Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02214-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › 2026 › Radicado 11001-03-15-000-2026-02214-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02214-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-02214-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
8 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., ocho (08) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02214-00
Accionante: Instituto Financiero de Casanare (IFC)
Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare y otro1
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Auto emitido
dentro de proceso ejecutivo. Niega mandamiento de pago. No aportó junto con el
pagaré el contrato de mutuo que lo originó / ACCEDE AMPARO – Providencia
incurrió en defecto sustantivo. Desatendió normativa referente a los títulos ejecutivos
y títulos valores
Surtido el trámite de ley2, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia dentro de la acción de tutela
de la referencia.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1.
El 17 de marzo de 2026, el Instituto Financiero de Casanare (IFC), a través de su
gerente, promovió acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Casanare y
Juzgado Cuarto Administrativo de Yopal, con el fin de que se ampararan sus
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia.
2.
Solicitó que se dejaran sin efectos los autos de 5 de junio y 2 de octubre de 2025,
emitidos dentro del proceso ejecutivo 3 que incoó contra las señoras Lidy Diana
Bonilla Dueñas y Sonia Patricia Dueñas Camargo, encaminado a obtener el pago de
$8.368.800 representados en el pagaré 79357 de 15 de marzo de 2002, suscrito para
garantizar un crédito que se les otorgó.
1 Juzgado Cuarto Administrativo de Yopal.
2 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
3 Expediente 85001-33-33-004-2025-00250-00/01.
1
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02214-00
Accionante: Instituto Financiero de Casanare (IFC)
Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
3.
Mediante la providencia de 2 de octubre de 20254 se confirmó el proveído de 5 de
junio de esa anualidad, mediante el cual se negó el mandamiento de pago. Se
determinó que, de conformidad con el artículo 75 de la Ley 80 de 1993, se requería
aportar, además del pagaré, el respectivo contrato de mutuo, al constituir la fuente
de la obligación, sin embargo no se allegó. Dicha omisión impide evidenciar las
condiciones pactadas para recibir los pagos a que hubiere lugar.
4.
La parte actora sostuvo que se incurrió en violación directa de la Constitución,
así como desconocimiento del precedente de la Corte Constitucional. Se
inobservaron los autos A-2014 de 2024 y A-1455 de 2025 de la Corte Constitucional,
en los que (i) definió la competencia en cabeza de la jurisdicción contencioso-
administrativa de los procesos ejecutivos originados a partir de un título valor
(pagaré) suscrito en el marco de un contrato estatal regido por el derecho privado
(contrato de mutuo); (ii) explicó que en este tipo de procesos no debía mediar un
contrato de mutuo escrito, pues conforme a los artículos 2221 y 2222 del Código
Civil, bastaba con la entrega de la cosa dada en préstamo para el perfeccionamiento
del negocio jurídico; y (iii) concluyó que, en todo caso, en el pagaré consta una
obligación clara, expresa y exigible, lo que corresponde a un título ejecutivo
ejecutable en la jurisdicción contencioso-administrativa, por ser uno de los
documentos a los que se refiere el numeral 3 del artículo 297 del CPACA.
5.
Al respecto, las autoridades judiciales accionadas, con base en el mencionado
criterio, aceptan que tiene la jurisdicción para conocer de ese tipo de asuntos, pero
no aplican las premisas de que el contrato de mutuo no debía constar por escrito y
de la idoneidad del pagaré como título ejecutivo exigible ante la jurisdicción
contencioso-administrativa, lo que conlleva una denegación al acceso a la
administración de justicia.
6.
Al no observar las anteriores premisas se desconoció la fuerza vinculante de las
decisiones de la Corte Constitucional en su integridad, y se vulnera la seguridad
jurídica y la confianza legítima. Precisó que otorgó créditos sin que se suscribiera
contrato escrito de mutuo, por estar acogido al derecho privado en sus operaciones
de colocación de cartera, en ese sentido, queda sin la posibilidad real de hacer valer
sus créditos ante el aparato jurisdiccional.
