Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04654-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04654-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-04654-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
21 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04654-01
Accionante: Instituto Financiero de Casanare
Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / CONFIRMA
AMPARO / configuración de defecto sustantivo - indebida interpretación y aplicación
normativa sobre títulos ejecutivos y títulos valores en la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo / Defecto procedimental absoluto – apartamiento del
procedimiento legalmente establecido.
Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la autoridad accionada
contra la sentencia proferida el 30 de julio de 2026 por la Sección Quinta del Consejo
de Estado, mediante la cual se concedió la solicitud de amparo respecto a los
defectos sustantivo, fáctico y procedimental por exceso ritual manifiesto y se
negaron las pretensiones de demanda en cuanto al alegado desconocimiento del
precedente.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1. El 17 de junio de 2026, el Instituto Financiero de Casanare, a través de su gerente,
instauró acción de tutela contra el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de
Yopal y el Tribunal Administrativo de Casanare, en busca de obtener la protección
de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de
justicia.
2. Sostuvo que tales garantías fueron vulneradas con ocasión de los autos del 24 de
septiembre de 2025 y 22 de enero de 2026 proferidos por las autoridades accionadas
al interior del proceso ejecutivo1 que promovió el instituto en contra del señor Saul
Hernández Ariza, con el propósito de obtener el pago de una suma de dinero por
concepto del capital representado en un pagaré suscrito para garantizar un crédito
que le fue otorgado por dicha entidad.
1 Identificado con radicado número 85001-3333-001-2025-00230-00/01.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04654-01
Accionante: Instituto Financiero de Casanare
Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
3. Inicialmente el conocimiento de ese asunto correspondió al Juzgado Primero Civil
Municipal de Yopal, el cual, mediante auto del 23 de febrero de 2017, libró
mandamiento de pago y decretó medidas cautelares. A través de proveído del 25 de
mayo de 2023, ese despacho ordenó remitir el expediente al Juzgado Cuarto Civil
Municipal de Yopal en el estado en el que se encontraba para su conocimiento y
continuación del trámite, conforme lo previsto en el Acuerdo No. CSJBOYA23-309
del 9 de marzo de 2023.
4. Por medio de auto del 11 de julio de 2024, el Juzgado Cuarto Civil Municipal de
Yopal avocó conocimiento de ese asunto. Posteriormente, en atención a los
pronunciamientos de la Corte Constitucional2, a través de proveído del 5 de
diciembre de ese mismo año, declaró la falta de jurisdicción. En consecuencia,
dispuso remitir el expediente a los juzgados administrativos de Yopal para su
correspondiente reparto, con la precisión de que todo lo actuado conservería validez,
de conformidad con lo establecido en el artículo 138 del CGP.
5. El proceso fue asignado al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Yopal,
el cual, por auto del 24 de septiembre de 2025, avocó conocimiento y decidió no
seguir adelante con la ejecución, tras considerar que el título ejecutivo no se
constituyó en debida forma, dado que no se acompañó del contrato de mutuo. Por
consiguiente, ordenó el levantamiento de las medidas cautelares decretadas, así
como el archivo del expediente.
6. Contra la decisión anterior, la parte ejecutante interpuso recurso de reposición y,
en subsidio, apelación. El primero fue resuelto desfavorablemente a través de auto
del 30 de noviembre de 2025, providencia en la que además se concedió la alzada
ante el Tribunal Administrativo de Casanare.
7. Dicha corporación, mediante auto del 22 de enero de 2026, confirmó la decisión
recurrida. Señaló que el Instituto Financiero de Casanare se encuentra sometido al
régimen jurídico de las empresas industriales y comerciales del Estado. Por lo tanto,
en su criterio, los contratos celebrados para el desarrollo de su objeto se rigen por el
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, conforme el cual los
contratos estatales deben constar por escrito. En ese orden, estimó que el
mandamiento de pago solo podía librarse si el título ejecutivo estaba integrado no
solo por el pagaré, sino también por el contrato de mutuo, al tratarse de un título
ejecutivo complejo.
8. Como fundamento de la presente acción, la parte actora sostuvo que las
autoridades judiciales accionadas incurrieron en los siguientes defectos:
9. Violación directa de la Constitución, puesto que, bajo el supuesto de integrar un
título ejecutivo complejo, los falladores realizaron una interpretación arbitraria que
restringió injustificadamente el derecho de acción.
