Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-01087-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-01087-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2026-01087-00
Consejero ponente: Zoranny Castillo Otálora
20 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A
Consejero ponente (e): FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá, D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01087-00
Accionante: INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Defecto procedimental absoluto -
Ocurre cuando la autoridad judicial actúa al margen del procedimiento legalmente
establecido, ya sea porque sigue un procedimiento distinto al aplicable o porque omite una
etapa sustancial de este.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala resuelve la acción de tutela instaurada por el Instituto Financiero de
Casanare (en adelante IFC), de conformidad con lo consagrado en los artículos 86
de la Constitución Política y 29 del Decreto 2591 de 19911.
ANTECEDENTES
La demanda
1. El IFC, a través de demanda presentada el 12 de febrero 2026, solicitó la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, los cuales considera vulnerados por el Juzgado Cuarto
Administrativo de Yopal y el Tribunal Administrativo de Casanare.
Hechos relevantes
2. El IFC fue creado mediante el Decreto 107 de 1992, modificado por el Decreto
073 de 2002, como una empresa comercial y de gestión económica, con el objeto de
fomentar el desarrollo económico y social del departamento de Casanare, a través
de la prestación de servicios financieros, empresariales y de gestión de proyectos.
3. En desarrollo de su objeto, el IFC otorga créditos de fomento y educativos a
personas de escasos recursos, los cuales respalda con pagarés y cartas de
instrucciones.
4. El IFC le otorgó un crédito a los señores Albeiro Montejo Rojas y Luis Gabriel
Ramírez Rodríguez, contra quienes dicha entidad promovió un proceso ejecutivo de
mínima cuantía con base en el pagaré 4119726, por haber incurrido en mora en el
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El asunto ingresó al despacho el 2 de marzo de 2026. Ver índice 28 de Samai.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01087-00
Accionante: Instituto Financiero de Casanare
Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
pago de esa obligación. El asunto le correspondió por reparto al Juzgado Primero
Civil Municipal de Yopal y se le asignó el radicado 85001-40-03-001-2022-00407-00.
5. En aquella actuación se libró mandamiento ejecutivo, se decretaron medidas
cautelares y se dispuso el desistimiento tácito del proceso, por cuanto no se
efectuaron las notificaciones respectivas a la parte ejecutada2.
6. La parte actora interpuso recurso de reposición contra la decisión que dispuso el
desistimiento tácito del proceso. Del recurso se corrió traslado el 26 de enero de
2024.
7. Cuando el asunto estaba pendiente de resolver el recurso de reposición, el a quo
encontró que carecía de competencia para continuar con el trámite del proceso, «por
el factor jurisdicción», en consideración a la regla fijada por la Corte Constitucional
en el Auto 1354 de 13 de agosto de 2024. Por ende, en auto de 28 de noviembre de
2024, resolvió lo siguiente:
“PRIMERO: Declarar la falta de competencia por el factor jurisdicción, de
conformidad con lo expuesto en precedencia. En consecuencia, se dispone a
abstenerse de seguir conociendo del presente asunto.
SEGUNDO: Una vez notificado y ejecutoriado esta providencia, remítase la
actuación surtida al reparto de los Juzgados Administrativos de Yopal-
Casanare (Reparto), dejando las constancias pertinentes al caso, con la
expresa salvedad de que lo actuado conserva validez.
TERCERO: Cumplido lo anterior, ARCHIVESE las presentes diligencias y
déjense las constancias de rigor”.
8. Recibido el expediente en la jurisdicción contencioso-administrativa, el Juzgado
Cuarto Administrativo de Yopal, en auto de 8 de mayo de 2025, (i) avocó
conocimiento; (ii) dejó sin efectos los autos de 11 de julio de 2022, mediante los
cuales se libró mandamiento de pago y se decretaron medidas cautelares; (iii)
levantó las medidas cautelares y (iv) decidió «no librar mandamiento de pago a favor
de la EICE Instituto Financiero de Casanare (IFC) en contra de Albeiro Montejo Rojas
y Luis Gabriel Ramírez Rodríguez». Al proceso se le asignó el radicado núm. 85001-
33-33-004-2025-00172-00.
9. Contra esa decisión, la entidad ejecutante interpuso recurso de reposición y, en
subsidio, de apelación, en el que alegó que el pagaré es un título valor autónomo
que contiene una obligación clara, expresa y exigible, de modo que es un título simple
y por la actividad comercial que desarrolla la entidad, se rige por el derecho privado;
además, el contrato de mutuo, de naturaleza civil, no requiere elevarse a escrito para
su perfeccionamiento.
10. En providencia del 17 de julio de 2025, el juzgado resolvió no reponer la
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Estas decisiones se adoptaron en providencias del 11 de julio de 2022 y del 7 de diciembre de
2023.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01087-00
Accionante: Instituto Financiero de Casanare
Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
decisión y concedió el recurso de apelación.
11. El Tribunal Administrativo de Casanare, en auto del 28 de agosto de 2025,
confirmó la decisión recurrida. Señaló que el pagaré y la carta de instrucciones no
eran suficientes para determinar con certeza la existencia de un contrato de mutuo
del cual se derivara la garantía, lo que, a su juicio, era necesario para librar
mandamiento de pago, en virtud de lo dispuesto en los artículos 39 y 75 de la Ley 80
de 1993, y 93 de la Ley 489 de 1998. Precisó que, «si bien en la jurisdicción ordinaria
el interesado puede acudir al proceso ejecutivo para obtener el pago de una
obligación contenida en un pagaré, esto no ocurre en la jurisdicción contenciosa
administrativa, pues se reitera, conoce de los procesos ejecutivos derivados de
contratos en los que sea parte una entidad pública, los cuales por regla general
corresponden a un título ejecutivo complejo, presupuesto que no se cumple en el sub
examine».
12. Uno de los magistrados del Tribunal salvó el voto, por considerar que se
estaba añadiendo un requisito innecesario para la ejecución del pagaré, que es un
título valor completo con el contenido que requiere el contrato de mutuo y que,
además, se acompañó de la carta de instrucciones, la certificación de cartera y el
estado de cuenta del crédito, lo que permitía conocer, de manera clara, la única
obligación pactada, que fue el pago de una suma de dinero. Con ello, en su concepto,
se suprimió la autonomía del título valor, en detrimento del erario y con grave
afectación del derecho de acceso a la administración de justicia. Resaltó que el
cambio de jurisdicción no puede alterar la naturaleza del derecho sustancial.
Pretensiones
13. La entidad accionante solicita lo siguiente (transcripción literal con posibles
errores incluidos):
PRIMERO: Amparar los derechos fundamentales al Debido Proceso y al
Acceso a la Administración de Justicia del INSTITUTO FINANCIERO DE
CASANARE, que se desconocieron por el JUZGADO CUARTO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE YOPAL en auto emitido en fecha 08 de
Mayo de 2025 y su confirmatorio, emitido el 28 de Agosto de 2025 por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE dentro del proceso
850013333004- 202500172-00.
