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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-01978-02

Fecha
2 de junio de 2022
Consejero ponente
Sandra Lisset Ibarra Velez
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-01978-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del del 28 de noviembre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el proceso ejecutivo adelantado por el señor José Cristóbal Tenjo contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, mediante la cual se declararon no probadas las excepciones propuestas por la defensa de la ejecutada y se ordenó seguir adelante con la ejecución, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Sin costas en esta instancia. 25 Expediente 25000-23-42-000-2017-01978-02 Número Interno (1297-2020) EJECUTANTE: José Cristóbal Tenjo EJECUTADA: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP TERCERO: Por la Secretaría de la Sección Segunda, devuélvase el proceso al Tribunal Administrativo de Cundinamarca y déjense las constancias de rigor en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2017-01978-02

Consejero ponente: Sandra Lisset Ibarra Velez

2 de junio de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

CONSEJERA PONENTE: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

Bogotá D.C., 2 de junio de 2022.

Radicación: 25000-23-42-000-2017-01978-02
N° Interno: 1297-2020
Proceso: Ejecutivo
Ejecutante: José Cristóbal Tenjo
Ejecutado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social - UGPP
Trámite: Recurso de apelación contra la sentencia que ordenó
seguir adelante con la ejecución.
Asunto: Confirma la sentencia que ordenó seguir adelante
con la ejecución/ Intereses moratorios.

I. ASUNTO

1. La Sala decide1 el recurso de apelación que la parte ejecutada interpuso
contra la sentencia del 28 de noviembre de 2019, por medio de la cual el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró no probadas las
excepciones propuestas por la entidad demandada y ordenó seguir adelante
con la ejecución.

II. ANTECEDENTES

2. El señor José Cristóbal Tenjo presentó demanda contra la extinta Caja
Nacional de Previsión Social, en ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho del artículo 85 del Decreto 01 de 1984, para
obtener la nulidad del acto ficto surgido de la petición de 19 de mayo de
2003 y de la Resolución No. 2871 de 2 de abril de 2004, por medio de los
cuales se le negó la reliquidación de su pensión de jubilación con todos

1
El expediente ingresó al Despacho el 22 de julio de 2021, según informe secretarial de folio 141.

Expediente 25000-23-42-000-2017-01978-02
Número Interno (1297-2020)
EJECUTANTE: José Cristóbal Tenjo
EJECUTADA: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social -UGPP

factores devengados en el último año de servicios, conforme al régimen
especial de los servidores del extinto DAS.

3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia de 31 de
mayo de 2005, negó las pretensiones de la demanda. Esa providencia fue
revocada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Sub Sección B,
mediante sentencia de 31 de mayo de 2007, por medio de la cual se
anularon los actos acusados. A título de restablecimiento del derecho, esta
corporación le ordenó a la demandada que reliquidara la pensión de
jubilación del demandante, en cuantía equivalente al 75% de los factores
devengados durante el último año de servicios, esto es, asignación básica,
auxilio de alimentación, bonificación por servicios y primas de antigüedad,
servicios, vacaciones y navidad.2 La sentencia base de recaudo quedó
ejecutoriada el 5 de marzo de 2008.3

4. Mediante petición de 14 de abril de 2008, el ejecutante le pidió a
CAJANAL, el cumplimiento de las sentencia base de ejecución.4

5. La UGPP, expidió la Resolución No. PAP 0028436 de 29 de noviembre de
2010 para dar cumplimiento al referido fallo, de manera que reliquidó la
pensión de jubilación del ejecutante, elevando la cuantía de la prestación a
la suma de $227.455.80, con efectos fiscales desde el 19 de mayo de 2000,
por prescripción trienal, incluyendo la asignación básica, la bonificación por
servicios prestados y las primas de alimentación, navidad, de servicios, de
vacaciones y de antigüedad5. Según la respectiva liquidación6 y el cupón de
pago7, el ejecutante recibió en el mes de agosto de 2011, los siguientes
conceptos:

Mesadas Indexación Intereses Valor neto a Descuentos Total a reportar
reportar en salud
$129.764.868.99 $19.776.042.56 0.00 $149.540.911.55 0.00 $149.540.911.55

2
Fols. 10 a 18
3
Fol. 29 vuelto
4
Tal como se establece del contenido de la Resolución PAP 0028436 de 29 de noviembre de 2010,
visible en el folio 30
5
Fols. 30 a 32
6
Fols. 33 y 34
7
Fol. 35
2

Expediente 25000-23-42-000-2017-01978-02
Número Interno (1297-2020)
EJECUTANTE: José Cristóbal Tenjo
EJECUTADA: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social -UGPP

6. El señor Humberto Mariño Rojas, presentó demanda ejecutiva con el fin
de que se libre mandamiento de pago a su favor y en contra de la UGPP. El
ejecutante pidió la suma de $129.754.141.91 por concepto de intereses
causados desde el 22 de julio de 2010 día siguiente a la ejecutoria de la
sentencia base de recaudo al 25 de octubre de 2011 fecha del pago del
retroactivo. También reclamó el pago de intereses posteriores.8

2.1 El mandamiento de pago

7. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante auto del 24 de
octubre de 20179, libró el mandamiento de pago por $70.443.597,79, suma
que corresponde a los intereses moratorios sobre el valor del capital desde
el 6 de marzo de 2008, día siguiente a la fecha de ejecutoria de la sentencia
de 31 de mayo de 2007 y hasta el 31 de marzo de 2011, mes anterior a la
inclusión del reajuste pensional.

8. El a quo observó que en virtud de la sentencia base de ejecución, la
entidad accionada reconoció como retroactivo pensional la suma de
$86.328.579 más la indexación en cuantía de $19.749.723,76 y halló un
subtotal de $106.078.303,76. Frente al anterior valor efectuó los
correspondientes descuentos en salud por $10.881.219,96 y obtuvo el
capital de $95.197.083,47.

9. Explicó que la contadora adscrita a la secretaría de la sección segunda de
ese Tribunal realizó la correspondiente liquidación con el propósito de
determinar el valor real del crédito a favor del ejecutante, teniendo en cuenta
el referido retroactivo. En consecuencia, calculó los intereses desde el 6 de
marzo de 2008 hasta el 31 de marzo de 2011, mes anterior a la inclusión en
nómina del pago y los determinó en $70.443597,79.

8
Fols. 33 a 35
9
Fol. 48 a 52 vuelto.
3

Expediente 25000-23-42-000-2017-01978-02
Número Interno (1297-2020)
EJECUTANTE: José Cristóbal Tenjo
EJECUTADA: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social -UGPP

III. LA SENTENCIA DE EXCEPCIONES APELADA

10. Después de surtidas las correspondientes etapas procesales, mediante
sentencia proferida en audiencia realizada el 28 de noviembre de 201910, el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió declarar no probadas las
excepciones de caducidad y/o prescripción y pago, presentadas por la parte
ejecutada. Además, ordenó seguir adelante con la ejecución por concepto de
los intereses moratorios causados desde el 6 de marzo de 2008 hasta el 31
de marzo de 2011. Precisó que determinaría el valor a cancelar en la etapa
de liquidación del crédito.

