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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-25-000-2004-03995-03

Fecha
31 de julio de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-25-000-2004-03995-03

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 24 de febrero de 2022 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca por medio de la cual se ordenó seguir adelante con la ejecución, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva. SEGUNDO: Sin condena en costas en segunda instancia. TERCERO: RECONOCER personería adjetiva al abogado Omar Trujillo Polanía, identificado con cédula de ciudadanía 1.117.507.855 de Florencia y tarjeta profesional 201.792 del C.S de la J., como apoderado judicial de la UGPP, en los términos del poder conferido22. CUARTO: RECONOCER personería adjetiva al profesional del derecho Edwin Hernando Hernández Díaz, identificado con cédula de ciudadanía 1.117.823.073 del San Vicente del Caguán y tarjeta profesional 347.660 del C.S de la J., como apoderado sustituto de la UGPP, en los términos del poder otorgado 23. QUINTO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones pertinentes en el programa «SAMAI».

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-25-000-2004-03995-03

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

31 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C. treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 25000-23-25-000-2004-03995-03 (2754-2022)
Demandante: José Germán Arévalo Bonilla
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP

Tema: Apelación de sentencia que ordena seguir adelante con la
ejecución-Intereses moratorios

Decisión: Confirma sentencia de primera instancia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide el
recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutada contra la sentencia de 24
de febrero de 2022, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordenó seguir adelante con la
ejecución a favor del señor José Germán Arévalo Bonilla.

I. ANTECEDENTES

1.1. Pretensiones de la demanda1

2.El señor José Germán Arévalo Bonilla, formuló demanda ejecutiva con el fin
de lograr el cumplimiento de la sentencia de 7 de septiembre de 2006 proferida
por la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca dentro del proceso de nulidad y restablecimiento radicado 25000-
23-25-000-2004-3995-00 instaurado contra la Caja Nacional de Previsión Social.

3. La sentencia ordenó reliquidar la pensión de jubilación con la inclusión de los
factores salariales ya reconocidos, la bonificación semestral, las primas de
productividad, de navidad y de vacaciones, y la bonificación por recreación, así
mismo, reconoció el pago de las diferencias pensionales causadas con los
reajustes autorizados por la Ley 100 de 1993.

1 Folio 35 del expediente.

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Demandante: José Germán Arévalo Bonilla

4.El ejecutante consideró que el pago ordenado en el fallo se realizó de forma
parcial, dado que, desde la ejecutoria de la decisión y hasta su pago, se
generaron intereses moratorios, los cuales la entidad pública no ha sufragado a
pesar de que el título ejecutivo contiene dicha orden.

5. Razón por la cual, solicitó que se librara mandamiento de pago contra la UGPP
por lo siguiente: i) $640.587,13 por los intereses moratorios causados en el
período de 5 de diciembre de 2006 al 4 de junio de 2007; ii) 14.132.522,41 por
los intereses moratorios generados en el lapso de 5 de junio de 2007 a 30 de
marzo de 2013, igualmente, requirió la indexación de los anteriores y que se
condenara en costas a la parte ejecutada.

1.2. Mandamiento de pago

6.El tribunal por auto del 5 de septiembre de 20172, libró mandamiento ejecutivo
en contra de la UGPP por los valores solicitados en la demanda, sin embargo, no
accedió a la indexación de los intereses hasta la fecha del pago total de la
obligación.

7. Contra la anterior decisión el accionante radicó apelación al considerar que
era procedente la indexación de los intereses, recurso decidido favorablemente
mediante el auto de 14 de abril de 20213 dictado por el Consejo de Estado que
ordenó al juez de primera instancia indexar las sumas que resultaran por la
causación de intereses desde el 1.° de abril de 2013 hasta que se cancele
totalmente la obligación.

8. Por lo anterior, a través de la providencia proferida el 21 de septiembre de
20214 se adicionó a la orden de pago la indexación de la suma de $14.773.109,40
(que corresponde a los intereses moratorios causados a partir del 5 de diciembre
de 2006 y hasta el 30 de marzo de 2013) desde el 1 de abril de 2013 hasta que
se cancele totalmente la obligación.