2 Auto 1209 de 2024 reiterado en auto 1623 de 2024.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04654-01
Accionante: Instituto Financiero de Casanare
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
10. Señaló además que dicha conclusión desconoce las reglas fijadas por la Corte
Constitucional en los autos A-2014 de 2024 y A-1455 de 2025, en los que se precisó
que: (i) las empresas industriales y comerciales del Estado, en el desarrollo de sus
actividades comerciales y contractuales, se rigen por el derecho privado y, por tanto,
al momento de otorgar el crédito no es exigible un contrato escrito, pues de
conformidad con los artículos 2221 y 2222 del Código Civil el contrato se perfecciona
con la entrega del dinero; y, (ii) el pagaré incorpora una obligación clara, expresa y
exigible y constituye un título ejecutivo susceptible de ejecución ante la jurisdicción
de lo contencioso-administrativo, en los términos del numeral 3 del artículo 297 del
CPACA. Indicó que ese criterio fue reiterado por el Alto Tribunal en auto 1455 del 17
de septiembre de 2025.
11. Agregó que el Juzgado enjuiciado no solo debió darle trámite al proceso ejecutivo,
con fundamento en las consideraciones de la Corte Constitucional, sino también en
observancia a lo dispuesto en el artículo 16 del CGP, según el cual, cuando se
declara la falta de jurisdicción o de competencia por los factores subjetivo o funcional,
todo lo actuado conservará validez, salvo la sentencia, en caso de haberse adoptado.
12. Defecto fáctico, al restarle mérito ejecutivo el pagaré aportado con la demanda,
pese a que este constituye un título autónomo que contiene una obligación clara,
expresa y exigible, por lo que no requiere un contrato de mutuo escrito para su
conformación.
13. Arguyó que el Tribunal partió de una premisa equivocada al asumir que todos los
contratos estatales se rigen exclusivamente por la Ley 80 de 1993, sin considerar
que existen contratos estatales sometidos al derecho privado. Explicó que, dada la
naturaleza jurídica del Instituto Financiero de Casanare como empresa industrial y
comercial del Estado, su régimen se encuentra previsto en el artículo 85 de la Ley
489 de 1998 y que el otorgamiento de créditos, como actividad propia de su objeto,
se rige por el derecho privado, conforme al artículo 14 de la Ley 1150 de 2007,
modificado por el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011.
14. En ese sentido, afirmó que el contrato de mutuo objeto del proceso se rige por las
normas de derecho privado, en particular por los artículos 2221 y 2222 del Código
Civil, según los cuales dicho contrato se perfecciona con la entrega de la cosa
fungible y no mediante su formalización por escrito.
15. Manifestó que, aunque no existe un contrato de mutuo solemne e independiente
del pagaré, ello no impide su perfeccionamiento, pues este ocurrió con el
desembolso del préstamo efectuado por el Instituto al deudor.
16. En ese orden, argumentó que las autoridades accionadas desconocieron la
exigibilidad del pagaré e impusieron un requisito no previsto en el ordenamiento
jurídico, al exigir un contrato de mutuo por escrito.
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17. Defecto sustantivo, por omitir aplicar los artículos 2, 29 y 229 de la Constitución;
99 y 297 de la Ley 1437 de 2011; 85 y 93 de la Ley 498 de 1998; 93 de la Ley 1474
de 2011, 2221 y 2222 del Código Civil; y, 619 y 709 del Código de Comercio.
18. Expuso que tanto el CGP como el CPACA reconocen mérito ejecutivo a los
documentos provenientes del deudor que constituyan plena prueba en su contra.
Añadió que, en particular, este último cuerpo normativo extiende esa fuerza ejecutiva
a cualquier acto proferido con ocasión de la actividad contractual que contenga
obligaciones claras, expresas y exigibles.
19. Defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, al exigir un contrato de
mutuo escrito para integrar un supuesto título ejecutivo complejo, con fundamento
en una interpretación contraria al ordenamiento jurídico. Destacó que la inexistencia
de un contrato escrito no obedeció a una omisión de la entidad demandante, sino al
régimen jurídico que le es aplicable.
20. Resaltó que la decisión del Tribunal no fue unánime. Uno de los magistrados salvó
voto, al considerar que: (i) la regla fijada por la Corte Constitucional no exige la
conformación de un título ejecutivo complejo, (ii) el cambio de jurisdicción no puede
alterar la naturaleza del derecho sustancial y (iii) el título valor es exigible de manera
autónoma en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo.
21. Añadió que las distintas Secciones de esta Corporación, al abordar el estudio de
casos similares han concedido el amparo solicitado. Como soporte de ello, citó las
sentencias del 13 de noviembre de 20253, 29 de enero4, 9 de febrero5, 2 de marzo6,
20 de abril7, 88 y 289 de mayo de 2026.
