Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-01120-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-01120-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2018-01120-02
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
18 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D.C., dieciocho (18) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Ejecutivo
Radicación: 25000-23-42-000-2018-01120-02 (1938-2024)
Demandante: María Elsa López Latorre1
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Prestación Social2
Tema: Caducidad de la acción ejecutiva.
Sentencia de segunda instancia
Asunto
Decide la Sala en segunda instancia el recurso de apelación presentado por la
entidad demandada contra la sentencia del 2 de noviembre de 2023 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca que declaró no probadas las excepciones
propuestas por la entidad demandada.
I. Antecedentes
1.1. La demanda3
1.1.1. Las pretensiones
1. María Elsa López Latorre presentó demanda ejecutiva, en orden a que se librara
mandamiento de pago contra la Ugpp por las siguientes sumas:
«[...]
GRAN TOTAL
Capital
(diferencias entre la mesada pensional $8.802.787
pagada y reliquidada)
Indexación $1.450.842
1 Antes María Elsa López De Casallas, de acuerdo con la cédula que obra en Samai, índice 55,
carpeta comprimida, archivo «LOPEZ LATORRE MARIA ELSA.pdf)», folio 25, nueva cédula obra a
folio 191 del mencionado archivo.
2 Ugpp.
3 Folios 3 a 9 del cuaderno principal.
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Radicado: 25001-23-42-000-2018-01120-02 (1938-2024)
Demandante: María Elsa López Latorre
Intereses $7.898.273
TOTAL $18.151.902
VALOR CORRECTO VALOR PAGADO DIFERENCIA
$18.151.902 $9.216.008 $8.935.894
Total adeudado $8.935.894
[...]»
1.1.2. Fundamentos fácticos
2. Los hechos relevantes del caso son los siguientes:
3. Mediante Resolución 13756 del 29 de noviembre de 1995 la Caja Nacional de
Previsión Social4 ordenó el pago de la pensión gracia en favor de María Elsa López
Latorre por $168.313.00 efectiva a partir del 2 de agosto de 1994, sin incluir la
totalidad de los factores salariales devengados en el año anterior a la adquisición
del estatus pensional.
4. Con la Resolución 19005 del 25 de abril de 2006 Cajanal reliquidó la pensión de
jubilación en cuantía de $180.283.85, efectiva a partir del 2 de agosto de 1994, pero
con efectos fiscales desde el 14 de marzo de 2006.
5. El 2 de diciembre de 2004 presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad
y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Código Contencioso
Administrativo5 contra la extinta Cajanal, en orden a que se reliquidara la pensión
gracia.
6. En sentencia del 26 de julio de 2007 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
accedió a las pretensiones de la demanda, en el sentido de (i) ordenar el pago de
las diferencias de las mesadas de la pensión gracia «a partir del 2 de agosto de 1994,
por ser esta la fecha en que consolidó el status pensional, con el salario devengado en el
período del 1 de agosto de 1993 al 1 de agosto de 1994, incluyéndose como factor salarial
Prima de Alimentación y Prima de Navidad, suma a la cual deb[ían] aplicarse los reajustes
anuales conforme a la ley» con la fórmula R = Rh x (índice final / índice inicial)6 que
se aplicaría mes por mes por tratarse de pagos de tracto sucesivo; (ii) declarar la
prescripción de las mesadas causadas antes del 17 de octubre de 2000; y (iii)
ordenar el cumplimiento en los términos del artículo 176 del CCA.
4 En adelante Cajanal.
5 En adelante CCA.
6 «En la que el valor presente (R) se determina[ba] multiplicando el valor histórico (RH), que
es la suma adeudada a la demandante, por el guarismo que resulte[ara] de dividir el índice
final de precios al consumidor certificado por el DANE, vigente a la fecha de ejecutoria de esta
Providencia, por el índice vigente en la fecha en que debió efectuarse el pago de cada
mensualidad, y así sucesivamente.»
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Demandante: María Elsa López Latorre
7. La sentencia antes mencionada quedó ejecutoriada el 14 de diciembre de 20077.
8. El 25 de agosto de 20088, la demandante solicitó a Cajanal el cumplimiento de la
sentencia que ordenó la reliquidación de la pensión. Esta fue reiterada el 11 de
febrero de 20109.
9. Con la Resolución PAP 036347 del 28 de enero de 2011 Cajanal dio
cumplimiento a la sentencia y reliquidó la pensión de jubilación gracia por nuevos
factores con el 75% de lo devengado en los años 1993 y 1994, a partir del 2 de
agosto de 1994, pero con efectos fiscales desde el 17 de octubre de 2000 por
prescripción trienal. Incluyó la asignación básica, el sobresueldo y las primas de
alimentación y navidad para una mesada de $189.210.
10. En lo relacionado con el pago de la indexación e intereses resolvió que «[e]l área
de nómina realizar[ía] las operaciones pertinentes conforme se señal[ó] en el fallo y en el
presente acto administrativo, respecto a los artículos 177 y 178 del CCA.»
11. En junio de 2011, el Fopep pagó el neto de $9.067.079.27 ($10.150.979.27 -
$1.083.900); sin embargo, no se tuvieron en cuenta los descuentos, en tanto se
debía restar a la suma mencionada la mesada de julio de 2011 por $934.971.
1.2. Mandamiento de pago
12. Mediante auto del 2 de septiembre de 201910 el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca libró mandamiento ejecutivo por $5.526.329,62.
13. El anterior valor lo discriminó así: i) $3.393.797,51 por las diferencias pensionales
causadas entre el 17 de octubre de 2000 hasta el 31 de junio de 2011 –mes anterior
a la inclusión en nómina–; ii) $377.747,60 por la indexación del saldo dejado de
pagar del retroactivo pensional reconocido en la sentencia base de recaudo hasta
su ejecutoria; y iii) $1.754.784,50 por los intereses moratorios causados sobre el
saldo indexado dejado de pagar del retroactivo pensional desde el 15 de diciembre
de 2007 al 15 de junio de 2008 y del 25 de agosto de 2008 hasta el 31 de junio de
2011.
1.3. Recurso presentado contra el mandamiento de pago y su trámite
14. La demandante presentó recurso de reposición11 contra la anterior decisión con
sustento en que el tribunal erró en la liquidación.
7 De acuerdo con el certificado de ejecutoria que obra a folio 12 del cuaderno principal.
8 Folios 35 a 37.
9 Según se extrae del contenido de la Resolución PAP 036347 de 28 de enero de 2011.
10 Folios 49 a 54 del cuaderno principal.
11 Folios 56 a 62 del cuaderno principal.
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15. En proveído del 18 de septiembre de 201912 se resolvió; (i) adecuar el recurso de
reposición al de apelación con sustento en que era improcedente dicho recurso, de
acuerdo con el artículo 438 y 318 del Código General del Proceso13; y (ii) concederlo
ante el Consejo de Estado.
16. En auto del 15 de julio de 202114 esta Subsección resolvió confirmar parcialmente
el mandamiento de pago. Para tal efecto, sostuvo:
16.1. De acuerdo con la liquidación realizada, el retroactivo generado con ocasión
de la sentencia cuya ejecución se pretendía era de $10.682.707,75.
16.2. En relación con los intereses causados sobre el capital consolidado a la fecha
de ejecutoria de la sentencia ─de conformidad con el artículo 177 del CCA,
adicionado por la Ley 446 de 2001─ se estableció que era de $8.633.004,28 pues
estos se habían causado desde el día siguiente de la fecha de ejecutoria del título
objeto de recaudo [15 de diciembre de 2007] hasta el día anterior al pago del
retroactivo que se realizó el 30 de julio de 2011. Sin embargo, como la petición de
cumplimiento se presentó el 25 de agosto de 2008, se interrumpió su causación
desde el 15 de junio de 2008, fecha en que vencieron los 6 meses de la ejecutoria.
16.3. Los valores totales eran:
TOTALES
Retroactivo indexado $10.682.707,75
Intereses sobre el retroactivo $ 8.633.004,28
Total $19.315.712.03
16.4. A la anterior suma se debían descontar $9.067.079.27 que el FOPEP pagó en
la nómina de julio de 2011 de la siguiente manera: $19.315.712.03 - $9.067.079.27
= $10.248.632,76.
16.5. No había lugar a reconocer suma alguna por concepto de mesadas posteriores
ni intereses sobre ellas porque la cuantía de la mesada inicial que determinó Cajanal
y que fue reconocida estaba ajustada a lo ordenado en la sentencia base de
ejecución.
