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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-05723-01

Fecha
10 de marzo de 2022
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas
Citada por
23 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-05723-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia del 14 de noviembre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, dentro de la demanda ejecutiva promovida por el señor Nelson Bolívar Oviedo Torres contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), que declaró no probadas las excepciones propuestas por la entidad demandada y dispuso seguir adelante la ejecución, con la aclaración de que la tasa de mora aplicable para créditos reconocidos en sentencias es aquella vigente al momento en que se incurre en mora en el pago de las obligaciones dinerarias derivadas de estas, conforme se explicó en la parte motiva de esta providencia. Segundo. Sin condena en costas en segunda instancia. 22 Radicación: 25000-23-42-000-2016-05723-01 (2459-2020) Demandante: Nelson Bolívar Oviedo Torres Tercero. En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2016-05723-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

10 de marzo de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., diez (10) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: EJECUTIVO
Radicación: 25000-23-42-000-2016-05723-01 (2459-2020)
Demandante: Nelson Bolívar Oviedo Torres
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Temas: Ejecutivo laboral - caducidad - intereses moratorios

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la UGPP contra la sentencia
proferida el 14 de noviembre de 2019 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, por medio de la cual declaró no
probadas las excepciones propuestas por la entidad demandada y dispuso seguir
adelante la ejecución.

1. Antecedentes

1.1. La demanda1

1.1.1. Las pretensiones

El señor Nelson Bolívar Oviedo Torres, actuando por intermedio de apoderado,
interpuso demanda ejecutiva con el fin de que se cumplan las sentencias del 22 de
noviembre de 2007 y 4 de marzo de 2010, proferidas por el Tribunal Administrativo

1
Folios 1 a 7.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 25000-23-42-000-2016-05723-01 (2459-2020)
Demandante: Nelson Bolívar Oviedo Torres

de Cundinamarca y el Consejo de Estado, respectivamente, mediante las cuales se
ordenó la reliquidación de su pensión de jubilación.

Como consecuencia de lo anterior, el accionante solicitó que se librara
mandamiento ejecutivo en los siguientes términos: i) por la suma de $20.323.302, a
título de intereses moratorios causados entre el 8 de mayo de 2010 y el 30 de abril
de 2013; ii) indexación del referido valor desde el 1 de junio de 2013, cuando fue
incluido en nómina, hasta que se verifique el pago total de la obligación; iii) condena
en costas a cargo de la UGPP.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado del demandante señaló los siguientes:

i) El actor interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra
de Cajanal2 con el fin de que se reliquidara su pensión de jubilación con inclusión
de todos los factores salariales. Además, solicitó la indexación de la primera
mesada.

ii) El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del 22 de
noviembre de 2007, accedió a las referidas pretensiones. Esta decisión fue
confirmada por el Consejo de Estado, mediante fallo del 4 de marzo de 2010.

iii) El 17 de junio de 2010, el señor Nelson Bolívar Oviedo Torres le solicitó a Cajanal
el cumplimiento de las mencionadas sentencias.

iv) Por Resolución UGM 015188 del 25 de octubre de 2011, Cajanal acató las
órdenes judiciales.

v) En el mes de mayo de 2013, la UGPP ordenó al FOPEP3 incluir al demandante en

2
Caja Nacional de previsión Social.
3
Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional.

2

Radicación: 25000-23-42-000-2016-05723-01 (2459-2020)
Demandante: Nelson Bolívar Oviedo Torres

la nómina de pensionados, pero se omitió reconocer los intereses moratorios que
estaban a su cargo, conforme al artículo 177 del CCA.4

1.1.3. Fundamentos de derecho de la demanda ejecutiva

Como tales se señalaron los artículos 177 del CCA; 306, 488 y siguientes del CPC;5
192, 297 y 298 del CPACA;6 y 422 del CGP.7

El actor sostuvo que las referidas normas respaldaban sus pretensiones por los
siguientes motivos:

i) Las disposiciones invocadas evidencian que la UGPP no ha cumplido integralmente
las providencias que constituyen el título de recaudo en el sub lite, pues desde su
ejecutoria y hasta cuando se verificó el pago de la obligación allí impuesta se
causaron los intereses moratorios que fueron dispuestos en sede judicial.

ii) Las aludidas sentencias prestan mérito ejecutivo, por cuanto se encuentran
ejecutoriadas y dan cuenta de una obligación clara, expresa y exigible.

1.2. Contestación de la demanda

La UGPP se opuso a la prosperidad de las pretensiones, con fundamento en las
siguientes excepciones: 8

i) Pago. Cajanal cumplió a cabalidad la obligación impuesta en el título de recaudo.
Además, ese deber de pago se originó y acató durante el trámite de liquidación
forzosa de dicha entidad, por ende, no podían causarse los intereses reclamados. 9

4
Código Contencioso Administrativo.
5
Código de Procedimiento Civil.
6
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
7
Código General del Proceso.
8
Folios 118 a 122.
9
La UGPP apoyó su defensa en los siguientes pronunciamientos; i) sentencia proferida por la Sección Tercera
del Consejo de Estado dentro del proceso 25000-23-27-000-2003-00369-01 (15002); ii) Oficio 220-016476 del

3

Radicación: 25000-23-42-000-2016-05723-01 (2459-2020)
Demandante: Nelson Bolívar Oviedo Torres

ii) Falta de Legitimación en la causa por pasiva. La UGPP no es competente para
sufragar los intereses moratorios pretendidos, toda vez que el artículo 1 del Decreto
4269 de 2011 dispuso que Cajanal estaría a cargo de las solicitudes de prestaciones
económicas radicadas con anterioridad al 8 de noviembre de 2011, lo cual se
verificó en el presente caso, pues la aludida entidad expidió la Resolución UGM
015188 del 25 de octubre de 2011 con el fin de atender la condena que le fue
impuesta en sede contenciosa. Además, en caso de que procediera el pago de
intereses moratorios, el Patrimonio Autónomo de Remanentes de Cajanal sería el
responsable de reconocerlos.10

iii) Caducidad. La sentencia objeto de recaudo quedó ejecutoriada el 7 de mayo de
2010. A su vez, los términos para demandar a Cajanal estuvieron suspendidos y se
reanudaron a partir del 8 de noviembre de 2011, por ende, el interesado contaba
con 5 años desde ese momento para interponer la demanda ejecutiva; sin embargo,
lo hizo el 28 [sic]11 de noviembre de 2016, esto es, cuando ya había operado la
caducidad de la acción. 12

