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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-03487-02

Fecha
20 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-03487-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 25 de julio de 2024, proferida por la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual se ordenó seguir adelante con la ejecución, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva. SEGUNDO: Costas en segunda instancia a cargo de la ejecutada. TERCERO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones pertinentes en el programa «SAMAI».

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2016-03487-02

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

20 de noviembre de 2025

Radicado: 25000-23-42-000-2016-03487-01 (5924-2024)
Demandante: Daniel Julio Martínez Palomino

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C. veinte (20) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Medio de control: Ejecutivo
Radicación: 25000-23-42-000-2016-03487-01 (5924-2024)
Demandante: Daniel Julio Martínez Palomino
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –
UGPP

Tema: Apelación de sentencia que ordena seguir adelante con la
ejecución

Decisión: Confirma sentencia de primera instancia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide el
recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutada contra la sentencia de 25
de julio de 2024, proferida por la Subsección D de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordenó seguir adelante con la
ejecución a favor del señor Daniel Julio Martínez Palomino.

I. ANTECEDENTES

1.1. Pretensiones de la demanda

2. El señor Daniel Julio Martínez Palomino, formuló demanda ejecutiva con el fin
de lograr el cumplimiento de la sentencia de 14 de febrero de 2008, proferida por
la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca dentro del proceso de nulidad y restablecimiento radicado 25000-
23-25-000-2005-07613-00 instaurado contra la Caja Nacional de Previsión
Social, que fue confirmada y modificada por la sentencia de 18 de junio de 2009,
proferida por Subsección A, Sección Segunda del Consejo de Estado.

3. La sentencia ordenó liquidar la pensión de jubilación con la inclusión «como
factor salarial, además la asignación mensual, la prima técnica y la bonificación
especial, prima de vacaciones, prima de servicios, prima de navidad, sumas

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Demandante: Daniel Julio Martínez Palomino

devengadas en el último semestre de servicios, correspondientes al período
comprendido entre el 16 de septiembre de 1999 y el 16 de marzo de 2000, de
forma proporcional. La entidad demandada hará los descuentos
correspondientes a los aportes no efectuados». La reliquidación de las mesadas
debe ser actualizada. Por tratarse de pagos de tracto sucesivo debe efectuarse
mes a mes para cada mesada pensional.

4.El ejecutante solicitó el cumplimiento de las órdenes judiciales el 11 de junio
de 2010.

5. Explicó que, conforme las instrucciones del título y teniendo de presente los
factores devengados y certificados en el último semestre de servicio —entre el
16 de septiembre de 1999 y el 16 de marzo de 2000— el Ingreso Base de
Liquidación ascendía a $6.486.313,45 y su tasa de remplazo del 75% —y valor
de la primera mesada— ascendía $4.864.735,085, efectiva a partir del 21 de julio
de 2003.

6. Sin embargo, CAJANAL, en cumplimiento del fallo, expidió la Resolución UGM
005130 de 24 de agosto de 2011, que elevó la cuantía de la pensión a $2.732.204
(teniendo en cuenta que previo a la sentencia base de recaudo se pagaba como
mesada $1.310.150,12). Con esta decisión, la entidad no tuvo en cuenta las
proporciones correctas de los ordenados. La reliquidación de esta decisión se
incluyó en nómina en marzo de 2012, pagándose por concepto de mesadas e
indexación menos los descuentos por salud $203.114.526.95.

7. Posteriormente, la UGPP (en reemplazo de CAJANAL) a través de la
Resolución RDP 050707 de 31 de octubre de 2013, reliquidó nuevamente la
pensión y elevó la mesada a la suma de $3.552.869 efectiva a partir del 21 de
julio del mismo año, sin incluir el valor que, por concepto de prima de navidad y
bonificación especial, recibió el actor en el periodo de liquidación pensional. A
partir de esta resolución, se incluyó en el mes de diciembre de 2013 la novedad
en nómina de la reliquidación y se pagó, por concepto de diferencias de mesadas
pensionales e indexación, la suma de $152.016.758.79, luego de descuentos en
salud.

8. Reprochó, de igual modo, que los pagos realizados por la entidad no
incluyeron los rubros correspondientes a los intereses moratorios, conforme el
inciso 5 del artículo 177 del CCA.

9. Razón por la cual, solicitó que se librara mandamiento de pago contra la UGPP
por lo siguiente: i) $296.030.279.91 por concepto de diferencias de mesadas no
pagadas, liquidadas desde el 21 de julio de 2003 hasta el 31 de julio de 2016
(fecha de presentación de la demanda). Por diferencias de mesadas no pagadas,
liquidadas desde la presentación de la demanda hasta el día en que se nivele la
pensión en la forma ordenada en el fallo y se cumpla el pago integral del mismo.

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10. Por la suma de $20.806.067.88 por concepto de indexación sobre las
diferencias de mesadas causadas y no pagadas, liquidadas desde el 21 de julio
de 2003 hasta el 29 de enero de 2010, fecha de ejecutoria de la sentencia.

11. Por la suma de $280.625.578.34 por concepto de intereses moratorios que se

han generado desde: i) el 30 de enero de 2010 al 26 de marzo de 2012; ii) del 30
de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2013; iii) los intereses que se seguirán
causando desde el día siguiente de la ejecutoria del fallo hasta que se pague
integralmente las órdenes judiciales.

12. Dichas sumas deberán ser actualizadas desde la fecha en que cada pago se

incluyó en nómina hasta que se verifique el pago total de la misma. Y se condene
en costas.

1.2. Mandamiento de pago

13. El tribunal por auto del 12 de marzo de 2018 libró mandamiento ejecutivo en

contra de la UGPP y a favor del ejecutante por la suma de $693.099.081.30
conforme la liquidación elaborada por la contadora de la corporación, que se
incorporó al expediente.

14. La suma por la cual se libró mandamiento se escindió en los siguientes
conceptos: i) capital indexado a la fecha de ejecutoria de la sentencia, menos
descuentos en salud: $140.303.695,48; ii) intereses sobre el capital a la
ejecutoria de la sentencia: $227.305.696,21; iii) mesadas posteriores a la
ejecutoria de la sentencia, menos descuentos de salud: $157.853.661,02; iv)
intereses sobre la reliquidación realizada por la entidad con la Resolución 05130
de 2011: $ 78.257.811,02; v) intereses sobre la reliquidación realizada por la
entidad con la Resolución 050707 del 2013: $ 89.378.217,57.

