Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06637-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06637-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-06637-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
21 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06637-00
Demandante: Instituto Financiero de Casanare (IFC)
Demandado: Tribunal Administrativo del Casanare y otro
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AMPARA /
configuración de defecto sustantivo - indebida aplicación e interpretación normativa
sobre los títulos ejecutivos y los títulos valores en la jurisdicción de lo contencioso
administrativo / Defecto procedimental absoluto – desconocimiento de las normas
procedimentales.
Surtido el trámite de ley, sin que se advierta irregularidad que invalide lo actuado,
procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del proceso de amparo
constitucional de la referencia.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1. El 20 de agosto de 2026, el Instituto Financiero de Casanare (IFC), por conducto
de su gerente, promovió acción de tutela contra el Juzgado Quinto Administrativo del
Circuito de Yopal y el Tribunal Administrativo de Casanare, en busca de que se
ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia.
2. Sostuvo que tales garantías fueron vulneradas con ocasión de los autos del 12 de
mayo de 2025 y 24 de febrero de 2026, proferidos por las autoridades accionadas al
interior del proceso ejecutivo1 que instauró el instituto en contra de los señores
Maribel Dávila García y Edissón Manuel Paredes Dávila, con el propósito de obtener
el pago de una suma de dinero por concepto del capital representado en un pagaré,
suscrito para garantizar un crédito que les fue otorgado.
3. Inicialmente el conocimiento de ese asunto correspondió al Juzgado Tercero Civil
Municipal de Yopal. Dicha autoridad, por medio de auto del 8 de abril de 2021, libró
1 Con radicado número: 85001-3333-005-2025-00156-00/01.
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Demandante: Instituto Financiero de Casanare (IFC)
Demandado: Tribunal Administrativo del Casanare y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
mandamiento de pago y, a través de providencia del 8 de agosto de 2024, ordenó
seguir adelante con la ejecución.
4. En atención a lo dispuesto por la Corte Constitucional al resolver conflictos de
competencia en procesos ejecutivos adelantados por el IFC, mediante auto del 30
de octubre de 2024, el despacho en mención declaró la falta de jurisdicción. En
consecuencia, declaró la nulidad de todo lo actuado a partir de la decisión de seguir
adelante con la ejecución, de conformidad con lo previsto en el artículo 16 del CGP,
y ordenó remitir el expediente a los juzgados administrativos de Yopal para su
reparto.
5. El proceso fue asignado al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Yopal,
que por auto del 12 de mayo de 2025, avocó conocimiento y se abstuvo de seguir
adelante con la ejecución. Señaló que el título que pretendía ejecutarse se trataba
uno de carácter complejo, por lo que el pagaré y la carta de instrucciones debían
estar acompañados del contrato de mutuo por escrito. Al constatar que este último
no fue aportado con la demanda, consideró que el título ejecutivo no se constituyó
en debida forma. Agregó que el pagaré y la carta de instrucciones fueron allegados
en copia simple y no en original.
6. Contra la decisión anterior, la parte ejecutante interpuso recurso de reposición y,
en subsidio, apelación. El primero fue resuelto desfavorablemente a través de auto
del 10 de diciembre de 2025, providencia en la que, además, se concedió la alzada
ante el Tribunal Administrativo de Casanare.
7. Dicha corporación, mediante auto del 24 de febrero de 2026, confirmó la decisión
recurrida. Señaló que el Instituto Financiero de Casanare se encuentra sometido al
régimen jurídico de las empresas industriales y comerciales del Estado. Por lo tanto,
indicó que los contratos celebrados para el desarrollo de su objeto se rigen por el
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, conforme el cual
dichos contratos deben constar por escrito. En ese orden, estimó que el
mandamiento de pago solo podía librarse si el título ejecutivo estaba integrado no
solo por el pagaré, sino también por el contrato escrito de mutuo.
8. Como fundamento de la presente acción, la parte accionante sostuvo que las
autoridades judiciales accionadas incurrieron en los siguientes defectos:
9. Violación directa de la Constitución, puesto que, bajo el supuesto de integrar un
título ejecutivo complejo, los falladores realizaron una interpretación arbitraria que
restringió injustificadamente el derecho de acción.
