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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-01443-02

Fecha
5 de marzo de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2017-01443-02

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

5 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Demanda ejecutiva
Radicación: 25000-23-42-000-2017-01443-02 (3919-2022)
Demandante: Ligia Camargo de Cerón
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Tema: proceso ejecutivo. Subtema 1: providencia judicial como título ejecutivo.
Subtema 2: excepción de prescripción. Subtema 3: interrupción en la causación de
los intereses moratorios

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, el 11 de noviembre de 2021, que declaró no probada la excepción de
prescripción y ordenó seguir adelante con la ejecución.

1. Síntesis del caso

La señora Ligia Camargo de Cerón presentó demanda ejecutiva con el propósito de
obtener el pago de los intereses moratorios causados respecto de las diferencias
sufragadas con ocasión de la reliquidación de su pensión de jubilación, a la que fue
condenada la Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal) en la sentencia del 4 de
septiembre de 2008, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Dicha
corporación declaró no probada la excepción de prescripción, en atención a la decisión
adoptada por el Consejo de Estado mediante proveído del 28 de marzo de 2019, que
revocó la providencia con la que inicialmente se había rechazado la demanda por
caducidad, al estimar que esta no operó, dada la suspensión de términos que generó
la liquidación de esa entidad estatal.

Radicación: 25000-23-42-000-2017-01443-02 (3919-2022)
Demandante: Ligia Camargo de Cerón
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, UGPP

2. Antecedentes

2.1. La demanda

1. Ligia Camargo de Cerón, mediante apoderado, presentó demanda ejecutiva el
11 de enero de 20171, contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP), con el fin
de que se librara mandamiento de pago por las siguientes sumas:

1. Por la suma de CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS ($4.518.961) MCTE, por concepto de
intereses moratorios derivados de la sentencia judicial proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, la cual quedó debidamente ejecutoriada con
fecha 16 de marzo de 2009, intereses que se causaron en el periodo comprendido
entre el 17 de marzo de 2009 al 31 de octubre de 2011, de conformidad con el
inciso 5 del artículo 177 del C.C.A. (Decreto 01/84).

2. La anterior suma deberá ser indexada desde el 01 de diciembre de 2011, fecha
siguiente al mes de inclusión en nómina, hasta que se verifique el pago total de la
misma.

3. Se condene en costas a la parte demandada. [sic para toda la cita].

2.2. Trámite procesal en primera instancia

2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
rechazó la demanda por caducidad en auto del 6 de julio de 20172, el cual fue objeto
de recurso de apelación interpuesto por la señora Ligia Camargo de Cerón3 y
revocado por esta corporación mediante proveído del 28 de marzo de 2019 4, al
considerar que aquella se presentó dentro del término de cinco (5) años que establecía
el Código Contencioso Administrativo (CCA), luego de la suspensión de los plazos de
prescripción y caducidad ocasionada por el trámite de liquidación de Cajanal. En
consecuencia, a través de providencia del 11 de septiembre de 20195, el tribunal libró
mandamiento de pago, en los siguientes términos:

PRIMERO. LÍBRASE el mandamiento de pago solicitado por la señora LIGIA
CAMARGO DE CERÓN contra la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP, por los siguientes conceptos:

a) la suma de CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS
SESESNTA [sic] Y UN PESOS ($4.518.961) MCTE, por concepto de intereses
moratorios derivados de la sentencia judicial proferida por el Tribunal

1 Folios 1 a 10.
2 Folios 46 a 58.
3
Folios 59 a 70.
4 Folios 76 a 79.
5 Folios 86 a 91.

2

Radicación: 25000-23-42-000-2017-01443-02 (3919-2022)
Demandante: Ligia Camargo de Cerón
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, UGPP

Administrativo de Cundinamarca ejecutoriada el 16 de marzo de 2009, intereses
que se causaron en el periodo comprendido entre el 17 de marzo de 2009 y el 30
de octubre de 2011 de conformidad con el inciso 5 del artículo 177 del C.C.A.
b) Por la indexación de las sumas ordenadas en el literal anterior, para el periodo
comprendido entre el 1 de noviembre de 2011 y hasta la fecha del pago efectivo
de las sumas aquí determinadas.
c) Sobre las costas se resolverá en la sentencia.
[…].

3. Contra el anterior auto, la entidad ejecutada interpuso recurso de reposición 6,
en el que invocó la falta de legitimación en la causa por pasiva, la caducidad de la
acción ejecutiva y la inoperancia de los intereses moratorios durante el término de
liquidación de Cajanal del 12 de junio de 2009 al 31 de octubre de 2011, conforme a
los artículos 1615 y 1616 del Código Civil, por ser un hecho de fuerza mayor.

4. Mediante proveído del 5 de marzo de 20217, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, dispuso no reponer la precitada
providencia, al estimar que la demandada se encontraba legitimada en la causa por
pasiva para comparecer al proceso y la caducidad fue materia de examen por el
Consejo de Estado en el auto del 28 de marzo de 2019, por lo que no emitiría
pronunciamiento sobre este último aspecto.

5. Frente a la alegada inoperancia de los intereses moratorios, sostuvo que el
título ejecutivo era inmodificable sin importar las condiciones existentes al momento
de la ejecución de la condena; y en virtud del artículo 177 del CCA, las sentencias
generaban intereses de mora desde la ejecutoria hasta su pago efectivo, y el único
evento de suspensión que la norma previó fue aquel en el cual antes de los primeros
seis meses siguientes a la ejecutoria el acreedor no hubiere requerido al deudor para
el cumplimiento, por lo que no podía el juez desnaturalizar y modificar el título
ejecutivo, que una vez constituido ingresaba al patrimonio del acreedor. Igualmente,
no había operado la fuerza mayor, pues la expedición de normas que suprimían y
liquidaban entidades públicas no eran intempestivas ni imprevistas.

