Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03692-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03692-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-03692-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
9 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., nueve (9) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03692-00
Demandante: Narciso Giraldo Rodríguez
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B
Temas: Tutela contra providencia judicial / Proceso ejecutivo / Caducidad
de la acción ejecutiva en procesos contra la extinta Cajanal /
Defecto sustantivo y desconocimiento del precedente
Decisión: Negar el amparo
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
__________________________________________________________________
La Sala decide la solicitud formulada por Narciso Giraldo Rodríguez en ejercicio de
la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, y
desarrollada en los decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud
1. Narciso Giraldo Rodríguez promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos y garantías fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia, con ocasión de la sentencia proferida el 3 de mayo
de 2024 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B, en el proceso ejecutivo identificado con el radicado 11001-33-35-
023-2018-00497-00/01.
2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente1:
2.1. El demandante promovió demanda en uso del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la extinta Cajanal, cuyo conocimiento
correspondió al Juzgado Veintitrés Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, el
cual en sentencia del 16 de diciembre de 2010 ordenó la reliquidación de su pensión
con el pago de las sumas resultantes de la aplicación de los artículos 176 y 177 del
CCA, el cual quedó ejecutoriado el 1.° de febrero de 2011.
1 Archivo obrante en el índice 2 del Samai.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Demandante: Narciso Giraldo Rodríguez Castillo
2.2. Cajanal, hoy Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, no dio estricto
cumplimiento a la sentencia que sirve de recaudo ejecutivo, en razón a que
mediante Resolución UGM 018250 del 24 de noviembre de 2011, desconoció las
órdenes impartidas por el Juzgado Veintitrés Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá, en tanto aplicó de manera equivocada los artículos 176 y 177 del CCA.
2.3. Conforme al plazo de 18 meses fijado en el referido artículo 177 del CCA
para poder exigir su cumplimiento a través de la acción ejecutiva, tal término
comenzó a partir del 2 de agosto de 2012, sin embargo, para esa época Cajanal se
encontraba sometida al proceso de liquidación que se extendió entre el 12 de junio
de 2009 y el 11 de junio de 2013, en virtud de lo dispuesto en los Decretos 2196 de
2009 y 254 de 2000.
2.4. En la medida en que durante tal periodo las obligaciones a cargo de Cajanal
estuvieron en un régimen excepcional de administración, reconocimiento y pago de
acreencias, esto incidió en el cómputo del término de caducidad de las acciones
judiciales por lo que, en atención a que se configuró un incumplimiento parcial de
las obligaciones respecto de los intereses corrientes y moratorios, se promovió
demanda ejecutiva el 16 de noviembre de 2018 en la que el Juzgado Veintitrés
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá con sentencia 1. ° de octubre de 2019
ordenó seguir adelante con la ejecución. Decisión contra la cual la parte ejecutada
interpuso recurso de apelación.
2.5. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
B, en sentencia del 3 de mayo de 2024 revocó el fallo de primera instancia y declaró
probada la excepción de caducidad de la acción ejecutiva por considerar que el
término de 5 años debía contabilizarse a partir del 2 de agosto de 2012 y finalizaba
el 3 de agosto de 2017. Tal pronunciamiento fue notificado el 14 de enero de 2026.
2.6. Se vulneraron sus derechos fundamentales al incurrir en defecto sustantivo
y desconocimiento del precedente, como se explica a continuación:
2.6.1. Defecto sustantivo: Se incurrió en una interpretación errónea de las normas
sobre caducidad, aplicándolas de manera rígida y descontextualizada, sin
considerar el régimen especial derivado de la liquidación de CAJANAL ni la
jurisprudencia sobre suspensión del término. Esto generó una decisión contraria al
ordenamiento jurídico y afectó el derecho al debido proceso.
2.6.2.Desconocimiento del precedente: Se ignoró una línea jurisprudencial
consolidada del Consejo de Estado sobre la suspensión de la caducidad en casos
de CAJANAL en liquidación. Se apartó de este precedente sin ofrecer justificación,
produciendo una decisión inconsistente, desigual y contraria a la seguridad jurídica2.