15. Contra la anterior decisión, el accionante radicó apelación. Consideró que el a

quo no se pronunció respecto de los intereses moratorios causados sobre el total
de mesadas posteriores a la ejecutoria de la sentencia por la suma de
$157.853.661.02. También manifiesta inconformidad respecto al capital que
determina en la liquidación por concepto de intereses moratorios, de acuerdo con
las resoluciones que profirió la entidad en el año 2011, en cuanto a su monto que
es superior.

16. Dicho recurso fue resuelto de manera negativa por auto de 11 de marzo de

2022, proferido por el Consejo de Estado Sección Segunda Subsección A.

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1.3. Contestación de la demanda

17. La UGPP presentó escrito de defensa1 con las siguientes excepciones:

18. Pago. La entidad sostuvo que debía declararse probada la excepción de
pago total de la obligación, en la medida en que mediante la Resolución UGM
5130 del 24 de agosto de 2011 CAJANAL efectuó la liquidación del crédito en
cumplimiento de la sentencia proferida por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado el 18 de junio de 2009. En dicho acto se actualizó
la mesada pensional del actor en la suma de $2.732.204, con efectividad a partir
del 21 de julio de 2003.

19. En esta resolución se reliquidaron las mesadas pensionales atrasadas del
actor por un valor de $179.890.073,73, las cuales —según afirma la entidad—
fueron pagadas en marzo de 2012, generando un valor neto a pagar de
$205.395.091,90. Para acreditarlo, anexó copia del cupón de pago No. 137650
correspondiente al mes de marzo de 2012, expedido a favor del señor Daniel
Julio Martínez Palomino.

20. Posteriormente, la UGPP (como entidad sustituta de CAJANAL) profirió la
Resolución RDP 50707 del 31 de octubre de 2013, mediante la cual nuevamente
reliquidó la pensión del actor, fijándola esta vez en $3.552.869. Los valores
derivados de dicha resolución fueron incorporados en la nómina de pensionados
correspondiente al mes de diciembre de 2013, con una nueva reliquidación de
las sumas adeudadas que arrojó una cifra a pagar de $103.814.271,40.
Asimismo, se aportó el cupón de pago No. 66201 de diciembre de 2013, expedido
a favor del señor Daniel Julio Martínez Palomino, con un valor neto de
$157.580.901,25.

21. Caducidad de la acción ejecutiva. Trascribió el artículo 136, 177 del C.C.A.

299 del CPACA y 624 de la Ley 1564 de 2012, pero sin expresar porque se
configuró la caducidad.

22. Cobro de lo no debido. Aseguró que la entidad dio cumplimiento a las
sentencias que se ejecutan en los mismos términos en que sustentó la excepción
de pago.

23. Trámite para el pago de los valores dispuestos en sentencias –
cumplimiento de sentencias Genérica. Luego de referirse al Decreto 2469 de
2015, a los artículos 192 y 195 del CPACA señaló que se dio ese trámite en el
presente proceso, de manera que no se adeuda ningún concepto a la parte
demandante.

1 Folios 182 184, ídem.

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24. Intereses moratorios. Afirmó que teniendo en cuenta que en el fallo que se

ejecuta, no condena al reconocimiento de intereses según lo estipulado en el
Artículo 177 del C.C.A, si no a que se enviará copia de la sentencia a quien sea
competente para ejercer las funciones del ministerio público frente a la entidad
condenada; es que ni CAJANAL ni esta Unidad consideraron ordenar el pago de
intereses ya que los mismos no fueron objeto de condena.

25. Excepción genérica. En virtud de las facultades que confiere el Legislador al

señor Juez y si resultare probada alguna otra excepción, comedidamente solicito
sirva decretarla.

II. SENTENCIA APELADA

26. El tribunal dictó sentencia el 25 de julio de 2024, en la que ordenó seguir

adelante con la ejecución contra la UGPP por $693.099.081,30, conforme lo
ordenado en el mandamiento de pago, y dispuso que las partes presentaran la
liquidación del crédito de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 446 de la Ley
1564 de 2012. Así mismo, no condenó en costas.

27. En esta decisión se declaró no probada la excepción de pago, por las
siguientes razones: La entidad, en su contestación, afirmó haber satisfecho la
obligación mediante dos pagos efectuados con fundamento en las resoluciones
RDP 50707 del 24 de agosto de 2011 y RDP 50707 del 31 de octubre de 2013,
por valores de $203.614.073,65 y $152.683.262,29, respectivamente.

28. No obstante, al verificarse el estado del crédito se constató que, aunque la

entidad realizó dichos pagos, aún subsistían saldos insolutos en favor del actor.
Esto porque la Resolución RDP 50707 del 31 de octubre de 2013 reliquidó la
primera mesada del año 2000 en la suma de $3.552.869; sin embargo, conforme
la liquidación practicada en el curso del proceso se acreditó que la primera
mesada era superior, por lo que dicha diferencia generó un retroactivo pensional
adicional y valores posteriores que no habían sido cancelados.

29. En consecuencia, el Tribunal consideró que no era procedente imputar, dentro

del estado del crédito, los pagos realizados por la entidad por $203.614.073,65 y
$152.683.262,29, pues los valores respecto de los cuales se ordenó seguir
adelante con la ejecución correspondían a las diferencias pensionales y a los
intereses moratorios generados por la indebida reliquidación de la pensión al
ejecutar las órdenes judiciales objeto de recaudo.

30. Finalmente, el Tribunal explicó que la entidad ejecutada no liquidó los intereses

moratorios en los actos de cumplimiento, ni obra en el expediente constancia
alguna que indique su pago al actor, en los términos del artículo 177 del Código
Contencioso Administrativo.

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31. De otro lado, se declaró impróspera la excepción de caducidad, ya que la

demanda ejecutiva fue presentada dentro de la oportunidad que el ordenamiento
jurídico indica.