1.4. Contestación de la demanda15
17. La Ugpp se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso las siguientes
excepciones:
12 Folios 64 a 66 del cuaderno principal.
13 En adelante CGP.
14 Folios 79 a 94 del cuaderno principal. También a índice 5 de la actuación (01) de Samai, archivo
«5_AUTOSINTERLOCUTORIOSDESALA(.DOC)»
15Samai, índice 47, archivo «31_CONTESTACIONDEMANDA_20180112000(.pdf)»
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17.1. Pago: no se le debía concepto alguno a la ejecutante y, en caso de encontrarse
que sí, cuando el proceso se encontrara en la liquidación del crédito se allegarían
«al despacho los respectivos soportes de los pagos efectuados al ejecutante, con su
respectivo acto administrativo y certificación de pago de costas con la finalidad de que
[fueran] descontadas de la liquidación del crédito y así evitar[ían] un pago doble de esa
prestación».
17.2. Caducidad de la acción ejecutiva: el término para solicitar la ejecución de un
título derivado de una decisión judicial proferida en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo era de 5 años contados a partir de la exigibilidad de la obligación, por
lo tanto, las sentencias dictadas en vigencia del Decreto 01 de 1984 debían hacerse
exigibles dentro de los 18 meses siguientes contados a partir de la ejecutoria de la
sentencia.
17.3. El Consejo de Estado señaló en su jurisprudencia que el término de caducidad
durante el proceso liquidatorio de Cajanal no se interrumpió o suspendió porque «el
parágrafo 2°, en concordancia con el segundo inciso de la norma citada, ordeno que los
procesos y reclamaciones en trámite, relacionados con las competencias asignadas por la
ley a la UGPP, debían ser atendidos por el Liquidador de Cajanal hasta el momento en que
fueran entregados a dicha unidad, al cierre de la liquidación. De ahí en adelante, tales
asuntos debían ser asumidos por la UGPP, con los recursos que para dicho efecto debe
transferirle la Nación, Ministerio de Hacienda y crédito Público (parágrafo 4° ibidem)» [sic].
17.4. No era posible afirmar que por el hecho de que Cajanal hubiese sido objeto de
liquidación implicaba la imposibilidad de iniciar procesos ejecutivos en su contra,
pues como lo ha precisado la jurisprudencia «en tratándose de la ejecución de una
sentencia, e[ra] claro que se est[aba] ante un “trámite adicional que surge a continuación
de la misma y dentro de mismo expediente” lo cual hace posible el ejercicio de la acción
ejecutiva, que en casos como el presente no se encuentra prohibida por el Decreto 2196
de 2009»
17.5. La obligación que se pretendía ejecutar en el caso bajo examen no formaba
parte de la masa liquidatoria de Cajanal, pues los intereses moratorios estaban
relacionados con el derecho pensional de la demandante, lo cual se vinculaba
directamente con los recursos de la seguridad social que fueron excluidos
expresamente por el artículo 21 del Decreto 254 de 2000; en consecuencia, el
término de la acción ejecutiva no fue suspendido.
17.6. El título ejecutivo en el caso bajo examen cobró ejecutoría el «24» de diciembre
de 2007 y la demanda ejecutiva fue presentada el «25» de mayo de 2018, es decir
que fua radicada extemporáneamente después de 10 años, 5 meses y 12 días,
máxime si se tenía en cuenta que no existía imposibilidad legal para iniciar el
proceso ejecutivo cuando se presentó la liquidación de Cajanal.
17.7. Trámite para el pago de los valores dispuestos en sentencias: Los artículos 192
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a 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo16 regularon las condiciones y procedimientos de pago de las
condenas y las conciliaciones a cargo de las entidades públicas. Asimismo, se debía
atender el Decreto 2649 de 2015.
17.8. Compensación: era necesario tener en cuenta el mayor valor recibido por
concepto del pago de la obligación, sin que «de ninguna manera se [entendiera]
reconocimiento de los hechos y pretensiones aducidos por los demandantes» [sic].
17.9. Prescripción: sin que se aceptaran las pretensiones, se proponía respecto de
«cualquier derecho que eventualmente se hubiese causado a favor del demandante y que
de conformidad con las normas legales y con las probanzas del juicio quedara cobijado con
el fenómeno de la prescripción de conformidad con lo previsto en las normas legales
Decretos 3135 de 1968 y artículo 102 del Decreto 1848 de 1969» [sic].
17.10. Intereses moratorios y costas: mediante la Resolución PAP 036347 del 28 de
enero de 2011 la entidad dio cumplimiento a la sentencia judicial objeto de
ejecución. Además, (i) consultada la base de datos se encontró que la interesada
presentó la reclamación 6769 ante el proceso liquidatorio de Cajanal respecto de
los intereses moratorios del artículo 177 del CCA, a la cual se le dio respuesta
mediante la Resolución 893 del 26 de julio de 2011, en el sentido de rechazar su
solicitud de conformidad con las causales «8, 11, y 13 por falencias documentales, las
cuales cuando [fueran] subsanadas el Liquidador se pronunciar[ía] a través de acto
administrativo posterior»; y (ii) dejó vencer la oportunidad procesal para demandarlos.
17.11. El no cumplimiento de la exigibilidad del presente título ejecutivo: no era
exigible, por cuanto la actora dejó vencer el término para presentar la demanda
ejecutiva. Aquellas obligaciones que estuvieran sujetas al complimiento de algún
plazo o condición solo se podían ejecutar cuando tales circunstancias [el plazo o la
condición] se hubieran superado. En otras palabras, la obligación se convirtió en
exigible cuando venció el término concedido al deudor para cubrir o pagar la deuda.
1.5. Sentencia de primera instancia
18. En sentencia del 2 de noviembre de 2023 el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca resolvió declarar no probadas las excepciones propuestas por la
entidad y ordenó seguir adelante con la ejecución de la sentencia, por las siguientes
razones:
18.1. La entidad ejecutada propuso las excepciones de i) pago; ii) caducidad de la
acción ejecutiva; iii) la no suspensión del término durante el proceso liquidatario de
Cajanal iv) compensación; y v) prescripción.
16 En adelante CPACA.
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18.2. Si bien la no suspensión de términos que aseveró la parte ejecutante no
correspondía a una excepción de las contenidas en el artículo 442 del Código
General del Proceso, sí se relacionaba con la excepción de caducidad.
18.3. En el proceso de liquidación de Cajanal –adelantado del 12 de junio de 2009 al
11 de junio de 2013– se debía tener en cuenta que si bien no existía una posición
unificada sobre la materia sí se presentaba una postura mayoritaria pacífica
«consistente en que en los casos en que se haya elevado la petición de cumplimiento de la
sentencia antes del 8 de noviembre de 2011, fecha en que se distribuyeron las
competencias entre CAJANAL y la UGPP, mediante el Decreto 4269 de 2011, deb[ía]
tenerse en cuenta para efectos de la caducidad como un periodo de suspensión, como lo
dispone el artículo 14 de la Ley 550 de 1999, según el cual durante la negociación del
acuerdo no opera la acción de caducidad de las acciones respecto de los créditos, aplicable
mayoritariamente por el Tribunal de cierre de esta jurisdicción, por considerar que la norma
en comento se acompasa con la naturaleza de la entidad demandada, siendo aplicable no
solo al sector privado sino también al público17».
18.4. La ejecutante presentó la petición del cumplimiento de la sentencia el 25 de
agosto de 2008, es decir, antes de la distribución de competencias entre Cajanal y
la Ugpp. Cajanal expidió la Resolución PAP 036347 del 28 de enero de 2011, acto
respecto del cual la ejecutante advirtió el incumplimiento de la sentencia base de
recaudo.
18.5. No operó el fenómeno jurídico de la caducidad, toda vez que (i) la ejecutoria de
la sentencia fue el 14 de diciembre de 2007; (ii) los 18 meses establecidos en el
artículo 177 del CPACA para hacer exigible la obligación corrieron a partir del 13 de
junio de 2013 con la deducción del tiempo transcurrido entre el 11 de junio de 2009
al 11 de junio de 2013; (iii) a partir del 13 de junio de 2018 debían ser contados los
5 años que se cumplían el 13 de junio de 2018; y (iv) la demanda ejecutiva se radicó
oportunamente el 24 de mayo de 2018.