10. Señaló además que dicha conclusión desconoce las reglas fijadas por la Corte
Constitucional en los autos A-2014 de 2024 y A-1455 de 2025, en los que se precisó
que: (i) las empresas industriales y comerciales del Estado, en el desarrollo de sus
actividades comerciales y contractuales, se rigen por el derecho privado y, por tanto,
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Demandante: Instituto Financiero de Casanare (IFC)
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al momento de otorgar el crédito no es exigible un contrato escrito, pues, de
conformidad con los artículos 2221 y 2222 del Código Civil, el contrato se perfecciona
con la entrega del dinero; y, (ii) el pagaré incorpora una obligación clara, expresa y
exigible y constituye un título ejecutivo susceptible de ejecución ante la jurisdicción
de lo contencioso-administrativo, en los términos del numeral 3 del artículo 297 del
CPACA. Indicó que ese criterio fue reiterado por el Alto Tribunal en auto 1455 de
2025.
11. Defecto fáctico, al restarle mérito ejecutivo el pagaré aportado con la demanda,
pese a que este constituye un título autónomo que contiene una obligación clara,
expresa y exigible, por lo que no requiere un contrato de mutuo escrito para su
conformación.
12. Arguyó que el Tribunal partió de una premisa equivocada al asumir que todos los
contratos estatales se rigen exclusivamente por la Ley 80 de 1993, sin considerar
que existen contratos estatales sometidos al derecho privado. Explicó que, dada la
naturaleza jurídica del Instituto Financiero de Casanare como empresa industrial y
comercial del Estado, su régimen se encuentra previsto en el artículo 85 de la Ley
489 de 1998 y que el otorgamiento de créditos, como actividad propia de su objeto,
se rige por el derecho privado, conforme al artículo 14 de la Ley 1150 de 2007,
modificado por el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011.
13. En ese sentido, afirmó que el contrato de mutuo objeto del proceso se rige por las
normas de derecho privado, en particular por los artículos 2221 y 2222 del Código
Civil, según los cuales dicho contrato se perfecciona con la entrega de la cosa
fungible y no mediante su formalización por escrito.
14. Manifestó que, aunque no existe un contrato de mutuo solemne e independiente
del pagaré, ello no impide su perfeccionamiento, pues este ocurrió con el
desembolso del préstamo efectuado por el Instituto al deudor.
15. En ese orden, argumentó que las autoridades accionadas desconocieron la
exigibilidad del pagaré e impusieron un requisito no previsto en el ordenamiento
jurídico, al exigir un contrato de mutuo por escrito.
16. Defecto sustantivo, por omitir aplicar los artículos 2, 29 y 229 de la Constitución;
99 y 297 de la Ley 1437 de 2011; 85 y 93 de la Ley 498 de 1998; 93 de la Ley 1474
de 2011, 2221 y 2222 del Código Civil; 619 y 709 del Código de Comercio.
17. Expuso que tanto el CGP como el CPACA reconocen mérito ejecutivo a los
documentos provenientes del deudor que constituyan plena prueba en su contra.
Añadió que, en particular, este último cuerpo normativo extiende esa fuerza ejecutiva
a cualquier acto proferido con ocasión de la actividad contractual que contenga
obligaciones claras, expresas y exigibles.
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
18. Defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, al exigir un contrato de
mutuo escrito para integrar un supuesto título ejecutivo complejo, con fundamento
en una interpretación contraria al ordenamiento jurídico. Destacó que la inexistencia
de un contrato escrito no obedeció a una omisión de la entidad demandante, sino al
régimen jurídico que le es aplicable.
19. Por otra parte, reprochó que, so pretexto de ejercer la facultad de saneamiento, el
a quo invalidó las actuaciones que se habían adelantado previamente en la
jurisdicción ordinaria, proceder que fue convalidado por el Tribunal accionado.
20. Resaltó que la decisión adoptada por esa Corporación no fue unánime. Uno de
los magistrados salvó voto, al considerar que: (i) la regla fijada por la Corte
Constitucional no exige la conformación de un título ejecutivo complejo; (ii) el cambio
de jurisdicción no puede alterar la naturaleza del derecho sustancial; y (iii) el título
valor es exigible de manera autónoma en la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.
21. Añadió que el Consejo de Estado al abordar el estudio de casos similares ha
concedido el amparo solicitado. Como soporte de ello, citó las sentencias del 13 de
noviembre de 20252, 29 de enero3, 9 de febrero4, 2 de marzo5, 20 de abril6, 87 y 288
de mayo, 29, 910 y 1711 de julio de 2026.
