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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-04966-00

Fecha
3 de agosto de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-04966-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia del Instituto Financiero de Casanare. Segundo. Dejar sin efectos la providencia proferida el 18 de febrero de 2026 por el Tribunal Administrativo del Casanare, en el proceso ejecutivo 850013333004-2025- 00027-02 adelantado por el Instituto Financiero de Casanare en contra de Ronald Fabian Espinosa Cruz y Martha Lucia Cruz Rojas. Tercero. Ordenar al Tribunal Administrativo del Casanare que, en el término de 20 días siguientes, contados a partir de la notificación de la presente providencia, emita un pronunciamiento de reemplazo. 30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Consejero Ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar, Bogotá, D. C., dos (2) de marzo de dos mil veintiséis (2026), Referencia: Tutela, Radicación: 11001-03-15-000-2026-00426-00; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Consejero Ponente: Elizabeth Becerra Cornejo. Sentencia del 9 de febrero de 2026. En la cual se resolvió un asunto de supuestos similares, y en la que se advirtió el cambio de postura por parte de esta Sala de decisión, de cara a lo decidido en oportunidad anterior en sentencia del 8 de septiembre de 2025, expediente 11001-03-15-000-2025-05003-00; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Consejero Ponente: Elizabeth Becerra Cornejo., Bogotá, D. C., veinte (20) de abril de dos mil veintiséis (2026), Referencia: Tutela, Radicación: 11001- 03-15-000-2025-07910-01 (12548) -Sentencia de Segunda Instancia. 16 Radicado: 11001-03-15-000-2026-04966-00 Demandante: Instituto Financiero de Casanare Cuarto. Exhortar al Tribunal Administrativo del Casanare para que, en lo sucesivo, al decidir asuntos de contornos similares tenga en cuenta las consideraciones normativas y jurisprudenciales expuestas en esta providencia. Quinto. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Sexto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-04966-00

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

3 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., tres (3) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04966-00
Demandante: Instituto Financiero de Casanare
Demandado: Tribunal Administrativo del Casanare y otro

Temas: Tutela contra providencia judicial / Proceso ejecutivo / Titulo
ejecutivo para cobro de contrato de mutuo / Defectos sustantivo
y procedimental por exceso ritual manifiesto
Decisión: Acceder al amparo

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
__________________________________________________________________

La Sala decide la solicitud formulada por el Instituto Financiero del Casanare en
ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
y desarrollada en los decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud1

1. El Instituto Financiero de Casanare 2 promovió solicitud de tutela con el fin
de que se ampararan sus derechos y garantías fundamentales al debido proceso y
al acceso a la administración de justicia, con ocasión de las sentencias proferidas
el 30 de octubre de 2025 y el 18 de febrero de 2026 por el Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito Judicial de Yopal y el Tribunal Administrativo de
Casanare, respectivamente, en el expediente de ejecutivo identificado con el
radicado 85001-33-33-004-2025-00027-00/02.

2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

2.1. El IFC es una empresa comercial y de gestión económica del departamento
de Casanare, con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal,
cuyo régimen de sus actos y contratos, se rigen por lo dispuesto en los artículos 85
y 93 de la Ley 489 de 1998, el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, modificado a su
vez por el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011.

1 Ver índice 2 de Samai. Actuación denominada
«1_DemandaWeb_Demanda_TUTELA202500027(.pdf) NroActua 2».
2 En adelante IFC.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04966-00
Demandante: Instituto Financiero de Casanare

2.2. Su objeto era el fomento del desarrollo económico y social del departamento
de Casanare, entre otros, a través de la prestación de servicios financieros,
empresariales y de gestión de proyectos. Dentro del giro ordinario de sus negocios
y, conforme a las reglas de derecho privado, en desarrollo de su actividad comercial
otorgó créditos de fomento educativo a personas de escasos recursos, respaldados
con pagares y cartas de instrucciones.

2.3. En ejercicio de la acción ejecutiva presentó demanda en contra de Ronald
Fabian Espinosa Cruz y Martha Lucia Cruz, con el objeto de obtener el pago de la
obligación crediticia contenida en el pagaré No. 4107338 del 21 de noviembre de
2008, junto con los intereses corrientes causados desde el 01 de agosto de 2014
hasta el 01 de enero de 2015, y los moratorios causados desde el 02 de enero de
2015, por valor de $18.701.272.

2.4. El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Yopal en sentencia
del 30 de octubre del 2025 decidió no seguir adelante con la ejecución al declarar
de oficio la existencia de defectos formales del título ejecutivo presentado para el
cobro, por no cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 297 del CPACA
ya que «tampoco se acompaña un acto administrativo a través del cual se declare
incumplimiento, un acta de liquidación del contrato, o cualquier acto proferido con ocasión
de la actividad contractual, en los que consten obligaciones claras, expresas y exigibles, a
cargo de las partes intervinientes en tales actuaciones» (sic). Decisión contra la cual
interpuso recurso de reposición y de apelación.

2.5. El juzgado de conocimiento, en providencia del 11 de diciembre de 2025
confirmó la decisión recurrida y remitió el expediente ante el superior. Así, el
Tribunal Administrativo del Casanare, en providencia del 18 de febrero de 2026
confirmó la decisión del a quo, la cual fue objeto de salvamento por parte de uno de
sus integrantes, al considerar que, «no se necesitaba un documento separado del
contenido básico del nominado como pagaré para constatar el mutuo, porque en ese
documento también quedó el contenido de la relación crediticia, solo que su garantía fue
instrumentada en un título-valor.» (sic).

2.6. Las autoridades judiciales vulneraron sus derechos fundamentales al
abstenerse de librar mandamiento de pago y tramitar el proceso ejecutivo en su
favor, por las siguientes razones:

2.7. Se desconocieron los principios constitucionales de seguridad jurídica y
confianza legitima, pues, durante más de dos décadas ha otorgado créditos sin
hacer suscribir contrato escrito de mutuo, al regirse por el derecho privado.

