RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › 2026 › Radicado 11001-03-15-000-2026-01869-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01869-00

Fecha
8 de mayo de 2026
Consejero ponente
Zoranny Castillo Otálora
Citada por
10 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01869-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. NEGAR la solicitud presentada por la parte actora, relativa al conocimiento de la presente acción constitucional por parte de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de acuerdo con las consideraciones expuestas. SEGUNDO. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia del Instituto Financiero de Casanare (IFC), vulnerados por el Juzgado Primero Administrativo de Yopal y el Tribunal Administrativo de Casanare. TERCERO. Como consecuencia de lo anterior, (i) DEJAR SIN EFECTOS los autos del 28 de agosto de 2025, dictado por el Tribunal Administrativo de Casanare, y los proferidos el 20 de marzo y 2 de mayo de 2025 por el Juzgado Primero Administrativo de Yopal, en el marco del proceso ejecutivo con radicación núm. 85001-33-33-001-2024-00253-00, y (ii) ORDENAR a dicho juzgado que dicte nueva decisión en concordancia con las precisiones realizadas en esta sentencia. CUARTO. NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. QUINTO. Si no se impugna esta sentencia, ENVIAR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-01869-00

Consejero ponente: Zoranny Castillo Otálora

8 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: ZORANNY CASTILLO OTÁLORA

Bogotá, D.C., ocho (8) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01869-00
Accionante: INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Defecto sustantivo - Se
configura por falta de aplicación, indebida aplicación o por interpretación errónea de
las disposiciones legales. Defecto procedimental por exceso ritual manifiesto – Se
configura por aplicación irreflexiva de las normas procedimentales, en detrimento
del derecho sustancial.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN

1. Se concederá el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia del Instituto Financiero de Casanare (en
adelante IFC).

2. Las autoridades judiciales demandadas incurrieron en defecto sustantivo y en
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto al negar el mandamiento de pago
solicitado.
II. ANTECEDENTES

La demanda

3. El 6 de marzo de 2026, el IFC, a través de apoderado, interpuso acción de tutela
para proteger sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia.

4. Atribuyó la vulneración a las providencias proferidas por el Juzgado Primero
Administrativo de Yopal y el Tribunal Administrativo de Casanare, que negaron librar
mandamiento de pago en el proceso ejecutivo con radicado 85001-33-33-001-2024-
00253-00.

Hechos relevantes

5. El Decreto 107 de 1992, modificado por el Decreto 073 de 2002, creó el IFC como
una empresa comercial y de gestión económica para fomentar el desarrollo
económico y social del departamento de Casanare.

6. En desarrollo de su objeto, el IFC otorgó créditos de fomento y educativos a

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01869-00
Accionante: Instituto Financiero de Casanare
Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

personas de escasos recursos, que respaldó con pagarés y cartas de instrucciones.

7. El señor Carlos Uriel Maldonado Garzón incurrió en mora en el pago de una
obligación crediticia y el IFC instauró proceso ejecutivo de mínima cuantía en su
contra, con base en el pagaré 4117285. Adicionalmente, solicitó el decreto de una
medida cautelar de embargo de bien inmueble.

8. En auto del 20 de marzo de 2025, el Juzgado Primero Administrativo de Yopal
negó el mandamiento de pago y la medida cautelar, porque no se aportó el título
ejecutivo complejo conformado por el contrato de mutuo por escrito.

9. Para negar el mandamiento ejecutivo, el juez dijo que «conforme al marco
constitucional (Art. 236-238) y legal (artículos 103, ss y 297 de la Ley 1437 de 2011)
que regenta la jurisdicción de lo contencioso administrativo, esta no está instituida
para el cobro de títulos valores -letras, cheques, pagarés, bonos de prenda, etc.-, a
menos que emerjan de un contrato estatal 1 y que, por ello, conforman un título
ejecutivo complejo. Título ejecutivo que no es cualquier documento2 o una deducción
o inferencia; la ley impone que debe ser el original, o la primera copia con constancia
de ejecutoria, cuando se trata de la ejecución de sentencias».

10. Contra esa decisión, la entidad ejecutante interpuso recurso de reposición y, en
subsidio, de apelación con los siguientes argumentos:

11. Su naturaleza jurídica es la de establecimiento público de crédito del orden
departamental no sometido a la vigilancia de la Superintendencia Financiera:
Además, por las actividades propias de su objeto se rige por el derecho privado
y no le resulta aplicable el Estatuto de Contratación Estatal.

12. Según el Código Civil, el único requisito para el perfeccionamiento del
contrato de mutuo es la entrega de la cosa mutuada y «exigir (sic) se constituya
título valor complejo, impone requisitos no previstos en ley o jurisprudencia,
desconoce la naturaleza del título valor lo que constituye un defecto fáctico
porque tanto el mutuo como el pagaré se sujetaron en su oportunidad a las
normas de los Códigos Civil y de Comercio, vigentes al momento de su creación».

13. Lo resuelto causa un perjuicio al patrimonio público y desconoce la
jurisprudencia del Consejo de Estado sobre el título ejecutivo contractual que, por
regla general, es complejo. El juez impuso esa exigencia como regla absoluta al
punto que reclama un contrato por escrito que no existe.

14. De acuerdo con los artículos 297 y 299 del CPACA y 422 del CGP, el pagaré
suscrito por el deudor es un título valor que presta mérito ejecutivo.

15. El juez desconoció el Auto A2014 de 2024 de la Corte Constitucional sobre el

1
«Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, M.P. Henry Villarraga Oliveros, auto del
veintiséis (26) de septiembre de dos mil doce (2012)».
2
«De no aportarse el contrato estatal, por competencia residual, conforme al tenor normativo del
artículo 15 del CGP., debe conocer de la ejecución de títulos valores la jurisdicción ordinaria».

2

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01869-00
Accionante: Instituto Financiero de Casanare
Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

mérito ejecutivo de los pagarés que respaldan los mutuos celebrados en
circunstancias similares.

16. La demanda se presentó virtualmente con los documentos digitalizados. Si el
juez necesitaba el pagaré en original pudo pedirlo.

17. En auto del 2 de mayo de 2025, el juez no repuso la decisión y concedió el
recurso de apelación.

18. En auto de 28 de agosto de 2025, el Tribunal Administrativo de Casanare
confirmó la decisión recurrida porque el pagaré corresponde «a la tipología
contractual de mutuo o préstamo de consumo», regulada en el artículo 2221 del
Código Civil. De acuerdo con el artículo 93 de la Ley 489 de 1998, los contratos
celebrados por la entidad deben sujetarse al artículo 39 del Estatuto General de la
Contratación Pública que establece una solemnidad para este tipo de negocios
jurídicos como lo es constar por escrito. Sin el contrato por escrito no era posible
determinar su existencia y la garantía. Además, la parte ejecutante no aportó el título
valor original.