2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia de 19 de junio de 2025, Rad. 25000-23-42-000-2018-01044-01 (2835-2021), C.P. Luis
Eduardo Mesa Nieves; Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 1 de
2
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Demandante: Narciso Giraldo Rodríguez Castillo
1.1.1. Pretensiones
3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:
«[…] 1. Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso
efectivo a la administración de justicia, a la buena fe y a la confianza legítima del
accionante, vulnerados por la autoridad judicial accionada con ocasión de la providencia
mediante la cual se declaró la caducidad de la acción ejecutiva promovida para obtener
el cumplimiento de la sentencia judicial reconocida a su favor.
2. Que, en consecuencia, se REVOQUE la providencia judicial proferida dentro del
proceso ejecutivo 11001-33-35-023-2018-00497-01 objeto de esta acción constitucional,
mediante la cual se declaró probada la excepción de caducidad.
3. Que, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN
SEGUNDA - SUBSECCIÓN B proferir una nueva decisión dentro del proceso ejecutivo
de la referencia, desestimando la excepción de caducidad y valorando integralmente los
requisitos formales del título ejecutivo, así como los elementos normativos,
jurisprudenciales y fácticos aplicables al caso concreto. […]». (sic)
1.2. Informes rendidos en el proceso
4. La UGPP3 solicitó que se declara su improcedencia y se negaran las
pretensiones, al considerar que el demandante pretendía revocar una sentencia
judicial en firme mediante un mecanismo excepcional que no es idóneo; argumentó
que no existió vulneración de derechos fundamentales, ya que el proceso ordinario
surtió todas sus etapas con respeto al debido proceso y doble instancia, sin
configurarse vía de hecho ni perjuicio irremediable, además no se cumplieron los
requisitos de subsidiariedad e inmediatez, pues disponía de otros medios como el
recurso extraordinario de revisión; sostuvo que esa entidad carecía de competencia
y legitimación por pasiva al no causar la presunta vulneración ni tener injerencia en
decisiones judiciales, existió cosa juzgada sobre el asunto, pretendió utilizar la tutela
como tercera instancia para reclamar o reliquidar prestaciones económicas, y
acceder a lo solicitado implicaría desconocer la autonomía judicial.
5. El Juzgado Veintitrés Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá4
pidió su desvinculación de la solicitud de tutela al no ser responsable de la presunta
afectación alegada, pues las pretensiones se dirigieron contra el tribunal precisando
que ese despacho actuó dentro del marco legal sin incurrir en vulneración de
derechos fundamentales.
6. Los demás terceros interesados guardaron silencio.
2. Consideraciones
marzo de 2018, Rad. 25000-23-42-000-2013-06595-01 (3637-14), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez;
y Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 25 de abril de 2025, Rad.
25000-23-42-000-2021-00787-01 (2847-2023), C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
3 Archivo obrante en el índice 11 del Samai.
4 Archivo obrante en el índice 19 del Samai.
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7. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración
en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra
providencia judicial; iv) determinación del problema jurídico; y v) análisis de la Sala.
2.1. Competencia
8. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución
Política y 37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con 1.º del Decreto 333
del 6 de abril de 20215, esta Sala es competente para conocer de la solicitud de
amparo contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B.
2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial
9. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo contencioso-administrativo
del Consejo de Estado6 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las
distintas posturas que en su interior se habían desarrollado sobre el tema 7. Al
respecto señaló lo siguiente:
«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional,
de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita,
como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se
esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.
[…]».
10. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.
11. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado8 adoptó los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para
5 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción
de tutela.
6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-
01328-01, MP María Elizabeth García González.
7 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
8 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia del 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Demandante: Narciso Giraldo Rodríguez Castillo
establecer la procedencia de la tutela como mecanismo residual y excepcional para
la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86
Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta solicitud se puede presentar
además contra decisiones de las altas cortes que desconozcan derechos
fundamentales.
12. Ahora bien, la Corte Constitucional9 ha señalado que la solicitud de amparo
debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante de manera constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que
se haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado
inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se
hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos
sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será
declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.
13. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores
requisitos10, el juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió
la autoridad judicial, a partir de los argumentos expuestos en la tutela y de los
derechos fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la
prosperidad del amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno
de los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto
sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales11.
14. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal
entidad que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente
reabrir el debate que se había planteado en la instancia correspondiente.