7.
También se incurrió en defecto fáctico, pues se negó el mandamiento de pago,
a pesar de que se aportó el pagaré 79357 y la carta de instrucciones, que además
de ser un título valor que contiene una obligación clara, expresa y exigible, es
autónomo y, por ende, es un título ejecutivo simple, no complejo.
8.
Lo anterior, por cuanto se partió de una falacia al considerar que el contrato
estatal, al realizarse por una entidad del Estado, se rige únicamente por el
4 Frente a la que el magistrado Leonardo Galeano Guevara presentó salvamento de voto, al considerar que el
pagaré presentado cumple con los requisitos mínimos para su exigibilidad, por lo que no se debe exigir ninguna
formalidad adicional como el contrato de mutuo.
2
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02214-00
Accionante: Instituto Financiero de Casanare (IFC)
Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
procedimiento que establece la Ley 80 de 1993, lo cual desconoce que también
existen contratos del Estado que encuentran su regulación en el derecho privado,
así como entidades públicas cuya contratación se ciñe a tal normativa.
9.
En ese sentido, se precisa que al ser el IFC una Empresa Industrial y Comercial
del Estado, su regulación se encuentra contenida en el artículo 85 de la Ley 489 de
1998 y, en lo que atañe al régimen contractual, está consagrado en el artículo 93
ibidem (modificado por el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, modificado a su vez
por el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011). Con base en ello, la colocación de créditos
que ha realizado corresponde a su actividad propia o al giro ordinario de sus
negocios y, por consiguiente, se rigen por el derecho privado.
10.
Con base en lo anterior, al contrato de mutuo que otorga en desarrollo de la
actividad comercial de crédito propia del objeto social de la entidad, no le es aplicable
la Ley 80 de 1993 y, por tanto, tampoco está sometido a la solemnidad de constar
por escrito, contenida en el artículo 39 del estatuto de contratación. Ello por cuanto
es un contrato regido por el artículo 2221 del Código Civil, que, a la luz del artículo
2222 ibidem, se perfecciona con la entrega de la cosa, en este caso con el
desembolso del crédito.
11.
Asimismo, se le restó mérito ejecutivo al pagaré, pese a que contiene una
obligación clara, expresa y exigible, con lo que se desconoce la independencia,
autonomía y literalidad de los títulos valores consagrada en el artículo 619 del Código
de Comercio. Además, se le impone el cumplimiento de una condición imposible,
como lo es aportar un contrato de mutuo con la solemnidad de ser por escrito, y exigir
requisitos que la ley no contempla para su ejecución.
12.
Al respecto, se evidencia que conforme al artículo 297 (numeral 3) del CPACA, en
concordancia con el artículo 99 (numeral 5) ibidem; el título valor autónomamente es
exigible en la jurisdicción contencioso-administrativa. Dichas disposiciones estipulan
la exigibilidad de cualquier acto proferido con ocasión de la actividad contractual y
cualquier documento que provenga del deudor, como lo es el título valor, lo que
implica que no puede desconocerse su autonomía (artículos 621 y siguientes del
Código de Comercio).
13.
Por otro lado, se configuró defecto sustantivo, en tanto se interpretó de manera
indebida el artículo 297 del CPACA. Este precepto legal indica que presta mérito
ejecutivo cualquier acto proferido con ocasión de la actividad contractual, en los que
consten obligaciones claras, expresas y exigibles, como lo es el título valor respecto
del contrato (pagaré con carta de instrucciones que recoge un crédito). Sin embargo,
las autoridades judiciales exigen un contrato escrito (contrato de mutuo), como si
solo ello fuere ejecutable o si se tratara de un proceso contractual.
14.
También se inobservaron los artículos 299 del CPACA y 422 del CGP, que
preceptúan que prestan mérito ejecutivo los documentos que provengan del deudor
o de su causante y constituyan plena prueba contra él.