SEGUNDO: En consecuencia, declarar sin valor ni efecto el auto de fecha 08
de Mayo de 2025 emitido por el JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE YOPAL, así como la decisión que desató la apelación, proferida
por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE en fecha 28 de Agosto
de 2025, dentro del medio de control 850013333004-202500172-00, por
encontrarse tales decisiones afectadas por indebida valoración probatoria al
restarle mérito ejecutivo al pagaré 4119726 y exceso ritual manifiesto al exigir
adosar al expediente un contrato de mutuo con la ritualidad de constar por
escrito, ajena a este tipo de contratos de régimen civil, así como por defecto
sustancial dado el sacrificio del derecho sustancial y el desconocimiento de
precedente judicial vertical y por esa vía cercenar injustamente los derechos
fundamentales al Debido Proceso y al Acceso a la Administración de Justicia
del INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE - IFC.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01087-00
Accionante: Instituto Financiero de Casanare
Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
TERCERO: Que se ordene a los accionados JUZGADO CUARTO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE YOPAL y TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CASANARE, que en lo de su competencia, en el
impostergable término de 48 horas, contadas a partir de la notificación del fallo
de tutela, rehacer las actuaciones procesales censuradas, para que en su lugar
se libre mandamiento de pago a favor del INSTITUTO FINANCIERO DE
CASANARE en contra de los demandados ALBEIRO MONTEJO ROJAS Y
LUIS GABRIEL RAMÍREZ RODRÍGUEZ, dentro del proceso ejecutivo
850013333004-202500172-00 , adelante el proceso hasta su finalización, y se
abstenga de exigir requisitos innecesarios en este tipo de procesos.
CUARTO. Que se ordene que el presente fallo tenga efecto Inter comunis o se
extienda, respecto de los procesos ejecutivos que cursen en los Juzgados
Administrativos de Yopal, en los que sea demandante el INSTITUTO
FINANCIERO DE CASANARE, y en los que se desconozca el pagaré como
título ejecutivo autónomo, existan similares supuestos fácticos y jurídicos o que
se presente análogas circunstancias, así como ordenar al JUZGADO CUARTO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE YOPAL y al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CASANARE, que en lo de sucesivo se abstengan de
incurrir en las conductas que dieron origen a la presente acción.
QUINTO. Que por parte del Juez Constitucional se realice verificación del
cumplimiento del fallo de tutela proferido.
Fundamentos de la demanda de tutela
14. En criterio del IFC, las decisiones adoptadas por el Juzgado Cuarto
Administrativo de Yopal y el Tribunal Administrativo de Casanare desconocieron la
exigibilidad del título valor y le restaron mérito ejecutivo, pese a que contiene una
obligación clara, expresa y exigible, con lo que, además, se incurrió en un exceso
ritual manifiesto al exigir un contrato de mutuo por escrito.
15. Alegó que se desconoció el precedente de la Corte Constitucional, en relación
con el régimen privado aplicable a la contratación del IFC por tratarse de una entidad
sujeta a las reglas de las empresas industriales y comerciales del Estado, así como
el mérito ejecutivo del pagaré, tal como se estableció en los Autos 2014 de 2024 y
1455 de 2025, en los que esa corporación determinó que la jurisdicción competente
en estos casos era la contencioso-administrativa, con esas precisiones.
16. De otra parte, indicó que se incurrió en defecto fáctico por la valoración
defectuosa del material probatorio, porque el pagaré allegado comporta un título
valor simple, no complejo, y se desconoció que no todos los contratos suscritos por
entidades públicas se ciñen al procedimiento de la Ley 80 de 1993. Agregó que, de
hecho, las empresas comerciales del Estado desarrollan sus actividades conforme a
las reglas de derecho privado, y que precisamente el IFC está sometido al régimen
jurídico de dichas empresas comerciales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
93 de la Ley 489 de 1998.
17. También sostuvo que el Juzgado Cuarto Administrativo de Yopal determinó
simplemente dejar sin efectos las actuaciones surtidas en la jurisdicción ordinaria,
«bajo la negación de la exigibilidad por vía ejecutiva del pagaré y en su lugar solicitar
un contrato de mutuo escrito».
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Referencia: Acción de tutela de primera instancia
18. Señaló que el asunto tiene una marcada relevancia económica y social, lo que
amerita su estudio por parte de la Sala Plena del Consejo de Estado. Esto, en la
medida en que las decisiones que están adoptando los Juzgados Primero, Tercero,
Cuarto y Quinto Administrativos de Yopal y el Tribunal Administrativo de Casanare
significan para la entidad una «pérdida de cartera a gran escala, que la deja en
situación patrimonial de extrema gravedad, ya que corren la misma suerte jurídica
dos mil ciento noventa (2190) procesos, que cursan en la jurisdicción civil y remitidos
a la jurisdicción administrativa, que representan para el Instituto Financiero de
Casanare, un valor aproximado de veintinueve mil ochocientos ochenta y cinco
millones cuatrocientos treinta y ocho mil pesos m/cte (29.885.438.000.000.oo) (sic),
tal como lo certifica la Subgerencia de Crédito y Cartera del IFC, situación que desde
el 30 de enero a 19 de junio de 2025, ya se había consumado respecto de doscientos
diecinueve (219) procesos cerrados».
19. A todo ello añadió lo siguiente:
Consideramos respetuosamente, que se equivocan los despachos judiciales,
al restarle mérito ejecutivo al pagaré – título valor que a su vez es un título
ejecutivo autónomo-, y por ende declarar que no merece exigibilidad pese a
contener una obligación clara, expresa y exigible; ello es desconocer la
independencia, autonomía y literalidad de los títulos valores; también yerran los
juzgados al imponer condiciones imposibles, como es aportar un contrato de
mutuo con la solemnidad de elevarse a escrito, y exigir requisitos que la Ley no
contempla para su ejecución. Esto además desconoce la naturaleza jurídica de
la entidad y el régimen de derecho privado que rige su actividad.
Ahora bien, el Instituto en cumplimiento de sus fines constitucionales y legales,
acorde a su naturaleza jurídica, desde su creación, y teniendo en cuenta que
fue quien hizo el desembolso del crédito que nos ocupa, ha realizado la
colocación de crédito de fomento especialmente al sector campesino,
microempresarial y para educación superior, regulado por el régimen de
derecho civil y derecho comercial, lo cual ha conllevado a la colocación de miles
de créditos (cuya tipología contractual corresponde al contrato de mutuo) con
el respaldo de las obligaciones en pagarés, bajo el régimen del derecho
privado, situación que ante el incumplimiento del deudor ha conllevado a
instaurar procesos ejecutivos, que hasta hace poco se adelantaban ante la
jurisdicción civil, sin que nunca siquiera fuere pensable la censura al título
ejecutivo simple contenido en el pagaré, o la exigencia de requisitos ajenos al
negocio jurídico.
No obstante, por la definición de jurisdicción realizada por la Corte
Constitucional, que la ha radicado ahora en la jurisdicción Contenciosa
Administrativa, se desconoce la exigibilidad del título valor contenida en el
artículo 619 del C de Co y en su lugar impone requisitos imposibles, ya que
exigir un contrato de mutuo escrito, cuando el contrato es consensual, es
ir más allá de lo que la ley establece.
Por otra parte, es claro que el título valor autónomamente es exigible en la
jurisdicción contenciosa administrativa, así lo contempla el CPACA en el
artículo 297 numeral 3 en concordancia con el numeral 5 del artículo 99
de la misma norma, que establece la exigibilidad de cualquier acto proferido
con ocasión de la actividad contractual y cualquier documento que
provenga del deudor, como lo es un título valor, lo que significa que no puede
desconocerse su autonomía (artículos 621 y siguientes del Código de
Comercio).
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Referencia: Acción de tutela de primera instancia
20. Adujo que también se configuró un defecto sustantivo, por cuanto el artículo
297 del CPACA establece que cualquier acto proferido con ocasión de la actividad
contractual, en el que consten obligaciones claras, expresas y exigibles constituye
título valor, no obstante, «pese a que se aportó un título valor como título ejecutivo,
los jueces persisten, en convertirlo en un título complejo».
21. Sostuvo que el Tribunal accionado dejó de aplicar los artículos 2, 29, 229 de
la Constitución; 99 y 297 del CPACA; 85 y 93 de la Ley 498 de 1998; 93 de la Ley
1474 de 2011; 2221 y 2222 del Código Civil, y 621 y 709 del Código de Comercio;
en cambio, se exigieron requisitos adicionales para la ejecución de la obligación.
