Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06351-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06351-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-06351-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
21 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06351-00
Demandante: Instituto Financiero de Casanare (IFC)
Demandado: Tribunal Administrativo del Casanare y otro
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AMPARA –
configuración de defecto sustantivo / indebida aplicación e interpretación normativa
Surtido el trámite de ley, sin que se advierta irregularidad que invalide lo actuado,
procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del proceso de amparo
constitucional de la referencia.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1. El 11 de agosto de 2026, el Instituto Financiero de Casanare (IFC), por conducto
de su gerente, promovió acción de tutela contra el Juzgado Cuarto Administrativo del
Circuito de Yopal y el Tribunal Administrativo de Casanare, en busca de que se
ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia.
2. Sostuvo que tales garantías fueron vulneradas con ocasión de los autos del 5 de
junio de 2025 y 12 de febrero de 2026, proferidos por las autoridades accionadas al
interior del proceso ejecutivo1 que instauró el instituto en contra de las señoras Mary
Zuleima Peña Vargas y Luz Mariela de Jesús Lopera Londoño, con el propósito de
obtener el pago de una suma de dinero por concepto del capital representado en un
pagaré, suscrito para garantizar un crédito a título de mutuo que les fue otorgado.
3. Inicialmente el conocimiento de ese asunto correspondió al Juzgado Cuarto Civil
Municipal de Yopal, el cual, mediante auto del 24 de abril de 2025, declaró la falta de
jurisdicción. En consecuencia, ordenó remitir el expediente a los juzgados
administrativos de Yopal.
1 Con radicado número: 85001-3333-004-2025-00252-00.
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Demandante: Instituto Financiero de Casanare (IFC)
Demandado: Tribunal Administrativo del Casanare y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
4. El proceso fue asignado por reparto al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito
de Yopal, despacho que -por auto del 5 de junio de 2025- dispuso no librar
mandamiento de pago, tras considerar que el título ejecutivo no se constituyó en
debida forma, dado que no se allegó el contrato de mutuo.
5. Contra la decisión anterior, la parte ejecutante interpuso recurso de reposición y,
en subsidio, apelación. El primero fue resuelto desfavorablemente a través de auto
del 4 de diciembre de 2025, providencia en la, además, se concedió la alzada ante
el Tribunal Administrativo de Casanare.
6. Dicha corporación, mediante auto del 12 de febrero de 2026, confirmó la decisión
recurrida. Señaló que el Instituto Financiero de Casanare se encuentra sometido al
régimen jurídico de las empresas industriales y comerciales del Estado. Por lo tanto,
indicó que los contratos celebrados para el desarrollo de su objeto se rigen por el
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, conforme el cual
dichos contratos deben constar por escrito. En ese orden, estimó que el
mandamiento de pago solo podía librarse si el título ejecutivo estaba integrado no
solo por el pagaré, sino también por el contrato de mutuo, al tratarse de un título
ejecutivo complejo.
7. Aunado a lo anterior, el Tribunal consideró que la parte ejecutante no cumplió con
la exhibición del título valor en los términos del artículo 624 del Código de Comercio,
dado que no aportó copia original de aquel, lo que impedía su cobro.
8. Como fundamento de la presente acción, la parte accionante sostuvo que las
autoridades judiciales accionadas incurrieron en los siguientes defectos:
9. Violación directa de la Constitución, puesto que, bajo el supuesto de integrar un
título ejecutivo complejo, los falladores realizaron una interpretación arbitraria que
restringió injustificadamente el derecho de acción.
10. Señaló además que dicha conclusión desconoce las reglas fijadas por la Corte
Constitucional en los autos A-2014 de 2024 y A-1455 de 2025, en los que se precisó
que: (i) las empresas industriales y comerciales del Estado, en el desarrollo de sus
actividades comerciales y contractuales, se rigen por el derecho privado y, por tanto,
al momento de otorgar el crédito no es exigible un contrato escrito, pues de
conformidad con los artículos 2221 y 2222 del Código Civil, el contrato se perfecciona
con la entrega del dinero; y, (ii) el pagaré incorpora una obligación clara, expresa y
exigible y constituye un título ejecutivo susceptible de ejecución ante la jurisdicción
de lo contencioso-administrativo, en los términos del numeral 3 del artículo 297 del
CPACA. Indicó que ese criterio fue reiterado por el Alto Tribunal en auto 1455 del 17
de septiembre de 2025.
11. Defecto fáctico, al restarle mérito ejecutivo el pagaré aportado con la demanda,
pese a que este constituye un título autónomo que contiene una obligación clara,
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expresa y exigible, por lo que no requiere un contrato de mutuo escrito para su
conformación.
12. Arguyó que el Tribunal partió de una premisa equivocada al asumir que todos los
contratos estatales se rigen exclusivamente por la Ley 80 de 1993, sin considerar
que existen contratos estatales sometidos al derecho privado. Explicó que, dada la
naturaleza jurídica del Instituto Financiero de Casanare como empresa industrial y
comercial del Estado, su régimen se encuentra previsto en el artículo 85 de la Ley
489 de 1998 y que el otorgamiento de créditos, como actividad propia de su objeto,
se rige por el derecho privado, conforme al artículo 14 de la Ley 1150 de 2007,
modificado por el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011.