2.3. Contestación de la demanda

6. La UGPP8, a través de apoderada, propuso las siguientes excepciones:

7. Excepción de falta de legitimación en la causa, por cuanto la UGPP no sería
competente para el reconocimiento de los intereses moratorios, las costas procesales
y en general todo crédito en aquellos casos en los que se evidenciara que ha operado
el fenómeno jurídico de la caducidad, la prescripción o cuando el título ejecutivo cobró
firmeza antes del 24 de agosto de 2009 y el interesado no se hizo parte en el
procedimiento de liquidación de Cajanal.

6
Folios 99 a 102.
7 Folios 133 a 140.
8 Folios 103 a 109.

3

Radicación: 25000-23-42-000-2017-01443-02 (3919-2022)
Demandante: Ligia Camargo de Cerón
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, UGPP

8. Excepción de caducidad, conforme al artículo 44 de la Ley 446 de 1998, al
haber transcurrido más de 5 años contados a partir de los 18 meses siguientes a la
ejecutoria de la sentencia base de recaudo.

9. Excepción de prescripción, porque la obligación se hizo exigible y se consolidó
por el transcurso del tiempo y por la inactividad del titular del derecho, de conformidad
con la sentencia C-662 de 2004 de la Corte Constitucional y la jurisprudencia de la
Corte Suprema de Justicia.

10. Mediante auto del 6 de julio de 2021, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca dispuso correr traslado de la excepción de prescripción, mientras que
las de «falta de legitimación en la causa, caducidad de la acción y genérica» las
rechazó por improcedentes, al no estar previstas en el artículo 442 del Código General
del Proceso9.

2.4. Sentencia de primera instancia

11. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
en la sentencia del 11 de noviembre de 202110, resolvió:

PRIMERO. DECLARAR NO PROBADA LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN
propuesta por la ejecutada.

SEGUNDO. SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN en los términos del
mandamiento de pago contra la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES “UGPP”, únicamente por los
intereses de mora causados entre el 17 de marzo de 2009 y el 30 de octubre de 2011
de conformidad con el inciso 5 del artículo 177 del C.C.A.

TERCERO. PRACTIQUESE la liquidación del crédito conforme lo dispuesto en el
artículo 446 del C.G.P., concediéndole a las partes el término común de diez (10) días
para tal efecto.

CUARTO. SIN CONDENA EN COSTAS.

12. En relación con la excepción de prescripción, advirtió que estaba sustentada
sobre los mismos argumentos de la caducidad y que, por auto del 6 de julio de 2017,
el tribunal rechazó la demanda porque el título ejecutivo adquirió firmeza el 16 de
marzo de 2009, por lo que tenía hasta el 16 de septiembre de 2015 para presentar la
acción, pero lo hizo el 11 de enero de 2017; sin embargo, frente a dicha decisión la
actora interpuso recurso de apelación, resuelto por el Consejo de Estado el 28 de
marzo de 2019, que revocó ese proveído, dada la inexistencia del fenómeno jurídico
de la caducidad, en razón a la suspensión de términos que operó por la liquidación de
Cajanal; por ende, se libró mandamiento de pago el 11 de septiembre de 2019, sin
que ahora pueda resolverse de nuevo sobre el mismo asunto.

9 Folios 143 y 144.
10 Folios 166 a 172.

4

Radicación: 25000-23-42-000-2017-01443-02 (3919-2022)
Demandante: Ligia Camargo de Cerón
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, UGPP

13. Pese a lo anterior, aclaró que en auto del 12 de septiembre de 2019 (expediente
2015-01191-01) el Consejo de Estado acogió su criterio, al coincidir con que la
liquidación de Cajanal no interrumpe la caducidad de la acción ejecutiva. No obstante,
dentro del presente asunto, existía pronunciamiento «inter partes», emitido por esa
corporación, que no podía ser desconocido en esta instancia procesal. Por lo tanto,
no prosperaba la excepción de prescripción.

14. Por otro lado, sostuvo que, aun cuando en el mandamiento de pago se dispuso
indexar los intereses causados entre el 1.° de noviembre de 2011 y la fecha del pago
efectivo, por dicha indexación no se seguiría la ejecución, en virtud de la postura
expresada por el Consejo de Estado en la sentencia del 16 de agosto de 2018
(expediente 2014-00313). Por consiguiente, como el proceso ejecutivo versaba sobre
el reconocimiento de intereses de mora por el pago tardío de una sentencia judicial,
los cuales se liquidaban a la luz del artículo 177 del CCA, es decir, 1.5 veces el interés
bancario corriente, se entendía suficientemente compensada la pérdida del poder
adquisitivo del dinero pagado tardíamente por la ejecutada en noviembre de 2011,
cuando la mora cesó.

2.5. Recurso de apelación

15. La UGPP, mediante su apoderado, interpuso recurso de apelación11 para que
se revocara la sentencia de primera instancia, toda vez que, frente al reconocimiento
de los intereses moratorios del artículo 177 del CCA, operó la «caducidad», como
quiera que el fallo base de recaudo quedó ejecutoriado el 16 de marzo de 2009 y la
solicitud de pago de intereses se formuló el «6 de octubre de 2015», es decir, después
de 6 años, 6 meses y 21 días desde la firmeza de aquella providencia, conforme al
artículo 136 del CCA.