22. Al exigirse documentos adicionales al pagaré, pese a su naturaleza de título
valor que presta mérito ejecutivo, en su concepto, se incurrió en un exceso ritual
manifiesto y en denegación de justicia, pues se desconoció la normativa que rige la
creación, circulación y exigibilidad de este tipo de títulos; además, se omitieron los
deberes de prevalencia del derecho sustancial, debido proceso, y de acceso a la
administración de justicia.
23. Consideró que esta situación evidencia el defecto procedimental absoluto
presente en las decisiones censuradas, a lo cual se suma que, de conformidad con
lo establecido en el artículo 139 del CGP, la declaratoria de incompetencia del juez
no afecta la validez de las actuaciones adelantadas en el proceso.
Trámite en primera instancia
24. A través de auto de 18 de febrero de 20263, el despacho sustanciador admitió
la demanda, ordenó notificar la decisión a la parte accionada, a la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado y, en calidad de terceros con interés, al Banco Caja
Social, al Banco Davivienda, al Banco de Bogotá, al Banco AV Villas, al Banco
Popular, a Bancolombia, al Banco Agrario de Colombia, al Banco de Occidente, al
Banco BBVA, a la Cooperativa Financiera Confiar, al Banco Corpbanca, a
Bancoomeva, al tesorero y/o pagador del Departamento de Casanare y al tesorero
y/o pagador de la Alcaldía Municipal de Yopal, a los señores Albeiro Montejo Rojas,
Luis Gabriel Ramírez Rodríguez y a los demás intervinientes dentro del proceso
ejecutivo con radicación núm. 85001-33-33-004-2025-00172-00/01. Además,
requirió la remisión del expediente digital del proceso ejecutivo, tuvo como prueba
los documentos allegados con la demanda y dispuso suspender los términos hasta
que el asunto reingresara al despacho.
Intervenciones
25. El Tribunal Administrativo de Casanare4 señaló que la providencia del 28 de
agosto de 2025 se sustentó en el análisis del material probatorio allegado y la
normativa aplicable al caso. Reiteró las razones de la decisión cuestionada y trajo a
3
Índice 5 de Samai.
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Índice 13 de Samai.
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colación dos sentencias5 de tutela proferidas por esta Corporación, en asuntos de
contornos fácticos y jurídicos similares al que es materia de análisis, en las que se
declaró improcedente la acción por falta de relevancia constitucional.
26. El Juzgado Cuarto Administrativo de Yopal6 solicitó negar las pretensiones de
la demanda «por improcedente desde la interpretación constitucional dado el
carácter excepcionalísimo que reviste la acción de tutela». Para el efecto, reiteró los
argumentos expuestos en la providencia cuestionada, con énfasis en que los
contratos que celebren las entidades estatales deben constar por escrito, lo que era
necesario para librar mandamiento de pago en el caso estudiado. Adicionalmente,
envió copia digitalizada del proceso ejecutivo7.
27. El Departamento de Casanare8 solicitó su desvinculación del proceso, por
cuanto no es la entidad que tiene la obligación de satisfacer los derechos que la
accionante considera vulnerados.
28. El Municipio de Yopal9 indicó que no está implicado en la controversia
planteada y, por ende, carece de legitimación en la causa por pasiva. Agregó que,
en todo caso, se configuró la carencia actual de objeto, en refuerzo de lo cual citó
una sentencia de tutela proferida por el Consejo de Estado (del 14 de julio de 2016,
exp. 25000-23-42-000-2016-01493-01).
29. La Cooperativa Financiera Confiar10 indicó que no se oponía a la prosperidad
de las pretensiones, pero aclaró que no fue parte en el proceso ejecutivo.
30. El Banco Popular, Bancolombia, el Banco AV Villas, el Banco Davivienda y el
Banco Agrario de Colombia 11 señalaron que carecen de legitimación en la causa por
pasiva.
CONSIDERACIONES
Competencia
31. La Sección Tercera de la Sala Contencioso-Administrativa del Consejo de
Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia dentro del
proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 29 del
Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019.
5
Sentencia de 27 de noviembre de 2025, Sección Primera, rad. 11001-03-15-000-2025-06405-00,
M.P. Carlos Fernando Mantilla Navarro, y sentencia de 28 de enero de 2026, Sección Tercera,
Subsección B, rad. 110010-03-15-000-2025-05581-01, M.P. Alberto Montaña Plata.
6
Índice 22 de Samai.
7
Índice 18 de Samai.
8
Índice 26 de Samai.
9
Índice 20 de Samai.
10
Índice 16 de Samai.
11
Índice 17, 21, 24, 25 y 27 de Samai.
7
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Referencia: Acción de tutela de primera instancia
Legitimación en la causa
32. El artículo 86 de la Constitución Política prevé que «toda persona tendrá
acción de tutela para reclamar ante los jueces (…) la protección inmediata de sus
derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública».
33. El artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, por su parte, establece que la acción
de tutela «podrá ser ejercida en todo momento y lugar, por cualquiera persona
vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales».
34. En el caso concreto, el IFC se encuentra legitimado en la causa por activa, en
su calidad de accionante en el proceso ejecutivo en el que se profirieron las
decisiones cuestionadas.
35. El requisito de legitimación en la causa por pasiva también se cumple, porque
el Juzgado Cuarto Administrativo de Yopal y el Tribunal Administrativo de Casanare
fueron las autoridades judiciales que profirieron las providencias a las que se les
atribuye la vulneración de los derechos fundamentales del accionante.
Cuestión previa
36. El instituto accionante, con fundamento en el artículo 271 del CPACA, solicitó
someter el asunto al conocimiento de la Sala Plena del Consejo de Estado, por la
trascendencia económica y social del asunto.
37. Refirió que se encuentra en riesgo la pérdida de cartera a gran escala, que
deja a la entidad demandante en situación patrimonial de extrema gravedad «ya
que corren la misma suerte jurídica, DOS MIL CIENTO NOVENTA (2190)
PROCESOS, que cursan en la jurisdicción civil y remitidos a la jurisdicción
administrativa, que representan para el INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE,
un valor aproximado de VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO
MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE
(29.885.438.000.000.oo)».
38. Mencionó que esa situación cercena los derechos al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia de tres entidades públicas del Departamento
de Casanare, lo que conduce a un grave detrimento patrimonial y a la imposibilidad
de cobrar la cartera vencida, además, las hace inviables en su funcionamiento
«cercenado por esa vía también, la posibilidad de acceso a crédito de fomento a
sectores tan importantes como el de educación o el sector agropecuario de la
región».
39. Solicitó, así, que la decisión sea asumida por la Sala Plena, «a efectos de
garantizar una decisión que otorgue seguridad jurídica, uniformidad interpretativa y
protección efectiva de los derechos fundamentales comprometidos».
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01087-00
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Referencia: Acción de tutela de primera instancia
40. Esta Subsección no accederá a la petición de la entidad demandante. Aun
cuando se advierte la existencia de varias acciones de tutela radicadas ante esta
Corporación, lo cierto es que no necesariamente guardan similitud, sobre todo
desde una perspectiva fáctica, en la medida en que en unos casos los juzgados
administrativos dejaron sin efectos las actuaciones adelantadas ante los jueces
civiles, mientras que en otros omitieron por completo referirse a dicho trámite
primigenio, en el que se había librado mandamiento ejecutivo, y simplemente
volvieron a pronunciarse en ese sentido pero para negarlo. En otros asuntos, por
ejemplo, el origen de la controversia está relacionado con el aporte en original del
contrato de mutuo o del pagaré respectivos12. Todo ello, en principio, denota que en
estos casos podrían existir diferentes líneas de decisión, con lo cual de paso se
descarta la pretendida uniformidad interpretativa que sustenta la solicitud de
conocimiento por parte de la Sala Plena.