22. Por último, solicitó que el presente asunto fuera decidido por la Sala Plena del
Consejo de Estado, en aplicación del artículo 271 del CPACA. Sustentó su petición
en la importancia jurídica, así como el impacto social y económico del caso. Lo
anterior, dado que la tesis acogida por los Juzgados Primero, Tercero, Cuarto y
Quinto Administrativos de Yopal, respaldada mayoritariamente por el Tribunal
Administrativo de Casanare, consistente en exigir un contrato de mutuo escrito para
librar mandamiento de pago con fundamento en un pagaré, vulnera los derechos al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia de tres entidades públicas
del departamento de Casanare y genera un grave detrimento patrimonial, al impedir
el cobro judicial de la cartera vencida. Agregó que esa situación compromete su
viabilidad financiera y limita el acceso a créditos de fomento para sectores
estratégicos como la educación y el agropecuario.
2 Exp. 11001-03-15-000-2025-05435-00.
3 Exp. 11001-03-15-000-2025-07470-00.
4 Exp. 11001-03-15-000-2025-05003-00.
5 Exp. 11001-03-15-000-2026-00426-00
6 En esta fecha refirió tres decisiones emitidas en el marco de los procesos 11001-03-15-000-2025-07910-01,
11001-03-15-000-2026-01087-00 y 11001-03-15-000-2026-01919-00.
7 En esta fecha aludió a dos fallos proferidos dentro de los expedientes de tutela 11001-03-15-000-2026-01869-
00 y 11001-03-15-000-2026-0997-01.
8 Exp. 11001-03-15-000-2026-00021-01.
9 Exp. 11001-03-15-000-2026-01087-01.
10 En esta fecha hizo referencia a cuatro providencias dictadas al interior de los procesos de tutela con radicado
número 11001-03-15-000-2026-03753-00, 11001-03-15-000-2026-03894-00, 11001-03-15-000-2026-04141-00
y 11001-03-15-000-2026-04425-00.
11 Exp. 11001-03-15-000-2026-03768-00.
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Demandante: Instituto Financiero de Casanare (IFC)
Demandado: Tribunal Administrativo del Casanare y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
B. Trámite procesal
23. Mediante auto del 25 de agosto de 2026, se dispuso: (i) admitir la acción de tutela;
(ii) notificar de su presentación a las autoridades accionadas; (iii) vincular a los
señores Maribel Dávila García y Edisson Manuel Paredes, en calidad de terceros
con interés; (iv) comunicar la decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado; y (v) requerir al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Yopal para
que remitiera copia digital del expediente con radicado número 85001-33-33-005-
2025-00156-00/01.
24. El Tribunal Administrativo de Casanare12 sostuvo que la decisión que adoptó se
fundamentó en el acervo probatorio y la normatividad aplicable. Mencionó que, en
casos similares, esta Corporación ha determinado que la controversia propuesta no
satisface el requisito de relevancia constitucional.
25. El
Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Yopal remitió el expediente
requerido. No se pronunció sobre los hechos ni las pretensiones de la demanda.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
C. Cuestión previa
26. La Sala negará la solicitud encaminada a que la presente acción sea decidida por
la Sala Plena de esta Corporación.
27. Si bien se constató la existencia de varias acciones de tutela radicadas ante esta
Corporación, en las que se discuten decisiones adoptadas en el marco de procesos
ejecutivos promovidos por el Instituto Financiero de Casanare, no todas versan sobre
el mismo problema jurídico, ni presentan identidad en los supuestos fácticos. En
algunos eventos los juzgados administrativos dejaron sin efectos las actuaciones
surtidas ante los jueces civiles; en otros omitieron referirse sobre dicho trámite
primigenio, en el que se había librado mandamiento ejecutivo, y se pronunciaron
nuevamente en ese sentido, pero para negarlo; mientras que en algunos casos el
conocimiento del proceso correspondió desde su inicio a la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, sin que mediara remisión desde la jurisdicción ordinaria.
En cambio, en otros asuntos, el origen de la controversia ha girado en torno al aporte
en original del contrato de mutuo o del pagaré respectivos13.
28. Las diferencias advertidas evidencian que los asuntos sometidos a consideración
del juez constitucional presentan particularidades fácticas relevantes, susceptibles
12 Intervención digital contenida en 4 folios.
13 Lo cual ocurrió en el expediente con radicación núm. 2026-00274-00, que también conoció esta Subsección y
que se resolvió mediante sentencia del 13 de febrero de 2026.