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
mediante sentencia del 14 de noviembre de 2019, declaró no probadas las
excepciones propuestas por la entidad demandada y dispuso seguir adelante la
ejecución, con sustento en las siguientes consideraciones: 13

i) La excepción de pago no está llamada a prosperar, pues se encuentra acreditado

15 de marzo de 2012, proferido por la Superintendencia de Sociedades; iii) Concepto 96006143-2 del 27 de
diciembre de 1996, suscrito por la Superintendencia Financiera de Colombia.
10
El actor fundamentó su argumentación en el concepto del 2 de octubre de 2014, suscrito por la Sala de
Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, radicado: 11001-03-06-000-2014-00020-00.
11
La presente demanda fue radicada el 4 de noviembre de 2016 (folio 1).
12
El accionante invocó la sentencia proferida por el Consejo de Estado dentro del proceso 25000-23-42-000-
2013-06595-01.
13
Folios 199 a 201.

4

Radicación: 25000-23-42-000-2016-05723-01 (2459-2020)
Demandante: Nelson Bolívar Oviedo Torres

que la UGPP no reconoció suma alguna por concepto de intereses moratorios.

ii) La excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva carece de
fundamento, ya que la UGPP asumió las obligaciones que estaban a cargo de
Cajanal, incluyendo las decretadas en sentencias.

iii) No se configuró la caducidad alegada como excepción, ya que la demanda se
presentó dentro de los 5 años previstos por el legislador, aclarando que aquellos
comienzan a correr luego de los 18 meses que deben transcurrir para ejecutar la
condena; además, se descuentan los lapsos en que estuvieron suspendidos los
términos para accionar contra Cajanal en virtud de su liquidación.

iv) En consecuencia, se ordena seguir adelante la ejecución conta la UGPP «por
intereses de mora causados entre el 7 de mayo de 2010 y el 30 de abril de 2013».

v) En el mandamiento de pago se ordenó indexar la suma a que ascendieran los
intereses de mora; sin embargo, no se dispondrá seguir la ejecución por ese
concepto, ya que el Consejo de Estado ha aclarado que ello no es procedente.14

1.4. El recurso de apelación

El apoderado de la UGPP interpuso recurso de apelación contra la referida sentencia
con base en los siguientes argumentos:15

i) Operó la caducidad de la acción ejecutiva, pues el actor tenía 6 años y 6 meses
para acudir ante la jurisdicción, los cuales vencieron el 6 de noviembre de 2011; sin
embargo, la demanda se radicó el 28 [sic]16 de noviembre de 2016, es decir, con
posterioridad al término establecido legalmente.

14
El a quo citó la sentencia del 16 de agosto de 2018, expediente 2014-00313.
15
Folios 221 a 226.
16
La presente demanda fue radicada el 4 de noviembre de 2016 (folio 1).

5

Radicación: 25000-23-42-000-2016-05723-01 (2459-2020)
Demandante: Nelson Bolívar Oviedo Torres

ii) Es un contrasentido afirmar que mientras Cajanal estuvo en liquidación se
interrumpieron los términos para demandarla, pero que en todo caso se causaron
intereses moratorios en ese interregno, pues esta interpretación es sesgada en
favor del accionante, contraviene el interés general y afecta injustificadamente el
patrimonio público.

iii) La obligación surgió y se cumplió mientras Cajanal estaba en liquidación forzosa,
por lo cual no se causaron intereses moratorios, conforme lo ha indicado el Consejo
de Estado en reiterada jurisprudencia.17 En efecto, la entidad afrontaba una crisis
económica y se encontraba en una situación de fuerza mayor.

iv) La liquidación de los intereses debe atender a los criterios establecidos en el
Decreto 2469 de 2015; las Circulares 10 y 12 de 2014, proferidas por la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado; y los lineamientos de la Sala de Consulta
y Servicio Civil del Consejo de Estado, en tanto conceptuó que «[l]a tasa de mora
aplicable para créditos judicialmente reconocidos en sentencias condenatorias y
conciliaciones debidamente aprobadas por la jurisdicción es la vigente al momento
en que se incurre en mora en el pago de las obligaciones dinerarias derivadas de
aquellas».

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

Las partes demandante y demandada reiteraron los argumentos expuestos en las
respectivas etapas del proceso.18

1.6. El Ministerio Público

17
La entidad apelante citó las siguientes sentencias: i) del 15 de febrero de 1985, expediente 8872; ii) del 25
de junio de 1999, expediente 9425; iii) del 14 de octubre de 2004, expediente 25000-23-27-000-2001-2277-
01 (13926); iv) del 26 de julio de 2007; radicado 25000-23-27-000-2003-00369-01 (15002); v) del 3 de
septiembre de 2004, expediente 9040; vi) del 14 de febrero de 2013, radicado 73001-23-31-000-2005-03187-
01; vii) del 10 de julio de 2014, radicado 13001-23-31-000-2004-01258-01; viii) del 16 de abril de 2015,
radicado 08001-23-31-000-2007-00734-01; ix) del 8 de marzo de 2008, radicado 25000-23-24-000-2007-
00416-01. La UGPP también se apoyó en los conceptos y pronunciamientos citados en la contestación de la
demanda.
18
Memoriales visibles en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.