11. Indicó que en este caso no se configuró la prescripción ni la caducidad
debido a que la sentencia que se presentó como base de recaudo quedó
ejecutoriada el 5 de marzo de 2008 y que esos términos se suspendieron
dentro del periodo de liquidación de CAJANAL, esto es, desde el 12 de junio
de 2009 hasta el 11 de junio de 2013. Explicó que la exigibilidad de la
sentencia ocurrió el 5 de septiembre de 2009, dentro del anterior lapso, de
manera que se tenía hasta el 11 de junio de 2018 para presentar de forma
oportuna la demanda y ello ocurrió el 19 de abril de 2017, antes del
vencimiento del plazo de caducidad.

12. Adujo que la excepción de pago alegada por la ejecutada no se
encuentra probada dentro del plenario, toda vez que si bien en el acto de
cumplimiento se ordenó la liquidación de intereses moratorios, la entidad
ejecutada únicamente pagó al ejecutante las mesadas pensionales y la
indexación, conforme se desprende de la liquidación que efectuó la UGPP.
Tampoco existe constancia de que le haya pagado al ejecutante esos
emolumentos.

13. Precisó que los intereses moratorios se liquidarían sobre el capital neto,
indexado y fijo. Explicó que el neto es el resultante después de efectuar los
descuentos en salud, el indexado es el actualizado a la fecha de ejecutoria y
fijo es el causado a la ejecutoria de la sentencia. Agregó que el valor que se

10
Acta a folios 152 a 158 y video en el C.D anexo a folio 159
4

Expediente 25000-23-42-000-2017-01978-02
Número Interno (1297-2020)
EJECUTANTE: José Cristóbal Tenjo
EJECUTADA: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social -UGPP

obtendría como capital no podía variarse en atención a las diferencias que
se causen con posterioridad a dicha ejecutoria, conforme lo establece el
artículo 177 del C.C.A.

IV. EL RECURSO DE APELACIÓN

14. La apoderada de la parte ejecutada interpuso recurso de apelación
contra la sentencia de 28 de noviembre de 2019 que declaró no probadas
las excepciones de pago, caducidad y/o prescripción y ordenó seguir
adelante con la ejecución para que se revocara, pues considera que el pago
total de la obligación se encuentra debidamente acreditado.11

15. Afirmó que el proceso liquidatorio de CAJANAL no suspendió los
términos de caducidad y prescripción, toda vez que la Ley 550 de 1990
estableció un régimen que promueve y facilita la reactivación empresarial y
la reestructuración de los entes territoriales, de manera que se aplica
solamente a esas entidades y no a entes nacionales, carácter que tiene la
ejecutada. Agregó que la entidad se rige por lo establecido en el Decreto 254
de 22 de febrero de 2009, norma que no establece la posibilidad de
suspender tales términos, más bien determina la aplicación de la caducidad
frente a las obligaciones a su cargo por parte del liquidador de la entidad.

16. Aseguró que la sentencia quedó ejecutoriada el 5 marzo de 2008, de
manera que la demanda se presentó por fuera del plazo legal para acceder a
reclamar el derecho que hoy pretende, es decir, 5 años de caducidad más
los 18 meses de ejecutoria.

17. Considera que debe declararse probada la excepción del pago total de la
obligación, pues la entidad dio cumplimiento efectivo a lo ordenado en la
providencia que se ejecutada, dentro del término en que se adelantó el
proceso liquidatorio. Explicó que, conforme lo expuesto en la contestación de
la demanda y al precedente vertical uniforme y reiterado de las secciones
Cuarta, Primera y Quinta del Consejo de Estado, en ese lapso se configuró

11 Índice 35 de SAMAI - Minutos 54:07 a 01:04:13

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Expediente 25000-23-42-000-2017-01978-02
Número Interno (1297-2020)
EJECUTANTE: José Cristóbal Tenjo
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Protección Social -UGPP

una causal de fuerza mayor que impedía el cumplimiento de la obligación.
En consecuencia, no se causaron intereses moratorios, obligación que
tampoco está a cargo de la entidad demandada, según se deduce del objeto
misional de la UGPP .

18. Efectuado el correspondiente traslado, la apoderada de la parte
ejecutante se opuso a los argumentos del recurso. Adujo que la sentencia
fue proferida en derecho y no existe pronunciamiento que respalde la tesis
de cesación de intereses moratorios dentro del proceso de CAJANAL,
máxime en este caso en el que el demandante se hizo parte del proceso de
liquidación de la entidad y pese a ello, la entidad no canceló suma alguna
por concepto de intereses12.

V. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

19. El proceso fue asignado por reparto a la Ponente el 4 de marzo de
202013 y mediante providencia del día 4 de mayo del mismo año se admitió
el recurso de apelación objeto de pronunciamiento14.

20. A través de auto de 4 de agosto de 2021, el Despacho concedió el
término para que las partes allegaran sus alegatos de conclusión15.

21. La parte ejecutante presentó alegatos de conclusión en los que reiteró
que a la fecha, la entidad no ha dado cumplimiento integral a las sentencias,
pues en los actos administrativos de cumplimiento no tuvo en cuenta los
intereses moratorios, de conformidad al inciso 5° del artículo 177 del C.C.A.
Agregó que las sumas reclamadas dentro del presente litigio están
liquidadas para pago en el 2011, de manera que por el paso del tiempo
perdieron poder adquisitivo, siendo procedente su indexación y/o
actualización16.

12
Índice 35 de SAMAI - Minutos 47:10 a 47:18
13 Folio 163
14 Folio 164
15 Folio 166
16 Índice 13 de SAMAI

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Expediente 25000-23-42-000-2017-01978-02
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22. La parte ejecutada presentó alegatos de conclusión17 en los que reiteró
la procedencia de la caducidad y la improcedencia del cobro de intereses de
mora durante el periodo de liquidación de Cajanal E.I.C.E., como quiera que
dicha circunstancia constituye una situación de fuerza mayor. Agregó que
difiere del valor que determinó el tribunal por concepto de intereses
moratorios, pues debió tener en cuenta que durante el proceso liquidatorio
de CAJANAL no se causaron intereses.

23. Agotada como se encuentra la instancia, sin observar causales de
nulidad que invaliden lo actuado, la Sala procede a resolver el asunto, para
lo cual tiene en cuenta las siguientes,

CONSIDERACIONES

1. Competencia.

24. El artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 615 de la Ley 1564 de
2012, vigentes al momento de la presentación del recurso, en cuanto a la
competencia del Consejo de Estado, disponían:

« ARTÍCULO 615. Modifíquese el artículo 150 de la Ley 1437 de 2011, el
cual quedará así:
« Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y
cambio de radicación. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y
de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así
como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por
parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que
corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de
unificación de jurisprudencia […]»
[Se destaca].

25. De acuerdo con la norma transcrita, el Consejo de Estado tiene
competencia para resolver el recurso de apelación que presentó la parte
ejecutada contra la sentencia que resolvió las excepciones formuladas, toda

17
Índice 14 de SAMAI
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Expediente 25000-23-42-000-2017-01978-02
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Protección Social -UGPP

vez que en segunda instancia conoce de las apelaciones contra las
sentencias proferidas por los Tribunales Administrativos.