2.8. Se incurrió en defecto fáctico, ya que se hizo una valoración defectuosa del
material probatorio aportado al proceso ejecutivo, al restarle el mérito ejecutivo a un
título valor que se aportó como base de la ejecución, pues no tuvieron en cuenta
que el pagaré 4107338 y la carta de instrucciones contenían una obligación clara,
expresa y exigible, que constituían un título ejecutivo autónomo.

2

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Demandante: Instituto Financiero de Casanare

2.9. Las autoridades judiciales omitieron examinar los documentos que definieron
su constitución (Decreto 107 de 1992, modificado en Decreto 073 de 2002), en los
que constaba su naturaleza jurídica y el régimen de derecho privado que rige su
actividad comercial.

2.10. Se ignoró que la obligación objeto de ejecución se contiene en un pagare,
título que contiene una obligación clara, expresa y exigible; no obstante, los
operadores judiciales bajo un excesivo ritual manifiesto exigen un contrato de mutuo
elevado a escrito, para ahora configurar un título ejecutivo complejo, lo anterior con
apego a interpretaciones que contrarían la ley, la Constitución y la función judicial
de administrar justicia.

2.11. También se incurrió en un defecto sustantivo al omitir una interpretación
integral del régimen contractual de las empresas industriales y comerciales del
estado, toda vez que inaplicaron los artículos 99-5 y 297-3 de la Ley 1437 de 20113;
85 y 93 de la Ley 489 de 1998, 14 de la Ley 1150 de 2007, 93 de la Ley 1474 de
2011, 2221 y 2222 del Código Civil4, y 621 y 709 del Código de Comercio5.

2.12. Se desconoció que la Corte Constitucional en los autos A-2014 de 2024 y
A1455 de 2025, al dirimir conflictos de competencias entre dos juzgados de las
jurisdicciones ordinaria y contencioso-administrativa para conocer de procesos
ejecutivos similares al objeto de litis, en su parte considerativa determinó que el IFC
se rige por el derecho privado en el desarrollo de sus actividades comerciales y en
su contratación. Así pues, al autorizar los créditos de fomento y educación no debía
mediar un contrato escrito, pues, conforme con los artículos 2221 y 2222 del CC,
bastaba la entrega de la cosa dada en préstamo para el perfeccionamiento del
negocio jurídico.

2.13. De acuerdo con la normativa ya referida, la obligación perseguida en el
proceso ejecutivo estaba contenida en un pagaré, el cual constituía un título
ejecutivo conforme al numeral 3 del artículo 297 del CPACA.

2.14. En el salvamento de voto suscrito respecto de la decisión acusada, se realizó
un análisis detallado de las características del título y la ejecutividad autónoma del
pagaré dentro de la jurisdicción contencioso-administrativa. Por ello, el hecho que
la Sala mayoritaria se aparatara de tal criterio constituyó la vulneración de su
derecho al acceso a la administración de justicia.

2.15. Además, se configuró un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto,
al exigirle documentos adicionales al pagaré y omitir la prevalencia del derecho
sustancial sobre las formalidades procesales.

3 En adelante CPACA.
4 En adelante CC.
5 En adelante CCo.

3

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Demandante: Instituto Financiero de Casanare

1.1.1. Pretensiones

3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:

«[…] PRIMERO: Amparar los derechos fundamentales al Debido Proceso y al Acceso a
la Administración de Justicia del INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE, que se
desconocieron por el JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
YOPAL en auto emitido en fecha 30 de octubre de 2025 y su confirmatorio, emitido el 18
de febrero de 2026 por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE dentro del
proceso 850013333- 004-2025-00027-00.

SEGUNDO: En consecuencia, declarar sin valor ni efecto el auto de fecha 30 de octubre
de 2025 emitido por el JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
YOPAL, así como la decisión que desato la apelación, proferida por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CASANARE en fecha 18 de febrero de 2026 como medio de
control dentro del proceso 850013333-004-2025-00027-00, por encontrarse tales
decisiones afectadas por indebida valoración probatoria al restarle merito ejecutivo al
pagare 4107338 y exceso ritual manifiesto al exigir adosar al expediente un contrato de
mutuo con la ritualidad de constar por escrito, ajena a este tipo de contratos de régimen
civil; así como por defecto sustancial dado el sacrificio del derecho sustancial y el
desconocimiento de precedente judicial vertical y por esa vía cercenar injustamente los
derechos fundamentales al Debido Proceso y al Acceso a la Administración de Justicia
del INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE - IFC.

TERCERO: Que se ordene a los accionados JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO
DEL CIRCUITO DE YOPAL y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE, que en lo
de su competencia, en el impostergable término de 48 horas, contadas a partir de la
notificación del fallo de tutela, rehacer las actuaciones procesales censuradas, para que
en su lugar el JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE YOPAL,
ordene seguir adelante en la ejecución, y mantenga las medidas cautelares a favor del
INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE y en contra de los demandados RONALD
FABIAN ESPINOSA CRUZ Y MARTHA LUCIA CRUZ ROJAS, dentro del proceso
ejecutivo 850013333-004-2025-00027-00, adelante el proceso hasta su finalización, y se
abstenga de exigir requisitos innecesarios en este tipo de procesos.

CUARTO. Que se ordene que el presente fallo tenga efecto Inter comunis10 o se
extienda, respecto de los procesos ejecutivos que cursen en los Juzgados
Administrativos de Yopal, en los que sea demandante el INSTITUTO FINANCIERO DE
CASANARE, y en los que se desconozca el pagare como título ejecutivo autónomo,
existan similares supuestos fácticos y jurídicos o que se presente análogas
circunstancias, así como ordenar al JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE YOPAL y al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE, que en lo
de sucesivo se abstengan de incurrir en las conductas que dieron origen a la presente
acción.