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Demandante: Instituto Financiero de Casanare (IFC)
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de conducir a soluciones jurídicas distintas. Circunstancia que, de entrada, descarta
la pretendida uniformidad interpretativa que sustenta la solicitud de conocimiento por
parte de la Sala Plena.
29. A lo anterior, se suma que el trámite de la acción de tutela se rige por las
disposiciones del Decreto Ley 2591 de 1991 y, en los aspectos no previstos, por el
CGP. La competencia para conocer de este tipo de acciones se determina conforme
las reglas de distribución previstas en el reglamento interno del Consejo de Estado
(Acuerdo 80 de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 2024). Dichos
ordenamientos no contemplan la posibilidad de que las partes soliciten el
conocimiento de un asunto por la Sala Plena, por razones de trascendencia social y
económica.
30. Cabe precisar que, de manera excepcional, la Sala Plena del Consejo de Estado
ha asumido el conocimiento de acciones de tutela. No obstante, ello ha obedecido
exclusivamente a una decisión adoptada por esa propia instancia o a solicitud de
alguna de las secciones de la Corporación. En 2012 y 2014 la Sala Plena conoció
dos solicitudes de amparo. La primera, por importancia jurídica14, con la finalidad de
establecer la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, con
inclusión de aquellas dictadas por el mismo cuerpo colegiado, a la luz de las reglas
fijadas hasta ese momento por la Corte Constitucional. La segunda, dada la
necesidad de unificar jurisprudencia15, entre otros aspectos, para determinar el
término razonable para ejercer oportunamente el mecanismo de amparo contra
providencias judiciales. En este último caso, la Sección Cuarta sometió a
consideración dicho asunto por importancia jurídica, dada la “disparidad de criterios”
existentes sobre el tema, solicitud que fue aceptada en sesión del 14 de mayo de
2013 por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo16.
31. En suma, el conocimiento por parte de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo en materia de acciones de tutela es excepcionalísima, cuya
competencia no se activa a petición de parte, sino por decisión propia o previa
solicitud de una de las secciones, ante la necesidad de unificar criterios o en atención
a la importancia jurídica del asunto. Presupuestos que no se acreditan en el caso
puesto a consideración de esta Sala.
D. Caso concreto
32. EstaSubsección encuentra que la acción de tutela satisface los requisitos
generales para habilitar la procedencia excepcional del mecanismo de amparo
14 Sentencia de 31 de julio de 2012, expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ), C. P. María Elizabeth
García González.
15 Sentencia de 5 de agosto de 2014, expediente 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), C. P. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.
16 Ver el auto de 15 de mayo de 2013, expediente 11001-03-15-000-2012-02201-01, C. P. Carmen Teresa Ortiz
de Rodríguez.
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contra providencia judicial.
33. El presente asunto reviste relevancia constitucional, no solo porque la demanda
cumple con la carga argumentativa exigida, en tanto identifica de forma clara y
concreta los motivos de la violación que se atribuyen a la providencia objetada, sino
también porque el debate propuesto trasciende la esfera de lo constitucional.
34. La controversia gira en torno a la presunta indebida interpretación y aplicación de
las disposiciones que regulan las categorías jurídicas de “título ejecutivo” y “título
valor” en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo; entendimiento que sirvió de
fundamento para abstenerse de seguir adelante con la ejecución y, por ende, impidió
que la demandante obtuviera un pronunciamiento sobre la satisfacción de la
obligación reclamada, lo que, de llegar a constatarse, tendría la entidad de impactar
de forma directa el ejercicio efectivo de sus derechos de acceso a la administración
de justicia y debido proceso. Por lo tanto, la discusión suscitada involucra un eventual
desconocimiento de tales garantías ante una interpretación que determinó la
exigencia de requisitos cuya razonabilidad debe ser valorada por el juez de tutela.
35. Aunado a lo anterior, (i) la parte accionante agotó todos los medios idóneos y
eficaces que tenía a su alcance para obtener la protección de los derechos
fundamentales objeto de reclamo; (ii) la solicitud de amparo fue ejercida
oportunamente, pues fue presentada el 20 de agosto del año en curso, dentro de un
plazo razonable desde la notificación del auto que resolvió de forma definitiva la
controversia (25 de febrero de 2026) y (iii) no se trata de una tutela interpuesta contra
una sentencia proferida en un proceso de la misma naturaleza o alguna de aquellas
providencias que la jurisprudencia ha excluido de este control constitucional.