III. RECURSO DE APELACIÓN

32. Laparte ejecutada presentó escrito de apelación contra la sentencia de
primera instancia, solicitando que fuera revocada. Para tal fin, expuso los
siguientes argumentos:

33. Manifestó que en cumplimiento a la Resolución UGM 005130 del 24 de agosto

de 2011, por el cual se dio cumplimiento al fallo judicial proferido por el Consejo
de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda Subsección
A, se procedió, pagar en la nómina de marzo de 2012, un retroactivo de octubre
de 2011 indexado por valor de $179.990.073.73.

34. Indicóque posteriormente la mesada pensional indicada en la Resolución
UGM 005130 fue modificada por la Resolución RDP 050707 del 31 de octubre
de 2013, generando un nuevo capital. La RDP 050707 fue incluida en diciembre
de 2013 y en ese mismo mes se pagó un retroactivo indexado a la fecha de
ejecutoria de la sentencia de $103.814.271.40.

35. Afirmó que, el fallo judicial que ordenó reliquidar la pensión del señor Daniel

Julio, ni la Resolución UGM 005130 del 24 de agosto de 2011, que da
cumplimiento al fallo, o la RDP 050707 del 31 de octubre de 2013, su
modificatoria, reconocen y ordenan el pago de intereses moratorios. Así las
cosas, la entidad considera improcedente realizar el cálculo de intereses
moratorios. Sin embargo, realizó su cómputo del 29 de enero de 2010 hasta el
28 de febrero de 2012. Pero, como este lapso se encuentra totalmente inmerso
en el de liquidación de CAJANAL EICE, no procede su reconocimiento.

36. Que como la base de liquidación asciende a la suma $ 103.814.271,40, a partir

de la base de liquidación que se estima correcta para la liquidación de intereses
moratorios, la metodología de cálculo, por parte de esta Unidad de Pensiones y
Parafiscales, UGPP, toma en consideración los siguientes parámetros:

FECHA DE PRESENTACION 21/07/2003
FECHA DE EJECUTORIA 29/01/2010
FECHA DE SOLICITUD 11/06/2010
FECHA DE PAGO 30/11/2013
CAPITAL $103.814.271,40
INICIO PERÍODOS MUERTOS NO APLICA
FINAL PERÍODOS MUERTOS NO APLICA
MESES DE PLAZO PARA INICIO DE NO APLICA
PERÍODOS MUERTOS
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TIPO DE INTERES 177 CCA
VALOR ESTIMADO DE INTERÉS $12.886.292.36

37. Expresó que los intereses se calculan sobre las mesadas indexadas causadas

hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia declarativa (29 de enero de 2010), y
el período de cálculo va de la ejecutoria hasta la fecha efectiva de pago. No se
calculan intereses en el mes que se incluye en nómina, porque se considera que
no se causan, dados los tiempos establecidos para el reporte y pago de la
nómina.

38. Que la Unidad mediante Resolución RDP 23260 del 20 de septiembre de 2023,

modifica y adiciona el artículo séptimo de la Resolución RDP 050707 de 31 de
octubre de 2013, ordenando el pago de los intereses establecidos en el artículo
177 del C.P.A.C.A, (sic) a favor del ejecutante, los cuales fueron pagados el 28
de junio de 2024, en la suma de $12.886.292.36.

39. Agregó que la actualización y/o indexación del pago de los intereses
moratorios no es procedente teniendo en cuenta que el Consejo de Estado-Sala
de lo Contencioso Administrativo- Sección Segunda Subsección B, en
providencia del 28 de junio de 2018, con ponencia de la Dra. Sandra Lisset Ibarra
Vélez, señaló que el componente sancionatorio de los intereses moratorios lleva
implícita la actualización del capital, por lo que reconocer la indexación de las
sumas que resulten de intereses moratorios implica atribuir una doble
consecuencia a un solo hecho, razón por la cual resulta improcedente su
aplicación.

40. En consecuencia cuando el ente judicial liquida intereses sobre el valor que

resultó condenada la entidad, esto es, valor de las mesadas atrasadas indexadas
que se causaron desde la fecha de prescripción o efectividad de la prestación
hasta la fecha de ejecutoria del fallo, e incrementa periódicamente dicho valor
hasta su pago, está incurriendo en la prohibición legal del anatocismo, esto es,
capitalizar intereses, circunstancia que no fue ordenada ni en el título base de
ejecución ni en mandamiento de pago ni en la sentencia que ordenó seguir
adelante con la ejecución.

41. Por lo anterior, solicitó aplicar la sentencia del Consejo de Estado de fecha 30

de mayo de 2024, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda,
Subsección B, consejero ponente Juan Enrique Bedoya Escobar, acción:
ejecutiva Expediente No. 25000-23- 42-000-2016-02688-01 (0230-2022).

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1.7 Trámite de segunda instancia

42. El 9 de diciembre de 2024, se admitió el recurso de apelación2 y se dispuso

que, de no presentarse solicitud probatoria en esta instancia, el proceso
regresaría al despacho para fallo.

Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no
observando la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
resuelve la alzada, previas las siguientes,

IV. CONSIDERACIONES

4.1. Competencia

43. El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación

interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo3, y 322 del CGP.

44. De tal modo que, como en este asunto solamente recurrió la decisión proferida

en primera instancia la parte ejecutada, la competencia se limitará a los reparos
efectuados en su recurso.

4.2. Generalidades del proceso ejecutivo y los requisitos del título ejecutivo

45. El proceso ejecutivo ha sido definido como el medio procesal para que un

acreedor, de modo coercitivo, haga efectiva una obligación o un derecho del que
es titular ante un deudor que se rehúsa a su cumplimiento. Es decir, «es el medio
para que el acreedor haga valer el derecho (que conste en un documento
denominado título ejecutivo) mediante la ejecución forzada»4.

46. En esta clase de procesos no se busca el reconocimiento de un derecho
subjetivo, sino que está dirigido a obtener el cumplimiento de una obligación que
consta en un documento que da plena fe de su existencia, siendo el título «el
documento principal a partir del cual se desarrolla el proceso ejecutivo».5 Su
definición y requisitos se encuentran en el artículo 422 del CGP, antes 488 6 del
CPC, en los siguientes términos:

2 Índice 00004 SAMAI.
3 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
4 Consejo de Estado, Sección Cuarta, providencia del 15 de noviembre de 2017, radicado 54001 23 33 000

2013 00140 01(22065), M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez. Ver también Consejo de Estado, Sección
Primera, providencia del 12 de julio de 2018, radicado 81001 23 33 003 2017 00042 01, M.P. María Elizabeth
García González.
5 Sentencia T-704 de 2013. Igual concepto está en la sentencia T-996 de 2012.
6 «Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en

documentos que provengan del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra él, o las que
emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra
providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, o de las providencias que en procesos
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«TÍTULO EJECUTIVO. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones
expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor
o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una
sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de
otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben
liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás
documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no
constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el
artículo 184».