2. Procedencia

26. En relación con la procedencia del recurso de apelación para el caso de
la referencia, el artículo 243 de la Ley 1437 de 201118, disponía lo siguiente:

«Artículo 243. Apelación. Son apelables las sentencias de primera instancia
de los Tribunales y de los Jueces. También serán apelables los siguientes
autos proferidos en la misma instancia por los jueces administrativos […]».

27. Se trata en este caso del recurso de apelación que la parte ejecutada
presentó contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
por medio de la cual el a quo declaró no probadas las excepciones
propuestas por la UGPP y dispuso continuar con la ejecución. En
consecuencia, al estar comprendida dentro del inciso 1º del artículo 243 de
la Ley 1437 de 2011, procede el recurso impetrado.

3. El problema jurídico.

28. De acuerdo a lo señalado en la providencia de primera instancia y
atendiendo los motivos de oposición aducidos por la parte ejecutada, el
problema jurídico a resolver por la Sala se circunscribe a determinar si en el
asunto se configuró las excepciones de caducidad y pago. Para ello, la Sala
deberá establecer: i) si en el asunto se configuró la caducidad de la acción
ejecutiva y en consecuencia, no procede seguir adelante con la ejecución
por los intereses moratorios, derivados del pago tardío de la sentencia base
de recaudo y, ii) si en el término del proceso de liquidación de CAJANAL se
suspendió la causación de intereses por el acaecimiento de una fuerza
mayor como lo aduce la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social - UGPP.

29. Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala abordará el estudio
de los siguientes temas: i) la caducidad de la acción ejecutiva que persiga el
18
Modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021
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Protección Social -UGPP

acatamiento de una orden judicial; iv) liquidación de CAJANAL EICE y
competencia de la UGPP para asumir el pago de intereses moratorios
derivados de condenas impuestas a la Caja Nacional de Previsión Social, v)
efectividad de condenas contra entidades públicas. Régimen de intereses de
mora del Decreto 01 de 1984 – Código Contencioso Administrativo; y, vi) al
final, se analizará el caso concreto.

3.1 Caducidad de la acción ejecutiva que persiga el acatamiento de
una orden judicial.

30. La caducidad, según la jurisprudencia de esta Corporación, «es el
fenómeno jurídico que extingue la oportunidad de quien pretende controvertir
la existencia de un derecho en sede judicial, cuando ha transcurrido el
tiempo para interponer un medio de control u otro mecanismo previsto en la
ley. […]»19. La referida figura fue concebida para desarrollar el principio de la
seguridad jurídica bajo criterios de racionalidad y suficiencia temporal.

31. En lo que tiene que ver con la formulación oportuna del proceso ejecutivo
cuyo título objeto de recaudo conste en una decisión judicial proferida por
funcionarios de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el artículo
164 literal k de la Ley 1437 de 2011, tal como lo estableció en su momento el
numeral 11 del artículo 136 del Decreto 01 de 1984, la limitó a 5 años
siguientes a la exigibilidad de la obligación contenida en la providencia.

32. En cuanto al momento a partir del cual se predica la exigibilidad de las
sentencias dictadas en contra de la Administración, existe diferencia entre lo
previsto en el Decreto 01 de 1984 y la Ley 1437 de 2011, toda vez que
según el primer código, dichas decisiones pueden ser reclamadas 18 meses
después de su ejecutoria20, mientras que la segunda norma prevé que esta
posibilidad se habilita a los 10 meses siguientes de la firmeza de la
providencia21.

19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 2 de marzo de 2017, radicado:

13001-23-33-000-2013-00224-01, M. P. César Palomino Cortés.
20 Artículo 177 del CCA.
21 Inciso 2 del artículo 192 e inciso 2 del artículo 299 del CPACA.

9

Expediente 25000-23-42-000-2017-01978-02
Número Interno (1297-2020)
EJECUTANTE: José Cristóbal Tenjo
EJECUTADA: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social -UGPP

33. En vigencia del CCA, en lo que tiene que ver con la forma de
contabilizar el término de caducidad del proceso ejecutivo es necesario
recurrir, entre otros, al contenido del inciso 4º del artículo 177 de dicho
estatuto, según el cual las condenas impuestas contra la Nación «serán
ejecutables ante la justicia ordinaria dieciocho (18) meses después de su
ejecutoria», de manera que los 5 años concedidos para la interposición
oportuna de la acción ejecutiva inician al vencimiento de los 18 meses a los
que alude el citado precepto. Lo anterior, tal como lo ha sostenido esta
Subsección22, al establecer lo siguiente:

«De acuerdo con las disposiciones legales y a la jurisprudencia, la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que accedió a las
pretensiones del ejecutante, se hizo exigible 18 meses después de su
ejecutoria, esto es, que si la sentencia cobró el 4 de agosto de 2005 (fl. 5), a
partir del día siguiente se deben contar 18 meses, los cuales vencieron el 5
de febrero de 2007. Lo anterior significa que a partir de esta fecha, el
demandante disponía de cinco (5) años para presentar la demanda ejecutiva,
los cuales se extendieron hasta el 6 de febrero de 2012, y como quiera que la
demanda se presentó el 3 de abril de 2014 (fl. 46 vuelto), para esta fecha ya
había caducado la oportunidad para presentarla ante la jurisdicción».

34. Entonces, los títulos ejecutivos que adquirieron firmeza en vigencia del
Decreto 01 de 1984, son exigibles 18 meses después de que ello ocurriera,
momento desde el cual inicia el conteo del término de caducidad de la
demanda ejecutiva, que equivale a 5 años.

3.2 La liquidación de CAJANAL EICE y competencia de la UGPP para
asumir el pago de intereses moratorios derivados de condenas
impuestas a la Caja Nacional de Previsión Social.

35. El Gobierno nacional dispuso la supresión de CAJANAL a través del
Decreto 2196 de 200923, dando aplicación a lo dispuesto en el Decreto 254

22
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, auto de 16 de julio de 2015, radicado No.
25000-23-25-000-2014-04132-01, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
23
por el cual se suprime la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, EICE, se ordena su liquidación,
se designa un liquidador y se dictan otras disposiciones.
10

Expediente 25000-23-42-000-2017-01978-02
Número Interno (1297-2020)
EJECUTANTE: José Cristóbal Tenjo
EJECUTADA: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social -UGPP

de 200024 modificado por la Ley 1105 de 200625, disposición que en su
artículo 1° estableció que «Los vacíos del presente régimen de liquidación se
llenarán con el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y las normas que lo
desarrollan.»

36. De igual manera, el referido decreto señaló en su artículo 11, lo
siguiente:

« ARTÍCULO 11. El artículo 21 del Decreto-ley 254 de 2000 quedará así:
«Artículo 21. Bienes excluidos de la masa de la liquidación. No formarán parte
de la masa de la liquidación:
a) Los recursos de seguridad social, los cuales deberán ser entregados a la
entidad que determine el Gobierno Nacional;
[…]»

37. A su vez, el artículo 64 del Decreto 4107 de 2011 26, dispuso que
CAJANAL EICE en liquidación, continuaría realizando las funciones
señaladas en el artículo 3 del Decreto 2196 de 200927 hasta tanto fueran
asumidas por la UGPP, a más tardar el 1 de diciembre de 2012; sin
embargo, el proceso de liquidación culminó efectivamente el 11 de junio de
2013, de conformidad con el Decreto 877 de 201328, de manera que los
procesos judiciales y demás reclamaciones que estuvieran en trámite al
momento del cierre de la liquidación, debieron ser asumidos por la UGPP29.

