobre la competencia del superior al resolver los recursos de apelación
interpuestos por ambas partes del proceso: «Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la
que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 8
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-42-000-2015-01972-02 (2877-2025)
Demandante: Cecilia del Carmen Prieto de Garavito

objeto de ejecución, en el entendido de que el trámite administrativo configura
fuerza mayor o caso fortuito según los términos del artículo 1616 del Código Civil?

35. De responderse negativamente el anterior interrogante, se estudiará,
conforme al recurso presentado por la ejecutante, si, además del capital
consolidado a la ejecutoria de la sentencia, es procedente que se causen
intereses moratorios sobre el capital futuro, correspondiente a las diferencias
pensionales constituidas luego de la ejecutoria de la sentencia base de recaudo
hasta la fecha en que se acreditó el pago del retroactivo pensional.

2.3. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto

2.3.1 Generalidades del proceso ejecutivo y los requisitos del título
ejecutivo

36. El proceso ejecutivo ha sido definido como el medio procesal para que un

acreedor, de modo coercitivo, haga efectiva una obligación o un derecho del que
es titular ante un deudor que se rehúsa a su cumplimiento. Es decir, «es el medio
para que el acreedor haga valer el derecho (que conste en un documento
denominado título ejecutivo) mediante la ejecución forzada»13.

37. En esta clase de procesos no se busca el reconocimiento de un derecho
subjetivo, sino que está dirigido a obtener el cumplimiento de una obligación que
consta en un documento que da plena fe de su existencia, siendo el título «el
documento principal a partir del cual se desarrolla el proceso ejecutivo».14 Su
definición y requisitos se encuentran en el artículo 422 del CGP, antes 488 15 del
CPC, en los siguientes términos:

«TÍTULO EJECUTIVO. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones
expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor
o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una
sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de
otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben
liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás
documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no
constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el
artículo 184».

38. La norma consagra los requisitos del título ejecutivo: formales y sustanciales.

Los primeros hacen referencia a la prueba de la existencia de la obligación y

13
Consejo de Estado, Sección Cuarta, providencia del 15 de noviembre de 2017, radicado 54001 23 33 000 2013 00140
01(22065), M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez. Ver también Consejo de Estado, Sección Primera, providencia del 12 de
julio de 2018, radicado 81001 23 33 003 2017 00042 01, M.P. María Elizabeth García González.
14
Sentencia T-704 de 2013. Igual concepto está en la sentencia T-996 de 2012.
15
«Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que
provengan del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de
condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva
conforme a la ley, o de las providencias que en procesos contencioso - administrativos o de policía aprueben liquidación
de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia.
La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio
previsto en el artículo 294.»

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 9
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-42-000-2015-01972-02 (2877-2025)
Demandante: Cecilia del Carmen Prieto de Garavito

exigen que el título ejecutivo sea auténtico y que provenga del deudor, su
causante o de una providencia judicial.16 La autenticidad se refiere a la plena
identificación del creador del documento para que no haya duda del deudor y el
juez tenga certeza de quién lo suscribió17.

39. Los segundos exigen que en el título ejecutivo se refleje en favor del ejecutante

una obligación clara, expresa y exigible. Es expresa si se encuentra especificada
en el título y no es el resultado de una presunción legal o de una interpretación;
clara si sus elementos aparecen inequívocamente señalados y no hay duda con
respecto al objeto o sujetos de la obligación, esto es fácilmente inteligible y se
entiende en un solo sentido; y, exigible si la ejecución no depende del
cumplimiento de un plazo o condición o siempre que estos se hubiesen
cumplido18.

40. Estos requisitos deben cumplirse en su totalidad y en los términos enunciados,

de modo que del título se concluya sin duda alguna la existencia de la obligación,
su claridad y que ya es exigible. Así entonces cuando el juez verifica que el
documento cumple con los requisitos enunciados debe emitir la orden de pago
en contra de la parte ejecutada, pues así lo dispone el artículo 430 del CGP 19,
antes 497 del CPC20.