B. Sentencia de primera instancia
22. Mediante fallo del 30 de julio de 2026, la Sección Quinta del Consejo de Estado
amparó los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración
de justicia de la parte accionante, al considerar acreditada la configuración de los
defectos sustantivo, fáctico y procedimental por exceso ritual manifiesto.
23. Respecto al yerro sustantivo, estimó que el Tribunal accionado aplicó de manera
parcial el marco normativo. Señaló que si bien acudió al artículo 2221 del Código
Civil para determinar el tipo de negocio jurídico celebrado por el instituto, pasó por
alto el artículo 2222 ibidem, que reguló lo relativo al perfeccionamiento de dicho
contrato. Resaltó que ese aspecto cobraba especial relevancia, en la medida en que
3 Exp. 11001-03-15-000-2025-05435-00.
4 Exp. 11001-03-15-000-2025-07470-00
5 Exp. 11001-03-15-000-2025-05003-00.
6 Exp. 11001-03-15-000-2026-00426-00.
7 En esta fecha refirió tres decisiones emitidas en el marco de los procesos 11001-03-15-000-2025-07910-01,
11001-03-15-000-2026-01087-00 y 11001-03-15-000-2026-01919-00.
8 En esta fecha aludió dos fallos proferidos dentro de los expedientes de tutela 11001-03-15-000-2026-01869-00
y 11001-03-15-000-2026-0997-01.
9 Exp. 11001-03-15-000-2026-00021-01.
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el perfeccionamiento del contrato presume su existencia y es el punto en el que las
partes se vinculan a las obligaciones que de este emerjan.
24. Aunado a ello, encontró que se aplicó de manera parcial el artículo 93 de la Ley
489 de 1988. Expuso que el Tribunal solo aplicó un fragmento de dicha disposición,
que dispone que los contratos que celebren las EICE para el cumplimiento de su
objeto se sujetaran al Estatuto General de la Contratación, pero omitió que esa
norma también establece que los actos que expidan dichas empresas para el
desarrollo de su actividad son regidos por el derecho privado.
25. En criterio de la Sala, esa distinción resultaba determinante para verificar si el
cobro del pagaré debía sujetarse a las normas del derecho privado o del derecho
público. Sin embargo, la autoridad accionada se limitó a tratar la actuación objeto de
ejecución como un contrato celebrado para el cumplimiento del objeto de la entidad,
sin respaldar esa conclusión.
26. Sostuvo que ese análisis, además, debía efectuarse en consonancia con el
artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, según el cual cuando la EICE celebra una
actividad en competencia con el sector público o privado, dicha actuación debe
regirse por el derecho privado.
27. Con fundamento en lo anterior, concluyó que la valoración sobre el régimen
aplicable -público o privado- en aras de identificar qué exigencias se podían realizar
para resolver sobre el mandamiento de pago exigía un análisis: (i) del tipo de
actuación que sustentaba el pagaré de acuerdo con una verificación integral del
artículo 93 de la Ley 489 de 1998; y, (ii) del ámbito en que se efectuó la actividad de
la EICE, acorde el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007; aspectos que no fueron
considerados por el Tribunal.
28. Para el a quo también se acreditó la existencia de un defecto fáctico, toda vez que
no se realizó una valoración sobre el título objeto de ejecución, tendiente a
determinar si de los documentos aportados se desprendía una obligación clara,
expresa y exigible.
29. A la misma conclusión arribó respecto al defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto. Afirmó que uno de los argumentos que sustentó la decisión cuestionada
radicó en la falta de exhibición del título valor en los términos del artículo 624 del
Código de Comercio. Acotó que dicha exigencia desconoció el trámite previsto para
los procesos judiciales en la Ley 2213 de 2022, que estableció que tanto la demanda
como sus anexos deben presentarse de forma digital.
30. En lo que atañe al desconocimiento del precedente, el a quo negó la solicitud de
amparo. Consideró que las decisiones de la Corte Constitucional invocadas por el
demandante no constituían precedente para la autoridad accionada. Indicó que el
propósito de dichas providencias fue determinar la jurisdicción a la que le
correspondía conocer ese tipo de controversias, a partir de la naturaleza pública que
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ejercía la actividad contractual. Sin embargo, precisó que la calidad del documento
allegado como título ejecutivo es un aspecto que corresponde definir al juez de la
causa en cada caso.