16. Afirmó que en el hipotético evento de resultar condenada la entidad al pago de
los intereses moratorios, solamente le puede asistir derecho a los que se causaron
entre el «17 de marzo» y el 11 de junio de 2009, «pues al interrumpirse el término de
caducidad de la acción también se interrumpió la causación de los intereses
moratorios, razón por la cual no hay lugar al reconocimiento de los intereses que
reclama la demandante desde el 12 de junio de 2009 hasta el 30 de octubre de 2011,
como quiera que dicho periodo aconteció en transcurso del proceso liquidatorio de
CAJANAL, circunstancia que por ser un hecho de fuerza mayor exime de la causación
de intereses».

17. Por lo anterior, concluyó que en el presente caso operó «la caducidad» y, en
tal sentido, se extinguió el derecho de acción por el paso del tiempo, ya que la actora
dejó vencer los plazos fijados por la ley en forma objetiva.

11 Folios 175 y 176.

5

Radicación: 25000-23-42-000-2017-01443-02 (3919-2022)
Demandante: Ligia Camargo de Cerón
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, UGPP

2.6. Trámite procesal en segunda instancia

18. Mediante auto del 22 de septiembre de 202212, el despacho ponente admitió el
recurso de apelación y, con proveído del 21 de septiembre de 202313, corrió traslado
para alegar de conclusión, conforme al numeral 4 del artículo 247 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante
CPACA), modificado por el artículo 623 del Código General del Proceso.

19. La parte demandada al descorrer el traslado reiteró los mismos argumentos
aducidos en el escrito de apelación y se refirió a la improcedencia de la condena en
costas14.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

20. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con
el artículo 150 del CPACA.

3.2. Cuestión preliminar

21. Previo a delimitar los problemas jurídicos a resolver en la presente providencia,
se advierte que, si bien en el recurso de apelación el apoderado de la UGPP solicitó
revocar la sentencia de primera instancia que declaró no probada la excepción de
prescripción, para lo cual, entre los dos reparos planteados, invocó la caducidad de la
acción, lo cierto es que, aunque mediante auto del 6 de julio de 2021 el tribunal
rechazó esta última por improcedente, por no estar prevista en el artículo 442 del
Código General del Proceso (CGP), en el fallo al resolver el medio exceptivo de la
prescripción se remitió al concepto de caducidad, al estimar que estaba sustentado
sobre los mismos argumentos.

22. En tal sentido, en aras del derecho de contradicción, como garantía del debido
proceso, la Sala procederá a verificar la prosperidad o no de la excepción de
prescripción, a partir de la argumentación atinente al ejercicio inoportuno de la
demandante, toda vez que el recurrente afirmó que a la fecha de la solicitud de
cumplimiento transcurrieron más de seis (6) años desde la exigibilidad de la obligación
(ejecutoria de la sentencia que comporta título ejecutivo), en coherencia con el escrito
de contestación de la demanda, en el que, al invocarla, también la soportó en la
inactividad del titular del derecho, en armonía con el concepto de prescripción extintiva
definido por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia.

12
Samai, índice 5.
13 Samai, índice 15.
14 Samai, índice 20.

6

Radicación: 25000-23-42-000-2017-01443-02 (3919-2022)
Demandante: Ligia Camargo de Cerón
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, UGPP

3.3. Problemas jurídicos

23. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra el
fallo de primera instancia y en razón a la competencia del juez de segunda instancia,
de conformidad con el artículo 32815 del CGP, corresponde a la Sala definir si:

24. ¿Resulta procedente declarar probada la excepción de prescripción propuesta
por la entidad demandada en la contestación de la demanda, al haber transcurrido
más de 6 años desde la ejecutoria del fallo base de recaudo y la solicitud de pago de
los intereses moratorios que se reclaman en este proceso?

25. De ser negativa la respuesta al anterior interrogante, ¿no es dable incluir los
intereses moratorios causados durante el trámite de liquidación de Cajanal, es decir,
entre el 12 de junio de 2009 y el 30 de octubre de 2013, al comportar un hecho de
fuerza mayor, que excluye su causación?

26. Para resolver los anteriores interrogantes, la Sala abordará los siguientes
temas: (i) formulación de excepciones cuando se trata de cobro de obligaciones
contenidas en una providencia judicial, (ii) la excepción de prescripción y (iii) los
intereses moratorios conforme al artículo 177 del CCA. A partir de las anteriores
consideraciones, (iv) se destacarán los hechos probados relevantes y (v) en el acápite
del caso concreto se resolverán los problemas jurídicos planteados.

3.4. Formulación de excepciones cuando se trata de cobro de obligaciones
contenidas en una providencia judicial

27. La formulación de excepciones debe someterse a las reglas previstas en el
artículo 442 del CGP, que en su numeral 2 establece: «cuando se trata de cobro de
obligaciones contenidas en una providencia, conciliación o transacción aprobada por
quien ejerza función jurisdiccional, solamente podrán alegarse las excepciones de
pago, compensación, confusión, novación, remisión, prescripción o transacción,
siempre que se basen en hechos posteriores a la respectiva providencia, la de nulidad
por indebida representación o falta de notificación o emplazamiento y la de pérdida de
la cosa debida».

28. En consecuencia, las únicas excepciones que pueden proponerse cuando el
título ejecutivo lo constituye una sentencia judicial, son las enunciadas en la norma
citada.