16
Sobre los requisitos formales del título se puede consultar la siguiente jurisprudencia: Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B. Sentencia del 27 de agosto de 2015. Radicado: 200012331000 2011-00548 01 (2586 – 2013). Consejera ponente Sandra Lisset Ibarra Vélez. «[…] que se trate de documentos que tengan autenticidad, que emanen
de autoridad judicial, o de otra clase si la ley lo autoriza, o del propio ejecutado o causante cuando aquel sea heredero de
este y los segundos, que de esos documentos aparezca a favor del ejecutante o de su causante y a cargo del ejecutado
o de su causante, una obligación clara expresa, exigible y además líquida o liquidable por simple operación aritmética si
se trata de pagar una suma de dinero». Ver también: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, sentencia de 31 de mayo de 2018, Consejera ponente María Elizabeth García González, Radicación: 11001 03
15 000 2018 00824 00. A su vez la Sección Tercera del Consejo de Estado señaló: «Que además de esos requisitos el
documento debe reunir dos condiciones formales: i) la autenticidad y ii) que proceda del deudor o de su causante, o de
una sentencia judicial condenatoria, o de cualquier otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva». Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C, providencia de 8 de junio de 2016, radicado 27001 23 31 000 2012 00086
01(47539), M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa (E). 17
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 14 de mayo de 2014, radicado 33.586. 18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, consejera ponente Carmen Teresa Ortiz
de Rodríguez, auto de 26 de febrero de 2014, Radicado: 25000 23 27 000 2011 00178 01 (19250), actor: Clínica del
Country S.A. En esta providencia se citó la siguiente doctrina: Velásquez G., Juan Guillermo. Los procesos ejecutivos.
(2006). Medellín: Librería Jurídica Sánchez R. Ltda. También puede consultarse la siguiente jurisprudencia: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, 26 de julio
de 2018, radicado 41001 23 31 000 2010 00139 01(0490-16), M.P. Rafael Francisco Suarez Vargas. 19
«Artículo 430. Mandamiento ejecutivo. Presentada la demanda acompañada de documento que preste mérito
ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida, si fuere
procedente, o en la que aquel considere legal. Los requisitos formales del título ejecutivo sólo podrán discutirse mediante recurso de reposición contra el mandamiento
ejecutivo. No se admitirá ninguna controversia sobre los requisitos del título que no haya sido planteada por medio de
dicho recurso. En consecuencia, los defectos formales del título ejecutivo no podrán reconocerse o declararse por el juez
en la sentencia o en el auto que ordene seguir adelante la ejecución, según fuere el caso. Cuando como consecuencia del recurso de reposición el juez revoque el mandamiento de pago por ausencia de los
requisitos del título ejecutivo, el demandante, dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria del auto, podrá
presentar demanda ante el juez para que se adelante proceso declarativo dentro del mismo expediente, sin que haya
lugar a nuevo reparto. El juez se pronunciará sobre la demanda declarativa y, si la admite, ordenará notificar por estado
a quien ya estuviese vinculado en el proceso ejecutivo. Vencido el plazo previsto en el inciso anterior, la demanda podrá formularse en proceso separado. De presentarse en tiempo la demanda declarativa, en el nuevo proceso seguirá teniendo vigencia la interrupción de la
prescripción y la inoperancia de la caducidad generados en el proceso ejecutivo. El trámite de la demanda declarativa no impedirá formular y tramitar el incidente de liquidación de perjuicios en contra del
demandante, si a ello hubiere lugar».

20
«Presentada la demanda con arreglo a la ley, acompañada de documento que preste mérito ejecutivo, el juez librará
mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida si fuere procedente, o en la que
aquél considere legal».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 10
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-42-000-2015-01972-02 (2877-2025)
Demandante: Cecilia del Carmen Prieto de Garavito

41. De acuerdo con lo anterior, el título ejecutivo es el documento necesario para

que pueda incoarse y darse trámite al proceso ejecutivo. Además, conforme lo
dispone el artículo 422 del CGP21, antes 488 del CPC, i) es la prueba de la
existencia de la obligación, la cual debe ser expresa, clara y exigible; y ii) señala
con certeza el obligado a cumplirla, por lo que constituye plena prueba contra el
adeudado, por provenir de él o de su causante o de cualquiera de las
providencias enunciadas en dicha norma. En tal sentido, debe entenderse que
las sentencias ejecutoriadas que condenen a una entidad al pago de suma de
dinero constituyen un título ejecutivo.

2.4. Análisis de la Sala al primer problema jurídico

42. Para resolver el problema jurídico, se recuerda que la UGPP en el recurso

censuró que la sentencia de primera instancia no tuviera en cuenta la existencia
de periodos muertos en la causación de intereses, producto de la liquidación de
Cajanal, ocurrió entre el 11 de junio de 2009 y el 12 de junio de 2013.