C. Impugnación
31. La autoridad judicial accionada arguyó que el juez de primera instancia no debió
analizar el fondo del asunto, toda vez que no satisface el requisito general de
relevancia constitucional. Mencionó que, en casos similares, el Consejo de Estado
ha determinado que la controversia propuesta no reviste relevancia constitucional,
en tanto su finalidad es emplear el mecanismo de amparo como una instancia
adicional al proceso ordinario, en busca de reabrir un debate estrictamente
económico.
32. Sin perjuicio lo anterior, sostuvo que no incurrió en los defectos que le fueron
endilgados, puesto que la decisión que adoptó se fundamentó en el análisis del
acervo probatorio obrante en el plenario, así como en el marco normativo aplicable.
33. En lo que respecta al yerro procedimental por exceso ritual manifiesto, aclaró que
la exigencia de aportar documentos en original no fue objeto del recurso de apelación
sometido a su consideración y, por ende, tampoco fue objeto de estudio en el auto
del 22 de enero de 2026. En razón a ello, adujo que, frente a ese aspecto, la solicitud
de amparo carece de subsidiariedad, dado que la tutelante no ejerció los
mecanismos que tenía a su alcance para ventilar dicha inconformidad.
II. CONSIDERACIONES
D. Competencia
34. La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
E. Análisis del caso concreto
35. Se confirmará el fallo impugnado, pero por las razones que se exponen a
continuación.
36. Esta Subsección coincide con el a quo en que el presente asunto satisface los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial, en particular, el presupuesto atinente a la relevancia constitucional.
37. Lo anterior, no solo porque la demanda cumple con la carga argumentativa
exigida, en tanto identifica de forma clara y concreta los motivos de la violación que
se atribuyen a la providencia objetada, sino también porque el debate propuesto
trasciende la esfera de lo constitucional. La controversia gira en torno a la presunta
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indebida interpretación y aplicación de las disposiciones que regulan las categorías
jurídicas de “título ejecutivo” y “título valor” en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo, entendimiento que sirvió de fundamento para abstenerse de
continuar con el trámite ejecutivo y, por esa vía, impidió que la parte ejecutante
obtuviera un pronunciamiento sobre la satisfacción de la obligación reclamada, lo
que, de llegar a constatarse, tendría la entidad de impactar de forma directa el
ejercicio efectivo de los derechos de acceso a la administración de justicia y al
debido proceso de la tutelante. Por lo tanto, la discusión suscitada involucra un
eventual desconocimiento de tales garantías ante una interpretación que determinó
la exigencia de requisitos cuya razonabilidad debe ser valorada por el juez de tutela.
38. Si bien la autoridad accionada pretendía desvirtuar el cumplimiento de dicho
requisito con fundamento en las decisiones referidas en el escrito de impugnación,
ninguna de ellas fue adoptada por esta Subsección y, en esa medida, no resultan
vinculantes para la Sala, ni pueden erigirse como parámetro obligatorio para resolver
la controversia que se examina en esta oportunidad.
39. Ahora, en cuanto a las causales específicas de procedibilidad, la Sala encuentra
acreditada la configuración de un defecto sustantivo y un defecto procedimental.
Este último, no en razón a exceso ritual manifiesto, sino a la ocurrencia de un defecto
procedimental absoluto, como se expondrá más adelante.
40. Aunque el a quo concluyó que en el presente también se materializó un yerro de
tipo fáctico, en criterio de esta Sala, los reparos de la parte accionante se originan
en la interpretación que efectuaron las autoridades judiciales accionadas sobre las
disposiciones que regulan la ejecución de títulos ejecutivos ante la jurisdicción
contencioso-administrativa, así como la relativa a los títulos valores.
41. Según se expuso, ese ejercicio interpretativo conllevó a una indebida
caracterización del título cuya ejecución se perseguía, al desconocimiento del
régimen aplicable al contrato de mutuo celebrado por una empresa industrial y
comercial del Estado, a la inobservancia de los criterios fijados por la Corte
Constitucional al resolver conflictos de jurisdicción sobre esta materia y a una
valoración errónea de los documentos aportados con la demanda, al exigir requisitos
adicionales no previstos en el ordenamiento jurídico para reconocerles mérito
ejecutivo.
42. De esta manera, el yerro caracterizado por el a quo como fáctico no radica en la
falta de valoración de los documentos objeto de cobro, sino en el alcance jurídico
que se les otorgó a partir de un ejercicio hermenéutico errado, que condujo a la
conclusión de que el pagaré, por sí solo, no resultaba suficiente para conformar el
título ejecutivo en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo.