19. Uno de los magistrados del Tribunal salvó su voto porque se añadió un requisito
para la ejecución del pagaré. El pagaré en sí mismo es un título valor completo que
se acompañó de la carta de instrucciones, la certificación de cartera y el estado de
cuenta del crédito. Estos documentos adicionales permitían conocer la obligación del
pago de una suma de dinero. La tesis del título complejo suprimió la autonomía del
título valor en detrimento del erario y afectó gravemente el derecho de acceso a la
administración de justicia.

Pretensiones

20. La entidad accionante solicitó dejar sin efectos las providencias cuestionadas y
ordenar al juzgado de origen que libre el mandamiento de pago y siga tramitando el
proceso ejecutivo promovido contra el señor Carlos Uriel Maldonado Garzón.

Fundamentos de la demanda de tutela

21. Existe una violación directa de la Constitución porque el juez y el Tribunal
Administrativo adoptaron un criterio arbitrario e inconstitucional para desconocer la
naturaleza del derecho de acción y de jurisdicción. Inaplicaron los Autos A-2014 de
2024 y A-1455 de 2025 de la Corte Constitucional, que concluyeron que el contrato
de mutuo no debía constar por escrito, pues el pagaré presta mérito ejecutivo por sí
mismo.

22. Se vulneró la seguridad jurídica y la confianza legítima porque «el IFC durante
más de dos décadas procedió con plena buena fe a otorgar los créditos sin hacer
suscribir contrato escrito de mutuo, por estar acogido al derecho privado en sus
operaciones de colocación de cartera, de manera que el sorpresivo viraje judicial al
asignar la jurisdicción a los jueces administrativos es inoponible a situaciones

3

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01869-00
Accionante: Instituto Financiero de Casanare
Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

jurídicas consolidadas (créditos otorgados y pagarés suscritos) antes de producirse
el auto de la Corte».

23. En la jurisdicción ordinaria es impensable la censura al título ejecutivo simple
contenido en el pagaré o la exigencia de requisitos ajenos al negocio jurídico.
24. Es falsa la conclusión a la que llegó el Tribunal. El artículo 933 de la Ley 489 de
1998 -que generó la interpretación del juez y del Tribunal- dice que las empresas
industriales y comerciales del Estado que desarrollan actividades comerciales de
competencia con el sector privado y/o público no se rigen por el Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública, sino por las disposiciones legales y
reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y comerciales.

25. El contrato de mutuo celebrado por el IFC en desarrollo de la actividad comercial
de crédito propia del objeto social de la entidad no se regula por la Ley 80 de 1993 y
tampoco está sometido a la solemnidad de constar por escrito. La falta de contrato
por escrito no se originó en una omisión de la entidad, sino en la ley.

26. La afirmación del Tribunal sobre no exhibir el título valor en su original es
«contrario a la situación fáctica y jurídica actual, […] dado que a la luz de la ley 2213
de 2022 “Es deber de los sujetos procesales, realizar sus actuaciones (…) a
través de medios tecnológicos”, […] no obstante, de requerir los documentos
físicos, basta con que el Juzgador lo disponga y habilite el medio de entrega a efectos
de aportar tales documentos». El juez no debió negar el derecho de la entidad, sin
siquiera requerir el aporte del título en físico.

27. En sentencia STC2392-2022, la Corte Suprema de Justicia precisó que debido a
la implementación de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las
prácticas judiciales es excesivo reclamar en el proceso ejecutivo, desde la etapa
inicial, la exhibición física del título valor. Al exigir la presentación de la demanda y
sus anexos mediante mensaje de datos no queda otra opción distinta que digitalizar
el título valor para demostrar la existencia de la obligación.

28. El Tribunal incurrió en un exceso ritual manifiesto y en una abierta denegación
de acceso a la administración de justicia al solicitar el pagaré en original para librar
el mandamiento de pago. Este requisito configuró un defecto procedimental.

29. El magistrado del Tribunal Administrativo de Casanare que salvó el voto expuso
los argumentos que reafirman los errores de la decisión, y refuerzan la violación de
los derechos de acción y de acceso a la administración de justicia.

30. Desde el 30 de enero de 2025 se han negado cerca de 257 mandamientos de
pago bajo la premisa de convertir el pagaré en un título complejo y exigir contratos
por escrito, aun cuando el mutuo es consensual, «con la gravedad adicional, que
actualmente cursan en situación similar, aproximadamente dos mil ciento noventa
(2190) procesos que por cambio de jurisdicción están siendo remitidos desde los
juzgados civiles a los juzgados administrativos, procesos que representan para la

3
Modificado por el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, a su vez reformado por el artículo 93 de la
Ley 1474 de 2011.

4

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01869-00
Accionante: Instituto Financiero de Casanare
Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

entidad, un valor patrimonial de aproximadamente veintinueve mil ochocientos
ochenta y cinco millones cuatrocientos treinta y ocho mil pesos m/cte
($29.885.438.000.oo) y que según esta postura de la jurisdicción administrativa
darán al traste con sus pretensiones y derechos, con alto riesgo de prescripción de
muchas de estas obligaciones».

31. Los errores en los que incurrieron los jueces del proceso ejecutivo configuraron
una violación flagrante del debido proceso, una negación del derecho fundamental
de acceso a la administración de justicia por indebida valoración probatoria, un
defecto sustancial, un exceso ritual manifiesto y un desconocimiento directo de la
Constitución.

32. La autonomía e independencia de los jueces para interpretar y aplicar las normas
jurídicas no es absoluta; encuentra limite en el orden jurídico preestablecido, los
valores, principios, derechos y garantías que identifican el Estado Social de Derecho.

33. El defecto fáctico se presentó por la valoración defectuosa del material probatorio
porque sí se aportó el título valor simple junto con la carta de instrucciones, solo que
digitalizado. Además, se desconoció que la entidad se rige por las normas de
derecho privado.

34. El contrato de mutuo se materializó con la entrega del dinero mutuado y es
equivocado restarle mérito ejecutivo al pagaré que respaldó el cumplimiento de la
obligación de pago. Esto desconoce la independencia, autonomía y literalidad de los
títulos valores.