36. Superado lo anterior, corresponde a la Sala examinar las causales específicas de
procedibilidad atribuidas a la providencia objeto de reproche17.
37. Aunque la parte actora alegó la ocurrencia de un defecto fáctico, sustantivo,
procedimental por exceso ritual manifiesto y violación directa de la Constitución, sus
reparos se originan principalmente en la interpretación que efectuaron las
autoridades judiciales accionadas sobre las disposiciones que regulan la ejecución
de títulos ejecutivos ante la jurisdicción contencioso-administrativa, así como la
relativa a los títulos valores.
38.Según se expuso, ese ejercicio interpretativo conllevó a una indebida
caracterización del título cuya ejecución se perseguía, al desconocimiento del
régimen aplicable al contrato de mutuo celebrado por una empresa industrial y
comercial del Estado, a la inobservancia de los criterios fijados por la Corte
17 Aunque la parte actora censuró tanto el auto proferido por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de
Yopal, como el proveído a través del cual el Tribunal Administrativo de Casanare confirmó esa decisión, el estudio
se concentrará en esta última providencia por ser la que resolvió de manera definitiva el asunto.
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
Constitucional al resolver conflictos de jurisdicción sobre esta materia y a una
valoración errónea de los documentos aportados con la demanda, al exigir requisitos
adicionales no previstos en el ordenamiento jurídico para reconocerles mérito
ejecutivo.
39. Bajo ese escenario, esta Subsección centrará su análisis en el presunto defecto
sustantivo, pues a partir de la interpretación que las autoridades accionadas
realizaron de las normas que regulan los títulos ejecutivos se derivan los demás
reproches formulados por la parte actora.
40. Por lo tanto, el estudio se circunscribirá a establecer si esa interpretación resulta
compatible con las normas cuya inaplicación o entendimiento errado atribuye la parte
ejecutante a las providencias censuradas, en especial, los artículos 197, numeral 3
de la Ley 1437 de 2011 y 619 del Código de Comercio.
41. A efectos de determinar la configuración de dicho yerro, resulta indispensable
identificar el marco normativo aplicable al caso concreto, pues sólo a partir de las
disposiciones que regulan la materia es posible analizar si la interpretación acogida
por las autoridades judiciales accionadas se ajustó al ordenamiento jurídico o si, por
el contrario, se apartó de su contenido y alcance. Para dicho ejercicio, debe tenerse
en cuenta que la controversia sometida a conocimiento de las autoridades
accionadas se originó en un proceso ejecutivo promovido por el Instituto Financiero
de Casanare (IFC) para obtener el pago de una obligación dineraria representada en
un pagaré.
42. Sobre el particular, el artículo 297 del CPACA establece que los documentos que
constituyen título ejecutivo son, entre otros, “los contratos, los documentos en que
consten sus garantías, junto con el acto administrativo a través del cual se declare
su incumplimiento, el acta de liquidación del contrato, o cualquier acto proferido con
ocasión de la actividad contractual, en los que consten obligaciones claras, expresas
y exigibles, a cargo de las partes intervinientes en tales actuaciones”. De esa
disposición, se desprende con claridad que el legislador reconoció el carácter
ejecutivo a cualquier acto expedido con ocasión de la actividad contractual que
incorpore una obligación con las características exigidas por ley.
43. Al desatar el recurso de apelación, el Tribunal Administrativo de Casanare trajo a
colación dicha norma. A su vez, hizo referencia al artículo 422 del CGP, que prevé
que “Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y
exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante”.
44. A partir de ese marco normativo, consideró que se debía verificar si los
documentos aportados configuraban título ejecutivo y, en caso afirmativo, si este
resulta simple o complejo.
45. Revisado el material probatorio obrante en el expediente, determinó que la
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obligación incorporada en el pagaré cuya ejecución se pretendía se originó en un
contrato de mutuo. Por lo tanto, se requería que el título ejecutivo estuviera integrado
no solo por el referido título valor, sino por el contrato de mutuo en el que el Instituto
Financiero de Casanare debía expresar su consentimiento en los términos del
contrato.
46. Explicó que el instituto, en su condición de empresa industrial y comercial del
Estado, se encuentra sujeto al régimen previsto para estas entidades. En particular,
el artículo 93 de la Ley 489 de 1998, según el cual los contratos que celebren para
el cumplimiento de su objeto se sujetan a las disposiciones del Estatuto General de
Contratación.
