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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-04684-00

Fecha
31 de julio de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-04684-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia del Instituto Financiero de Casanare. Segundo. Dejar sin efectos la providencia proferida el 22 de enero de 2026 por el Tribunal Administrativo del Casanare, en el proceso ejecutivo 85001-33-33-004- 2025-00314-01 adelantado por el Instituto Financiero de Casanare en contra de Lina Marcela Sánchez Agudelo. Tercero. Ordenar al Tribunal Administrativo del Casanare que, en el término de 20 días siguientes, contados a partir de la notificación de la presente providencia, emita un pronunciamiento de reemplazo Cuarto. Exhortar al Tribunal Administrativo del Casanare para que, en lo sucesivo, al decidir asuntos de contornos similares tenga en cuenta las consideraciones normativas y jurisprudenciales expuestas en esta providencia. Quinto. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Sexto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 17 Radicado: 11001-03-15-000-2026-03692-00 Demandante: Narciso Giraldo Rodríguez Castillo La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-04684-00

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

31 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04684-00
Demandante: Instituto Financiero de Casanare
Demandado: Tribunal Administrativo del Casanare

Temas: Tutela contra providencia judicial / Proceso ejecutivo / Título
ejecutivo para cobro de contrato de mutuo / Violación directa de
la constitución, defectos fáctico, sustantivo, procedimental y
desconocimiento del precedente
Decisión: Accede al amparo

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
__________________________________________________________________

La Sala decide la solicitud formulada por el Instituto Financiero del Casanare en
ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
y desarrollada en los decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud

1. El Instituto Financiero de Casanare1 promovió solicitud de tutela con el fin
de que se ampararan sus derechos y garantías fundamentales al debido proceso y
al acceso a la administración de justicia, con ocasión de las sentencias proferidas
el 27 de febrero de 2025 y el 22 de enero de 2026 por el Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito Judicial de Yopal y el Tribunal Administrativo del
Casanare, en el proceso ejecutivo identificado con el radicado 85001-33-33-004-
2025-00314-01.

2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente2:

2.1. El IFC, de acuerdo a su acto de creación3, es una empresa comercial y de
gestión económica del Departamento de Casanare, con personería jurídica,
autonomía administrativa y presupuestal, cuyo régimen de sus actos y contratos, se
rigen por lo dispuesto en los artículos 85 y 93 de la Ley 498 de 1998, el artículo 14

1
En adelante IFC.
2
Archivo obrante en el índice 2 del Samai.
3
Decreto 107 de 1992 y de modificación Decreto 073 de 2002.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03692-00
Demandante: Narciso Giraldo Rodríguez Castillo

de la Ley 1150 de 2007, modificado a su vez por el artículo 93 de la Ley 1474 de
2011.

2.2. El IFC promovió demanda ejecutiva contra Lina Marcela Sánchez Agudelo,
con la pretensión de librar mandamiento de pago por la suma de $7.484.440
representados en el pagaré 4115908 del 1.º de agosto de 2014, junto con los
intereses corrientes entre el 1.º de noviembre de 2014 y el 1.º de diciembre de 2014,
y los intereses moratorios causados desde 2 de diciembre de 2014 y hasta el pago
total de la obligación, liquidados a la tasa máxima moratoria certificada por la
Superintendencia Financiera de Colombia, debidamente actualizados conforme a
los incrementos que registre esa tasa.

2.3. En principio, el proceso se repartió el 4 de agosto de 2015 al Juzgado
Segundo Civil Municipal de Yopal, el cual, mediante auto del 2 de septiembre de
igual anualidad, libró mandamiento de pago. Esta decisión fue notificada al
ejecutado conforme al artículo 292 del CGP, sin que realizara manifestación alguna.
En consecuencia, el despacho civil, mediante providencia del 11 de julio de 2019,
ordenó seguir adelante con la ejecución.

2.4. Después el juzgado, a través de auto del 8 de julio de 2025, advirtió que
carecía de jurisdicción para continuar conociendo del proceso, por cuanto el IFC era
una entidad pública y no se encontraba dentro de las organizaciones incluidas en el
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero ni en normas complementarias como
entidad de naturaleza financiera.

2.5. El referido despacho judicial indicó que la Corte Constitucional, mediante
Auto 1354 del 13 de agosto de 2024, resolvió un conflicto de jurisdicciones con el
Juzgado Quinto Administrativo de Yopal, determinando que los procesos ejecutivos
con fundamento en un pagaré a favor del Instituto Financiero de Casanare deben
tramitarse ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo por lo que ordenó
remitir el expediente a los juzgados administrativos de esa jurisdicción.

2.6. Por último, el Juzgado Segundo Civil Municipal de Yopal también explicó que,
si bien había proferido la orden de seguir adelante con la ejecución, dicha actuación
debía ser invalidada conforme al artículo 138 del CGP, motivo por el cual declaró la
nulidad de todo lo actuado desde la orden de seguir adelanta con la ejecución y
dispuso el envío del proceso a la Jurisdicción Administrativa.

2.7. En virtud del acta de reparto del 30 de julio de 2025, el expediente fue
asignado al Juzgado Cuarto Administrativo de Yopal que el 27 de febrero de 2025
profirió sentencia anticipada aplicando el inciso segundo del artículo 440 del CGP.
Contra esta decisión, la parte demandante interpuso recurso de reposición y, en
subsidio, apelación.

2.8. El Juzgado Cuarto Administrativo de Yopal en sentencia de primera instancia
proferida el 25 de septiembre del 2025, dispuso declarar de oficio la existencia de

2

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03692-00
Demandante: Narciso Giraldo Rodríguez Castillo

defectos formales del título ejecutivo presentado para el cobro, por no cumplir con
los requisitos establecidos en el artículo 297 del CPACA y no seguir adelante la
ejecución por considerar que conforme al artículo 299 del CPACA, debía verificar
de oficio si el título ejecutivo cumplía los requisitos legales. Lo anterior, en la medida
en que en la jurisdicción contenciosa administrativa solo pueden ejecutarse
obligaciones claras, expresas y exigibles contenidas en documentos auténticos, y
que tratándose de contratos estatales el título ejecutivo suele ser complejo y debe
incluir todos los documentos del negocio jurídico, de acuerdo con lo preceptuado en
el artículo 422 del CGP y el artículo 297 del CPACA.