35. Los jueces de instancia incurrieron en defecto sustantivo, porque, de acuerdo
con el numeral 3º del artículo 297 del CPACA, en concordancia con el numeral 5º del
artículo 99 de la misma normativa, el título valor sí es exigible de forma autónoma en
la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Estas disposiciones normativas
prevén la exigibilidad de cualquier acto proferido con ocasión de la actividad
contractual y de cualquier documento que provenga del deudor, como ocurre con el
título valor aportado.

36. Además, se dejaron de aplicar «los artículos 85 y 93 de la Ley 489 de 1998, el
artículo 93 de la Ley 1474 de 2011, los artículos 2221 y 2222 del Código Civil, y los
artículos 621 y 709 del Código de Comercio y con ello cercenan el derecho sustancial
de mi representada y renuncian a la verdad jurídica objetiva».

Trámite impartido

37. El 12 de marzo de 20264, el magistrado sustanciador admitió la tutela contra el
Juzgado Primero Administrativo de Yopal y el Tribunal Administrativo de Casanare,
y vinculó al señor Carlos Uriel Maldonado Garzón, como tercero con interés.

4
Índice 5 de Samai.

5

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01869-00
Accionante: Instituto Financiero de Casanare
Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

Intervenciones

38. El Tribunal Administrativo de Casanare5 dijo que la providencia de 18 de
septiembre de 2025 se sustentó en el análisis del material probatorio allegado y la
normativa aplicable al caso. Reiteró las razones de la decisión cuestionada y trajo a
colación dos sentencias6 de tutela proferidas por esta Corporación en asuntos
similares, que declararon improcedente la acción por falta de relevancia
constitucional.

39. El Juzgado Primero Administrativo de Yopal7 estimó que no se acreditaron
los yerros endilgados en la demanda ni se presentó vulneración de derechos
fundamentales. La providencia censurada está debidamente motivada y el Tribunal
Administrativo de Casanare la confirmó. Además, la Corte Constitucional en el auto
A-2014 de 2024 se limitó a definir la competencia para el conocimiento de los
procesos ejecutivos en cuestión, pero no hizo ningún análisis frente al título base de
la ejecución y, en todo caso, esa decisión no constituye un precedente de carácter
vinculante.

40. Lo resuelto se fundamentó en las normas del proceso ejecutivo, atendió los
principios de autonomía e independencia judicial. y no es aceptable que en la acción
de tutela el demandante busque una instancia adicional.

41. Adicionalmente, la entidad «debió propender por ejercer las facultades otorgadas
por el ordenamiento jurídico, tales como las de cobro coactivo que se encuentra a su
alcance para no poner en riesgo su patrimonio y el erario público, tal como lo aducen,
sin embargo, al acudir a la jurisdicción contencioso administrativa se encuentra
sometida a cumplir con los requisitos que la normativa impone para adelantar un
proceso ejecutivo, sin que esto constituya una vulneración a alguna garantía
constitucional».

42. Finalmente, el Consejo de Estado ha declarado improcedentes otras acciones de
tutela relacionadas con la misma controversia.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

43. Esta Subsección es competente para proferir sentencia de tutela de primera
instancia, conforme al artículo 29 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con
el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 (Reglamento Interno del Consejo de Estado).

5
Índice 11 de Samai.
6
Sentencia de 27 de noviembre de 2025, Sección Primera, rad. 11001-03-15-000-2025-06405-00,
M.P. Carlos Fernando Mantilla Navarro, y sentencia de 26 de febrero de 2026, Sección Tercera,
Subsección B, M.P. Alberto Montaña Plata.
7
Índice 12 de Samai.

6

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01869-00
Accionante: Instituto Financiero de Casanare
Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

Legitimación en la causa

44. El artículo 86 de la Constitución Política prevé que «toda persona tendrá acción
de tutela para reclamar ante los jueces (…) la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública».

45. El artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de tutela «podrá
ser ejercida en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o
amenazada en uno de sus derechos fundamentales».

46. En el caso concreto, el IFC se encuentra legitimado en la causa por activa porque
es el demandante del proceso ejecutivo que terminó con las decisiones
cuestionadas.

47. El requisito de legitimación en la causa por pasiva también se cumple porque el
Juzgado Primero Administrativo de Yopal y el Tribunal Administrativo de Casanare
profirieron las providencias a las que se les atribuye la vulneración de los derechos
fundamentales.

Cuestión previa

48. Con fundamento en el artículo 271 del CPACA, el IFC solicitó que la Sala Plena
del Consejo de Estado resuelva la acción de tutela por la trascendencia económica
y social del asunto. Expuso lo siguiente:

49. Se encuentra en riesgo la pérdida de cartera a gran escala que deja a la entidad
demandante en situación patrimonial de extrema gravedad «ya que corren la misma
suerte jurídica, DOS MIL CIENTO NOVENTA (2190) PROCESOS, que cursan en la
jurisdicción civil y remitidos a la jurisdicción administrativa, que representan para el
INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE, un valor aproximado de VEINTINUEVE
MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS
TREINTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE (29.885.438.000.000.oo)».

50. Esta situación cercena los derechos al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia de tres entidades públicas del Departamento de Casanare
y conduce a un grave detrimento patrimonial por la imposibilidad de cobrar la cartera
vencida. Además, las hace inviables en su funcionamiento «cercenado por esa vía
también, la posibilidad de acceso a crédito de fomento a sectores tan importantes
como el de educación o el sector agropecuario de la región».

51. Si la decisión la toma la Sala Plena se garantiza «una decisión que otorgue
seguridad jurídica, uniformidad interpretativa y protección efectiva de los derechos
fundamentales comprometidos».

52. Esta Subsección no accederá a la petición de la entidad demandante. Aun
cuando se constata la existencia de varias acciones de tutela radicadas ante esta
Corporación con debates similares, la controversia planteada es legal y económica,

7

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01869-00
Accionante: Instituto Financiero de Casanare
Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

de ahí que deba ser dirimida por el juez natural del proceso ejecutivo, no por el juez
constitucional como se explica más adelante en esta providencia.

53. Al tratarse de una acción de tutela, el procedimiento se rige por las disposiciones
del Decreto Ley 2591 de 1991 y, en lo no previsto, por el CGP. La competencia para
conocer de estos asuntos se sujeta a las reglas de distribución estipuladas en el
reglamento interno del Consejo de Estado (Acuerdo 80 de 2019, modificado por el
Acuerdo 434 de 2024). Estos ordenamientos no establecen que las partes puedan
solicitar el conocimiento de acciones de tutela por parte de la Sala Plena, por
razones de trascendencia social y económica. La experiencia indica que ello ha
ocurrido por decisión de esa propia instancia de decisión o por solicitud de alguna
de las secciones de la Corporación.

