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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04330-00

Fecha
9 de julio de 2026
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez
Citada por
5 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04330-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: NEGAR LA SOLICITUD de someter el asunto al conocimiento de la Sala Plena, formulada por la parte actora, por las razones expuestas en la motivación de esta providencia. SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia del accionante. TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTOS el auto del 11 de diciembre de 2025 dictado por el Tribunal Administrativo de Casanare dentro del proceso ejecutivo con radicado número 85001-33-33-005-2025-00190-00/01, para que, en el término de quince (15) días, contados a partir de la notificación de la presente providencia, profiera una decisión de reemplazo, que tenga en cuenta las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. CUARTO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. Radicación: 11001-03-15-000-2026-04330-00 Demandante: Instituto Financiero de Casanare (IFC) Demandado: Tribunal Administrativo del Casanare y otro Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia) QUINTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-04330-00

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

9 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., nueve (09) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04330-00
Demandante: Instituto Financiero de Casanare (IFC)
Demandado: Tribunal Administrativo del Casanare y otro
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AMPARA –
configuración de defecto sustantivo y procedimental.

Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad que invalide lo actuado,
procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del proceso de amparo
constitucional de la referencia.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1. El 4 de junio de 2026, el Instituto Financiero de Casanare (IFC), por conducto de

su gerente, promovió acción de tutela contra el Juzgado Quinto Administrativo del
Circuito de Yopal y el Tribunal Administrativo de Casanare, en busca de que se
ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia.

2. Sostuvo que tales garantías fueron vulneradas con ocasión de los autos del 19 de

mayo y 11 de diciembre de 2025, proferidos por las autoridades accionadas al interior
del proceso ejecutivo2 que instauró el instituto en contra de los señores Jorge
Leonardo Saldaña Suaterna y Gloria Enid Suaterna Gutiérrez, con el propósito de
obtener el pago de $10.374.016, correspondientes al capital representado en el
pagaré No. 8001041 del 10 de noviembre de 2014, suscrito para garantizar un crédito
a título de mutuo que les fue otorgado por dicha entidad.

3. Inicialmente el conocimiento de ese asunto correspondió al Juzgado Tercero Civil

Municipal de Yopal, el cual, mediante auto del 4 de noviembre de 2021, libró
mandamiento de pago.

1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del

Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 Con radicado número: 85001-33-33-005-2025-00190-00/01.

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04330-00
Demandante: Instituto Financiero de Casanare (IFC)
Demandado: Tribunal Administrativo del Casanare y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

4. Por autos del 13 de abril de 2023 y 11 de julio de 2024, el aludido despacho decretó

medidas cautelares.

5. En atención a lo dispuesto por la Corte Constitucional en auto 1354 del 13 de

agosto de 2024, el Juzgado Tercero Civil Municipal de Yopal, a través de proveído
del 7 de noviembre de ese mismo año, declaró la falta de jurisdicción. En
consecuencia, ordenó remitir el expediente a los juzgados administrativos de Yopal,
con la precisión de que las actuaciones surtidas conservarían validez.

6. El proceso fue asignado por reparto al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito

de Yopal. Por medio de auto del 19 de mayo de 2025, ese despacho avocó
conocimiento y se abstuvo de continuar la ejecución, tras considerar que el título
ejecutivo no se constituyó en debida forma, dado que no se allegó el contrato de
mutuo. Por consiguiente, declaró la terminación del proceso y ordenó el
levantamiento de las medidas cautelares decretadas.

7. Contra la decisión anterior, la parte ejecutante interpuso recurso de reposición y,

en subsidio, apelación. El primero fue resuelto desfavorablemente a través de auto
del 21 de noviembre de 2025, providencia en la que además se concedió la alzada
ante el Tribunal Administrativo de Casanare.

8. Dicha corporación, mediante auto del 11 de diciembre de 2025, confirmó la decisión

recurrida. Señaló que el Instituto Financiero de Casanare se encuentra sometido al
régimen jurídico de las empresas industriales y comerciales del Estado. Por lo tanto,
en su criterio, los contratos celebrados para el desarrollo de su objeto se rigen por el
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, conforme el cual los
contratos estatales deben constar por escrito. En ese orden, estimó que el
mandamiento de pago solo podía librarse si el título ejecutivo estaba integrado no
solo por el pagaré, sino también por el contrato de mutuo, al tratarse de un título
ejecutivo complejo.

