Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05003-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05003-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-05003-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
8 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D.C., ocho (8) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05003-00
Accionante: Instituto Financiero de Casanare (IFC)
Accionados: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: proceso ejecutivo Subtema
2: contrato de mutuo. Subtema 3: defectos fáctico, sustantivo y desconocimiento
de precedente judicial.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la solicitud interpuesta por el Instituto Financiero de Casanare en ejercicio de la
acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El Instituto Financiero de Casanare presentó escrito de tutela con la pretensión de
amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, los cuales consideró vulnerados por el Tribunal
Administrativo de Casanare y el Juzgado Primero Administrativo de Yopal, con
ocasión de los autos del 5 de junio de 2025 y del 14 de noviembre de 2024,
proferidos, respectivamente, en el proceso ejecutivo identificado con el radicado
núm. 85001-33-33-001-2024-00128-00/01.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos relevantes
1.A partir del escrito de tutela y de los demás elementos aportados por las partes
en el trámite constitucional, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
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2. El Instituto Financiero de Casanare (IFC) presentó demanda ejecutiva contra la
señora Yuli Marcela Araque Mesa, con el objeto de obtener el pago de la obligación
crediticia contenida en el pagaré núm. 4119265 del 23 de mayo de 2018, por valor
de $ 12.000.000. Adicionalmente, solicitó como medidas cautelares el embargo y
retención de las sumas de dinero depositadas en las cuentas de ahorro y corriente
cuyo titular sea la demandada.
3. El Juzgado Primero Administrativo de Yopal, mediante auto del 14 de noviembre
de 2024, negó el mandamiento de pago y la medida cautelar solicitada, al
considerar que el título derivado del crédito otorgado a la señora Araque Mesa era
de carácter complejo y que no se aportó el contrato de mutuo, motivo por el cual no
era posible determinar que la obligación contenida en el título valor fuera clara,
expresa y actualmente exigible.
4.El IFC presentó recurso de apelación contra la anterior decisión y, el Tribunal
Administrativo del Casanare, mediante providencia del 5 de junio de 2025, la
confirmó.
2.2. Pretensión y argumentos de la tutela
5. El Instituto Financiero de Casanare solicitó en el escrito de tutela lo siguiente:
PRIMERO: Amparar los derechos fundamentales al Debido Proceso y al Acceso a la
Administración de Justicia del INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE, que se
desconocieron por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Yopal en auto
emitido en fecha 14 de noviembre de 2024 y confirmado el 05 de junio de 2025 por
el Tribunal Administrativo de Casanare dentro del proceso 850013333001-
202400128-00.
SEGUNDO: En consecuencia, declarar sin valor ni efecto el auto de fecha 14 de
noviembre de 2024 emitido por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de
Yopal, así como la decisión que desato la apelación, proferida por el Tribunal
Administrativo de Casanare en fecha 05 de junio de 2025, dentro del medio de control
850013333001-202400128-00; por encontrarse tales decisiones afectadas por
indebida valoración probatoria al restarle merito ejecutivo al pagare 4119265 y
exceso ritual manifiesto al exigir adosar al expediente un contrato de mutuo con la
ritualidad de constar por escrito, ajena a este tipo de contratos, así como por defecto
sustancial dado el sacrificio del derecho sustancial y el desconocimiento de
precedente judicial vertical y por esa vía cercenar injustamente los derechos
fundamentales al Debido Proceso y al Acceso a la Administración de Justicia del
INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE - IFC.
TERCERO: Que se ordene a los accionados Juzgado Primero Administrativo del
Circuito de Yopal y Tribunal Administrativo de Casanare, que en lo de su
competencia, en el impostergable término de 48 horas, contadas a partir de la
notificación del fallo de tutela, rehacer las actuaciones procesales censuradas, para
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que en su lugar el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Yopal, libre
mandamiento de pago y/o ordene seguir adelante en la ejecución, decrete medidas
cautelares a favor del INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE y en contra de la
demandada YULI MARCELA ARAQUE MESA, dentro del proceso ejecutivo
850013333001-202400128-00 y se abstenga de exigir requisitos innecesarios en
este tipo de procesos.