13. En ese sentido, afirmó que el contrato de mutuo objeto del proceso se rige por las
normas de derecho privado, en particular por los artículos 2221 y 2222 del Código
Civil, según los cuales dicho contrato se perfecciona con la entrega de la cosa
fungible y no mediante su formalización por escrito.
14. Manifestó que aunque no existe un contrato de mutuo solemne e independiente
del pagaré, ello no impide su perfeccionamiento, pues este ocurrió con el
desembolso del préstamo efectuado por el Instituto al deudor.
15. En ese orden, argumentó que las autoridades accionadas desconocieron la
exigibilidad del pagaré e impusieron un requisito no previsto en el ordenamiento
jurídico, al exigir un contrato de mutuo por escrito.
16. Defecto sustantivo, por omitir aplicar los artículos 2, 29 y 229 de la Constitución;
99 y 297 de la Ley 1437 de 2011; 85 y 93 de la Ley 498 de 1998; 93 de la Ley 1474
de 2011, 2221 y 2222 del Código Civil; 619 y 709 del Código de Comercio y 16 del
Código General del Proceso.
17. Expuso que tanto el CGP como el CPACA reconocen mérito ejecutivo a los
documentos provenientes del deudor que constituyan plena prueba en su contra.
Añadió que, en particular, este último cuerpo normativo extiende esa fuerza ejecutiva
a cualquier acto proferido con ocasión de la actividad contractual que contenga
obligaciones claras, expresas y exigibles.
18. Defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, al exigir un contrato de
mutuo escrito para integrar un supuesto título ejecutivo complejo, con fundamento
en una interpretación contraria al ordenamiento jurídico. Destacó que la inexistencia
de un contrato escrito no obedeció a una omisión de la entidad demandante, sino al
régimen jurídico que le es aplicable.
19. Adujo que la exigencia relativa a la exhibición del título también comporta un
exceso ritual manifiesto. Explicó que el pagaré si fue aportado con la demanda, solo
que de manera digitalizada en observancia de la Ley 2213 de 2022, conforme la cual
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tanto la demanda como sus anexos deben presentarse a través de mensajes de
datos, sin que sea necesario acompañar copias físicas, ni digitales; razonamiento
que ha sido acogido por la Corte Suprema de Justicia.
20. En todo caso, afirmó que si el juez de conocimiento lo consideraba necesario
bastaba con un requerimiento y la habilitación de un canal de entrega para hacer
llegar el documento en físico, pero no, de entrada, cercenar el acceso a la
administración de justicia, sin siquiera efectuar un requerimiento previo.
21. Resaltó que la decisión del Tribunal no fue unánime. Uno de los magistrados salvó
voto, al considerar que: (i) la regla fijada por la Corte Constitucional no exige la
conformación de un título ejecutivo complejo; (ii) el cambio de jurisdicción no puede
alterar la naturaleza del derecho sustancial; y (iii) el título valor es exigible de manera
autónoma en la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
22. Añadió que, las distintas Secciones de esta Corporación al abordar el estudio de
casos similares ha concedido el amparo solicitado. Como soporte de ello, citó las
sentencias del 13 de noviembre de 20252, 29 de enero3, 9 de febrero4, 2 de marzo5,
20 de abril6, 87 y 288 de mayo, 29, 910 y 1711 de julio de 2026.
23. Por último, solicitó que el presente asunto fuera decidido por la Sala Plena del
Consejo de Estado, en aplicación del artículo 271 del CPACA. Sustentó su petición
en la importancia jurídica, así como el impacto social y económico del caso. Lo
anterior, dado que la tesis acogida por los Juzgados Primero, Tercero, Cuarto y
Quinto Administrativos de Yopal, respaldada mayoritariamente por el Tribunal
Administrativo de Casanare, consistente en exigir un contrato de mutuo escrito para
librar mandamiento de pago con fundamento en un pagaré, vulnera los derechos al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia de tres entidades públicas
del departamento de Casanare y genera un grave detrimento patrimonial, al impedir
el cobro judicial de la cartera vencida. Agregó que esa situación compromete su
viabilidad financiera y limita el acceso a créditos de fomento para sectores
estratégicos como la educación y el agropecuario.
B. Trámite procesal
2 Exp. 11001-03-15-000-2025-05435-00.
3 Exp. 11001-03-15-000-2025-07470-00.
4 Exp. 11001-03-15-000-2025-05003-00.
5 Exp. 11001-03-15-000-2026-00426-00
6 En esta fecha refirió tres decisiones emitidas en el marco de los procesos 11001-03-15-000-2025-07910-01,
11001-03-15-000-2026-01087-00 y 11001-03-15-000-2026-01919-00.
7 En esta fecha aludió dos fallos proferidos dentro de los expedientes de tutela 11001-03-15-000-2026-01869-00
y 11001-03-15-000-2026-0997-01.
8 Exp. 11001-03-15-000-2026-00021-01.
9 Exp. 11001-03-15-000-2026-01087-01.
10 En esta fecha hizo referencia a cuatro providencias dictadas al interior de los procesos de tutela con radicado
número 11001-03-15-000-2026-03753-00, 11001-03-15-000-2026-03894-00, 11001-03-15-000-2026-04141-00
y 11001-03-15-000-2026-04425-00.