6

Radicación: 25000-23-42-000-2016-05723-01 (2459-2020)
Demandante: Nelson Bolívar Oviedo Torres

El procurador tercero delegado ante el Consejo de Estado rindió concepto en el que
solicitó confirmar la sentencia de primera instancia, por las razones que se indican
a continuación:19

i) El Consejo de Estado ha sostenido que durante el período de liquidación de
Cajanal, transcurrido entre el 12 de julio de 2009 y el 11 de junio de 2013, se
suspendieron los términos de caducidad y prescripción, por lo que en el presente
asunto no se configuró la caducidad de la acción ejecutiva.20

ii) En efecto, los interesados se encontraban ante un panorama incierto cuando
intentaban lograr la ejecución de las sentencias proferidas en su favor, «debido a la
desorganización de la administración y la ausencia de reglas inequívocas sobre la
forma de exigir la efectividad de la condena».

iii) La UGPP tiene la obligación de reconocer los intereses moratorios reclamados por
el señor Nelson Bolívar Oviedo Torres, toda vez que no existe disposición alguna
que la haya exonerado de ese pago; por el contrario, las sentencias debían acatarse
en los términos del artículo 177 del CCA y su desatención afecta los derechos del
pensionado y el patrimonio público.

iv) La liquidación de Cajanal fue producto de una decisión del presidente de la
República y no puede asemejarse a una liquidación forzosa de sociedades de
naturaleza privada.21

19
Memorial visible en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.
20
El ministerio público citó las siguientes providencias: i) del 30 de junio de 2016, expediente 25-000-23-42-
000-2013-06595-01 (3637-2014); ii) del 1 de agosto de 2019, radicado 05001-23-33-000-2018-01322-01(0195-
19); iii) del 9 de mayo de 2019, radicado 25000-23-42-000-2016-04800-01(2592-17); iv) del 2 de julio de 2020,
radicado 76001-23-33-000-2018-00789-01(2930-19); v) del 29 de octubre de 2020, radicado 25000-23-42-
000-2020-00023-01(2381-20); vi) del 8 de octubre de 2020, radicado 05001-23-33-000-2016-02650-01(0794-
18); vii) del 30 de abril de 2021, radicado 1001-03-15-000-2020-04960-01(AC); viii) del 29 de marzo de 2016,
expediente 25000234200020150160 01 (2042-20159); ix) del 15 de septiembre de 2016, expediente 11001-
03-15-000-2016-02195-00; x) del 7 de diciembre de 2016, expediente 11001-03-15-000-2016-02597-00; xi)
del 25 de agosto de 2015, expediente 250002342000201501327 (2015-1777).
21
Al respecto, se citó la sentencia del 30 de octubre de 2020, radicado 25000-23-42-000-2016-03249-01
(3185-2019), proferida por el Consejo de Estado.

7

Radicación: 25000-23-42-000-2016-05723-01 (2459-2020)
Demandante: Nelson Bolívar Oviedo Torres

La Sala decide, previas las siguientes

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

Conforme al recurso de apelación interpuesto por la UGPP, el problema jurídico se
circunscribe a establecer lo siguiente: i) si la acción ejecutiva está afectada por el
fenómeno de la caducidad; ii) si la UGPP está llamada a reconocer los intereses
moratorios reclamados por el ejecutante; y iii) si para establecer la liquidación de
dichos intereses debe aplicarse la norma vigente al momento de su causación.

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. Generalidades del proceso ejecutivo

El legislador instituyó el proceso ejecutivo como un mecanismo judicial encaminado
a hacer efectivo el cumplimiento de una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, que se encuentre contenida en un título ejecutivo. Bajo este entendido, el
cumplimiento de la obligación deviene imperativo y no requiere declarar la existencia
del derecho, pues este ya ha sido constituido en un título valor, contrato o decisión
judicial. En efecto, el instrumento base del recaudo en el proceso ejecutivo se
denomina título ejecutivo. Al respecto, el artículo 422 del Código General del
Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 306 del CPACA, dispone:

Artículo 422. Título ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las
obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que
provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las
que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier
jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de
policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la
justicia, y los demás documentos que señale la ley. […]. (Resaltado fuera del texto).

8

Radicación: 25000-23-42-000-2016-05723-01 (2459-2020)
Demandante: Nelson Bolívar Oviedo Torres

Por su parte, el artículo 297 del CPACA establece que constituyen título ejecutivo,
entre otros, las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la jurisdicción
de lo contencioso administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad
pública al pago de sumas dinerarias.

Ahora bien, cuando el juez compruebe el cumplimiento de los requisitos formales y
sustanciales del título ejecutivo consagrados en el artículo 422 del CGP, le
corresponde proferir el auto mediante el cual se libra el mandamiento de pago,
conforme lo dispone el 430 del CGP.

Por su parte, el ejecutado puede presentar las excepciones de mérito en ejercicio
legítimo de su derecho de defensa, conforme lo permite el artículo 442 ibidem.

Dichas excepciones tienen la finalidad de enervar la pretensión, esto es, de dejar
sin fundamento la obligación contenida en el título ejecutivo. La jurisprudencia las
ha definido como «medios de defensa que atacan la obligación material contenida
en el título de recaudo ejecutivo y que implican su desconocimiento total o parcial». 22

2.2.2. Caducidad de la acción ejecutiva

El legislador instituyó el fenómeno de la caducidad como una sanción que limita el
ejercicio del derecho sustancial en razón a la no presentación de los medios de
control en el plazo que la ley establece para ello. Según la jurisprudencia de esta
corporación, «busca atacar la acción por haber sido impetrada tardíamente,
impidiendo el surgimiento del proceso […]»,23 y fue concebida para desarrollar el
principio de la seguridad jurídica bajo criterios de racionalidad y suficiencia temporal.

22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 11 de noviembre
2009, radicado: 25000-23-26-000-2002-01920-02 (32666). En esta providencia se citó lo siguiente: «el
profesor, Eduardo J. Coutere, en su obra Fundamentos de Derecho Procesal Civil. Editorial Depalma Buenos
Aires, 1981, expuso: “Las excepciones perentorias no son defensas sobre el proceso sino sobre el derecho. No
procuran la depuración de elementos formales de juicio, sino que constituyen la defensa de fondo sobre el
derecho cuestionado.”».
23
Consejo de Estado, Sección Tercera, Auto del 24 de enero de 2007, actor Néstor José Duarte Tolosa contra
Corelca S.A. y otro, radicado 20001-23-31-000-2005-02769-01(32958), M. P. Ruth Stella Correa Palacio.