CUARTO. Que se ordene que el presente fallo tenga efecto Inter comunis6 o se
extienda, respecto de los procesos ejecutivos que cursen en los Juzgados
Administrativos de Yopal, en los que sea demandante el Instituto Financiero de
Casanare, y en los que se desconozca el pagare como título ejecutivo autónomo,
existan similares supuestos fácticos y jurídicos o que se presente análogas
circunstancias, así como ordenar al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de
Yopal y al Tribunal Administrativo de Casanare, que en lo de sucesivo se abstengan
de incurrir en las conductas que dieron origen a la presente acción.
QUINTO. Que por parte del Juez Constitucional se realice verificación del
cumplimiento del fallo de tutela proferido1.
6. Como fundamento de sus pretensiones, la parte actora manifestó que las
providencias objeto de tutela desconocieron que, en el auto A-2014 de 2024, la
Corte Constitucional, en un caso con circunstancias jurídicas similares, determinó
que el contrato de mutuo no requiere constar por escrito, dado que, conforme con
los artículos 221 y 222 del Código Civil, bastaba la entrega de la cosa dada en
préstamo para el perfeccionamiento del negocio jurídico. Precisó, además, que la
obligación perseguida en el proceso ejecutivo estaba contenida en un pagaré, el
cual constituye título ejecutivo conforme al numeral 3 del artículo 297 del CPACA.
7.Agregó que dichas decisiones vulneraron los principios de seguridad jurídica y
confianza legítima, pues durante más de dos décadas el IFC otorgó créditos de
buena fe sin exigir la suscripción de un contrato de mutuo por escrito.
8. Sostuvo que uno de los magistrados del Tribunal, en su salvamento de voto,
realizó un análisis detallado sobre las características del título y la ejecutividad
autónoma del pagaré dentro de la jurisdicción contencioso-administrativa. En su
criterio, apartarse de esos razonamientos constituye una vulneración al derecho de
acceso a la administración de justicia. No obstante, aunque reconoció que los
jueces gozan de autonomía e indenpendencia para interpretar y aplicar las normas,
advirtió que dicha facultad no es absoluta y debe ejercerse dentro de los límites
constitucionales y legales.
9. Consideró que se configuró un defecto fáctico, ya que las providencias acusadas
omitieron valorar pruebas relevantes, particularmente el pagaré núm. 41192655 y
la carta de instrucciones, documentos que, a su juicio, acreditaban una obligación
1 Se transcribe incluso con errores de texto.
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clara, expresa y exigible. Añadió que, al tratarse de un pagaré autónomo, este
constituía un título ejecutivo simple. Asimismo, indicó que las autoridades judiciales
desconocieron la naturaleza jurídica de la entidad demandada y el régimen de
derecho privado que rige su actividad.
10. Alegó que las providencias acusadas también incurrieron en defecto sustantivo,
al no aplicar los artículos 2, 29 y 229 de la Constitución Política; el artículo 297
numeral 3, y el artículo 99, numeral 5 del CPACA; los artículos 85 y 93 de la Ley
498 de 1998; el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011; los artículos 2221 y 2222 del
Código Civil, y los artículos 621 y 709 del Código de Comercio.
11. Finalmente, afirmó que las autoridades incurrieron en efecto procedimental por
exceso ritual manifiesto, al exigir documentos adicionales al pagaré y omitir la
prevalencia del derecho sustancial sobre las formalidades procesales.
2.3. Trámite procesal
12. El despacho ponente, mediante auto del 19 de agosto de 20252, admitió la
solicitud de amparo; vinculó, como tercero con interés, a la señora Yuli Marcela
Araque Mesa; requirió, en medio digital, el expediente ejecutivo con radicado núm.
85001-33-33-001-2024-00128-00/01; y tuvo como pruebas los documentos
aportados con la demanda de tutela.
2.4. Intervenciones
3 rindió informe en el que afirmó que la
13. El Tribunal Administrativo de Casanare
providencia objeto de tutela se ajustó a lo previsto por las normas y jurisprudencia
aplicables, pues el título que el IFC solicitó ejecutar era de carácter complejo. Explicó
que la acreencia plasmada en el pagaré núm. 4119265 de 2024, suscrito con la
parte ejecutada, deviene de la celebración de un contrato de mutuo que no fue
aportado por la entidad accionante y sin el cual no era posible determinar con
certeza las obligaciones allí contenidas. Sumado a lo anterior, expuso que la parte
ejecutante tampoco presentó el título valor en original, sino una copia digitalizada
del mismo.
14. Además, consideró que la solicitud no reúne los presupuestos de procedencia
contra providencia judicial.