11 Exp. 11001-03-15-000-2026-03768-00.
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Demandado: Tribunal Administrativo del Casanare y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
24. Mediante auto del 13 de agosto de 2026, se dispuso: (i) admitir la acción de tutela;
(ii) notificar de su presentación a las autoridades accionadas; (iii) vincular a las
señoras Mary Zuleima Peña Vargas y Luz Mariela de Jesús Lopera Londoño, en
calidad de terceros con interés; (iv) comunicar la decisión a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado; y (v) requerir al Juzgado Cuarto Administrativo del
Circuito de Yopal para que remitiera copia digital del expediente con radicado número
850013333-004-2025-00252-00/01.
25. El Tribunal Administrativo de Casanare12 solicitó declarar improcedente el
mecanismo de amparo, al considerar que no satisface el requisito de relevancia
constitucional. Ello, por cuanto la discusión planteada no evidencia una afectación
real y directa de derechos fundamentales. Indicó que su propósito es reabrir un
debate estrictamente legal, que ya fue resuelto por el juez natural de la causa. En
respaldo de sus afirmaciones, mencionó que esta Corporación, en casos similares,
ha concluido que la controversia no reviste relevancia constitucional.
26. El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Yopal13 sostuvo que la parte
actora pretende convertir la acción de tutela en una instancia adicional al proceso
ordinario, con el fin de discutir un asunto de orden legal que ya fue debidamente
analizado por los jueces de instancia.
27. Las señoras Mary Zuleima Peña Vargas y Luz Mariela de Jesús Lopera Londoño14
informaron que el pagaré objeto de ejecución en el proceso cuestionado pertenece
a la cartera originada en el convenio interadministrativo celebrado entre el
departamento de Casanare y el ICETEX para el financiamiento de créditos
educativos, que fue reglamentado a través del Acuerdo 28 de 2021.
28. Expusieron que algunos partes de dicho acuerdo fueron declarados nulos por el
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Yopal mediante sentencia del 3 de
agosto de 202615, al considerar que la exigibilidad de los pagarés, el llenado de
espacios en blanco, la configuración de la mora y la prescripción de la acción
cambiaria son asuntos sometidos a reserva legal y, por tanto, no pueden ser
modificados o suspendidos a través de un acto administrativo.
29. Argumentaron que existe una contradicción entre la fecha real del vencimiento de
las cuotas y la fecha de mora indicada por el IFC, por lo que no es posible sostener
que de los documentos aportados con la demanda ejecutiva se desprenda una
obligación clara, expresa y actualmente exigible.
12 Intervención digital contenida en 3 folios.
13 Intervención digital contenida en 9 folios.
14 Intervención digital contenida en 4 folios.
15 Proferida dentro del medio de control de nulidad con radicado número 85001-33-33-002-2025-00440-00.
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30. Señalaron que las pretensiones formuladas en el escrito de tutela desbordan el
alcance del mecanismo de amparo, pues se encaminan a que el juez constitucional
sustituya al juez natural y ordene directamente que se libre mandamiento de pago.
Agregaron que la solicitud orientada a que se otorguen efectos inter comunis a la
eventual orden de amparo tampoco resulta procedente, comoquiera que la
exigibilidad de cada pagaré está sujeta a los supuestos fácticos de cada caso.
31. En razón a lo anterior, solicitaron negar el amparo. De forma subsidiara, en el
evento de encontrar configurado algún yerro relacionado con la exigencia de un
contrato de mutuo escrito, pidieron que la decisión se limite a ordenar al juez
ejecutivo dictar una providencia de reemplazo en la que se examine integralmente el
título cuya ejecución se pretende bajo las reglas aplicables. A su vez, solicitaron tener
como prueba sobreviniente el fallo proferido el 3 de agosto de 2026 por el Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito de Yopal.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
C. Cuestión previa
32. La Sala negará la solicitud encaminada a que la presente acción sea decidida por
la Sala Plena de esta Corporación.
33. Si bien se constató la existencia de varias acciones de tutela radicadas ante esta
Corporación, en las que se discuten decisiones adoptadas en el marco de procesos
ejecutivos promovidos por el Instituto Financiero de Casanare, no todas versan sobre
el mismo problema jurídico, ni presentan identidad en los supuestos fácticos. En
algunos eventos los juzgados administrativos dejaron sin efectos las actuaciones
surtidas ante los jueces civiles; en otros omitieron referirse sobre dicho trámite
primigenio, en el que se había librado mandamiento ejecutivo, y se pronunciaron
nuevamente en ese sentido, pero para negarlo; mientras que en algunos casos el
conocimiento del proceso correspondió desde su inicio a la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, sin que mediara remisión desde la jurisdicción ordinaria.
En cambio, en otros asuntos, el origen de la controversia ha girado en torno al aporte
en original del contrato de mutuo o del pagaré respectivos16.
34. Las diferencias advertidas evidencian que los asuntos sometidos a consideración
del juez constitucional presentan particularidades fácticas relevantes, susceptibles
de conducir a soluciones jurídicas distintas. Circunstancia que, de entrada, descarta
la pretendida uniformidad interpretativa que sustenta la solicitud de conocimiento por
parte de la Sala Plena.