43. La Sala recuerda lo que ha reiterado sobre la causación de los intereses
moratorios respecto de obligaciones a cargo de Cajanal a pesar del proceso
liquidatorio que afrontó 22 en los siguientes términos:

«[…] Con fundamento en el anterior lineamiento, se concluye que en el presente
caso la UGPP no podía soportarse en razones de fuerza mayor para sustraerse
del pago de los intereses moratorios derivados de la tardanza en el cumplimiento
de una obligación de carácter laboral impuesta por la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, ya que Cajanal era una entidad de naturaleza pública, cuyas
condiciones de liquidación no la exoneraban de ese pago, so pena de poner en
riesgo el equilibrio ante las cargas públicas».

44. Por lo tanto, el procedimiento de liquidación de la entidad ejecutada no es

razón legal para impedir la causación de intereses moratorios, cuando no ha
satisfecho completa u oportunamente la obligación reclamada por su acreedor;
razón por la cual, entre el 11 de junio de 2009 y el 12 de junio de 2013, - período
que comprende fase de liquidación de Cajanal-, sí se generaron intereses
moratorios a favor de la parte ejecutante23. De allí que en este aspecto la
sentencia apelada será confirmada.

21
«Artículo 422. Título ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que
consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que
emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial,
o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la
justicia, y los demás documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título
ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184».
22
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia de 10 de marzo
de 2022, radicado: 25000-23-42-000-2016-05723-01 (2459-2020). CP Rafael Francisco Suárez Vargas.
23
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia de 23 de abril
de 2025, radicado: 25000-23-42-000-2015-02056-02 (0124-2025). CP Jorge Iván Duque Gutiérrez.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 11
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-42-000-2015-01972-02 (2877-2025)
Demandante: Cecilia del Carmen Prieto de Garavito

2.5. Análisis de la Sala frente al segundo problema jurídico

45. Para contextualizar los reproches formulados por la ejecutante, es preciso

recordar que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, mediante sentencia del 7 de septiembre de 2006, declaró la
nulidad del acto ficto demandado que negó la reliquidación de la pensión
devengada por el señor José Domingo Garavito Garavito (q.e.p.d.), esposo de la
ejecutante24.

46. En su lugar, ordenó a Cajanal efectuar la reliquidación de la prestación con el

equivalente al 75% del salario más alto devengado en el último año de servicios
a la Rama Judicial (1.º de agosto de 1998 al 30 de julio de 1999), teniendo en
cuenta, además de la asignación mensual, todos los factores constitutivos de
salario percibidos por el causante. En el numeral sexto dispuso el pago de
intereses moratorios sobre las sumas resultantes de los factores salariales no
incluidos, desde la fecha del retiro definitivo del servicio; y en el numeral séptimo
ordenó el cumplimiento de la providencia en los términos de los artículos 176 y
177 del Código Contencioso Administrativo.

47. Esa decisión fue confirmada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso

Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, mediante sentencia del 24 de
julio de 2008, la cual quedó ejecutoriada el 28 de noviembre de 2008 25.

48. El 28 de enero de 2009, la actora solicitó ante Cajanal el cumplimiento de las

órdenes contenidas en las sentencias que constituyen el título ejecutivo 26, quien
mediante Resolución PAP 041026 del 28 de febrero de 2011, dio cumplimiento27,
reconociendo la suma de $47.225.674,88 a la señora Cecilia del Carmen Prieto
de Garavito, como beneficiaria del señor José Domingo Garavito (q.e.p.d.), cuyo
pago se realizó en julio de 201128.

49. La demanda ejecutiva fue presentada el 7 de abril de 2015. En ella se indicó

que el pago del retroactivo pensional se realizó el 25 de julio de 2011, afirmación
frente a la cual la UGPP no formuló oposición. En consecuencia, aun cuando no
obre constancia documental en el expediente, dicha fecha se tendrá por cierta
para efectos de determinar el período de causación de los intereses moratorios,
dado que no fue objeto de debate en el proceso.

50. Asimismo, analizada la demanda, se evidencia que la ejecutante solicitó el

pago de los intereses moratorios causados entre el día siguiente a la ejecutoria
de la sentencia y el día anterior a la inclusión en nómina pensional, por la suma
de $29.675.485,46. Dicho monto, conforme a la liquidación anexa a la demanda,

24
Índice 91 aplicativo SAMAI primera instancia, pág 28 expediente.
25
Índice 91 aplicativo SAMAI primera instancia, pág 35 expediente.
26
Índice 91 aplicativo SAMAI primera instancia, pág 45 expediente.
27
Índice 91 aplicativo SAMAI primera instancia, pág 47 expediente.
28
Índice 91 aplicativo SAMAI primera instancia, pág 58 expediente.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 12
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-42-000-2015-01972-02 (2877-2025)
Demandante: Cecilia del Carmen Prieto de Garavito

se obtuvo al calcular los intereses teniendo como capital base el valor que, en
julio de 2011, y con fundamento en la Resolución PAP 041026 del 28 de febrero
de 2011, la entidad le pagó a la actora por concepto de retroactivo.