41. Adicionalmente, al tratarse de una acción de tutela, el procedimiento se rige
por las disposiciones del Decreto Ley 2591 de 1991 y, en lo no previsto, por el CGP.
La competencia para conocer de estos asuntos se sujeta a las reglas de distribución
estipuladas en el reglamento interno del Consejo de Estado (Acuerdo 80 de 2019,
modificado por el Acuerdo 434 de 2024). Dichos ordenamientos no establecen que
las partes puedan solicitar el conocimiento de acciones de tutela por parte de la Sala
Plena, por razones de trascendencia social y económica. La experiencia indica que
ello ha ocurrido por decisión de esa propia instancia de decisión o por solicitud de
alguna de las secciones de la Corporación.
42. Por ejemplo, en 2012 y 2014 la Sala Plena avocó conocimiento de dos
solicitudes de amparo: una por importancia jurídica y la otra por la necesidad de
unificar jurisprudencia, respectivamente. Así, en la sentencia del 31 de julio de
201213, el Consejo de Estado determinó la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, incluso contra aquellas dictadas por la propia Corporación,
de conformidad con las reglas fijadas hasta ese momento por la Corte
Constitucional. Posteriormente, mediante sentencia del 5 de agosto de 201414, la
Sala Plena unificó su jurisprudencia, entre otros, para definir que seis meses era el
término razonable para ejercer oportunamente la acción de tutela contra
providencias judiciales. En esa oportunidad, fue la Sección Cuarta la que puso a
consideración dicho asunto por importancia jurídica, dada la «disparidad de
criterios» existentes sobre el tema, solicitud que fue aceptada en sesión del 14 de
mayo de 2013 por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo15.
43. Como se puede observar, el conocimiento por parte de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo en materia de acciones de tutela es excepcionalísima,
y ocurre no por solicitud de las partes, sino por decisión propia o previa petición de
12
Lo cual ocurrió en el expediente con radicación núm. 2026-00274-00, que también conoció esta
Subsección y que se resolvió mediante sentencia del 13 de febrero de 2026.
13
Radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ), M.P. María Elizabeth García González.
14
Radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
15
Ver el auto del 15 de mayo de 2013, exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01, M.P. Carmen Teresa
Ortiz de Rodríguez.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01087-00
Accionante: Instituto Financiero de Casanare
Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
una de las secciones, desde luego con la evidente necesidad de unificar criterios o
en atención a la importancia jurídica del asunto, lo cual, se insiste, no se presenta
en este caso.
Problema Jurídico y metodología de la decisión
44. La Subsección debe establecer si la acción de tutela satisface los requisitos
de procedibilidad formal. En caso de encontrar superados los requisitos generales
de procedibilidad, se analizará si las autoridades judiciales demandadas vulneraron
los derechos fundamentales del accionante, como se afirmó en la demanda.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
45. Conforme el precedente constitucional fijado en la C-590 de 200516, reiterado
de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una
importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis causales
genéricas de procedencia, y al menos una específica.
46. De manera reiterada la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar17: (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela18, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, como tampoco la que
resuelva el medio de control de nulidad por inconstitucionalidad por parte del
Consejo de Estado; (iii) que se cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que
la tutela se promueva en un plazo razonable; (iv) que se identifiquen de forma clara,
detallada y comprensible los hechos que amenazan o afectan los derechos
fundamentales en cuestión y que, si existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados
en el trámite procesal; (v) que se cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es
que el interesado acredite que agotó todos los medios de defensa judicial a su
alcance, salvo que pretenda evitar la consumación de un perjuicio irremediable 19 o
que los medios de defensa judicial existentes no sean idóneos o eficaces para
evitarlo; (vi) que la cuestión planteada sea de evidente relevancia constitucional, lo
que exige que el caso trate sobre un asunto de rango constitucional y no meramente
legal o económico; (vii) que cuando se trate de una irregularidad procesal, que esta
tenga un efecto decisivo en la decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error
no hubiere ocurrido el alcance de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.
16
Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño)
17
Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
18
La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto, ver, entre otras, las Sentencias T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
19
Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
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Análisis de la Sala
Inmediatez
47. La Corte Constitucional ha establecido que uno de los requisitos generales
para la procedencia de la acción de tutela es que ésta se haya presentado en un
plazo razonable, esto es, justo y moderado. Esta exigencia encuentra su razón de
ser en la naturaleza de esta acción constitucional, creada para proteger eficazmente
los derechos fundamentales sin dilaciones injustificadas; además, como garantía de
los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada, y para evitar que se emplee como
una instancia adicional con el propósito de reabrir debates que podrían ventilarse a
través de otros mecanismos procesales20.
48. En sentencias SU-499 de 2016 y T-038 de 2017, esa corporación resaltó que,
aunque la acción de tutela no tiene un término de caducidad legalmente
establecido21, debe interponerse en un plazo oportuno, so pena de que se
desnaturalice su carácter de medio urgente y excepcional de protección
constitucional.
49. En el caso que se analiza, el auto de segunda instancia, mediante el cual se
confirmó la decisión consistente en negar el mandamiento de pago, fue proferido por
el Tribunal Administrativo de Casanare el 28 de agosto de 202522, mientras que la
demanda de tutela se radicó el 12 de febrero 2026. Ese plazo se considera razonable
para el ejercicio de la acción constitucional.
Subsidiariedad
50. Este requisito se encuentra satisfecho, puesto que el accionante no cuenta
con otro mecanismo judicial, ordinario o extraordinario, para cuestionar las
decisiones que negaron el mandamiento de pago en el proceso ejecutivo que
promovió contra los señores Albeiro Montejo Rojas y Luis Gabriel Ramírez
Rodríguez. En efecto, esa decisión se profirió en la segunda instancia del proceso
ejecutivo, de modo que no era susceptible de recursos ordinarios y tampoco de los
extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia, que tienen causales
específicas en las que no se encuadra el asunto sometido al conocimiento de esta
Sala.
Relevancia constitucional
51. Este requisito exige que la cuestión debatida tenga una clara y marcada
importancia constitucional, a fin de evitar que el juez constitucional se adentre en
asuntos confiados a otras jurisdicciones.
20
Sentencias SU-961 de 1999, T-043 de 2016, T-016 de 2006, T-594 de 2008, T-1028 de 2010 y
SU-499 de 2016, entre otras.
21
En sentencia C-543 de 1992, la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de los artículos
11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991. La razón principal de esa decisión fue «la oposición entre el
establecimiento de un término de caducidad para ejercer la acción y lo estatuido en el artículo 86 de
la Constitución cuando señala que ella puede intentarse en todo momento».
22
Notificado por estado ese mismo día. Samai, índice 9, del expediente ejecutivo en segunda
instancia. Cabe anotar que la vacancia judicial corrió entre el 20 de diciembre de 2025 y el 10 de
enero de 2026; además, el 11 y 12 de enero de 2026 no fueron hábiles.
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52. Esta Subsección ha sido consistente en estimar que el cumplimiento del
requisito de relevancia constitucional no se limita a señalar los derechos
fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos contra la providencia.
Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i) una carga argumentativa mínima
y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera instancia o instancia adicional
a las establecidas por el legislador.
53. La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente23 reiterado de la
Corte Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la
acción de tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos
ordinarios, ni en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole
patrimonial o la interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este
instrumento constitucional no es el idóneo si lo pretendido es que el juez de tutela
se adentre en juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de
cada especialidad.
54. La solicitud de amparo que se analiza tiene relevancia constitucional, por
cuanto pretende la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia, presuntamente vulnerados por la inaplicación
de normas legales de obligatorio cumplimiento, así como por el desconocimiento del
precedente fijado por la Corte Constitucional, y la configuración de un exceso ritual
manifiesto.