18.6. En relación con la excepción de prescripción, de acuerdo con el artículo 442
del CGP se debían expresar los hechos en que se fundamentaba, pero la ejecutada
solo solicitó dar aplicación a lo previsto en el Decreto 3135 de 1968 y el artículo 102
del Decreto 1848 de 1969.
18.7. Respecto de la excepción de pago, la ejecutada consideró que la liquidación
del crédito era la oportunidad para allegar las constancias, certificaciones o actos
administrativos; sin embargo, ello no era suficiente para invocarla. Lo mismo ocurría
con la excepción de compensación, pues la entidad demandada no señaló las
razones que permitieran establecer que se había configurado.
17
Sentencia del 15 de julio de 2021. Consejero Ponente William Hernández Gómez. Proceso con radicado 11001-03-15-
000-2021-03608-00. Consejo de Estado Sección Segunda Subsección A.
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1.6. Recurso de apelación
19. Contra la anterior decisión la entidad demandada presentó recurso de apelación
en el que solicitó que se declararan las excepciones propuestas en la contestación
de la demanda, esto es:
Excepción Justificación
Pago No adeuda concepto alguno y, si así lo fuera, en la etapa de
liquidación del crédito se allegarían los soportes de pago
efectuados.
Caducidad La obligación que se pretendía ejecutar no formaba parte de la
masa liquidatoria de Cajanal. La sentencia quedó ejecutoriada el
14 de diciembre de 2007 y la demanda se presentó por fuera del
término de los 5 años (25 de mayo de 2018), es decir, después 10
años, 5 meses y 12 días.
Compensación Por el mayor valor recibido por concepto de pago de la obligación.
Prescripción Respecto del cualquier derecho que se hubiese causado, frente al
cual se debían aplicar los decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969.
Intereses Mediante la Resolución PAP 036347 del 28 de enero se dio
moratorios y cumplimiento al título objeto de recaudo.
costas
La ejecutante presentó reclamación 6769 con el fin de que se
pagaran los intereses moratorios; no obstante, fue rechazada por
falencias documentales. Por tal razón, su acreencia hizo parte del
«pasivo cierto no reclamado Pacinore».
20. Frente al tribunal, no existió actuación temeraria o mala fe que conllevara a la
condena en costas. Tampoco se hizo uso temerario del recurso judicial, ni se
demostró que la administración haya desconocido los deberes dispuestos en el
artículo 10 del CPACA, razón por la cual debía absolverse a la entidad demanda de
la condena en costas.
1.7. Trámite de segunda instancia
21. En auto del 30 de mayo de 2024 se admitió el recurso de apelación presentado
por la Ugpp contra la sentencia dictada el 2 de noviembre de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca18.
II. Consideraciones
2.1. Competencia
22. La Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación es competente
para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, de
conformidad con los artículos 125 y 150 del CPACA, según los cuales «[l]as salas,
secciones y subsecciones dictarán las sentencias» y «[e]l Consejo de Estado, en
18 Samai, índice 3.
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Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
administrativos [...]».
23. La Sala considera que el asunto se debe regir por lo establecido en el CCA,
únicamente en lo que respecta a las reglas de exigibilidad, causación y pago de
intereses, pues la sentencia de recaudo se profirió en vigencia de ese estatuto
procesal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 308 del CPACA y la
jurisprudencia de la Corporación19.
2.2. Problema jurídico
24. Se circunscribe a resolver los siguientes interrogantes:
24.1. ¿Durante el periodo de liquidación de Cajanal –del 11 de junio de 2009 al 11
de junio de 2013– no se suspendió el término de caducidad de la acción
ejecutiva y, por lo tanto, la demanda fue presentada por fuera del término de 5
años?
24.2. ¿Se configuró la excepción de pago?
24.3. ¿Se demandaron oportunamente los intereses moratorios?
24.4. ¿Se configuraron las excepciones de prescripción y compensación de la acción
ejecutiva?
25. Con el fin de resolver el anterior planteamiento, la Sala seguirá la siguiente
estructura expositiva: primero, se abordará lo relacionado con el proceso ejecutivo
segundo, se resolverá el caso concreto. En este último se abordarán, por separado,
los cargos y, en cada uno de ellos, se citará el marco normativo y jurisprudencial
pertinente para resolverlos.
19 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 29 de abril de 2014, radicado
11001-03-06-000-2013-00517-00 (2184), C.P. Álvaro Namén Vargas. Al respecto señaló: «La Ley
1437 de 2011, en los artículos 308 y 309, consagró el régimen de transición y vigencia y las normas
que derogó, respectivamente. La vigencia del nuevo Código se dispuso a partir del 2 de julio de 2012
y se ordenó aplicarla a todos los procesos, demandas, trámites, procedimientos o actuaciones que
se inicien con posterioridad a dicha fecha, pero también expresamente se señaló que los que
estuvieran en curso al momento de entrar a regir, seguirían siendo gobernados por el régimen
jurídico precedente. Además, derogó, entre otras normativas, el Decreto Ley 01 de 1984». Posición
asumida, entre otras, en el auto de 16 de julio de 2015, radicado 25000 23 25 000 2014 04132 01,
M. P. Sandra Lisset Ibarra Vélez; así como por la Subsección A en la providencia del 29 de octubre
de 2020, radicado 25000 23 42 000 2020 00023 01 (2381-2020), M.P. Rafael Francisco Suárez
Vargas.
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Demandante: María Elsa López Latorre
2.3. Marco normativo y jurisprudencial
2.3.1. El proceso ejecutivo
26. El mandamiento de pago es la primera decisión en el proceso ejecutivo y «en
cierta forma equivale al auto admisorio de la demanda que se dicta en un proceso ordinario,
pero con notables diferencias»20. Esta Subsección la ha definido como «una orden
judicial provisional de cumplir perentoriamente con una obligación que reúna las
condiciones de un título ejecutivo [...]»21.
27. Conforme con el artículo 430 del CGP, radicada la demanda y acompañada del
documento que preste mérito ejecutivo que contenga una obligación clara, expresa
y exigible, el juez podrá inadmitir la demanda o librar el mandamiento de pago.
28. Cuando la demanda ejecutiva no contenga los requisitos previstos en los
artículos 162 [contenido de la demanda22], 166 [anexos de la demanda] del CPACA
y 9023 del CGP, el juez deberá inadmitirla, pero únicamente por estas razones y no,
por ejemplo, cuando faltan los documentos necesarios para integrar el título
ejecutivo.
29. En caso contrario, si la demanda cumple con los requisitos antes mencionados,
se procederá a librar el mandamiento de pago. El artículo 298 del CPACA,
modificado por el artículo 80 de la Ley 2080 de 2021, estableció lo siguiente:
«Artículo 298. Procedimiento. Una vez transcurridos los términos previstos
en el artículo 192 de este código, sin que se haya cumplido la condena
impuesta por esta jurisdicción, el juez o magistrado competente, según el
factor de conexidad, librará mandamiento ejecutivo según las reglas previstas
en el Código General del Proceso para la ejecución de providencias, previa
solicitud del acreedor.
Si el título lo constituye una conciliación aprobada por esta jurisdicción o un
laudo arbitral en que hubiere sido parte una entidad pública, el mandamiento
ejecutivo se librará, previa solicitud del acreedor, una vez transcurridos seis
(6) meses desde la firmeza de la decisión o desde la fecha que en ella se
señale, bajo las mismas condiciones y consecuencias establecidas para las
20 Rodríguez Tamayo, Mauricio Fernando. La acción ejecutiva ante la jurisdicción administrativa.
Edición 6, 2021, pág. 510.
21 Auto del 8 de agosto de 2017, radicación 68001-23-33-000-2016-01034-01 (1915-17).
22 Según este canon, la demanda deberá contener, entre otras cosas, lo siguiente: (i) la designación
de las partes y sus representantes; (ii) lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad; (iii)
los hechos y omisiones que sirvan de fundamento a las pretensiones, debidamente determinados,
clasificados y numerados; (iv) los fundamentos de derecho de las pretensiones; (v) la petición de las
pruebas que el demandante pretende hacer, pero deberá aportar las documentales que se
encuentren en su poder; y (vi) el lugar y dirección donde las partes y el apoderado de quien demanda
recibirán las notificaciones. Para tal efecto, deberán indicar también su canal digital.
23 Conforme con el cual, la demanda será inadmitida cuando no reúna los requisitos formales, no se
acompañen los anexos ordenados por la ley, las pretensiones acumuladas no reúnan los requisitos
legales, quien formule la demanda carezca de derecho de postulación para adelantar el respectivo
proceso, entre otros.