9

Radicación: 25000-23-42-000-2016-05723-01 (2459-2020)
Demandante: Nelson Bolívar Oviedo Torres

Respecto a la formulación oportuna del proceso ejecutivo, cuando se pretenda la
ejecución de títulos derivados de decisiones judiciales proferidas por esta
jurisdicción, el legislador fijó un lapso de 5 años contados a partir del momento en
que se haga exigible la obligación. Dicho término fue previsto en el numeral 11 del
artículo 136 del Código Contencioso Administrativo 24 y reiterado en el literal K del
artículo 164 del CPACA.25

2.2.3. Liquidación de Cajanal y asunción de responsabilidades

El Decreto 2196 de 200926 dispuso la supresión y liquidación de Cajanal. En lo
referente al reconocimiento de las obligaciones pensionales y afines se especificó
lo siguiente:

Artículo 3°. Prohibición para iniciar nuevas actividades. […]

En todo caso, la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, EICE, en Liquidación
adelantará, prioritariamente, las acciones que permitan garantizar el trámite y
reconocimiento de obligaciones pensionales y demás actividades afines con dichos
trámites, respecto de aquellos afiliados que hubieren cumplido con los requisitos de
edad y tiempo de servicio para obtener la pensión de jubilación o de vejez a la fecha
en que se haga efectivo el traslado a que se refiere el artículo 4o del presente Decreto,
de acuerdo con las normas que rigen la materia. Igualmente Cajanal, EICE, en
liquidación continuará con la administración de la nómina de pensionados, hasta
cuando estas funciones sean asumidas por la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP,
creada por la Ley 1151 de 2007.

Para tales efectos atenderá las solicitudes y peticiones que se le presenten y
celebrará los contratos de administración u operación que sean necesarios.

24
Artículo 136. Caducidad de las acciones. […] 11. La acción ejecutiva derivada de decisiones judiciales
proferidas por esta jurisdicción, caducará al cabo de cinco (5) años, contados a partir de la exigibilidad del
respectivo derecho. La exigibilidad será la señalada por la ley o la prevista por la respectiva decisión judicial.
25
Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada: […] 2. En los
siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: […] k) Cuando se pretenda la ejecución con títulos
derivados del contrato, de decisiones judiciales proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo
en cualquier materia y de laudos arbitrales contractuales estatales, el término para solicitar su ejecución será
de cinco (5) años contados a partir de la exigibilidad de la obligación en ellos contenida; […].
26
«Por el cual se suprime la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, EICE, se ordena su liquidación, se
designa un liquidador y se dictan otras disposiciones».

10

Radicación: 25000-23-42-000-2016-05723-01 (2459-2020)
Demandante: Nelson Bolívar Oviedo Torres

Por su parte, la Ley 1151 de 2007 creó la UGPP y le asignó la siguiente competencia
en materia pensional:

Artículo 156. Gestión de Obligaciones Pensionales y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social. […] Esta Unidad Administrativa tendrá a su
cargo:

i) El reconocimiento de derechos pensionales, tales como pensiones y bonos
pensionales, salvo los bonos que sean responsabilidad de la Nación, así como
auxilios funerarios, causados a cargo de administradoras del Régimen de Prima
Media del orden nacional, y de las entidades públicas del orden nacional que hayan
tenido a su cargo el reconocimiento de pensiones, respecto de las cuales se haya
decretado o se decrete su liquidación. Para lo anterior, la entidad ejercerá todas las
gestiones inherentes a este numeral, tales como la administración de base de datos,
nóminas, archivos y asignaciones al Gobierno Nacional en el artículo 20 de la Ley 797
de 2003;
[…]

A su vez, el Decreto 169 de 2008, asignó funciones a la UGPP, conforme se indica a
continuación:

Artículo 1°. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, UGPP, en concordancia con el artículo 156 del
Plan Nacional de Desarrollo, Ley 1151 de 2007, tendrá las siguientes funciones:

A. En cuanto al reconocimiento de derechos pensionales y de prestaciones
económicas27

1. El reconocimiento de los derechos pensionales y prestaciones económicas a cargo
de las administradoras exclusivas de servidores públicos del Régimen de Prima Media
con Prestación Definida del orden nacional, causados hasta su cesación de
actividades como administradoras; así como el de aquellos servidores públicos que
hayan cumplido el tiempo de servicio requerido por la ley para acceder a su
reconocimiento y se hubieren retirado o desafiliado del Régimen de Prima Media con
Prestación Definida sin cumplir el requisito de edad señalado, con anterioridad a su
cesación de actividades como administradoras. De igual manera, le corresponderá la
administración de los derechos y prestaciones que reconocieron las mencionadas
administradoras y los que reconozca la Unidad en virtud de este numeral.

2. El reconocimiento de los derechos pensionales y prestaciones económicas a cargo
de las entidades públicas del orden nacional que se encuentren en proceso de
liquidación, se ordene su liquidación o se defina el cese de esa actividad por quien la
esté desarrollando. También le compete la administración de los derechos y
prestaciones que las mencionadas entidades hayan reconocido y los que reconozca
la UGPP en virtud de este numeral.

27
Las funciones establecidas en este literal fueron subrogadas por las consagradas en el artículo 6 del Decreto
575 de 2013.

11

Radicación: 25000-23-42-000-2016-05723-01 (2459-2020)
Demandante: Nelson Bolívar Oviedo Torres

[…]

El Decreto 4269 de 2011 efectuó una asignación de competencias entre Cajanal en
liquidación y la UGPP, para finalizar el proceso de liquidación de aquella; sin
embargo, esta corporación ha sostenido que la norma en comento no modificó lo
concerniente a que esta última es la encargada de asumir, por completo, las
obligaciones pensionales y prestacionales de la extinta entidad. Además, la UGPP
es la «llamada a asumir los procesos judiciales que fueron adelantados contra la
desaparecida caja de previsión»28, conforme lo dispuso el artículo 22 del Decreto
2196 de 2009, modificado por el Decreto 2040 de 2011, así:

Artículo 22. Inventario de procesos judiciales y reclamaciones de carácter laboral y
contractual. […]

Los procesos judiciales y demás reclamaciones que estén en trámite al cierre de la
liquidación que se ordena en el presente decreto, respecto de las funciones que
asumirá la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Para fiscales de la
Protección Social - UGPP, estarán a cargo de esta entidad. Los demás procesos
administrativos estarán a cargo del Ministerio de la Protección Social.
[…]