QUINTO. Que por parte del Juez Constitucional se realice verificación del cumplimiento
del fallo de tutela proferido. […]». (sic)

1.2. Informes rendidos en el proceso

4. El Tribunal Administrativo de Casanare6 refirió que no vulneró los

6 Ver índice 15 de Samai. Archivo denominado «16_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-
RESPUESTATUTELA202(.pdf) NroActua 15».

4

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Demandante: Instituto Financiero de Casanare

derechos fundamentales invocados al considerar que la decisión adoptada se
fundamentó en la normativa y jurisprudencia aplicable al caso concreto, es decir,
«atendiendo la naturaleza jurídica del Instituto Financiero de Casanare, empresa de Gestión
Económica de carácter departamental, sometida al régimen jurídico de las empresas
industriales y comerciales del Estado, contemplado en la Ley 489 de 1998; por ende, los
contratos que celebre para el desarrollo de su objeto se sujetan a las disposiciones del
Estatuto General de la Contratación de las entidades estatales, tal como lo preceptúa el
artículo 93 ibidem; de tal manera que los contratos deben constar por escrito en aplicación
a los dispuesto en el artículo 39 de la Ley 80 de 1993, justamente porque el negocio jurídico
que subyace al pagaré que pretende ejecutarse es un contrato estatal, y por ello en
concepto de la Sala mayoritaria del Tribunal, se requiere prueba de su existencia en los
términos del artículo 75 ibidem, pues el escenario corresponde al de un proceso ejecutivo
en sede de la jurisdicción contencioso administrativa. […]» (sic).

5. El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Yopal7 solicitó
que se negara el amparo pretendido, toda vez que la tutela no superó los requisitos
específicos de procedibilidad, ni se vulneraron los derechos fundamentales cuya
protección se invocó. pues, la verdadera intención es que se surta una tercera
instancia en lo que atañe a la discusión de los presupuestos de índole jurisdiccional
de lo contencioso administrativo analizados en primera y segunda instancia por los
jueces naturales.

6. Los demás terceros con interés guardaron silencio.

2. Consideraciones

7. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración
en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) cuestión previa: iii) procedencia
de la tutela contra providencia judicial; iv) determinación del problema jurídico; y iv)
análisis de la Sala.

2.1. Competencia

8. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución
Política y 37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con 1.º del Decreto 333
del 6 de abril de 20218, esta Sala es competente para conocer de la solicitud de
amparo contra el Tribunal Administrativo de Casanare y otro.

2.2. Cuestión previa - delimitación del asunto a decidir

9. Se advierte que, pese a que en el escrito inicial se cuestionan las decisiones
proferidas por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Yopal y

7 Ver índice 17 de Samai. Archivo denominado «17_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-
004InformeTutelaCE(.pdf) NroActua 17».
8 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción
de tutela.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04966-00
Demandante: Instituto Financiero de Casanare

el Tribunal Administrativo del Casanare, se observa que los argumentos que
sustentan sus pretensiones son similares respecto a una y otra.

10. Por lo anterior, y en atención que, respecto de la providencia del 30 de
octubre de 2025, el Tribunal Administrativo del Casanare resolvió el recurso de
apelación interpuesto en contra de aquella a través de providencia del 18 de febrero
de 2026, el reclamo constitucional será analizado únicamente respecto de esta
última, por ser la que finalizó el proceso ejecutivo bajo análisis.

2.3. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

11. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo contencioso-administrativo
del Consejo de Estado9 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las
distintas posturas que en su interior se habían desarrollado sobre el tema 10. Al
respecto señaló lo siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional,
de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita,
como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se
esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.
[…]».

12. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

13. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado11 adoptó los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para
establecer la procedencia de la tutela como mecanismo residual y excepcional para
la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86
Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta solicitud se puede presentar
además contra decisiones de las altas cortes que desconozcan derechos
fundamentales.

9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-

01328-01, MP María Elizabeth García González.
10 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
11 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia del 5 de agosto de

2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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14. Ahora bien, la Corte Constitucional12 ha señalado que la solicitud de amparo
debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante de manera constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que
se haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado
inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se
hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos
sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será
declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

15. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores
requisitos13, el juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió
la autoridad judicial, a partir de los argumentos expuestos en la tutela y de los
derechos fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la
prosperidad del amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno
de los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto
sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales14.

16. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal
entidad que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente
reabrir el debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.4. Problema jurídico

17. De conformidad con el escrito de tutela, la Sala deberá definir: ¿si el Tribunal
Administrativo del Casanare vulneró los derechos fundamentales del Instituto
Financiero de Casanare, con ocasión de la providencia del 18 de febrero de 2026,
mediante la cual confirmó la decisión de no librar mandamiento de pago en su favor
con desconocimiento de su naturaleza de empresa comercial del Estado, y exigirle
aportar el respectivo contrato de mutuo, además del pagare y la carta de
instrucciones, con la que incurrió, presuntamente, en defectos sustantivo y
procedimental por exceso ritual manifiesto?

2.5. Análisis de la Sala

2.5.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

18. La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud
de tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo
actuado, procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.

19. En este punto, se precisa que, si bien el demandante invocó la configuración

12 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y

C-590 de 2005.
13 Corte Constitucional, sentencia T-309 de 2015, MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
14 Corte Constitucional, sentencia SU-337 de 2017, MP Antonio José Lizarazo Ocampo.