54. Por ejemplo, en 2012 y 2014 la Sala Plena avocó conocimiento de dos
solicitudes de amparo: una por importancia jurídica y la otra por la necesidad de
unificar jurisprudencia, respectivamente. Así, en la sentencia del 31 de julio de
20128, el Consejo de Estado determinó la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, incluso contra aquellas dictadas por la propia Corporación,
de conformidad con las reglas fijadas hasta ese momento por la Corte
Constitucional.

55. Posteriormente, mediante sentencia del 5 de agosto de 2014 9, la Sala Plena
unificó su jurisprudencia, entre otros, para definir que seis meses era el término
razonable para ejercer oportunamente la acción de tutela contra providencias
judiciales. En esa oportunidad, fue la Sección Cuarta la que puso a consideración
dicho asunto por importancia jurídica, dada la «disparidad de criterios» existentes
sobre el tema, solicitud que fue aceptada en sesión del 14 de mayo de 2013 por la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo10.

56. En resumen, el conocimiento por parte de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo en materia de acciones de tutela es excepcionalísima y ocurre no por
solicitud de las partes, sino por decisión propia o previa petición de una de las
secciones. Desde luego con la evidente necesidad de unificar criterios o en atención
a la importancia jurídica del asunto. Por tanto, se negará la solicitud.

Problema Jurídico y metodología de la decisión

57. La Subsección debe establecer si la acción de tutela satisface los requisitos de
procedibilidad formal. Si se cumplen, se analizará si las autoridades judiciales
demandadas vulneraron los derechos fundamentales del accionante.

8
Radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ), M.P. María Elizabeth García González.
9
Radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
10
Ver el auto del 15 de mayo de 2013, exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01, M.P. Carmen Teresa
Ortiz de Rodríguez.

8

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01869-00
Accionante: Instituto Financiero de Casanare
Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

Análisis de la Sala

Inmediatez

58. La Corte Constitucional ha establecido que uno de los requisitos generales para
la procedencia de la acción de tutela es que ésta se haya presentado en un plazo
razonable, esto es, justo y moderado, a fin de garantizar los principios de seguridad
jurídica y cosa juzgada, y para evitar que se emplee como una instancia adicional11.

59. En sentencias SU-499 de 2016 y T-038 de 2017, ese tribunal supremo resaltó
que la acción de tutela no tiene un término de caducidad legalmente establecido 12,
pero debe presentarse en un término oportuno. El Consejo de Estado ha considerado
que cuando la tutela se dirige contra una providencia judicial, un plazo de seis meses
resulta razonable13.

60. En el caso que se analiza, el 18 de septiembre de 2025 el Tribunal Administrativo
de Casanare profirió en segunda instancia el auto que confirmó la decisión que negó
mandamiento de pago, y la demanda de tutela se radicó el 6 de marzo 2026. Ese
plazo se considera razonable para el ejercicio de la acción constitucional.

Subsidiariedad

61. Este requisito se encuentra satisfecho porque el accionante no cuenta con otro
mecanismo judicial, ordinario o extraordinario, para cuestionar las decisiones que
negaron el mandamiento de pago en el proceso ejecutivo que interpuso contra el
señor Carlos Uriel Maldonado Garzón. La providencia del 28 de agosto de 2025 se
profirió en la segunda instancia del proceso ejecutivo y no era susceptible de
recursos ordinarios y tampoco de los extraordinarios de revisión o de unificación de
jurisprudencia, que tienen causales específicas en las que no se encuadra el asunto
sometido al conocimiento de esta Sala.

Relevancia constitucional

62. La acción de tutela no es una instancia adicional para discutir aspectos
económicos, de mera legalidad o la interpretación legítima de los jueces naturales14.

11
Sentencias SU-961 de 1999, T-043 de 2016, T-016 de 2006, T-594 de 2008, T-1028 de 2010 y
SU-499 de 2016, entre otras.
12
En sentencia C-543 de 1992 la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de los artículos
11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991. La razón principal de esa decisión fue «la oposición entre el
establecimiento de un término de caducidad para ejercer la acción y lo estatuido en el artículo 86 de
la Constitución cuando señala que ella puede intentarse en todo momento».
13
En sentencia de 11 de abril de 2019, rad. 11001-03-15-000-2018-03905-01, esta Subsección
estimó que cuando la tutela se dirige contra una providencia judicial, el plazo razonable de seis
meses debe contabilizarse desde la notificación de la decisión o, desde la ejecutoria, cuando se
hubieren realizado trámites adicionales que incidieron en su firmeza.
14
En la sentencia T-352 de 2025, la Corte Constitucional determinó que el requisito de relevancia
constitucional tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de las
autoridades judiciales de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por lo tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad, (ii) restringir el ejercicio de la
acción de tutela a disputas vinculadas con la afectación de los derechos fundamentales e (iii) impedir

9

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01869-00
Accionante: Instituto Financiero de Casanare
Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

Este mecanismo solo procede cuando afloran serias dudas sobre la arbitrariedad,
capricho o irracionalidad de una decisión judicial.

63. La solicitud de amparo que se analiza tiene relevancia constitucional porque
pretende la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia presuntamente vulnerados por la inaplicación de
normas legales de obligatorio cumplimiento, así como por el desconocimiento del
precedente fijado por la Corte Constitucional, y la configuración de un exceso ritual
manifiesto.

64. De entrada, se advierte la posible materialización de este último defecto y, con
ello, una obstaculización del acceso a la administración de justicia, lo que, según la
Corte Constitucional15, permite considerar que un asunto es constitucionalmente
relevante.

65. Aparte, se busca restablecer el derecho al debido proceso por la exigencia de
requisitos adicionales a los que contempla la ley, por el desconocimiento de la
implementación de las tecnologías de la información para radicar demandas y
memoriales, y por la incongruencia con lo expuesto por la Corte Constitucional en
estos asuntos.

66. No se observa que la entidad accionante utilice este mecanismo como una
instancia adicional del proceso ejecutivo por una simple diferencia con la
interpretación que acogieron los jueces de la jurisdicción contencioso-administrativa.
Más bien, se endilga a las providencias cuestionadas yerros de notable importancia
que, eventualmente, vulneraron derechos fundamentales y que merecen ser
evaluados por el juez constitucional.

67. El hecho de que el IFC apelara el auto del 20 de marzo de 2025 con razones
similares a las que invoca en esta acción de tutela no implica per se que la tutela
careza de relevancia constitucional. De los argumentos de la demanda de tutela se
aprecia que el accionante considera que el Tribunal Administrativo de Casanare
también incurrió en defectos y convalidó otras anomalías que comprometieron sus
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia.