47. La norma consagra los requisitos del título ejecutivo: formales y sustanciales.

Los primeros hacen referencia a la prueba de la existencia de la obligación y
exigen que el título ejecutivo sea auténtico y que provenga del deudor, su
causante o de una providencia judicial.7 La autenticidad se refiere a la plena
identificación del creador del documento para que no haya duda del deudor y el
juez tenga certeza de quién lo suscribió8.

48. Los segundos exigen que en el título ejecutivo se refleje en favor del ejecutante

una obligación clara, expresa y exigible. Es expresa si se encuentra especificada
en el título y no es el resultado de una presunción legal o de una interpretación;
clara si sus elementos aparecen inequívocamente señalados y no hay duda con
respecto al objeto o sujetos de la obligación, esto es fácilmente inteligible y se
entiende en un solo sentido; y, exigible si la ejecución no depende del
cumplimiento de un plazo o condición o siempre que estos se hubiesen
cumplido9.

49. Estos requisitos deben cumplirse en su totalidad y en los términos enunciados,

de modo que del título se concluya sin duda alguna la existencia de la obligación,
su claridad y que ya es exigible. Así entonces, cuando el juez verifica que el

contencioso - administrativos o de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares
de la justicia.
La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el
interrogatorio previsto en el artículo 294.»
7
Sobre los requisitos formales del título se puede consultar la siguiente jurisprudencia: Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 27 de agosto de 2015. Radicado: 200012331000 2011-
00548 01 (2586 – 2013). Consejera ponente Sandra Lisset Ibarra Vélez. «[…] que se trate de documentos
que tengan autenticidad, que emanen de autoridad judicial, o de otra clase si la ley lo autoriza, o del propio
ejecutado o causante cuando aquel sea heredero de este y los segundos, que de esos documentos aparezca
a favor del ejecutante o de su causante y a cargo del ejecutado o de su causante, una obligación clara
expresa, exigible y además líquida o liquidable por simple operación aritmética si se trata de pagar una suma
de dinero». Ver también: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
sentencia de 31 de mayo de 2018, Consejera ponente María Elizabeth García González, Radicación: 11001
03 15 000 2018 00824 00. A su vez la Sección Tercera del Consejo de Estado señaló: «Que además de
esos requisitos el documento debe reunir dos condiciones formales: i) la autenticidad y ii) que proceda del
deudor o de su causante, o de una sentencia judicial condenatoria, o de cualquier otra providencia judicial
que tenga fuerza ejecutiva». Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, providencia de 8 de junio
de 2016, radicado 27001 23 31 000 2012 00086 01(47539), M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa (E).
8 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 14 de mayo de 2014, radicado 33.586.
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, consejera ponente Carmen

Teresa Ortiz de Rodríguez, auto de 26 de febrero de 2014, Radicado: 25000 23 27 000 2011 00178 01
(19250), actor: Clínica del Country S.A. En esta providencia se citó la siguiente doctrina: Velásquez G., Juan
Guillermo. Los procesos ejecutivos. (2006). Medellín: Librería Jurídica Sánchez R. Ltda.
También puede consultarse la siguiente jurisprudencia: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A, 26 de julio de 2018, radicado 41001 23 31 000 2010 00139 01(0490-16), M.P. Rafael Francisco Suarez
Vargas.
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Demandante: Daniel Julio Martínez Palomino

documento cumple con los requisitos enunciados, debe emitir la orden de pago
en contra de la parte ejecutada, pues así lo dispone el artículo 430 del CGP 10,
antes 497 del CPC11.

50. De acuerdo con lo anterior, el título ejecutivo es el documento necesario para

que pueda incoarse y darse trámite al proceso ejecutivo. Además, conforme lo
dispone el artículo 422 del CGP12, antes 488 del CPC, i) es la prueba de la
existencia de la obligación, la cual debe ser expresa, clara y exigible; y ii) señala
con certeza el obligado a cumplirla, por lo que constituye plena prueba contra el
adeudado, por provenir de él o de su causante o de cualquiera de las
providencias enunciadas en dicha norma. En tal sentido, debe entenderse que
las sentencias ejecutoriadas que condenen a una entidad al pago de suma de
dinero constituyen un título ejecutivo.

4.3. Intereses moratorios

51. Los intereses por mora constituyen la sanción en cabeza del deudor que
incumple la obligación de pagar a tiempo una suma de dinero y se reconoce a
título indemnizatorio, bajo la modalidad de lucro cesante, a favor del acreedor de
esta; de modo que su carácter es punitivo y resarcitorio. Por tanto, se entienden
como la indemnización de perjuicios por la demora en el cumplimiento de la
prestación y se causan por ministerio de la ley, sin ser necesario pago alguno y
tampoco se requiere prueba del perjuicio más allá del retardo.

52. Igualmente, otro elemento distintivo de dicho concepto es su exigibilidad junto

con la obligación principal y se adeudan mientras no se reconozca lo debido, en

10«Artículo 430. Mandamiento ejecutivo. Presentada la demanda acompañada de documento que preste

mérito ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma
pedida, si fuere procedente, o en la que aquel considere legal.
Los requisitos formales del título ejecutivo sólo podrán discutirse mediante recurso de reposición contra el
mandamiento ejecutivo. No se admitirá ninguna controversia sobre los requisitos del título que no haya sido
planteada por medio de dicho recurso. En consecuencia, los defectos formales del título ejecutivo no podrán
reconocerse o declararse por el juez en la sentencia o en el auto que ordene seguir adelante la ejecución,
según fuere el caso.
Cuando como consecuencia del recurso de reposición el juez revoque el mandamiento de pago por ausencia
de los requisitos del título ejecutivo, el demandante, dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria
del auto, podrá presentar demanda ante el juez para que se adelante proceso declarativo dentro del mismo
expediente, sin que haya lugar a nuevo reparto. El juez se pronunciará sobre la demanda declarativa y, si la
admite, ordenará notificar por estado a quien ya estuviese vinculado en el proceso ejecutivo.
Vencido el plazo previsto en el inciso anterior, la demanda podrá formularse en proceso separado.
De presentarse en tiempo la demanda declarativa, en el nuevo proceso seguirá teniendo vigencia la
interrupción de la prescripción y la inoperancia de la caducidad generados en el proceso ejecutivo.
El trámite de la demanda declarativa no impedirá formular y tramitar el incidente de liquidación de perjuicios
en contra del demandante, si a ello hubiere lugar».
11 «Presentada la demanda con arreglo a la ley, acompañada de documento que preste mérito ejecutivo, el

juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida si fuere
procedente, o en la que aquél considere legal».
12 «Artículo 422. Título ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y

exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena
prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier
jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben
liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale
la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en
el interrogatorio previsto en el artículo 184».
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consecuencia, tienen un propósito compensatorio del daño generado por el
acreedor a través de la fijación de una tarifa consagrada por el legislador.

4.4. Caso concreto

53. El artículo 1616 del Código Civil, sobre la responsabilidad del deudor en la

causación de intereses moratorios, contempló que «la mora producida por fuerza
mayor o caso fortuito no da lugar a indemnización de perjuicios»13.

54. A pesar de que el Consejo de Estado en múltiples decisiones ha interpretado

que la toma de posesión con el propósito de liquidar una sociedad «constituye
fuerza mayor a la que no puede resistirse la sociedad objeto de la misma, y esta
circunstancia tal como lo declara la norma citada excluye el reconocimiento de
intereses moratorios»14, el debate giró en torno a la liquidación de sociedades
como consecuencia de procesos de liquidación forzosa administrativa, cuya
naturaleza es divergente al procedimiento que finalizó con la extinción de
CAJANAL.

55. Debido a ello, no le asiste la razón a la UGPP en su reproche, puesto que la

liquidación de la referida institución se originó en una decisión del presidente de
la República por razones político-administrativas, cuyos riesgos y en atención al
principio de responsabilidad del Estado, no pueden ser asumidos por el acreedor
particular, pues se afectaría el equilibrio de las cargas públicas, generándose un
daño antijurídico.

13 Artículo 1616 del Código Civil. Responsabilidad del deudor en la causación de perjuicios. «Si no se

puede imputar dolo al deudor, solo es responsable de los perjuicios que se previeron o pudieron preverse al
tiempo del contrato; pero si hay dolo, es responsable de todos los perjuicios que fueron consecuencia
inmediata o directa de no haberse cumplido la obligación o de haberse demorado su cumplimiento.
La mora producida por fuerza mayor o caso fortuito, no da lugar a indemnización de perjuicios.
Las estipulaciones de los contratantes podrán modificar estas reglas».
14 Entre otros pronunciamientos, se pueden consultar los siguientes: Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección cuarta: i) sentencia de 25 de junio de 1999, radicación 25000-23-27-
000-12248-01 (9425), CP Daniel Manrique Guzmán. En esta providencia se reitera el criterio expuesto en
fallo de 15 de febrero de 1985, también de la sección cuarta de esta Corporación, expediente 8872, CP
Carmelo Martínez Conn, en la que se concluyó: «El acto demandado, especialmente la Resolución 4513
de 12 de agosto de 1981, invoca como fundamento legal de la negativa a ordenar el pago de intereses
moratorios, el artículo 822 del Código de Comercio, conforme al cual “los principios que gobiernan la
formación de los actos y contratos y las obligaciones de derecho civil, sus efectos, interpretación, modo de
extinguirse, anularse o rescindirse, serán aplicables a las obligaciones y negocios jurídicos mercantiles, a
menos que la ley establezca otra cosa”, de suerte que como según la ley civil -artículo 1° de la Ley 95 de
1890-, constituye fuerza mayor, “los actos de autoridad ejercidos por funcionarios públicos”, y conforme al
inciso 2° del artículo 1616 del Código Civil, “la mora producida por fuerza mayor o caso fortuito, no da lugar
a indemnización de perjuicios”, se concluye que la toma de posesión de los haberes y de la administración
de una empresa por parte de la Superintendencia Bancaria, constituye fuerza mayor, la que no genera
intereses de mora a cargo de la persona intervenida conforme lo declara el citado inciso 2° del artículo 1616
del Código Civil»; (ii sentencia de 14 de octubre de 2004, radicación 25000-23-27-000-2001-2277-
01(13926), CP María Inés Ortiz Barbosa; y iii) sentencia de 26 de julio de 2007, expediente 25000-23-27-
000-2003-00369-01(15002), CP Juan Ángel Palacios Hincapié y de la sección primera: (i sentencia de 10
de julio de 2014, radicación 13001-23-31-000-2004-01258-01, CP Marco Antonio Velilla Moreno; y ii) fallo
de 16 de abril de 2015, expediente 08001-23-31-000-2007-00734-01, CP María Claudia Rojas Lasso.
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56. LaCorporación15 en los casos en los que el órgano de previsión social
demandado argumentó que no se causaron intereses moratorios como
consecuencia del procedimiento liquidatorio de CAJANAL, ha señalado lo
siguiente:

«[…] Con fundamento en el anterior lineamiento, se concluye que en el presente
caso la UGPP no podía soportarse en razones de fuerza mayor para sustraerse
del pago de los intereses moratorios derivados de la tardanza en el cumplimiento
de una obligación de carácter laboral impuesta por la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, ya que Cajanal era una entidad de naturaleza pública, cuyas
condiciones de liquidación no la exoneraban de ese pago, so pena de poner en
riesgo el equilibrio ante las cargas públicas».

57. Por lo tanto, como en la sentencia invocada como título ejecutivo se analizó

el derecho a la reliquidación de la pensión de jubilación, su naturaleza exige un
examen diferenciado para salvaguardar las garantías mínimas y la seguridad
social en pensiones, lo cual imposibilita que por razones de fuerza mayor se
aplique el artículo 1616 del Código Civil para evitar el pago de intereses
moratorios causados en la demora de cumplimiento de una obligación de índole
laboral, toda vez que CAJANAL ostentaba la categoría de institución pública y
sus condiciones de liquidación no la exoneraron del pago.