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de los defectos fáctico, violación directa de la Constitución Política, desconocimiento
del precedente, sustantivo y procedimental por exceso ritual manifiesto, lo cierto es
que la motivación de los primeros se subsume en los dos últimos, en razón a que
se cuestionó la interpretación normativa que realizó la autoridad judicial demandada
para definir el régimen contractual de la entidad ejecutante y el procedimiento que
debía acogerse para tramitar el proceso ejecutivo en cuestión.

2.5.2. Del defecto sustantivo

20. La Corte Constitucional ha señalado que este se presenta cuando, el juez
adopta una decisión que desborda del marco constitucional y legal, al apoyarse en
una norma evidentemente inaplicable al caso concreto15. En su jurisprudencia, la
corporación ha resaltado que este defecto encuentra su origen en el hecho de que,
si bien los jueces gozan de autonomía e independencia judicial para interpretar y
aplicar normas jurídicas, esta no es una facultad absoluta16, para lo cual precisó que
los límites se encuentran en el orden jurídico preestablecido y los valores, principios,
derechos y garantías que identifican al actual Estado social de derecho.

21. El alto tribunal de lo Constitucional ha identificado una serie de situaciones
en las que se detecta el defecto sustantivo, a saber: i) la sentencia se fundamenta
en una norma que no es aplicable; ii) a pesar de la autonomía judicial, la
interpretación o aplicación de la norma al caso concreto no está dentro del margen
de razonabilidad, es de forma abierta contra evidente o perjudicial para los intereses
legítimos de las partes o es manifiestamente errada; iii) no se toman en cuenta
sentencias que hayan definido el alcance de la norma aplicada; iv) la disposición
aplicada se torna regresiva o contraria a la Constitución; v) no se efectúa una
interpretación sistémica de la norma; y vi) se desconoce la norma constitucional o
legal aplicable al caso.

22. A partir de lo anterior, es claro que no cualquier diferencia en la interpretación
en que se funde una decisión judicial configura este defecto; pues para tener tal
entidad debe ser considerada irrazonable, desproporcionada, arbitraria o
caprichosa. Además, la irregularidad debe ser de tal gravedad e importancia, que la
decisión proferida por la autoridad judicial obstaculice o lesione la efectividad de los
derechos fundamentales de los sujetos procesales17.

2.5.3. Del defecto procedimental por exceso ritual manifiesto

23. El defecto procedimental fue definido por la Corte Constitucional desde la
sentencia T-231 de 1994 como causal de vía de hecho en una providencia judicial.
Desde entonces, fue entendido como aquél en el que el juez ordinario adelanta el
asunto bajo una cuerda procesal equivocada u omite el curso de una etapa del
trámite, en perjuicio del derecho al debido proceso.

15 Corte Constitucional, sentencias T-008 de 1999 y SU-416 de 2015.
16 Corte Constitucional, sentencias T-757 de 2009 y T-367 de 2018.
17 Corte Constitucional, sentencias SU-050 de 2017 y T-367 de 2018

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24. A partir de la sentencia T-1306 de 200118, empero, la Corte Constitucional
consideró que este defecto no solo podía ser absoluto, sino presentarse por un
exceso ritual manifiesto19, producto de una indebida preferencia por las formas
procesales en perjuicio del derecho al acceso a la administración de justicia, a la
prevalencia del derecho sustancial y a la pretensión de corrección de las decisiones
judiciales, en la consecución de la justicia material y la garantía de los derechos
fundamentales20.

25. La procedencia de este defecto, en todo caso, exige que el afectado haya
alegado el yerro a través de la instancia ordinaria, de haber estado en la posibilidad
de hacerlo; que la violación tenga una entidad suficiente para afectar la decisión; y,
que lesione bienes ius fundamentales21.

2.5.4. Sobre el caso concreto

26. El IFC acudió al juez de tutela con el fin de que se ampararan sus derechos
fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos la providencia proferida el
18 de febrero de 2026 por el Tribunal Administrativo de Casanare en cuanto
confirmó la decisión de no librar mandamiento de pago al considerar que se trataba
de la ejecución de un título complejo el cual no fue aportado en debida forma, ante
la ausencia del respectivo contrato de mutuo.

27. Lo anterior, al considerar que se le desconocieron los preceptos superiores
contenidos en los artículos 2, 29 y 229 de la Constitución Política, así como los
principios de seguridad y la confianza legítima, toda vez que incurrió en:
27.1. Defecto sustantivo al omitir una interpretación integral del régimen contractual
de las empresas industriales y comerciales del Estado, toda vez que inaplicaron los
artículos 99-5 y 297-3 del CPACA; 85 y 93 de la Ley 489 de 1998, 14 de la Ley
1150 de 2007, 93 de la Ley 1474 de 2011, 2221 y 2222 del CC, y 621 y 709 del
CCo, en contradicción a lo considerado por la Corte Constitucional en los autos A-
2014 de 2024 y A-1455 de 2025, al dirimir conflictos de competencias entre dos
juzgados de las jurisdicciones ordinaria y contencioso-administrativa para conocer
de procesos ejecutivos similares al objeto de litis; y

18 Línea que ha venido consolidándose, entre otras, a través de las sentencias T-974 de 2003, T-973

de 2004, T-264 de 2009, T-599 de 2009, T-950 de 2011 y T-213 de 2012.
19 Desde esta concepción del defecto es clara la tensión entre los derechos al debido proceso y al

acceso a la administración de justicia, tensión que debe abordarse desde la concepción de dichos
bienes como mandatos de optimización, lo que permite su ponderación en cada caso en concreto
para la satisfacción de los derechos fundamentales involucrados en cada caso en concreto.
20 En esta decisión, el defecto se definió como: “[…] aquel que se deriva de un fallo en el cual haya

una renuncia consciente de la verdad jurídica objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en
la aplicación de las normas procesales convirtiéndose así en una inaplicación de la justicia material
[…]”.
21 Al respecto, en la Sentencia T-213 de 2012, reiterando para el efecto la línea jurisprudencial

consolidada sobre este aspecto, sostuvo que la prosperidad del defecto se sujetaba a: “[…]“(i) (Q)ue
no haya posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna otra vía, de acuerdo con el carácter
subsidiario de la acción de tutela; (ii) que el defecto procesal tenga una incidencia directa en el fallo
que se acusa de ser vulneratorio de los derechos fundamentales; (iii) que la irregularidad haya sido
alegada al interior del proceso ordinario, salvo que ello hubiera sido imposible, de acuerdo con las
circunstancias del caso específico; y (iv) que como consecuencia de lo anterior se presente una
vulneración a los derechos fundamentales. […]”.