55. En criterio de esta Sala, al margen de que el proceso ejecutivo tuviera,
naturalmente24, una finalidad económica, el asunto que se discute en esta acción de
tutela sí reviste relevancia constitucional, porque el derecho principal que se busca
restablecer es el del debido proceso, el cual se vio cercenado, en criterio del
accionante, por la exigencia de requisitos adicionales a los que contempla la ley y
por el desconocimiento del procedimiento establecido en los casos en los que se
declara la falta de jurisdicción.
56. No se observa que la entidad accionante esté utilizando este mecanismo
como una instancia adicional del proceso ejecutivo por una simple diferencia con la
interpretación que acogieron los jueces de la jurisdicción contencioso-administrativa;
más bien, se avizora que se le endilga a las providencias cuestionadas yerros de
notable importancia, con los que eventualmente se pudieron vulnerar derechos
fundamentales y que, por ende, merecen ser evaluados por el juez constitucional.
57. El hecho de que el IFC hubiera interpuesto recurso de apelación contra el auto
de 8 de mayo de 2025, con razones similares a las que invoca en esta acción de
tutela, no implica per se que la tutela carezca de relevancia constitucional. En efecto,
de los argumentos de la demanda de tutela se aprecia que el accionante considera
que el Tribunal Administrativo de Casanare también incurrió en sendos defectos que
23 Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103
de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.
24
Esto, por cuanto el proceso ejecutivo perseguía el cumplimiento de una obligación dineraria.
12
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comprometieron sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia.
58. En esa medida, es entendible que en la acción de tutela el IFC insista en todos
los aspectos que, en su entender, constituyen vicios de validez de la decisión
cuestionada. La intención del accionante no es, entonces, que se reabra el debate
sobre la procedencia del mandamiento de pago ni se centra en una simple diferencia
interpretativa y tampoco puede entenderse que versa sobre un aspecto
eminentemente económico. En realidad, se discute la negación del acceso a la
administración de justicia y la violación del debido proceso, por el desconocimiento
de reglas de derecho que debieron ser observadas y por un razonamiento con
excesivo rigor, en contravía del derecho sustancial.
59. Cabe resaltar que, según el accionante, se obvió el tenor de los artículos 619
del Código de Comercio, 2221 del Código Civil, 297, numeral 3º del CPACA, entre
otros, y adicionalmente se desconoció el precedente de la Corte Constitucional. Las
críticas presentadas cuentan, además, con una carga argumentativa suficiente para
entender en qué se hace consistir la vulneración de derechos fundamentales.
60. Por lo expuesto, la Sala se ocupará de estudiar los defectos que se le endilgan
a las providencias demandadas.
Defecto procedimental absoluto en el caso concreto
61. En términos generales, el defecto procedimental hace referencia a aquellos
casos en que el funcionario judicial actúa completamente por fuera del
procedimiento legalmente establecido. La Corte Constitucional ha explicado que
dicho vicio se relaciona directamente con el derecho fundamental al debido proceso
«y ocurre cuando la autoridad judicial actúa al margen del procedimiento legalmente
establecido, ya sea porque sigue un procedimiento distinto al aplicable o porque
omite una etapa sustancial de este»25.
62. En palabras de la Corte Constitucional, el defecto procedimental se configura
cuando el funcionario judicial:
(i) Sigue un trámite completamente ajeno al que corresponde (desvío del
cauce del asunto)26.
(ii) Pretermite etapas o eventos sustanciales del procedimiento,
circunstancia que automáticamente conlleva al desconocimiento del
derecho de defensa y contradicción27.
25
Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 16 de febrero de 2022, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
En el mismo sentido, consultar, por ejemplo, sentencias T-166 de 2022, T-388 de 2015, T-025 de
2018 y T-008 de 2019, entre muchas otras.
26
Sentencia T-1049 de 2012.
27
Ibídem.
13
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(iii) Incurre en exceso ritual manifiesto, es decir, cuando concibe los
procedimientos como un obstáculo para la eficacia del derecho
sustancial, y, por esta vía, sus actuaciones devienen en denegación de
justicia28.
(iv) Dicta una sentencia sin conexión con los hechos y pretensiones de la
demanda o sin tener en cuenta los aspectos del fallo de primera instancia
que fueron objeto de impugnación, según el caso, lo que se traduce en
desconocimiento del principio de consonancia o congruencia29.
63. En la Sentencia SU-418 de 2019, reiterada en la T-166 de 2022, la Corte
Constitucional expuso que la procedencia de la acción de tutela en los casos de
defecto procedimental (absoluto o por exceso ritual manifiesto) está sujeta a la
concurrencia de los siguientes elementos: “(i) que no haya posibilidad de corregir la
irregularidad por ninguna otra vía, de acuerdo con el carácter subsidiario de la
acción de tutela, salvo que se advierta la ocurrencia de un perjuicio irremediable; (ii)
que el defecto procesal sea manifiesto y tenga una incidencia directa en el fallo que
se acusa de ser vulneratorio de los derechos fundamentales; (iii) que la irregularidad
haya sido alegada en el proceso ordinario, salvo que ello hubiera sido imposible, de
acuerdo con las especificidades del caso concreto; (iv) que la situación irregular no
sea atribuible al afectado; y finalmente, (v) que, como consecuencia de lo anterior,
se presente una vulneración a los derechos fundamentales”.
64. En la demanda se cuestionaron las providencias del Juzgado Cuarto
Administrativo de Yopal y del Tribunal Administrativo de Casanare que negaron
mandamiento de pago al restarle mérito ejecutivo al pagaré aportado con la demanda
y exigir un contrato de mutuo, por escrito, aun cuando eso no era requisito en la
jurisdicción ordinaria, donde se interpuso la demanda.
65. La Sala constata que la demanda ejecutiva se radicó en los juzgados civiles
de Yopal, el 29 de abril de 2022. El IFC solicitó la ejecución de la obligación
dineraria, en la suma $ 4.655.572, más intereses, con base en el pagaré 4119726
que suscribieron los señores Albeiro Montejo Rojas y Luis Gabriel Ramírez
Rodríguez, el 15 de noviembre de 2018, como garantía del crédito que les fue
otorgado. Al asunto le correspondió el radicado 85001-40-03-001-2022-00407-00.
66. El Juzgado Primero Civil Municipal de Yopal, al que le fue repartido el
expediente, en proveído de 11 de julio de 2022, libró mandamiento de pago en la
forma solicitada por el ejecutante. En auto separado de la misma fecha decretó una
medida de embargo y retención de sumas depositadas en cuenta bancaria a nombre
de la ejecutada.
67. En auto del 7 de diciembre de 2023 decretó el desistimiento tácito del
proceso, conforme a lo dispuesto en el artículo 317, numeral 2, del CGP, debido a
28
Sentencia T-386 de 2010.
29
Ver, entre otras, las sentencias SU-424 de 2012 y T-152 de 2013.
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que el proceso permaneció inactivo durante más de un año, «sin que la parte actora
haya presentado solicitud efectiva tendiente a impulsarlo». Por consiguiente, dio por
terminado el proceso y decretó el levantamiento de las medidas cautelares
practicadas.
68. La parte ejecutante instauró recurso de reposición contra la anterior decisión,
por estimar que el proceso no estuvo inactivo y tampoco mostró falta de interés en
el trámite. Señaló que en dos oportunidades se solicitó al despacho copia del
expediente, con el fin de que pudiera ser revisado por los abogados sustitutos,
según los poderes que se anexaron en su momento; sin embargo, solo hasta el 16
de noviembre de 2023 se envió el respectivo enlace para acceder al proceso.
Agregó que se intentaron las notificaciones, pero no se recibieron porque los
demandados no residen en la dirección registrada.