9. Como fundamento de la presente acción, la parte actora sostuvo que las
autoridades judiciales accionadas incurrieron en los siguientes defectos:

10. Violación directa de la Constitución, puesto que, bajo el supuesto de integrar

un título ejecutivo complejo, los falladores realizaron una interpretación arbitraria que
restringió injustificadamente el derecho de acción.

11. Señaló además que dicha conclusión desconoce las reglas fijadas por la Corte

Constitucional en los autos A-2014 de 2024 y A-1455 de 2025, en los que se precisó
que: (i) las empresas industriales y comerciales del Estado, en el desarrollo de sus
actividades comerciales y contractuales, se rigen por el derecho privado y, por tanto,
al momento de otorgar el crédito no es exigible un contrato escrito, pues de
conformidad con los artículos 2221 y 2222 del Código Civil el contrato se perfecciona

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04330-00
Demandante: Instituto Financiero de Casanare (IFC)
Demandado: Tribunal Administrativo del Casanare y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

con la entrega del dinero; y, (ii) el pagaré incorpora una obligación clara, expresa y
exigible y constituye un título ejecutivo susceptible de ejecución ante la jurisdicción
de lo contencioso-administrativo, en los términos del numeral 3 del artículo 297 del
CPACA. Indicó que ese criterio fue reiterado por el Alto Tribunal en auto 1455 del 17
de septiembre de 2025.

12. Defecto fáctico, al restarle mérito ejecutivo el pagaré aportado con la demanda,

pese a que este constituye un título autónomo que contiene una obligación clara,
expresa y exigible, por lo que no requiere un contrato de mutuo escrito para su
conformación.

13. Arguyó que el Tribunal partió de una premisa equivocada al asumir que todos los

contratos estatales se rigen exclusivamente por la Ley 80 de 1993, sin considerar
que existen contratos estatales sometidos al derecho privado. Explicó que, dada la
naturaleza jurídica del Instituto Financiero de Casanare como empresa industrial y
comercial del Estado, su régimen se encuentra previsto en el artículo 85 de la Ley
489 de 1998 y que el otorgamiento de créditos, como actividad propia de su objeto,
se rige por el derecho privado, conforme al artículo 14 de la Ley 1150 de 2007,
modificado por el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011.

14. En ese sentido, afirmó que el contrato de mutuo objeto del proceso se rige por las

normas de derecho privado, en particular por los artículos 2221 y 2222 del Código
Civil, según los cuales dicho contrato se perfecciona con la entrega de la cosa
fungible y no mediante su formalización por escrito.

15. Manifestó que, aunque no existe un contrato de mutuo solemne e independiente

del pagaré, ello no impide su perfeccionamiento, pues este ocurrió con el
desembolso del préstamo efectuado por el Instituto al deudor.

16. En ese orden, argumentó que las autoridades accionadas desconocieron la
exigibilidad del pagaré e impusieron un requisito no previsto en el ordenamiento
jurídico, al exigir un contrato de mutuo por escrito.

17. Defecto sustantivo, por omitir aplicar los artículos 2, 29 y 229 de la Constitución;

99 y 297 de la Ley 1437 de 2011; 85 y 93 de la Ley 498 de 1998; 93 de la Ley 1474
de 2011, 2221 y 2222 del Código Civil; y, 619 y 709 del Código de Comercio.

18. Expuso que tanto el CGP como el CPACA reconocen mérito ejecutivo a los
documentos provenientes del deudor que constituyan plena prueba en su contra.
Añadió que, en particular, este último cuerpo normativo extiende esa fuerza ejecutiva
a cualquier acto proferido con ocasión de la actividad contractual que contenga
obligaciones claras, expresas y exigibles.

19. Defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, al exigir un contrato de

mutuo escrito para integrar un supuesto título ejecutivo complejo, con fundamento

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04330-00
Demandante: Instituto Financiero de Casanare (IFC)
Demandado: Tribunal Administrativo del Casanare y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

en una interpretación contraria al ordenamiento jurídico. Destacó que la inexistencia
de un contrato escrito no obedeció a una omisión de la entidad demandante, sino al
régimen jurídico que le es aplicable.

20. Resaltó que la decisión del Tribunal no fue unánime. Uno de los magistrados salvó

voto, al considerar que: (i) la regla fijada por la Corte Constitucional no exige la
conformación de un título ejecutivo complejo, (ii) el cambio de jurisdicción no puede
alterar la naturaleza del derecho sustancial y (iii) el título valor es exigible de manera
autónoma en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo.