68. En esa medida, es entendible que en la acción de tutela el IFC insista en todos
los aspectos que constituyen vicios de validez de la decisión cuestionada. La
intención del accionante no es, entonces, que se reabra el debate sobre la
procedencia del mandamiento de pago ni se centra en una simple diferencia

que esta acción se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de
los jueces.
15
En la sentencia de unificación 103 de 2022, la Corte explicó que un asunto es constitucionalmente
relevante, entre otros escenarios, cuando, a priori, se identifica una lesión del derecho fundamental
de acceso a la administración de justicia, cuya garantía incluye, precisamente, la posibilidad de
acceder al sistema judicial. Esto último, de acuerdo con la sentencia T-244 de 2007, también de la
Corte Constitucional.

10

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01869-00
Accionante: Instituto Financiero de Casanare
Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

interpretativa y tampoco puede entenderse que versa sobre un aspecto
eminentemente económico.

69. Las críticas presentadas cuentan, además, con una carga argumentativa
suficiente para entender en qué se hace consistir la vulneración de derechos
fundamentales.

Defecto sustantivo en el caso concreto

70. Esta Sala considera que en el caso analizado se incurrió en defecto sustantivo,
por las razones que se exponen a continuación.

71. De acuerdo con las pruebas allegadas al proceso, mediante el Decreto 107 de
27 de julio de 199216, el gobernador del departamento de Casanare creó el Fondo
para el Desarrollo de Casanare -FONDESCA- como una empresa comercial del
Departamento de Casanare destinada a realizar actividades de financiación
crediticia para el desarrollo de proyectos agropecuarios, agroindustriales, de
fomento microempresarial y educativos. Los artículos 15 y 16 establecieron que el
«régimen jurídico de los actos, contratos y personal del Fondo para el Desarrollo de
Casanare» es el siguiente:

Artículo 15. Los actos que el Fondo realice para el cumplimiento de sus
actividades están sujetos a las reglas del Derecho privado y a la jurisdicción
ordinaria conforme a las normas de competencia sobre la materia.

Los que realicen para el cumplimiento de funciones de carácter administrativo,
según el presente acto legal de creación o los estatutos, son actos
administrativos.

Artículo 16. A los contratos de obras públicas y empréstito le son aplicables el
Decreto 222/83, y código Fiscal del Departamento en concordancia con lo
dispuesto por el Decreto 2274/91, así como las normas que los modifiquen,
adicionen o reemplacen.

Sus demás contratos se someten a los principios y reglas del derecho
privado, el presente acto de creación y los estatutos del Fondo para el
Desarrollo de Casanare, en razón de su naturaleza jurídica.

72. Posteriormente, el Decreto 73 del 30 de mayo de 2002 reestructuró la naturaleza
jurídica del Fondo, órganos de dirección y administración, objeto y domicilio. Las
modificaciones en la naturaleza jurídica y el objeto quedaron así:

Artículo primero. Denominación y naturaleza jurídica. El Fondo para el
Desarrollo de Casanare “FONDESCA” en adelante se denominará INSTITUTO
FINANCIERO DE CASANARE, cuya sigla es IFC, continuará siendo una
empresa comercial de gestión económica del Departamento de Casanare,
con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal, vinculada a
la Secretaría de Desarrollo Económico.
(…)

11

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01869-00
Accionante: Instituto Financiero de Casanare
Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

Artículo tercero. Objeto. El Instituto Financiero de Casanare IFC tendrá por
objeto el desarrollo económico y social del Departamento y la región, mediante
la gestión económica, la financiación para la ejecución de obras de
infraestructura básica local, municipal, regional departamental, a través de
servicios de asesoría integral, financiera y de crédito y la inversión en
programas y proyectos de desarrollo también local, municipal, regional y
departamental, así como de otros rubros que sean calificados por la Junta
Directiva del Instituto como parte o complemento de las actividades señaladas
en el presente Estatuto.
Podrá también el Instituto, por excepción, aplicar parte de sus recursos y/o
extender sus servicios al fomento de empresas públicas o mixtas que sin estar
destinadas a la prestación de un servicio público, tiendan a satisfacer una
necesidad básica de la comunidad, que sea de especial importancia para el
Departamento de Casanare.

El Instituto prestará servicios de financiación, garantía y demás servicios
financieros y administrativos al departamento, los municipios y sus entes
descentralizados y podrá recibir de ellos depósitos a término fijo o de
disponibilidad inmediata y reconocer por ellos rendimiento o contraprestaciones
especiales.

También hará parte del objeto de IFC el estímulo del desarrollo social y
económico del Departamento, mediante el otorgamiento de crédito y asistencia
técnica en los campos de la producción, transformación y comercialización en
sector agropecuario y microempresarial, en forma individual o asociativa.

El IFC contribuirá con sus servicios al desarrollo de los programas de bienestar
social de los servidores públicos del sector central y descentralizado del
departamento, para ello podrá financiar proyectos de turismo ecológico, de
formación técnica, profesional y especializada. Así mismo podrá financiar
estudios de educación superior para estudiantes Casanareños, dentro y fuera
del país.

De conformidad con el artículo 107 de la ley 489 de 1998, y el artículo 18 de la
ley 617 de 2000, el IFC podrá celebrar convenios con la Nación, las entidades
descentralizadas y las entidades territoriales para la ejecución de proyectos
contemplados en los correspondientes planes de desarrollo y para la prestación
de servicios, ejecución de obras y cumplimiento de funciones administrativas
de forma tal que su atención resulte más eficiente e implique menor costo.

73. A raíz de la expedición de la Ley 2056 de 2020 que reguló la organización y
funcionamiento del Sistema General de Regalías, se modificaron los estatutos de la
entidad, por la oportunidad de viabilizar proyectos financiados con asignaciones
directas y regionales. La modificación se efectuó en el Acuerdo 9 de 16 de agosto
de 2022 17 y tuvo en cuenta que la entidad «por su naturaleza jurídica que le
permite actuar en competencia con el sector privado», estaba en posibilidad de
ampliar su campo de acción para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida,
desarrollo social y económico de los habitantes del departamento de Casanare.

74. El artículo 2º de los Estatutos especificó que el IFC «es una empresa de
gestión económica de carácter departamental, sometida al régimen jurídico de
las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, contemplado en la Ley 489

17
En la página web oficial del IFC se encuentra publicado el Acuerdo

12

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01869-00
Accionante: Instituto Financiero de Casanare
Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

de 1998, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio
propio y vinculada a la Secretaría de Desarrollo Económico, Agricultura, Ganadería
y Medio Ambiente». El artículo 32 reafirmó que el régimen de contratación del IFC
es el derecho privado, los Estatutos, el manual de contratación y los reglamentos
internos de la entidad, «lo anterior por encontrarse en competencia con el
sector privado y el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007».