47. Bajo esa premisa, el fallador determinó que al contrato de mutuo celebrado por el
IFC le resultaba aplicable la solemnidad prevista en el artículo 39 de la Ley 80 de
1993, que impone que los contratos estatales deben constar por escrito para su
perfeccionamiento.
48. Precisó que si bien el pagaré respaldaba las obligaciones derivadas de un contrato
celebrado por una entidad con carácter de estatal, era necesario comprobar la
existencia de este último, a fin de determinar que las partes del pagaré sean las
mismas del contrato y que las excepciones sean oponibles en el proceso ejecutivo.
49. Lo anterior, bajo la consideración según la cual “corresponde a la jurisdicción
contenciosa conocer de procesos ejecutivos derivados de aquellos contratos en los
que sea parte una entidad pública y que por definición constituyen contratos
estatales. Por ello, se requiere demostrar la causa subyacente del origen público de
los recursos”.
50. Al constatar que el contrato escrito de mutuo no fue aportado junto con el pagaré
objeto de ejecución, la autoridad accionada estimó acertada la conclusión del a quo
de abstenerse de seguir adelante con la ejecución, por no haberse integrado en
debida forma el título ejecutivo complejo.
51. Para esta Sala, ese razonamiento parte de una lectura parcial del marco normativo
aplicable. Si bien el Tribunal acudió al artículo 297 del CPACA para identificar los
documentos que prestan mérito ejecutivo ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, omitió considerar que el numeral 3 de esa misma disposición no
restringe esa calidad a los contratos estatales y a los documentos que los integran,
sino que también reconoce fuerza ejecutiva a “cualquier acto proferido con ocasión
de la actividad contractual” en el que consten obligaciones claras, expresas y
exigibles. Lo anterior, imponía examinar si el pagaré aportado con la demanda podía
subsumirse en dicho supuesto, antes de concluir que, necesariamente, debía
integrarse con el contrato de mutuo para conformar un título ejecutivo complejo.
52. A esa omisión se suma que el Tribunal no hizo un análisis sobre la normativa en
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Demandado: Tribunal Administrativo del Casanare y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
torno al documento cuya ejecución se pretendía. Pese a que la demanda ejecutiva
se fundó en un pagaré, la providencia prescindió de examinar las disposiciones del
Código de Comercio que regulan los títulos valores, en particular el artículo 619,
conforme al cual estos incorporan un derecho literal y autónomo cuyo ejercicio se
legitima mediante el propio documento.
53. En virtud de los principios de incorporación, literalidad, autonomía, abstracción y
circulación que caracterizan esta clase de instrumentos, el derecho incorporado en
el título es independiente de la relación causal que le dio origen, razón por la cual su
exigibilidad no depende de la acreditación del negocio jurídico subyacente.
54. No obstante, la decisión centró su análisis exclusivamente en la relación
contractual subyacente y en la figura del título ejecutivo complejo, sin valorar la
incidencia que la naturaleza jurídica del pagaré podía tener en la determinación de
su aptitud ejecutiva dentro del proceso.
55. Por consiguiente, la exigencia de la autoridad accionada limita el alcance de los
títulos valores para ser objeto de ejecución en sede judicial, y desborda los
parámetros de la razonabilidad jurídica, al acoger una interpretación que
desnaturaliza este tipo de documentos, los cuales, dada su naturaleza, incorporan
un derecho y son autónomos de la relación causal en virtud de la cual fueron creados.
56. Bajo ese escenario, carece de sustento legal la exigencia atinente a que se deba
aportar el contrato de mutuo para que, junto con el pagaré, constituya un título
ejecutivo complejo, motivo por el cual deberá ser examinada la aludida normativa por
la autoridad judicial, con el fin de que se analice si el pagaré comporta título ejecutivo,
es decir, si contiene una obligación clara, expresa y exigible.
57. Cabe destacar que la Corte Constitucional, en el auto A-2014 de 2024, al dirimir
el conflicto de jurisdicción suscitado respecto de este tipo de procesos ejecutivos,
examinó la naturaleza jurídica del negocio subyacente al pagaré y precisó que,
aunque este deriva de un contrato estatal, razón por la cual se asignaba la
competencia a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, tratándose de una
empresa industrial y comercial del Estado sometida al régimen de derecho privado,
conforme a los artículos 85 y 93 de la Ley 489 de 1998 y al artículo 14 de la Ley 1150
de 2007, el otorgamiento del crédito no exige la celebración de un contrato escrito.