2 Samai, índice 5, certificado ABF18AFF94181B3A 82B594DCAE5032CC E6BF02827411BA65
97317A1926A938C0.
3
Samai, índice 9, certificado 5677398ED7F69284 9C530734FEAB9851 BEAEB6AA417E26CD
BF29B711DF8112F5.
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4 pidió que se denegara la
15. El Juzgado Primero Administrativo Oral de Yopal
pretensión de amparo. Adujo que no vulneró los derechos fundamentales invocados
por la parte accionante. Agregó que la decisión de no librar mandamiento de pago
obedeció a la indebida conformación del título ejecutivo, toda vez que como se
explicó en la providencia objeto de tutela, el pagaré y la carta de instrucciones no
eran documentos suficientes para tener debidamente conformado el título ejecutivo,
lo cual, contrario a lo afirmado por la entidad actora, no constituye un exceso ritual
manifiesto.
16. Aunado a lo expuesto, sostuvo que la decisión adoptada por ese despacho se
profirió con base en las normas de orden constitucional y legal, además, atendiendo
a los principios de autonomía e independencia judicial. Consideró que la IFC
pretendía convertir la tutela en una instancia adicional del proceso ejecutivo.
17. La señora Yuly Marcela Araque Mesa guardó silencio.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
18. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer la
presente solicitud de amparo interpuesta en contra del Tribunal Administrativo de
Casanare.
3.2. Legitimación en la causa
19. La legitimación en la causa por activa del Instituto Financiero de Casanare se
encuentra acreditada, por cuanto fue el demandante en el proceso ejecutivo en el
que se dictó el auto del 5 de junio de 2025, objeto de tutela, y, por lo tanto, es el
titular de los derechos que consideró fueron vulnerados.
20. Asimismo, está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo de Casanare, porque fue la autoridad que profirió la providencia del
5 de junio de 2025 que, según afirmó el tutelante, quebrantó sus derechos
fundamentales.
3.3. Cuestión preliminar
21. La Sala considera pertinente aclarar que, si bien el escrito de tutela se dirige
a cuestionar las providencias proferidas por el Juzgado Primero Administrativo Oral
de Yopal y del Tribunal Administrativo de Casanare dentro del proceso ejecutivo, lo
4 Samai, índice 10, certificado 42A6879C850AF236 D0EB3A362231B600 18939BB6FA50F791
783D7C287B7DE51C
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cierto es que los argumentos que sustentan las pretensiones de la parte actora
guardan unidad de materia y se dirigen en similares términos frente a las dos
decisiones cuestionadas.
22. En consecuencia, el estudio del presente asunto se centrará en la
providencia de segunda instancia expedida el 5 de junio de 2025 por el Tribunal
Administrativo de Casanare, toda vez que esta decisión confirmó la de no librar el
mandamiento de pago en el proceso ejecutivo.
3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
5 y de la Corte Constitucional
23. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado
ha destacado que la acción de tutela contra providencia judicial procede de manera
excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura
de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este
mecanismo constitucional6.
24. En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:
i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional.
ii) Que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial.
iii) Que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado.
iv) Que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que
afecte un derecho fundamental.
v) Que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración.
vi) Que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
25. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad del recurso
de amparo versan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales7 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la acción de tutela. En otras
palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan
la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.
5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014,
expediente núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
6 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
7 Corte Constitucional, sentencia SU-024 de 2018.
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26. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere
que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i) orgánico;
ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la
autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente
constitucional; o viii) violación directa de la Constitución8.
3.4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
17. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional9 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales
el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos
que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.
18. Así pues, la Corte Constitucional10 ha fijado unos criterios que deben ser
acatados con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional
en un caso en concreto, los cuales son los siguientes:
i) Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal
y/o económico»11 lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad
para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar
el alcance de un derecho fundamental»12;
ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga
únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se
discute la forma de interpretar o aplicar una norma o en los eventos en
que la controversia versa sobre un aspecto monetario que solo comporta
incidencia para los particulares más no para el interés general; y
iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima
que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial
incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales.
19. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia
constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que
existió una afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que
en la decisión se configuró un desconocimiento del ordenamiento jurídico que, a su
juicio, impidió que se expidiera una decisión ajustada a derecho.