35. A lo anterior, se suma que el trámite de la acción de tutela se rige por las
16 Lo cual ocurrió en el expediente con radicación núm. 2026-00274-00, que también conoció esta Subsección y
que se resolvió mediante sentencia del 13 de febrero de 2026.
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disposiciones del Decreto Ley 2591 de 1991 y, en los aspectos no previstos, por el
CGP. La competencia para conocer de este tipo de acciones se determina conforme
las reglas de distribución previstas en el reglamento interno del Consejo de Estado
(Acuerdo 80 de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 2024). Dichos
ordenamientos no contemplan la posibilidad de que las partes soliciten el
conocimiento de un asunto por la Sala Plena, por razones de trascendencia social y
económica.
36. Cabe precisar que, de manera excepcional, la Sala Plena del Consejo de Estado
ha asumido el conocimiento de acciones de tutela. No obstante, ello ha obedecido
exclusivamente a una decisión adoptada por esa propia instancia o a solicitud de
alguna de las secciones de la Corporación. En 2012 y 2014 la Sala Plena conoció
dos solicitudes de amparo. La primera, por importancia jurídica17, con la finalidad de
establecer la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, con
inclusión de aquellas dictadas por el mismo cuerpo colegiado, a la luz de las reglas
fijadas hasta ese momento por la Corte Constitucional. La segunda, dada la
necesidad de unificar jurisprudencia18, entre otros aspectos, para determinar el
término razonable para ejercer oportunamente el mecanismo de amparo contra
providencias judiciales. En este último caso, la Sección Cuarta sometió a
consideración dicho asunto por importancia jurídica, dada la “disparidad de criterios”
existentes sobre el tema, solicitud que fue aceptada en sesión del 14 de mayo de
2013 por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo19.
37. En suma, el conocimiento por parte de la Sala Plena de lo Contencioso-
Administrativo en materia de acciones de tutela es excepcionalísima, cuya
competencia no se activa a petición de parte, sino por decisión propia o previa
solicitud de una de las secciones, ante la necesidad de unificar criterios o en atención
a la importancia jurídica del asunto. Presupuestos que no se acreditan en el caso
puesto a consideración de esta Sala.
D. Caso concreto
38. Esta Subsección encuentra que la acción de tutela satisface los requisitos
generales para habilitar la procedencia excepcional del mecanismo de amparo
contra providencia judicial.
39. El presente asunto reviste relevancia constitucional, no solo porque la demanda
cumple con la carga argumentativa exigida, en tanto identifica de forma clara y
concreta los motivos de la violación que se atribuyen a la providencia objetada, sino
17 Sentencia de 31 de julio de 2012, expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ), C. P. María Elizabeth
García González.
18 Sentencia de 5 de agosto de 2014, expediente 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), C. P. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.
19 Ver el auto de 15 de mayo de 2013, expediente 11001-03-15-000-2012-02201-01, C. P. Carmen Teresa Ortiz
de Rodríguez.
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también porque el debate propuesto trasciende la esfera de lo constitucional.
40. La controversia gira en torno a la presunta indebida interpretación y aplicación de
las disposiciones que regulan las categorías jurídicas de “título ejecutivo” y “título
valor” en la jurisdicción de lo contencioso administrativo; entendimiento que sirvió de
fundamento para abstenerse de continuar con el trámite ejecutivo y, por esa vía,
impidió que la parte ejecutante obtuviera un pronunciamiento sobre la satisfacción
de la obligación reclamada, lo que, de llegar a constatarse, tendría la entidad de
impactar de forma directa el ejercicio efectivo de los derechos de acceso a la
administración de justicia y al debido proceso de la tutelante. Por lo tanto, la discusión
suscitada involucra un eventual desconocimiento de tales garantías ante una
interpretación que determinó la exigencia de requisitos cuya razonabilidad debe ser
valorada por el juez de tutela.
41. Aunado a lo anterior, (i) la parte accionante agotó todos los medios idóneos y
eficaces que tenía a su alcance para obtener la protección de los derechos
fundamentales objeto de reclamo; (ii) la solicitud de amparo fue ejercida
oportunamente, pues fue presentada el 11 de agosto del año en curso, es decir,
dentro de un plazo razonable desde la notificación del auto que resolvió de forma
definitiva la controversia sobre el mandamiento de pago (13 de febrero de 2026) y
(iii) no se trata de una tutela interpuesta contra una sentencia proferida en un proceso
de la misma naturaleza o alguna de aquellas providencias que la jurisprudencia ha
excluido de este control constitucional.
42. Superado lo anterior, corresponde a la Sala examinar las causales específicas de
procedibilidad atribuidas a la sentencia objeto de reproche20.
43. Aunque la parte actora alegó la ocurrencia de un defecto fáctico, sustantivo,
procedimental por exceso ritual manifiesto y violación directa de la Constitución, sus
reparos se originan principalmente en la interpretación que efectuaron las
autoridades judiciales accionadas sobre las disposiciones que regulan la ejecución
de títulos ejecutivos ante la jurisdicción contencioso-administrativa, así como la
relativa a los títulos valores.