38. La Sala destaca que por medio del Decreto 4269 de 8 de noviembre de
2011 fueron distribuidas las competencias entre CAJANAL y su sucesora
procesal, la UGPP. Según la norma, las solicitudes relacionadas con el
reconocimiento de derechos pensionales y prestaciones económicas serían
atendidas por una u otra, según la fecha de su presentación. Por ende, las
reclamaciones presentadas a partir del 8 de noviembre de 2011
24 por el cual se expide el régimen para la liquidación de las entidades públicas del orden nacional.
25 Por medio de la cual se modifica el Decreto-ley 254 de 2000, sobre procedimiento de liquidación de

entidades públicas de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional y se dictan otras disposiciones.
26
«Por el cual se determinan los objetivos y la estructura del Ministerio de Salud y Protección Social y
se integra el Sector Administrativo de Salud y Protección Social.»
27
«por el cual se suprime la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, EICE, se ordena su
liquidación, se designa un liquidador y se dictan otras disposiciones».
28 «por el cual se prorroga el plazo de liquidación de la Caja Nacional de Previsión Social Cajanal EICE

en Liquidación y se dictan otras disposiciones.»
29 Artículo 22 del Decreto 2196 de 2009

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Expediente 25000-23-42-000-2017-01978-02
Número Interno (1297-2020)
EJECUTANTE: José Cristóbal Tenjo
EJECUTADA: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social -UGPP

corresponderían a la UGPP, en tanto que las entregadas con anterioridad a
esa fecha recaerían sobre Cajanal en Liquidación.

39. Sobre la competencia para asumir el pago de intereses moratorios
derivados del pago tardío de condenas impuesta a la extinta CAJANAL, la
Sala de Consulta y Servicio Civil de esta Corporación, en providencia del 8
de junio de 201630 indicó lo siguiente:

« […] Por consiguiente, las competencias atribuidas a CAJANAL y a la UGPP,
son las siguientes:
En cuanto a las competencias asignadas a la UGPP, el artículo 1º del Decreto
4269 del 8 de noviembre de 2011, por el cual “se distribuyeron unas
competencias en materia de reconocimiento de derechos pensionales”, indicó
que la UGPP sería la competente para resolver todas las solicitudes
relacionadas con el reconocimiento de derechos pensionales y prestaciones
económicas, radicadas a partir del 8 de noviembre de 2011, en tanto que las
radicadas antes de esa fecha serían resueltas por CAJANAL EICE, en
Liquidación.
En cuanto a lo relacionado con la actividad judicial, la Sala ha señalado que el
sucesor procesal de la extinta CAJANAL, para todos los efectos, es la UGPP,
quien está llamada a asumir la responsabilidad por las condenas que se
profieran en los procesos judiciales que fueron adelantados contra la
desaparecida entidad.
Se recuerda que a través del Decreto 0877 de 30 de abril de 2013, se prorrogó
el plazo dispuesto para la liquidación de la Caja Nacional de Previsión Social
CAJANAL EICE en liquidación, establecido en el artículo 1° del Decreto 2196
de 2009, hasta el 11 de junio de 2013.
Así, la UGPP debe asumir íntegramente las competencias misionales que
antes eran de CAJANAL y la remplaza procesalmente con el fin de garantizar la
defensa judicial, técnica y material en los procesos y reclamaciones que
estaban en trámite al cierre de la liquidación de la Caja.
[…]
Observa la Sala adicionalmente, que la sentencia no se puede escindir o
fraccionar como pretende la UGPP en su acto administrativo en el que niega la
competencia para el pago de los intereses de la misma, pues el fallo judicial
constituye un todo, es un pronunciamiento judicial completo que debe
cumplirse de manera integral.
Los intereses moratorios surgen del cumplimiento tardío de la condena fijada
por la sentencia , razón por la cual son accesorios al pago del valor principal.
En consecuencia, las mismas razones que llevaron al Liquidador de CAJANAL

30 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, providencia de 8 de junio de 2016, M.P Edgar

González López, radicación 11001-03-06-000-2016-00054-00(C)

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Número Interno (1297-2020)
EJECUTANTE: José Cristóbal Tenjo
EJECUTADA: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
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a cumplir la referida sentencia en cuanto al reconocimiento y pago de la
reliquidación de la pensión y el retroactivo, se aplican al pago de los intereses
moratorios que se hayan generado por el cumplimiento tardío de dicha
sentencia […]»
(Destacado fuera del texto original.)

40. En estas condiciones, CAJANAL entonces en liquidación o la UGPP,
según el caso, estaban obligadas a satisfacer íntegramente las condenas
impuestas en su contra. La Sala precisa que la competencia de esta última
entidad fue efectiva a partir del 8 de noviembre de 2011, momento en el que
asumió todas las solicitudes de reconocimientos de derechos pensionales y
prestaciones económicas que fueran radicadas a partir de esa fecha.

41. Lo anterior no implica que la atención de las reclamaciones de pago de
las prestaciones económicas derivadas de la reliquidación pensional
anteriores al 8 de noviembre de 2011 no corresponda a la UGPP, pues como
lo tiene establecido esta corporación, al liquidarse CAJANAL a partir del 12
de junio del 2013 y dándose por terminada su existencia legal, todas las
obligaciones que pudiesen haber estado bajo su responsabilidad debían
pasar a la UGPP por ser su cesionaria, en virtud de lo establecido en el
artículo 2° del Decreto 2040 de 2011 31.

3.3 Efectividad de condenas contra entidades públicas. Régimen de
intereses de mora del Decreto 01 de 1984 – Código Contencioso
Administrativo

42. Sobre el tema, el artículo 176 Código Contencioso Administrativo,
disponía lo siguiente:

«Artículo 176.- Ejecución. Las autoridades a quienes corresponda la
ejecución de una sentencia dictarán, dentro del término de treinta (30) días
contados desde su comunicación, la resolución correspondiente, en la cual se
adoptarán las medidas necesarias para su cumplimiento.»

31 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Expediente 11001-03-06-000-2016-00054-
00(C), providencia de 8 de junio de 2016 M.P Edgar González López, en la cual se consideró que «
[…] que el sucesor procesal de la extinta CAJANAL, para todos los efectos, es la UGPP, quien está
llamada a asumir la responsabilidad por las condenas que se profieran en los procesos judiciales que
fueron adelantados contra la desaparecida entidad.»
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Expediente 25000-23-42-000-2017-01978-02
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43. Conforme a la norma, las autoridades administrativas a quienes les
correspondiera la ejecución de la sentencia contaban con 30 días contados
desde la comunicación de la orden judicial para proferir la resolución
correspondiente en la que se adopten las medidas necesarias para el
cumplimiento de la providencia, de manera que durante este lapso no se
causa ningún tipo de interés.