3
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02214-00
Accionante: Instituto Financiero de Casanare (IFC)
Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
15.
En conclusión, las autoridades judiciales dejaron de aplicar los artículos 2, 29 y
229 de la Constitución Política; 297 (numeral 3) y 99 (numeral 5) del CPACA; 85 y
93 de la Ley 489 de 1998; 93 de la Ley 1474 de 2011; 2221 y 2222 del Código Civil
y 621 y 709 del Código de Comercio.
16.
De igual modo, se presentó defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto. Se exigió el contrato de mutuo por escrito, bajo el argumento de integrar
el título ejecutivo, pese a que no se requiere, puesto que se ejecuta un título ejecutivo
simple, contenido en un valor autónomo, que contiene una obligación clara, expresa
y exigible (pagaré). Además, se pasó por alto que la falta de dicho contrato no se
originó en alguna omisión de la parte demandante, sino en la ley, en atención a la
naturaleza de empresa industrial y comercial del Estado, que permite que los actos
y contratos correspondientes al giro ordinario de sus negocios se adelanten conforme
a las normas de derecho privado, máxime que el contrato de mutuo se perfecciona
con la entrega de la cosa.
B. Trámite procesal y la contestación de la demanda
17.
Mediante auto de 25 de marzo de 20265, se admitió la acción de tutela, se ordenó
notificar a las autoridades demandadas y se vincularon a las señoras Lidy Diana
Bonilla Dueñas y Sonia Patricia Dueñas Camargo, en condición de terceras con
interés. De igual modo, ordenó comunicar la decisión a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado para lo de su cargo.
(i) Tribunal Administrativo de Casanare
18.
Adujo que la providencia de 2 de octubre de 2025 se sustentó en el análisis del
material probatorio allegado y la normativa aplicable al caso. Además, las tutelas que
se han instaurado con base en similares supuestos fácticos y jurídicos han sido
declaradas improcedentes, al no superar el presupuesto de relevancia
constitucional6.
19.
La decisión se adoptó con fundamento en la naturaleza jurídica del Instituto
Financiero de Casanare, empresa de Gestión Económica de carácter departamental,
sometida al régimen jurídico de las empresas industriales y comerciales del Estado,
contemplado en la Ley 489 de 1998. Por ende, los contratos que celebre para el
desarrollo de su objeto se sujetan a las disposiciones del Estatuto General de la
Contratación de las entidades estatales (artículo 93 ibidem). De tal manera, los
contratos deben constar por escrito en aplicación del artículo 39 de la Ley 80 de
1993, porque el negocio jurídico que subyace al pagaré que pretende ejecutarse es
un contrato estatal, y por ello se requiere prueba de su existencia en los términos del
5 Notificado el 6 y 14 de abril de 2026.
6 Expedientes 11001-03-15-000-2025-06405-00, sentencia de 27 de noviembre de 2025, C. P. Carlos Fernando
Mantilla Navarro; y 11001-03-15-000-2025-05581-00, sentencia de 28 de enero de 2026, C. P. Alberto Montaña
Plata.
4
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02214-00
Accionante: Instituto Financiero de Casanare (IFC)
Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
artículo 75 ibidem, pues el escenario corresponde al de un proceso ejecutivo en sede
de la jurisdicción contencioso-administrativa.
20.
Por lo anterior, se evidencia que no se han vulnerado los derechos fundamentales
invocados por el demandante y tampoco se configuran los defectos alegados. La
decisión fue proferida bajo el marco normativo y jurisprudencial aplicable al caso
concreto.
(ii) Juzgado Cuarto Administrativo de Yopal
21.
Indicó que la parte actora pretende que se surta una tercera instancia en lo que
atañe a la discusión de los presupuestos de índole jurisdiccional de lo contencioso-
administrativo analizados en primera y segunda instancia por los jueces naturales
establecidos para el efecto. Providencias que se encuentran ejecutoriadas, sin que
se desconozcan o vulneren derechos fundamentales.