21. Añadióque, esta Corporación, al abordar el estudio de casos similares, ha
concedido el amparo solicitado. Como soporte de ello, citó las sentencias del 13 de
noviembre de 20253, 29 de enero4, 9 de febrero5, 2 de marzo6, 20 de abril7 y 8 de
mayo de 20268.

22. Por último, solicitó que el presente asunto fuera decidido por la Sala Plena del

Consejo de Estado, en aplicación del artículo 271 del CPACA. Sustentó su petición
en la importancia jurídica, así como el impacto social y económico del caso. Lo
anterior, dado que la tesis acogida por los Juzgados Primero, Tercero, Cuarto y
Quinto Administrativos de Yopal, respaldada mayoritariamente por el Tribunal
Administrativo de Casanare, consistente en exigir un contrato de mutuo escrito para
librar mandamiento de pago con fundamento en un pagaré, vulnera los derechos al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia de tres entidades públicas
del departamento de Casanare y genera un grave detrimento patrimonial, al impedir
el cobro judicial de la cartera vencida. Agregó que esa situación compromete su
viabilidad financiera y limita el acceso a créditos de fomento para sectores
estratégicos como la educación y el agropecuario.

B. Trámite procesal

23. Mediante auto del 12 de junio de 2026, se dispuso: (i) admitir la acción de tutela;

(ii) notificar de su presentación a las autoridades accionadas; (iii) vincular a los
señores Jorge Leonardo Saldaña Suaterna y Gloria Enid Suaterna Gutiérrez, en
calidad de terceros con interés; (iv) comunicar la decisión a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado; y (v) requerir al Juzgado Quinto Administrativo del
Circuito de Yopal para que remitiera copia digital del expediente con radicado número
85001-33-33-005-2025-00190-00/01.

3 Exp. 11001-03-15-000-2025-05435-00.
4 Exp. 11001-03-15-000-2025-07470-00.
5 Exp. 11001-03-15-000-2025-05003-00.
6 Exp. 11001-03-15-000-2026-00426-00
7 En esta fecha refirió tres decisiones emitidas en el marco de los procesos 11001-03-15-000-2025-07910-01,

11001-03-15-000-2026-01087-00 y 11001-03-15-000-2026-01919-00.
8 En esta fecha aludió dos fallos proferidos dentro de los expedientes de tutela 11001-03-15-000-2026-01869-00

y 11001-03-15-000-2026-0997-01.

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04330-00
Demandante: Instituto Financiero de Casanare (IFC)
Demandado: Tribunal Administrativo del Casanare y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

24. El Tribunal Administrativo de Casanare9 sostuvo que la decisión que adoptó se

fundamentó en el acervo probatorio y en el marco normativo aplicable al asunto. Hizo
referencia a tres sentencias proferidas por esta Corporación en el marco de otros
procesos de tutela que, según afirmó, guardan semejanza fáctica y jurídica con el
caso que ahora se examina, y resaltó que en dichas providencias se declaró la
improcedencia del mecanismo de amparo por falta de relevancia constitucional.

25. El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Yopal10 remitió el expediente

requerido. No se pronunció sobre los hechos objeto de relato ni las pretensiones.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

C. Caso concreto

26. La Sala negará la solicitud encaminada a que la presente acción sea decidida por

la Sala Plena de esta Corporación.

27. Si bien se constató la existencia de varias acciones de tutela radicadas ante en

Consejo de Estado, en las que se discuten decisiones adoptadas en el marco de
procesos ejecutivos promovidos por el Instituto Financiero de Casanare, no todas
versan sobre el mismo problema jurídico, ni presentan identidad en los supuestos
fácticos. En algunos eventos los juzgados administrativos dejaron sin efectos las
actuaciones surtidas ante los jueces civiles; en otros omitieron referirse sobre dicho
trámite primigenio, en el que se había librado mandamiento ejecutivo, y se
pronunciaron nuevamente en ese sentido, pero para negarlo; mientras que en
algunos casos el conocimiento del proceso correspondió desde su inicio a la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, sin que mediara remisión desde la
jurisdicción ordinaria. En cambio, en otros asuntos, el origen de la controversia ha
girado en torno al aporte en original del contrato de mutuo o del pagaré respectivos11.