2.4. Problema jurídico
15. La Sala deberá definir: ¿si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B, vulneró los derechos fundamentales de Narciso
Giraldo Rodríguez Castillo con ocasión de la sentencia del 3 de mayo de 2024 con
la que revocó el fallo de primera instancia y declaró probada la excepción de
caducidad de la acción ejecutiva por considerar que el término de 5 años debía
contabilizarse a partir del 2 de agosto de 2012 y finalizaba el 3 de agosto de 2017,
incurriendo, presuntamente, en defectos sustantivo y desconocimiento del
precedente?
2.5. Análisis de la Sala
2.5.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
9 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y
C-590 de 2005.
10 Corte Constitucional, sentencia T-309 de 2015, MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
11 Corte Constitucional, sentencia SU-337 de 2017, MP Antonio José Lizarazo Ocampo.
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16. En cuanto al requisito de inmediatez debe precisarse que, aun cuando la
providencia cuestionada fue proferida el 3 de mayo de 2024, aquella fue notificada
el 1. ° de enero de 2026, razón por la cual la solicitud de tutela fue presentada de
manera oportuna.
17. Aclarado lo anterior, la Sala encuentra superados los requisitos de
procedibilidad de la solicitud de tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de
nulidad que invalide lo actuado, procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto
planteado.
2.5.2. Del defecto sustantivo
18. La Corte Constitucional ha señalado que este se presenta cuando, el juez
adopta una decisión que desborda del marco constitucional y legal, al apoyarse en
una norma evidentemente inaplicable al caso concreto12. En su jurisprudencia, la
corporación ha resaltado que este defecto encuentra su origen en el hecho de que,
si bien los jueces gozan de autonomía e independencia judicial para interpretar y
aplicar normas jurídicas, esta no es una facultad absoluta13, para lo cual precisó que
los límites se encuentran en el orden jurídico preestablecido y los valores, principios,
derechos y garantías que identifican al actual Estado social de derecho.
19. El alto tribunal de lo Constitucional ha identificado una serie de situaciones
en las que se detecta el defecto sustantivo, a saber: i) la sentencia se fundamenta
en una norma que no es aplicable; ii) a pesar de la autonomía judicial, la
interpretación o aplicación de la norma al caso concreto no está dentro del margen
de razonabilidad, es de forma abierta contra evidente o perjudicial para los intereses
legítimos de las partes o es manifiestamente errada; iii) no se toman en cuenta
sentencias que hayan definido el alcance de la norma aplicada; iv) la disposición
aplicada se torna regresiva o contraria a la Constitución; v) no se efectúa una
interpretación sistémica de la norma; y vi) se desconoce la norma constitucional o
legal aplicable al caso.
20. A partir de lo anterior, es claro que no cualquier diferencia en la interpretación
en que se funde una decisión judicial configura este defecto; pues para tener tal
entidad debe ser considerada irrazonable, desproporcionada, arbitraria o
caprichosa. Además, la irregularidad debe ser de tal gravedad e importancia, que la
decisión proferida por la autoridad judicial obstaculice o lesione la efectividad de los
derechos fundamentales de los sujetos procesales14.
2.5.3. Desconocimiento del precedente judicial
21. En este punto, en cuanto al desconocimiento de precedente alegado se
recuerda que un análisis sistemático del artículo 230 de la Constitución Política
12 Corte Constitucional, sentencias T-008 de 1999 y SU-416 de 2015.
13 Corte Constitucional, sentencias T-757 de 2009 y T-367 de 2018.
14 Corte Constitucional, sentencias SU-050 de 2017 y T-367 de 2018
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permite afirmar que los jueces guardan una carga de respetar los precedentes
relevantes como un imperativo derivado del principio de igualdad y un medio para
promover la seguridad jurídica, la confianza de la sociedad en la estabilidad, la
predictibilidad de las decisiones judiciales y la unificación de la interpretación de las
normas jurídicas. Adicionalmente, el principio de legalidad ordena un manejo
adecuado de estos, como medio para erradicar la arbitrariedad de las decisiones
judiciales, presupuesto esencial del Estado Social de Derecho.
22. La Corte Constitucional ha considerado que el precedente es toda decisión
previa adoptada principalmente por los órganos de cierre de las diferentes
jurisdicciones que, por abordar un problema jurídico originado en hechos idénticos
o semejantes desde un punto de vista jurídicamente relevante al que debe resolver
el juez, debe ser tenido en cuenta como condición de eficacia del principio de
igualdad. El adecuado manejo del precedente conlleva entonces la obligación de
seguir el curso de decisión trazado en la ratio decidendi de una o varias sentencias
previas, salvo si existen razones jurídicas particularmente poderosas que impongan
modificarlo.