22.
Señaló que en este caso, no se satisface el presupuesto de relevancia
constitucional. El accionante argumenta una inconformidad con la decisión adoptada,
al considerar que no se le puede exigir la integración de un título ejecutivo complejo
que para el caso no existe ni se requiere, alegando la exigibilidad por vía ejecutiva
de un título valor -pagaré- y que conlleva un alto riesgo por las obligaciones que se
persiguen. Sin embargo, ello comporta un simple desacuerdo con lo decidido sin
explicar la afectación a derechos fundamentales, sino solamente aspectos de índole
económico. Así lo ha determinado el Consejo de Estado 7 en tutelas con causas
similares.
23.
Además, no es dable que se alegue desconocimiento del auto 2014 de 2024 u
otros similares de la Corte Constitucional, al ser una providencia que dirime un
conflicto de competencia, no constituye un precedente judicial de obligatorio
cumplimiento para la jurisdicción contencioso-administrativa. Enuncia disposiciones
normativas civiles y comerciales aplicables a actividades económicas sin tener en
cuenta que el artículo 39 de la Ley 80 de 1993 involucra a todas y cada una de las
entidades estatales para que sus contratos consten por escrito.
II. CONSIDERACIONES
C. Cuestión previa
24. La parte accionante solicitó que, en aplicación del artículo 271 del CPACA, se
estudiara la presente acción en Sala Plena del Consejo de Estado, por importancia
jurídica y por impacto social y económico, en atención a que la decisión cuestionada
conlleva para la entidad pérdida de cartera a gran escala, que afecta de manera
grave su situación patrimonial. Postura que también afecta a otras dos entidades
7 Sentencia de 28 de agosto de 2025, expediente 11001-03-15-000-2025-04677-00, C. P. Juan Camilo Morales
Trujillo.
5
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02214-00
Accionante: Instituto Financiero de Casanare (IFC)
Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
públicas de Casanare (Instituto Financiero Empresarial de Yopal E.I.C.E. y Fondo
de Fomento Agropecuario y Microempresarial de Aguazul – FFAMA E.I.C.E.).
Detrimento causado por la imposibilidad de cobrar judicialmente la cartera vencida,
lo que cercena también la posibilidad de acceso a crédito de fomento a sectores
importantes como el de educación o el agropecuario de la región.
25.
La Sala negará la anterior petición. A pesar de que se evidencia la existencia de
varias acciones de tutela radicadas ante esta Corporación, lo cierto es que no
guardan correspondencia en los supuestos fácticos. En algunos casos los juzgados
administrativos dejaron sin efectos las actuaciones adelantadas ante los jueces
civiles, mientras que en otros omitieron referirse a dicho trámite primigenio, en el que
se había librado mandamiento ejecutivo, y se pronunciaron nuevamente en ese
sentido, pero para negarlo. En otros asuntos, el origen de la controversia está
relacionado con el aporte en original del contrato de mutuo o del pagaré respectivos 8.
Lo anterior, en principio, denota la posibilidad de que se adopten diferentes líneas
de decisión. Dicha circunstancia descarta la pretendida uniformidad interpretativa
que sustenta la solicitud de conocimiento por parte de la Sala Plena.
26. Además, al tratarse de una acción de tutela, el procedimiento se rige por las
disposiciones del Decreto Ley 2591 de 1991 y, en lo no previsto, por el CGP. La
competencia para conocer de estos asuntos se sujeta a las reglas de distribución
estipuladas en el reglamento interno del Consejo de Estado (Acuerdo 80 de 2019,
modificado por el Acuerdo 434 de 2024). Dichos ordenamientos no establecen que
las partes puedan solicitar el conocimiento de acciones de tutela por parte de la Sala
Plena, por razones de trascendencia social y económica.