43. Bajo ese escenario, esta Subsección centrará su análisis en el presunto defecto
sustantivo, pues a partir la interpretación que las autoridades accionadas realizaron
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de las normas que regulan los títulos ejecutivos se derivan los demás reproches
formulados por la parte actora.
44. Por lo tanto, el estudio se circunscribirá a establecer si la interpretación efectuada
por el Tribunal10 resulta compatible con las normas cuya inaplicación o
entendimiento errado atribuye la parte ejecutante a las providencias censuradas, en
especial, los artículos 197, numeral 3 de la Ley 1437 de 2011 y 619 del Código de
Comercio.
45. A efectos de determinar la configuración de dicho yerro, resulta indispensable
delimitar el marco normativo aplicable al caso concreto, pues solo a partir de las
disposiciones que regulan la materia es posible analizar si la interpretación acogida
por las autoridades judiciales accionadas se ajustó al ordenamiento jurídico o si, por
el contrario, se apartó de su contenido y alcance. Para dicho ejercicio, debe tenerse
en cuenta que la controversia sometida a conocimiento de las autoridades
accionadas se originó en un proceso ejecutivo promovido por el Instituto Financiero
de Casanare (IFC) para obtener el pago de una obligación dineraria representada
en un pagaré.
46. Sobre el particular, el artículo 297 del CPACA establece que los documentos que
constituyen título ejecutivo son, entre otros, “los contratos, los documentos en que
consten sus garantías, junto con el acto administrativo a través del cual se declare
su incumplimiento, el acta de liquidación del contrato, o cualquier acto proferido con
ocasión de la actividad contractual, en los que consten obligaciones claras, expresas
y exigibles, a cargo de las partes intervinientes en tales actuaciones”. De esa
disposición, se desprende con claridad que el legislador reconoció el carácter
ejecutivo a cualquier acto expedido con ocasión de la actividad contractual que
incorpore una obligación con las características exigidas por ley.
47. Con el fin de desatar el recurso de apelación interpuesto por la parte accionante
el Tribunal Administrativo de Casanare hizo referencia a dicha norma. A su vez,
aludió el artículo 422 del Código General del Proceso que prevé que “Pueden
demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que
consten en documentos que provengan del deudor o de su causante”.
48. A partir de ello, el fallador determinó que debía establecerse si los documentos
allegados con la demanda conformaban un título ejecutivo y, en caso afirmativo, si
se trataba de uno simple o complejo. Consideró que, como la obligación incorporada
en el pagaré tenía origen en un contrato de mutuo celebrado por una entidad pública,
el título ejecutivo debía integrarse no solo con el pagaré, sino también con el
correspondiente contrato de mutuo, documento en el que debía constar la
10 Si bien la parte actora cuestionó tanto el auto del 24 de septiembre de 2025, dictado por el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Yopal, como el proveído del 22 de enero de 2026, por medio del cual el Tribunal
Administrativo de Casanare confirmó esa decisión, el análisis de la Sala debe concentrarse en esta última
providencia por ser la que resolvió de manera definitiva el asunto.
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manifestación de voluntad del Instituto Financiero de Casanare. Estimó que ese
requisito no se encontraba satisfecho al no haberse aportado dicho instrumento.
49. Explicó que si bien se aportó el título valor, esto es, el pagaré suscrito por el
deudor a favor del IFC, dicho documento no correspondía al contrato de mutuo y de
su clausulado no se desprendía su existencia, ni los términos y las condiciones en
las que se obligaban cada una de las partes.
50. Precisóque, aunque el pagaré respaldaba las obligaciones derivadas de un
contrato celebrado por una entidad estatal, era indispensable acreditar la existencia
del contrato para verificar la identidad de las partes y que las excepciones sean
oponibles en el proceso ejecutivo.
51. Sostuvo que la entidad ejecutante se trataba de una empresa de Gestión
Económica de carácter departamental, sometida al régimen jurídico de las empresas
industriales y comerciales del Estado, contemplado en la Ley 489 de 1998; por ende,
estimó que los contratos que celebre para el desarrollo de su objeto se sujetan a las
disposiciones del Estatuto General de la Contratación, tal como lo preceptúa el
artículo 93 ibidem, es decir, que los contratos deben constar por escrito.
52. A partir de esas consideraciones, la autoridad accionada concluyó que, al no
haberse allegado el contrato fuente de la obligación, no se configuraba el título
ejecutivo complejo exigible para promover la ejecución ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo.