8 Corte Constitucional, sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018 y SU-215 de 2022.
9
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
10
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
11
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
12
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
7
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20. También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad porque la
parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la
protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas
dentro del proceso ejecutivo en el que se profirió la decisión objeto de tutela.
21. Asimismo, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que
la providencia proferida el 5 de junio de 2025 por el Tribunal Administrativo de
Casanare, fue notificada el 6 de junio de 202513, y la demanda de tutela se presentó
el 13 de agosto de 202514, esto es, dentro del plazo de seis meses previsto por la
jurisprudencia constitucional15 y el Consejo de Estado16 como razonable.
22. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada, y no
resultaba posible que hubiera alegado la vulneración reclamada en sede del
proceso ejecutivo, precisamente porque su cuestionamiento está dirigido en contra
de la decisión que le puso fin a la actuación judicial.
23. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite
de tutela, sino que se dictó al interior de un proceso ejecutivo.
24. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos
generales de procedibilidad en relación con los defectos fáctico, sustantivo y
procedimental y, en ese orden, continuará con el análisis de fondo en los términos
que planteó la parte actora.
3.5. Problema jurídico
27. Corresponde a la Sala decidir si el Tribunal Administrativo de Casanare incurrió
en defectos fáctico, sustantivo y procedimental en la providencia del 5 de junio de
2025 y, por lo tanto, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia de la parte actora.
3.5.1. El defecto fáctico
28. De acuerdo con la Corte Constitucional, una decisión judicial incurre en defecto
fáctico cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión»17. Este vicio en la valoración
probatoria debe ser ostensible, flagrante y manifiesto, y debe tener «incidencia
13
Samai, exp. 85001-33-33-001-2024-00128-01, índice 14.
14
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-05003-00, índice 1.
15
Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
16
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente núm.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
17
Corte Constitucional, sentencia SU-062 de 2018.
8
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directa en la decisión18» objeto de tutela. Además, puede configurarse en dos
dimensiones: una positiva y otra negativa.
29. La dimensión positiva ocurre en aquellos eventos en los que el juez «[…]
aprecia y da valor a elementos materiales probatorios indebidamente recaudados
o, efectúa una valoración por “completo equivocada”»19. Por su parte, la dimensión
negativa se presenta cuando los funcionarios judiciales «sin justificación alguna no
valoran los medios de convicción existentes en el proceso, los cuales determinan
la solución del caso objeto de análisis; […] resuelven el caso sin tener las pruebas
suficientes que sustentan la decisión; y […] no ejercen la actividad probatoria de
oficio en aquellos casos que las normas procesales y constitucionales así lo
determinan»20.
30. En particular, resulta importante destacar que el defecto fáctico por indebida
valoración probatoria se configura en las siguientes hipótesis:
(i) cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide
separarse por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio
el asunto jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se
abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en
la hipótesis de incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se
adoptan decisiones en contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico
claro; (iv) cuando el funcionario judicial valora pruebas manifiestamente
inconducentes respecto de los hechos y pretensiones debatidos en un proceso
ordinario, no por tratarse en estricto sentido de pruebas viciadas de nulidad sino
porque se trata de elementos probatorios que no guardaban relación con el asunto
debatido en el proceso; y (v) cuando el juez de conocimiento da por probados hechos
que no cuentan con soporte probatorio dentro del proceso21.
31. Ahora bien, la Corte Constitucional ha precisado que el juez de tutela, en el
análisis del defecto fáctico, debe privilegiar los principios de autonomía e
independencia judicial22, lo que exige a la parte interesada indicar, de forma
concreta, las razones por las cuales el juez ordinario incurrió en el defecto, toda
vez que este «no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de
evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las
reglas generales de competencia»23.
32. Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha enunciado, de manera genérica,
por lo menos cuatro criterios que le permiten al juez de tutela identificar si la
18
Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
19
Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
20
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
21
Corte Constitucional, sentencia T-781 de 2011.
22
Corte Constitucional, sentencia SU 289 de 2019.
23
Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2010.
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decisión judicial cuestionada fue arbitraria e irrazonable al momento de evaluar las
pruebas en cada caso:
50. El primero de ellos exige considerar si la conclusión que se extrae de las pruebas
que obran en el expediente es por completo equivocada […] diametralmente opuesta
–siguiendo las reglas de la lógica– a la que se desprende del contenido de los
materiales probatorios. […]
51. El segundo requiere examinar si la valoración no cuenta con un fundamento
objetivo. Es el caso del juez que resuelve una controversia acudiendo a su propio
capricho o voluntad. El tercero impone determinar si las pruebas han sido valoradas
de manera integral o si, por el contrario, se asigna un mayor o menor valor a alguna
prueba en relación con otras, sin que exista justificación para ello.