27. Ahora bien, se precisa que ello ha ocurrido en esta Corporación por decisión de
esa propia instancia de decisión o por solicitud de alguna de las secciones. Así, en
2012 y 2014 la Sala Plena avocó conocimiento de dos solicitudes de amparo: una
por importancia jurídica9, para determinar la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, incluso contra aquellas dictadas por la propia
Corporación, de conformidad con las reglas fijadas hasta ese momento por la Corte
Constitucional, y la otra por la necesidad de unificar jurisprudencia10, entre otros,
para definir que seis meses era el término razonable para ejercer oportunamente la
acción de tutela contra providencias judiciales. En esa oportunidad, fue la Sección
Cuarta la que puso a consideración dicho asunto por importancia jurídica, dada la
«disparidad de criterios» existentes sobre el tema, solicitud que fue aceptada en
sesión del 14 de mayo de 2013 por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo 11.
8 Lo cual ocurrió en el expediente con radicación núm. 2026-00274-00, que también conoció esta Subsección y
que se resolvió mediante sentencia del 13 de febrero de 2026.
9 Sentencia de 31 de julio de 2012, expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ), C. P. María Elizabeth García
González.
10 Sentencia de 5 de agosto de 2014, expediente 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), C. P. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.
11 Ver el auto de 15 de mayo de 2013, expediente 11001-03-15-000-2012-02201-01, C. P. Carmen Teresa Ortiz
de Rodríguez.
6
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02214-00
Accionante: Instituto Financiero de Casanare (IFC)
Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
28.
En conclusión, el conocimiento por parte de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo en materia de acciones de tutela es excepcionalísima, y ocurre no por
solicitud de las partes, sino por decisión propia o previa petición de una de las
secciones, desde luego con la evidente necesidad de unificar criterios o en atención
a la importancia jurídica del asunto, lo cual, se insiste, no se presenta en este caso.
D. Análisis del caso concreto
29. La acción de tutela cumple con los presupuestos generales de procedencia, por
lo siguiente: (i) el asunto trasciende el ámbito de la mera legalidad y es de relevancia
constitucional, pues se presenta una argumentación clara y precisa que evidencia
un escenario de posible afectación del derecho de acceso a la administración de
justicia12, mediado por una interpretación restringida de las disposiciones que
regulan las categorías jurídicas de “título ejecutivo” y “título valor” en la jurisdicción
contencioso-administrativa, que determina la exigencia de requisitos cuya
razonabilidad debe ser valorada por el juez constitucional; (ii) el accionante hizo uso
de todos los medios que tenía a su alcance para procurar la salvaguarda de los
derechos fundamentales invocados13; (iii) el recurso de amparo constitucional fue
ejercido en un término razonables (17 de marzo de 2026), si se tiene en cuenta que
la notificación de la providencia censurada se realizó el 3 de octubre de 2025; y (iv)
no se trata de una solicitud de amparo interpuesta contra una sentencia proferida en
un proceso de la misma naturaleza o alguna de aquellas providencias que la
jurisprudencia ha excluido de este control constitucional.
30. En cuanto a las causales específicas de procedibilidad de la tutela, se invocaron
las de violación directa de la Constitución, desconocimiento del precedente y
defectos fáctico, sustantivo y procedimental por exceso ritual manifiesto. Sin
embargo, la Sala advierte que dichos reproches tienen su sustento, de manera
general, en la indebida interpretación normativa que regula la ejecución de títulos
ejecutivos ante la jurisdicción contencioso-administrativa, así como la relativa a los
títulos valores, lo que implicó falencias conceptuales en el análisis, que, a su vez
implicaron la inobservancia de lo razonado por la Corte Constitucional al abordar los
conflictos de jurisdicción suscitados en este tipo de asuntos, así como la valoración
inadecuada de los documentos aportados a la acción ejecutiva, imponiendo
exigencias adicionales a las previstas por la ley.