44.Según se expuso, ese ejercicio interpretativo conllevó a una indebida
caracterización del título cuya ejecución se perseguía, al desconocimiento del
régimen aplicable al contrato de mutuo celebrado por una empresa industrial y
comercial del Estado, a la inobservancia de los criterios fijados por la Corte
Constitucional al resolver conflictos de jurisdicción sobre esta materia y a una
valoración errónea de los documentos aportados con la demanda, al exigir requisitos
adicionales no previstos en el ordenamiento jurídico para reconocerles mérito
20 Aunque la parte actora cuestionó los autos del 5 de junio de 2025 y 12 de febrero de 2026, proferidos por el
Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Yopal y el Tribunal Administrativo de Casanare, el análisis debe
centrarse en esta última providencia por ser la que resolvió de manera definitiva el asunto.
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ejecutivo.
45. Bajo ese escenario, esta Subsección centrará su análisis en el presunto defecto
sustantivo, pues a partir la interpretación que las autoridades accionadas realizaron
de las normas que regulan los títulos ejecutivos se derivan los demás reproches
formulados por la parte actora.
46. Por lo tanto, el estudio se circunscribirá a establecer si esa interpretación resulta
compatible con las normas cuya inaplicación o entendimiento errado atribuye la parte
accionante a las providencias censuradas, en especial, los artículos 197, numeral 3
de la Ley 1437 de 2011 y 619 del Código de Comercio.
47. A efectos de determinar la configuración de dicho yerro, resulta indispensable
identificar el marco normativo aplicable al caso concreto, pues solo a partir de las
disposiciones que regulan la materia es posible analizar si la interpretación acogida
por las autoridades judiciales accionadas se ajustó al ordenamiento jurídico o, por el
contrario, se apartó de su contenido y alcance. Para dicho ejercicio, debe tenerse en
cuenta que la controversia sometida a conocimiento de las autoridades accionadas
se originó en un proceso ejecutivo promovido por el Instituto Financiero de Casanare
(IFC) para obtener el pago de una obligación dineraria representada en un pagaré.
48. Sobre el particular, el artículo 297 del CPACA establece que los documentos que
constituyen título ejecutivo son, entre otros, “los contratos, los documentos en que
consten sus garantías, junto con el acto administrativo a través del cual se declare
su incumplimiento, el acta de liquidación del contrato, o cualquier acto proferido con
ocasión de la actividad contractual, en los que consten obligaciones claras, expresas
y exigibles, a cargo de las partes intervinientes en tales actuaciones”. De esa
disposición, se desprende con claridad que el legislador reconoció el carácter
ejecutivo a cualquier acto expedido con ocasión de la actividad contractual que
incorpore una obligación con las características exigidas por ley.
49. Al desatar el recurso de apelación, el Tribunal Administrativo de Casanare trajo a
colación dicha norma. A su vez, hizo referencia al artículo 422 del CGP, que prevé
que “Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y
exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante”.
50. Esbozado lo anterior, confrontó el marco normativo con el material probatorio
obrante en el expediente. A partir de ese análisis, concluyó que la obligación
incorporada en el pagaré cuya ejecución se pretendía correspondía al deber de los
ejecutados de restituir el dinero recibido con ocasión de un crédito. Consideró que
esa relación jurídica se enmarcaba en un contrato de mutuo o préstamo de consumo,
regulado en el artículo 2221 del Código Civil.
51. Indicó que el Instituto Financiero de Casanare (IFC), en su condición de empresa
industrial y comercial del Estado, se encuentra sujeto al régimen previsto para estas
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
entidades. En particular, el artículo 93 de la Ley 489 de 1998, según el cual los
contratos que celebren para el cumplimiento de su objeto se sujetan a las
disposiciones del Estatuto General de Contratación de las entidades estatales.
52. Bajo esa premisa, el fallador determinó que al contrato de mutuo celebrado por el
IFC le resultaba aplicable la solemnidad prevista en el artículo 39 de la Ley 80 de
1993, que impone que los contratos estatales deben constar por escrito para su
perfeccionamiento.
53. Al constatar que este no fue aportado junto con el pagaré objeto de ejecución,
estimó acertada la conclusión del a quo de no librar mandamiento de pago, por no
haberse constituido en debida forma el título ejecutivo complejo.
54. Para esta Sala, ese razonamiento parte de una lectura parcial del marco normativo
aplicable. Si bien el Tribunal acudió al artículo 297 del CPACA para identificar los
documentos que prestan mérito ejecutivo ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo, omitió considerar que el numeral 3 de esa misma disposición no
restringe esa calidad a los contratos estatales y a los documentos que los integran,
sino que también reconoce fuerza ejecutiva a “cualquier acto proferido con ocasión
de la actividad contractual” en el que consten obligaciones claras, expresas y
exigibles. Lo anterior, imponía examinar si el pagaré aportado con la demanda podía
subsumirse en dicho supuesto, antes de concluir que, necesariamente, debía
integrarse con el contrato de mutuo para conformar un título ejecutivo complejo.