23. Esas razones pueden provenir de un cambio en el ordenamiento positivo, de
la modificación de las bases axiológicas del sistema jurídico o de una drástica
transformación de las condiciones sociales en las que se adoptaron aquellas
decisiones, de tal entidad que las torna en injustas o incorrectas en el orden de
cosas actual. De igual manera, el juez puede apartarse del precedente si, pese a la
existencia de algunas similitudes entre uno y otro caso, encuentra diferencias de
mayor peso que justifican un tratamiento diverso a la situación objeto de estudio.
Finalmente, eventos en los que se evidencia una incompatibilidad en el sentido de
decisiones precedentes, relevan al juez de obediencia pues, en términos prácticos,
no existe un precedente claro que lo vincule.
24. En cualquier caso, el juez debe cumplir una carga de transparencia,
identificando los precedentes relevantes; de suficiencia, dando a conocer las
razones que en su concepto justifican el cambio de dirección decisional, y
precisando por qué esa modificación lleva a una mejor interpretación del orden
jurídico además de ello reporta mayores beneficios que el detrimento en la
seguridad jurídica y la igualdad que se derivara de la desobediencia al precedente.
2.5.5. Sobre el caso concreto
25. Narciso Giraldo Castillo acudió al juez de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos
la sentencia del 3 de mayo de 2024 con la que revocó el fallo de primera instancia
y declaró probada la excepción de caducidad de la acción ejecutiva por considerar
que el término de 5 años debía contabilizarse a partir del 2 de agosto de 2012 y
finalizaba el 3 de agosto de 2017.
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26. Lo anterior, por cuanto la referida decisión judicial incurrió en defecto
sustantivo y desconocimiento del precedente, en tanto incurrió en una interpretación
errónea de las normas sobre caducidad, aplicándolas de manera rígida y
descontextualizada, sin considerar el régimen especial derivado de la liquidación de
Cajanal y se ignoró una línea jurisprudencial consolidada del Consejo de Estado
sobre la suspensión de la caducidad en estos casos15.
27. Al descender al caso en concreto, se observa que el Juzgado Veintitrés
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, en sentencia del 1. ° de octubre de
2019, ordenó seguir adelante con la ejecución negó las pretensiones de la
demanda, al considerar que la entidad ejecutada reliquidó las mesadas causadas
sin incluir los intereses moratorios preceptuados en el artículo 177 del CCA y
ordenados en la sentencia base de ejecución.
28. La UGPP interpuso recurso de apelación «[…] solicitando de forma respetuosa al
Tribunal teniendo en cuenta que el proceso de liquidación de la Caja Nacional de Previsión
Social EICE inició mediante el Decreto 2196 del 12 de junio de 2009 el cual no culminó sino
hasta el 12 de junio del año 2013 es decir parte del tiempo el cual se reclama intereses
moratorios se dio en vigencia del trámite de esta liquidación por parte de la entidad por lo
anterior y en aplicación de las circulares 10 y 12 del 2014 la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2469 de 2015 no es
procedente el pago de intereses moratorios por los cuales se ordena seguir adelante la
ejecución en estos término dejo sustentado mi recurso de apelación. […]»
29. De tal manera, se evidencia que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B, en sentencia del 3 de mayo de 2024 revocó lo
resuelto por el juez de primera instancia y en su lugar declaró de oficio la excepción
de caducidad de la acción ejecutiva, dando por terminado el proceso al considerar
que:
«[…] La parte actora solicitó librar mandamiento de pago a su favor y contra la UGPP,
aduciendo como título ejecutivo la sentencia proferida el dieciséis de diciembre de dos
mil diez por el Juzgado Veintitrés Administrativo del Circuito de Bogotá, la cual quedó
ejecutoriada el 1 de febrero de 2011, la obligación se hizo exigible el 02 de agosto de
2012, por lo que el 3 de agosto de 2017 venció el término de caducidad señalado en el
literal k) del numeral 2. Del art. 164 del C.P.A.C.A.
La demanda se presentó en la Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos el 16
de noviembre de 2018 (fl. 1).