12 En sentencia SU-103 de 2022, reiterando lo expuesto en las decisiones T-131 de 2021 y T-244 de 2007, la
Corte Constitucional indicó que uno de los escenarios en los que un asunto reviste relevancia constitucional es
cuando “se desconoce, a priori, el derecho fundamental al acceso a la administración de justicia y al debido
proceso en su faceta constitucional”. Seguidamente, destacó que “el escenario en la cual la acción de tutela
pretende demostrar una violación al derecho al acceso a la administración de justicia, supone una vulneración
algunos de sus garantías fundamentales, como lo son (i) el acceso de toda persona al sistema judicial ; (ii) las
garantías previstas para el normal desarrollo del proceso ; y (iii) las que se relacionan con la decisión que se
adopta dentro del proceso y su capacidad de ser ejecutada”.
13 Interpuso recurso de apelación contra el auto que negó el mandamiento de pago, el cual fue despachado de
manera desfavorable con la providencia que aquí se censura.
7
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02214-00
Accionante: Instituto Financiero de Casanare (IFC)
Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
31. En esa medida, el estudio se centrará en el defecto sustantivo, pues de la
interpretación irrazonable de las disposiciones referidas a los títulos ejecutivos y a
los títulos valores, es que derivan las demás falencias que se atribuyen a la autoridad
judicial. Respecto de dicho yerro, la parte actora alegó inobservancia de los artículos
297 (numeral 3) y 99 (numeral 5) del CPACA; 85 y 93 de la Ley 489 de 1998; 93 de
la Ley 1474 de 2011; 2221 y 2222 del Código Civil y 621 y 709 del Código de
Comercio.
32. Con el fin de determinar la configuración de la aludida causal específica, se deben
precisar los preceptos legales que se avenían al caso puntual. Para tal efecto, se
debe tener en cuenta que la decisión judicial cuestionada se dictó en un proceso
ejecutivo que tenía como fin obtener el pago de una suma de dinero representada
en un pagaré, por tanto, se debe acudir, en primer lugar, a la norma que regula lo
relativo a los documentos que constituyen título ejecutivo ante la jurisdicción
contencioso-administrativa.
33. Al respecto, el artículo 297 del CPACA estipula que los documentos que
constituyen título ejecutivo son, entre otros, “los contratos, los documentos en que
consten sus garantías, junto con el acto administrativo a través del cual se declare
su incumplimiento, el acta de liquidación del contrato, o cualquier acto proferido con
ocasión de la actividad contractual, en los que consten obligaciones claras, expresas
y exigibles, a cargo de las partes intervinientes en tales actuaciones”.
34. Con base en la aludida normativa y en el artículo 422 del CGP, que prevé que
“Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles
que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante”, el
Tribunal accionado consideró que se debía verificar si los documentos aportados
configuraban título ejecutivo y, en caso afirmativo, si este resulta simple o complejo.
En este caso, como se pretendía ejecutar un pagaré que se originó en un contrato
de mutuo, se requería que el título ejecutivo estuviere integrado no solo por el
referido título valor, sino por el contrato de mutuo en el que el Instituto Financiero de
Casanare debía expresar su consentimiento en los términos del contrato, lo cual no
se allegó.
35. El juez natural también precisó que “si bien el pagaré respalda las obligaciones
derivadas de un contrato celebrado por una entidad con carácter de estatal, se debe
verificar la existencia de este último con el propósito de comprobar que las partes
del pagaré sean las mismas del contrato de mutuo y que las excepciones sean
oponibles en el proceso ejecutivo”. Ello, por cuanto “corresponde a la jurisdicción
contenciosa conocer de procesos ejecutivos derivados de aquellos contratos en los
que sea parte una entidad pública y que por definición constituyen contratos
estatales. Por ello, se requiere demostrar la causa subyacente del origen público de
los recursos y tal como se indicó no se allega el contrato fuente de la obligación, así
las cosas, no se configura el título ejecutivo complejo que determine el origen público
de los recursos que pretende ejecutar”.