58. Así las cosas, no prospera el cargo planteado por la parte ejecutada en el

sentido de que se suspendió la generación de intereses en el período de 11 de
junio de 2009 y hasta el 12 de junio de 201316.

59. De manera subsidiaria, el recurrente sostuvo que los intereses moratorios
debían calcularse sobre la suma de $103.814.271,40, que, a su juicio,
corresponde al valor de las mesadas indexadas debidas a la fecha de ejecutoria
de la sentencia base de recaudo (29 de enero de 2010), reconocidas mediante
la Resolución RDP 050707 del 31 de octubre de 2013. Señala que la entidad
calculó dichos intereses entre el 13 de junio de 2013 y el 30 de noviembre de
2013, obteniendo la suma de $12.886.292,36, la cual fue pagada el 28 de junio
de 2024 según la constancia obrante en el expediente.

60. La Sala se aparta del criterio del apelante, puesto que los intereses
moratorios no deben contabilizarse únicamente sobre el pago parcial de
$103.814.271,40 efectuado con fundamento en la Resolución RDP 050707 del
31 de octubre de 2013. Ello se debe a que los valores reconocidos mediante
dicha resolución, así como los cancelados en virtud de la Resolución UGM 05130
del 24 de agosto de 2011 por $179.890.073,73, se basaron en una reliquidación
pensional inferior a la realmente correspondiente, conforme las operaciones

15 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia

de 10 de marzo de 2022, radicado: 25000-23-42-000-2016-05723-01 (2459-2020). CP Rafael Francisco
Suárez Vargas.
16 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia

de 23 de abril de 2025, radicado: 25000-23-42-000-2015-02056-02 (0124-2025). CP Jorge Iván Duque
Gutiérrez.
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aritméticas practicadas en este proceso. En consecuencia, los intereses
moratorios deben calcularse, únicamente, sobre la totalidad de los valores
adeudados a la fecha de ejecutoria de la sentencia base de recaudo17, tal como
se expone a continuación:

61. A través de la Resolución UGM 05130 del 24 de agosto de 2011, la extinta
CAJANAL, en cumplimiento de la sentencia objeto de recaudo, reliquidó y pagó
el retroactivo pensional indexado desde el 21 de julio de 2003 hasta la fecha de
ejecutoria del título (29 de enero de 2010), pasando la primera mesada pensional
de $1.310.150 a $2.732.204. Con base en ello, en marzo de 2012 se pagó el
retroactivo pensional indexado hasta la ejecutoria de la sentencia, por un valor
total de $179.890.073,73, según los cálculos aportados con la contestación
demanda así:

62. Posteriormente, el 31 de octubre de 2013 la UGPP corrigió dicha
reliquidación mediante la Resolución RDP 050707, pasando la primera mesada
de 2003 de $2.732.204 a $3.552.869,00. En consecuencia, reliquidó y pagó las
diferencias de este retroactivo pensional indexado correspondiente al período
que se extiende entre el 21 de julio de 2003 y el 29 de enero de 2010, lo cual
arrojó la suma de $103.814.271,40. Los cálculos respectivos fueron aportados
con la contestación de la demanda, así:

17 Conforme lo ordenado en el auto del 11 de marzo de 2022, proferido por esta Subsección al resolver el

recurso de apelación presentado por el ejecutante contra el auto que libró mandamiento de pago. En detalle,
esta providencia sobre la causación de intereses en este proceso dijo lo siguiente: «En ese sentido, se
entiende que el juez de primera instancia acató la orden dispuesta en la sentencia, pues reconoció la suma
de $227.305.696,21 por concepto de intereses moratorios generados a partir de la ejecutoria de la sentencia,
debido al pago tardío de la entidad demandada y la equivocada liquidación de la pensión de jubilación del
actor, por lo tanto, no hay lugar a reconocer valor alguno con relación a la suma de $157.853.661,02,
esto es, el total de mesadas posteriores a la sentencia, teniendo en cuenta que, después de la
ejecutoria de la providencia, las mesadas que se cancelen serán objeto de indexación, sin que se
generen intereses de la suma que resultare».
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63. No obstante, al librarse el mandamiento de pago se constató que la mesada
pensional del demandante fue indebidamente liquidada en los actos de
cumplimiento mencionados, dado que su valor para el año 2003 ascendía a
$4.801.882,70 y no a $3.552.869,00, como se estableció en la Resolución RDP
050707 de 31 de octubre de 2013. Debido a ello, tanto en el mandamiento de
pago como en la sentencia apelada se calculó el retroactivo pensional indexado
no reconocido en las resoluciones de cumplimiento, entre el 21 de julio de
2003 y el 29 de enero de 2010, el cual ascendió a $140.303.695,4818.

64. Sobre este valor ($140.303.695,48) en la sentencia apelada se calcularon los
intereses moratorios causados desde el 30 de enero de 2010 (día siguiente a la
ejecutoria de la sentencia) hasta el 31 de julio de 2016 (fecha de la liquidación en
primera instancia), que arrojaron la suma de $227.305.696,2119.

65. Igualmente, se calcularon los intereses moratorios causados sobre el primer
retroactivo reconocido por CAJANAL por la suma de $179.890.073,73 en favor
del actor mediante la Resolución UGM 05130 del 24 de agosto de 2011 —valor
que, descontados los aportes a salud, ascendió a $161.132.038,72—. Dichos
intereses se calcularon desde el 30 de enero de 2010 hasta el 26 de marzo de
2012 (fecha en que se realizó el pago del retroactivo), así:

66. Esta operación arrojó, para este período, un valor a reconocer por intereses
de $78.257.811,0220.

67. Acto seguido, se calcularon los intereses moratorios causados entre el 30 de
enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2013 (fecha del pago) sobre el retroactivo
indexado derivado de la reliquidación pensional efectuada mediante la

18 Pág. 13 sentencia de primera instancia.
19 Pág. 16 sentencia de primera instancia.
20 Pág. 17 sentencia de primera instancia.

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Resolución 050707 del 31 de octubre de 2013 por $103.814.271,40, cuyo valor
—descontados los aportes a salud— correspondió a $92.994.545,52, así:

68. La anterior operación arrojó un valor a reconocer por intereses, para el
período comprendido entre el 30 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2013,
por las diferencias del retroactivo reconocido con la Resolución 050707 del 31 de
octubre de 2013, por $89.378.217,5721.