2.9. El IFC interpuso recurso de apelación en el que sostuvo que el pagaré
aportado constituye por sí solo un título ejecutivo válido, al contener una obligación
clara, expresa y exigible derivada de un contrato de mutuo ya perfeccionado con la
entrega del dinero, la cual fue reconocida por la deudora mediante su firma; por ello,
afirmó que no era necesario aportar el contrato de mutuo y solicitó continuar con la
ejecución del proceso.

2.10. El Tribunal Administrativo de Casanare, en sentencia del 22 de enero de 2026
confirmó el fallo de primera instancia con el argumento de que los documentos
aportados por el IFC no constituyen un título ejecutivo suficiente, pues aunque el
pagaré sirve como garantía de una obligación, no permite acreditar por sí solo la
existencia del contrato de mutuo estatal que le dio origen; por ello, era indispensable
aportar el contrato escrito, ya que el IFC es una entidad estatal sometida al régimen
de contratación pública y, en consecuencia, la demostración de ese contrato
constituye un requisito para conformar el título ejecutivo complejo y proceder con la
ejecución.

2.11. Se vulneraron sus derechos fundamentales al incurrir en violación directa de
la constitución, defecto fáctico, sustantivo y desconocimiento del precedente, como
se explica a continuación:

2.11.1.Violación directa de la constitución: Se debía privilegiar el análisis sustancial
del crédito contenido en el pagaré y no negar la ejecución por la ausencia de un
documento que, conforme al régimen privado aplicable al IFC, no era indispensable.
La negativa de continuar la ejecución afectó de manera directa de los derechos
fundamentales del IFC.

2.11.2. Defecto fáctico: Se negó eficacia ejecutiva al pagaré pese a constituir, por sí
mismo, prueba suficiente de la obligación, pues se desconoció el alcance jurídico
del título valor y se condicionó su ejecución a una prueba que no era legalmente
necesaria.

2.11.3.Defecto sustantivo: Se utilizaron normas inaplicables o se interpretaron de
manera contraria al régimen jurídico que reglamenta su actividad crediticia, llegando
a la conclusión errónea de que era indispensable un contrato escrito para ejecutar
el pagaré.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03692-00
Demandante: Narciso Giraldo Rodríguez Castillo

2.11.4. Defecto procedimental: Se impuso un requisito formal no previsto por la ley,
convirtiendo el proceso en un ejercicio de formalismo excesivo que impidió la tutela
judicial efectiva y frustró el cobro de la obligación.

2.11.5.Desconocimiento del precedente: Los jueces tomaron únicamente la parte
del precedente relacionada con la competencia de la jurisdicción administrativa,
pero ignoraron la ratio decidendi referente a la suficiencia del pagaré y a la
inexistencia de obligación de aportar un contrato de mutuo escrito4.

1.1.1. Pretensiones

3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:

«[…] PRIMERO: Amparar los derechos fundamentales al Debido Proceso y al Acceso a
la Administración de Justicia del INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE, que se
desconocieron por el JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
YOPAL en auto emitido en fecha 25 de septiembre de 2025 y su confirmatorio, emitido
el 22 de enero de 2026 por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE dentro del
proceso 850013333004-2025-00314-00.

SEGUNDO: En consecuencia, declarar sin valor ni efecto el auto de fecha 25 de
septiembre de 2025 emitido por el JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE YOPAL, así como la decisión que desato la apelación, proferida por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE en fecha 22 de enero de 2026 como
medio de control dentro del proceso 850013333004-2025-00314-00, por encontrarse
tales decisiones afectadas por indebida valoración probatoria al restarle merito ejecutivo
al pagare 4115908 y exceso ritual manifiesto al exigir adosar al expediente un contrato
de mutuo con la ritualidad de constar por escrito, ajena a este tipo de contratos de

4
Auto 2014 de 2024 y 1455 de 2025 de la Corte Constitucional. Consejo de Estado, Sección Cuarta,
C.P: Wilson Ramos Girón, sentencia del 13 de noviembre de 2025, Radicación: 11001-03-15-000-
2025-05435-00, Demandante: Instituto Financiero del Casanare; Consejo de Estado, Sección
Cuarta, Consejero Ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño, Bogotá, D C., 29 de Enero de 2026,
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07470-00, Demandante: Instituto Financiero Del Casanare;
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
Consejero Ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar, Bogotá, D. C., dos (2) de marzo de dos mil
veintiséis (2026), Referencia: Tutela, Radicación: 11001-03-15-000-2026-00426-00; Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Consejero
Ponente: Elizabeth Becerra Cornejo. Sentencia del 9 de febrero de 2026. En la cual se resolvió un
asunto de supuestos similares, y en la que se advirtió el cambio de postura por parte de esta Sala
de decisión, de cara a lo decidido en oportunidad anterior en sentencia del 8 de septiembre de 2025,
expediente 11001-03-15-000-2025-05003-00; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Consejero Ponente: Elizabeth Becerra Cornejo.,
Bogotá, D. C., veinte (20) de abril de dos mil veintiséis (2026), Referencia: Tutela, Radicación: 11001-
03-15-000-2025-07910-01 (12548) -Sentencia de Segunda Instancia; Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A, Consejera Ponente: Zoranny Castillo Otálora, Bogotá, D.C., Ocho (8) de
Mayo de 2026, radicado: 11001-03-15-000- 2026-01869-00, Accionante: Instituto Financiero De
Casanare; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Consejera Ponente: Zoranny Castillo
Otálora, Bogotá, D.C., Ocho (8) de Mayo de 2026, radicado: 11001-03-15-000-2026-0997-01,
Accionante: Instituto Financiero De Casanare; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A,
Consejero Ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez, Bogotá, D.C., veinte (20) de abril de dos mil
veintiséis (2026), radicado: 11001-03-15-000-2026-01087-00, Accionante: Instituto Financiero De
Casanare; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Consejero Ponente: Fernando Alexei
Pardo Flórez, Bogotá, D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintiséis (2026), radicado: 11001-03-15-
000-2026-01919-00, Accionante: Instituto Financiero De Casanare.
.