9

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04966-00
Demandante: Instituto Financiero de Casanare

27.2. Defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, al exigirle documentos
adicionales al pagaré y omitir la prevalencia del derecho sustancial sobre las
formalidades procesales.

28. Para mayor claridad, se recuerda el fundamento del Tribunal Administrativo del
Casanare para confirmar la decisión del 30 de octubre del 2025, por la cual el
Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Yopal negó librar
mandamiento de pago en el proceso ejecutivo adelantando por el IFC en contra de
Ronald Fabian Espinosa Cruz y Martha Lucia Cruz Rojas, así:

«[…] En este asunto, el Instituto Financiero de Casanare, señala que la obligación a
cargo de Ronald Fabian Espinosa Cruz y Martha Lucia Cruz Rojas es clara expresa y
exigible, constituida en el pagaré No. 4107338 del 21 de noviembre de 2008. Argumenta
el apelante que no se requiere aportar el contrato de mutuo y que se está confundiendo
con los requisitos de un contrato estatal reglado por la Ley 80 de 1993, por tanto, el IFC
considera que hay lugar a ordenar seguir adelante con la ejecución.
[…]
En este asunto el Instituto Financiero de Casanare pretende ejecutar el pagaré No.
4107338 del 21 de noviembre de 2008, suscritos por ejecutado a favor del Instituto, los
cuales considera ser constitutivos del contrato de mutuo celebrado con Ronald Fabian
Espinosa Cruz y Martha Lucia Cruz Rojas.

Se precisa que, siendo el contrato de mutuo un acuerdo de voluntades en el que deben
quedar plasmadas las obligaciones tanto del mutuante como del mutuario y que teniendo
la contratante la calidad de entidad pública, por disposición del artículo 75 de la Ley 80
de 1993, para librar el mandamiento de pago, se requiere el título ejecutivo esté integrado
no solo por el pagaré sino por el contrato de mutuo en el que el Instituto Financiero de
Casanare debe expresar su consentimiento en los términos del contrato.

No obstante, se aporta el título valor, esto es, pagaré suscrito por el deudor a favor del
IFC, así como la carta de instrucciones, a favor del IFC para garantizar todas las
obligaciones crediticias contraídas por el ejecutado, pero dichos documentos no
corresponden al contrato de muto y del clausulado de estos no se desprende su
existencia, ni los términos y condiciones en las que se obligan cada una de las partes,
razón por la cual para la conformación del título ejecutivo se requiere el contrato de
mutuo.

Es del caso reiterar la naturaleza jurídica de la parte ejecutante, señalando que, el
Instituto Financiero de Casanare es una empresa de Gestión Económica de carácter
departamental, sometida al régimen jurídico de las empresas industriales y comerciales
del Estado, contemplado en la Ley 489 de 1998; por ende, los contrato que celebre para
el desarrollo de su objeto se sujetan a las disposiciones del Estatuto General de la
Contratación de las entidades estatales, tal como lo preceptúa el artículo 93 ibidem, es
decir, que los contratos deben constar por escrito en aplicación a dispuesto en el artículo
39 de la Ley 80 de 1993, justamente porque el negocio jurídico subyacente al título
ejecutivo que pretende ejecutarse es un contrato estatal se requiere prueba de su
existencia, pues estamos en el escenario de un proceso ejecutivo en sede de la
jurisdicción contencioso administrativa.
[…]
En ese orden de ideas, para el presente trámite ejecutivo vía jurisdicción contenciosa
administrativa, el contrato es un presupuesto sine qua non, que no fue aportado. Tal
como lo explica el Consejo de Estado en la citada sentencia 5 de octubre de 2020, para
conformación del título ejecutivo complejo se requiere aportar todos los documentos que
lo integran, entre ellos el respectivo contrato con el que se acredite las condiciones allí
pactadas para recibir los pagos. Corolario de ello, como en el sub examine no se cuenta

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04966-00
Demandante: Instituto Financiero de Casanare

con el contrato de mutuo no resulta posible determinar la constitución de aquel. […]».
(sic)

29. Como fundamento de lo expuesto, el tribunal demandado consideró que el
pagaré cuya ejecución se pretendió corresponde a un contrato de mutuo en los
términos del artículo 2221 del CC, y que el régimen contractual aplicable al IFC
obedece al contenido en el inciso inicial del artículo 93 de la Ley 489 de 1998, que
dispuso que, «los contratos que celebren para el cumplimiento de su objeto se sujetaran
a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de las entidades estatales», por
lo que, en atención al artículo 39 de la Ley 80 de 1993, los actos contractuales
deben constar por escrito.

30. En este punto, se advierte que los defectos endilgados serán estudiados de
manera conjunta, toda vez que la motivación que los sustentan se dirige de forma
unísona a controvertir el hecho que se hubiere considerado que se estaba en
presencia de un título ejecutivo complejo, por lo que era necesario aportar el
respectivo contrato de mutuo, en contraposición a la naturaleza jurídica y objeto del
IFC y las disposiciones que le aplican de las leyes 80 de 1993 y 489 de 1998.