1.3. Contestación de la demanda

9. La UGPP presentó escrito de defensa5 con las siguientes excepciones:

10. Caducidad de la acción ejecutiva, explicó que se configura el fenómeno

procesal cuando no se ejerce el derecho de acción en los plazos regulados por
el legislador, así, el artículo 44 de la Ley 446 de 1998 estableció que el término
de presentación de la demanda es de 5 años contabilizados a partir de la
exigibilidad del derecho.

2 Folios 123 a 125 del expediente.
3 Folios 141 a 148, ídem.
4 Folios 153 a 158 del expediente.
5 Folios 182 184, ídem.

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Demandante: José Germán Arévalo Bonilla

11. Prescripción, aseguró que de acuerdo con el artículo 102 del Decreto 1848

de 1969 las prestaciones sociales prescriben en el término de 3 años,
contabilizados a partir de que la obligación se hizo exigible, además, el numeral
2° del artículo 442 de la Ley 1564 de 2012 hace referencia al tiempo para el
ejercicio del derecho de acción.

12. Genérica, señaló que en virtud de los poderes oficios del juez se declararan

probadas las excepciones que se encontraran probadas.

II. SENTENCIA APELADA

13. El tribunal dictó sentencia el 24 de febrero de 20226, ordenando seguir
adelante con la ejecución contra la UGPP y dispuso que las partes presentaran
la liquidación del crédito de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 446 de la
Ley 1564 de 2012, así mismo, no condenó en costas.

14. Indicó que el mandamiento de pago se libró por los intereses moratorios
reclamados en la demanda y que, con ocasión a la determinación de segunda
instancia adoptada en providencia con fecha de 14 de abril de 2021, se adicionó
la decisión en el sentido de librar orden de pago por la indexación de los valores
resultantes a partir del 1° de abril de 2013 y hasta que se cancele la totalidad de
la obligación.

15. Sobre la excepción de caducidad, señaló que era la misma prescripción y

rememoró que se había declarado, no obstante, el Consejo de Estado revocó esa
decisión, por considerar que la demanda se había interpuesto en término. Razón
por la cual, expresó que no era posible pronunciarse al respecto, en tanto debía
estarse a lo resuelto.

16. Explicó que, si bien no se invocó la excepción de pago, en los alegatos de

conclusión la UGPP aseveró que en virtud de la Resolución RDP 025884 de 29
de septiembre de 2021, se ordenó el reconocimiento de los intereses moratorios
por la suma de $1.944.509,85, sin embargo, como no se acreditó el pago de la
misma, no era posible tenerla en cuenta.

17. En esos términos, determinó que en lo concerniente a las excepciones de

caducidad y prescripción se estaría a lo resuelto por el Consejo de Estado en
segundo grado, de otro lado, decidió que se seguiría adelante con la ejecución.

1.6. Recurso de apelación

18. Laparte ejecutada7 presentó escrito de apelación contra la sentencia de
primera instancia, solicitando que fuera revocada. Para tal fin, expuso los
siguientes argumentos:
6 Folios 106 a 112 del expediente.
7 Folios 187 a 188 del expediente.

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19. Manifestó que la indexación de los intereses moratorios no era procedente en

tanto el concepto contiene el componente inflacionario implícito en la indexación,
de ahí que, indexar los intereses moratorios lleva a calcular doblemente los
efectos de la inflación.

20. Indicó que a partir de la base de liquidación que se estima correcta para
determinar los intereses moratorios y la metodología de cálculo, por parte de la
UGPP se liquidaron los intereses en la suma de $1.944.509,85.

21. Afirmó que, al haberse superado los términos legales para interponer la acción

ejecutiva, y siendo competencia de la Caja Nacional de Previsión Social la
atención a la solicitud de cumplimiento al fallo, no se liquidan intereses desde el
12 de junio de 2009 hasta el 12 de junio de 2013, razón por la cual no se tuvo en
cuenta los períodos en los que se suspendieron los intereses moratorios.