15 Código General del Proceso, artículo 328. «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá

pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba
adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. // Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la
sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. // En la apelación
de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar
copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. // En el trámite de la apelación no se
podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la
audiencia».

7

Radicación: 25000-23-42-000-2017-01443-02 (3919-2022)
Demandante: Ligia Camargo de Cerón
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, UGPP

3.5. La excepción de prescripción

29. Sea lo primero precisar que el artículo 2535 del Código Civil (CC) preceptúa la
prescripción extintiva, en los siguientes términos:

La prescripción que extingue las acciones y derechos ajenos exige solamente cierto
lapso de tiempo durante el cual no se hayan ejercido dichas acciones.

Se cuenta este tiempo desde que la obligación se haya hecho exigible.

30. En lo referente a la acción ejecutiva, el artículo 2536 del CC establece:

Prescripción de la acción ejecutiva y ordinaria. La acción ejecutiva se prescribe por
cinco (5) años. Y la ordinaria por diez (10).

La acción ejecutiva se convierte en ordinaria por el lapso de cinco (5) años, y
convertida en ordinaria durará solamente otros cinco (5).

Una vez interrumpida o renunciada una prescripción, comenzará a contarse
nuevamente el respectivo término.

31. Como lo ha reiterado la Subsección16, esta corporación precisó que la figura de
la prescripción extintiva en este tipo de asuntos opera cuando, como hecho jurídico,
se encuentra demostrado que el titular del crédito omitió acudir ante el juez de manera
oportuna para constreñir forzosamente al deudor a cumplir la obligación contenida en
un título ejecutivo17.

32. Ahora bien, el término de los 5 años previsto en el ordenamiento civil sirvió de
fundamento para esta jurisdicción de lo contencioso-administrativo, antes de que la
Ley 446 de 1998 —que modificó el artículo 136 del CCA— dispusiera ese mismo plazo
para la acción ejecutiva derivada de decisiones proferidas por esta misma jurisdicción,
el cual también se previó en el artículo 164 de la Ley 1437 de 201118.

33. Aunque la prescripción puede confundirse con la caducidad, lo cierto es que
difieren en relación con su naturaleza; la primera es de connotación sustancial,
mientras que la segunda es de carácter procesal19. Sobre el particular, esta
corporación20 ha explicado:

16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencias del 12 de septiembre de 2024, proceso con

radicado 25000-23-42-000-2016-05857-01 (2999-2021); y del 18 de julio de 2025, proceso con radicado 25000-
23-42-000-2018-01120-02 (1938-2024).
17 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de noviembre de 2004, proceso con radicado 25000-23-

36-000-2000-00990-01 (25976): «hecho jurídico comprobado de que el titular del derecho de crédito no acudió en
ejercicio del mismo ante el juez, que es la autoridad que puede constreñir forzadamente al deudor a cumplir una
obligación civil que se caracteriza por ser clara, expresa y actualmente exigible».
18
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 10 de octubre de 2022, proceso con radicado 20001-23-31-
000-2004-01917-03 (65260).
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 12 de septiembre de 2024, proceso con

radicado 25000-23-42-000-2016-05857-01 (2999-2021).
20 Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 27 de mayo de 2004, proceso con 19001-23-31-000-2002-00513-

01 (24371). Reiterada en la providencia de la cita anterior.

8

Radicación: 25000-23-42-000-2017-01443-02 (3919-2022)
Demandante: Ligia Camargo de Cerón
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, UGPP

Se debe tener en cuenta que la institución de la prescripción es diferente de la de
caducidad, por lo cual las normas que regulan una institución no pueden aplicarse a la
otra. La Corte Suprema de Justicia ha expuesto las diferencias entre caducidad y
prescripción, afirmando lo siguiente.

“(...) debe precisarse que si bien en la caducidad se ataca la acción y no el
derecho, mientras que en la prescripción se extinguen, tanto la acción como
el derecho, en ambos casos la ley atribuye este fenómeno al vencimiento de ciertos
plazos en ella señalados sin que se ejercite la acción correspondiente, por lo que el
acreedor que acepte la entrega de títulos valores, debe ceñirse no solamente al
cumplimiento de los requisitos de índole formal, sino someterse a las condiciones
de presentación para su cobro dentro de los términos que la ley impone (...).21 (Se
resalta)

“Además, como igualmente lo ha predicado la Corte, la caducidad es “fenómeno
relativo a la acción”, hasta el punto que algunos doctrinantes califican la no
caducidad de la acción como uno de los presupuestos procesales de la demanda o
memorial a través del cual incoa materialmente la acción, razón por la cual hallan
justificación a normas como las consagradas por los arts. 85 y 383 inc. 3º del C. de
P. C., autorizando el rechazo de plano de la demanda cuando elementalmente se
verifica la caducidad (...).”22
[…]

Sintetizando, las diferencias que separan las dos instituciones, de acuerdo con la
jurisprudencia citada, son, entonces, las siguientes: La caducidad se refiere a la
extinción de la acción, mientras que la prescripción a la del derecho; la primera debe
ser alegada, mientras que la caducidad opera ipso iure; la prescripción es renunciable,
mientras que la caducidad no lo es, en ningún caso, y mientras que los términos de
prescripción pueden ser suspendidos o interrumpidos, los de caducidad no son
susceptibles de suspensión, salvo expresa norma legal, como es el caso de la
conciliación prejudicial establecida en la Ley 640 de 2001.