4

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03692-00
Demandante: Narciso Giraldo Rodríguez Castillo

régimen civil; así como por defecto sustancial dado el sacrificio del derecho sustancial y
el desconocimiento de precedente judicial vertical y por esa vía cercenar injustamente
los derechos fundamentales al Debido Proceso y al Acceso a la Administración de
Justicia del INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE - IFC.

TERCERO: Que se ordene a los accionados JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO
DEL CIRCUITO DE YOPAL y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE, que en lo
de su competencia, en el impostergable término de 48 horas, contadas a partir de la
notificación del fallo de tutela, rehacer las actuaciones procesales censuradas, para que
en su lugar el JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE YOPAL,
ordene seguir adelante en la ejecución, y mantenga las medidas cautelares a favor del
INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE y en contra de la demandada LINA
MARCELA SANCHEZ AGUDELO, dentro del proceso ejecutivo 850013333004-2025-
00314-00, adelante el proceso hasta su finalización, y se abstenga de exigir requisitos
innecesarios en este tipo de procesos.

CUARTO. Que se ordene que el presente fallo tenga efecto Inter comunis o se extienda,
respecto de los procesos ejecutivos que cursen en los Juzgados Administrativos de
Yopal, en los que sea demandante el INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE, y en
los que se desconozca el pagare como título ejecutivo autónomo, existan similares
supuestos fácticos y jurídicos o que se presente análogas circunstancias, así como
ordenar al JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE YOPAL y al
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE, que en lo de sucesivo se abstengan de
incurrir en las conductas que dieron origen a la presente acción.

QUINTO. Que por parte del Juez Constitucional se realice verificación del cumplimiento
del fallo de tutela proferido. […]». (sic)

1.2. Informes rendidos en el proceso

4. El Tribunal Administrativo de Casanare5 solicitó negar el amparo
constitucional, al sostener que no se vulneraron los derechos fundamentales
invocados, pues la decisión cuestionada se fundamentó en la valoración de las
pruebas y en la aplicación de la normativa sobre contratación estatal, considerando
necesario acreditar la existencia del contrato estatal que respaldaba el pagaré
objeto de cobro. También señaló que se pretende reabrir un debate ya resuelto en
el proceso ejecutivo sobre los requisitos del título ejecutivo, que se trata de una
controversia de legalidad y contenido económico sin relevancia constitucional, y que
este mecanismo constitucional no puede utilizarse como una tercera instancia para
revisar valoraciones probatorias o interpretaciones jurídicas.

5. El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Yopal6 pidió
negar por improcedente la solicitud de tutela, al considerar que no existió
vulneración de los derechos fundamentales alegados, ya que tanto ese despacho
judicial como el Tribunal Administrativo de Casanare actuaron dentro de sus
competencias, valoraron adecuadamente las pruebas y concluyeron que no se
configuró un título ejecutivo válido en la jurisdicción contencioso administrativa, en
la medida en que solo se aportó un pagaré y no el contrato estatal escrito que
respaldara la obligación, exigencia derivada de la naturaleza pública de la entidad y

5
Archivo obrante en el índice 12 del Samai.
6
Archivo obrante en el índice 14 del Samai.

5

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03692-00
Demandante: Narciso Giraldo Rodríguez Castillo

de la solemnidad prevista en el artículo 39 de la Ley 80 de 1993. Asimismo,
argumentó que la tutela carece de relevancia constitucional, pues únicamente refleja
la inconformidad del demandante con la interpretación jurídica realizada por los
jueces naturales y pretende reabrir un debate de legalidad ya resuelto en las
instancias ordinarias, convirtiendo indebidamente la tutela en una tercera instancia.

2. Consideraciones

6. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración
en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) cuestión previa: iii) procedencia
de la tutela contra providencia judicial; iv) determinación del problema jurídico; y iv)
análisis de la Sala.

2.1. Competencia

7. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución
Política y 37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con 1.º del Decreto 333
del 6 de abril de 20217, esta Sala es competente para conocer de la solicitud de
amparo contra el Tribunal Administrativo de Casanare.

2.2. Cuestión previa - delimitación del asunto a decidir

8. Se advierte que, pese a que en el escrito inicial se cuestionan las decisiones
proferidas por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Yopal y
el Tribunal Administrativo del Casanare, se observa que los argumentos que
sustentan sus pretensiones son similares respecto a una y otra.

9. Por lo anterior, y en atención que, respecto de la providencia del 25 de
septiembre de 2025, el Tribunal Administrativo del Casanare resolvió el recurso de
apelación interpuesto en contra de aquel a través de providencia del 22 de enero de
2025, el reclamo constitucional será analizado únicamente respecto de esta última,
por ser la que finalizó el proceso ejecutivo bajo análisis.

2.3. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

10. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo contencioso-administrativo
del Consejo de Estado8 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las
distintas posturas que en su interior se habían desarrollado sobre el tema9. Al
respecto señaló lo siguiente:

7
Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción
de tutela.
8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-
01328-01, MP María Elizabeth García González.
9
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.

6

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03692-00
Demandante: Narciso Giraldo Rodríguez Castillo

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional,
de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita,
como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se
esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.
[…]».

11. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

12. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado10 adoptó los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para
establecer la procedencia de la tutela como mecanismo residual y excepcional para
la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86
Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta solicitud se puede presentar
además contra decisiones de las altas cortes que desconozcan derechos
fundamentales.

13. Ahora bien, la Corte Constitucional11 ha señalado que la solicitud de amparo
debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante de manera constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que
se haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado
inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se
hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos
sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será
declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

14. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores
requisitos12, el juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió
la autoridad judicial, a partir de los argumentos expuestos en la tutela y de los
derechos fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la
prosperidad del amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno
de los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto

10
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia del 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
11
Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y
C-590 de 2005.
12
Corte Constitucional, sentencia T-309 de 2015, MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

7

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03692-00
Demandante: Narciso Giraldo Rodríguez Castillo

sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales13.

15. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal
entidad que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente
reabrir el debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.4. Problema jurídico

16. La Sala deberá definir: ¿si el Tribunal Administrativo del Casanare vulneró
los derechos fundamentales del Instituto Financiero de Casanare, con ocasión de la
providencia del 22 de enero de 2026, mediante la cual confirmó la decisión de no
librar mandamiento de pago en su favor con desconocimiento de su naturaleza de
empresa comercial del Estado, y exigirle aportar el respectivo contrato de mutuo,
además del pagare y la carta de instrucciones, con la que incurrió, presuntamente,
en violación directa de la constitución, defectos fáctico, sustantivo, procedimental y
desconocimiento del precedente?

2.5. Análisis de la Sala

2.5.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

17. La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud
de tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo
actuado, procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.

18. En este punto, se precisa que, si bien el demandante invocó la configuración
de los defectos fáctico, violación directa de la constitución, desconocimiento del
precedente, sustantivo y procedimental por exceso ritual manifiesto, lo cierto es que
la motivación de los primeros se subsume en los dos últimos, en razón a que se
cuestionó la interpretación normativa que realizó la autoridad judicial demandada
para definir el régimen contractual de la entidad ejecutante y el procedimiento que
debía acogerse para tramitar el proceso ejecutivo en cuestión.

2.5.2. Del defecto sustantivo

19. La Corte Constitucional ha señalado que este se presenta cuando, el juez
adopta una decisión que desborda del marco constitucional y legal, al apoyarse en
una norma evidentemente inaplicable al caso concreto14. En su jurisprudencia, la
corporación ha resaltado que este defecto encuentra su origen en el hecho de que,
si bien los jueces gozan de autonomía e independencia judicial para interpretar y
aplicar normas jurídicas, esta no es una facultad absoluta15, para lo cual precisó que

13
Corte Constitucional, sentencia SU-337 de 2017, MP Antonio José Lizarazo Ocampo.
14
Corte Constitucional, sentencias T-008 de 1999 y SU-416 de 2015.
15
Corte Constitucional, sentencias T-757 de 2009 y T-367 de 2018.

8

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03692-00
Demandante: Narciso Giraldo Rodríguez Castillo

los límites se encuentran en el orden jurídico preestablecido y los valores, principios,
derechos y garantías que identifican al actual Estado social de derecho.

20. El alto tribunal de lo Constitucional ha identificado una serie de situaciones
en las que se detecta el defecto sustantivo, a saber: i) la sentencia se fundamenta
en una norma que no es aplicable; ii) a pesar de la autonomía judicial, la
interpretación o aplicación de la norma al caso concreto no está dentro del margen
de razonabilidad, es de forma abierta contra evidente o perjudicial para los intereses
legítimos de las partes o es manifiestamente errada; iii) no se toman en cuenta
sentencias que hayan definido el alcance de la norma aplicada; iv) la disposición
aplicada se torna regresiva o contraria a la Constitución; v) no se efectúa una
interpretación sistémica de la norma; y vi) se desconoce la norma constitucional o
legal aplicable al caso.

21. A partir de lo anterior, es claro que no cualquier diferencia en la interpretación
en que se funde una decisión judicial configura este defecto; pues para tener tal
entidad debe ser considerada irrazonable, desproporcionada, arbitraria o
caprichosa. Además, la irregularidad debe ser de tal gravedad e importancia, que la
decisión proferida por la autoridad judicial obstaculice o lesione la efectividad de los
derechos fundamentales de los sujetos procesales16.

2.5.3. Del defecto procedimental por exceso ritual manifiesto

22. El defecto procedimental fue definido por la Corte Constitucional desde la
sentencia T-231 de 1994 como causal de vía de hecho en una providencia judicial.
Desde entonces, fue entendido como aquél en el que el juez ordinario adelanta el
asunto bajo una cuerda procesal equivocada u omite el curso de una etapa del
trámite, en perjuicio del derecho al debido proceso.

23. A partir de la sentencia T-1306 de 200117, empero, la Corte Constitucional
consideró que este defecto no solo podía ser absoluto, sino presentarse por un
exceso ritual manifiesto18, producto de una indebida preferencia por las formas
procesales en perjuicio del derecho al acceso a la administración de justicia, a la
prevalencia del derecho sustancial y a la pretensión de corrección de las decisiones
judiciales, en la consecución de la justicia material y la garantía de los derechos
fundamentales19.

16
Corte Constitucional, sentencias SU-050 de 2017 y T-367 de 2018
17
Línea que ha venido consolidándose, entre otras, a través de las sentencias T-974 de 2003, T-973
de 2004, T-264 de 2009, T-599 de 2009, T-950 de 2011 y T-213 de 2012.
18
Desde esta concepción del defecto es clara la tensión entre los derechos al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia, tensión que debe abordarse desde la concepción de dichos
bienes como mandatos de optimización, lo que permite su ponderación en cada caso en concreto
para la satisfacción de los derechos fundamentales involucrados en cada caso en concreto.
19
En esta decisión, el defecto se definió como: “[…] aquel que se deriva de un fallo en el cual haya
una renuncia consciente de la verdad jurídica objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en
la aplicación de las normas procesales convirtiéndose así en una inaplicación de la justicia material
[…]”.

9

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03692-00
Demandante: Narciso Giraldo Rodríguez Castillo

24. La procedencia de este defecto, en todo caso, exige que el afectado haya
alegado el yerro a través de la instancia ordinaria, de haber estado en la posibilidad
de hacerlo; que la violación tenga una entidad suficiente para afectar la decisión; y,
que lesione bienes ius fundamentales20.