53. Para esta Sala, ese razonamiento parte de una lectura parcial del marco
normativo aplicable. Si bien el Tribunal acudió al artículo 297 del CPACA para
identificar los documentos que prestan mérito ejecutivo ante la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo, omitió considerar que el numeral 3 de esa misma
disposición no restringe esa calidad a los contratos estatales y a los documentos
que los integran, sino que también reconoce fuerza ejecutiva a “cualquier acto
proferido con ocasión de la actividad contractual” en el que consten obligaciones
claras, expresas y exigibles. Lo anterior, imponía examinar si el pagaré aportado con
la demanda podía subsumirse en dicho supuesto, antes de concluir que,
necesariamente, debía integrarse con el contrato de mutuo para conformar un título
ejecutivo complejo.
54. A esa omisión se suma que la autoridad enjuiciada no realizó un análisis
específico sobre la normativa en torno al documento cuya ejecución se pretendía.
Pese a que la demanda ejecutiva se fundó en un pagaré, la providencia prescindió
de examinar las disposiciones del Código de Comercio que regulan los títulos
valores, en particular el artículo 619, conforme al cual estos incorporan un derecho
literal y autónomo cuyo ejercicio se legitima mediante el propio documento.
55. En virtud de los principios de incorporación, literalidad, autonomía, abstracción y
circulación que caracterizan esta clase de instrumentos, el derecho incorporado en
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el título es independiente de la relación causal que le dio origen, razón por la cual
su exigibilidad no depende de la acreditación del negocio jurídico subyacente.
56. No obstante, la decisión centró su análisis exclusivamente en la relación
contractual subyacente y en la figura del título ejecutivo complejo, sin valorar la
incidencia que la naturaleza jurídica del pagaré podía tener en la determinación de
su aptitud ejecutiva dentro del proceso.
57. Por consiguiente, la exigencia de la autoridad accionada limita el alcance de los
títulos valores para ser objeto de ejecución en vía judicial, y desborda los parámetros
de la razonabilidad jurídica, al acoger una interpretación que desnaturaliza este tipo
de documentos, que esencialmente incorporan un derecho y son autónomos de la
relación causal en virtud de la cual fueron creados.
58. Bajo ese escenario, carece de sustento legal la exigencia atinente a que se deba
aportar el contrato de mutuo para que, junto con el pagaré, constituya un título
ejecutivo complejo. Lo procedente era examinar el pagaré a la luz de las
disposiciones que regulan los títulos valores y determinar si, por sí mismo,
incorporaba una obligación clara, expresa y exigible, en los términos previstos en el
artículo 422 del Código General del Proceso y el artículo 297 del CPACA.
59. Esa conclusión encuentra respaldo en el auto A-2014 de 2024, en el cual, al dirimir
el conflicto de jurisdicción suscitado respecto de este tipo de procesos ejecutivos, la
Corte Constitucional examinó la naturaleza jurídica del negocio subyacente al
pagaré y precisó que, aunque este deriva de un contrato estatal, razón por la cual
se asignaba la competencia a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo,
tratándose de una empresa industrial y comercial del Estado sometida al régimen
de derecho privado, conforme a los artículos 85 y 93 de la Ley 489 de 1998 y al
artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, el otorgamiento del crédito no exige la
celebración de un contrato escrito. Explicó que, de conformidad con los artículos
2221 y 2222 del Código Civil, aplicables al mutuo comercial por remisión del Código
de Comercio, dicho contrato se perfecciona con la entrega del dinero objeto del
préstamo.
60. En ese mismo pronunciamiento, la Corte sostuvo que el pagaré cuya ejecución
se pretendía constituía “un documento suscrito por una de las partes del negocio
subyacente (mutuo) en el que consta una obligación clara, expresa y exigible en
contra de esta, lo que corresponde a un título ejecutivo por ser uno de los
documentos a los que se refiere el numeral 3 del artículo 297 del CPACA”. Así, el
Alto Tribunal reconoció expresamente que ese título valor, por sí mismo, satisfacía
las exigencias legales para servir de fundamento a la acción ejecutiva, sin
supeditarlo a que mediara un contrato de mutuo por escrito.
61. A partir de esa decisión, se evidencia que si bien su finalidad consistió en resolver
un conflicto de jurisdicción, en ella también se analizó la naturaleza del pagaré y del
contrato de mutuo, consideraciones que merecen especial atención de cara al
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04654-01
Accionante: Instituto Financiero de Casanare
Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
problema jurídico planteado en el presente asunto. Allí, se determinó que, en casos
como el que ahora se examina, los pagarés constituían un título ejecutivo, sin que
se requiriera para tal propósito aportar el contrato de mutuo que le dio origen,
máxime cuando no se tenía certeza de su existencia.