Parágrafo 2°. Con el propósito de garantizar la adecuada defensa del Estado, el
Liquidador de la entidad, como representante legal de la misma, continuará
atendiendo, dentro del proceso de liquidación y hasta tanto sean entregados a la
Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Para fiscales de la Protección Social -
UGPP o al Ministerio de la Protección Social, según corresponda, conforme a lo
previsto en el presente decreto, los procesos judiciales inventariados y demás
reclamaciones en curso o los que llegaren a iniciarse dentro de dicho término.
[…]

Igualmente, el Consejo de Estado ha indicado que, según el Decreto 4269 de 2011,
las reclamaciones presentadas a partir del 8 de noviembre de 2011 corresponderían
a la UGPP y las radicadas con anterioridad a esa fecha recaerían sobre Cajanal en
Liquidación; sin embargo, «al cierre de la liquidación de la antigua caja de previsión
(Cajanal), correspondió a su sucesora procesal (UGPP) asumir sin restricciones ni

28
Al respecto, ver las siguientes providencias del Consejo de Estado: i) sentencia del 22 de julio de 2021,
radicado: 25000-23-42-000-2016-04418-01 (4651-2019); ii) sentencia del 30 de octubre de 2020, radicado:
25000-23-42-000-2016-03249-01 (3185-2019); iii) sentencia del 26 de junio de 2020, radicado: 68001-23-33-
000-2015-00058-01 (1485-2016); iv) sentencia del 14 de marzo de 2019, radicado: 25000-23-42-000-2015-
02729-01(1507-18); iv) providencia del 13 de febrero de 2017, expediente 11001-03-06-000-2016-00256-
00(C).

12

Radicación: 25000-23-42-000-2016-05723-01 (2459-2020)
Demandante: Nelson Bolívar Oviedo Torres

dilaciones las competencias que aquella ejercía en materia pensional».29

2.3. Hechos probados

• El 22 de noviembre de 2007, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió
sentencia de primera instancia dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho promovido por el demandante contra Cajanal, mediante la cual dispuso lo
siguiente:30

RESUELVE:
[…]
SEGUNDO. ORDÉNASE a la Caja Nacional de Previsión Social, reliquidar la pensión de
jubilación reconocida a favor del señor NELSON BOLÍVAR OVIEDO TORRES, incluyendo lo
percibido por primas de servicios, de vacaciones y de navidad, y los auxilios de
alimentación y transporte, a partir del 1 de enero de 1996.

TERCERO. CONDÉNASE a la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL a pagarle al
demandante las diferencias de las mesadas pensionales resultantes entre los valores
que le reconoció y los que le debe reconocer de acuerdo al numeral anterior;
actualizadas de acuerdo con lo expresado en la parte motiva de esta providencia,
para dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 178 del C.C.A. Así mismo, deberá
dar aplicación a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del C.C.A.
[…]

• El 4 de marzo de 2010, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
profirió sentencia de segunda instancia dentro del referido proceso, mediante la cual
confirmó la decisión del a quo.31

• El 7 de mayo de 2010, quedó ejecutoriado el anterior fallo, según lo hizo constar
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.32

• El 17 de junio de 2010, el señor Nelson Bolívar Oviedo Torres solicitó a Cajanal el
cumplimiento de las sentencias condenatorias. 33

29
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de octubre de 2020, radicado: 25000-
23-42-000-2016-03249-01 (3185-2019).
30
Folios 28 a 38.
31
Folios 40 a 51.
32
Folio 53.
33
Folios 8 a 9.

13

Radicación: 25000-23-42-000-2016-05723-01 (2459-2020)
Demandante: Nelson Bolívar Oviedo Torres

• El 25 de octubre de 2011, por Resolución UGM 015188, Cajanal dio cumplimiento
a las órdenes impartidas en sede judicial y dispuso lo siguiente: i) elevar la cuantía
de la pensión del actor; ii) el FOPEP debe pagar las diferencias que resulten entre la
nueva liquidación y la mesada que venía percibiendo el pensionado; iii) designar al
área de nómina para realizar «las operaciones pertinentes conforme se señala en
el fallo y en el presente acto administrativo, respecto a los artículos 177 del CCA,
precisando que este pago estará a cargo de CAJANAL E.I.C.E. – EN LIQUIDACIÓN, y 178
del CCA, pago que estará a cargo del Fondo de Pensiones públicas del Nivel
Nacional»; y iv) descontar los aportes para pensión respecto de los factores de
salario sobre los que no se había realizado la deducción legal.34

• El 29 de abril de 2015, la Subdirección de Nómina de Pensionados de la UGPP
indicó que la Resolución UGM 015188 de 2011 fue incluida en nómina de diciembre
de 2011 «y que el reporte por concepto de retroactivo (diferencia de mesadas, más
indexación) se realizó en la nómina de mayo de 2013». 35

2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala

2.4.1. Caducidad del proceso ejecutivo

La providencia cuya ejecución se pretende quedó ejecutoriada el 7 de mayo de
2010, es decir, en vigencia del CCA; por lo tanto, para contabilizar el término de
caducidad del proceso ejecutivo es necesario recurrir al contenido del inciso 4 del
artículo 177 ibidem, según el cual las condenas impuestas contra la Nación «serán
ejecutables ante la justicia ordinaria dieciocho (18) meses después de su
ejecutoria». Así las cosas, los cinco años concedidos para la interposición oportuna
de la acción ejecutiva iniciaron al vencimiento de los aludidos 18 meses. 36

34
Folios 11 a 1.
35
Folios 19 a 22.
36
Posición asumida, entre otras, en el auto de 16 de julio de 2015, radicado 25000 23 25 000 2014 04132 01,
M. P. Sandra Lisset Ibarra Vélez; así como por esta Subsección en la providencia del 29 de octubre de 2020,
radicado 25000 23 42 000 2020 00023 01 (2381-2020), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.

14

Radicación: 25000-23-42-000-2016-05723-01 (2459-2020)
Demandante: Nelson Bolívar Oviedo Torres

Ahora bien, respecto al término de caducidad de las acciones interpuestas en contra
de la liquidada Cajanal, el Consejo de Estado ha precisado lo siguiente: 37

Como es de público conocimiento, la entidad condenada en la sentencia cuyo
cumplimiento por vía ejecutiva se reclama, fue liquidada por mandato del Gobierno
Nacional mediante Decreto 2196 de 2009, obedeciendo a un plan de reestructuración
institucional, en procura de garantizar la prestación eficiente del servicio público de
seguridad social en pensiones.