2.5.4. Sobre el caso concreto

25. El Instituto Financiero de Casanare acudió al juez de tutela con el fin de que
se ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin
efectos la providencia proferida el 22 de enero de 2026 por el Tribunal Administrativo
de Casanare en cuanto confirmó la decisión de no librar mandamiento de pago al
considerar que se trataba de la ejecución de un título complejo el cual no fue
aportado en debida forma, ante la ausencia del respectivo contrato de mutuo.

26. Lo anterior, al considerar que se le desconocieron los preceptos superiores
contenidos en los artículos 2, 29 y 229 de la Constitución Política, así como los
principios de seguridad y la confianza legítima, toda vez que incurrió en:

26.1. defecto sustantivo al omitir una interpretación integral del régimen contractual
de las empresas industriales y comerciales del Estado, toda vez que inaplicaron los
artículos 99-5 y 297-3 del CPACA; 85 y 93 de la Ley 498 de 1998, 14 de la Ley 1150
de 2007, 93 de la Ley 1474 de 2011, 2221 y 2222 del CC, y 621 y 709 del CCo, en
contradicción a lo considerado por la Corte Constitucional en los autos A-2014 de
2024 y A-1455 de 2025, al dirimir conflictos de competencias entre dos juzgados de
las jurisdicciones ordinaria y contencioso-administrativa para conocer de procesos
ejecutivos similares al objeto de litis; y

26.2. defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, al exigirle documentos
adicionales al pagaré y omitir la prevalencia del derecho sustancial sobre las
formalidades procesales.

27. Para mayor claridad, se recuerda el fundamento del Tribunal Administrativo del
Casanare para confirmar la decisión del 25 de septiembre de 2025, por la cual el
Juzgado Cuarto Administrativo de Yopal negó librar mandamiento de pago en el
proceso ejecutivo adelantando por el IFC en contra de Lina Marcela Sánchez
Agudelo, así:

«[…] En este asunto, el Instituto Financiero de Casanare, señala que la obligación a
cargo de Lina Marcela Sánchez Agudelo es clara expresa y exigible, constituida en el
pagaré No.4115908 del 01 de agosto de 2014. Argumenta el apelante que no se requiere

20
Al respecto, en la Sentencia T-213 de 2012, reiterando para el efecto la línea jurisprudencial
consolidada sobre este aspecto, sostuvo que la prosperidad del defecto se sujetaba a: “[…]“(i) (Q)ue
no haya posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna otra vía, de acuerdo con el carácter
subsidiario de la acción de tutela; (ii) que el defecto procesal tenga una incidencia directa en el fallo
que se acusa de ser vulneratorio de los derechos fundamentales; (iii) que la irregularidad haya sido
alegada al interior del proceso ordinario, salvo que ello hubiera sido imposible, de acuerdo con las
circunstancias del caso específico; y (iv) que como consecuencia de lo anterior se presente una
vulneración a los derechos fundamentales. […]”.

10

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03692-00
Demandante: Narciso Giraldo Rodríguez Castillo

aportar el contrato de mutuo y que se está confundiendo con los requisitos de un contrato
estatal reglado por la Ley 80 de 1993, por tanto, el IFC considera que hay lugar a ordenar
seguir adelante con la ejecución.
[…]

En este asunto el Instituto Financiero de Casanare pretende ejecutar el pagaré No.
4115908 del 01 de agosto de 2014, suscritos por ejecutado a favor del Instituto, los
cuales considera ser constitutivos del contrato de mutuo celebrado con Lina Marcela
Sánchez Agudelo.

Se precisa que, siendo el contrato de mutuo un acuerdo de voluntades en el que deben
quedar plasmadas las obligaciones tanto del mutuante como del mutuario y que teniendo
la contratante la calidad de entidad pública, por disposición del artículo 75 de la Ley 80
de 1993, para librar el mandamiento de pago, se requiere el título ejecutivo esté integrado
no solo por el pagaré sino por el contrato de mutuo en el que el Instituto Financiero de
Casanare debe expresar su consentimiento en los términos del contrato.

No obstante, se aporta el título valor, esto es, pagaré suscrito por el deudor y su carta
de instrucciones a favor del IFC, pero dichos documentos no corresponden al contrato
de muto y del clausulado de estos no se desprende su existencia, ni los términos y
condiciones en las que se obligan cada una de las partes, razón por la cual para la
conformación del título ejecutivo se requiere el contrato de mutuo.

Es del caso reiterar la naturaleza jurídica de la parte ejecutante, señalando que, el
Instituto Financiero de Casanare es una empresa de Gestión Económica de carácter
departamental, sometida al régimen jurídico de las empresas industriales y comerciales
del Estado, contemplado en la Ley 489 de 1998; por ende, los contrato que celebre para
el desarrollo de su objeto se sujetan a las disposiciones del Estatuto General de la
Contratación de las entidades 14 estatales, tal como lo preceptúa el artículo 93 ibidem,
es decir, que los contratos deben constar por escrito en aplicación a dispuesto en el
artículo 39 de la Ley 80 de 1993, justamente porque el negocio jurídico subyacente
al título ejecutivo que pretende ejecutarse es un contrato estatal se requiere
prueba de su existencia, pues estamos en el escenario de un proceso ejecutivo en
sede de la jurisdicción contencioso administrativa.

[…]

En ese orden de ideas, para el presente trámite ejecutivo vía jurisdicción contenciosa
administrativa, el contrato es un presupuesto sine qua non, que no fue aportado. Tal
como lo explica el Consejo de Estado en la citada sentencia 5 de octubre de 2020, para
conformación del título ejecutivo complejo se requiere aportar todos los documentos que
lo integran, entre ellos el respectivo contrato con el que se acredite las condiciones allí
pactadas para recibir los pagos. Corolario de ello, como en el sub examine no se cuenta
con el contrato de mutuo no resulta posible determinar la constitución de aquel. […]».
(sic)

28. Como fundamento de lo expuesto, el tribunal demandado consideró que el
pagaré cuya ejecución se pretendió corresponde a un contrato de mutuo en los
términos del artículo 2221 del CC, y que el régimen contractual aplicable al IFC
obedece al contenido en el inciso inicial del artículo 93 de la Ley 489 de 1998, que
dispuso que, «los contratos que celebren para el cumplimiento de su objeto se sujetaran
a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de las entidades estatales», por
lo que, en atención al artículo 39 de la Ley 80 de 1993, los actos contractuales
deben constar por escrito.