52. El cuarto criterio ordena considerar si la conclusión se basa en pruebas
[impertinentes, inconducentes o ilícitas]24.
3.5.2. Defecto sustantivo
33. La Corte Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia que el defecto
sustantivo se presenta cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en
una norma claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia,
porque su aplicación resulta del todo inconstitucional por haber sido declarada
inexequible, fue derogada o subrogada o porque su contenido no guarda relación
de conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado 25.
34. De este modo, para que se predique tal defecto, es preciso tener en cuenta que
la acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable
interpretación de una norma legal o reglamentaria, debido a que los jueces son
autónomos para escoger, entre diversas interpretaciones de una disposición legal,
la que consideren más acorde con el ordenamiento jurídico en atención a lo
dispuesto en el artículo 230 de la Constitución Política.
35. La Corte Constitucional, se pronunció sobre la limitación del principio de la
autonomía de los jueces para aplicar e interpretar las normas, en los siguientes
términos:
[…] Puede, entonces, señalarse que la función otorgada a los funcionarios judiciales
en su labor de administrar justicia y concretamente de aplicación e interpretación de
las normas jurídicas que encuentra su soporte en el principio de autonomía e
independencia judicial no es absoluta por cuanto se encuentra sujeta a los valores,
principios y derechos previstos en la Constitución. Por ello, “pese a la autonomía de
los jueces para elegir las normas jurídicas pertinentes al caso concreto, para
determinar su forma de aplicación y para establecer la manera de interpretar e
24
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
25 Corte Constitucional, sentencia SU-649 de 2017.
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integrar el ordenamiento jurídico, en esta labor no le es dable apartarse de las
disposiciones de la Constitución o la ley, ya que la justicia se administra con sujeción
a los contenidos, postulados y principios constitucionales que son de forzosa
aplicación […]26.
36. En este sentido, la Corte ha precisado que la independencia y la autonomía de
los jueces para aplicar e interpretar una norma jurídica en la solución del caso
sometido a su estudio no es absoluta, pues la actividad judicial debe desarrollarse
dentro del parámetro de la efectividad de los principios, derechos y deberes
establecidos en la Constitución, que pueden afectarse con la indebida
interpretación de una norma, con su inaplicación y con la aplicación de un precepto
inexistente.
37. Así pues, el ejercicio interpretativo de la actividad judicial debe limitarse al
carácter normativo de la Constitución (artículo 4º de la CP), la obligación de dar
eficacia a los derechos fundamentales (artículo 2º superior), la primacía de los
derechos humanos (artículo 5º de la Constitución), el principio de legalidad
contenido en el derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 de la CP) y la
garantía al acceso a la administración de justicia (artículo 228 Superior).27
3.5.3. Defecto procedimental
38. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 29 y 228 de la Constitución Política,
los derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y el principio
de prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal constituyen prerrogativas de
connotación ius fundamental para el adecuado funcionamiento de la actividad
judicial.
39. En este sentido, las circunstancias que puedan perturbar el correcto desarrollo
de los procesos judiciales y que terminan afectando los derechos fundamentales de
las partes, constituyen una causal especifica de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, que la jurisprudencia constitucional denominó defecto procedimental.
40. Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido en forma reiterada, que el
defecto procedimental puede ocurrir bajo dos modalidades: «(i) el absoluto, que se
presenta cuando la autoridad judicial desconoce o se aparta del procedimiento
legalmente establecido, y (ii) el exceso ritual manifiesto, el cual tiene lugar cuando el
goce efectivo de los derechos de los individuos se obstaculiza por un extremo rigor
en la aplicación de las normas procesales28».
26 Corte Constitucional, sentencia T-284 de 2006, criterio reiterado en la sentencia T-450 de 2018.
27 Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017.
28 Corte Constitucional, Sentencias T-388 de 2015, T-025 de 2018, T-367 de 2018 y T-008 de 2019.
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41. Frente al defecto procedimental absoluto, la Corte ha dicho que se puede
configurar porque el funcionario judicial: «(i) sigue un trámite totalmente ajeno al
asunto sometido a su competencia; (ii) pretermite etapas sustanciales del
procedimiento establecido o (iii) no realiza el debate probatorio»29.