28. Las diferencias advertidas evidencian que los asuntos sometidos a consideración

del juez constitucional presentan particularidades fácticas relevantes, susceptibles
de conducir a soluciones jurídicas distintas. Circunstancia que, de entrada, descarta
la pretendida uniformidad interpretativa que sustenta la solicitud de conocimiento por
parte de la Sala Plena.

29. A lo anterior, se suma que el trámite de la acción de tutela se rige por las
disposiciones del Decreto Ley 2591 de 1991 y, en los aspectos no previstos, por el
CGP. La competencia para conocer de este tipo de acciones se determina conforme
las reglas de distribución previstas en el reglamento interno del Consejo de Estado

9 Intervención digital contenida en 1 folio.
10 Intervención digital contenida en 1 folio.
11 Lo cual ocurrió en el expediente con radicación núm. 2026-00274-00, que también conoció esta Subsección y

que se resolvió mediante sentencia del 13 de febrero de 2026.

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04330-00
Demandante: Instituto Financiero de Casanare (IFC)
Demandado: Tribunal Administrativo del Casanare y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

(Acuerdo 80 de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 2024). Dichos
ordenamientos no contemplan la posibilidad de que las partes soliciten el
conocimiento de un asunto por la Sala Plena, por razones de trascendencia social y
económica.

30. Cabe precisar que, de manera excepcional, la Sala Plena del Consejo de Estado

ha asumido el conocimiento de acciones de tutela. No obstante, ello ha obedecido
exclusivamente a una decisión adoptada por esa propia instancia o a solicitud de
alguna de las secciones de la Corporación. En 2012 y 2014 la Sala Plena conoció
dos solicitudes de amparo. La primera, por importancia jurídica12, con la finalidad de
establecer la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, con
inclusión de aquellas dictadas por el mismo cuerpo colegiado, a la luz de las reglas
fijadas hasta ese momento por la Corte Constitucional. La segunda, dada la
necesidad de unificar jurisprudencia13, entre otros aspectos, para determinar el
término razonable para ejercer oportunamente el mecanismo de amparo contra
providencias judiciales. En este último caso, la Sección Cuarta sometió a
consideración dicho asunto por importancia jurídica, dada la “disparidad de criterios”
existentes sobre el tema, solicitud que fue aceptada en sesión del 14 de mayo de
2013 por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo14.

31. En suma, el conocimiento por parte de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo en materia de acciones de tutela es excepcionalísima, cuya
competencia no se activa a petición de parte, sino por decisión propia o previa
solicitud de una de las secciones, ante la necesidad de unificar criterios o en atención
a la importancia jurídica del asunto. Presupuestos que no se acreditan en el caso
puesto a consideración de esta Sala.

D. Caso concreto

32. Esta Subsección encuentra que la acción de tutela satisface los requisitos
generales para habilitar la procedencia excepcional del mecanismo de amparo
contra providencia judicial.

33. El presente asunto reviste relevancia constitucional, no solo porque la demanda

cumple con la carga argumentativa exigida, en tanto identifica de forma clara y
concreta los motivos de la violación que se atribuyen a la providencia objetada, sino
también porque el debate propuesto trasciende la esfera de lo constitucional.

34. La controversia gira en torno a la presunta indebida interpretación y aplicación de

12 Sentencia de 31 de julio de 2012, expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ), C. P. María Elizabeth

García González.
13 Sentencia de 5 de agosto de 2014, expediente 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), C. P. Jorge Octavio

Ramírez Ramírez.
14 Ver el auto de 15 de mayo de 2013, expediente 11001-03-15-000-2012-02201-01, C. P. Carmen Teresa Ortiz

de Rodríguez.

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Demandante: Instituto Financiero de Casanare (IFC)
Demandado: Tribunal Administrativo del Casanare y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

las disposiciones que regulan las categorías jurídicas de “título ejecutivo” y “título
valor” en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, entendimiento que sirvió de
fundamento para abstenerse de continuar con el trámite ejecutivo y, por esa vía,
impidió que la parte ejecutante obtuviera un pronunciamiento sobre la satisfacción
de la obligación reclamada, lo que, de llegar a constatarse, tendría la entidad de
impactar de forma directa el ejercicio efectivo de los derechos de acceso a la
administración de justicia y al debido proceso de la tutelante. Por lo tanto, la discusión
suscitada involucra un eventual desconocimiento de tales garantías ante una
interpretación que determinó la exigencia de requisitos cuya razonabilidad debe ser
valorada por el juez de tutela.