69. En proveído de 28 de noviembre de 2024, el Juzgado Primero Civil Municipal
de Yopal consideró que no tenía competencia para seguir conociendo del asunto
por falta de jurisdicción, por lo que dispuso remitir el expediente a los juzgados
administrativos de Yopal, para que continuara con el trámite del proceso, «con la
expresa salvedad de que todo lo actuado conservará su validez».
70. Con el nuevo reparto, el proceso le fue asignado al Juzgado Cuarto
Administrativo de Yopal, bajo el radicado 85001-33-33-004-2025-00172-00.
Mediante auto de 8 de mayo de 2025, ese despacho avocó el conocimiento del
asunto, dejó sin efectos los autos de 11 de julio de 2022, mediante los cuales se libró
mandamiento de pago y se decretaron medidas cautelares, y dispuso «no librar
mandamiento ejecutivo a favor de la EICE Instituto Financiero de Casanare (IFC) en
contra de Albeiro Montejo Rojas y Luis Gabriel Ramírez Rodríguez».
71. Como sustento, la jueza indicó que las providencias ilegales no atan al juez a
continuar con los errores cometidos, por lo que «resulta procedente dejar sin efectos
la providencia que no se acompasa con los aspectos de ilegalidad para que en su
lugar se dicte la decisión que conforme a derecho corresponda». En ese punto, citó
un extracto de la providencia de 2 de marzo de 2022, proferida por la Sección
Tercera, Subsección A, de esta Corporación, en el radicado 25000-23-41-000-2015-
01537-01 (67.549).
72. Estimó que, si bien las entidades públicas pueden suscribir contratos
regulados por el derecho privado, no se pueden desconocer los principios de la
contratación pública; en esa medida, sostuvo que el pagaré debía acompañarse del
contrato de mutuo, por escrito, el que no podía presumirse «de cara a la solemnidad
de los contratos estatales». Por ello, indicó que no era viable librar mandamiento de
pago.
73. En el recurso de reposición, en subsidio, de apelación que interpuso la parte
ejecutante contra la anterior decisión, insistió en que el título valor es plenamente
ejecutable en la jurisdicción contencioso-administrativa, porque contiene una
obligación clara, expresa y exigible, es autónomo y presta mérito ejecutivo. Añadió
que el IFC se rige por las normas de derecho privado que avalan la celebración del
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contrato de mutuo de forma verbal, el cual se perfeccionó con la entrega del dinero.
Resaltó que no se trata de un título ejecutivo complejo, sino de uno simple. Puso de
presente un auto proferido por el Juzgado Segundo Administrativo de Yopal que libró
mandamiento ejecutivo en un caso similar, por considerar que, dada la naturaleza
del ente ejecutante, el pagaré y la carta de instrucciones resultaban suficientes para
librar mandamiento de pago. Agregó que se debe proteger el patrimonio público,
mediante la ejecución de las obligaciones en mora a favor del IFC.
74. El 17 de julio de 2015, a quo negó el recurso de reposición. Para ello, reiteró
las razones del auto impugnado, sobre la necesidad de aportar el contrato estatal de
mutuo, por escrito, para constituir el título ejecutivo complejo.
75. El Tribunal Administrativo de Casanare, en auto de 28 de agosto de 2025,
confirmó la decisión que negó el mandamiento de pago, con razones similares a las
del Juzgado de primera instancia. En esa ocasión se ocupó de establecer si los
documentos aportados constituían título ejecutivo complejo y concluyó que, por
tratarse de un proceso ejecutivo contractual, era menester aportar prueba de la
existencia del contrato de mutuo, lo que no ocurrió, de modo que no era posible librar
mandamiento de pago.
76. Pues bien, una vez analizado el acontecer procesal de la causa ejecutiva, la
Sala encuentra que existe mérito para proferir una orden de amparo, en
consideración a los yerros en los que incurrieron las autoridades judiciales
demandadas, por la indebida aplicación de la teoría del antiprocesalismo y la
desatención absoluta de las decisiones y actuaciones que se surtieron en la
jurisdicción civil.
77. Es claro que el proceso ejecutivo inició en el año 2022 y fue tramitado por el
Juzgado Primero Civil Municipal de Yopal hasta que este declaró su falta de
competencia con base en una decisión que adoptó la Corte Constitucional, en un
conflicto de jurisdicciones. Sin embargo, en el decurso de la ejecución se adoptaron
sendas decisiones, entre ellas, la que libró mandamiento ejecutivo, la que decretó
medidas cautelares y la que decretó el desistimiento tácito del proceso, de las cuales
la última fue objeto de impugnación mediante el recurso de reposición.
78. El Juzgado Cuarto Administrativo de Yopal dejó sin efectos las providencias
surtidas en la jurisdicción ordinaria, mediante las cuales se libró mandamiento de
pago y se decretaron medidas cautelares, por considerarlas «ilegales». A
continuación, entró a estudiar directamente la posibilidad de librar mandamiento
ejecutivo, el cual negó bajo el criterio de que no se aportó el título ejecutivo complejo.
79. La Sala, de entrada, encuentra inaceptable que se hubieran dejado sin efecto
las providencias proferidas en la jurisdicción ordinaria, con el pretexto de una
supuesta ilegalidad, pero predicable, únicamente, en esta jurisdicción.
80. En efecto, no resulta coherente que se hubiera sostenido que las decisiones
aludidas, «si bien es cierto frente a la primera autoridad judicial que conoció el asunto
revestía carácter de legalidad, no acontece de igual manera en conocimiento de la
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jurisdicción contencioso administrativa», como si el derecho sustancial a perseguir el
pago de una obligación dineraria dependiera de la jurisdicción encargada de tramitar
el proceso ejecutivo, o como si una providencia adoptada de manera legal dejara de
serlo por el simple cambio de jurisdicción.
81. Es verdad que la teoría del antiprocesalismo ha sido aplicada de manera muy
excepcional, con el razonamiento de que las decisiones judiciales ilegales no atan al
juez. Sin embargo, no se trata de una figura procesal, menos de una regla que pueda
ser utilizada de manera indiscriminada, cuando la autoridad judicial no está de
acuerdo con una decisión previa, como al parecer ocurrió en el caso analizado. La
teoría del antiprocesalismo podría ser admisible en los casos en los que se avizora
una real situación de ilegalidad o ante la eventual afectación de la justicia material,
con la finalidad de sanear o corregir errores contenidos en providencias judiciales;
empero, ese no es el supuesto que se dio en el sub examine, pues no se advierte y
tampoco lo explicó el juzgado demandado, en qué consiste la ilegalidad presente en
los autos del 11 de julio de 2022, proferidos por el Juzgado Primero Civil Municipal
de Yopal. Por el contrario, se dijo que fueron legales al proferirse en la jurisdicción
civil.
82. Como se indicó en la providencia30 que citó el Juzgado Cuarto Administrativo
de Yopal, la Corte Constitucional31, cuando se ha pronunciado sobre la revocatoria
de providencias, ha sostenido que estas no pueden ser invalidadas por el juez, sino
a través de los actos que la ley procesal expresamente establece, dado que la figura
del antiprocesalismo «no es una alternativa o mecanismo para que la autoridad
judicial proceda de oficio a enmendar cualquier yerro en el que considere que pudo
haber incurrido en el trámite de un proceso; ni tampoco procede a solicitud de parte
pues ello comportaría el ejercicio extemporáneo del derecho de contradicción a
través de una vía equivocada, esto es, pretermitiendo los términos y los mecanismos
estatuidos para ello como es la interposición de los recursos respectivos».