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sentencias como título ejecutivo. En este caso, se observarán las reglas
establecidas en el Código General del Proceso para la ejecución de
providencias judiciales.
[...]» [se resalta]
30. A su turno, el artículo 430 del CGP estableció 2 opciones para librar el
mandamiento ejecutivo: (i) cuando fuere procedente, en la forma pedida por la parte
ejecutante; y (ii) en la que el juez considere legal. Respecto de esta última, esta
Sección ha señalado que el juez «debe sustentar su decisión en argumentos razonables
para lo cual puede apoyarse en cálculos y operaciones matemáticas»24. Adicionalmente,
en esta providencia se ordenará «al demandado que cumpla la obligación» y los
requisitos formales del título, «sólo podrán discutirse mediante recurso de reposición
contra el mandamiento ejecutivo».
31. Además, si el proceso versa sobre el pago de sumas de dinero, el juez ordenará
el pago con los intereses desde la ejecutoria de la sentencia hasta la «cancelación»
de la deuda. En caso de prestaciones periódicas, «la orden de pago comprenderá,
además de las sumas vencidas, las que en lo sucesivo se causen», según el artículo 431
ibidem.
32. Ahora bien, de conformidad con el artículo 438 del CGP, «[e]l mandamiento
ejecutivo no es apelable; el auto que lo niegue total o parcialmente y el que por vía de
reposición lo revoque, lo será en el suspensivo». Idéntica disposición se plasmó en el
artículo 243 del CPACA, modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021, pues
en el numeral 1 dispuso que será apelable el auto «que rechace la demanda o su
reforma, y que el niegue total o parcialmente el mandamiento ejecutivo», caso en el cual,
el recurso deberá sustentarse ante el juez de primera instancia dentro del término
previsto para recurrir [parágrafo 2] y se concederá en el efecto suspensivo. De
conformidad con el literal g) del artículo 125 ibidem25, el conocimiento del recurso
de apelación será competencia de la Sala o Subsección.
33. Lo anterior significa que, cuando el juez libra dicha providencia en la forma pedida
por el ejecutante, la decisión no será apelable, mientras que si de los cálculos
concluye que la obligación es menor o que no se deben incluir aspectos que no
fueron ordenados en el título de recaudo, pero sí fueron solicitados o, simplemente,
que no hay lugar a librarlo [por citar un ejemplo], lo negará total o parcialmente,
según el caso y procederá el recurso de apelación.
24 Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de septiembre de 2021, radicación 17001-23-
33-000-2018-00112-01 (6127-19).
25 «Artículo 125. De la expedición de providencias. [...] 2. Las salas, secciones y subsecciones
dictarán las sentencias y las siguientes providencias: [...] g) Las enunciadas en los numerales 1 a 3
del artículo 243 cuando se profieran en primera instancia o decidan el recurso de apelación contra
estas». [se resalta]
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34. En línea con lo anterior, si el mandamiento de pago se niega total o parcialmente
la competencia radica en la Sala, Sección o Subsección al tenor del literal g) del
numeral segundo del artículo 125 del CPACA, modificado por el artículo 20 de la Ley
2080 de 2021, de cuyo tenor literal se extrae que será competencia de las salas,
secciones y subsecciones expedir los autos enunciados «en los numerales 1 a 3 y 6 del
artículo 243 cuando se profieran en primera instancia o decidan el recurso de apelación
contra estas».
35. Por el contrario, si el mandamiento ejecutivo se libra en la forma pedida, se
deberá acudir a la regla prevista en el numeral 3 del artículo 125 del CPACA, esto
es que «será competencia del magistrado ponente dictar las demás providencias
interlocutorias y de sustanciación en el curso de cualquier instancia, incluida la que resuelve
el recurso de queja».
36. Es del caso precisar que, si bien es cierto que el artículo 298 ibidem estableció
que vencidos los términos previstos en el artículo 192 del código, sin que se haya
cumplido la condena impuesta, «el juez o magistrado competente» adoptará la
decisión inicial, también lo es que se refiere al escenario en que se debe librar el
mandamiento ejecutivo, pero no es un referente normativo para determinar la
competencia de la Sala o el ponente, en razón a que no enunció expresamente las
3 alternativas que pueden ocurrir en esta etapa procesal: librarlo, no librarlo o librarlo
parcialmente.
37. En efecto, la norma citada (i) se refirió al magistrado competente, no al
magistrado ponente; y (ii) incluye el adjetivo competente para referirse al
conocimiento por factor de conexidad y las reglas que deben seguirse para iniciar
el proceso ejecutivo.
38. Ciertamente, la lectura armónica de cada una de las expresiones del artículo 298
citado conllevan a concluir que en este no se determinó la competencia para proferir
el mandamiento ejecutivo, sino las reglas que debe seguir el magistrado competente
por el factor de conexidad. En ese orden de ideas, comoquiera que en el CPACA
se fijó una regla explícita para aquellos autos que lo nieguen total o parcialmente,
es esta la que debe atenderse.
39. Ahora bien, cuando se trata de ejecución de sentencias judiciales, dentro de los
10 días siguientes a la notificación del mandamiento ejecutivo, la entidad
únicamente podrá proponer las excepciones previstas en el artículo 442 del CGP y
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«su prosperidad pende, de que dichas circunstancias se hubiesen presentado con
posterioridad a la existencia de la providencia judicial constitutiva del título26»27. Estas son:
«Artículo 442. Excepciones. La formulación de excepciones se someterá a
las siguientes reglas:
[...] 2. Cuando se trate del cobro de obligaciones contenidas en una
providencia, conciliación o transacción aprobada por quien ejerza función
jurisdiccional, sólo podrán alegarse las excepciones de pago,
compensación, confusión, novación, remisión, prescripción o
transacción, siempre que se basen en hechos posteriores a la respectiva
providencia, la de nulidad por indebida representación o falta de notificación
o emplazamiento y la de pérdida de la cosa debida.» [se resalta]
40. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia señaló28: «[...] legislador ha querido que
cuando el «título ejecutivo» sea una «providencia judicial» que haya condenado a alguna
de las partes o en la que fue provocada la terminación del litigio por conciliación o
transacción, las excepciones están limitadas a la lista taxativa que fue referida en el párrafo
precedente, con el propósito de evitar dilaciones injustificadas en la materialización del
derecho sustancial reconocido.»
41. Estas excepciones tienen como único objeto desvirtuar o enervar las
pretensiones de la demanda y, de conformidad con el artículo 442 transcrito, solo
podrán ser alegadas cuando se trate de hechos posteriores al título de recaudo,
pero antes de que se profiera el mandamiento ejecutivo, pues con posterioridad a
este, en caso de expedirse un acto administrativo que lo acate, se comprenderá que
se trató del cumplimiento de la orden impartida en aquel, en razón a que el artículo
431 del CPACA prevé que, cuando se trata de sumas de dinero, «se ordenará su
pago en el término de cinco (5) días, con los intereses desde que se hicieron exigibles hasta
la cancelación de la deuda».
42. Por ello, al momento de «contestar la demanda», la entidad ejecutada podrá optar
por lo siguiente: (i) guardar silencio; (ii) contestar la demanda y no proponer
excepciones; (iii) proponer excepciones de aquellas previstas en el artículo 442 y
otras que no lo estén; (iv) proponer exclusivamente las excepciones de ese mismo
artículo. La etapa subsiguiente, dependerá de la actuación de la ejecutada.
43. En primer lugar, si la entidad decide guardar silencio o no proponer excepciones
oportunamente, el juez ordenará «por auto que no admite recurso», el remate y el
avalúo de los bienes embargados y de los que posteriormente se embarguen, si
26 Así lo reiteró la Sección Tercera del Consejo de Estado, Sentencia del 27 de julio de 2005,
Expediente 23.565, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Criterio reiterado por la misma sección, en el
auto del 30 de enero de 2008, Expediente 30.240, C.P. Mauricio Fajardo Gómez y por la Subsección
“C”, en la Sentencia del 7 de febrero de 2011, Expediente 35.822, C.P. Jaime Orlando Santofimio
Gamboa.
27 Al respecto, consultar: Rodríguez Tamayo. La acción ejecutiva ante la jurisdicción administrativa.
6ª Ed., 2021, pág. 782.