35. Aunado a lo anterior, (i) la parte accionante agotó todos los medios idóneos y

eficaces que tenía a su alcance para obtener la protección de los derechos
fundamentales objeto de reclamo, al interponer los recursos que procedían contra la
decisión que dio por terminado el proceso ejecutivo; (ii) la solicitud de amparo fue
ejercida oportunamente, pues fue presentada el 4 junio de 2026, es decir, dentro del
término de los seis (6) meses siguientes a la notificación del auto que resolvió de
forma definitiva la controversia sobre la terminación del trámite ejecutivo (12 de
diciembre de 2025); y (iii) no se trata de una tutela interpuesta contra una sentencia
proferida en un proceso de la misma naturaleza o alguna de aquellas providencias
que la jurisprudencia ha excluido de este control constitucional.

36. Superado lo anterior, corresponde a la Sala examinar las causales específicas de

procedibilidad atribuidas a la sentencia objeto de reproche.

37. Aunque la parte actora alegó la ocurrencia de un defecto fáctico, sustantivo,
procedimental por exceso ritual manifiesto y violación directa de la Constitución, sus
reparos se originan principalmente en la interpretación que efectuaron las
autoridades judiciales accionadas sobre las disposiciones que regulan la ejecución
de títulos ejecutivos ante la jurisdicción contencioso-administrativa, así como la
relativa a los títulos valores.

38.Según se expuso, ese ejercicio interpretativo condujo a una errónea
caracterización del título ejecutivo objeto de recaudo, al desconocimiento del
régimen aplicable al contrato de mutuo celebrado por una empresa industrial y
comercial del Estado, a la inobservancia de los criterios fijados por la Corte
Constitucional al resolver conflictos de jurisdicción sobre esta materia y, finalmente,
a una valoración inadecuada de los documentos aportados con la demanda
ejecutiva, al exigir requisitos adicionales no previstos en el ordenamiento jurídico
para reconocerles mérito ejecutivo.

39. Bajo ese escenario, esta Subsección centrará su análisis en el presunto defecto

sustantivo, pues es precisamente de la interpretación que las autoridades
accionadas realizaron de las normas que regulan los títulos ejecutivos, de donde se

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04330-00
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

derivan los demás reproches formulados por la parte actora. La presunta valoración
indebida del material probatorio, la configuración de un exceso ritual manifiesto y la
alegada vulneración directa de la Constitución encuentran su fundamento en el
mismo reproche, esto es, que el pagaré, por sí solo, carecía de aptitud para integrar
el título ejecutivo exigible en la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

40. Por lo tanto, el estudio se circunscribirá a establecer si esa interpretación resulta

compatible con las normas cuya inaplicación o entendimiento errado atribuye la parte
accionante a las providencias censuradas, en especial, los artículos 197, numeral 3
de la Ley 1437 de 2011 y 619 del Código de Comercio.

41. A efectos de determinar la configuración de dicho yerro, resulta indispensable

identificar el marco normativo aplicable al caso concreto, pues solo a partir de las
disposiciones que regulan la materia es posible analizar si la interpretación acogida
por las autoridades judiciales accionadas se ajustó al ordenamiento jurídico o, por el
contrario, se apartó de su contenido y alcance. Para dicho ejercicio, debe tenerse en
cuenta que la controversia sometida a conocimiento de las autoridades accionadas
se originó en un proceso ejecutivo promovido por el Instituto Financiero de Casanare
(IFC) para obtener el pago de una obligación dineraria representada en un pagaré.

42. Sobre el particular, el artículo 297 del CPACA establece que los documentos que

constituyen título ejecutivo son, entre otros, “los contratos, los documentos en que
consten sus garantías, junto con el acto administrativo a través del cual se declare
su incumplimiento, el acta de liquidación del contrato, o cualquier acto proferido con
ocasión de la actividad contractual, en los que consten obligaciones claras, expresas
y exigibles, a cargo de las partes intervinientes en tales actuaciones”. De esa
disposición, se desprende con claridad que el legislador reconoció el carácter
ejecutivo a cualquier acto expedido con ocasión de la actividad contractual que
incorpore una obligación con las características exigidas por ley.

43. Al desatar el recurso de apelación, a través del auto del 11 de diciembre de 2025,

el Tribunal Administrativo de Casanare trajo a colación dicha norma. A su vez, hizo
referencia al artículo 422 del CGP, que prevé que “Pueden demandarse
ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en
documentos que provengan del deudor o de su causante”.