Queda claro, pues, que se trata de dos figuras que regulan fenómenos diferentes y,
que, en consecuencia, no es posible aplicar las normas que regulan la prescripción a
la caducidad, o viceversa. […]

34. En este orden de ideas, la caducidad es un fenómeno jurídico-procesal que
puede ser declarado de oficio, por lo que, al estar prevista en normas procesales, que
son de orden público y obligatorio cumplimiento, no es renunciable y opera de pleno
derecho, mientras que la prescripción, dado su carácter sustancial, sí puede ser objeto
de renuncia.

3.6. Los intereses moratorios conforme al artículo 177 del CCA

35. Cuando la providencia judicial que constituye el título ejecutivo es proferida en
un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho cuyo trámite se gobernó por las

21 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación civil, Sentencia del 14 de marzo de 2001, Exp. No. R-6550.
22 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación civil, Sentencia del 16 de junio de 1997, Exp. No. R-6630.

9

Radicación: 25000-23-42-000-2017-01443-02 (3919-2022)
Demandante: Ligia Camargo de Cerón
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, UGPP

disposiciones del CCA (Decreto 01 de 1984), el cálculo de los intereses moratorios se
rige por esa misma normativa, que en su artículo 177 prevé:

Artículo 177. Efectividad de condenas contra entidades públicas. Cuando se
condene a la Nación, a una entidad territorial o descentralizada al pago o devolución
de una cantidad líquida de dinero, se enviará inmediatamente copia de la sentencia a
quien sea competente para ejercer las funciones del ministerio público frente a la
entidad condenada.
[…]

Las cantidades líquidas reconocidas en tales sentencias devengarán intereses
comerciales durante los seis (6) meses siguientes a su ejecutoria y
moratorias después de este término.

Cumplidos seis (6) meses desde la ejecutoria de la providencia que imponga o liquide
una condena o de la que apruebe una conciliación, sin que los beneficiarios hayan
acudido ante la entidad responsable para hacerla efectiva, acompañando la
documentación exigida para el efecto, cesará la causación de intereses de todo tipo
desde entonces hasta cuando se presentare la solicitud en legal forma.

36. Las expresiones tachadas fueron declaradas inexequibles por la Corte
Constitucional en la sentencia C-188 de 1999, al considerar que «a menos que en la
sentencia que impone la condena señale un plazo para el pago -evento en el cual,
dentro del mismo se pagarán intereses comerciales-, los intereses moratorios se
causan a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia, sin perjuicio de la aplicación
del término de dieciocho (18) meses que el precepto contempla para que la
correspondiente condena sea ejecutable ante la justicia ordinaria».

37. Por lo tanto, de conformidad con la precitada norma, los intereses se causan
desde la ejecutoria de la sentencia que impone la condena y la obligación será exigible
después de vencidos los dieciocho (18) meses. De igual modo, cabe anotar que,
aunque los intereses moratorios se extiendan hasta la entrada en vigor del CPACA, si
la condena se impuso en vigencia del CCA, se deberán liquidar hasta el momento del
pago de acuerdo con lo previsto en este último código23.

3.7. Hechos probados

38. En el plenario obran las pruebas que dan cuenta de los hechos, según se
muestra a continuación:

39. Mediante sentencia del 4 de septiembre de 2008, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A24, condenó a Cajanal a (i) reliquidar
la pensión de jubilación de la señora Ligia Camargo de Cerón con el 75 % del
promedio de los factores de salario devengados en el último año de servicios y
respecto de los cuales se efectuaron los respectivos aportes, (ii) pagar las diferencias

23
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 31 de agosto de 2023, proceso con radicado
25000-23-42-000-2017-01449-02 (3101-2022).
24 Folios 11 a 19.

10

Radicación: 25000-23-42-000-2017-01443-02 (3919-2022)
Demandante: Ligia Camargo de Cerón
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, UGPP

que resultaran, (iii) reconocer sobre estas los ajustes anuales de pensión de
conformidad con la Ley 100 de 1993, (iv) indexar las sumas a pagar y (v) dar
cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 176 del CCA. La providencia
quedó ejecutoriada el 16 de marzo de 2009, según constancia secretarial25.

40. El 28 de mayo de 2009 la señora Ligia Camargo de Cerón solicitó de Cajanal
el cumplimiento de la sentencia base de recaudo, la cual fue atendida por medio de la
Resolución PAP 37993 del 7 de febrero de 201126, revocada por medio de la
Resolución UGM 27557 del 19 de enero de 201227, en el sentido de reliquidar su
pensión de jubilación e incrementar su cuantía, sin que se advierta el pago de los
intereses moratorios.

41. Con oficio 20145025540231 del 22 de octubre de 201428, la UGPP respondió a
una petición de la ejecutante, referente a los intereses del artículo 177 del CCA, entre
otros aspectos. Al respecto, le informó que el correspondiente retroactivo por concepto
de las diferencias en las mesadas en virtud de la Resolución PAP 37993 del 7 de
febrero de 2011, junto con la indexación, se pagó con la nómina de noviembre de
2011; y acerca de los intereses, no era la competente para ese reconocimiento.

3.8. Caso concreto.

42. Como se dejó anotado, de conformidad con el artículo 328 del CGP, la Sala
delimita su competencia, como juez de segunda instancia, a los argumentos
expuestos en el recurso de apelación presentado por la parte demandada; en tal
sentido, procede a resolver los dos reparos principales planteados en los problemas
jurídicos.