8
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02214-00
Accionante: Instituto Financiero de Casanare (IFC)
Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
36. Sobre el particular, la Sala observa que el juez natural de la causa si bien invoca
la norma referente a los títulos ejecutivos, así como los que constituyen título
ejecutivo en la jurisdicción contencioso-administrativa, omite hacer referencia a que
en ese mismo numeral 3 del artículo 297 se preceptúa que también lo constituyen,
además de los contratos estatales, “cualquier acto proferido con ocasión de la
actividad contractual, en los que consten obligaciones claras, expresas y exigibles”,
como lo podría ser el pagaré objeto de ejecución.
37. Además, pese a que se pretendía la ejecución de un pagaré se omitió hacer
referencia a la normativa alusiva a este tipo de documentos, es decir, a los títulos
valores, los cuales, conforme al artículo 621 del Código de Comercio, “son
documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que
en ellos se incorpora”, lo que implica que no requieren de un documento adicional
para tal propósito, en virtud de los principios de autonomía e incorporación que los
rigen. Por consiguiente, la exigencia de la autoridad accionada limita el alcance de
los títulos valores para ser objeto de ejecución en vía judicial, y resulta por fuera de
las reglas de la razonabilidad, al acoger una interpretación que desnaturaliza este
tipo de documentos, que esencialmente incorporan un derecho y son autónomos de
la relación causal en virtud de la cual fueron creados.
38. En ese sentido, carece de sustento legal la exigencia atinente a que se deba
aportar el contrato de mutuo para que, junto con el pagaré, constituya un título
ejecutivo complejo, motivo por el cual deberá ser examinada la aludida normativa
por la autoridad judicial, con el fin de que se analice si el pagaré comporta título
ejecutivo, es decir, si contiene una obligación clara, expresa y exigible.
39. Cabe anotar que la Corte Constitucional, en el auto A-2014 de 2024, al asignar la
competencia para conocer de este tipo de asuntos a la jurisdicción contencioso-
administrativa, sostuvo que si bien el negocio jurídico subyacente al título ejecutivo
que pretende ejecutarse es un contrato estatal, razón por la que asignaba a aquella
la competencia, admitió que como en este caso se trataba de una empresa industrial
y comercial del Estado, la cual, conforme a los artículos 85 y 93 de la Ley 489 de
1998 y el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, se rige por el derecho privado; era
posible que “al momento de autorizar un crédito, como ocurrió en el caso concreto,
no debía mediar un contrato escrito pues conforme a los artículos 2221 y 2222 del
Código Civil (aplicables al mutuo comercial conforme a la remisión del artículo 473
del Código de Comercio) basta con la entrega de la cosa dada en préstamos para
el perfeccionamiento del negocio jurídico”.
40. Asimismo, se indicó en dicho pronunciamiento judicial que el pagaré que se
pretendía ejecutar “es un documento suscrito por una de las partes del negocio
subyacente (mutuo) en el que consta una obligación clara, expresa y exigible en
contra de esta, lo que corresponde a un título ejecutivo por ser uno de los
documentos a los que se refiere el numeral 3 del artículo 297 del CPACA”.
9
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02214-00
Accionante: Instituto Financiero de Casanare (IFC)
Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
41. Con base en la anterior decisión judicial, la Sala evidencia que la Corte
Constitucional si bien tenía como fin dirimir la competencia para conocer de los
asuntos como el que concierne a este caso, lo cierto es que señaló que los pagarés
expedidos en esos supuestos fácticos sí constituían título ejecutivo, sin que se
requiriera para tal propósito aportar el contrato de mutuo que le dio origen, máxime
cuando no se tenía certeza de su existencia. De manera que no es admisible que el
criterio acogido por esa corporación para definir la competencia se use como
argumento para fijar exigencias adicionales -que esa misma Corte indicó que no
eran indispensables- para librar mandamiento de pago. Entre otras cosas, porque lo
que ha indicado la Corte Constitucional es que si la entidad estatal es acreedora de
una obligación y funda su reclamo en un título valor, lo que se puede suponer de
esa situación es que subyace una relación contractual, que determina la asignación
de la competencia a la jurisdicción contencioso-administrativa; pero ello en ningún
momento supone una habilitación para hacer exigencias como las fijadas en la
providencia cuestionada.