28 Sentencia proferida el 18 de enero de 2018, STC136-2018, radicación 11001-22-10-000-2017-
00806-01.
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fuere el caso, o seguir adelante con la ejecución para el cumplimiento de las
obligaciones determinadas en el mandamiento ejecutivo, practicar la liquidación del
crédito y condenar en costas al ejecutado; así lo prevé el artículo 440 del CGP.
44. En segundo lugar, si la entidad propone las excepciones previstas en el artículo
442, pero también otras que no lo están, procederá lo siguiente: (i) se rechazarán
de plano las excepciones improcedentes29 mediante auto [de ponente] que será
apelable, de conformidad con el numeral 4 del artículo 321 del CGP30; (ii) se correrá
traslado de las excepciones que sí estén contenidas en el artículo 442 para que el
ejecutante «se pronuncie sobre ellas, y adjunte o pida las pruebas que pretende hacer
valer»; y (iii) se proferirá la sentencia.
45. Y,en tercer lugar, si la ejecutada propone exclusivamente una o varias
excepciones señaladas por el artículo 442 citado, se procederá de la misma manera
que el punto (iii) del párrafo anterior, es decir, se dictará la sentencia.
46. Por un lado, si la sentencia de excepciones es totalmente favorable al
demandado se dará por terminado el proceso y se ordenará el desembargo de los
bienes; por el otro, si las excepciones «no prosperan o prosperan parcialmente», «en la
sentencia se ordenará seguir adelante la ejecución en la forma que corresponda».
47. Esta –la orden de seguir adelante con la ejecución– se puede impartir mediante
auto o sentencia. En el primer caso, procederá cuando no se propongan las
excepciones indicadas por el artículo 442 del CGP y contra la decisión no procederá
recurso alguno, mientras que la sentencia que resuelva las que sí son procedentes,
expedida por la sala, sección o subsección, será susceptible del recurso de
apelación, de conformidad con los artículos 125 y 243 del CPACA.
48. Ciertamente, lo anterior fue previsto también por el CGP al regular la liquidación
del crédito cuando estableció que «[e]jecutoriado el auto que ordene seguir adelante la
ejecución o notificada la sentencia que resuelve sobre las excepciones siempre que no sea
totalmente favorable al ejecutado, cualquiera de las partes podrá presentar la liquidación
del crédito con especificación del capital y de los intereses causados hasta la fecha de su
presentación [...]», e, igualmente, por el parágrafo del artículo 298 del CPACA, según
el cual «[l]os defectos formales del título ejecutivo podrán declararse por el juez de oficio
en la sentencia o en el auto que ordene seguir adelante la ejecución, según fuere el caso».
49. En este punto, es preciso señalar que, cuando se trate de recursos de apelación
presentados contra sentencias en vigencia de la Ley 2080 de 2021, el trámite de la
segunda instancia deberá ser adelantado conforme con los mandatos del CPACA,
29 Al respecto, consultar: Rodríguez Tamayo. La acción ejecutiva ante la jurisdicción administrativa.
6ª Ed., 2021, pág. 782.
30 «Artículo 321. [...] También son apelables los siguientes autos proferidos en primera instancia:
[...] 4. El que niegue total o parcialmente el mandamiento de pago y el que rechace de plano las
excepciones de mérito en el proceso ejecutivo.» [se resalta]
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pues así lo interpretó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en el auto de
unificación proferido el 12 de septiembre de 202331, en el cual se fijó la siguiente
regla: «PRIMERO: UNIFICAR JURISPRUDENCIA, estableciendo que el régimen aplicable
para la procedencia y trámite del recurso de apelación interpuesto en vigencia de la Ley
2080 de 2021 contra una sentencia proferida en un proceso ejecutivo es el previsto en el
artículo 247 del CPACA. Esta regla no se hace extensiva a la ejecución en materia de
contratos de que trata el artículo 299 ibidem.»
2.1. La caducidad y el proceso de liquidación de Cajanal
2.1.1. Marco normativo y jurisprudencial
50. El legislador estableció el fenómeno de la caducidad como una sanción que
limita el ejercicio del derecho sustancial debido a la no presentación de los medios
de control en el plazo que la ley establece para ello; en otras palabras, es una
institución jurídica procesal de orden público e irrenunciable que impone al juez
realizar un pronunciamiento de oficio en cualquier instancia del proceso. Así, la
jurisprudencia de esta corporación ha señalado que con esta se «busca atacar la
acción por haber sido impetrada tardíamente, impidiendo el surgimiento del proceso»32 y
con ella se otorga vigencia al principio de la seguridad jurídica bajo criterios de
racionalidad y suficiencia temporal33.
51. Tratándose de la caducidad en el proceso ejecutivo de títulos derivados de
decisiones judiciales proferidas por esta jurisdicción, se previó que el término para
su ejecución sería de 5 años contados a partir de la exigibilidad de la obligación 34,
la cual era de 18 o 10 meses, de acuerdo con el Decreto 01 de 1984 y la Ley 1437
de 2011, respectivamente.
52. Ahora, si bien inicialmente la Sección Segunda de esta corporación negó el
argumento consistente en la suspensión del término de caducidad durante la época
en que se llevó a cabo la liquidación de Cajanal porque se consideró que el
legislador no previó esa prerrogativa de forma expresa35, lo cierto es que el 30 de
junio de 2016 se analizó in extenso dicha problemática y se concluyó lo siguiente36:
31 Radicación 11001-03-15-000-2023-00857-00.
32 Consejo de Estado, Sección Tercera, Auto del 24 de enero de 2007, actor Néstor José Duarte
Tolosa contra Corelca S.A. y otro, radicado 20001-23-31-000-2005-02769-01(32958), M. P. Ruth
Stella Correa Palacio.
33 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 1° de julio de 2021, radicado 25000-23-
42000-2016-05593-01 (5659-2018), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
34 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, artículo 164, literal k),
antes numeral 11 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo. Este precepto tuvo su
antecedente remoto con el artículo 44 de la ley 446 de 1998, pues fue sólo con esta norma que se
instituyó un término especial de caducidad en títulos ejecutivos para la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.
35 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Auto del 3 de septiembre de 2014. Radicado:
2013-06253-01 (3036-25)
36 Subsección A, radicación 25000-23-42-000-2013-06595-01 (3637-14).
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«La anterior gama de situaciones que se presentaron con la liquidación de
CAJANAL, hace imperativo que la jurisdicción se abstenga de adoptar
decisiones en contravía de los derechos de los beneficiarios de las condenas,
las cuales se han tomado con el argumento de que como esos créditos
estaban excluidos de la masa liquidatoria no es posible aplicar la regla de
suspensión de caducidad ya señalada.
La razón para no afectar a los ciudadanos acreedores es que el desorden
jurídico fue creado por la misma administración pública al no adoptar reglas
específicas y unívocas que evitaran esas múltiples situaciones, lo que hace
aplicable la máxima según la cual nadie puede alegar en su favor su propia
culpa37. Es decir, la carga de soportar una declaratoria de caducidad no es
proporcionada frente al trato dado a sus créditos por parte del propio Estado
deudor.
En consecuencia, resulta adecuado jurídicamente extender la norma
suspensiva de caducidad a los créditos analizados, pero solo durante los
lapsos en los cuales las personas se vieron imposibilitadas para acudir a la
jurisdicción por la misma actuación errática de esta cuando decidió terminar y
remitir los procesos ejecutivos a la liquidación, así como de la misma entidad
en liquidación al recibir estos asuntos, negar su inclusión en la masa de
liquidación y retardar o negar el cumplimiento a través de la UGM.
Así las cosas, si bien en decisiones recientes de la Secciones Segunda y
Cuarta de esta Corporación se señaló que la caducidad frente a sentencias
de condena contra CAJANAL o CAJANAL EN LIQUIDACIÓN se suspendió
durante los cuatro (4) años que duró su trámite liquidatorio, ello solo resulta
aplicable a aquellos casos con características especiales analizadas en ellos
en los cuales se impidió que antes del 12 de junio de 2013 se ejecutara
judicialmente la obligación contra CAJANAL o la UGPP38.»
53. En igual sentido, esta Subsección mediante providencia del 21 de marzo de 2024
expuso39:
«Por tanto, según la Ugpp, en el sub judice dicho término se cumplió el 15 de
marzo de 2014, cuando habían transcurrido 6 años y 6 meses desde el
momento en que se hizo exigible la obligación en favor de la ejecutante,
resultando evidente que se interpuso por fuera de los 5 años con que contaba
la ejecutante para reclamar su derecho.