Uno de los sustentos normativos del precitado Decreto 2196 de 2009 lo fue el Decreto-
Ley 254 de 2000, modificado por la Ley 1105 de 2006, el cual, en el inciso segundo de
su artículo 1º, respecto de su ámbito de aplicación, consagró «…en lo no previsto en el
presente decreto, deberán aplicarse, en lo pertinente, las disposiciones del estatuto
orgánico del sistema financiero y del Código de Comercio sobre liquidación, en cuanto
sean compatibles con la naturaleza de la entidad…».

Para esos efectos se expidió la Ley 550 de 1999, aplicable a todas las entidades de
carácter privado, público o de economía mixta que ejerzan alguna actividad financiera y
de ahorro y crédito, consagrando en el inciso segundo del artículo 14 que «…Durante la
negociación del acuerdo se suspende el término de prescripción y no opera la caducidad
de las acciones respecto de los créditos contra el empresario».

En tales condiciones, por fuerza de la remisión normativa contenida en el inciso segundo
del artículo 1º del Decreto Ley 254 de 2000, los términos de prescripción y de
caducidad de las obligaciones a cargo de la extinta Caja Nacional de Previsión
Social – CAJANAL no corrieron durante el tiempo que transcurrió en su liquidación
administrativo que, según lo afirmado en la demanda, concluyó el 11 de junio de
2013. [Resalta la Sala].

Con fundamento en el anterior criterio, se concluye que los términos de prescripción
y de caducidad de las obligaciones a cargo de Cajanal no corrieron entre el 12 de
junio de 2009 hasta el 11 de junio de 2013, esto es, por el espacio de cuatro
años.38

Bajo este hilo argumentativo, se observa que la sentencia de segunda instancia,

37
Ver entre otras las siguientes providencias de la Sección Segunda del Consejo de Estado: i) Subsección A,
providencia del 25 de agosto de 2015, radicado: 25000 23 42 000 2015 01327 01 (1777-2015); y ii) Subsección
B, providencia de 29 de marzo de 2016, radicado: 250002342000201501601-01 (5042-2015).
38
La tesis de que el término de caducidad y prescripción en referencia estuvieron suspendidos por el período
anotado, ha sido reiterada en diversos pronunciamientos de la Corporación, entre ellos, en las acciones de
tutela que se citan a continuación: i) de 23 de agosto de 2018, radicación: 11001-03-15-000-2018-01733-00;
ii) de 15 de noviembre de 2018, radicación: 11001-03-15-000-2018-00630-01; y iii) del 28 de marzo de 2019,
radicación: 11001-03-15-000-2018-03532-00.

15

Radicación: 25000-23-42-000-2016-05723-01 (2459-2020)
Demandante: Nelson Bolívar Oviedo Torres

que puso fin al proceso ordinario sobre el cual se edifica el sub lite, adquirió firmeza
el 7 de mayo de 2010, es decir, cuando estaban suspendidos los términos de
caducidad para accionar en sede judicial contra Cajanal o la UGPP. La referida
suspensión operó hasta el 11 de junio de 2013, por la terminación del período de
liquidación de Cajanal; en consecuencia, los 18 meses para acudir en sede judicial
se verificaron el 12 de diciembre de 2014, de forma que los 5 años de caducidad
empezaron a correr a partir del 13 de diciembre de 2014 y culminarían el 13 de
diciembre de 2019. El 4 de noviembre de 2016, el demandante radicó la presente
demanda ejecutiva,39 es decir, dentro del término que tenía para comparecer
oportunamente ante la jurisdicción40 y, por lo tanto, contrario a lo señalado por la
entidad recurrente, no operó la caducidad del medio de control de la referencia.

2.4.2. Pago de la obligación

En primer lugar, conforme se indicó en acápites anteriores, los fallos objeto de
ejecución establecieron una obligación a cargo de Cajanal, que fue liquidada por
mandato del Decreto 2196 de 2009.

Por su parte, el artículo 64 del Decreto 4107 de 2011 41 dispuso que Cajanal en
liquidación, continuaría realizando las funciones señaladas en el artículo 3 del
Decreto 2196 de 200942 hasta tanto fueran asumidas por la UGPP. El proceso de
liquidación culminó el 11 de junio de 2013, 43 por ende, los procesos judiciales y

39
Folio 1 del expediente.
40
El conteo de la caducidad en los términos descritos, encuentra respaldo, entre otras, en las siguientes
providencias de esta Corporación: i) del 30 de junio de 2016, radicación 25000-23-42-000-2013-06595-01
(3637-2014), M.P. William Hernández Gómez; ii) del 12 de julio de 2018, radicación 25000-23-42-000-2014-
01475-01 (3531-17), M.P. Sandra Lisset Ibarra Velez; iii) del 30 de agosto de 2018, radicación 05001-23-33-
000-2018-00695-01 (61905), M.P. Stella Conto Díaz Del Castillo (E); iv) del 3 de julio de 2019, radicación 11001-
03-15-000-2019-00326-01, M.P. Ramiro Pazos Guerrero; v) del 23 de agosto de 2019, Radicación 11001-03-
15-000-2019-00325-01, M.P. Martín Bermúdez Muñoz; y vi) del 29 de octubre de 2020, radicado 25000 23 42
000 2020 00023 01 (2381-2020), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
41
«Por el cual se determinan los objetivos y la estructura del Ministerio de Salud y Protección Social y se
integra el Sector Administrativo de Salud y Protección Social».
42
«por el cual se suprime la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, EICE, se ordena su liquidación, se designa
un liquidador y se dictan otras disposiciones».
43
Decreto 877 de 2013, «por el cual se prorroga el plazo de liquidación de la Caja Nacional de Previsión Social
Cajanal EICE en Liquidación y se dictan otras disposiciones».

16

Radicación: 25000-23-42-000-2016-05723-01 (2459-2020)
Demandante: Nelson Bolívar Oviedo Torres

demás reclamaciones que estuvieran en trámite al momento del cierre de la
liquidación fueron asumidos por la UGPP.44

Así las cosas, le correspondía a la UGPP, quien sucedió a la extinta Cajanal en sus
funciones misionales, atender las demandas relacionadas con derechos
pensionales ya reconocidos y las consecuencias derivadas del cumplimiento de
sentencias judiciales proferidas en contra de ésta como administradora del sistema
pensional.