22. Expresó que el cálculo de los intereses se llevaba a cabo sobre las mesadas

indexadas causadas hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia declarativa (4
de diciembre de 2006), y el período de cálculo va de la ejecutoria hasta la fecha
efectiva de pago (marzo de 2013), valor que se ordenó pagar al ejecutante a
través de la Resolución RDP 025884 de 29 de septiembre de 2021.

1.7 Trámite de segunda instancia

23. El 16 de agosto de 2022 se admitió el recurso de apelación8 y se dispuso que,

de no presentarse solicitud probatoria en esta instancia, el proceso regresaría al
despacho para fallo.

Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no observando
la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se resuelve la
alzada, previas las siguientes,

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

24. El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación

interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo9, y 322 del CGP.

25. De tal modo que, como en este asunto solamente recurrió la decisión proferida

en primera instancia la parte ejecutada, la competencia se limitará a los reparos
efectuados en su recurso.

8 Folio 200 del expediente.
9 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
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2.2. Generalidades del proceso ejecutivo y los requisitos del título ejecutivo

26. El proceso ejecutivo ha sido definido como el medio procesal para que un

acreedor, de modo coercitivo, haga efectiva una obligación o un derecho del que
es titular ante un deudor que se rehúsa a su cumplimiento. Es decir, «es el medio
para que el acreedor haga valer el derecho (que conste en un documento
denominado título ejecutivo) mediante la ejecución forzada»10.

27. En esta clase de procesos no se busca el reconocimiento de un derecho
subjetivo, sino que está dirigido a obtener el cumplimiento de una obligación que
consta en un documento que da plena fe de su existencia, siendo el título «el
documento principal a partir del cual se desarrolla el proceso ejecutivo».11 Su
definición y requisitos se encuentran en el artículo 422 del CGP, antes 488 12 del
CPC, en los siguientes términos:

«TÍTULO EJECUTIVO. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones
expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor
o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una
sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de
otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben
liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás
documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no
constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el
artículo 184».

28. La norma consagra los requisitos del título ejecutivo: formales y sustanciales.

Los primeros hacen referencia a la prueba de la existencia de la obligación y
exigen que el título ejecutivo sea auténtico y que provenga del deudor, su
causante o de una providencia judicial.13 La autenticidad se refiere a la plena

10 Consejo de Estado, Sección Cuarta, providencia del 15 de noviembre de 2017, radicado 54001 23 33 000

2013 00140 01(22065), M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez. Ver también Consejo de Estado, Sección
Primera, providencia del 12 de julio de 2018, radicado 81001 23 33 003 2017 00042 01, M.P. María Elizabeth
García González.
11 Sentencia T-704 de 2013. Igual concepto está en la sentencia T-996 de 2012.
12 «Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en

documentos que provengan del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra él, o las que
emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra
providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, o de las providencias que en procesos
contencioso - administrativos o de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares
de la justicia.
La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el
interrogatorio previsto en el artículo 294.»
13
Sobre los requisitos formales del título se puede consultar la siguiente jurisprudencia: Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 27 de agosto de 2015. Radicado: 200012331000 2011-
00548 01 (2586 – 2013). Consejera ponente Sandra Lisset Ibarra Vélez. «[…] que se trate de documentos
que tengan autenticidad, que emanen de autoridad judicial, o de otra clase si la ley lo autoriza, o del propio
ejecutado o causante cuando aquel sea heredero de este y los segundos, que de esos documentos aparezca
a favor del ejecutante o de su causante y a cargo del ejecutado o de su causante, una obligación clara
expresa, exigible y además líquida o liquidable por simple operación aritmética si se trata de pagar una suma
de dinero». Ver también: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
sentencia de 31 de mayo de 2018, Consejera ponente María Elizabeth García González, Radicación: 11001
03 15 000 2018 00824 00. A su vez la Sección Tercera del Consejo de Estado señaló: «Que además de
esos requisitos el documento debe reunir dos condiciones formales: i) la autenticidad y ii) que proceda del
deudor o de su causante, o de una sentencia judicial condenatoria, o de cualquier otra providencia judicial
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identificación del creador del documento para que no haya duda del deudor y el
juez tenga certeza de quién lo suscribió14.