11

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03692-00
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29. En este punto, se advierte que los defectos endilgados serán estudiados de
manera conjunta, toda vez que la motivación que los sustentan se dirige de forma
unísona a controvertir el hecho que se hubiere considerado que se estaba en
presencia de un título ejecutivo complejo, por lo que era necesario aportar el
respectivo contrato de mutuo, en contraposición a la naturaleza jurídica y objeto del
IFC y las disposiciones que le aplican de las leyes 80 de 1993 y 489 de 1998.

30. Así, de acuerdo con el Decreto 107 de 1992, modificado por el Decreto 073
de 2002, aportados al proceso, se acreditó que el IFC es una empresa comercial y
de gestión económica del orden departamental, con personería jurídica, autonomía
administrativa y presupuestal. Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo 009
del 16 de agosto de 2022, por el cual la Junta Directiva del instituto modificó sus
estatutos, se definió la naturaleza jurídica de la entidad en los siguientes términos:

ARTICULO 2.- NATURALEZA: El Instituto Financiero de Casanare - IFC es una
Empresa de Gestión Económica de carácter departamental, sometida al Régimen
Jurídico de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, contemplado en la Ley
489 de 1998, dotada con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio
propio y vinculada a la Secretarla de Desarrollo Económico, Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente.

31. En cuanto a la contratación, en el capítulo VI ibidem se desarrolló el régimen
de los actos, contratos y personal, en los siguientes términos:

ARTICULO 32.- RÉGIMEN DE CONTRATACION: El Instituto Financiero de Casanare
tendrá como régimen de contratación el derecho privado, los presentes estatutos, el
manual de contratación y los reglamentos internes de la Entidad; lo anterior por
encontrarse en competencia con el sector privado y el artículo 14 de la Ley 1150 de
2007.

32. De la normatividad que antecede, se evidencia que la Junta Directiva del IFC
determinó que, en materia contractual, estaría sometida al derecho privado, debido
a que su actividad comercial se encontraba en competencia con empresas del
sector privado, de acuerdo con lo dispuesto en artículo 14 de la Ley 1150 de 200721,
que dispuso:

Artículo 14. Del régimen contractual de las empresas industriales y comerciales del
estado, las sociedades de economía mixta, sus filiales y empresas con participación
mayoritaria del estado. Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las
Sociedades de Economía Mixta en las que el Estado tenga participación superior al
cincuenta por ciento (50%), sus filiales y las Sociedades entre Entidades Públicas con
participación mayoritaria del Estado superior al cincuenta por ciento (50%), estarán
sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, con
excepción de aquellas que desarrollen actividades comerciales en competencia
con el sector privado y/o público, nacional o internacional o en mercados
regulados, caso en el cual se regirán por las disposiciones legales y
reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y comerciales, sin
perjuicio de lo previsto en el artículo 13 de la presente ley. Se exceptúan los contratos
de ciencia y tecnología, que se regirán por la Ley 29 de 1990 y las disposiciones

21
Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de
1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos.

12

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03692-00
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normativas existentes. (Se resalta)

33. Presupuestos normativos concordantes, con lo dispuesto en el artículo 93 de
la Ley 489 de 1998, el cual establece el régimen de actos y contratos de las
empresas industriales y comerciales del Estado, así: «[l]os actos que expidan las
empresas industriales y comerciales del Estado para el desarrollo de su actividad
propia, industrial o comercial o de gestión económica se sujetaran a las
disposiciones del derecho privado. Los contratos que celebren para el cumplimiento de
su objeto se sujetaran a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de las
entidades estatales». (Se resalta)

34. El referido artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, fue modificada por el 93 de la
Ley 1474 del 201122, salvo para aquellas empresas que desarrollan su actividad en
mercados monopolísticos, a las que, nuevamente, se le hizo aplicable el Estatuto
de Contratación.

35. Sin perjuicio de lo anterior, resulta relevante mencionar que el artículo 15 de la
Ley 1150 de 2007 modificó el parágrafo 1.° del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en
los siguientes términos:

Artículo 15. Del régimen contractual de las entidades financieras estatales. El
parágrafo 1o del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, quedará así:

“Artículo 32.
(...)

“Parágrafo 1o. Los Contratos que celebren los Establecimientos de Crédito, las
compañías de seguros y las demás entidades financieras de carácter estatal, no
estarán sujetos a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública y se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias
aplicables a dichas actividades.

En todo caso, su actividad contractual se someterá a lo dispuesto en el artículo 13 de
la presente ley”.

36. En este punto, conviene precisar que el motivo que tuvo el legislador para
establecer dicha excepción en la Ley 1150 de 2007, se fundamentó en lo
siguiente23:

22
Artículo 93. Del régimen contractual de las empresas industriales y comerciales del estado, las
sociedades de economía mixta, sus filiales y empresas con participación mayoritaria del
estado. modifíquese el artículo 14 de la ley 1150 de 2007, el cual quedará así:
las empresas Industriales y Comerciales del Estado, las Sociedades de Economía Mixta en las que
el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), sus filiales y las Sociedades
entre Entidades Públicas con participación mayoritaria del Estado superior al cincuenta por ciento
(50%), estarán sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, con
excepción de aquellas que desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector privado
y/o público, nacional o internacional o en mercados regulados, caso en el cual se regirán por las
disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y comerciales, sin
perjuicio de lo previsto en el artículo 13 de la presente ley. Se exceptúan los contratos de ciencia y
tecnología, que se regirán por la Ley 29 de 1990 y las disposiciones normativas existentes.
23
Gaceta del Congreso núm. 458 de 2005. Exposición de motivos de la Ley 1150 de 2007. Proyecto
de Ley 20 de 2005 Senado, «[p]or medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la

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«[…] Los artículos 12 y 13 del proyecto de ley señalan los principios y límites a que
debe someterse la actividad contractual de entidades estatales que por la naturaleza
de la función o de los servicios que prestan, requieren de procedimientos contractuales
que les permitan competir en igualdad de condiciones con los particulares. En ese
sentido el proyecto permite que quienes como entidades públicas tienen objetos de
naturaleza comercial, industrial o financiera, rijan su actividad por las normas de la
misma en aras de su competitividad, pero que ello no sirva de excusa a la aplicación
de los fines de la función pública, ni mucho menos a la universalidad del sistema de
inhabilidades e incompatibilidades para contratar con el Estado. […]».