69. Bajo este marco, es claro que no le asiste razón a la entidad cuando
sostiene que, para el cálculo de los intereses moratorios, solo debe considerarse
como capital el retroactivo pensional reconocido mediante la Resolución 050707
del 31 de octubre de 2013 por $103.814.271,40. Como se aprecia del recuento
efectuado, dicha suma representa únicamente una fracción del valor total de las
mesadas pensionales que debió devengar el actor entre el 21 de julio de 2003 y
el 29 de enero de 2010, en atención a las diferencias existentes entre la primera
reliquidación pensional —Resolución UGM 05130 del 24 de agosto de 2011— y
la realizada posteriormente mediante la Resolución 050707, con las cuales la
primera mesada pasó de $2.732.204 a $3.552.869,00 para el año 2003.

70. La interpretación del recurrente omite que, además del retroactivo reconocido
mediante la Resolución 050707 del 31 de octubre de 2013, existe la primera
actualización pensional realizada en la Resolución UGM 05130 del 24 de agosto
de 2011, donde la primera mesada pasó de $1.310.150 a $2.732.204, y los
valores que se siguieron causando hasta la ejecutoria de la sentencia base de
recaudo (29 de enero de 2010), cuyo valor total ascendió a $179.890.073,73.
También desconoce que en las resoluciones de 2011 y 2013 no se reconocieron
los intereses moratorios causados a favor del actor.

71. Igualmente, es claro que se causan intereses moratorios sobre las
diferencias existentes entre dichas liquidaciones previas y la operación
matemática practicada por el a quo en el curso del proceso, en la cual se
determinó que la primera mesada del actor ascendía a $4.801.882,70 y no a
$3.552.869,00 como se había indicado en la resolución de 2013. En otras
palabras, se generaron intereses sobre el retroactivo indexado adicional a los
reconocidos por la entidad a la fecha de ejecutoria del título, que ascendieron,
según los cálculos del tribunal, a $140.303.695,48.

21 Pág. 18 sentencia de primera instancia.

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72. En suma, entre la fecha de adquisición del estatus pensional del actor (21 de
enero de 2003) y el 29 de enero de 2010 (fecha de ejecutoria de la sentencia
objeto de recaudo) se generaron intereses moratorios en su favor por los
siguientes conceptos:

i) Por las diferencias entre los valores pagados como mesada pensional
antes del cumplimiento de la sentencia y los reconocidos en la
Resolución UGM 05130 del 24 de agosto de 2011. Estas diferencias
corresponden al retroactivo causado por el valor entre la pensión
efectivamente pagada antes del cumplimiento del fallo base de recaudo
($1.310.150) y la reconocida mediante dicha resolución ($2.732.204). El valor
total del retroactivo ascendió a $179.890.073,73, que —descontados los
aportes a salud— correspondió a $161.132.038,72. Los intereses sobre este
capital deben calcularse desde el día siguiente a la ejecutoria de la sentencia
(30 de enero de 2010) hasta su pago e inclusión en nómina (marzo de 2012),
y ascienden, según los cálculos del tribunal, a $78.257.811,02.

ii) Por las diferencias entre los valores reconocidos en la Resolución
UGM 05130 del 24 de agosto de 2011 y los reajustados mediante la
Resolución 050707 del 31 de octubre de 2013. Estas diferencias se derivan
del incremento de la mesada pensional mediante la resolución de 2013 de
$2.732.204 a $3.552.869,00. El retroactivo correspondiente ascendió a
$103.814.271,40, que —descontados los aportes a salud— correspondió a
$92.994.545,52. Los intereses sobre este valor se calculan desde el 30 de
enero de 2010 hasta la fecha de pago e inclusión en nómina (diciembre de
2013), y ascienden, conforme las operaciones del tribunal, a $89.378.217,57.

iii) Por las diferencias entre los valores reconocidos en la Resolución
UGM 05130 del 24 de agosto de 2011 y los reliquidados judicialmente en
el curso del proceso ejecutivo. Estas diferencias corresponden al valor entre
la mesada reconocida por la entidad en la resolución de 2013 ($3.552.869,00)
y la determinada correctamente en el mandamiento de pago, que fue tenida
en cuenta en la sentencia apelada ($4.801.882,70). Esta diferencia arrojó un
retroactivo indexado de $140.303.695,48 (a la fecha de ejecutoria de la
sentencia), descontados los aportes a salud. Los intereses sobre este capital
fueron calculados en primera instancia en $227.305.696,21 hasta el 31 de julio
de 2016. No obstante, dichos intereses continúan causándose hasta que se
acredite el pago total de la obligación por parte de la entidad ejecutada.

73. Ahora bien, la entidad indicó en el recurso de apelación que, por concepto de
intereses moratorios, pagó el 28 de junio de 2024 la suma de $12.886.292,36,
para lo cual allegó orden de pago presupuestal SIIF expedida a favor del actor
por dicho valor.

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74. Al respecto, debe señalar la Sala que dicha constancia no es útil para
sustentar la excepción de pago de la obligación, pues fue allegada por fuera de
la oportunidad procesal prevista para contestar la demanda y aportar pruebas.
En todo caso, el pago efectuado no es suficiente para satisfacer los valores
adeudados al actor por concepto de capital e intereses.

75. Sin perjuicio de lo anterior, dicho pago debe ser tenido en cuenta al momento
de realizar la liquidación del crédito; sin embargo, su imputación no se hará en
los términos solicitados por el recurrente, sino conforme a lo previsto en el artículo
1653 del Código Civil, esto es, imputando primero a intereses y luego a capital.

76. En efecto, esta Subsección, al conocer de procesos ejecutivos cuyo título base

de recaudo es una sentencia judicial que reconoce el pago de acreencias
pensionales, ha interpretado lo siguiente:

«En ese escenario, la Sala advierte que no existe una norma jurídica especial que
permita determinar cómo deben distribuirse los pagos que realiza el Estado para
satisfacer las obligaciones que están a su cargo, consignadas en documentos que
presten mérito ejecutivo, si primero a capital y luego a intereses o viceversa.