29. Los segundos exigen que en el título ejecutivo se refleje en favor del ejecutante

una obligación clara, expresa y exigible. Es expresa si se encuentra especificada
en el título y no es el resultado de una presunción legal o de una interpretación;
clara si sus elementos aparecen inequívocamente señalados y no hay duda con
respecto al objeto o sujetos de la obligación, esto es fácilmente inteligible y se
entiende en un solo sentido; y, exigible si la ejecución no depende del
cumplimiento de un plazo o condición o siempre que estos se hubiesen
cumplido15.

30. Estos requisitos deben cumplirse en su totalidad y en los términos enunciados,

de modo que del título se concluya sin duda alguna la existencia de la obligación,
su claridad y que ya es exigible. Así entonces, cuando el juez verifica que el
documento cumple con los requisitos enunciados, debe emitir la orden de pago
en contra de la parte ejecutada, pues así lo dispone el artículo 430 del CGP 16,
antes 497 del CPC17.

31. De acuerdo con lo anterior, el título ejecutivo es el documento necesario para

que pueda incoarse y darse trámite al proceso ejecutivo. Además, conforme lo
dispone el artículo 422 del CGP18, antes 488 del CPC, i) es la prueba de la

que tenga fuerza ejecutiva». Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, providencia de 8 de junio
de 2016, radicado 27001 23 31 000 2012 00086 01(47539), M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa (E).
14 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 14 de mayo de 2014, radicado 33.586.
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, consejera ponente Carmen

Teresa Ortiz de Rodríguez, auto de 26 de febrero de 2014, Radicado: 25000 23 27 000 2011 00178 01
(19250), actor: Clínica del Country S.A. En esta providencia se citó la siguiente doctrina: Velásquez G., Juan
Guillermo. Los procesos ejecutivos. (2006). Medellín: Librería Jurídica Sánchez R. Ltda.
También puede consultarse la siguiente jurisprudencia: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A, 26 de julio de 2018, radicado 41001 23 31 000 2010 00139 01(0490-16), M.P. Rafael Francisco Suarez
Vargas.
16«Artículo 430. Mandamiento ejecutivo. Presentada la demanda acompañada de documento que preste

mérito ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma
pedida, si fuere procedente, o en la que aquel considere legal.
Los requisitos formales del título ejecutivo sólo podrán discutirse mediante recurso de reposición contra el
mandamiento ejecutivo. No se admitirá ninguna controversia sobre los requisitos del título que no haya sido
planteada por medio de dicho recurso. En consecuencia, los defectos formales del título ejecutivo no podrán
reconocerse o declararse por el juez en la sentencia o en el auto que ordene seguir adelante la ejecución,
según fuere el caso.
Cuando como consecuencia del recurso de reposición el juez revoque el mandamiento de pago por ausencia
de los requisitos del título ejecutivo, el demandante, dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria
del auto, podrá presentar demanda ante el juez para que se adelante proceso declarativo dentro del mismo
expediente, sin que haya lugar a nuevo reparto. El juez se pronunciará sobre la demanda declarativa y, si la
admite, ordenará notificar por estado a quien ya estuviese vinculado en el proceso ejecutivo.
Vencido el plazo previsto en el inciso anterior, la demanda podrá formularse en proceso separado.
De presentarse en tiempo la demanda declarativa, en el nuevo proceso seguirá teniendo vigencia la
interrupción de la prescripción y la inoperancia de la caducidad generados en el proceso ejecutivo.
El trámite de la demanda declarativa no impedirá formular y tramitar el incidente de liquidación de perjuicios
en contra del demandante, si a ello hubiere lugar».
17 «Presentada la demanda con arreglo a la ley, acompañada de documento que preste mérito ejecutivo, el

juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida si fuere
procedente, o en la que aquél considere legal».
18 «Artículo 422. Título ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y

exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena
prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier
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existencia de la obligación, la cual debe ser expresa, clara y exigible; y ii) señala
con certeza el obligado a cumplirla, por lo que constituye plena prueba contra el
adeudado, por provenir de él o de su causante o de cualquiera de las
providencias enunciadas en dicha norma. En tal sentido, debe entenderse que
las sentencias ejecutoriadas que condenen a una entidad al pago de suma de
dinero constituyen un título ejecutivo.