37. De acuerdo con lo expuesto, se evidencia que la determinación de someter
parcialmente a las empresas industriales y comerciales del Estado al régimen de
derecho privado, se justificó en «la necesidad de que en su actividad industrial y
comercial, tradicionalmente ajena al Estado y propia de los particulares, ellas actúen en
términos equivalentes a éstos cuando realicen actividades similares, sin tener prerrogativas
exorbitantes que atenten contra el derecho a la igualdad ni estar sujetas a procedimientos
administrativos que entraben sus actuaciones y las pongan en situación de desventaja
frente a sus competidores […]. Por ello, la regla general es que en sus actos y contratos
rijan las normas de derecho privado, salvo en cuanto a sus relaciones con la administración
[otras Entidades Estatales – convenios o contratos interadministrativos] y en aquellos casos
en los que por expresa disposición legal ejerzan alguna función administrativa, puesto que
allí sí deberá dar aplicación a las reglas de derecho público pertinentes [...]»24.

38. Lo anterior tiene fundamento en el principio de igualdad, ya que, si el Estado
desarrolla actividades similares a los particulares, debe actuar con la misma
eficacia y eficiencia que los sujetos de derecho privado, tal como lo ha referido la
Sección Tercera de esta corporación al analizar los alcances del artículo 93 de la
Ley 489 de 1998, así:

«[…] La razón de ser de la aplicación del régimen de derecho privado a estas entidades
radica en la necesidad de que en su actividad industrial y comercial, tradicionalmente
ajena al Estado y propia de los particulares, ellas actúen en términos equivalentes a
éstos cuando realicen actividades similares, sin tener prerrogativas exorbitantes que
atenten contra el derecho a la igualdad ni estar sujetas a procedimientos administrativos
que entraben sus actuaciones y las pongan en situación de desventaja frente a sus
competidores.

Se trata pues, de que sus actividades de explotación industrial o comercial se desarrollen
con las mismas oportunidades y las mismas ventajas o desventajas que las adelantadas
por aquellos, sin que influya para nada su investidura de entidad estatal; que puedan
actuar como particulares, frente a las exigencias de la economía y del mercado. […]».2526

39. A juicio de la Sala, es posible concluir que las empresas industriales y

transparencia en la Ley 80 de 1993, y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación
con recursos públicos».
24
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de agosto de 2004, expediente 12.342,
actor: Sociedad Tronix Ltda, reiterada en sentencia de 6 de febrero de 2006, expediente núm. 13.414.
De igual manera, se puede ver: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del
15 de mayo de 2018, radicado núm. 11001-03-06-000-2017-00058-00(2335).
25
Ibidem.
26
Ver también sentencias 19 de marzo de 2021, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
A. Expediente 51363.

14

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03692-00
Demandante: Narciso Giraldo Rodríguez Castillo

comerciales del Estado que estén en competencia con los particulares o actúen en
mercados regulados están exentas de contratar bajo el Estatuto de Contratación de
la Administración Pública, lo cual será de acuerdo con las reglas del derecho
privado. Situación distinta sería:

«[…] que, en aras de garantizar el interés general o público, tales entidades estén
obligadas a observar los principios de la función administrativa (igualdad, moralidad,
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad), lo cual no significa que deban
someterse a sus procedimientos o modalidades de selección, siempre que garanticen
la selección objetiva.

80. Conforme el anterior contexto normativo y jurisprudencial, en el asunto bajo estudio,
es dable colegir que el Instituto Financiero de Casanare (IFC), es una empresa de
gestión económica del orden departamental27 sometida al régimen jurídico de las
empresas industriales y comerciales del Estado, que por su naturaleza jurídica, el objeto
social que desarrolla y el régimen contractual definido en los artículos 5 y 32 de sus
estatutos (Acuerdo 009 de 16 de agosto de 2022), se encuentra en competencia con
empresas del sector privado, que se dedican a esa misma actividad en el «mercado».

81. Así las cosas, es claro que, en material contractual, el accionante se rige por las
normas del derecho privado propias de su actividad comercial y por las disposiciones
del derecho público relacionadas con los principios de la función administrativa previstos
en el artículo 209 de la Constitución Política y la gestión fiscal de que trata el artículo
267 ibídem. […]»28. (sic)

40. De acuerdo con lo expuesto, llama la atención de la Sala que el Tribunal
Administrativo de Casanare, al proferir la providencia del 22 de enero de 2026, se
limitara a fundamentar su decisión en los artículos 32 y 39 de la Ley 80 de 1993 y
93 de la Ley 489 de 1998, y concluyera que, en razón a su naturaleza pública, el
régimen contractual del IFC estaba sujeto al Estatuto de Contratación de la
Administración Pública, por lo cual, pese a que se estaba en presencia de un título
complejo, no se aportó el contrato de mutuo correspondiente, lo que imposibilitaba
librar mandamiento de pago.

41. Así, a juicio de la Sala, la autoridad judicial demandada pasó por alto el
contenido de los estatutos internos del IFC, así como un análisis integral del marco
normativo que regula la actividad contractual de las empresas industriales y
comerciales del Estado, en especial el aparte del artículo 93 de la Ley 489 de 1998,
que dispone: «para el desarrollo de su actividad propia, industrial o comercial o de gestión
económica se sujetaran a las disposiciones del Derecho Privado». Lo cual desconoció
que, el instituto ejecutante, debido a su actividad comercial, se regía por las normas
de derecho privado, para actuar en competencia con las demás empresas del
sector con las que pugna en el ejercicio de objeto social.