Explicó que, de conformidad con los artículos 2221 y 2222 del Código Civil,
aplicables al mutuo comercial por remisión del Código de Comercio, dicho contrato
se perfecciona con la entrega del dinero objeto del préstamo.
58. En ese mismo pronunciamiento, la Corte sostuvo que el pagaré cuya ejecución se
pretendía constituía “un documento suscrito por una de las partes del negocio
subyacente (mutuo) en el que consta una obligación clara, expresa y exigible en
contra de esta, lo que corresponde a un título ejecutivo por ser uno de los
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Demandante: Instituto Financiero de Casanare (IFC)
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documentos a los que se refiere el numeral 3 del artículo 297 del CPACA”. Así, el
Alto Tribunal reconoció expresamente que ese título valor, por sí mismo, satisfacía
las exigencias legales para servir de fundamento a la acción ejecutiva, sin supeditarlo
a que mediara un contrato de mutuo por escrito.
59. Si bien su finalidad consistió en resolver un conflicto de jurisdicción, en dicha
providencia se analizó de manera conjunta la naturaleza del pagaré y del contrato de
mutuo, consideraciones que merecen especial atención de cara al problema jurídico
planteado en el presente asunto. Allí, se determinó que, en casos como el que ahora
se examina, los pagarés constituían un título ejecutivo, sin que se requiriera para tal
propósito aportar el contrato de mutuo que le dio origen, máxime cuando no se tenía
certeza de su existencia.
60. Visto lo anterior, no es admisible que el criterio fijado por la Corte Constitucional
para definir la competencia en este tipo de controversias sea acogido por el juez de
lo contencioso-administrativo para asumir su conocimiento, pero, a su vez, se
abstenga de continuar con el trámite con fundamento en exigencias adicionales -que
la propia Corte indicó que no eran indispensables- para la exigibilidad del título.
61. Entre otras cosas, porque lo que ha indicado el Alto Tribunal es que, si la entidad
estatal es acreedora de una obligación y funda su reclamo en un título valor, lo que
se puede suponer de esa situación es que subyace una relación contractual, que
determina la asignación de la competencia a la jurisdicción contencioso-
administrativa, sin que ello implique una habilitación para hacer exigencias como las
fijadas en la providencia cuestionada.
62. Por lo tanto, no le era dable al juez de la causa requerir un documento adicional,
que posiblemente no exista, para tener al pagaré como título ejecutivo, y con base
en esa exigencia de imposible cumplimiento coarte la posibilidad de la parte actora
de poder ejecutar vía judicial un título valor, el cual -se insiste- no requiere de
documento adicional, en tanto incorpora per se un derecho.
63. Ese entendimiento al que arribó la autoridad accionada a partir de un ejercicio
interpretativo apartado de las normas sustanciales que regulan la materia, a juicio de
esta Sala, además, conllevó al desconocimiento a las reglas de procedimiento
aplicables en los eventos en que un proceso es remitido a otra jurisdicción como
consecuencia de la declaratoria de falta de jurisdicción, que constituyó una de las
objeciones planteadas por la parte actora en el escrito de tutela.
64. El artículo 16 del CGP, aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA, prevé
que cuando se declare la falta de jurisdicción o la falta de competencia por los
factores subjetivo o funcional, las actuaciones surtidas conservarán su validez, con
excepción de la sentencia que eventualmente se hubiere proferido, la cual deberá
invalidarse.
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65. En consonancia con esa disposición, el artículo 138 ibídem establece que, una
vez declarada la falta de jurisdicción, el proceso debe remitirse de inmediato al juez
competente, sin que ello afecte la validez de las actuaciones procesales adelantadas
hasta ese momento.
66. En el caso que se analiza en esta oportunidad, para el momento en que el proceso
ejecutivo fue remitido a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, ya se había
librado mandamiento de pago.
67. Pese a lo anterior, el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Yopal, luego
de avocar conocimiento del asunto, so pretexto de ejercer el control de legalidad, se
abstuvo de continuar la ejecución con fundamento en la exigencia previamente
censurada por esta Sala y, en consecuencia, declaró la terminación del proceso.