55. A esa omisión se suma que el Tribunal no hizo un análisis sobre la normativa en
torno al documento cuya ejecución se pretendía. Pese a que la demanda ejecutiva
se fundó en un pagaré, la providencia prescindió de examinar las disposiciones del
Código de Comercio que regulan los títulos valores, en particular el artículo 619,
conforme al cual estos incorporan un derecho literal y autónomo cuyo ejercicio se
legitima mediante el propio documento.
56. En virtud de los principios de incorporación, literalidad, autonomía, abstracción y
circulación que caracterizan esta clase de instrumentos, el derecho incorporado en
el título es independiente de la relación causal que le dio origen, razón por la cual su
exigibilidad no depende de la acreditación del negocio jurídico subyacente.
57. No obstante lo anterior, la decisión centró su análisis exclusivamente en la relación
contractual subyacente y en la figura del título ejecutivo complejo, sin valorar la
incidencia que la naturaleza jurídica del pagaré podía tener en la determinación de
su aptitud ejecutiva dentro del proceso.
58. Por consiguiente, la exigencia de la autoridad accionada limita el alcance de los
títulos valores para ser objeto de ejecución en vía judicial, y desborda los parámetros
de la razonabilidad jurídica, al acoger una interpretación que desnaturaliza este tipo
de documentos, que esencialmente incorporan un derecho y son autónomos de la
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relación causal en virtud de la cual fueron creados.
59. Bajo ese escenario, carece de sustento legal la exigencia atinente a que se deba
aportar el contrato de mutuo para que, junto con el pagaré, constituya un título
ejecutivo complejo, motivo por el cual deberá ser examinada la aludida normativa por
la autoridad judicial, con el fin de que se analice si el pagaré comporta título ejecutivo,
es decir, si contiene una obligación clara, expresa y exigible.
60. Cabe destacar que la Corte Constitucional, en el auto A-2014 de 2024, al dirimir
el conflicto de jurisdicción suscitado respecto de este tipo de procesos ejecutivos,
examinó la naturaleza jurídica del negocio subyacente al pagaré y precisó que,
aunque este deriva de un contrato estatal, razón por la cual se asignaba la
competencia a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, tratándose de una
empresa industrial y comercial del Estado sometida al régimen de derecho privado,
conforme a los artículos 85 y 93 de la Ley 489 de 1998 y al artículo 14 de la Ley 1150
de 2007, el otorgamiento del crédito no exige la celebración de un contrato escrito.
Explicó que, de conformidad con los artículos 2221 y 2222 del Código Civil,
aplicables al mutuo comercial por remisión del Código de Comercio, dicho contrato
se perfecciona con la entrega del dinero objeto del préstamo.
61. En ese mismo pronunciamiento, la Corte sostuvo que el pagaré cuya ejecución se
pretendía constituía “un documento suscrito por una de las partes del negocio
subyacente (mutuo) en el que consta una obligación clara, expresa y exigible en
contra de esta, lo que corresponde a un título ejecutivo por ser uno de los
documentos a los que se refiere el numeral 3 del artículo 297 del CPACA”. Así, el
Alto Tribunal reconoció expresamente que ese título valor, por sí mismo, satisfacía
las exigencias legales para servir de fundamento a la acción ejecutiva, sin supeditarlo
a que mediara un contrato de mutuo por escrito.
62. A partir de esa decisión, se evidencia que, si bien su finalidad consistió en resolver
un conflicto de jurisdicción, conjuntamente se analizó la naturaleza del pagaré y del
contrato de mutuo, consideraciones que merecen especial atención de cara al
problema jurídico planteado en el presente asunto. Allí, se determinó que, en casos
como el que ahora se examina, los pagarés constituían un título ejecutivo, sin que
se requiriera para tal propósito aportar el contrato de mutuo que le dio origen, máxime
cuando no se tenía certeza de su existencia.
63. A la luz de los preceptos normativos y jurisprudenciales expuestos en
precedencia, no es admisible que el criterio acogido por esa corporación para definir
la competencia se use como argumento para fijar exigencias adicionales -que esa
misma Corte indicó que no eran indispensables- para librar mandamiento de pago.
Entre otras cosas, porque lo que ha indicado la Corte Constitucional es que si la
entidad estatal es acreedora de una obligación y funda su reclamo en un título valor,
lo que se puede suponer de esa situación es que subyace una relación contractual,
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que determina la asignación de la competencia a la jurisdicción contencioso-
administrativa; pero ello en ningún momento supone una habilitación para hacer
exigencias como las fijadas en la providencia cuestionada.
64. Por lo tanto, no le era dable al juez de la causa que en este caso exija un
documento adicional, que posiblemente no exista, para tener al pagaré como título
ejecutivo, y con base en esa exigencia de imposible cumplimiento coarte la
posibilidad de la parte actora de poder ejecutar vía judicial un título valor, el cual no
requiere de documento adicional en tanto incorpora per se un derecho, menos aun
atendiendo a las particularidades del caso objeto de estudio, en el que el instituto
funge como endosatario del título cuya ejecución se perseguía.
65. Ante ese supuesto de hecho, la exigencia censurada supone una restricción
irracional de cara al principio de circulación del título valor y a la posibilidad de las
entidades públicas de participar en transacciones comerciales o utilizar esta clase de
instrumentos mercantiles en sus operaciones.