31. Así, de acuerdo con el Decreto 107 de 1992, modificado por el Decreto 073
de 2002, aportados al proceso, se acreditó que el IFC es una empresa comercial y
de gestión económica del orden departamental, con personería jurídica, autonomía
administrativa y presupuestal. Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo 009
del 16 de agosto de 2022, por el cual la Junta Directiva del instituto modificó sus
estatutos, se definió la naturaleza jurídica de la entidad en los siguientes términos:

ARTICULO 2.- NATURALEZA: El Instituto Financiero de Casanare - IFC es una
Empresa de Gestión Económica de carácter departamental, sometida al Régimen
Jurídico de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, contemplado en la Ley
489 de 1998, dotada con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio
propio y vinculada a la Secretarla de Desarrollo Económico, Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente.

32. En cuanto a la contratación, en el capítulo VI ibidem se desarrolló el régimen
de los actos, contratos y personal, en los siguientes términos:

ARTICULO 32.- RÉGIMEN DE CONTRATACION: El Instituto Financiero de Casanare
tendrá como régimen de contratación el derecho privado, los presentes estatutos, el
manual de contratación y los reglamentos internes de la Entidad; lo anterior por
encontrarse en competencia con el sector privado y el artículo 14 de la Ley 1150 de
2007.

33. De la normatividad que antecede, se evidencia que la Junta Directiva del IFC
determinó que, en materia contractual, estaría sometida al derecho privado, debido
a que su actividad comercial se encontraba en competencia con empresas del
sector privado, de acuerdo con lo dispuesto en artículo 14 de la Ley 1150 de 200722,
que dispuso:

22 Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de

1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04966-00
Demandante: Instituto Financiero de Casanare

Artículo 14. Del régimen contractual de las empresas industriales y comerciales del
estado, las sociedades de economía mixta, sus filiales y empresas con participación
mayoritaria del estado. Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las
Sociedades de Economía Mixta en las que el Estado tenga participación superior al
cincuenta por ciento (50%), sus filiales y las Sociedades entre Entidades Públicas con
participación mayoritaria del Estado superior al cincuenta por ciento (50%), estarán
sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, con
excepción de aquellas que desarrollen actividades comerciales en competencia
con el sector privado y/o público, nacional o internacional o en mercados
regulados, caso en el cual se regirán por las disposiciones legales y
reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y comerciales, sin
perjuicio de lo previsto en el artículo 13 de la presente ley. Se exceptúan los contratos
de ciencia y tecnología, que se regirán por la Ley 29 de 1990 y las disposiciones
normativas existentes. (Se resalta)

34. Presupuestos normativos concordantes, con lo dispuesto en el artículo 93 de
la Ley 489 de 1998, el cual establece el régimen de actos y contratos de las
empresas industriales y comerciales del Estado, así: «[l]os actos que expidan las
empresas industriales y comerciales del Estado para el desarrollo de su actividad
propia, industrial o comercial o de gestión económica se sujetaran a las
disposiciones del derecho privado. Los contratos que celebren para el cumplimiento de
su objeto se sujetaran a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de las
entidades estatales». (Se resalta)

35. El referido artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, fue modificada por el 93 de la
Ley 1474 del 201123, salvo para aquellas empresas que desarrollan su actividad en
mercados monopolísticos, a las que, nuevamente, se le hizo aplicable el Estatuto
de Contratación.

36. Sin perjuicio de lo anterior, resulta relevante mencionar que el artículo 15 de la
Ley 1150 de 2007 modificó el parágrafo 1.° del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en
los siguientes términos:

Artículo 15. Del régimen contractual de las entidades financieras estatales. El
parágrafo 1o del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, quedará así:

“Artículo 32.
(...)

“Parágrafo 1o. Los Contratos que celebren los Establecimientos de Crédito, las
compañías de seguros y las demás entidades financieras de carácter estatal, no

23 Artículo 93. Del régimen contractual de las empresas industriales y comerciales del estado, las

sociedades de economía mixta, sus filiales y empresas con participación mayoritaria del
estado. modifíquese el artículo 14 de la ley 1150 de 2007, el cual quedará así:
las empresas Industriales y Comerciales del Estado, las Sociedades de Economía Mixta en las que
el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), sus filiales y las Sociedades
entre Entidades Públicas con participación mayoritaria del Estado superior al cincuenta por ciento
(50%), estarán sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, con
excepción de aquellas que desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector privado
y/o público, nacional o internacional o en mercados regulados, caso en el cual se regirán por las
disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y comerciales, sin
perjuicio de lo previsto en el artículo 13 de la presente ley. Se exceptúan los contratos de ciencia y
tecnología, que se regirán por la Ley 29 de 1990 y las disposiciones normativas existentes.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04966-00
Demandante: Instituto Financiero de Casanare

estarán sujetos a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública y se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias
aplicables a dichas actividades.

En todo caso, su actividad contractual se someterá a lo dispuesto en el artículo 13 de
la presente ley”.

37. En este punto, conviene precisar que el motivo que tuvo el legislador para
establecer dicha excepción en la Ley 1150 de 2007, se fundamentó en lo
siguiente24:

«[…] Los artículos 12 y 13 del proyecto de ley señalan los principios y límites a que
debe someterse la actividad contractual de entidades estatales que por la naturaleza
de la función o de los servicios que prestan, requieren de procedimientos contractuales
que les permitan competir en igualdad de condiciones con los particulares. En ese
sentido el proyecto permite que quienes como entidades públicas tienen objetos de
naturaleza comercial, industrial o financiera, rijan su actividad por las normas de la
misma en aras de su competitividad, pero que ello no sirva de excusa a la aplicación
de los fines de la función pública, ni mucho menos a la universalidad del sistema de
inhabilidades e incompatibilidades para contratar con el Estado. […]».