75. De lo anotado hasta aquí, se concluye que el IFC es una empresa comercial de
gestión económica del nivel territorial que se rige por las normas aplicables a las
empresas industriales y comerciales del Estado y desde su creación se concibió
como una entidad sometida al régimen de derecho privado. Adicionalmente, en sus
estatutos se especificó que se encuentra en competencia con el sector privado.

76. Ahora bien, el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 93
de la Ley 1474 de 2011, contempla el régimen contractual de las empresas
industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta, sus filiales
y empresas con participación mayoritaria del Estado:

Artículo 14. Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las
Sociedades de Economía Mixta en las que el Estado tenga participación
superior al cincuenta por ciento (50%), sus filiales y las Sociedades entre
Entidades Públicas con participación mayoritaria del Estado superior al
cincuenta por ciento (50%), estarán sometidas al Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública, con excepción de aquellas que
desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector privado
y/o público, nacional o internacional o en mercados regulados, caso en el
cual se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables
a sus actividades económicas y comerciales, sin perjuicio de lo previsto en
el artículo 13 de la presente ley. Se exceptúan los contratos de ciencia y
tecnología, que se regirán por la Ley 29 de 1990 y las disposiciones normativas
existentes.

77. De acuerdo con lo expuesto, en criterio de esta Sala, no resulta válida la
afirmación sobre la aplicación de los artículos 93 de la Ley 489 de 1998 y 39 de la
Ley 80 de 1993 a la actividad desarrollada por la accionante para exigir un contrato
de mutuo por escrito, y conformar un título ejecutivo complejo.

78. Las disposiciones a las que se ha hecho referencia llevan a otra conclusión. Al
regirse el IFC por las reglas de las empresas industriales y comerciales del Estado
debió darse aplicación al artículo 14 de la Ley 1150 de 2007 y entender que la
entidad, en el desarrollo de las actividades inherentes a su objeto, no se encuentra
sometida al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80
de 1993). Esto, se reitera, por su naturaleza de empresa industrial y comercial del
Estado y por las actividades comerciales que desarrolla en competencia con el
sector privado.

79. Los jueces de instancia debieron tener en cuenta que el negocio jurídico que
generó la obligación reclamada en el proceso ejecutivo se celebró con posterioridad
a la entrada en vigor de la Ley 1150 de 2007, incluso con las modificaciones de la
Ley 1474 de 2011; por ende, esa normativa resultaba aplicable al asunto.

13

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01869-00
Accionante: Instituto Financiero de Casanare
Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

80. El Tribunal fundamentó su decisión en el artículo 93 de la Ley 489 de 1998, que
prevé que los contratos que celebren las empresas industriales y comerciales del
Estado para el cumplimiento de su objeto se sujetarán a las disposiciones del
Estatuto General de Contratación de las entidades estatales.

81. No obstante, olvidó el Tribunal que dicha disposición fue tácitamente reformada
por el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, a su vez modificado por el artículo 93 de
la Ley 1474 de 2011, que reguló, de manera especial, el régimen contractual de las
empresas industriales y comerciales del Estado y contempló ciertas excepciones a
la aplicación de la Ley 80 de 1993, entre ellas, las actividades comerciales
desarrolladas en competencia con el sector privado o público, como ocurría en el
caso analizado.

82. Más aún, el Tribunal pasó por alto que esta Corporación, por vía jurisprudencial,
sostiene que por regla general las empresas industriales y comerciales del Estado
-EICE- se rigen por las reglas del derecho privado, salvo las excepciones
consagradas en la ley por «la necesidad de que en su actividad industrial y
comercial, tradicionalmente ajena al Estado y propia de los particulares, ellas actúen
en términos equivalentes a éstos cuando realicen actividades similares, sin tener
prerrogativas exorbitantes que atenten contra el derecho a la igualdad ni estar
sujetas a procedimientos administrativos que entraben sus actuaciones y las
pongan en situación de desventaja frente a sus competidores»18.

83. En sentencia de 19 de marzo de 202119, esta Subsección explicó con claridad
el marco legal aplicable a la actividad contractual de las EICE. Estableció que: (i)
por regla general, el régimen jurídico de sus actos y contratos corresponde al
contenido en las normas civiles y comerciales, a las normas de creación y
autorización y a sus estatutos internos, salvo las excepciones que consagre la ley;
(ii) según el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, no se encuentran sometidas en su
actividad contractual al Estatuto General de la Administración Pública, cuando
desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector privado y/o
público. Esto para «competir en las mismas condiciones que los particulares, sin las
estructuras rígidas asociadas a un régimen legal específico, como corresponde a
las reglas contractuales de las entidades públicas sujetas al estatuto general de
contratación del estado».

84. En reciente sentencia de 21 de febrero de 202520, la Subsección insistió en que
las EICE cuyas actividades comerciales están en competencia con el sector privado
o público están sometidas a las normas del derecho privado. En esa ocasión analizó
el régimen jurídico del Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca -
FONDECÚN-, que desarrolla operaciones de financiación en beneficio del
departamento, actividad que se asemeja a las actividades y finalidad del IFC.

18
«Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 19 de agosto de 2004. Expediente 12.342.,
reiterada en sentencia de 6 de febrero de 2006, Exp. 13414».
19
Radicado 76001-23-33-1000-2004-05155-01 (51.363).
20
Radicado 25000-23-36-000-2018-00538-02 (69.580).

14

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01869-00
Accionante: Instituto Financiero de Casanare
Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

85. En concepto de esta Sala, la aplicación aislada del artículo 93 de la Ley 489 de
1998, sin considerar las previsiones de la Ley 1150 de 2007, modificada por la Ley
1474 de 2011, ni la naturaleza jurídica y el régimen legal que rige las actividades de
la accionante, hizo que los jueces de instancia aplicaran el Estatuto General de la
Contratación Pública e insinuaran que los contratos de mutuo que celebró eran
inexistentes por no constar por escrito.

86. Al estar sometido el IFC a las reglas del derecho privado, para considerar la
existencia y perfeccionamiento del contrato de mutuo celebrado entre la entidad y
el señor Carlos Uriel Maldonado Garzón bastaba remitirse a las disposiciones del
Código Civil que regulan esa tipología contractual.