66. Ahora, si la autoridad judicial considera que en este caso puntual, al mediar el
endoso, sin que se observe cesión de contrato, el título ejecutivo no deriva de un
contrato estatal, sino únicamente del título valor, bien podría suscitar el respectivo
conflicto de competencia ante la Corte Constitucional, con el fin de que esa
Corporación defina si tal situación se enmarca o no dentro de los presupuestos para
que asuma el conocimiento de la controversia. Lo que no es admisible desde la
óptica constitucional es que se aplique el criterio definido por la Corte, para avocar
el conocimiento del caso, y realizar exigencias desproporcionadas que
desnaturalizan el título valor base de la ejecución, a la vez que anulan la posibilidad
de acceder a la administración de justicia.
67. La configuración del defecto sustantivo advertido, no solo deviene de la aplicación
e interpretación normativa previamente censurada, sino también por la inobservancia
de las disposiciones que regulan la forma de presentación de la demanda y sus
anexos, al requerir la exhibición del título valor en físico para librar mandamiento de
pago.
68. La jurisprudencia constitucional21 ha precisado que el vicio de índole sustantivo
como casual específica de procedibilidad, se puede presentar en los siguientes
escenarios: (i) cuando la interpretación o aplicación normativa efectuada por la
autoridad accionada desborda el margen de la razonabilidad jurídica; (ii) en el evento
en que la aplicación de la norma contraríe abiertamente el mandato superior o una
interpretación conforme a este; y (iii) cuando el fallador omite aplicar una norma que
resulta aplicable al caso concreto.
69. De acuerdo con lo anterior, si bien la parte actora enmarcó la exigencia relativa a
21 Al respecto, ver sentencias SU-116 de 2018, SU-424 de 2023 y T-084 de 2025, entre otras.
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la exhibición del título en una deficiencia procedimental por exceso ritual manifiesto,
se advierte que antes que tratarse de una aplicación irreflexiva de las normas
procedimentales o de un apego excesivo a aquellas, una imposición en ese sentido
supone una desatención de tales disposiciones.
70. Una de las razones que condujo al Tribunal a confirmar la decisión de no librar
mandamiento de pago radicó en el hecho de no haberse aportado copia original del
título valor, en los términos del artículo 624 del Código de Comercio, lo que, a su
juicio, impedía su cobro.
71. Con la finalidad de implementar el uso de las tecnologías de la información en las
actuaciones judiciales, el artículo 6 del artículo 2213 de 2022 estableció que la
demanda debe presentarse a través de medios electrónicos, incluidos sus anexos.
Para el caso concreto, entre dichos anexos, se encontraba el título valor que
pretendía ejecutar el instituto.
72. Por consiguiente, la disposición imponía a la parte ejecutante el deber de aportar
el documento que sustentaba la obligación reclamada de manera digital, sin que de
su contenido se desprendiera una carga de allegar el título en físico al momento de
presentar la demanda.
73. La regla allí prevista resultaba aplicable al asunto sometido a conocimiento del
Tribunal accionado, pues su ámbito de aplicación comprende todas las actuaciones
judiciales que se adelanten ante las distintas jurisdicciones, entre ellas, la
contencioso-administrativa. Aunado a que, para la fecha de presentación de la
demanda ejecutiva (8 de mayo de 2024), dicha disposición ya se encontraba vigente.
74. Por lo tanto, constituía el marco normativo aplicable a la forma de presentación de
la demanda y sus anexos. De ahí que la autoridad accionada no podía prescindir de
dicho mandato, ni exigir que la demanda estuviera acompañada del título valor de
manera física como presupuesto para determinar la procedencia del mandamiento
de pago.
75. Aunque es cierto que, tratándose de títulos valores, el artículo 624 del Código de
Comercio prevé que para ejercer el derecho incorporado se requiere la exhibición
del mismo, ello no supone que deba hacerse necesariamente mediante la entrega
física del documento original ante el despacho de conocimiento.
76. La obligación prevista en la legislación mercantil debía interpretarse de manera
sistemática con las disposiciones que regulan el trámite judicial a través de medios
electrónicos, ejercicio que habría llevado a concluir que bastaba con la digitalización
de dicho documento y su incorporación al expediente mediante mensaje de datos
para atender dicha exigencia.
77. Esa interpretación ha sido acogida por la Corte Suprema de Justicia, la cual, en
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sentencia STC2392-2022, recalcó la necesidad de examinar la regulación cambiaria
a la luz de las nuevas prácticas judiciales derivadas de la implementación de las
tecnologías de la información, en aras de salvaguardar las garantías de los sujetos
procesales. La Corporación precisó que el empleo de medios tecnológicos no altera
las reglas sustanciales que rigen los títulos valores, ni modifica el mandato de
exhibición contenido en el artículo 624 del Código de Comercio. Lo que varía es la
forma en que se satisface dicha exigencia en el marco de un proceso judicial.
78. Señaló que con anterioridad la exhibición se realizaba de manera física como
anexo a la demanda. En la actualidad, según explicó, el legislador impuso al
demandante la obligación de presentar el libelo introductorio junto con sus anexos a
través de mensajes de datos, lo que supone que la exhibición de título valor se realice
mediante su incorporación digital al expediente.