3.8.1. La excepción de prescripción

43. En la sentencia objeto de apelación, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca declaró no probada la excepción de prescripción propuesta por la
UGPP, al estimar que esta se contraía a la misma argumentación sobre la caducidad,
que fue definida dentro del proceso por parte del Consejo de Estado en proveído del
28 de marzo de 2019, por lo que no había lugar a pronunciarse nuevamente al
respecto.

44. Verificada la contestación de la demanda, el apoderado de la UGPP, al
sustentar la excepción de prescripción, realizó acotaciones genéricas acerca del
fenómeno de la prescripción extintiva del derecho, para lo cual transcribió un aparte
de la sentencia C-662 de 2004 de la Corte Constitucional y, con base en la cita de una
providencia de la Corte Suprema de Justicia (que no identificó), concluyó que la
obligación se hizo exigible y se consolidó por el transcurso del tiempo y por la
inactividad de la titular del derecho.

25 Folio 24.
26
Folios 27 a 32.
27 Folios 33 a 37.
28 Folios 39 a 41.

11

Radicación: 25000-23-42-000-2017-01443-02 (3919-2022)
Demandante: Ligia Camargo de Cerón
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, UGPP

45. Por su parte, en el recurso de apelación, esa entidad expresó que a la fecha de
la correspondiente solicitud de cumplimiento transcurrieron más de seis (6) años
desde la exigibilidad de la obligación (ejecutoria de la sentencia que comporta título
ejecutivo).

46. Precisado lo anterior, en primer lugar, la Sala advierte que el tribunal omitió
pronunciarse sobre el contenido mismo de la sustentación que soportó la excepción
de prescripción propuesta en la contestación de la demanda, pues, contrario a lo
afirmado en el fallo impugnado, no estuvo fundamentada en las mismas
aseveraciones sobre la caducidad. No obstante, examinado dicho escrito tampoco se
concretó la razón por la cual en el presente caso operó la prescripción extintiva, pues
se limitó a explicar en forma genérica tal fenómeno.

47. Ahora bien, en el memorial de impugnación, la entidad apelante aseguró que la
inactividad de la demandante ocurrió desde la ejecutoria de la sentencia base de
recaudo hasta la presentación de la respectiva solicitud de cumplimiento, frente a lo
cual indicó que esta se formuló el «6 de octubre de 2015». Sin embargo, sobre el
particular, resulta importante reiterar que la prescripción extintiva de la acción
ejecutiva, en términos de lo precisado por la jurisprudencia de esta corporación
conforme al artículo 2536 del CC, opera cuando el acreedor no acude de manera
oportuna ante el juez para obtener el cumplimiento forzado de la obligación.

48. En consecuencia, para efectos de la prescripción extintiva de que trata el
artículo 2536 del CC, no puede tenerse en consideración la fecha de presentación de
la solicitud de pago en sede administrativa, como lo pretende la apelante, por cuanto
esta, conforme a las normas que rigen el cumplimiento de las condenas a cargo de
las entidades públicas, impuestas mediante providencias proferidas por esta
jurisdicción, disponen tenerla en cuenta para la interrupción en la causación de
intereses moratorios, como lo preceptúan los artículos 177 del CCA y 192 del CPACA.

49. En gracia de discusión, si lo argüido por el recurrente refiere a que la señora
Camargo de Cerón formuló la petición de cumplimiento del título ejecutivo incluso
vencidos los 5 años con los que contaba para acudir ante la jurisdicción, la Sala
advierte que dicha solicitud se presentó el 28 de mayo de 2009, esto es, transcurridos
dos meses siguientes a la ejecutoria del fallo del 4 de septiembre de 2008 base de
recaudo, la cual suscitó el 16 de marzo de 2009; por consiguiente, carece de soporte
probatorio la fecha señalada por la UGPP en el memorial de apelación.

50. Ahora bien, en lo concerniente a la oportunidad para interponer la demanda
ejecutiva, lo cual fue materia de examen por esta Subsección en el proveído del 28 de
marzo de 2019, a partir del estudio del fenómeno jurídico de la caducidad, de
conformidad con lo preceptuado en el artículo 136 (numeral 11) del CCA, esta Sala se
remite a su parte considerativa en la que se explicó que «en virtud del Decreto 2196
de 2009 y de la Ley 550 de 1999, los términos de prescripción y de caducidad de las
obligaciones a cargo de CAJANAL fueron suspendidos del 12 de junio de 2009 al 11

12

Radicación: 25000-23-42-000-2017-01443-02 (3919-2022)
Demandante: Ligia Camargo de Cerón
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, UGPP

de junio de 2013», y el 12 de junio de 2013 reinició el término de los 5 años, por lo que
tenía hasta el 2018 para su presentación y esta se realizó el 11 de enero de 2017, en
forma oportuna.

51. Así las cosas, además de que al plantear la excepción de prescripción en la
contestación de la demanda la accionada no concretó las razones por las cuales en
el caso operó ese figura, lo cierto es que en la apelación al tomar como referente la
solicitud de cumplimiento, aunado al hecho de que esta corporación ya había definido
que la demanda fue presentada en forma oportuna, carece de asidero jurídico y
probatorio la inactividad que aduce de la actora en reclamar la ejecución de la
obligación atinente a los intereses moratorios, puesto que a la fecha de dicha petición
no habían siquiera transcurrido los 5 años con los que contaba para acudir en ejercicio
de la demanda ejecutiva, la cual igualmente interpuso en tiempo, como se definió en
el curso del proceso y frente a lo cual no hay lugar a emitir pronunciamiento adicional.