68. Si bien no dejó sin efectos de manera expresa la actuación surtida en la
jurisdicción ordinaria, lo cierto es que, al abstenerse de continuar con el trámite, en
la práctica, le restó eficacia al mandamiento de pago. Así, aunque formalmente se
reconoció la validez de tal actuación, materialmente se desconocieron sus efectos
jurídicos, en contravía del mandato contenido en los artículos 16 y 138 del CGP;
irregularidad que terminó siendo convalidada por el Tribunal Administrativo de
Casanare en el auto del 24 de febrero de 2026.
69. En las condiciones anotadas, la Sala concluye que la providencia adoptada por el
Tribunal enjuiciado no sólo concretó un defecto sustantivo, por la interpretación
irracional de las normas sustanciales, sino también un yerro de tipo procedimental
absoluto, al haberse actuado al margen del procedimiento establecido para tales
efectos.
70. Por lo expuesto, se dispondrá la protección de los derechos fundamentales de
acceso a la administración de justicia y debido proceso de la parte actora. En
consecuencia, se dejará sin efectos el proveído del 24 de febrero de 2026 proferido
por el Tribunal Administrativo de Casanare para que, en su lugar, dicha autoridad
emita una decisión de reemplazo, que atienda los lineamientos impartidos en las
consideraciones de esta sentencia, orientados a que se aplique de forma razonable
la normativa aplicable al asunto.
71. La Sala considera pertinente llamar la atención a dicha Corporación para que, en
lo sucesivo, al resolver controversias en las que se pretenda la ejecución de un título
valor a favor de una empresa industrial y comercial del Estado, tenga en cuenta las
decisiones que han sido proferidas por esta Corporación y, particularmente, por esta
Subsección18, en asuntos similares al que se analiza en esta oportunidad. Ello, con
18 Al respecto, ver sentencias del 8 de mayo de 2026, exp. 11001-03-15-000-2026-02214-00, CP. José Roberto
Sáchica Méndez; 8 de mayo de 2026, exp. 11001-03-15-000-2026-01869-00, CP. Zoranny Castillo Otálora; 8 de
mayo de 2026, exp. 11001-03-15-000-2026-00997-01 CP. Zoranny Castillo Otálora; 28 de mayo de 2026, exp.
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el fin de que, a partir de los criterios que han motivado la intervención del juez
constitucional, efectúe una reflexión más rigurosa acerca de la forma en que deben
ser abordadas este tipo de controversias.
72.En consonancia con lo anterior, se exhortará al Presidente del Tribunal
Administrativo de Casanare para que organice mesas de estudio y trabajo, en las
que se aborden los aspectos centrales que concurren este tipo de controversias. Lo
anterior, sin perjuicio de la autonomía de cada una de las Salas de esa corporación
al momento de resolver los casos que se pongan a su consideración.
73. Lo anterior, habida cuenta de la multiplicidad de asuntos de esa misma naturaleza
que, de manera reciente, han sido sometidos a consideración del juez de tutela y en
los cuales se ha concedido el amparo solicitado, precisamente en razón a la manera
en que dicha Corporación ha venido dirimiendo ese tipo de controversias.
74. Enmérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: NEGAR LA SOLICITUD de someter el asunto al conocimiento de la Sala
Plena formulada por la parte actora, por las razones expuestas en la motivación de
esta providencia.
SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a
la administración de justicia del accionante.
TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTOS el auto del
24 de febrero de 2026 dictado por el Tribunal Administrativo de Casanare dentro del
proceso ejecutivo con radicado número 85001-3333-005-2025-00156-01, para que,
en el término de quince (15) días, contados a partir de la notificación de la presente
providencia, profiera una providencia de reemplazo, que tenga en cuenta las
consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
CUARTO: EXHORTAR al Presidente del Tribunal Administrativo de Casanare para
que organice mesas de estudio y trabajo, en las que se aborden los aspectos
centrales que concurren este tipo de controversias. Lo anterior, sin perjuicio de la
autonomía de cada una de las Salas de esa corporación al momento de resolver los
casos que se pongan a su consideración.
11001-03-15-000-2026-00021-01, CP. Zoranny Castillo Otálora; y 9 de julio de 2026, exp. 11001-03-15-000-
2026-04330-00, CP. José Roberto Sáchica Méndez.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06637-00
Demandante: Instituto Financiero de Casanare (IFC)
Demandado: Tribunal Administrativo del Casanare y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
QUINTO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
SEXTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTALORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE19
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
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