83. Sin embargo, también ha aclarado que la excepción al principio de
irrevocabilidad avalado por la Corte Suprema de Justicia32, en caso de providencias
manifiestamente ilegales, es una excepción que debe obedecer a criterios
eminentemente restrictivos, «pues de no ser así, so pretexto de enmendar cualquier
equivocación, el operador jurídico puede resultar modificando situaciones jurídicas
constituidas de buena fe respecto de terceros con fundamento en las providencias
judiciales y desconociendo con ello normas de orden público, así como el principio
de preclusión de las etapas procesales»33.
30
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, auto de 2 de marzo de 2022, rad. 25000-23-
41-000-2015-01537-01 (67.549).
31
Ver sentencias T-968 de 2001 y T-1274 de 2005.
32
Sala de Casación Civil, sentencia 28 de junio de 1979, M.P. Alberto Ospina Botero; sentencia No.
286 del 23 de julio de 1987, M.P. Héctor Gómez Uribe; auto No. 122 del 16 de junio de 1999, M.P.
Carlos Esteban Jaramillo Schloss, y sentencia No. 096 del 24 de mayo de 2001, M.P. Silvio Fernando
Trejos Bueno, entre otras.
33
Corte Constitucional, sentencia T-519 de 2005.
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84. De acuerdo con lo expuesto, se tiene que la decisión que dejó sin efectos los
autos del Juzgado Primero Civil Municipal de Yopal no se fundó en una situación de
ilegalidad ni de eventual afectación de la justicia material, sino en una disonancia de
criterios; por ende, no resulta válida. Dicha irregularidad, a su vez, dio origen a otro
vicio de procedimiento, por la desatención de las normas que establecen los efectos
de la declaración de falta de jurisdicción, como se pasa a explicar:
85. En los procesos iniciados con posterioridad a la entrada en vigencia del CGP,
resultan aplicables las reglas de ese ordenamiento procesal, y las del CPACA, en los
casos en los que se declara la falta de jurisdicción.
86. Al respecto, el artículo 168 del CPACA dispone que «en caso de falta de
jurisdicción o de competencia, mediante decisión motivada el Juez ordenará remitir
el expediente al competente, en caso de que existiere, a la mayor brevedad posible.
Para todos los efectos legales se tendrá en cuenta la presentación inicial hecha ante
la corporación o juzgado que ordena la remisión». Más adelante, en el artículo 306
del mismo ordenamiento legal, se establece que en los aspectos no contemplados
en ese Código se seguirá el ordenamiento procesal civil «en lo que sea compatible
con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo».
87. El CGP regula expresamente la materia. En el artículo 16 prevé que «cuando
se declare, de oficio o a petición de parte, la falta de jurisdicción o la falta de
competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservará validez,
salvo la sentencia que se hubiere proferido que será nula, y el proceso se enviará de
inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta
de jurisdicción o de competencia será nulo».
88. La Corte Constitucional, en sentencia C-537 de 2016, declaró la exequibilidad
de la disposición aludida, puntualmente, en relación con la falta de competencia por
los factores subjetivo y funcional, con los siguientes argumentos que resultan
plenamente aplicables al escenario de la falta de jurisdicción:
29. La conservación de validez de lo actuado por el juez incompetente o
perteneciente a otra jurisdicción distinta de la competente, salvo la sentencia,
fue una decisión tomada por el legislador, pero inspirada de cerca en
precedentes jurisprudenciales.
(…)
33. La finalidad perseguida es coincidente con la que inspiró al juez
constitucional en los precedentes referidos. Se trata de medidas que pretenden
hacer efectivo el derecho al juez natural o competente, así como el acceso a la
justicia, sin que su respeto signifique el sacrificio de otros elementos del
derecho fundamental al debido proceso y de otros imperativos
constitucionales34. Así, la decisión tomada por el legislador, dentro de su
34
Cita original: «Uno de los objetivos del proyecto de CGP era el de "Erradicar los factores
normativos que dificultan la eficacia de la función jurisdiccional, con base en la experiencia
acumulada por la gestión judicial en el marco del régimen procesal vigente". Para esto, estableció
"un sistema restringido de nulidades, en el que se opta por rescatar la validez de la mayor cantidad
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margen constitucional de configuración normativa para hacer efectivo el debido
proceso35, resultó de una conciliación de los imperativos que confluyen en la
configuración legal del proceso y tomó en consideración que la instrucción del
proceso llevada a cabo por el juez que en su momento se consideró como
competente para hacerlo, fue realizada con el respeto de las garantías del
debido proceso y llevado a cabo por un juez de la República, provisto de las
garantías orgánicas y estatutarias de su cargo36. La medida en cuestión parte
de reconocer el carácter insustancial del vicio que se derivaría de la instrucción
del asunto37por parte de un juez que en su momento se consideró competente,
es decir, que la repetición por parte del segundo juez de los actos procesales
realizados, incluidas las pruebas practicadas, en nada mejoraría las garantías
de independencia, imparcialidad, defensa y contradicción que ya fueron
ofrecidas por un juez de la República, legalmente estatuido. Ahora bien, el
carácter improrrogable de la competencia del juez por los factores subjetivo y
funcional determina que, a pesar de preservar la validez de lo actuado, en la
materia regida por el CGP, que no incluye los asuntos penales, y para respetar
el derecho al juez natural, sin sacrificar otros derechos, no opera en todos los
casos la regla perpetuatio jurisdictionis, la que conduciría a que una vez
asumida competencia por el juez, independientemente de si esta atribución fue
adecuada o no, su competencia se prorroga o extiende hasta la sentencia
misma. Por el contrario, la manera como el legislador, válidamente desde el
punto de vista constitucional, quiso realizar el derecho al juez natural consistió
en determinar que (i) una vez se declare la falta de jurisdicción o la falta de
competencia del juez, éste deberá remitir el asunto al juez competente; (ii) el
juez que recibe el asunto debe continuar el proceso en el estado en el que se
encuentre, porque se conserva la validez de lo actuado; (iii) estará viciado de
nulidad todo lo actuado después de declarar la falta de jurisdicción o de
competencia; y (iv) el juez incompetente no podrá dictar sentencia y, por lo
tanto, la sentencia proferida por el juez incompetente deberá ser anulada y el
vicio de ésta no es subsanable.
34. En este régimen, el legislador tomó en consideración, según las
circunstancias, que la determinación del juez competente en los asuntos
regidos por el CGP es compleja y la instrucción del asunto, por parte del juez
incompetente, no resulta de una intención de disminuir garantías procesales, ni
tiene este efecto, lo que sería reprochable. De esta manera, el derecho al juez
natural resulta plenamente garantizado. La conservación de validez de la
actuación procesal, antes de la declaratoria de incompetencia, es una medida
válida que pretende la eficacia del derecho de acceso a la justicia, con la
de actuaciones posible": Informe de Ponencia Segundo Debate, Proyecto de Ley 159 de 2011 -
Senado, 196 de 2011 Cámara, Por la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras
disposiciones, Gaceta 261/12».
35
Cita original: «El que le "permite al legislador fijar las reglas a partir de las cuales se asegura la
plena efectividad de los derechos al debido proceso y al acceso efectivo a la administración de
justicia (arts. 29 y 229 C.P.)": Corte Constitucional, sentencia C-328/15. La amplitud de la
competencia del legislador en materia procesal ha sido reconocida por esta Corte, entre otras
sentencias en: C-742 de 1999, C-803 de 2000, C-591 de 2000, C-596 de 2000, C-927 de 2000, C-
1717 de 2000, C-927de 2000».
36
Cita original: «Corte Constitucional, sentencia C-154/16».