3.8.2. Cesación de intereses moratorios por trámite de liquidación de Cajanal

52. Acerca de este reparo, la UGPP aduce, sin fundamento normativo alguno, que
en el hipotético evento de resultar condenada la entidad al pago de los intereses
moratorios, solamente le puede asistir derecho a los que se causaron entre el «17 de
marzo» y el 11 de junio de 2009, «pues al interrumpirse el término de caducidad de la
acción también se interrumpió la causación de los intereses moratorios, razón por la
cual no hay lugar al reconocimiento de los intereses que reclama la demandante desde
el 12 de junio de 2009 hasta el 30 de octubre de 2011, como quiera que dicho periodo
aconteció en transcurso del proceso liquidatorio de CAJANAL, circunstancia que por
ser un hecho de fuerza mayor exime de la causación de intereses».

53. Como se anotó en los antecedentes de esta providencia, contra el auto que
libró mandamiento de pago, la UGPP interpuso recurso de reposición, entre cuyas
inconformidades alegó la inoperancia de los intereses moratorios durante el término
de liquidación de Cajanal del 12 de junio de 2009 al 31 de octubre de 2011, conforme
a los artículos 1615 y 1616 del Código Civil, por ser un hecho de fuerza mayor; y el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante proveído del 5 de marzo de 2021,
desestimó ese reparo.

54. Esa corporación consideró que el título ejecutivo era inmodificable y, de
acuerdo con el artículo 177 del CCA, las sentencias generan intereses moratorios
desde la ejecutoria hasta su pago efectivo, y el único evento de suspensión de
intereses que la norma previó fue aquel en el cual antes de los primeros seis meses
siguientes a la ejecutoria el acreedor no hubiese requerido al deudor para el
cumplimiento; igualmente, afirmó que no había operado la fuerza mayor, pues la
expedición de normas que suprimían y liquidaban entidades públicas no eran
intempestivas ni imprevistas.

55. Por lo tanto, en razón a que la disconformidad sobre la cesación de los intereses
moratorios por el lapso que duró el trámite de liquidación de Cajanal ya fue resuelta

13

Radicación: 25000-23-42-000-2017-01443-02 (3919-2022)
Demandante: Ligia Camargo de Cerón
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, UGPP

por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y se trata de una decisión que quedó
en firme, en este estadio procesal la Sala no se pronunciará sobre tal aspecto, en
armonía con el principio de seguridad jurídica29. En todo caso, es importante resaltar
que esta Subsección, en la sentencia del 12 de septiembre de 202430, acerca de ese
tema, indicó lo siguiente:

[…] es claro que la figura de «fuerza mayor» prevista en el artículo 1616 del Código
Civil y en la Ley 95 de 1980, únicamente se aplica a la liquidación de sociedades de
naturaleza privada que son intervenidas por la autoridad de vigilancia y control
[superintendencias], no de las entidades públicas cuando su origen deviene de la
decisión del presidente de la República, toda vez que, en este evento, se configura la
responsabilidad del Estado al tenor del régimen objetivo de responsabilidad y el título
de imputación de daño especial.
[…]

93. En efecto, al resolver casos en los que la UGPP ha planteado este argumento, esta
Subsección, por ejemplo, en la sentencia proferida el 30 de octubre de 2020, señaló lo
siguiente31:

«He aquí la importancia de la distinción, que rechaza cualquier posibilidad de
aplicar al sub lite la tesis planteada por la entidad recurrente en la alzada, puesto
que la liquidación ordenada contra Cajanal se originó de una decisión del
presidente de la República por razones eminentemente “político-administrativas”,
que encuentra su fuente y causales en el derecho público, cuyos riesgos, en
atención al principio de responsabilidad del Estado, no deben ser asumidos por el
acreedor particular, porque “rompe el equilibrio en las cargas públicas
ocasionándole un daño antijurídico”.

En consecuencia, el procedimiento que culminó con la extinción de Cajanal, no se
puede asemejar a la liquidación forzosa administrativa prevista para las
sociedades de naturaleza privada, tales como las comerciales y financieras,
puesto que, frente a las primeras (comerciales), “el auto de apertura del trámite de
liquidación obligatoria constituye fuerza mayor y por tanto, no hay lugar, en
principio, al pago de intereses moratorios a partir de dicho auto, a menos que se
haya pactado lo contrario”, y, en lo que atañe a las segundas (financieras), “[l]os
intereses moratorios de las acreencias corren solamente hasta la toma de
posesión porque ese acto de autoridad constituye fuerza mayor y por ende,
exonera de la mora”.

Por el contrario, cuando la supresión y consecuente liquidación recae sobre
organismos y entidades de naturaleza pública, si es por decisión de una
superintendencia, “debe aplicarse el principio general del cumplimiento riguroso
de las obligaciones, de manera que, en lo posible, se pagarán los intereses de

29 En similar sentido se pronunció esta Subsección, en fallo del 12 de septiembre de 2024, proceso con radicado

25000-23-42-000-2016-05857-01 (2999-2021), en el que se advirtió que al haberse decidido un reparo de la
apelación en el proveído que resolvió un recurso de reposición contra el mandamiento ejecutivo, no había lugar a
emitir pronunciamiento.
30
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 12 de septiembre de 2024, proceso con
radicado 25000-23-42-000-2016-05857-01 (2999-2021).
31 Radicación 25000-23-42-000-2016-03249-01 (3185-19).

14

Radicación: 25000-23-42-000-2017-01443-02 (3919-2022)
Demandante: Ligia Camargo de Cerón
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, UGPP

todo tipo respetando las prelaciones legales”, y si la determinación la adopta el
presidente de la República, como lo fue en el caso de Cajanal, “el Estado debe
responder por los daños antijurídicos que eventualmente puedan causarse y
específicamente debe pagar los intereses remuneratorios y moratorios anteriores
y posteriores al decreto de liquidación”.»