38. De acuerdo con lo expuesto, se evidencia que la determinación de someter
parcialmente a las empresas industriales y comerciales del Estado al régimen de
derecho privado, se justificó en «la necesidad de que en su actividad industrial y
comercial, tradicionalmente ajena al Estado y propia de los particulares, ellas actúen en
términos equivalentes a éstos cuando realicen actividades similares, sin tener prerrogativas
exorbitantes que atenten contra el derecho a la igualdad ni estar sujetas a procedimientos
administrativos que entraben sus actuaciones y las pongan en situación de desventaja
frente a sus competidores […]. Por ello, la regla general es que en sus actos y contratos
rijan las normas de derecho privado, salvo en cuanto a sus relaciones con la administración
[otras Entidades Estatales – convenios o contratos interadministrativos] y en aquellos casos
en los que por expresa disposición legal ejerzan alguna función administrativa, puesto que
allí sí deberá dar aplicación a las reglas de derecho público pertinentes [...]»25.

39. Lo anterior tiene fundamento en el principio de igualdad, ya que, si el Estado
desarrolla actividades similares a los particulares, debe actuar con la misma
eficacia y eficiencia que los sujetos de derecho privado, tal como lo ha referido la
Sección Tercera de esta corporación al analizar los alcances del artículo 93 de la
Ley 489 de 1998, así:

«[…] La razón de ser de la aplicación del régimen de derecho privado a estas entidades
radica en la necesidad de que en su actividad industrial y comercial, tradicionalmente
ajena al Estado y propia de los particulares, ellas actúen en términos equivalentes a
éstos cuando realicen actividades similares, sin tener prerrogativas exorbitantes que
atenten contra el derecho a la igualdad ni estar sujetas a procedimientos administrativos

24 Gaceta del Congreso núm. 458 de 2005. Exposición de motivos de la Ley 1150 de 2007. Proyecto

de Ley 20 de 2005 Senado, «[p]or medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la
transparencia en la Ley 80 de 1993, y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación
con recursos públicos».
25 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de agosto de 2004, expediente 12.342,

actor: Sociedad Tronix Ltda, reiterada en sentencia de 6 de febrero de 2006, expediente núm. 13.414.
De igual manera, se puede ver: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del
15 de mayo de 2018, radicado núm. 11001-03-06-000-2017-00058-00(2335).

13

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04966-00
Demandante: Instituto Financiero de Casanare

que entraben sus actuaciones y las pongan en situación de desventaja frente a sus
competidores.

Se trata pues, de que sus actividades de explotación industrial o comercial se desarrollen
con las mismas oportunidades y las mismas ventajas o desventajas que las adelantadas
por aquellos, sin que influya para nada su investidura de entidad estatal; que puedan
actuar como particulares, frente a las exigencias de la economía y del mercado. […]».2627

40. A juicio de la Sala, es posible concluir que las empresas industriales y
comerciales del Estado que estén en competencia con los particulares o actúen en
mercados regulados están exentas de contratar bajo el Estatuto de Contratación de
la Administración Pública, lo cual será de acuerdo con las reglas del derecho
privado. Situación distinta sería:

«[…] que, en aras de garantizar el interés general o público, tales entidades estén
obligadas a observar los principios de la función administrativa (igualdad, moralidad,
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad), lo cual no significa que deban
someterse a sus procedimientos o modalidades de selección, siempre que garanticen
la selección objetiva.

80. Conforme el anterior contexto normativo y jurisprudencial, en el asunto bajo estudio,
es dable colegir que el Instituto Financiero de Casanare (IFC), es una empresa de
gestión económica del orden departamental28 sometida al régimen jurídico de las
empresas industriales y comerciales del Estado, que por su naturaleza jurídica, el objeto
social que desarrolla y el régimen contractual definido en los artículos 5 y 32 de sus
estatutos (Acuerdo 009 de 16 de agosto de 2022), se encuentra en competencia con
empresas del sector privado, que se dedican a esa misma actividad en el «mercado».

81. Así las cosas, es claro que, en material contractual, el accionante se rige por las
normas del derecho privado propias de su actividad comercial y por las disposiciones
del derecho público relacionadas con los principios de la función administrativa previstos
en el artículo 209 de la Constitución Política y la gestión fiscal de que trata el artículo
267 ibídem. […]»29. (sic)

41. De acuerdo con lo expuesto, llama la atención de la Sala que el Tribunal
Administrativo de Casanare, al proferir la providencia del 18 de febrero de 2026, se
limitara a fundamentar su decisión en los artículos 32 y 39 de la Ley 80 de 1993 y
93 de la Ley 489 de 1998, y concluyera que, en razón a su naturaleza pública, el
régimen contractual del IFC estaba sujeto al Estatuto de Contratación de la
Administración Pública, por lo cual, pese a que se estaba en presencia de un título
complejo, no se aportó el contrato de mutuo correspondiente, lo que imposibilitaba
librar mandamiento de pago.

42. Así, a juicio de la Sala, la autoridad judicial demandada pasó por alto el

26 Ibidem.
27 Ver también sentencias 19 de marzo de 2021, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección

A. Expediente 51363.
28 Ley 489 de 1998 – […] ARTÍCULO 85.- Empresas industriales y comerciales del Estado. Las

empresas industriales y comerciales del Estado son organismos creados por la ley o autorizados por
ésta, que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial y de gestión económica
conforme a las reglas del Derecho Privado […]».
29 CP Elizabeth Becerra Cornejo. Sentencia del 9 de febrero de 2026. En la cual se resolvió un asunto

de supuestos similares, y en la que se advirtió el cambio de postura por parte de esta Sala de
decisión, de cara a lo decidido en oportunidad anterior en sentencia del 8 de septiembre de 2025,
expediente 11001-03-15-000-2025-05003-00.