42.De esta manera, le compete a quien acude en ejercicio de la acción de tutela,
demostrar que el juez, ante quien tramitó el proceso ordinario de su interés, actuó
completamente por fuera del procedimiento establecido en la ley, y que ello, generó
una vulneración grave a su derecho al debido proceso, pues le impidió el ejercicio
adecuado y oportuno de sus a la defensa y a la contradicción.
43. En este contexto, la Corte ha considerado que la procedibilidad de la acción de
tutela en los asuntos en los que se discute la existencia de un defecto procedimental
exige verificar que la solicitud de amparo cumple con los siguientes
presupuestos:«(i) que no haya posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna
otra vía, de acuerdo con el carácter subsidiario de la acción de tutela, salvo que se
advierta la ocurrencia de un perjuicio irremediable; (ii) que el defecto procesal sea
manifiesto y tenga una incidencia directa en el fallo que se acusa de ser vulnerador
de los derechos fundamentales; (iii) que la irregularidad haya sido alegada en el
proceso ordinario, salvo que ello hubiera sido imposible, de acuerdo con las
especificidades del caso concreto; (iv) que la situación irregular no sea atribuible al
afectado; y finalmente, (v) que, como consecuencia de lo anterior, se presente una
vulneración a los derechos fundamentales.»30.
3.6. Caso concreto
44. En el asunto bajo estudio, el Instituto Financiero de Casanare presentó demanda
ejecutiva contra Yuli Marcela Araque Mesa para obtener el pago de la obligación
crediticia contenida en el pagaré núm. 4119265 del 23 de mayo de 2018 y pidió,
como medida cautelar, el embargo y la retención de los saldos de dinero de las
cuentas corrientes o de ahorro de la demandada.
45.En primera instancia, el Juzgado Primero Administrativo Oral de Yopal negó el
mandamiento de pago y la medida cautelar solicitada. Esta decisión fue confirmada
por el Tribunal Administrativo de Casanare, mediante auto del 5 de junio de 2025.
46. A juicio de la parte accionante, la decisión del Tribunal incurrió en defectos
fáctico, sustantivo y procedimental, ya que no valoró el pagaré aportado, ni tuvo en
cuenta que dicho documento, junto con la carta de instrucciones, constituía el título
simple que permitía exigir el pago por vía ejecutiva, sin necesidad de presentar el
contrato de mutuo.
29 Corte Constitucional, Sentencia T-166 de 2022.
30 Corte Constitucional, Sentencia SU-418 de 2019.
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47. Pues bien, revisada la providencia del 5 de junio de 2025, se advierte que el
Tribunal comenzó por aclarar que la acreencia contenida en el pagaré núm.
4119265, cuya ejecución solicitaba la entidad pública demandante, correspondía a
la obligación adquirida por los ejecutados de devolver el dinero concedido tras la
concesión de un crédito, descripción que se enmarcaba en la tipología contractual
de mutuo o préstamo de consumo, prevista en el artículo 222 del Código Civil, así:
«El mutuo o préstamo de consumo es un contrato en que una de las partes entrega
a la otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo de restituir otras tantas del
mismo género y calidad».
48. Expuso que el Instituto Financiero de Casanare se rige por las normas que
regulan el funcionamiento de las empresas industriales y comerciales del Estado,
por lo cual, de conformidad con el artículo 93 de la Ley 489 de 1998, «[…] Los
contratos que celebren para el cumplimiento de su objeto se sujetarán a las
disposiciones del Estatuto General de Contratación de las entidades estatales» uno
de los cuales es la solemnidad que se traducía en que debían constar por escrito.
49. La autoridad judicial advirtió que la parte ejecutante no cumplió con la exhibición
del título valor en los términos del artículo 62431 del Código de Comercio, pues no
aportó copia original del título valor, sino que se limitó a enseñar una digitalización
de este, lo cual impedía su cobro.