Debe señalarse que la tesis de la Sala ha sido la de considerar que la caducidad no se
suspendió, que la ley sobre reactivación empresarial (Ley 550 de 1999) no debía
aplicarse, que el auto proferido el 25 de agosto de 2015 en el expediente 2015-132701,
no es un precedente y que las normas aplicables para resolver si se había configurado
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia de 19 de junio de 2025, Rad. 25000-23-42-000-2018-01044-01 (2835-2021), C.P. Luis
Eduardo Mesa Nieves; Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 1 de
marzo de 2018, Rad. 25000-23-42-000-2013-06595-01 (3637-14), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez;
y Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 25 de abril de 2025, Rad.
25000-23-42-000-2021-00787-01 (2847-2023), C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03692-00
Demandante: Narciso Giraldo Rodríguez Castillo
o no la alegada caducidad son los Decretos 254 de 2000 (artículos 1, 21, 25, etc.) y 2196
de 2009 (arts. 2, 14, 21, 22).
En el auto de 25 de agosto de 2015, expediente 2015-132701, número interno 1777-
2015, denominado “el precedente”, se indica que además del EOSF y del C. Co. la
liquidación de CAJANAL también se rigió por lo señalado en la Ley 550 de 1999. La Sala
ha sostenido que esta ley no es aplicable y menos aún en lo relativo al reclamo judicial
de pensiones (acciones ordinarias y ejecutivas),
[…]
Es claro que las fuentes formales de derecho (normas) que se debían interpretar y aplicar
son los Decretos 254 de 2000 (artículos 1, 21, 25, etc.) y 2196 de 2009 (arts. 2, 14, 21,
22), sobre los cuales si bien en unas providencias no se ha dicho porqué no son
pertinentes, porqué no se aplican, en otras providencias no sólo se mencionan, sino que
se da razón de porqué son las normas vigentes que gobiernan la materia y efectivamente
se aplican.
En cuanto a la postura de que las normas aplicables son los Decretos 254 de 2000
(artículos 1, 21, 25, etc.) y 2196 de 2009 (arts. 2, 14, 21, 22) y que, en consecuencia,
mientras se adelantó la liquidación de Cajanal (2009 - 2013), no se suspendió la
caducidad, es decir, no hubo impedimento jurídico para instaurar demandas ejecutivas
o continuar con el trámite de las ya presentadas, la misma se ha venido explicando así:
[…]
En cuanto a la tesis de que el auto de agosto 25 de 2015 no constituye un precedente y
de que en la providencia del Tribunal dictada en este proceso no se configuró un defecto
sustantivo, en providencias de la sala tal postura se ha sustentado no solo con lo dicho
antes sino con el parangón de diversos pronunciamientos, coincidentes con la
argumentación del Tribunal, como por ejemplo los que a continuación se transcriben:
[…]
Según lo antes expuesto, no hay unificación del precedente sobre la caducidad de las
acciones ejecutivas que se promuevan contra la UGPP, por lo que es jurídicamente
correcto declarar la caducidad de la acción y, en consecuencia, dar por terminado el
proceso de la referencia. […]». (sic)
30. Así pues, se observa que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección B, se sustentó en la disparidad de criterios existente en esta
corporación judicial como órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo respecto al conteo del término de caducidad de la acción ejecutiva en
los procesos ejecutivos adelantados contra la UGPP (extinta Cajanal) para emitir su
pronunciamiento con sustento en la posición jurídica que se alinea a su
interpretación del asunto.
31. No obstante, pese a que fue proferido con posterioridad a la providencia
cuestionada, debe precisarse que esta Sala de decisión, en reciente
pronunciamiento emitido en sede contencioso-administrativa, con ponencia de
quien ahora lo hace en el presente asunto, en sentencia del 18 de julio de 202516,
tuvo la oportunidad de efectuar las siguientes consideraciones respecto al asunto
de la siguiente manera:
«[…] El legislador estableció el fenómeno de la caducidad como una sanción que limita
el ejercicio del derecho sustancial debido a la no presentación de los medios de control
en el plazo que la ley establece para ello; en otras palabras, es una institución jurídica
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18 de julio de 2025, radicado:
25000234200020180112002 (1938-2024), C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, demandante: María
Elsa López Latorre.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03692-00
Demandante: Narciso Giraldo Rodríguez Castillo
procesal de orden público e irrenunciable que impone al juez realizar un pronunciamiento
de oficio en cualquier instancia del proceso. Así, la jurisprudencia de esta corporación
ha señalado que con esta se «busca atacar la acción por haber sido impetrada
tardíamente, impidiendo el surgimiento del proceso» y con ella se otorga vigencia al
principio de la seguridad jurídica bajo criterios de racionalidad y suficiencia temporal.