37
Cita original: «Un vicio se entiende sustancial o insustancial, dependiendo de los efectos que
acarree en las resultas del asunto o en cuanto al respeto de las garantías. La no sanción de los vicios
insustanciales se fundamenta en la prevalencia del derecho sustancial, sobre el procesal (artículo
228 de la Constitución). Esta lógica es la que inspira el numeral 4 del artículo 136 del CGP al disponer
que "La nulidad se considerará saneada en los siguientes casos: (...) 4. Cuando a pesar del vicio el
acto procesal cumplió su finalidad y no se violó el derecho de defensa".».
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obtención de una decisión en términos razonables38, con respeto del principio
constitucional de celeridad de la administración de justicia39, economía
procesal40, la tutela judicial efectiva y la prevalencia del derecho sustancial,
sobre el adjetivo, ya que evitará repetir, sin razón de garantías, lo actuado en
debida forma por el juez ahora declarado incompetente y excluye la declaratoria
de nulidad, por esta causal, como un mecanismo de dilación del proceso. Así,
la norma también es una medida razonable para evitar la congestión de la
justicia.
89. Ahora, en línea con lo anterior, el artículo 138 del CGP, de manera textual,
dispuso:
Artículo 138. Efectos de la declaración de falta de jurisdicción o competencia
y de la nulidad declarada. Cuando se declare la falta de jurisdicción, o la falta
de competencia por el factor funcional o subjetivo, lo actuado conservará su
validez y el proceso se enviará de inmediato al juez competente; pero si
se hubiere dictado sentencia, esta se invalidará.
La nulidad solo comprenderá la actuación posterior al motivo que la produjo y
que resulte afectada por este. Sin embargo, la prueba practicada dentro de
dicha actuación conservará su validez y tendrá eficacia respecto de quienes
tuvieron oportunidad de controvertirla, y se mantendrán las medidas cautelares
practicadas.
El auto que declare una nulidad indicará la actuación que debe renovarse.
90. En el caso que se analiza, cuando el proceso ejecutivo arribó a la jurisdicción
contencioso-administrativa se encontraba pendiente de resolver el recurso de
reposición interpuesto contra el auto que decretó el desistimiento táctico.
91. Empero, el Juzgado Cuarto Administrativo de Yopal desconoció el principio
de irrevocabilidad de las decisiones de la jurisdicción ordinaria, y las dejó sin efecto
sin mayor justificación, para luego analizar la procedibilidad de librar mandamiento
ejecutivo, que corresponde a la primera decisión en ese tipo de asuntos. El Tribunal
Administrativo de Casanare, por su parte, convalidó tal irregularidad y confirmó el
auto que negó el mandamiento de pago.
38
Cita original: «El derecho al plazo razonable, reconocido en el numeral 1 del artículo 8 de la
Convención Americana de Derechos Humanos, garantía del debido proceso, es el que fundamenta
el principio de economía procesal, sustentado, a la vez, en el orden constitucional, en la expresión
"Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado", del
artículo 29 de la Constitución Política».
39
Cita original: «El principio constitucional de celeridad, fue reconocido por varias sentencias de esta
Corte, que fueron sistematizadas en la sentencia C-543/11».
40
Cita original: «"El principio de la economía procesal consiste, principalmente, en conseguir el
mayor resultado con el mínimo de actividad de la administración de justicia. Con la aplicación de este
principio, se busca la celeridad en la solución de los litigios, es decir, que se imparta pronta y
cumplida justicia (...) Otra consecuencia de la aplicación de este principio, es la institución del
saneamiento de las nulidades. En el Código, ésta se funda en la consideración de que el acto,
aun siendo nulo, cumplió su finalidad. Que, en consecuencia, no se violó el derecho de
defensa (...) En virtud de la economía procesal, el saneamiento de la nulidad, en general, consigue
la conservación del proceso a pesar de haberse incurrido en determinado vicio, señalado como
causal de nulidad" (negrillas no originales): Corte Constitucional, sentencia C-037/98».
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92. El entendimiento equivocado sobre la aplicación excepcional de la teoría del
antiprocesalismo, aunado a la inobservancia de las reglas legales sobre los efectos
de la declaratoria de la falta de jurisdicción, en concepto de esta Sala, vulneró el
derecho fundamental al debido proceso de la parte ejecutante, porque se actuó al
margen del procedimiento establecido, en una clara afrenta al derecho fundamental
al debido proceso de la parte ejecutante.
93. Como se indicó, la decisión que dejó sin efectos los autos del Juzgado Primero
Civil Municipal de Yopal carece de fundamento y se muestra contraria a los principios
de irrevocabilidad y de seguridad jurídica, y la orden de no librar mandamiento de
pago desconoció lo actuado previamente en el proceso, además de la etapa en la
que se encontraba el asunto. Esto último, se insiste, fue avalado por el Tribunal en
la providencia que también se cuestiona.
94. En efecto, en sede de apelación, el Tribunal Administrativo de Casanare hizo
caso omiso a los reproches del ejecutante, con los que pretendió que se conservara
la validez de las decisiones adoptadas por el juez civil.
95. En concepto de esta Sala, la inobservancia de las reglas sobre los efectos de
la declaratoria de la falta de jurisdicción comporta la vulneración del derecho
fundamental al debido proceso de la parte ejecutante (IFC), porque se actuó al
margen del procedimiento establecido, en una clara afrenta al principio de seguridad
jurídica.
96. Es clara, entonces, la configuración del defecto procedimental absoluto, por
lo que esta Subsección se relevará de estudiar los demás cargos de la tutela.
97. Como se aprecia, el desconocimiento del procedimiento legal se presentó
tanto en la primera instancia, como en la segunda instancia de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, sin que las autoridades judiciales que conocieron del
proceso hubieran presentado alguna explicación al respecto, en esta acción
constitucional.
98. Lo anterior resulta suficiente para conceder el amparo deprecado, lo que
releva a la Sala de estudiar los demás cargos de la tutela.
99. Por todo lo razonado, la Sala concederá el amparo del derecho fundamental
al debido proceso del Instituto Financiero de Casanare (IFC). Como consecuencia,
(i) dejará sin efectos las siguientes providencias: auto proferido el 28 de agosto de
2025 por el Tribunal Administrativo de Casanare; auto dictado el 8 de mayo de 2025
por el Juzgado Cuarto Administrativo de Yopal y el auto del 17 de julio de 2025, que
resolvió desfavorablemente el recurso de reposición interpuesto contra el anterior, y
(ii) se ordenará al Juzgado Cuarto Administrativo de Yopal, que retome el asunto en
el estado en el que arribó a la jurisdicción contencioso-administrativa, respetando la
validez de lo actuado ante el Juzgado Primero Civil Municipal de Yopal, conforme a
lo establecido en los artículos 16 y 138 del CGP, y adopte las decisiones que
correspondan.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: NEGAR la solicitud presentada por la parte actora, relativa al
conocimiento de la presente acción constitucional por parte de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de acuerdo con las
consideraciones expuestas.
SEGUNDO: AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso del Instituto
Financiero de Casanare (IFC), vulnerado por el Juzgado Cuarto Administrativo de
Yopal y el Tribunal Administrativo de Casanare, conforme a lo razonado en la parte
motiva.
TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, (i) DEJAR SIN EFECTOS los autos
del 28 de agosto de 2025, dictado por el Tribunal Administrativo de Casanare, y los
proferidos el 8 de mayo y 17 de julio de 2025 por el Juzgado Cuarto Administrativo
de Yopal, en el marco del proceso ejecutivo con radicación núm. 85001-33-33-004-
2025-00172-00/01, y (ii) ORDENAR a dicho juzgado que retome el proceso en el
estado en el que arribó a la jurisdicción contencioso-administrativa, respetando la
validez de lo actuado ante el Juzgado Primero Civil Municipal de Yopal, y adopte las
decisiones que correspondan.
CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el
medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
QUINTO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente de tutela a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo Samai, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento, a través del enlace señalado a continuación:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente,
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha.
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