Por lo anterior, de acuerdo con el artículo 8 de la Ley 153 de 1887, «cuando no
hay ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicarán las leyes que
regulen casos o materias semejantes, y en su defecto, la doctrina constitucional y
las reglas generales de derecho». Así las cosas, a falta de una norma que regule
de manera especial la imputación de pagos cuando la parte deudora es una
entidad del Estado, resulta procedente acudir al artículo 1653 del Código Civil, ya
citado, según el cual, «[s]i se deben capital e intereses, el pago se imputará
primeramente a los intereses, salvo que el acreedor consienta expresamente que
se impute al capital».
[…]
En este punto, vale la pena precisar que, para la Sala, la regla señalada por el
artículo 1653 del Código Civil no viabiliza, per se, el anatocismo, ya que, una vez
imputado el pago a intereses y a capital, en ese orden, podrían seguirse causando
intereses de mora sobre el excedente que quede por concepto de capital, mas no
se trataría de intereses calculados sobre intereses. Además, considerar la eventual
inconveniencia de aplicar la norma mencionada, por la razón aludida, implicaría
asumir que el Código Civil incurre en contradicción, pues prohíbe el anatocismo y,
a la vez, lo permite a través del procedimiento de imputación de pagos, lo cual no
es acertado»22.

77. Igualmente, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia

concluyó que, si las administradoras de fondos pensionales efectúan la
imputación de pagos a los particulares a intereses y a capital, no había ninguna
justificación de no aplicar la regla en las oportunidades en que la obligación
debiera satisfacerse por la institución, dando alcance al artículo 53 del Decreto

22 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Expediente

25000-23-42-000-2015-01326-02 (0618-2021) CP Rafael Francisco Suárez Vargas.
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Radicado: 25000-23-42-000-2016-03487-01 (5924-2024)
Demandante: Daniel Julio Martínez Palomino

1406 de 199923 que señala como la norma que de manera expresa consagra la
imputación de pagos en materia pensional, en los siguientes términos:

«[…] si las administradoras de pensiones tienen la facultad de imputar el pago de
un determinado período, en primer lugar, «al interés de mora por los aportes no
pagados oportunamente y correspondientes al período declarado», no hay
fundamento válido para no asumir que cuando esa misma entidad no ha procedido
con la diligencia y el cuidado que le impone su condición de administradora de un
sistema que involucra en muchos casos derechos fundamentales, deba impartirse
la misma solución, de suerte que si, como en el caso actual, se presenta una
tardanza aproximada de 3 años, los intereses moratorios que, como ya se dijo, se
causan una vez vencido el plazo de 4 meses contados desde la petición, deben
cubrirse antes de proceder al abono del retroactivo pensional, y en ese sentido
abona a la definición lo establecido en el artículo 1659 [1653] del Código Civil,
según el cual «Si se deben capital e intereses, el pago se imputará primeramente
a los intereses, salvo que el acreedor consienta expresamente que se impute al
capital»24.

78. En consecuencia, los pagos de títulos ejecutivos que provengan de sentencias

proferidas por esta jurisdicción deben aplicarse primero a intereses y luego a
capital, cuando la entidad obligada efectúa algún abono en cumplimiento de la
obligación reclamada; los que una vez satisfechos dan paso a que se considere
el capital.

79. Por lo tanto, en criterio de la Sala, la aplicación del artículo 1653 del Código

Civil no constituye una decisión arbitraria ni extralimitación judicial, por el
contrario, es el efecto de la estructura legal de las obligaciones dinerarias que
guarda correspondencia con lo dispuesto en el artículo 53 del Decreto 1406 de
1999 en materia pensional.

80. En consecuencia, se desestimará este punto de reparo del recurrente y se

precisa que los abonos que realice la entidad al saldo insoluto de la obligación
deben imputarse primero a intereses y luego a capital.

81. Finalmente, frente al otro reparo formulado por el recurrente, relacionado con
que el tribunal aplicó anatocismo, así como la actualización y/o indexación del
pago de los intereses moratorios; la Sala advierte que ello no es cierto, pues, de
acuerdo a lo dicho en precedencia, se extrae que lo considerado por el a quo en
la providencia recurrida es que los intereses moratorios no habían sido
reconocidos por la entidad tanto sobre el capital previamente saldado con las
resoluciones de cumplimiento —cuyos saldos no hacen parte de este proceso—
como por las diferencias que se generaron sobre la correcta reliquidación

23 “Por el cual se adoptan unas disposiciones reglamentarias de la Ley 100 de 1993, se reglamenta
parcialmente el artículo 91 de la Ley 488 de diciembre 24 de 1998, se dictan disposiciones para la puesta
en operación del Registro Único de Aportantes al Sistema de Seguridad Social Integral, se establece el
régimen de recaudación de aportes que financian dicho Sistema y se dictan otras disposiciones.”
24 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia SL9854-2014 de 16 de julio de 2014,

Radicado 41756. MP Elsy del Pilar Cuello Calderón. Tesis reiterada en la Sentencia SL4104-2018 proferida
el 15 de agosto de 2018 dentro del radicado 66214, M.P., Donald José Dix Ponnefz.
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pensional hasta la ejecutoria del fallo25. Por lo tanto, estaba en la obligación de
pagarlos en los términos indicados en el mandamiento de pago.

82. De tal manera que, como los reparos del recurso no prosperaron, se
confirmará la sentencia apelada.

4.5. De la condena en costas en segunda instancia

83. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la

Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

84. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de

2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

85. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida, que en este

caso es la parte ejecutada, por no haber prosperado los argumentos de su
recurso; la liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP
teniendo en cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del
CPACA.

86. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias
en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las
expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

25 «Ahora bien, revisadas las resoluciones UGM 5130 del 14 de agosto y de 2011 y la RDP 050707 del 31

de octubre de 2013 por medio de las cuales se dio cumplimiento parcial de la sentencia base de ejecución,
se advierte que no fueron liquidados los intereses moratorios ordenados, y al no encontrarse en el plenario
prueba que indique que dichos intereses fueron pagados por la entidad ejecutada, la Sala concluye que a la
fecha esta obligación aún se encuentra insatisfecha».
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Demandante: Daniel Julio Martínez Palomino

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 25 de julio de 2024, proferida por la
Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, por medio de la cual se ordenó seguir adelante con la ejecución,
de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO: Costas en segunda instancia a cargo de la ejecutada.

TERCERO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones pertinentes en el programa «SAMAI».

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA

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