44. Y el inciso 5 del artículo 177 de la misma codificación, consagraba lo
siguiente:

« Artículo 177.- Efectividad de condenes contra entidades públicas.
Cuando se condene a la Nación, a una entidad territorial o descentralizada al
pago o devolución de una cantidad líquida de dinero, se enviará
inmediatamente copia de la sentencia a quien sea competente para ejercer
las funciones del ministerio público frente a la entidad condenada.
[…]
Las cantidades líquidas reconocidas en tales sentencias devengarán
intereses comerciales y moratorios. […]»

45. La norma, en su redacción original establecía que «las cantidades
líquidas reconocidas en tales sentencias devengarán intereses comerciales
durante los seis meses siguientes a su ejecutoria y moratorios después de
este término»; sin embargo, las expresiones subrayadas fueron declaradas
inexequibles por la Corte Constitucional mediante sentencia C-188 de
199932, al considerar lo siguiente:

«[…] Para la Corte es claro que el principio de igualdad y la equidad imponen
que en estos casos las dos partes reciban igual trato, sin que se justifique en
modo alguno que mientras el Estado cobra a los contribuyentes intereses
moratorios cuando ellos no pagan a tiempo los impuestos, y ello a partir del
primer día de retardo en el pago, las obligaciones en mora a cargo del Estado
deban forzosamente permanecer libres de la obligación de cancelar dichos
réditos durante seis meses, con notorio perjuicio para los particulares que han
debido recibir oportunamente los recursos pactados. Durante ese tiempo, el
dinero no recibido por el acreedor pierde poder adquisitivo y no existe razón
válida para que esa pérdida la deba soportar el particular y no el Estado, que
incumple.
Es evidente la vulneración del artículo 13 de la Constitución Política, toda vez
que, con independencia de si el deudor es el gobernado o el ente oficial, el

32 Corte Constitucional, sentencia del 24 de marzo de 1999. Referencia: Expediente D-2191.

Magistrado Ponente: José Gregorio Hernández Galindo.

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hecho es el mismo; la circunstancia es equivalente; el daño económico que
sufre el acreedor por causa de la mora es idéntico; y las obligaciones asumidas
por las entidades públicas no tienen alcance jurídico diverso de las que están a
cargo de las personas privadas.
[…]

En cuanto al artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, a menos que
la sentencia que impone la condena señale un plazo para el pago -evento en el
cual, dentro del mismo se pagarán intereses comerciales-, los intereses
moratorios se causan a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia, sin
perjuicio de la aplicación del término de dieciocho (18) meses que el precepto
contempla para que la correspondiente condena sea ejecutable ante la justicia
ordinaria. »

46. Así las cosas, en aplicación del citado artículo 177 del Código
Contencioso Administrativo, es viable colegir que las entidades tenían un
plazo de 18 meses para efectuar el pago correspondiente, contados a partir
de la ejecutoria de las providencias proferida por esta jurisdicción.

47. Además, conforme al inciso 6° de la norma, cumplidos 6 meses contados
a partir de la ejecutoria de la providencia que imponga o liquide una condena
o de la que apruebe una conciliación sin que los beneficiarios hayan acudido
a la entidad a fin de hacerla efectiva, la causación de intereses comerciales y
moratorios cesan desde ese momento y hasta que se presente la solicitud
en los términos exigidos en la norma.

48. Teniendo en cuenta que las normas en comento no consagraron las
tasas de interés comercial o moratorio, es necesario atender lo establecido
en el artículo 884 del Código de Comercio. Conforme a esa disposición el
interés moratorio será equivalente a una y media veces del bancario
corriente certificado por la Superintendencia Financiera para el periodo de
mora.

49. Ahora bien, cuando los intereses sobrepasen el límite de la usura
previsto en el artículo 305 del Código Penal, la suma deberá ser reducida a
dicho límite33.

33
Consejo de Estado - Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto N.I 2184 de 29 de abril de 2014
M.P. Álvaro Namén Vargas.

15

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50. En resumen, las reglas de efectividad de las sentencias, laudos arbitrales
y conciliaciones debidamente aprobadas por esta jurisdicción, bajo el Código
Contencioso Administrativo, son las siguientes:

i) Las entidades públicas tienen un término de dieciocho (18) meses para el
cumplimiento de las sentencias en firme que les imponen el pago de una
cantidad líquida de dinero o de conformidad con el término pactado en los
casos de los acuerdos conciliatorios.

ii) Una vez vencido este plazo sin que se hubiera dado cumplimiento a la
sentencia, el mismo puede ser exigido mediante juicio ejecutivo.

iii) Las cantidades líquidas reconocidas en una sentencia causarán intereses
moratorios desde el momento de su ejecutoria, salvo que se fije un plazo
para su pago.

iv) En el caso de conciliaciones y sentencias en las que se fije un plazo para
su cumplimiento, se causarán intereses comerciales durante el respectivo
término y moratorios una vez vencido este.

v) De conformidad con el artículo 884 del Código de Comercio, la tasa
comercial es equivalente al interés bancario corriente y los moratorios
señalados en el artículo 177 del C.C.A., corresponden a una y media veces
de los corrientes bancarios, siempre y cuando los últimos no excedan el
límite previsto para no incurrir en el delito de usura, caso en el cual deberán
reducirse a dicho tope.

4. Caso concreto

51. Del acervo probatorio obrante en el expediente, la Sala extrae lo
siguiente:

52. Mediante sentencia proferida en audiencia realizada el 28 de noviembre
de 201934, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió declarar no

34
Acta a folios 152 a 158 y video en el C.D anexo a folio 159
16

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probadas las excepciones de caducidad y/o prescripción y pago,
presentadas por la parte ejecutada. Además, ordenó seguir adelante con la
ejecución por concepto de los intereses moratorios causados desde el 6 de
marzo de 2008 hasta el 31 de marzo de 2011. El tribunal a quo precisó que
determinaría el valor a cancelar en la etapa de liquidación del crédito.

53. La entidad ejecutada en el recurso de apelación alega que en el asunto
operó la caducidad de la acción y que en el término en que duró el proceso
de liquidación de CAJANAL no se causaron los intereses moratorios porque
se configuró una causal de fuerza mayor que lo impedía. También se opuso
a la pretensión de reclamación de intereses porque alega que esa obligación
no está a su cargo.

54. Para resolver, la Sala observa que mediante sentencia de 31 de mayo de
2007, traída como base de recaudo, esta corporación ordenó a la
demandada que reliquidara la pensión de jubilación del demandante, en
cuantía equivalente al 75% de los factores devengados durante el último año
de servicios: asignación básica, auxilio de alimentación, bonificación por
servicios y primas de antigüedad, servicios, vacaciones y navidad.35 La
sentencia base de ejecución quedó ejecutoriada el 5 de marzo de 2008.36

55. En este orden, teniendo en cuenta que la sentencia que sirve como base
de recaudo adquirió firmeza el 5 de marzo de 2008, esto es, en vigencia del
Decreto 01 de 1984, fue exigible 18 meses, después de que ello ocurriera,
es decir, el 5 de septiembre de 2009 momento desde el cual inició el conteo
del término de caducidad de la demanda ejecutiva, que equivale a 5 años.

56. El accionante, actuando a través de apoderado, presentó demanda
ejecutiva el 19 de abril de 2017 y pidió el pago de los intereses moratorios,
desde la ejecutoria de la sentencia hasta la fecha de cancelación de la
obligación.