87. El artículo 2221 del Código Civil define el mutuo como aquel «contrato en que
una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo de
restituir otras tantas del mismo género y calidad». El artículo 2222 ibídem precisa
que el perfeccionamiento del contrato se logra «por la tradición, y la tradición
transfiere el dominio». El artículo 2230, a su turno, prevé la posibilidad de estipular
intereses en dinero o cosas fungibles.

88. En el caso que se analiza, como no estaba en entredicho la entrega del dinero
al ejecutado ni la mora en la que incurrió, no podía desconocerse la existencia y
perfeccionamiento del contrato de mutuo, tampoco la obligación insoluta.

89. Además, se aportó al proceso el pagaré No. 4117285 firmado por el deudor el
14 de diciembre de 2015, acompañado de la carta de instrucciones, que especificó
que el señor Carlos Uriel Maldonado Garzón adeuda al IFC «la suma de doce
millones quinientos mil pesos moneda legal colombiana ($12.500.000); cantidad
que ya recibí (mos) del INSTITUTO a entera satisfacción a título de mutuo con
intereses».

90. En ese entendido, al Tribunal le correspondía analizar el contenido del pagaré y
determinar si cumplía los requisitos de los artículos 621 y 709 del Código de
Comercio para prestar mérito ejecutivo.

91. Así mismo, era menester tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 297 del
CPACA, que establece que constituye título ejecutivo «cualquier acto proferido con
ocasión de la actividad contractual, en los que consten obligaciones claras,
expresas y exigibles, a cargo de las partes intervinientes en tales actuaciones»,
redacción que no excluye los títulos valores como sugirió el Juzgado Primero
Administrativo de Yopal. Dicho artículo se refiere genéricamente al acto jurídico
entendido como cualquier manifestación consciente y voluntaria destinada a
producir efectos jurídicos, no al acto administrativo o al contrato que también fueron
contemplados en la norma, de manera expresa (núm. 3 y 4).

92. Los yerros en los que incurrieron los operadores judiciales accionados
configuraron un defecto sustantivo y restringieron, injustificadamente, los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de la
entidad accionante.

15

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01869-00
Accionante: Instituto Financiero de Casanare
Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

93. Cabe mencionar que el defecto sustantivo es una forma auténtica de violación
directa de la ley por falta de aplicación, indebida aplicación o por interpretación
errónea de las disposiciones legales 21 . En el presente asunto, como ya se
mencionó, las falencias advertidas constituyen un defecto sustantivo por la indebida
aplicación de la norma sustantiva, desatendiendo la naturaleza jurídica del IFC, su
objeto y las estipulaciones contenidas en sus actos de creación y reestructuración,
así como en sus estatutos. Por consiguiente, se accederá al amparo deprecado en
la demanda.

94. Por último, es relevante poner de presente que en una sentencia reciente22 se
discutió un asunto de contornos fácticos y jurídicos similares a los que se analizan
en este asunto y la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado
amparó los derechos del IFC con argumentos similares a los que se acogen en esta
sentencia.

Exceso ritual manifiesto

95. Al margen de lo señalado en el acápite anterior suficiente para acceder al
amparo deprecado, es necesario abordar la queja de la accionante frente a la
postura del Tribunal Administrativo de Casanare para negar mandamiento de pago
en procesos ejecutivos por no exhibir el título valor en su original.

96. Es un hecho incontrovertible que en la jurisdicción de lo contencioso
administrativo no es usual encontrar procesos ejecutivos basados en títulos valores.
De hecho, los procesos ejecutivos promovidos por el IFC para hacer exigibles las
obligaciones dinerarias respaldadas en pagarés han sido remitidos y, últimamente,
incoados directamente en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, debido al
criterio que adoptó la Corte Constitucional 23 al definir ciertos conflictos de
jurisdicciones en esos asuntos.

97. Por ello, es novedosa la situación que se presenta, en tanto, las ejecuciones que
normalmente se tramitan en esta jurisdicción suelen tener por título sentencias,
contratos o actos administrativos, para los que no está concebida la exigencia de
exhibirse en su original, que sí se prevé para los títulos valores, conforme a lo
establecido en el citado artículo 624 del Código de Comercio.

21
La Corte Constitucional ha explicado que el defecto sustantivo se presenta cuando: (i) la decisión
judicial se sustenta en una norma inaplicable al caso concreto; (ii) a pesar del amplio margen
interpretativo que la Constitución y la ley le reconoce a las autoridades judiciales, la interpretación o
aplicación que se hace de la norma en el caso concreto desconoce sentencias con efectos erga
omnes que han definido el alcance de la norma; (iii) la interpretación de la norma se hace sin tener
en cuenta otras disposiciones aplicables al caso y que son necesarias para efectuar una
interpretación sistemática; (iv) la norma aplicable al caso concreto es desatendida y, por ende,
inaplicada, o (v) a pesar de que la norma en cuestión está vigente y es constitucional, no se adecúa
a la situación fáctica a la que se aplicó.
Ver sentencias T-804 de 1999, T-522 de 2001, T- 189 de 2005, T-244 de 2007 y T-972 de 2007.
22
Sentencia de 2 de marzo de 2026, radicado 11001-03-15-000-2026-00426-00, M.P. Juan Enrique
Bedoya Escobar.
23
Por ejemplo, en los autos A1691, A1540, A820, A1652, A527, A1883 de 2025, entre otros.

16

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01869-00
Accionante: Instituto Financiero de Casanare
Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

98. Las particularidades que conlleva el uso de canales digitales en los servicios
judiciales no deberían, sin embargo, suponer una barrera para el acceso a la
administración de justicia. Es evidente que la finalidad de los sistemas informáticos
en uso es agilizar y facilitar la comunicación entre los usuarios y los operadores
judiciales e incluye la presentación de demandas y memoriales por vías
electrónicas.

99. En esa medida, la afirmación del Tribunal de que «la parte ejecutante no cumplió
con la exhibición del título valor en los términos del artículo 624 del Código de
Comercio, pues no aportó copia original del título valor, sino que se limitó a enseñar
una digitalización del mismo, lo cual impide su cobro» merecía un análisis más
exhaustivo que considerara cómo se presentó la demanda y las advertencias que
hizo la accionante en el recurso de apelación que interpuso contra el auto que negó
el mandamiento de pago.

100. En esa oportunidad, el IFC indicó que el proceso se inició en vigencia del
Decreto 806 de 2020 que permite el uso de herramientas tecnológicas en el sistema
de administración de justicia, y cuyas disposiciones fueron posteriormente
recogidas en la Ley 2213 de 2022.