2.3. Intereses moratorios

32. Los intereses por mora constituyen la sanción en cabeza del deudor que
incumple la obligación de pagar a tiempo una suma de dinero y se reconoce a
título indemnizatorio, bajo la modalidad de lucro cesante, a favor del acreedor de
esta, por lo anterior, su carácter es punitivo y resarcitorio, de ahí que, se
entienden como la indemnización de perjuicios por la demora en el cumplimiento
de la prestación y se causan por ministerio de la ley, sin ser necesario pago
alguno y tampoco se requiere prueba del perjuicio más allá del retardo.

33. Igualmente, otro elemento distintivo de dicho concepto es su exigibilidad junto

con la obligación principal y se adeudan mientras no se reconozca loe debido, en
consecuencia, tienen un propósito compensatorio del daño generado por el
acreedor a través de la fijación de una tarifa consagrada por el legislador.

2.4. Cuestión previa

2.4.1. Reparo de la incompatibilidad de la indexación de los intereses
moratorios

34. La parte recurrente replicó que eran incompatibles la indexación y los intereses

moratorios, toda vez que, tienen un origen idéntico como lo es evitar la pérdida
del poder adquisitivo del dinero.

35. Frente a ello, la Sala estima que hubo pronunciamiento de esta Corporación

en segunda instancia por auto de 14 de abril de 2021 en el que se revocó
parcialmente la decisión que libró la orden de pago al determinarse que «para el
sub examine es procedente ordenar la actualización de los intereses solicitados
por el ejecutante, pues, a diferencia de lo afirmado por el a quo, el ajuste
solicitado solo procura mantener el valor económico real de los intereses
moratorios causados desde el 1 de abril de 2013 hasta que se cancele totalmente
la obligación, y así evitar la depreciación de las sumas que resultaren durante
dicho tiempo».

jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben
liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale
la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en
el interrogatorio previsto en el artículo 184».
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36. En efecto, mediante la providencia de 21 de septiembre de 2021 se adicionó

a la orden de pago, la indexación de la suma de $14.773.109,40 (que
corresponde a los intereses moratorios causados a partir del 5 de diciembre de
2006 y hasta el 30 de marzo de 2013) desde el 1 de abril de 2013 hasta que se
cancele totalmente la obligación.

37. En ese sentido, se estima que ya hubo un pronunciamiento al respecto, tal y

como lo advirtió el Tribunal en la parte considerativa de la sentencia recurrida, no
siendo dable reabrir el debate sobre si procede la indexación de los intereses
moratorios, ya que, se insiste, a través del auto de 14 de abril de 2021, proferido
en segunda instancia el Consejo de Estado adoptó una decisión.

38. Además, el juez de primer grado en la providencia que dio cumplimiento a la

citada decisión otorgó a la UGPP el término de 10 días hábiles para formular
excepciones en contra de la adición del mandamiento ejecutivo, oportunidad en
la que propuso las excepciones de caducidad y prescripción sin manifestar
razones o formular mecanismos de defensa sobre la indexación que se ordenó;
de ahí que mal puede la Sala pronunciarse nuevamente al respecto. Y si bien ello
fue fundamentado en el recurso de apelación, esta no es la oportunidad procesal
para esos efectos. Razón por la cual, la Sala se abstendrá de pronunciarse de
fondo sobre el particular.

2.4.2. Reparo de la caducidad de la acción ejecutiva

39. Tal como lo advirtió el Tribunal de primera instancia, tampoco es posible abrir

el debate de sí se configuró o no la caducidad en el caso concreto, ya que, a
través de la providencia con fecha de 16 de febrero de 2017 19, proferida en
segunda instancia por el Consejo de Estado en el caso de la referencia, se
concluyó que la demanda ejecutiva había sido presentada oportunamente.