51. En otras palabras, para el cálculo de los intereses, la ejecutante tuvo en cuenta

un capital fijo compuesto tanto por el retroactivo pensional a la fecha de ejecutoria
de la sentencia como por las diferencias pensionales que se causaron entre el
día siguiente a la firmeza del título y el día anterior a la inclusión en nómina. Es
decir, la actora en estas operaciones incluyó valores por concepto de capital
correspondientes a períodos que aún no se habían causado, como ocurre
respecto de las diferencias pensionales posteriores a la ejecutoria de la
sentencia, en momentos en que no existía su causación.

52. Esto conllevó a que tanto en el mandamiento de pago como en la sentencia

ahora recurrida se presente discusión respecto de la forma en que —conforme al
artículo 430 del Código General del Proceso— la autoridad judicial de primera
instancia consideró legal la causación de intereses, aspecto que procederá a
resolverse.

53. En el recurso de apelación, la actora sostuvo que el Tribunal erró al modificar

los períodos sobre los cuales debían liquidarse los intereses moratorios. A su
juicio, la sentencia recurrida incurrió en error al considerar como base para su
cálculo únicamente el capital consolidado a la fecha de ejecutoria de la sentencia
—esto es, el retroactivo generado hasta el 28 de noviembre de 2008— y excluir
las diferencias pensionales causadas entre el 29 de noviembre de 2008 y el día
anterior a la inclusión en nómina del pago del retroactivo, esto es, el 24 de julio
de 2011.

54. Al analizar la sentencia de primer grado, se advierte que, el Tribunal modificó

el criterio adoptado en el auto que libró mandamiento de pago en relación con la
base de liquidación de los intereses. En efecto, en la sentencia se consideró
únicamente para el cálculo de los intereses moratorios debía tenerse en
consideración el capital consolidado —esto es, las diferencias pensionales
indexadas— a la fecha de ejecutoria de la sentencia base de recaudo; en otras
palabras, en esta decisión el a quo modificó los parámetros de liquidación de
intereses establecidos en el mandamiento de pago. En concreto, eliminó la
causación de intereses sobre las diferencias pensionales causadas desde el día
siguiente a la ejecutoria de la sentencia base de recaudo hasta el día anterior a
la inclusión en nómina de la actora.

55. En ese contexto, la Subsección se aparta de la decisión adoptada por el
Tribunal en la sentencia apelada, relativa a dejar por fuera del cálculo de
intereses las diferencias pensionales causadas con posterioridad a la ejecutoria
de la sentencia y hasta el día anterior a la inclusión en nómina de la ejecutante;
por cuanto, en oportunidades precedentes, esta Corporación ha sostenido que la

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 13
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-42-000-2015-01972-02 (2877-2025)
Demandante: Cecilia del Carmen Prieto de Garavito

forma procedente en que en el proceso ejecutivo, cuando se trata de obligaciones
impagas que se causan mes a mes — como lo es, por ejemplo, las mesadas
pensionales o sus diferencias producidas con ocasión a una orden judicial —,
exige escindir el cálculo en dos componentes: por un lado, i) los intereses
moratorios liquidados sobre el capital adeudado a la fecha de ejecutoria de la
sentencia objeto de recaudo; y, por el otro, ii) los intereses moratorios sobre las
diferencias que se siguieron generando en las mesadas pensionales desde el día
siguiente a la ejecutoria del fallo judicial y hasta la fecha en que se acredite el
pago total de la obligación29.

56. En ese sentido, aunque la Subsección difiere en la terminología utilizada en el

mandamiento de pago para determinar los capitales sobre los cuales se causan
intereses —en tanto allí se refirió la existencia de un solo capital variable
compuesto por el capital indexado a la fecha de ejecutoria y por las diferencias
pensionales causadas posteriormente y de manera progresiva hasta la inclusión
en nómina—, lo cierto es que la manera en que se calcularon fue acorde con los
parámetros dictados por esta Sección en lo que respecta al cálculo de diferencias
de mesadas pensionales causadas con posterioridad a la ejecutoria del título
ejecutivo.

57. Por lo tanto, como se indicó en la sentencia apelada, no es cierto que las

mesadas pensionales —o las diferencias de estas— que se causen luego la
ejecutoria de la sentencia base de recaudo no devenguen intereses moratorios.
Al contrario, estos, al ser clasificados como diferencias de capital producido luego
del perfeccionamiento del título, también generan intereses.