101. Para esta Sala, no es razonable que el Tribunal acudiera a tal argumento para
negar el mandamiento ejecutivo, sin siquiera considerar las manifestaciones del IFC
al respecto. Además, omitió que el titulo valor se presentó de forma digitalizada, no
en copia y no existía impedimento para considerar su validez.

102. Incluso, la autoridad judicial tenía la posibilidad de indagar por el tratamiento
que la jurisdicción ordinaria otorga a este tipo de asuntos. De haber efectuado una
averiguación somera habría advertido que la Corte Suprema de Justicia se ha
referido al respecto, como lo hizo en la sentencia STC2392 de 2 de marzo de 2022,
en la que explicó que, por el uso de los mensajes de datos y las tecnologías de la
comunicación en los procesos judiciales, la exhibición del título valor varió, ahora se
adjunta a la demanda de forma digitalizada. Por eso, resulta una ritualidad excesiva
exigir en físico en la etapa inicial del proceso y «la eventual exposición deberá
realizarse en la forma indicada por el Juez atendiendo a las circunstancias de cada
caso concreto».

103. Así las cosas, lo sostenido por el Tribunal se muestra caprichoso y configura
un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto24 porque privilegió un
entendimiento restrictivo de la norma que obstaculizó la eficacia del derecho
sustancial. El accionante cumplió los deberes procesales a cargo y el nuevo manejo

24
La Corte Constitucional ha entendido que se configura el defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto cuando «el juez renuncia a conocer un caso de fondo y a proteger un derecho sustancial
como resultado de una aplicación irreflexiva de las normas procedimentales», en un claro
desconocimiento de lo dispuesto en los artículos 29 y 228 de la Constitución Política, que prevén la
garantía del derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, y el principio de
prevalencia del derecho sustancial en las actuaciones judiciales. Al respecto, se pueden consultar
las sentencias SU-041 de 2022, SU-143 de 2020, T-249 de 2018, SU-355 de 2017 y T-234 de 2017,
entre muchas otras.

17

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01869-00
Accionante: Instituto Financiero de Casanare
Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

de los expedientes judiciales, a partir de la implementación de las tecnologías de la
información en el sistema judicial. Además, es claro que el Tribunal no requirió la
entrega del título físico ni habilitó un canal para ese efecto.

104. Sin perjuicio de todo lo anterior, lo cierto es que, al exigir la presentación física
del título valor, la autoridad judicial demandada también incurrió en un defecto
sustantivo, pues desconoció abiertamente el segundo inciso del artículo 6 de la
Ley 2213 de 2022, según el cual la demanda debe contener sus anexos en medio
electrónico.

105. En procesos ejecutivos, esos anexos corresponden, precisamente, al título a
ejecutar. Y, tratándose de pagarés, la presentación de tales anexos se relaciona
estrechamente con la exigencia de exhibición establecida en el artículo 624 del
Código de Comercio, que no necesariamente debe ser física, como lo ha sugerido
la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sede de tutela25.
106.

Conclusión

107. El Juzgado Primero Administrativo de Yopal y el Tribunal Administrativo de
Casanare, en los autos de 20 de marzo de 2025 y de 28 de agosto de 2025,
incurrieron en yerros que comprometieron el ejercicio y goce de los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia del IFC.

108. Los defectos advertidos consistieron en: (i) el se desconocimiento del artículo
14 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011,
así como el régimen jurídico aplicable a la entidad, y (ii) la configuración de un
exceso ritual manifiesto por negar el mandamiento de pago al desconocer que la
demanda se radicó por medios virtuales y no requirió al accionante para que
presentara en físico el pagaré.
109. Por consiguiente, se ampararan los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia del IFC y (i) se dejará sin efectos
las siguientes providencias: auto proferido el 28 de agosto de 2025 por el Tribunal
Administrativo de Casanare; auto dictado el 20 de marzo de 2025 por el Juzgado
Primero Administrativo de Yopal y el auto del 2 de mayo de 2025, que resolvió

25 En la sentencia STC2392-2022, dicha sala explicó lo siguiente:

«(…) [D]el tenor literal del artículo 624 del código mercantil se extrae que, para “[e]l ejercicio del
derecho consignado en un título-valor [se] requiere la exhibición del mismo” como prueba del negocio
jurídico celebrado entre los suscriptores del documento.
Situación distinta es que la forma de exhibición de dicho cartular, que antes se efectuaba de
manera física como anexo de la demanda, haya variado en virtud del escenario expuesto en
precedencia [pandemia de Covid-19], lo que, de ninguna manera, puede impedir el acceso a la
administración de justicia del acreedor o el derecho de defensa y contradicción propio del obligado.
En efecto, para cumplir con el deber de aportación de los anexos, dispuesto en el Código General
del Proceso (art. 84), el canon 6° del Decreto Legislativo 806 de 2020 dispuso que los mismos debían
ser presentados “en forma de mensaje de datos” junto con la demanda y que de ellos “no será
necesario acompañar copias físicas, ni electrónicas”, de lo que emerge con facilidad que, al menos
en la etapa inicial del ejecutivo, la exhibición física del título valor comporta una ritualidad
excesiva que contraría el precepto legal en comento (énfasis añadido)».

18

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01869-00
Accionante: Instituto Financiero de Casanare
Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

desfavorablemente el recurso de reposición interpuesto contra el anterior, y (ii) se
ordenará al Juzgado Primero Administrativo de Yopal, dictar una nueva decisión, en
concordancia con las precisiones realizadas en esta sentencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO. NEGAR la solicitud presentada por la parte actora, relativa al
conocimiento de la presente acción constitucional por parte de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de acuerdo con las
consideraciones expuestas.

SEGUNDO. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia del Instituto Financiero de Casanare (IFC), vulnerados
por el Juzgado Primero Administrativo de Yopal y el Tribunal Administrativo de
Casanare.

TERCERO. Como consecuencia de lo anterior, (i) DEJAR SIN EFECTOS los autos
del 28 de agosto de 2025, dictado por el Tribunal Administrativo de Casanare, y los
proferidos el 20 de marzo y 2 de mayo de 2025 por el Juzgado Primero
Administrativo de Yopal, en el marco del proceso ejecutivo con radicación núm.
85001-33-33-001-2024-00253-00, y (ii) ORDENAR a dicho juzgado que dicte nueva
decisión en concordancia con las precisiones realizadas en esta sentencia.

CUARTO. NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el
medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

QUINTO. Si no se impugna esta sentencia, ENVIAR el expediente de tutela a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA

Firmado electrónicamente
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Con aclaración de voto
VF

19

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01869-00
Accionante: Instituto Financiero de Casanare
Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

20

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.