57. La Sala reitera que los términos de caducidad de las obligaciones a

35
Fols. 10 a 18
36
Fol. 29 vuelto
17

Expediente 25000-23-42-000-2017-01978-02
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cargo de la entidad liquidada no corrieron entre el 12 de junio de 2009 hasta
el 11 de junio de 2013, esto es, por el espacio de cuatro (4) años. De esta
manera, levantada la suspensión de aquellos, el 12 de junio de 2013, con la
conclusión del trámite liquidatorio, se reanudó el cómputo de los cinco (5)
años con que contaba la ejecutante para formular la demanda respecto de
las obligaciones reconocidas en las sentencias condenatorias.

58. Aplicados los presupuestos antes expuestos al caso concreto, se tiene
que el fallo objeto de recaudo se hizo exigible el 5 de septiembre de 2009,
dieciocho meses después de su ejecutoria, momento en que se encontraba
suspendida la caducidad de las acciones contra CAJANAL, teniendo en
cuenta que el proceso de liquidación inició el 12 de junio de 2009 y culminó
el 11 de junio de 2013.

59. En consecuencia, el lapso para perseguir oportunamente el acatamiento
de la sentencia motivo del presente trámite, se inició el 12 de junio de 2013,
fecha en que concluyó el trámite liquidatorio de CAJANAL, lo que quiere
decir, que la fecha límite para formular la demanda ejecutiva era el 12 de
junio de 2018. Según sello del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
impuesto en el folio 1 del expediente, ello ocurrió el 19 de abril de 2017, en
consecuencia, se establece que se formuló de manera oportuna, razón por
la cual en este evento no se configuró el fenómeno de caducidad, tal como lo
determinó el a quo.

60. El otro reparo que le endilgó la ejecutada al fallo apelado tiene que ver
con la imposibilidad del reconocimiento de intereses moratorios debido al
proceso de liquidación a que se vio sometida la entonces CAJANAL,
circunstancia que, según el criterio de la entidad accionada, configura fuerza
mayor en los términos expuestos en la contestación de la demanda, esto es,
conforme el artículo 1616 del CC. La norma establece lo siguiente:

«Responsabilidad del deudor en la causación de perjuicios. Si no se puede
imputar dolo al deudor, solo es responsable de los perjuicios que se previeron o
pudieron preverse al tiempo del contrato; pero si hay dolo, es responsable de
todos los perjuicios que fueron consecuencia inmediata o directa de no haberse
cumplido la obligación o de haberse demorado su cumplimiento.
18

Expediente 25000-23-42-000-2017-01978-02
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La mora producida por fuerza mayor o caso fortuito, no da lugar a
indemnización de perjuicios.
Las estipulaciones de los contratantes podrán modificar estas reglas.»
(subrayado fuera del texto original)

61. Sobre el tema analizado, tal como lo reconoció esta Sala en sentencia de
30 de octubre de 202037, las Secciones Primera y Cuarta de esta
Corporación han prohijado el criterio según el cual la toma de posesión para
liquidar una sociedad «constituye fuerza mayor a la que no puede resistirse
la sociedad objeto de la misma, y esta circunstancia tal como lo declara la
norma citada excluye el reconocimiento de intereses moratorios»38; sin
embargo, tal tesis se ha aplicado en créditos diferentes a los originados de
obligaciones pensionales.

62. En efecto, la Sala precisa que el contexto jurídico en que se surtió la
liquidación de las sociedades objeto de los pronunciamientos de esta
Corporación referidos por la ejecutada UGPP en su contestación de la
demanda, se originó como consecuencia de un «proceso de liquidación
forzosa administrativa», de naturaleza distinta al procedimiento que culminó
con la extinción de Cajanal.

37
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 30 de octubre de 2020, radicado
No. 25000-23-42-000-2016-03249-01(3185-19), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
38
Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección cuarta: (i) sentencia de 25 de
junio de 1999, radicación 25000-23-27-000-12248-01 (9425), C. P. Daniel Manrique Guzmán. En esta
providencia se reitera el criterio expuesto en fallo de 15 de febrero de 1985, también de la sección
cuarta de esta Corporación, expediente 8872, C. P. Carmelo Martínez Conn, en que se concluyó: «El
acto demandado, especialmente la Resolución 4513 de 12 de agosto de 1981, invoca como
fundamento legal de la negativa a ordenar el pago de intereses moratorios, el artículo 822 del Código
de Comercio, conforme al cual “los principios que gobiernan la formación de los actos y contratos y las
obligaciones de derecho civil, sus efectos, interpretación, modo de extinguirse, anularse o rescindirse,
serán aplicables a las obligaciones y negocios jurídicos mercantiles, a menos que la ley establezca
otra cosa”, de suerte que como según la ley civil -artículo 1° de la Ley 95 de 1890-, constituye fuerza
mayor, “los actos de autoridad ejercidos por funcionarios públicos”, y conforme al inciso 2° del artículo
1616 del Código Civil, “la mora producida por fuerza mayor o caso fortuito, no da lugar a
indemnización de perjuicios”, se concluye que la toma de posesión de los haberes y de la
administración de una empresa por parte de la Superintendencia Bancaria, constituye fuerza mayor, la
que no genera intereses de mora a cargo de la persona intervenida conforme lo declara el citado
inciso 2° del artículo 1616 del Código Civil»; (ii) sentencia de 14 de octubre de 2004, radicación 25000-
23-27-000-2001-2277-01(13926), C. P. María Inés Ortiz Barbosa; y (iii) sentencia de 26 de julio de
2007, expediente 25000-23-27-000-2003-00369-01(15002), C. P. Juan Ángel Palacios Hincapié. Y de
la sección primera: (i) sentencia de 10 de julio de 2014, radicación 13001-23-31-000-2004-01258-01,
C. P. Marco Antonio Velilla Moreno; y (ii) fallo de 16 de abril de 2015, expediente 08001-23-31-000-
2007-00734-01, C. P. María Claudia Rojas Lasso.
19

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63. En efecto, la jurisprudencia de esta Corporación ha reconocido que el
ordenamiento jurídico contempla similitudes y diferencias en la liquidación de
entidades públicas y de personas jurídicas de origen privado, así como los
efectos que se originan sobre la obligación de pago de intereses, al
establecer lo siguiente39:

«2.1 Liquidación de sociedades de naturaleza privada.