En segundo lugar, esta Subsección debe señalar que si bien los intereses
moratorios que se reclaman se causaron entre el entre el 7 de mayo de 2010 y el
30 de abril de 2013 y que el cierre de la liquidación de Cajanal se produjo el 11 de
junio de 2013,45 momento a partir del cual la UGPP asumió las obligaciones de la
extinta caja de previsión; lo cierto es que no por ello puede considerarse que el
señor Nelson Bolívar Oviedo Torres debía presentarse ante el proceso liquidatorio
con el fin de plantear allí sus reclamos, toda vez que los intereses moratorios son
un «elemento accesorio del reconocimiento de pensiones con ocasión de
sentencias judiciales, los mismos se tratan de recursos de la seguridad social»,46
los cuales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1105 de
2006,47 no forman parte de la masa de la liquidación y debían ser entregados a la
entidad que la sucedió.

De manera que, ante una condena producto de una orden judicial, correspondía
acatarla inicialmente a Cajanal y después del 12 de junio de 2013 a la UGPP, en
calidad de sucesora de las obligaciones de la extinta entidad, lo cual implica atender

44
Véase el auto del 19 de julio de 2018 proferido por la Subsección B, de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, radicado. 25000-23-42-000-2017-01281-01(1516-18).
45
De conformidad con el Decreto 877 de 2013.
46
Al respecto ver las siguiente decisiones de la Sección Segunda del Consejo de Estado: i) Subsección B,
Sentencia del 14 de marzo de 2019, radicado 25000 23 42 000 2015 02729 01 (1507-2018); ii) Subsección A,
providencia del 30 de junio de 2016, radicado 25000 23 42 000 2013 06595 01 (3637-2014).
47
«[…] El artículo 21 del Decreto-ley 254 de 2000 quedará así:
Artículo 21. Bienes excluidos de la masa de la liquidación. No formarán parte de la masa de la liquidación: a)
Los recursos de seguridad social, los cuales deberán ser entregados a la entidad que determine el Gobierno
Nacional; [...]. [Resalta la Sala].

17

Radicación: 25000-23-42-000-2016-05723-01 (2459-2020)
Demandante: Nelson Bolívar Oviedo Torres

las obligaciones producto de la reliquidación de la pensión, así como reconocer y
pagar los intereses moratorios que se causaron, toda vez que no eran parte de la
masa liquidatoria de Cajanal.

En tercer lugar, la entidad apelante sostuvo que en el sub lite no se causaron
intereses moratorios, por cuanto Cajanal se vio sometida a un proceso de
liquidación que configuró una fuerza mayor. En tal sentido la UGPP citó varias
providencias del Consejo de Estado; sin embargo, aquellas no se profirieron dentro
de procesos donde se debatieran derechos laborales, cuya naturaleza exige un
examen diferenciado con el fin de salvaguardar las garantías mínimas de los
trabajadores y la seguridad social en pensiones que se encuentran en juego.

Al respecto, esta corporación ha indicado que las providencias invocadas se
suscribieron frente a sociedades que se liquidaron en el marco de un «proceso de
liquidación forzosa administrativa», que es diferente al adelantado para la supresión
de Cajanal. En tal sentido, se ha concluido lo siguiente:48

He aquí la importancia de la distinción, que rechaza cualquier posibilidad de aplicar al
sub lite la tesis planteada por la entidad recurrente en la alzada, puesto que la
liquidación ordenada contra Cajanal se originó de una decisión del presidente de la
República por razones eminentemente «político-administrativas», que encuentra su
fuente y causales en el derecho público, cuyos riesgos, en atención al principio de
responsabilidad del Estado, no deben ser asumidos por el acreedor particular, porque
«rompe el equilibrio en las cargas públicas ocasionándole un daño antijurídico».

[…]

Por el contrario, cuando la supresión y consecuente liquidación recae sobre
organismos y entidades de naturaleza pública, si es por decisión de una
superintendencia, «debe aplicarse el principio general del cumplimiento riguroso de
las obligaciones, de manera que, en lo posible, se pagarán los intereses de todo tipo
respetando las prelaciones legales», y si la determinación la adopta el presidente de
la República, como lo fue en el caso de Cajanal, «el Estado debe responder por los
daños antijurídicos que eventualmente puedan causarse y específicamente debe
pagar los intereses remuneratorios y moratorios anteriores y posteriores al decreto de
liquidación».

48
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de octubre de 2020, radicado: 25000-
23-42-000-2016-03249-01 (3185-2019).

18

Radicación: 25000-23-42-000-2016-05723-01 (2459-2020)
Demandante: Nelson Bolívar Oviedo Torres

Con fundamento en el anterior lineamiento, se concluye que en el presente caso la
UGPP no podía soportarse en razones de fuerza mayor para sustraerse del pago de

los intereses moratorios derivados de la tardanza en el cumplimiento de una
obligación de carácter laboral impuesta por la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, ya que Cajanal era una entidad de naturaleza pública, cuyas
condiciones de liquidación no la exoneraban de ese pago, so pena de poner en
riesgo el equilibrio ante las cargas públicas. 49

Así las cosas, no se encuentra acreditada la excepción de pago que esgrimió la
UGPP, pues la Resolución UGM 015188 del 25 de octubre de 2011, por la cual Cajanal

dio cumplimiento a las órdenes impartidas en sede judicial, no incluyó los intereses
moratorios que se generaron entre la fecha en que quedó ejecutoriada la sentencia
condenatoria y el pago efectivo de la obligación.

De otro lado, la UGPP sostuvo que los intereses moratorios debían liquidarse de
acuerdo con la normativa vigente al momento de su causación.

Ahora bien, en lo que concierne a la norma aplicable para la liquidación de los
intereses moratorios cuando existe tránsito de legislación, la Sala de Consulta y
Servicio Civil de esta Corporación precisó lo siguiente:50

« […] la tasa de mora aplicable para créditos judicialmente reconocidos mediante
sentencias y conciliaciones es aquella vigente al momento en que se incurre en
mora en el pago de las obligaciones dinerarias derivadas de estas.