La Sala no acoge este argumento de discrepancia, por cuanto la entidad
apelante no está teniendo en cuenta que en el presente caso operó la
suspensión de términos judiciales para iniciar procesos ejecutivos en contra
de dicha entidad, en virtud del proceso de liquidación de Cajanal Eice durante
37 Nemo auditur propriam turpitudinem allegans
38
En efecto, se referían a sentencias de condena contra CAJANAL o CAJANAL EN LIQUIDACIÓN
que reconocían derechos pensionales y que fueron dictadas antes del 8 de noviembre de 2011; la
reclamación de cumplimiento del fallo se hizo con anterioridad o en vigencia del proceso
liquidatorio, pero en todo caso hasta el 8 de noviembre de 2011 y por tanto la competencia para su
cumplimiento era de esta entidad y mientras duró el proceso liquidatorio en muchos casos no fue
posible adelantar cobros ejecutivos y el propio liquidador negó su inclusión en la masa de
acreedores.
39 Radicación 68001-23-31-000-2003-01630-01 (6002-2019).
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el periodo comprendido entre el 12 de junio de 2009 y el 11 de junio de 2013,
es decir, que durante cuatro años fueron suspendidos los términos para
reclamar ante esta jurisdicción.»
54. En ese entendido, los términos de prescripción y de caducidad de las
obligaciones a cargo de Cajanal no corrieron entre el 12 de junio de 2009 y el 11
de junio de 2013, esto es, por el espacio de cuatro años40, en virtud de lo dispuesto
en el Decreto 2196 de 2009 y la Ley 550 de 1990.
2.1.2. Caso concreto
55. Corresponde realizar la contabilización de la caducidad para el caso bajo
examen, así:
56. La sentencia del 26 de julio de 2007 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca quedó ejecutoriada el 14 de diciembre de ese año41 y el 25 de agosto
de 200842 la interesada presentó solicitud de cumplimiento ante Cajanal.
57. Como se indicó, de acuerdo con el CCA las condenas impuestas a las entidades
debían ejecutarse 18 meses después de que cobraron firmeza. En este caso, estos
vencían el 15 de junio de 2009, fecha a partir de la cual surtía efectos la exigibilidad
del derecho económico contenido en la decisión judicial.
58. Al respecto, es menester señalar que dicho término feneció 2 días después de
que iniciara liquidación de Cajanal, sin que pueda entenderse que este no se
suspende por ese proceso43, pues en el artículo 3º del Decreto 2196 de 2009 se
dispuso que Cajanal debía adelantar, prioritariamente, «las acciones que permit[ieran]
garantizar el trámite y reconocimiento de obligaciones pensionales y demás actividades
afines con dichos trámites»; asimismo, continuaría «con la administración de la nómina
de pensionados, hasta cuando estas funciones [fueran] asumidas por la [UGPP], creada
por la Ley 1151 de 2007» y, para tal efecto, atendería las solicitudes y peticiones que
se le presentaran.
40 La tesis de que el término de caducidad y prescripción en referencia estuvieron suspendidos por
el período anotado, ha sido reiterada en diversos pronunciamientos de la Corporación, entre ellos, i)
el auto del 11 de julio de 2024, radicado 25000-23-42-000-2015-05763-01 (0062-2023) MP Jorge
Edison Portocarrero Banguera; ii) auto del 12 de septiembre de 2022, MP William Hernández Gómez,
radicado 25000-23-42-000-2016-06114-01 (6191-2018); y en las acciones de tutela iii) de 23 de
agosto de 2018, radicación 1100103-15-000-2018-01733-00; iv) de 15 de noviembre de 2018,
radicación 11001-03-15-000-201800630-01; y v) del 28 de marzo de 2019, radicación: 11001-03-15-
000-2018-03532-00.
41 De acuerdo con la certificación del 9 de abril de 2018 que obra a folio 12 del cuaderno principal.
42 Folio 35 a 37 del cuaderno principal.
43 Es del caso precisar que en auto del 31 de octubre de 2024 se examinó un caso similar. Sin
embargo, aunque en aquella oportunidad el término de 18 meses también se entendió suspendido,
operó el fenómeno de la caducidad. En esta oportunidad se replantea dicha consideración por las
razones que se exponen.
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59. Incluso, después en el Decreto 4269 de 2011 se ratificó que a cargo de dicha
entidad estarían «las solicitudes de reconocimiento pensionales y prestaciones
económicas radicadas con anterioridad al 8 de noviembre de 2011», mientras que a la
Ugpp le corresponderían aquellas presentadas después de esa fecha. De ahí que
desde el auto del 30 de junio de 2016 –supra citado– esta Sección haya considerado
que «las funciones de reconocimiento de derechos y cumplimiento de sentencias
estuvieron inicialmente a cargo del liquidador a través de la UGM44 y aquellas presentadas
a partir de noviembre 8 de 2011 se ejercieron por la UGPP» y que era necesario aplicar
la norma de suspensión de caducidad [5 años], en tanto se presentaron situaciones
de hechos respecto de los acreedores que no debían afectarlos:
«[...]
• CAJANAL EICE en liquidación a través de su Unidad de Gestión Misional -
UGM -, fue responsable del cumplimiento de condenas cuya reclamación se
efectuó antes del 8 de noviembre de 2011, mientras que La UGPP lo es
respecto de las peticiones presentadas con posterioridad o de las que recibió
aún en trámite al finalizar la liquidación.
• Los beneficiarios de estas condenas proferidas en contra de CAJANAL, hoy
aún insolutas total o parcialmente según las diferentes demandas, realizaron
una de las siguientes tres actuaciones:
i. Hicieron los cobros administrativos antes del inicio del proceso de
liquidación y por tanto, las asumió el liquidador y/o;
ii. Se hicieron parte en el proceso de liquidación dentro del término fijado
para tal efecto, lo que se concretó con la reclamación de la acreencia
ante el liquidador, o ante la UGM hasta el 7 de noviembre de 2011, o
iii. Presentaron reclamaciones de pago o cumplimiento ante CAJANAL o
a UGP, con posterioridad al 8 de noviembre de 2011, las cuales
correspondieron a esta última entidad conforme a la competencia ya
analizada.
• Frente al cumplimiento de los fallos se presentó:
i. Satisfacción total de la obligación;
ii. Cumplimiento parcial de la sentencia;
iii. Insatisfacción total de la orden dada en el fallo (ya fuera por inactividad
de la entidad respectiva o por rechazo con base en una alguna causal
atinente al proceso de liquidación).
• En los dos últimos casos, de incumplimiento total o parcial de la sentencia,
muchas personas formularon demandas ejecutivas contra CAJANAL antes o
durante el proceso liquidatorio, o contra la UGPP, ante lo cual se ha
visualizado lo siguiente:
o Algunos de los procesos iniciados antes de la apertura del proceso de
liquidación fueron terminados y se remitieron al liquidador, sin que este
decidiera favorablemente las reclamaciones por no hacer parte de la
masa de liquidación.
44 Unidad de Gestión Misional de la entidad en liquidación.
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o Frente a otros presentados en vigencia de la liquidación contra
CAJANAL, se negó mandamiento de pago con base en el Decreto 254
de 2000 - imposibilidad de iniciar procesos ejecutivos frente a una
entidad en liquidación -.
o Algunos otros que se presentaron contra la UGPP, se han rechazado
por caducidad de la acción ejecutiva, en tanto que se señala que éstos
no ingresaron a la liquidación.»
60. En ese hilo argumentativo, si Cajanal conservó el deber de reconocer los
derechos pensionales y, por consiguiente, el de dar cumplimiento a las sentencias
que los involucraban, debía gozar del mismo término de 18 meses para expedir el
acto administrativo correspondiente y pagar la obligación; distinto es que, vencido
este, no se pudiera acudir al juez de la ejecución sino hasta el 12 de junio de 2013
con ocasión de la terminación del proceso liquidatorio y la suspensión del término
de caducidad.
61. Una muestra de ello es lo ocurrido en este caso, pues la ejecutante presentó la
solicitud antes de que se iniciara la liquidación de la entidad [25 de agosto de 2008]
y el 28 de enero de 2011 [durante el proceso liquidatorio] se expidió la Resolución
PAP 036347 que dio cumplimiento a la sentencia objeto de recaudo.