62. Visto lo anterior, no resulta admisible para esta Sala que el criterio fijado por la
Corte Constitucional para definir la competencia en este tipo de controversias sea
acogido por el juez de lo contencioso-administrativo para asumir su conocimiento,
pero, a su vez, se abstenga de continuar con el trámite con fundamento en
exigencias adicionales -que la propia Corte indicó que no eran indispensables- para
la exigibilidad del título.
63. Entre otras cosas, porque lo que ha indicado el Alto Tribunal es que, si la entidad
estatal es acreedora de una obligación y funda su reclamo en un título valor, lo que
se puede suponer de esa situación es que subyace una relación contractual, que
determina la asignación de la competencia a la jurisdicción contencioso-
administrativa, sin que ello implique una habilitación para hacer exigencias como las
fijadas en la providencia cuestionada.
64. Por lo tanto, no le era dable al juez de la causa exigir un requisito adicional no
previsto en la ley, que, además, posiblemente no exista en razón al giro ordinario de
los negocios de este tipo de entidades y con base en dicha exigencia de imposible
cumplimiento coarte la posibilidad de la parte actora de poder ejecutar vía judicial un
título valor, el cual, como ya se anotó, no requiere de documento adicional en tanto
incorpora per se un derecho.
65. Ese entendimiento al que arribó la accionada a partir de un ejercicio interpretativo
apartado de las normas sustanciales que regulan la materia, a juicio de esta Sala,
además, conllevó al desconocimiento a las reglas de procedimiento aplicables en
los eventos en que un proceso es remitido a otra jurisdicción como consecuencia de
la declaratoria de falta de jurisdicción, que constituyó uno de las objeciones
planteadas por la parte actora en el escrito de tutela.
66. El artículo 16 del CGP, aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA, prevé
que cuando se declare la falta de jurisdicción o la falta de competencia por los
factores subjetivo o funcional, las actuaciones surtidas conservarán su validez, con
excepción de la sentencia que eventualmente se hubiere proferido, la cual deberá
invalidarse.
67. En consonancia con esa disposición, el artículo 138 ibidem establece que, una
vez declarada la falta de jurisdicción, el proceso debe remitirse de inmediato al juez
competente, sin que ello afecte la validez de las actuaciones procesales adelantadas
hasta ese momento.
68. En el caso que ocupa la atención de esta Sala, para el momento en que el proceso
ejecutivo fue remitido a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, ya se habían
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Accionante: Instituto Financiero de Casanare
Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
surtido varias actuaciones. En concreto, se había librado mandamiento de pago,
decretado medidas cautelares y designado curador ad litem a la parte demandada.
69. No obstante, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Yopal, luego de
avocar conocimiento del asunto, decidió no continuar la ejecución con fundamento
en la exigencia previamente censurada por esta Sala y, en consecuencia, ordenó el
archivo del expediente.
70. Si bien no se dejó sin efectos de manera expresa las actuaciones surtidas en la
jurisdicción ordinaria, lo cierto es que, al abstenerse de continuar con el trámite, en
la práctica, se restó eficacia tanto al mandamiento de pago, como a las demás
decisiones adoptadas.
71. En otras palabras, aunque formalmente se reconoció la validez de tales
actuaciones, materialmente se desconocieron sus efectos jurídicos, en contravía del
mandato contenido en los artículos 16 y 138 del CGP; irregularidad que terminó
siendo convalidada por el Tribunal Administrativo de Casanare en el auto del 22 de
enero de 2026.
72. En las condiciones anotadas, la Sala concluye que las providencias cuestionadas
no solo concretan un defecto sustantivo, por la interpretación irracional de las
normas sustanciales, sino también un yerro de tipo procedimental absoluto, al
haberse actuado al margen del procedimiento establecido para tales efectos.
73. En este punto, conviene precisar que el defecto procedimental puede
manifestarse en dos escenarios: (i) el absoluto, que se presenta en el evento en que
el operador judicial desconoce o se aparta del procedimiento legalmente establecido
para la controversia sometida a su conocimiento; y (ii) el exceso ritual manifiesto, el
cual tiene lugar cuando el juzgador aplica de forma excesiva las normas procesales,
en detrimento del derecho sustancial.11
74. Aunque el a quo consideró que en el caso bajo examen se configuraba la segunda
hipótesis, no se comparte ese razonamiento. Los argumentos a partir de los cuales
el juez de primera instancia estructuró la existencia de dicho vicio no guardan
correspondencia con las razones que sirvieron de sustento a la decisión adoptada
por el Tribunal accionado, ni tampoco fueron planteados por la parte actora en el
escrito de tutela.