79. Lo anterior no significa que el ejecutante ya no deba conservar el título valor
original en físico para la satisfacción de la obligación objeto de cobro. La Corte acotó
que la digitalización del título para efectos de su incorporación al trámite judicial
coexiste con la obligación de preservar el documento físico original y ponerlo a
disposición del operador judicial cuando resulte necesario, conforme lo previsto en
el artículo 78 del Código General del Proceso.
80. De esta manera, la exigencia de exhibición del título, conforme las normas
mercantiles, no habilitaba a la autoridad accionada para exigir la entrega física del
documento original con la presentación de la demanda, como presupuesto adicional
para librar mandamiento de pago, menos aun cuando ni siquiera se efectuó un
requerimiento previo con el fin de que se allegara el documento original en físico si
así lo consideraba el juez de conocimiento.
81. En consecuencia, la consideración del Tribunal relativa a la falta de exhibición del
título desconoció abiertamente el alcance del artículo 6 de la Ley 2213 de 2022,
configurándose así un defecto sustantivo susceptible de amparo constitucional.
82. Por lo expuesto, se accederá al amparo solicitado y, en consecuencia, se dejará
sin efectos el proveído del 12 de febrero de 2026, proferido por el Tribunal
Administrativo de Casanare, para que, en su lugar, dicha autoridad emita una
providencia de reemplazo, que atienda los lineamientos impartidos en las
consideraciones de esta sentencia, orientados a que se aplique de forma razonable
la normativa aplicable al asunto.
83. En atención a lo solicitado por los terceros, se precisa que la orden de amparo se
circunscribe exclusivamente a que la autoridad accionada profiera una nueva
decisión en la que estudie los presupuestos formales y sustanciales para librar
mandamiento de pago, con fundamento en los elementos de juicio que obraban en
el plenario al momento de adoptarse la decisión cuestionada y sobre los cuales se
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concentró el análisis de esta Sala. Las situaciones que se alegan como constitutivas
de hechos sobrevinientes deben ser ventiladas ante el juez de la causa, para que
defina lo pertinente en el marco de sus competencias.
84. La Sala considera pertinente llamar la atención al Tribunal Administrativo de
Casanare para que, a futuro, al resolver controversias en las que se pretenda la
ejecución de un título valor a favor de una empresa industrial y comercial del Estado,
tenga en cuenta las decisiones que han sido proferidas por esta Corporación y,
particularmente, por esta Subsección22, en asuntos similares al que se analiza en
esta oportunidad. Ello, con el fin de que, a partir de los criterios que han motivado la
intervención del juez constitucional, efectúe una reflexión más rigurosa acerca de la
forma en que deben ser abordadas este tipo de controversias.
85. En consonancia con lo anterior, se exhortará al Presidente del Tribunal
Administrativo de Casanare para que organice mesas de estudio y trabajo, en las
que se aborden los aspectos centrales que concurren este tipo de controversias. Lo
anterior, sin perjuicio de la autonomía de cada una de las Salas de esa corporación
al momento de resolver los casos que se pongan a su consideración.
86. Lo anterior, habida cuenta de la multiplicidad de asuntos de esa misma naturaleza
que, de manera reciente, han sido sometidos a consideración del juez de tutela y en
los cuales se ha concedido el amparo solicitado, precisamente en razón a la manera
en que dicha Corporación ha venido dirimiendo ese tipo de controversias.
87. Enmérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: NEGAR LA SOLICITUD de someter el asunto al conocimiento de la Sala
Plena, formulada por la parte actora, por las razones expuestas en la motivación de
esta providencia.
SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a
la administración de justicia del accionante.
TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTOS el auto del
12 de febrero de 2026 dictado por el Tribunal Administrativo de Casanare dentro del
proceso ejecutivo con radicado número 850013333-004-2025-00252-00/01, para
22 Al respecto, ver sentencias del 8 de mayo de 2026, exp. 11001-03-15-000-2026-02214-00, CP. José Roberto
Sáchica Méndez; 8 de mayo de 2026, exp. 11001-03-15-000-2026-01869-00, CP. Zoranny Castillo Otálora; 8 de
mayo de 2026, exp. 11001-03-15-000-2026-00997-01 CP. Zoranny Castillo Otálora; 28 de mayo de 2026, exp.
11001-03-15-000-2026-00021-01, CP. Zoranny Castillo Otálora; y 9 de julio de 2026, exp. 11001-03-15-000-
2026-04330-00, CP. José Roberto Sáchica Méndez.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06351-00
Demandante: Instituto Financiero de Casanare (IFC)
Demandado: Tribunal Administrativo del Casanare y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
que, en el término de quince (15) días, contados a partir de la notificación de la
presente providencia, profiera una decisión de reemplazo, que tenga en cuenta las
consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
CUARTO: EXHORTAR al Presidente del Tribunal Administrativo de Casanare para
que organice mesas de estudio y trabajo, en las que se aborden los aspectos
centrales que concurren este tipo de controversias. Lo anterior, sin perjuicio de la
autonomía de cada una de las Salas de esa corporación al momento de resolver los
casos que se pongan a su consideración.
QUINTO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
SEXTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTALORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE23
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
23 VF
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