50. En
consecuencia, la Sala concluyó que el título presentado es de carácter
complejo y que la ausencia del contrato escrito y del pagaré original impide librar
mandamiento de pago. En los siguientes términos lo expuso:
De esta manera fuerza concluir que, el titulo que el IFC solicita ejecutar es complejo
pues la acreencia que se encuentra plasmada en el pagaré que suscribió con la parte
ejecutada deviene de la celebración de un contrato de mutuo, acuerdo de voluntades
que no fue aportado por la parte ejecutante, sin el cual no es posible determinar con
certeza las obligaciones allí contenidas a lo que debe sumarse que, la parte
ejecutante debió aportar el título valor referido en original y no en una copia
digitalizada del mismo, pues la exhibición de estos documentos es requisito para su
cobro de forma que, deberá confirmarse la decisión de no librar mandamiento de
pago adoptada por el Juez de primera instancia mediante proveído del 14 de
noviembre de 2024, por las razones señaladas en la parte motiva de esta providencia.
51. A partir de lo anterior, la Sala considera que no se configuró el defecto fáctico,
pues el estudio probatorio se desarrolló conforme a los principios de autonomía
judicial, independencia y sana crítica, en el que analizó el documento base del
recaudo ejecutivo y su validez en razón a que fue presentado en copia y no se
31 El ejercicio del derecho consignado en un título-valor requiere la exhibición del mismo. Si el título es pagado,
deberá ser entregado a quien lo pague, salvo que el pago sea parcial o sólo de los derechos accesorios. En
estos supuestos, el tenedor anotará el pago parcial en el título y extenderá por separado el recibo
correspondiente. En caso de pago parcial el título conservará su eficacia por la parte no pagada.
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anexó el contrato de mutuo que respaldara las condiciones en que se pactó la
obligación cobrada. El hecho de que la decisión no fuere favorable a las
pretensiones de la parte accionante no convierte la valoración probatoria en
arbitraria ni constituye, por sí solo, una vulneración de derechos fundamentales.
52. En este punto conviene recordar que Corte Constitucional ha precisado que: «las
diferencias en la apreciación de las pruebas no constituyen defecto fáctico, pues
precisamente la práctica judicial demanda que los jueces adopten posturas en
circunstancias en las que se le presentan “dos interpretaciones de los hechos,
diversas pero razonables”. En esos casos, el juez natural es autónomo, su
actuación se presume de buena fe y puede valorar los elementos materiales
probatorios y decantarse por el que le resulte convincente»32.
53. Ahora bien, la Sala tampoco advierte que se configuraron los defectos sustantivo
y procedimental, pues lo cierto es que el análisis del Tribunal se ajustó a las normas
aplicables al caso que le permitieron concluir que debía presentar el contrato de
mutuo para constituir el título valor, posición que, además, acoge el criterio de la
Corte Constitucional que, en Auto A-1354/24, señaló:
En concreto, si bien la parte demandante anunció en el escrito de subsanación de la
demanda que “(…) estamos ante un contrato de mutuo o préstamo, el cual está
garantizado por un título valor Pagaré (…), lo cierto es que en los anexos de la
demanda solo aportó el título valor denominado “pagaré”, la carta de instrucciones
del mismo, un estado de cuenta que muestra la trazabilidad de los pagos y valores
adeudados por la demandada al IFC, y la solicitud de crédito de persona natural
radicada por Guerrero Rodríguez.
54. Es preciso destacar que, aunque la parte actora estima que debieron acogerse
los argumentos del salvamento de voto, lo cierto es que este solo refleja un
desacuerdo legítimo, pero no constituye un argumento vinculante, pues justamente
la posición mayoritaria determinó razonablemente que debió presentarse el
contrato de mutuo y que al haberse presentado el título valor en copia, le restaba
validez al título base del recaudo ejecutivo.
55. Así las cosas, para la Sala no es de recibo que la parte actora pretenda hacer
uso de la acción de tutela como si se tratara de una instancia adicional, con el fin
de reabrir el debate jurídico que se surtió dentro del trámite de la demanda
ejecutiva, con el único propósito de obtener un pronunciamiento que se acomode a
sus intereses y pretensiones.
32 Corte Constitucional, sentencia T-625 de 2016, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
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IV. CONCLUSIONES
56. En los anteriores términos, la Sala concluye que el Tribunal Administrativo del
Casanare no incurrió en los defectos fáctico, sustantivo y procedimental alegados
en el escrito de tutela. Por los motivos expuestos, se negará la solicitud de amparo.
V. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la acción de tutela presentada por el
Instituto Financiero de Casanare (IFC) contra el Tribunal Administrativo de
Casanare, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.
EPG/SEJV
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