40. En gracia de discusión, por ser una excepción propuesta luego de trabada la

litis, se advierte que en el escrito por el cual la recurrente descorrió el traslado
otorgado en el auto que libró el mandamiento de pago, se propuso entre otras, la
excepción de caducidad, bajo el supuesto de que el artículo 44 de la Ley 446 de
1998 estableció que el término de presentación de la demanda es de 5 años
contabilizados a partir de la exigibilidad del derecho.

41. Sin embargo, la Sala reitera que en este caso no se produjo el fenómeno de la
caducidad de la acción ejecutiva, dado que esta se suspendió mientras perduró
el proceso de liquidación de CAJANAL, esto es, entre el 12 de junio de 2009 y el
11 de junio de 2013. Por lo tanto, como la sentencia quedó ejecutoriada el 4 de
diciembre de 2006, su exigibilidad ocurrió el 4 de junio de 2008; por lo tanto, tenía
la parte ejecutante hasta el 4 de junio de 2013 para presentar la demanda, fecha
para la cual estaba suspendido el término de caducidad.

19 Folios 106 a 112 del expediente.

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42. Así las cosas, desde la exigibilidad de la obligación (4 de junio de 2008) hasta

el inicio del proceso de liquidación de CAJANAL (12 de junio de 2009), había
transcurrido un lapso de 1 año y 8 días, de la caducidad; y como esta se
suspendió hasta el 11 de junio de 2013, a partir del 12 de los mismos se reiniciaba
su conteo por el tiempo que faltaba para cumplir los cinco años, esto es, 3 años,
11 meses y 22 días, los cuales se cumplieron el 2 de junio de 2017, fecha hasta
la cual podía presentarse la demanda ejecutiva; la cual fue interpuesta el 13 de
septiembre de 2013, razón por la que en este caso no operó el fenómeno jurídico
de la caducidad, de ahí que, este reparo no tiene vocación de prosperidad.

43. Aunque en la providencia de 16 de febrero de 2017, se había pronunciado esta

Corporación frente a la caducidad, difieren las decisiones en cuanto a la fecha
límite para incoar la demanda ejecutiva, ello obedece a que en el reconteo luego
de terminado el proceso de liquidación de CAJANAL en aquella oportunidad no
se tuvo en cuenta los 18 meses de exigibilidad de la obligación. En todo caso, la
conclusión es la misma, pues para la fecha de presentación de la demanda no
había vencido el plazo para ello.

2.5. Problema jurídico

44.Le corresponde a la Sala analizar si por el proceso de liquidación de la Caja
Nacional de Previsión Social, ¿cesó para la administración la obligación de pagar
los intereses moratorios de que trata el artículo 177 del Código Contencioso
Administrativo derivados de la sentencia objeto de ejecución?

2.5.1. Decisión del problema jurídico

45. A pesar de que el Consejo de Estado en múltiples decisiones ha interpretado

que la toma de posesión con el propósito de liquidar una sociedad «constituye
fuerza mayor a la que no puede resistirse la sociedad objeto de la misma, y esta
circunstancia tal como lo declara la norma citada excluye el reconocimiento de
intereses moratorios»33, el debate giró en torno a la liquidación de sociedades
como consecuencia de procesos de liquidación forzosa administrativa, cuya
naturaleza es divergente al procedimiento que finalizó con la extinción de
CAJANAL.