[…]

Doctrinariamente se han distinguido dos clases, según que la disolución y
consecuente liquidación de las sociedades, se produzca en forma voluntaria o
por un acto de un organismo estatal de vigilancia y control de las mismas.

a) Las liquidaciones voluntarias o privadas, son las originadas en el querer
de los socios o en hechos inscritos en la ley o en el contrato social, las cuales
se consignan en el artículo 218 del Código de Comercio que, de forma
general, prevé la disolución de las sociedades mercantiles […]

[…]

En conclusión, cuando se trata de liquidaciones voluntarias, que, como se
sabe, no son las que provienen de un acto de la autoridad de control, hay
lugar al reconocimiento y pago de toda clase de intereses, dentro de las
posibilidades de la masa de la liquidación y guardando los privilegios legales.

b) Las liquidaciones obligatorias,40 son las ordenadas por un acto de la
autoridad estatal de vigilancia y control ante circunstancias generadas por
crisis financieras o manejos irregulares que pueden deteriorar la prenda
general de los acreedores, y en especial el patrimonio de los proveedores, los
accionistas, los ahorradores, los inversionistas, los depositantes, etc.
[…]
(i) Liquidación obligatoria de sociedades comerciales. Cuando la
sociedad comercial no está sujeta a un régimen especial de intervención o
liquidación, le corresponde actuar a la Superintendencia de Sociedades, de
conformidad con la competencia que le asigna para los trámites concursales

39
Consejo de Estado, sala de consulta y servicio civil, concepto de 30 de noviembre de 2006,
expediente 11001-03-06-000-2006-00097-00(1778), C. P. Gustavo Aponte Santos.
40
“El procedimiento de liquidación obligatoria, aunque semejante en muchos aspectos, no puede
confundirse con el trámite de liquidación privada de sociedades, previsto en los artículos 218 y
siguientes del Código de Comercio. En realidad, mientras que la liquidación obligatoria es un
procedimiento concursal de alta connotación pública, propiciado por la crisis de la entidad
deudora, el proceso liquidatorio regulado en el Código citado es un procedimiento iniciado
voluntariamente por la compañía, en el que no participa, en general, ninguna instancia estatal”.
Tomado de FRANCISCO REYES VILLAMIZAR. “Reforma al Régimen de Sociedades y Concursos.”
Bogotá. Editorial Temis S.A. 1999 Pág. 401 y 402.
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el artículo 90 de la ley 222 de 199541, siempre que se presente alguna de las
causales del artículo 150 de la misma.
[…]
En síntesis, la Superintendencia de Sociedades:

• Acepta doctrinariamente que los intereses remuneratorios y moratorios
son inherentes al crédito principal y que no se rompe el principio de
igualdad entre los acreedores, con su reconocimiento en las
liquidaciones obligatorias.

• Entiende que el auto de apertura del trámite de liquidación obligatoria
constituye fuerza mayor y por tanto, no hay lugar, en principio, al pago
de intereses moratorios a partir de dicho auto, a menos que se haya
pactado lo contrario.

• Concluye en que, dependiendo siempre de la existencia de recursos
suficientes, el liquidador, respetando la prelación de créditos, debe
pagar primero el capital principal, enseguida los intereses
remuneratorios y moratorios causados hasta el auto de apertura del
trámite de liquidación obligatoria, y, si las partes acordaron que la
mora producida por fuerza mayor o caso fortuito no exonera al deudor,
pagará también los moratorios causados con posterioridad al
mencionado auto.
[…]
(ii) Liquidación forzosa de sociedades de carácter financiero. En este
caso debe actuar el organismo de vigilancia y control para este tipo de
sociedades; es decir, la Superintendencia Financiera, adoptando las
correspondientes medidas de toma de posesión y, si es del caso, la
liquidación forzosa administrativa, conforme al Estatuto Orgánico del Sistema
Financiero.
[…]
Así las cosas, una vez tomada la decisión de liquidar forzosamente la
sociedad de carácter financiero surge la expectativa del reconocimiento o no
de intereses a los acreedores sobre las obligaciones insolutas en el momento
de la toma de posesión.
Al respecto, la Superintendencia Bancaria (hoy denominada Superintendencia
Financiera), con base en una jurisprudencia del Consejo de Estado, ha
sostenido en diversas ocasiones, como por ejemplo, en los oficios Nos. 121-
001068 del 11 de enero de 1990 y 96006143-2 del 27 de diciembre de 1996,
del Superintendente Delegado para Instituciones Financieras y el Director
Jurídico, respectivamente, que no hay lugar al reconocimiento de intereses
41 “(...) a partir de la declaratoria de inexequibilidad del artículo 23 del decreto 1080 de 1996 (Sentencia

C-180/97), la competencia de la Superintendencia de Sociedades en materia de liquidación
obligatoria se restringe a las sociedades comerciales, siempre que no estén sujetas a un
procedimiento especial de intervención administrativa (ley 222 de 1995, art. 90). Por sustracción de
materia, la competencia para el mismo proceso en los casos de personas naturales o de personas
jurídicas de naturaleza no societaria, así como de las sociedades civiles estarán a cargo, en primera
instancia, de los jueces civiles del circuito especializados o, a falta de estos, por los jueces civiles del
circuito del domicilio del deudor (art. 214, ibidem)”. Francisco Reyes Villamizar. Reforma al régimen de
sociedades y concursos. 2ª edición. Editorial Temis, Bogotá D.C., 1999, pág. 405.
21

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moratorios ni remuneratorios a los acreedores, a partir de la resolución que
ordena la toma de posesión de una entidad financiera, por las razones que se
verán enseguida.
La jurisprudencia aludida se encuentra consignada en la sentencia del 15 de
febrero de 1985, dictada por la Sección Cuarta de esta corporación,
expediente No. 8872, en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho
propuesta contra dos resoluciones dictadas por la Superintendencia Bancaria,
en desarrollo de una intervención administrativa sobre una corporación
financiera privada […]
En resumen, el criterio de la antigua Superintendencia Bancaria, se sintetiza
así:

• A diferencia de la Superintendencia de Sociedades, la
Superintendencia Bancaria no acepta el pago de intereses moratorios
ni remuneratorios a partir de la toma de posesión del establecimiento,
porque se rompe el principio de igualdad entre los acreedores.
• Los intereses moratorios de las acreencias corren solamente hasta
la toma de posesión porque ese acto de autoridad constituye fuerza
mayor y por ende, exonera de la mora.
• Los intereses remuneratorios corren solamente hasta la
mencionada toma de posesión, por cuanto las obligaciones a plazo se
hacen exigibles con la medida administrativa de la intervención.

2.2. Supresión y liquidación de organismos y entidades de naturaleza
pública.
[…]
Dada la complejidad de la organización administrativa estatal descrita, la
interrelación de regímenes jurídicos privados y públicos y los objetivos
buscados por la administración, no es tan claro clasificar las liquidaciones de
entes públicos en voluntarias y obligatorias, como se acepta para las de las
sociedades de naturaleza privada, aunque existan ciertas similitudes. La Sala
prefiere entonces, categorizarlas según el órgano o la autoridad que tome la
medida, concluyendo que es pertinente hablar de liquidaciones por decisión
de las superintendencias y liquidaciones por decisión del Presidente de la
República.
a) Las liquidaciones de entidades públicas por decisión de una
Superintendencia.- Son aquellas que se producen como resultado de la
intervención de una superintendencia sobre una entidad estatal sometida a su
control, ante el surgimiento de una causa legal que obliga a decretar medidas
imperativas, como son la toma de posesión de los bienes y la liquidación
forzosa administrativa, o la apertura del trámite de liquidación obligatoria.
En estos casos los procedimientos legales a seguir por las Superintendencias
son los mismos utilizados para las liquidaciones forzosas administrativas y
para las liquidaciones obligatorias de sociedades de naturaleza privada.
En cuanto al punto específico consultado sobre el pago de intereses a los
acreedores, la Sala considera que debe aplicarse el principio general del