62. Así las cosas, como el término de cumplimiento [18 meses] feneció durante la
liquidación de Cajanal, debe comprenderse que el de caducidad solo inició el 12 de
junio de 2013 y finalizaba el mismo día y mes de 2018, es decir que la demanda se
radicó oportunamente el 24 de mayo de 2018, fecha para la cual –contrario a lo
sostenido en el recurso– sí era exigible.
63. Por consiguiente, como no se configuró el fenómeno jurídico de la caducidad en
el caso bajo examen, se confirmará lo decidido por el tribunal respecto de esta
excepción.
2.2. Excepción de prescripción
64. En lo relativo a este medio exceptivo, la entidad ejecutada se limitó a invocar los
decretos 3135 de 196845 y 1848 de 196946.
65. El primer decreto estableció respecto de la prescripción lo siguiente: «Artículo 41.
Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este Decreto prescribirán en
tres años, contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible.»
66. A su vez, el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969 dispuso: «Artículo 102.-
Prescripción de acciones. 1. Las acciones que emanan de los derechos consagrados en el
45 «Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado y se
regula el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales.»
46 «Por el cual se reglamenta el Decreto 3135 de 1968.» Derogado parcialmente por el
Decreto 1083 de 2015.
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Decreto 3135 de 1968 y en este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de
la fecha en que la respectiva obligación se haya hecho exigible. 2. El simple reclamo escrito
del empleado oficial formulado ante la entidad o empresa obligada, sobre un derecho o
prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso
igual».
67. De las normas antes citadas, se encuentra que es cierto que se estableció un
término de prescripción 3 años, pero respecto de aquellos derechos laborales que
no se hayan hecho exigibles. En el caso, esta figura ya fue examinada en el proceso
de nulidad y restablecimiento al declarar prescritas las mesadas causadas antes del
17 de octubre de 2000, razón por la cual no corresponde al juez de la ejecución
realizar pronunciamiento alguno de dicho fenómeno.
68. De otra parte, es necesario precisar que la prescripción de la acción ejecutiva
está regulada por el artículo 2536 del Código Civil que estableció lo siguiente:
«Artículo 2536. La acción ejecutiva se prescribe por cinco (5) años. Y la
ordinaria por diez (10).
La acción ejecutiva se convierte en ordinaria por el lapso de cinco (5) años, y
convertida en ordinaria durará solamente otros cinco (5).»
69. Esta corporación ha precisado que esta figura es un «hecho jurídico comprobado
de que el titular del derecho de crédito no acudió en ejercicio del mismo ante el juez, que
es la autoridad que puede constreñir forzadamente al deudor a cumplir una obligación civil
que se caracteriza por ser clara, expresa y actualmente exigible»47. Igualmente, se ha
señalado que ─inicialmente─ fue utilizada por la jurisprudencia antes de que entrara
en vigencia la Ley 446 de 1998, comoquiera que no existía una disposición legal
que señalara el término de caducidad para la acción ejecutiva derivada de
sentencias que impusieran una condena48.
70. En el sub examine, no fue esta la que presentó la parte ejecutante; además, como
fue planteada la caducidad de la acción ejecutiva, aun si esta se examinara se
llegaría a la misma conclusión, esto es que la demanda fue presentada dentro del
término de los 5 años.
2.3. La excepción de pago y la oportunidad para exigir los intereses
moratorios
2.3.1. Marco normativo y jurisprudencial
71. El pago es una forma de extinción de las obligaciones, de conformidad con el
numeral 1 del artículo 1625 del Código Civil que dispuso:
47 Sección Tercera, sentencia del 30 de noviembre de 2004, radicación 25000-23-36-000-2000-
00990-01 (25976).
48 Sección Tercera, sentencia del 10 de octubre de 2022, 20001-23-31-000-2004-01917-03 (65260=.
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«Artículo 1625. Toda obligación puede extinguirse por una convención en
que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo,
consientan en darla por nula.
Las obligaciones se extinguen además en todo o en parte:
1° Por la solución o pago efectivo;
[...]»
72. A su vez, los artículos 1626 y 1627 ibidem prevén que el pago efectivo «es la
prestación de lo que se debe» y que se hará «bajo todos los respectos en conformidad al
tenor de la obligación, sin perjuicio de lo que en los casos especiales dispongan las leyes».
Es decir que este tiene como objeto que el deudor satisfaga la obligación y, por
consiguiente, que deje de existir. Del mismo modo, desaparece el derecho del
acreedor a exigirla, pero para ello, aquel [el deudor] tendrá la carga de demostrar
que, efectivamente, se entregó la acreencia.
73. Al respecto, en la sentencia del 18 de noviembre de 1991, la Sala de Casación
Civil de la Corte Suprema de Justicia sostuvo lo siguiente:
«De hecho, el artículo 1626 del C. c. define el pago como la “prestación
efectiva de lo que se debe”. Y el artículo 1627 ib. prescribe que “el pago se
hará bajo todos los respectos en conformidad al tenor de la obligación...”.
En el anterior orden de ideas, si, como ha sido dicho, la prestación a cargo
del deudor es dineraria, lo debido será dinero. De modo que solo entregando
la cantidad de signos monetarios que, con referencia a determinada unidad
de cuenta, constituyan el objeto de la prestación, el deudor quedará liberado
de la obligación. O para expresarlo con una fórmula del derecho de
obligaciones, el dinero se encontrará no solo “in solutione”, sino también “in
obligatione”». [se resalta]
74. Igualmente, la doctrina se ha pronunciado respecto del pago como forma de
extinguir las obligaciones, así49:
«Indistintamente, tanto en el lenguaje como en el corriente, se dice pagar,
solucionar, cumplir, cancelar, satisfacer una obligación, para significar la
ejecución de la prestación por parte del deudor y, más ampliamente, la
satisfacción del acreedor. Pago (de pacare = satisfacer, pacificar, aplacar) o
solución es la ejecución de la prestación debida, cualquiera que sea la clase
de la obligación, aun cuando en el habla usual el pago se refiere más a las
obligaciones de entregar y, dentro de ellas, más concretamente, a las
pecuniarias: pago = cancelar una deuda, usualmente, una obligación de
dinero.»
49 Hinestrosa, Fernando. Tratado de las Obligaciones. 3ª Ed. I, Universidad Externado de Colombia,
2002, pág. 571.
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75. Es así, entonces, que la obligación se extinguirá únicamente cuando se cumpla
en su totalidad, esto es se pague al acreedor no solo el capital, sino también los
intereses cuando exista retardo, tal como lo prevé el artículo 1649 del Código Civil50.
76. Por consiguiente, para que el juez pueda dar por acreditado el pago, el deudor
debe aportar el documento que evidencie la entrega de los dineros al acreedor, tesis
que ha prohijado esta corporación, por ejemplo, en la sentencia proferida el 9 de
septiembre de 2021, en la cual se consideró lo siguiente51:
«De lo expuesto la Sala no puede concluir nada distinto a que la deuda sigue
pendiente del pago total puesto que si bien se emitieron los aludidos actos
administrativos con el fin de cumplir con lo ordenado en los fallos judiciales,
no es menos cierto que la entidad ejecutada no demostró haber realizado el
pago total, pues de los argumentos de su apelación no se puede extraer que
la obligación esté plenamente satisfecha ante la liquidación efectuada por el a
quo.»
77. De esa manera, la carga probatoria para acreditar el cumplimiento de la
obligación recae exclusivamente en la parte ejecutada, pues los artículos 103 del
CPACA y 167 del Código General del Proceso, establecen que «[q]uien acuda ante
la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en cumplimiento del deber constitucional
de colaboración para el buen funcionamiento de la administración de justicia, estará en la
obligación de cumplir con las cargas procesales y probatorias previstas en este Código» y,
también que «incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que
consagran el efecto jurídico que ellas persiguen».
78. Asimismo, la doctrina52 ha señalado que, en los procesos ejecutivos, «[a]l
demandado le corresponde la carga de probar los hechos que sirven de supuesto a las
normas legales en que fundamenta sus excepciones», consideración que encuentra
razón, precisamente, en el artículo 1757 del Código Civil, conforme con el cual
«[i]ncumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o ésta».
79. En el mismo sentido, esta Sección, en sentencia de tutela del 28 de febrero de
201653, consideró lo siguiente:
«Nótese que cuando el título ejecutivo es una sentencia judicial, la norma es
enfática al limitar las excepciones que se pueden proponer, entre las que se
encuentra “el pago”.