51. Tratándose de la caducidad en el proceso ejecutivo de títulos derivados de
decisiones judiciales proferidas por esta jurisdicción, se previó que el término para su
ejecución sería de 5 años contados a partir de la exigibilidad de la obligación, la cual era
de 18 o 10 meses, de acuerdo con el Decreto 01 de 1984 y la Ley 1437 de 2011,
respectivamente.
52. Ahora, si bien inicialmente la Sección Segunda de esta corporación negó el
argumento consistente en la suspensión del término de caducidad durante la época en
que se llevó a cabo la liquidación de Cajanal porque se consideró que el legislador no
previó esa prerrogativa de forma expresa, lo cierto es que el 30 de junio de 2016 se
analizó in extenso dicha problemática y se concluyó lo siguiente :
«La anterior gama de situaciones que se presentaron con la liquidación de CAJANAL,
hace imperativo que la jurisdicción se abstenga de adoptar decisiones en contravía
de los derechos de los beneficiarios de las condenas, las cuales se han tomado con
el argumento de que como esos créditos estaban excluidos de la masa liquidatoria no
es posible aplicar la regla de suspensión de caducidad ya señalada.
La razón para no afectar a los ciudadanos acreedores es que el desorden jurídico fue
creado por la misma administración pública al no adoptar reglas específicas y
unívocas que evitaran esas múltiples situaciones, lo que hace aplicable la máxima
según la cual nadie puede alegar en su favor su propia culpa . Es decir, la carga de
soportar una declaratoria de caducidad no es proporcionada frente al trato dado a sus
créditos por parte del propio Estado deudor.
En consecuencia, resulta adecuado jurídicamente extender la norma suspensiva de
caducidad a los créditos analizados, pero solo durante los lapsos en los cuales las
personas se vieron imposibilitadas para acudir a la jurisdicción por la misma actuación
errática de esta cuando decidió terminar y remitir los procesos ejecutivos a la
liquidación, así como de la misma entidad en liquidación al recibir estos asuntos,
negar su inclusión en la masa de liquidación y retardar o negar el cumplimiento a
través de la UGM.
Así las cosas, si bien en decisiones recientes de la Secciones Segunda y Cuarta de
esta Corporación se señaló que la caducidad frente a sentencias de condena contra
CAJANAL o CAJANAL EN LIQUIDACIÓN se suspendió durante los cuatro (4) años
que duró su trámite liquidatorio, ello solo resulta aplicable a aquellos casos con
características especiales analizadas en ellos en los cuales se impidió que antes del
12 de junio de 2013 se ejecutara judicialmente la obligación contra CAJANAL o la
UGPP .»
53. En igual sentido, esta Subsección mediante providencia del 21 de marzo de 2024
expuso :
«Por tanto, según la Ugpp, en el sub judice dicho término se cumplió el 15 de marzo
de 2014, cuando habían transcurrido 6 años y 6 meses desde el momento en que se
hizo exigible la obligación en favor de la ejecutante, resultando evidente que se
interpuso por fuera de los 5 años con que contaba la ejecutante para reclamar su
derecho.
La Sala no acoge este argumento de discrepancia, por cuanto la entidad apelante no
está teniendo en cuenta que en el presente caso operó la suspensión de términos
judiciales para iniciar procesos ejecutivos en contra de dicha entidad, en virtud del
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03692-00
Demandante: Narciso Giraldo Rodríguez Castillo
proceso de liquidación de Cajanal Eice durante el periodo comprendido entre el 12 de
junio de 2009 y el 11 de junio de 2013, es decir, que durante cuatro años fueron
suspendidos los términos para reclamar ante esta jurisdicción.»