A esta inferencia también se arriba teniendo en cuenta que la mora es una infracción
que se comete día a día y se causan intereses por cada día de retardo en el
cumplimiento de la obligación, y no solo en la fecha a partir de la cual se constituyó
en ella la entidad estatal deudora, circunstancia ropia (sic) de la dinámica de este
instituto jurídico que incide, sin duda, en los eventos de tránsito de legislación para la
aplicación y liquidación de los intereses por tal concepto.

A juicio de la Sala lo anterior significa que los intereses de mora deben liquidarse de
conformidad con la norma que rige al momento de la infracción, de suerte que si la

49
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de octubre de 2020, radicado: 25000-
23-42-000-2016-03249-01 (3185-2019).
50
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 29 de abril de 2014, radicado: 11001-03-
06-000-2013-00517-00 (2184).

19

Radicación: 25000-23-42-000-2016-05723-01 (2459-2020)
Demandante: Nelson Bolívar Oviedo Torres

conducta tardía de la entidad estatal obligada al cumplimiento del fallo o la conciliación
se proyecta en el tiempo y existe durante ese lapso cambio de legislación, es
menester aplicar la norma vigente que abarque el respectivo período o días de mora
de que se trate, por configurarse la mora bajo el imperio de la ley nueva y, por ende,
surgir al amparo de esta la obligación de indemnizar los perjuicios moratorios
derivados de la falta de cumplimiento oportuno de la obligación principal, mediante el
reconocimiento de los intereses liquidados según la tasa fijada en esa disposición
posterior.

[…] si la trasgresión de la obligación de pago de una suma de dinero impuesta a una
entidad estatal en una sentencia o derivada de una conciliación se produce en
vigencia de una ley posterior que sanciona esa conducta de manera diferente a como
lo hacía otra anterior que regía al momento en que se interpuso la demanda o solicitud
que dio lugar a la respectiva providencia que reconoce el crédito judicial, es aquella y
no esta última la aplicable. Igualmente, si el incumplimiento de la referida obligación
se inicia antes del tránsito de legislación y se prolonga durante la vigencia de la nueva
ley, la pena, esto es, el pago de intereses moratorios, deberá imponerse y liquidarse
por separado lo correspondiente a una y otra ley. [Resalta la Sala].

De acuerdo con lo anterior, las entidades estatales que deban atender obligaciones
dinerarias, decretadas en decisiones judiciales o conciliaciones, deben sufragar los
intereses de mora según la tasa que se encuentre vigente al momento de su
causación.51

De esta manera, esta Subsección ha concluido que si el fallo objeto de ejecución
fue proferido cuando regía el Decreto 1 de 1984, pero el tiempo para su
cumplimiento se difirió incluso después de haberse derogado por el CPACA, los
intereses de mora serán liquidados con base en las normas que se encuentren
vigentes durante su causación, «por lo que respecto de las providencias que
quedaron ejecutoriadas antes del 02 de julio de 2021 [sic] –de acuerdo al artículo
308 del CPACA–, la respectiva mora se tasará, en una parte, según a lo dispuesto en
el artículo 177 del Decreto 01 de 1984, y, la otra parte, conforme a la Ley 1437 de
2011».52

A partir del anterior entendimiento, y teniendo en cuenta que en el presente asunto
el título de recaudo lo constituye una providencia judicial, el proveído impugnado

51
Ver también Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de septiembre de 2021,
radicado: 17001-23-33-000-2018-00112-01 (6127-19).
52
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 9 de septiembre de 2021, radicado: 25000-23-
42-000-2020-00219-01 (2313-2021).

20

Radicación: 25000-23-42-000-2016-05723-01 (2459-2020)
Demandante: Nelson Bolívar Oviedo Torres

será confirmado, pero aclarando que la tasa de mora aplicable para créditos
reconocidos en sentencias es aquella vigente al momento en que se incurre en mora
en el pago de las obligaciones dinerarias derivadas de estas.

2.5. De la condena en costas

Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 2016,53 respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código
Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo. El
primero, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena
en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del Código
General del Proceso; y el segundo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas
se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada dentro del
proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de las partes.

Asimismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en
materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según sea
la parte vencida el empleador o el trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura) y la complejidad e intensidad
de la participación procesal; que las estipulaciones de las partes en materia de
costas se tendrán por no escritas por lo que el juez en su liquidación no estará atado
a lo así pactado por estas, que la liquidación de las costas (incluidas las agencias
en derecho) la hará el juez de primera o única instancia y que procede condenar en
costas tanto en primera como en segunda instancia.

Conforme a las anteriores reglas, y atendiendo lo dispuesto en el numeral 8. ° del
artículo 365 del Código General del Proceso, 54 la Sala se abstendrá de condenar en

53
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-
2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: William Hernández Gómez.
54
«1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso (…) 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».

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Radicación: 25000-23-42-000-2016-05723-01 (2459-2020)
Demandante: Nelson Bolívar Oviedo Torres

costas de segunda instancia, teniendo en cuenta que no se causaron, ya que la
apelación salió avante en cuanto a la precisión que debe hacerse para liquidar los
intereses moratorios reconocidos por el a quo.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado en casos análogos fáctica y
jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio, se
concluye que la decisión del a quo se ajustó a las directrices interpretativas que
regían la situación particular del actor, por lo que será confirmada, pero con la
aclaración pertinente frente a la normativa que debe atenderse para la liquidación
de los intereses moratorios.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia del 14 de noviembre de 2019, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, dentro
de la demanda ejecutiva promovida por el señor Nelson Bolívar Oviedo Torres
contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP), que declaró no probadas las
excepciones propuestas por la entidad demandada y dispuso seguir adelante la
ejecución, con la aclaración de que la tasa de mora aplicable para créditos
reconocidos en sentencias es aquella vigente al momento en que se incurre en mora
en el pago de las obligaciones dinerarias derivadas de estas, conforme se explicó
en la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Sin condena en costas en segunda instancia.

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Radicación: 25000-23-42-000-2016-05723-01 (2459-2020)
Demandante: Nelson Bolívar Oviedo Torres

Tercero. En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones de rigor.

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
cgg

23

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