58. En consecuencia, la Subsección considera procedente modificar el numeral

tercero de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia en lo relativo al
cálculo de los intereses moratorios. No solo porque dicho aspecto fue objeto de
apelación, sino también porque, si bien la actora no discriminó en la demanda
sobre cuáles capitales se causaban los intereses respecto de los que pidió el
mandamiento de pago, se observa que en sus operaciones incluyó
indebidamente la totalidad del retroactivo pensional —tanto el consolidado e
indexado a la fecha de ejecutoria como las diferencias posteriores causadas
hasta el día anterior a la inclusión en nómina—.

59. Por lo tanto, en la medida en que los intereses moratorios se causan por

disposición legal y que el a quo en la decisión apelada adoptó una medida de
corrección del mandamiento de pago, la Subsección considera pertinente

29
Consejo De Estado Sala De Lo Contencioso Administrativo Sección Segunda, Subsección A. Radicación: 25000 23 42
000 2016 05855 01 (0771-2019). Auto de Bogotá, D. C., dieciséis (16) de noviembre de dos mil veintitrés (2023) C.P:
Rafael Francisco Suárez Vargas. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 9 de septiembre de 2021, expediente 17001 23 33 000 2018 00112-01 (6127-19), M.P.,
Sandra Lisset Ibarra Vélez.
Consejo De Estado Sala De Lo Contencioso Administrativo Sección Segunda, Subsección A. Radicación: 25 000 2342000
2016 06030 01 (0845-2021). Auto de dieciséis (16) de junio de dos mil veinticinco (2025). C.P: Luis Eduardo Mesa Nieves.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 14
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-42-000-2015-01972-02 (2877-2025)
Demandante: Cecilia del Carmen Prieto de Garavito

adecuar la causación de los intereses moratorios que se reconocen en este caso,
de la manera que a continuación se precisa:

60. Los intereses se causaron (de dos maneras: por una parte, sobre el capital

consolidado,) desde el día siguiente a la ejecutoria de la sentencia que constituye
el título ejecutivo (29 de noviembre de 2008) y hasta el día anterior a aquel en
que se acreditó la inclusión en nómina del pago del retroactivo pensional (24 de
julio de 2011). (Por la otra, también se generaron intereses sobre las diferencias
pensionales que, mes a mes, se causaron desde el día siguiente a la ejecutoria
de la sentencia (29 de noviembre de 2008), hasta el día anterior a la inclusión en
nómina (24 de julio de 2011).

61. Ahora bien, las cifras que corresponden al cálculo de dicho retroactivo, debe

precisarse en la siguiente etapa del proceso, es decir, en la liquidación del
crédito30, en tanto que es en escenario donde las partes concretan los valores
definitivos de la obligación, conforme a los parámetros fijados en el auto que libró
mandamiento de pago y, en este caso, en la sentencia que ordena seguir
adelante con la ejecución.

62. En lo demás, se confirmará la sentencia de primer grado.

2.6. De la condena en costas en segunda instancia

63. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

64. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de procesos ejecutivos, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.

65. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

30
Artículo 446 del CGP.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 15
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-42-000-2015-01972-02 (2877-2025)
Demandante: Cecilia del Carmen Prieto de Garavito

66. Bajo ese entendido, se condenará a pagar las costas en segunda instancia
a la parte a la que en esta instancia se le resolvió desfavorablemente un recurso,
es decir, a la UGPP.

67. Para el efecto, conforme con el artículo 366 del CGP las agencias en
derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las
expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal de primer grado.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley.

FALLA

PRIMERO: MODIFICAR el numeral tercero de la sentencia del 31 de octubre de
2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En su lugar,
ORDENAR seguir adelante con la ejecución promovida por la señora Cecilia del
Carmen Prieto de Garavito, identificada con cédula de ciudadanía Nº 20.665.622,
en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, por concepto de
intereses moratorios causados desde el 29 de noviembre de 2008 —día siguiente
a la ejecutoria de la sentencia que constituye el título ejecutivo— y hasta el 24 de
julio de 2011 —día anterior al pago del retroactivo pensional—, tanto respecto del
capital consolidado a la fecha de ejecutoria como de las diferencias pensionales
causadas con posterioridad a dicha fecha, en los términos expuestos en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas en segunda instancia a la parte ejecutada
Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP, conforme la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones pertinentes en el programa «SAMAI».

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 16
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.