De acuerdo con lo anterior, el medio de defensa idóneo, en caso de que se
libre mandamiento ejecutivo en contra de una entidad de derecho público, es
50 «Artículo 1649. El deudor no puede obligar al acreedor a que reciba por partes lo que se le deba,
salvo el caso de convención contraria; i sin perjuicio de lo que dispongan las leyes en casos
especiales. El pago total de la deuda comprende el de los intereses e indemnizaciones que se
deban.»
51 Subsección A, radicación 25000-23-42-000-2017-03557-01 (0341-20).
52 Devis Echandía Hernando. Teoría general de la prueba judicial, Tomo II, Ed. 5ª, Temis, pág. 482.
53 Subsección A, radicación 11001-03-15-000-2016-00153-00 (AC).
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la proposición de excepciones de mérito. En este caso, la excepción de pago,
para lo cual tendrá la carga probatoria de acompañar los documentos o actos
administrativos que demuestren el pago, o en su defecto, pedir las pruebas
que pretenda hacer valer para demostrarlo.
[...]
Así mismo, la entidad que pretenda librarse de la obligación de pagar una
condena impuesta en una sentencia proferida por un juez de lo contencioso
administrativo, deberá, una vez librado el mandamiento ejecutivo, alegar las
excepciones enlistadas en el inciso 2º del artículo 509 del C.P.C., o el artículo
442 del CGP – según la norma aplicable a cada caso-.
En esa medida, no se hace obligatorio para quien inicia un proceso ejecutivo
arrimar copia auténtica de los actos administrativos que cumplieron parcial o
totalmente la condena contenida en la sentencia, porque la carga de la prueba
de quien alega el pago, es quien se pretende beneficiar con la declaratoria del
mismo.» [se resalta]
80. Súmese a lo expuesto que esta Subsección, respecto de la orden de seguir
adelante con la ejecución, ha señalado lo que se transcribe a continuación 54:
«La orden de seguir adelante, significa que el juez encuentra que el título
ejecutivo se ajusta por completo a la legalidad y que, por tanto, el deudor debe
proceder a honrar la obligación insatisfecha. En esta etapa, queda agotada la
defensa del ejecutado y lo que queda por resolver, es únicamente la
satisfacción definitiva y completa del crédito cobrado judicialmente. De ahí
que las acciones que debe desplegar la justicia a partir de la ejecutoria de la
orden de seguir adelante con la ejecución, estarán entonces encaminadas
exclusivamente a obtener el pago a favor del acreedor y una vez ese hecho
se produzca, se deberá disponer la terminación del proceso ejecutivo.»
81. Entonces, la naturaleza de esta decisión se circunscribe a verificar que el título
ejecutivo se ajuste a la legalidad y a determinar si subsiste o no la obligación a cargo
del deudor; es en la etapa siguiente, esto es la liquidación del crédito, que se
determinará con exactitud el monto de la deuda y se podrán tener en cuenta los
abonos o pagos efectuados. Así lo comprendió la Corte Constitucional55 cuando
indicó que, en ese momento procesal «(i) ya se ha proferido un mandamiento de pago
en el que se ha señalado la suma adeudada; (ii) ya existe una sentencia en firme que decide
en el fondo sobre la existencia de dicha obligación y el momento desde cuando se hizo
exigible; y (iii) también está plenamente establecido el monto de la deuda en la unidad
monetaria en la que fue contraída dicha obligación. Así las cosas, las operaciones que
restan para liquidar el crédito son la determinación del monto a pagar en moneda nacional,
si es el caso, y el cálculo del valor de los intereses, que se establece a partir del tiempo
trascurrido desde que la obligación se hizo exigible [...]» [se resalta].
82. Igualmente, esta Subsección ha señalado que la liquidación del crédito «es un
acto procesal encaminado a precisar y concretar el valor de la ejecución, con la previa
54 Auto del 18 de mayo de 2017, radicación 15001-23-33-000-2013-00870-02 (0577-17).
55 Sentencia C-814 de 2009.
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realización de las operaciones matemáticas que se requieran e incluyendo los distintos
ítems o componentes por los cuales se libró el mandamiento de pago y luego se ordenó
seguir adelante con la ejecución -capital, intereses, costas, etc.-»; también se puntualizó
que en esta oportunidad «deberá incluirse cualquier abono o pago parcial que haya
sido efectuado por el deudor luego de ser notificado del mandamiento ejecutivo»56.
2.3.2. Caso concreto
83. La ejecutada se limitó a indicar que no le debía concepto alguno a la ejecutante
y que, en caso de que existiera la obligación, en la etapa de liquidación del crédito
allegaría los soportes de pago, actos administrativos y resoluciones que dieran
cuenta de lo anterior.
84. Pues bien, en el expediente está acreditado que mediante la Resolución PAP
036347 del 28 de enero de 2011 la entidad pretendió dar cumplimiento a la
sentencia del 26 de julio de 2007 dictada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y reliquidar la pensión gracia en $189.010 desde el 2 de agosto de
1994, pero con efectos fiscales a partir del 17 de octubre de 2000 por prescripción
trienal. Respecto de los intereses moratorios se dispuso que el área de nómina
realizaría las operaciones pertinentes, de conformidad con el artículo 177 del CCA.
85. A su vez, se aportó un certificado del FOPEP del 27 de julio de 2015, en el que
se relacionó un reporte en el que se observa que recibió para el mes de julio de
2011 un pago parcial de $9.067.079.27.
86. Sin embargo, en sede de apelación contra el mandamiento de pago, esta
Subsección liquidó la obligación y concluyó que ─en realidad─ el acto mencionado
no satisfizo la totalidad de la obligación, pues aún adeudaba la suma de
$10.682.707,75 por concepto de retroactivo pensional y $8.633.004,28 por intereses
causados sobre aquel.
Así las cosas, no hay lugar a declarar probada excepción invocada, pues no se
acreditó por parte de la ejecutada que la obligación se hubiera cumplido en su
totalidad.
87. Respecto de los intereses moratorios, la entidad demandada consideró que
María Elsa López Latorre no tenía derecho a aquellos porque mediante Resolución
0893 del 26 de julio de 2011 le dio respuesta a su solicitud en el sentido de
rechazarla por «falencias documentales»; además, la demandante había dejado
vencer la oportunidad procesal para demandar ejecutivamente los intereses
moratorios e insistió que se debía tener en cuenta que mediante la Resolución
036347 del 28 de enero de 2011 se había cumplido la sentencia objeto de ejecución.
56 Óp. Cit. 14.
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Los anteriores argumentos no son de recibo para la Sala, pues ya se definió que la
ejecutante sí acudió dentro de los 5 años siguientes a la exigibilidad de la obligación
[18 meses], lo cual le permitía pedir el pago de los intereses causados frente al
capital adeudado, tal como se ordenó en la sentencia base de recaudo.
2.4. Sobre la excepción de compensación
88. La ejecutada no señaló razón alguna para sustentar esta excepción, pues se
limitó a indicar lo siguiente: «[s]in que de ninguna manera se entienda reconocimiento de
los hechos y pretensiones aducidos por los demandantes, se propone esta excepción de
compensación ante el mayor valor recibido por concepto del pago de la obligación
ejecutoriada». En consecuencia, se confirmará lo decidido por el tribunal respecto de
esta excepción y se declarará no probada por no haber sido sustentada y
acreditada.
2.4. Conclusión
89. Por las razones anotadas previamente, la Sala confirmará la sentencia dictada
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que encontró no probadas las
excepciones propuestas por la entidad demandada.
2.5. Costas
90. La demandada solicitó con el recurso de apelación «al tribunal» no condenarla
en costas, sin embargo, dicho aserto deviene incongruente porque en la sentencia
apelada este concepto no se impuso.
91. Ahora, respecto de esta instancia procesal, la norma que prevé la condena en
costas en la Jurisdicción de lo contencioso-administrativo es el artículo 188 del
CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un
interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de
fundamento legal».
92. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
93. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
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juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma57.
94. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.
95. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de imponer la condena en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca el 2 de noviembre de 2023, por medio de la cual se declararon no
probadas las excepciones propuestas por la demandada y se ordenó seguir
adelante con la ejecución.
Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.
Tercero. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA.
Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previamente las anotaciones
en el aplicativo Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
Aclaración de voto
Cfr. Rad. AV.05001-23-33-000-2020-
00472-01 (1251-2024)
57En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
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JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
KBV
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