14

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04966-00
Demandante: Instituto Financiero de Casanare

contenido de los estatutos internos del IFC, así como un análisis integral del marco
normativo que regula la actividad contractual de las empresas industriales y
comerciales del Estado, en especial el aparte del artículo 93 de la Ley 489 de 1998,
que dispone: «para el desarrollo de su actividad propia, industrial o comercial o de gestión
económica se sujetaran a las disposiciones del Derecho Privado». Lo cual desconoció
que, el instituto ejecutante, debido a su actividad comercial, se regía por las normas
de derecho privado, para actuar en competencia con las demás empresas del
sector con las que pugna en el ejercicio de objeto social.

43. Dicho ello, resultaba evidente que, en los términos de los artículos 2221 y 2222
del CC, bastaba con la entrega de la cosa otorgada en préstamo para tener por
celebrado el contrato de mutuo. Es decir, en atención a dicha normativa no era
necesario que la voluntad de las partes constara por escrito para el
perfeccionamiento del negocio jurídico.

44. De conformidad con lo expuesto, la Sala concluye que el Tribunal
Administrativo de Casanare vulneró los derechos fundamentales del IFC, al
confirmar la decisión de negar librar mandamiento de pago en el proceso ejecutivo
que adelantó en contra de Ronald Fabian Espinosa Cruz y Martha Lucia Cruz Rojas,
al incurrir en defectos sustantivo y procedimental por exceso ritual manifiesto, pues,
mal pudo exigirle allegar un contrato de mutuo, a partir de una interpretación
parcializada y restrictiva del artículo 93 de la Ley 489 de 1998, pues, se insiste,
omitió efectuar un estudio integral de la normativa que regula el régimen contractual
al que estaba sometido el IFC, en razón a su condición de empresa de gestión
económica de carácter departamental, sometida a aquel de las empresas
industriales y comerciales del Estado, cuya actividad comercial propia se encuentra
en competencia con el sector privado y/o público, y de los preceptos que regulan el
contrato de mutuo.

45. En efecto, una interpretación armónica de la normativa que regula la materia
permitía inferir que la ausencia del contrato escrito de mutuo no puede constituirse
en un elemento que limite el ejercicio del derecho de acción para reclamar el
cumplimiento de una obligación crediticia insoluta por la vía ejecutiva, en atención
a las particularidades del caso concreto, esto es, la naturaleza del IFC, la actividad
comercial involucrada y el régimen contractual aplicable. Razón por la cual, se
accederá al amparo solicitado.

46. Como consideración adicional, se observa que el IFC puso en conocimiento
que las impresiones de interpretación normativa advertidas en el presente asunto
han sido reiterativas, razón por la cual, si bien esta Sala de decisión carece de
competencia para interferir en cualquier proceso judicial diferente al que fue objeto
de litis en esta oportunidad, se exhortará al Tribunal Administrativo del Casanare
para que, en lo sucesivo, al decidir asuntos de contornos similares tenga en cuenta
las consideraciones normativas y jurisprudenciales expuestas en esta providencia,
máxime cuando son reiterados los pronunciamientos del Consejo de Estado en

15

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04966-00
Demandante: Instituto Financiero de Casanare

igual sentido30.

3. Conclusión

47. En este orden de ideas, las inconformidades en las que la parte demandante
centró sus esfuerzos tienen vocación de prosperidad, de forma que se amparará los
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia del Instituto Financiero de Casanare.

48. En consecuencia, i) se dejará sin efectos la providencia proferida el 18 de
febrero de 2026 por el Tribunal Administrativo del Casanare, en el proceso ejecutivo
850013333004-2025-00027-02, y ii) se le ordenará a esa corporación judicial que,
en el término de 20 días siguientes, contados a partir de la notificación de la presente
providencia, emita un pronunciamiento de reemplazo, de conformidad con los
argumentos expuestos en precedencia.

49. Adicionalmente, se exhortará al Tribunal Administrativo del Casanare para que,
en lo sucesivo, al decidir asuntos de contornos similares tenga en cuenta las
consideraciones normativas y jurisprudenciales expuesta en esta providencia.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia del Instituto Financiero de Casanare.

Segundo. Dejar sin efectos la providencia proferida el 18 de febrero de 2026 por el
Tribunal Administrativo del Casanare, en el proceso ejecutivo 850013333004-2025-
00027-02 adelantado por el Instituto Financiero de Casanare en contra de Ronald
Fabian Espinosa Cruz y Martha Lucia Cruz Rojas.

Tercero. Ordenar al Tribunal Administrativo del Casanare que, en el término de 20
días siguientes, contados a partir de la notificación de la presente providencia, emita
un pronunciamiento de reemplazo.

30
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
Consejero Ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar, Bogotá, D. C., dos (2) de marzo de dos mil
veintiséis (2026), Referencia: Tutela, Radicación: 11001-03-15-000-2026-00426-00; Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Consejero
Ponente: Elizabeth Becerra Cornejo. Sentencia del 9 de febrero de 2026. En la cual se resolvió un
asunto de supuestos similares, y en la que se advirtió el cambio de postura por parte de esta Sala
de decisión, de cara a lo decidido en oportunidad anterior en sentencia del 8 de septiembre de 2025,
expediente 11001-03-15-000-2025-05003-00; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Consejero Ponente: Elizabeth Becerra Cornejo.,
Bogotá, D. C., veinte (20) de abril de dos mil veintiséis (2026), Referencia: Tutela, Radicación: 11001-
03-15-000-2025-07910-01 (12548) -Sentencia de Segunda Instancia.

16

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04966-00
Demandante: Instituto Financiero de Casanare

Cuarto. Exhortar al Tribunal Administrativo del Casanare para que, en lo sucesivo,
al decidir asuntos de contornos similares tenga en cuenta las consideraciones
normativas y jurisprudenciales expuestas en esta providencia.

Quinto. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.

Sexto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
LVLQ
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

17

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