75. Para fundamentar su decisión, el a quo transcribió un extracto que, según afirmó,
corresponde al auto del 22 de enero de 2026 emitido por el Tribunal Administrativo
de Casanare, conforme el cual la decisión de no seguir adelante con la ejecución,
entre otras cosas, habría obedecido a la falta de exhibición del título. Sin embargo,
del contenido plasmado en la providencia objeto de censura no se desprende que
en esta se haya planteado alguna consideración en ese sentido.
11 Sentencia T-166 de 2022.
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
76. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Yopal tampoco respaldó su
decisión en el hecho de no haberse aportado copia original del título. Motivo por el
cual ese aspecto no fue objeto del recurso de apelación interpuesto por la parte
actora contra dicho auto y, por consiguiente, no constituyó parte de la discusión que
correspondió resolver al Tribunal, ni fundamentó su decisión.
77. Por esa misma razón, la supuesta exigencia relativa a la exhibición de título
tampoco fue objeto de reproche constitucional en la demanda de tutela. Los reparos
sobre los cuales se edificó el defecto procedimental se dirigieron contra la exigencia
de aportar el contrato de mutuo por escrito para conformar en debida forma el título
ejecutivo, mas no frente a una imposición relacionada con la exhibición del título
mismo.
78. En las condiciones anotadas, la Sala estima que la falencia procedimental
advertida no obedece a un exceso ritual manifiesto derivado de una supuesta
exigencia de exhibición del título. Se trata de un defecto procedimental absoluto
originado en la imposición de requerir un contrato de mutuo por escrito, que
determinó no seguir adelante con la ejecución, restándole valor a las decisiones
adoptadas previamente en la jurisdicción ordinaria, en un claro desconocimiento de
las formas propias del juicio.
79. En esos términos, se confirmará la sentencia del 30 de julio de 2026 por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante la cual se dispuso la protección de
los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de
justicia de la parte actora.
80.La Sala considera pertinente llamar la atención al Tribunal Administrativo de
Casanare para que, a futuro, al resolver controversias en las que se pretenda la
ejecución de un título valor a favor de una empresa industrial y comercial del Estado,
tenga en cuenta las decisiones que han sido proferidas por esta Corporación y,
particularmente, por esta Subsección12, en asuntos similares al que se analiza en
esta oportunidad. Ello, con el fin de que, a partir de los criterios que han motivado la
intervención del juez constitucional, efectúe una reflexión más rigurosa acerca de la
forma en que deben ser abordadas este tipo de controversias.
81. En consonancia con lo anterior, se exhortará al Presidente del Tribunal
Administrativo de Casanare para que organice mesas de estudio y trabajo, en las
que se aborden los aspectos centrales que concurren este tipo de controversias. Lo
anterior, sin perjuicio de la autonomía de cada una de las Salas de esa corporación
al momento de resolver los casos que se pongan a su consideración.
12 Al respecto, ver sentencias del 8 de mayo de 2026, exp. 11001-03-15-000-2026-02214-00, CP. José Roberto
Sáchica Méndez; 8 de mayo de 2026, exp. 11001-03-15-000-2026-01869-00, CP. Zoranny Castillo Otálora; 8 de
mayo de 2026, exp. 11001-03-15-000-2026-00997-01 CP. Zoranny Castillo Otálora; 28 de mayo de 2026, exp.
11001-03-15-000-2026-00021-01, CP. Zoranny Castillo Otálora; y 9 de julio de 2026, exp. 11001-03-15-000-
2026-04330-00, CP. José Roberto Sáchica Méndez.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04654-01
Accionante: Instituto Financiero de Casanare
Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
82. Lo anterior, habida cuenta de la multiplicidad de asuntos de esa misma naturaleza
que, de manera reciente, han sido sometidos a consideración del juez de tutela y en
los cuales se ha concedido el amparo solicitado, precisamente en razón a la manera
en que el Tribunal ha venido dirimiendo ese tipo de conflictos.
83. Enmérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo dictado el 30 de julio de 2026 por la Sección Quinta
del Consejo de Estado, pero por los motivos expuestos en la parte motiva de la
presente sentencia.
SEGUNDO: EXHORTAR al Presidente del Tribunal Administrativo de Casanare
para que organice mesas de estudio y trabajo, en las que se aborden los aspectos
centrales que concurren este tipo de controversias. Lo anterior, sin perjuicio de la
autonomía de cada una de las Salas de esa corporación al momento de resolver los
casos que se pongan a su consideración.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
CUARTO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE13
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
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VF
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