46. Debido a ello, no le asiste la razón a la UGPP en su reproche, puesto que la

liquidación de la referida institución se originó en una decisión del presidente de
la República por razones político-administrativas, cuyos riesgos y en atención al
principio de responsabilidad del Estado, no pueden ser asumidos por el acreedor
particular, pues se afectaría el equilibrio de las cargas públicas, generándose un
daño antijurídico.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 9
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-25-000-2004-03995-03 (2754-2022)
Demandante: José Germán Arévalo Bonilla

47. La corporación,20 en los casos en los que la ejecutada ha efectuado reparos

frente a los intereses moratorios que se reconocen por el no pago de
obligaciones, a pesar del proceso liquidatorio que afrontó CAJANAL, ha señalado
lo siguiente:

«[…] Con fundamento en el anterior lineamiento, se concluye que en el presente
caso la UGPP no podía soportarse en razones de fuerza mayor para sustraerse
del pago de los intereses moratorios derivados de la tardanza en el cumplimiento
de una obligación de carácter laboral impuesta por la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, ya que Cajanal era una entidad de naturaleza pública, cuyas
condiciones de liquidación no la exoneraban de ese pago, so pena de poner en
riesgo el equilibrio ante las cargas públicas».

48. En consecuencia, el procedimiento de liquidación de la entidad ejecutada no

es razón legal para impedir la causación de intereses moratorios, frente a la no
satisfacción completa u oportuna de la obligación reclamada; conforme a la línea
jurisprudencial de esta Subsección y lo dispuesto en el artículo 177 del CCA. Por
consiguiente, no prospera el cargo planteado por la parte ejecutada, pues en el
período comprendido entre el 11 de junio de 2009 y el 12 de junio de 2013, sí
hubo causación de intereses a favor de la ejecutante21.

49. Por otra parte, el órgano de previsión social señaló que el período de
liquidación de los intereses sería a partir de la ejecutoria del fallo objeto de
ejecución y hasta la fecha efectiva de pago, sin embargo, no controvirtió ni
presentó algún elemento probatorio que permita variar lo resuelto por el Tribunal.

Ciertamente, en la sentencia apelada los intereses moratorios se liquidaron
desde el 5 de diciembre de 2006 (día siguiente a la ejecutoria) hasta el 30 de
marzo de 2013 (mes anterior al pago) y como la UGPP no presentó elementos
probatorios que permitan llegar a una conclusión diferente, no hay lugar a
modificar lo decidido.

2.6. De la condena en costas en segunda instancia

50. En anteriores oportunidades esta Sala de Subsección realizaba una valoración

objetiva para determinar si había, o no, lugar a condenar en costas, no obstante,
actualmente, con la entrada en vigor de la Ley 2080 de 2021, es procedente
verificar la carencia de fundamento legal.

51. En ese orden, pese a que se confirmará la sentencia de primera instancia, no

se condenará en costas en esta instancia, toda vez que las premisas plasmadas

20 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia

de 10 de marzo de 2022, radicado: 25000-23-42-000-2016-05723-01 (2459-2020). CP Rafael Francisco
Suárez Vargas.
21 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia

de 23 de abril de 2025, radicado: 25000-23-42-000-2015-02056-02 (0124-2025). CP Jorge Iván Duque
Gutiérrez.
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Radicado: 25000-23-25-000-2004-03995-03 (2754-2022)
Demandante: José Germán Arévalo Bonilla

en el recurso de alzada se esgrimieron en defensa de los intereses de la parte
recurrente, sin que se avizore una carencia de fundamento legal.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley.

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 24 de febrero de 2022 proferida por la
Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca por medio de la cual se ordenó seguir adelante con la ejecución,
de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO: Sin condena en costas en segunda instancia.

TERCERO: RECONOCER personería adjetiva al abogado Omar Trujillo Polanía,
identificado con cédula de ciudadanía 1.117.507.855 de Florencia y tarjeta
profesional 201.792 del C.S de la J., como apoderado judicial de la UGPP, en los
términos del poder conferido22.

CUARTO: RECONOCER personería adjetiva al profesional del derecho Edwin
Hernando Hernández Díaz, identificado con cédula de ciudadanía 1.117.823.073
del San Vicente del Caguán y tarjeta profesional 347.660 del C.S de la J., como
apoderado sustituto de la UGPP, en los términos del poder otorgado 23.

QUINTO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones pertinentes en el programa «SAMAI».

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA

22 Poder general visto en el índice 16 de Samai.
23 Sustitución de poder vista en el índice 16 de Samai.

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