42. Conforme con lo hasta aquí planteado, no le es dable al juez de la causa que en
este caso exija un documento adicional, que posiblemente no exista, para tener al
pagaré como título ejecutivo, y con base en esa exigencia de imposible cumplimiento
coarte la posibilidad de la parte actora de poder ejecutar vía judicial un título valor,
el cual, como se expuso en precedencia, no requiere de documento adicional en
tanto incorpora per se un derecho.
43. Además, el Tribunal accionado exige la presentación del contrato de mutuo para
corroborar que las partes que figuran en el pagaré sean las mismas que en dicho
contrato, lo cual, en el evento de existir y aportar tal contrato, no se hallaría
comprobado. En la medida en que el instituto tutelante es endosatario de dicho título,
pues el pagaré estaba a favor del Icetex, es decir, no habría correspondencia de
partes. Por tanto, aquella exigencia restringiría en forma irracional el principio de
circulación del título valor y la posibilidad de las entidades públicas de participar en
transacciones comerciales o utilizar esta clase de instrumentos mercantiles en sus
operaciones.
44. Ahora bien, si la autoridad judicial considera que en este caso puntual, al mediar
el endoso, sin que se observe cesión de contrato, el título ejecutivo no deriva de un
contrato estatal, sino únicamente del título valor, bien podría suscitar el respectivo
conflicto de competencia ante la Corte Constitucional, con el fin de que esa
Corporación defina si tal situación se enmarca o no dentro de los presupuestos para
que asuma el conocimiento de la controversia. Lo que no es admisible desde la
óptica constitucional es que se aplique el criterio definido por la Corte, para avocar
el conocimiento del caso, y realizar exigencias desproporcionadas que
desnaturalizan el título valor base de la ejecución, a la vez que anulan la posibilidad
de acceder a la administración de justicia.
45.
En ese orden de ideas, la Sala accederá al amparo de los derechos fundamentales
al debido proceso y acceso a la administración de justicia, al haber incurrido el
10
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02214-00
Accionante: Instituto Financiero de Casanare (IFC)
Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Tribunal accionado en defecto sustantivo, y, en consecuencia, dejará sin efectos el
proveído de 2 de octubre de 2025, con el fin de que esa Corporación en el término
de quince (15) días contados a partir de la notificación de la presente decisión adopte
una providencia en la que se concreten las directrices impartidas en las
consideraciones de esta sentencia, orientadas a que se aplique de forma razonable
la normativa referente a los títulos ejecutivos y los títulos valores.
46.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: NEGAR LA SOLICITUD de someter el asunto al conocimiento de la Sala
Plena, formulada por la parte actora, por las razones expuestas en la motivación de
esta providencia.
SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a
la administración de justicia del tutelante, en atención a la motivación planteada.
TERCERO: Como consecuencia, se dispone DEJAR SIN EFECTOS el proveído de
2 de octubre de 2025 emitido por el Tribunal Administrativo de Casanare dentro del
proceso ejecutivo 85001-33-33-004-2025-00250-01, para que en el término de
quince (15) días contados a partir de la notificación de la presente decisión adopte
una providencia en la que se concreten las directrices impartidas, orientadas a que
se aplique de forma razonable la normativa referente a los títulos ejecutivos y los
títulos valores.
CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
QUINTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional el expediente para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE14
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
14 VF
11
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02214-00
Accionante: Instituto Financiero de Casanare (IFC)
Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
12
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.