27
Ley 489 de 1998 – […] ARTÍCULO 85.- Empresas industriales y comerciales del Estado. Las
empresas industriales y comerciales del Estado son organismos creados por la ley o autorizados por
ésta, que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial y de gestión económica
conforme a las reglas del Derecho Privado […]».
28
CP Elizabeth Becerra Cornejo. Sentencia del 9 de febrero de 2026. En la cual se resolvió un asunto
de supuestos similares, y en la que se advirtió el cambio de postura por parte de esta Sala de
decisión, de cara a lo decidido en oportunidad anterior en sentencia del 8 de septiembre de 2025,
expediente 11001-03-15-000-2025-05003-00.

15

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03692-00
Demandante: Narciso Giraldo Rodríguez Castillo

42. Dicho ello, resultaba evidente que, en los términos de los artículos 2221 y 2222
del CC, bastaba con la entrega de la cosa otorgada en préstamo para tener por
celebrado el contrato de mutuo. Es decir, en atención a dicha normativa no era
necesario que la voluntad de las partes constara por escrito para el
perfeccionamiento del negocio jurídico.

43. De conformidad con lo expuesto, la Sala concluye que el Tribunal
Administrativo de Casanare vulneró los derechos fundamentales del IFC, al
confirmar la decisión de negar librar mandamiento de pago en el proceso ejecutivo
que adelantó en contra de Lina Marcela Sánchez Agudelo, al incurrir en defectos
sustantivo y procedimental por exceso ritual manifiesto, pues, mal pudo exigirle
allegar un contrato de mutuo, de por si inexistente, a partir de una interpretación
parcializada y restrictiva del artículo 93 de la Ley 489 de 1998, pues, se insiste,
omitió efectuar un estudio integral de la normativa que regula el régimen contractual
al que estaba sometido el IFC, en razón a su condición de empresa de gestión
económica de carácter departamental, sometida a aquel de las empresas
industriales y comerciales del Estado, cuya actividad comercial propia se encuentra
en competencia con el sector privado y/o público, y de los preceptos que regulan el
contrato de mutuo.

44. En efecto, una interpretación armónica de la normativa que regula la materia
permitía inferir que la ausencia del contrato escrito de mutuo no puede constituirse
en un elemento que limite el ejercicio del derecho de acción para reclamar el
cumplimiento de una obligación crediticia insoluta por la vía ejecutiva, en atención
a las particularidades del caso concreto, esto es, la naturaleza del IFC, la actividad
comercial involucrada y el régimen contractual aplicable. Razón por la cual, se
accederá al amparo solicitado.

45. Como consideración adicional, se observa que el IFC puso en conocimiento
que las impresiones de interpretación normativa advertidas en el presente asunto
han sido reiterativas, razón por la cual, si bien esta Sala de decisión carece de
competencia para interferir en cualquier proceso judicial diferente al que fue objeto
de litis en esta oportunidad, se exhortará Tribunal Administrativo del Casanare para
que, en lo sucesivo, al decidir asuntos de contornos similares tenga en cuenta las
consideraciones normativas y jurisprudenciales expuestas en esta providencia,
máxime cuando son reiterados los pronunciamientos del Consejo de Estado en
igual sentido y en asuntos de contornos similares29.

29
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
Consejero Ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar, Bogotá, D. C., dos (2) de marzo de dos mil
veintiséis (2026), Referencia: Tutela, Radicación: 11001-03-15-000-2026-00426-00; Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Consejero
Ponente: Elizabeth Becerra Cornejo. Sentencia del 9 de febrero de 2026. En la cual se resolvió un
asunto de supuestos similares, y en la que se advirtió el cambio de postura por parte de esta Sala
de decisión, de cara a lo decidido en oportunidad anterior en sentencia del 8 de septiembre de 2025,
expediente 11001-03-15-000-2025-05003-00; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Consejero Ponente: Elizabeth Becerra Cornejo.,
Bogotá, D. C., veinte (20) de abril de dos mil veintiséis (2026), Referencia: Tutela, Radicación: 11001-
03-15-000-2025-07910-01 (12548) -Sentencia de Segunda Instancia.

16

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03692-00
Demandante: Narciso Giraldo Rodríguez Castillo

3. Conclusión

46. En este orden de ideas, las inconformidades en las que la parte demandante
centró sus esfuerzos tienen vocación de prosperidad, de forma que se amparará los
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia del Instituto Financiero de Casanare.

47. En consecuencia, i) se dejará sin efectos la providencia proferida el 22 de
enero de 2026 por el Tribunal Administrativo del Casanare, en el proceso ejecutivo
85001-33-33-004-2025-00314-01, y ii) se le ordenará a esa corporación judicial que,
en el término de 20 días siguientes, contados a partir de la notificación de la presente
providencia, emita un pronunciamiento de reemplazo, de conformidad con los
argumentos expuestos en precedencia.

48. Adicionalmente, se exhortará al Tribunal Administrativo del Casanare para que,
en lo sucesivo, al decidir asuntos de contornos similares tenga en cuenta las
consideraciones normativas y jurisprudenciales expuesta en esta providencia.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia del Instituto Financiero de Casanare.

Segundo. Dejar sin efectos la providencia proferida el 22 de enero de 2026 por el
Tribunal Administrativo del Casanare, en el proceso ejecutivo 85001-33-33-004-
2025-00314-01 adelantado por el Instituto Financiero de Casanare en contra de Lina
Marcela Sánchez Agudelo.

Tercero. Ordenar al Tribunal Administrativo del Casanare que, en el término de 20
días siguientes, contados a partir de la notificación de la presente providencia, emita
un pronunciamiento de reemplazo

Cuarto. Exhortar al Tribunal Administrativo del Casanare para que, en lo sucesivo,
al decidir asuntos de contornos similares tenga en cuenta las consideraciones
normativas y jurisprudenciales expuestas en esta providencia.

Quinto. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.

Sexto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03692-00
Demandante: Narciso Giraldo Rodríguez Castillo

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
JVD
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

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