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cumplimiento riguroso de las obligaciones, de manera que, en lo posible, se
pagarán los intereses de todo tipo respetando las prelaciones legales.
b) Las liquidaciones de entidades públicas por decisión del Presidente
de la República.- Son las contempladas en el artículo 189-15 de la
Constitución, desarrollado por el 52 de la ley 489 de 1998. Estas liquidaciones
obedecen esencialmente a razones político- administrativas y pueden ser
adoptadas por el Gobierno Nacional […]
[…]
En este contexto, la Sala considera que el artículo 189.15 de la C.P. y la ley
489 de 1998, crean un nuevo tipo de liquidación, diferente a todas las demás,
cuya fuente y sus causales son de derecho público. De esto se sigue, que
también en materia de responsabilidad del Estado por el eventual daño que
cause a un acreedor la decisión de liquidar un organismo o una entidad de la
Rama Ejecutiva, deberán aplicarse criterios y reglas jurisprudenciales de
derecho público.
[…]
Así las cosas, los acreedores de una liquidación decretada en la forma que se
ha venido estudiando tienen derecho a obtener el pago de toda clase de
intereses que sus créditos generen, pues el riesgo en que el Gobierno coloca
al acreedor particular rompe el equilibrio en las cargas públicas ocasionándole
un daño antijurídico.
De otra parte, la Sala observa que aún en el caso de aplicar la tesis
tradicional del Código Civil, también los acreedores tienen derecho al pago de
todos los intereses, puesto que el decreto presidencial que ordena la
supresión, disolución y liquidación de una sociedad de naturaleza pública o la
supresión y liquidación de entes públicos no societarios, no puede
considerarse constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito42 y por tanto no surte
los efectos liberatorios de responsabilidad que la ley le atribuye a esa figura.
En efecto, cuando se profundiza en el concepto jurídico de fuerza mayor y los
requisitos de ocurrencia simultánea que la jurisprudencia ha señalado para
que un hecho ostente dicha condición, se encuentra que el acto administrativo
bajo estudio aunque es irresistible, no es inimputable al Estado, ni es
imprevisible43 […]
[…]

42
Código Civil. “Artículo 64.- subrogado ley 95 de 1890, Art. 1º - Se llama fuerza mayor o caso
fortuito el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el
apresamiento de enemigos, los autos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.”
(Resalta la Sala). (Resalta la Sala).
43 "La doctrina y la jurisprudencia enseñan que los elementos constitutivos de la fuerza mayor

como hecho eximente de responsabilidad contractual y extracontractual son: la
inimputabilidad, la imprevisibilidad y la irresistibilidad. El primero consiste en que el hecho que se
invoca como fuerza mayor o caso fortuito, no se derive en modo alguno de la conducta culpable del
obligado, de su estado de culpa precedente o concomitante del hecho. El segundo se tiene cuando el
suceso escapa a las previsiones normales, esto es, que ante la conducta prudente adoptada por el
que alega el caso fortuito, era imposible de preverlo. Y la irresistibilidad radica en que ante las
medidas tomadas fue imposible evitar que el hecho se presentara. (…). Tomado de la Corte Suprema
de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de noviembre 13 de 1962. (Resalta la Sala).
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La conclusión de este capítulo, es que ante el rompimiento del principio de
igualdad frente a las cargas públicas que para el acreedor representa la
decisión Presidencial de suprimir y liquidar la entidad pública deudora, el
Estado debe responder por los daños antijurídicos que eventualmente puedan
causarse y específicamente debe pagar los intereses remuneratorios y
moratorios anteriores y posteriores al decreto de liquidación.»
(Subrayado fuera del texto original).

64. Conforme al criterio de diferenciación antes expuesto, no es posible
aplicar al caso analizado la tesis planteada por la entidad ejecutada, debido
a que «el procedimiento que culminó con la extinción de Cajanal, no se
puede asemejar a la liquidación forzosa administrativa prevista para las
sociedades de naturaleza privada, tales como las comerciales y financieras,
puesto que, frente a las primeras (comerciales) […] Por el contrario, cuando
la supresión y consecuente liquidación recae sobre organismos y entidades
de naturaleza pública, si es por decisión de una superintendencia, «debe
aplicarse el principio general del cumplimiento riguroso de las obligaciones,
de manera que, en lo posible, se pagarán los intereses de todo tipo
respetando las prelaciones legales», y si la determinación la adopta el
presidente de la República, como lo fue en el caso de Cajanal, «el Estado
debe responder por los daños antijurídicos que eventualmente puedan
causarse y específicamente debe pagar los intereses remuneratorios y
moratorios anteriores y posteriores al decreto de liquidación»44.

65. En resumen, la Sala establece que el fenómeno de fuerza mayor
alegado por la defensa de la UGPP que, en su criterio, impide la causación
de intereses moratorios no se configura, debido a la naturaleza pública que
caracteriza la acreencia de la actora, derivada de un reconocimiento
pensional, a la cual no se le puede dar el mismo tratamiento que se le
concede a los créditos que se originen frente al procedimiento consagrado
para las liquidaciones forzadas.

44
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 30 de octubre de 2020, radicado
No. 25000-23-42-000-2016-03249-01(3185-19), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
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66. Finalmente, la Sala determina que los intereses reclamados están a
cargo de la ejecutada UGPP, conforme se estableció en consideraciones
anteriores. Además, observa que la liquidación de esos emolumento que se
ordenó en la sentencia apelada tuvo en cuenta lo dispuesto en el inciso 2°
de artículo 177 del CCA, norma vigente en todo el periodo de causación de
los intereses moratorios, según la cual las cantidades líquidas reconocidas
en la sentencia base de ejecución devengan intereses moratorios desde el
día siguiente a la ejecutoria de la decisión, razón por la cual se encuentra
ajustada la decisión apelada.

67. En conclusión, la Sala comprobó que en el sub lite no se configuró el
fenómeno de la caducidad de la acción ejecutiva que promovió el señor José
Cristóbal Tenjo contra la entidad ejecutada. Tampoco se presentó la fuerza
mayor que impidiera la causación de los intereses reclamados a cargo de la
UGPP, razones suficientes para confirmar la sentencia apelada que ordenó
seguir adelante con la ejecución por los intereses moratorios por el pago
tardío de la obligación causados desde el 6 de marzo de 2008 hasta el 31 de
marzo de 2011.

68. Por lo anteriormente expuesto, el Consejo de Estado – Sala de lo
Contencioso Administrativo – Sección Segunda - Subsección “B”,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del del 28 de noviembre de 2019,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el proceso
ejecutivo adelantado por el señor José Cristóbal Tenjo contra la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social - UGPP, mediante la cual se declararon no probadas
las excepciones propuestas por la defensa de la ejecutada y se ordenó
seguir adelante con la ejecución, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Sin costas en esta instancia.

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TERCERO: Por la Secretaría de la Sección Segunda, devuélvase el proceso
al Tribunal Administrativo de Cundinamarca y déjense las constancias de
rigor en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI.

Notifíquese y cúmplase.

Firma electrónica
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
Magistrada

En comisión Firma electrónica
CARMELO PERDOMO CUÉTER CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Magistrado Magistrado

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante
el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida
la integridad y autenticidad del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.

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