94. Criterio que también se adoptó en las sentencias proferidas el 10 de marzo32 y 2
de junio33 de 2022.
[…]

96. De conformidad con todo lo expuesto, la Sala concluye que (i) comoquiera que los
dineros relativos a intereses moratorios son accesorios de la condena principal, esto
es el pago de mesadas o diferencias pensionales e indexación, el ejecutante no debía
presentar reclamación alguna ante el liquidador de Cajanal, en razón a que estas
obligaciones no hacían parte de la masa de liquidación; en ese sentido, la UGPP, como
sucesora de Cajanal, es la llamada a cumplir la obligación; y (ii) no se configuró la
fuerza mayor porque se trata de una figura que únicamente aplica a los procesos
iniciados por la autoridad de vigilancia y control frente a intervenciones de empresas
privadas; de ese modo, la ejecutada sí estaba obligada al pago de los intereses
moratorios aun por los 4 años que duró el proceso liquidatorio. En consecuencia, los
argumentos de apelación no están llamados a prosperar.

56. En este orden de ideas, esta Sección Segunda ha sido del criterio de que el
trámite de liquidación de Cajanal no suspendió la causación de los intereses
moratorios generados por una condena impuesta mediante sentencia, el cual coincide
con el adoptado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al resolver el recurso
de reposición que la misma entidad aquí apelante interpuso contra el auto que libró el
mandamiento de pago, sin que sea indispensable abordar este punto, máxime cuando
el reparo de alzada, además de ser abstracto, no aporta nuevos elementos de juicio.

3.9. Conclusión

57. La Subsección concluye que la excepción de prescripción no tiene vocación de
prosperidad, toda vez que la inactividad de la parte ejecutante que alega la UGPP
carece de asidero probatorio y jurídico, puesto que a la fecha en que formuló la
respectiva solicitud de cumplimiento de la sentencia base de recaudo no habían
transcurrido siquiera los 5 años para acudir ante la jurisdicción, en armonía con lo
definido por esta corporación acerca de la presentación oportuna de la demanda en
el proveído del 28 de marzo de 2019.

58. De igual modo, en lo referente a la cesación de los intereses moratorios por el
interregno que duró el trámite de liquidación de Cajanal, además de ser un reparo
abstracto, ese punto de derecho fue resuelto de manera negativa dentro del proceso
por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al decidir el recurso de
reposición interpuesto contra el auto que libró mandamiento de pago, que en todo
caso resulta coincidente con el criterio reiterado por esta Sección Segunda acerca de
32 Subsección A, radicación 25000-23-42-000-2016-05723-01 (2459-2020).
33 Subsección B, radicación 25000-23-42-000-2017-01978-02 (1297-2020).

15

Radicación: 25000-23-42-000-2017-01443-02 (3919-2022)
Demandante: Ligia Camargo de Cerón
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, UGPP

que dicho trámite no suspendió la causación de tales intereses, sin que haya lugar a
emitir pronunciamiento adicional.

59. En consecuencia, se confirmará la sentencia de primera instancia, que declaró
no probada la excepción de prescripción y ordenó seguir adelante con la ejecución.

3.10. Costas

60. La presente providencia, por razones de seguridad jurídica e igualdad, acoge
el criterio de interpretación mayoritario34 de la Subsección sobre el artículo 188 de la
Ley 1437 de 2011, consistente en que para decretar la condena en costas debe
verificarse que la parte vencida actuó de manera temeraria o de mala fe. Por lo tanto,
no hay lugar en el caso bajo estudio a imponer dicha condena, en atención a que no
se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores conductas.

3.11. Reconocimiento de personería

61. Mediante escrito presentado el 28 de enero de 202435, el representante legal
de la firma Trujillo Polanía & Asociados SAS, apoderada de la UGPP, presentó
sustitución de poder al abogado Michael Stiven Gaviria Caicedo, identificado con la
cédula de ciudadanía 1.117.532.623 y portador de la tarjeta profesional 350.692 del
Consejo Superior de la Judicatura. La sustitución cumple los requisitos establecidos
en los artículos 75 del CGP y 5 de la Ley 2213 de 2022 y, en consecuencia, se le
reconocerá personería.

4. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

34 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un
criterio objetivo valorativo por varias razones, a saber: (i) el artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo; (ii) el artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación»; (iii) la temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas»; (iv) el inciso segundo del artículo 188
no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplia su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal»; (v) los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. // Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-
00022-01 (1291-14).
35 Samai, índice 22.

16

Radicación: 25000-23-42-000-2017-01443-02 (3919-2022)
Demandante: Ligia Camargo de Cerón
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, UGPP

Falla:

Primero: Confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, del 11 de noviembre de 2021, que
declaró no probada la excepción de prescripción y ordenó seguir adelante con la
ejecución, de conformidad con lo indicado en la parte motiva.

Segundo: Sin condena en costas en segunda instancia.

Tercero: Reconocer personería al abogado Michael Stiven Gaviria Caicedo,
identificado con la cédula de ciudadanía 1.117.532.623 y portador de la tarjeta
profesional 350.692 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar como
apoderado de la parte demandada, para los efectos del poder que le fue sustituido y
que obra en el índice 22 de Samai.

Cuarto: Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones
pertinentes en el Sistema de Gestión Judicial Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

17

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