54. En ese entendido, los términos de prescripción y de caducidad de las obligaciones
a cargo de Cajanal no corrieron entre el 12 de junio de 2009 y el 11 de junio de 2013,
esto es, por el espacio de cuatro años , en virtud de lo dispuesto en el Decreto 2196 de
2009 y la Ley 550 de 1990. […]». (sic)
32. En este orden de ideas, pese a que el criterio jurídico de esta corporación judicial
respecto el conteo del término de caducidad de la acción ejecutiva promovidos
contra la UGPP (extinta Cajanal) ha variado, debe observarse que, en todo caso,
debe prevalecer aquella interpretación más favorable al usuario, pues, como se
sostuvo en el referido pronunciamiento, debido a las situaciones que se presentaron
con la liquidación de Cajanal, la jurisdicción debe procurar los derechos de los
beneficiarios de las condenas, pues el desorden jurídico fue creado por la
administración pública al no adoptar reglas específicas y unívocas que evitaran
múltiples situaciones.
33. De tal manera, se entiende que los términos de prescripción y de caducidad de
las obligaciones a cargo de Cajanal no corrieron entre el 12 de junio de 2009 y el 11
de junio de 2013, esto es, por el espacio de 4 años, en virtud de lo dispuesto en el
Decreto 2196 de 2009 y la Ley 550 de 1990.
34. Así las cosas, frente a la situación fáctica de Narciso Giraldo Rodríguez
Castillo, se observa que: i) La sentencia cuyo cumplimiento se pretende es del 16
de diciembre de 2010, la cual cobró ejecutoria el 1. ° de febrero de 2011; ii) contados
los 18 meses para que la sentencia se hiciera exigible17 (2 de agosto de 2012), los
5 años18 que tenía la demandante para promover la respectiva demanda ejecutiva
el término feneció el 3 de agosto de 2017; iii) el proceso de liquidación de Cajanal
transcurrió del 22 de septiembre de 2009 al 11 de junio de 2013 y, v) la demanda
ejecutiva fue efectivamente presentada el 16 de noviembre de 2018.
35. La anterior situación se resume así:
TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN EJECUTIVA
01/08/2012 01/08/2017 16/11/2018
Inicia termino Final termino Presentación demanda
5 años
PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE CAJANAL E.I.C.E.
22/09/2009 11/01/2013
17 Inciso 4º del artículo 177 del CCA; norma vigente para la época.
18 Numeral 2, literal k del artículo 164 del CPACA.
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Demandante: Narciso Giraldo Rodríguez Castillo
IMPACTO DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN
EN EL CASO DE NARCISO GIRALDO RODRÍGUEZ CASTILLO
5 AÑOS
11/01/2013 11/01/2018 16/11/2018
Finaliza proceso Opera la caducidad Radica demanda ejecutiva
liquidatorio
36. De acuerdo con la gráfica que antecede, es claro que el término que duró el
proceso de liquidación de Cajanal tiene un indiscutible impacto en la configuración
del fenómeno de la caducidad en la demanda ejecutiva radicada por Narciso Giraldo
Rodríguez Castillo, pues, se observa que la fecha inicial para el conteo de ese lapso
no debe ser la fecha de exigibilidad de la sentencia a ejecutar, sino la de finalización
del referido proceso liquidatorio, no obstante, aun teniendo en cuenta esta fecha el
fenómeno de caducidad operó lo cual impide un pronunciamiento favorable a las
pretensiones del demandante.
37. Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación
jurídica del juez natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones
adoptadas dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la
vulneración de derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se
encontró probado.
38. Así las cosas, esta Sala observa que la decisión acusada no incurrió
en los defectos especiales alegados, debido a que fue proferida según las normas
que regulan la materia y aquellas se apoyaron en el material probatorio aportado al
proceso ejecutivo que, en todo caso, evidencia que la acción ejecutiva caducó, aun
acudiendo a una interpretación más favorable a sus intereses.
39. En vista de lo anterior, lo que existe es una inconformidad con el resultado
de la valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la
medida en que aquella visión de los hechos presentada por la autoridad judicial
demandada cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, por lo
que, se reitera, este mecanismo no puede convertirse en una tercera instancia.
3. Conclusión
40. En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que
la parte demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala negará el amparo
de los derechos fundamentales de Narciso Giraldo Rodríguez Castillo, en la solicitud
de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección B.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03692-00
Demandante: Narciso Giraldo Rodríguez Castillo
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Negar el amparo de los derechos fundamentales de Narciso Giraldo
Rodríguez Castillo, en la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B.
Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, al día siguiente de su ejecutoria.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Ausente con permiso
JVD
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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