44. A partir de ello, el fallador determinó que debía establecerse si los documentos

allegados con la demanda conformaban un título ejecutivo y, en caso afirmativo, si
se trataba de uno simple o complejo. Consideró que, como la obligación incorporada
en el pagaré tenía origen en un contrato de mutuo celebrado por una entidad pública,
el título ejecutivo debía integrarse no solo con el pagaré, sino también con el
correspondiente contrato de mutuo, documento en el que debía constar la
manifestación de voluntad del Instituto Financiero de Casanare. Estimó que ese
requisito no se encontraba satisfecho al no haberse aportado dicho instrumento.

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45. Sostuvo que, aunque el pagaré respaldaba las obligaciones derivadas de un
contrato celebrado por una entidad estatal, era indispensable acreditar la existencia
del contrato para verificar la identidad de las partes y que las excepciones sean
oponibles en el proceso ejecutivo. Ello, por cuanto “corresponde a la jurisdicción
contenciosa conocer de procesos ejecutivos derivados de aquellos contratos en los
que sea parte una entidad pública y que por definición constituyen contratos
estatales. Por ello, se requiere demostrar la causa subyacente del origen público de
los recursos y tal como se indicó no se allega el contrato fuente de la obligación, así
las cosas, no se configura el título ejecutivo complejo que determine el origen público
de los recursos que pretende ejecutar”.

46. A partir de esas consideraciones,la autoridad accionada concluyó que, al no
haberse allegado el contrato fuente de la obligación, no se configuraba el título
ejecutivo complejo exigible para promover la ejecución ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo.

47. Para esta Sala, esa conclusión parte de una lectura parcial del marco normativo

aplicable. Si bien el Tribunal acudió al artículo 297 del CPACA para identificar los
documentos que prestan mérito ejecutivo ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, omitió considerar que el numeral 3 de esa misma disposición no
restringe esa calidad a los contratos estatales y a los documentos que los integran,
sino que también reconoce fuerza ejecutiva a “cualquier acto proferido con ocasión
de la actividad contractual” en el que consten obligaciones claras, expresas y
exigibles. Lo anterior, imponía examinar si el pagaré aportado con la demanda podía
subsumirse en dicho supuesto, antes de concluir que, necesariamente, debía
integrarse con el contrato de mutuo para conformar un título ejecutivo complejo.

48. A esa omisión se suma que el Tribunal no hizo un análisis sobre la normativa en

torno al documento cuya ejecución se pretendía. Pese a que la demanda ejecutiva
se fundó en un pagaré, la providencia prescindió de examinar las disposiciones del
Código de Comercio que regulan los títulos valores, en particular el artículo 619,
conforme al cual estos incorporan un derecho literal y autónomo cuyo ejercicio se
legitima mediante el propio documento.

49. En virtud de los principios de incorporación, literalidad, autonomía y abstracción

que caracterizan esta clase de instrumentos, el derecho incorporado en el título es
independiente de la relación causal que le dio origen, razón por la cual su exigibilidad
no depende de la acreditación del negocio jurídico subyacente.

50. No obstante lo anterior, la decisión centró su análisis exclusivamente en la relación

contractual subyacente y en la figura del título ejecutivo complejo, sin valorar la
incidencia que la naturaleza jurídica del pagaré podía tener en la determinación de
su aptitud ejecutiva dentro del proceso.

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04330-00
Demandante: Instituto Financiero de Casanare (IFC)
Demandado: Tribunal Administrativo del Casanare y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

51. Por consiguiente, la exigencia de la autoridad accionada limita el alcance de los

títulos valores para ser objeto de ejecución en vía judicial, y desborda los parámetros
de la razonabilidad jurídica, al acoger una interpretación que desnaturaliza este tipo
de documentos, que esencialmente incorporan un derecho y son autónomos de la
relación causal en virtud de la cual fueron creados.

52. Bajo ese escenario, carece de sustento legal la exigencia atinente a que se deba

aportar el contrato de mutuo para que, junto con el pagaré, constituya un título
ejecutivo complejo, motivo por el cual deberá ser examinada la aludida normativa por
la autoridad judicial, con el fin de que se analice si el pagaré comporta título ejecutivo,
es decir, si contiene una obligación clara, expresa y exigible.

53. Cabe destacar que la Corte Constitucional, en el auto A-2014 de 2024, al dirimir

el conflicto de jurisdicción suscitado respecto de este tipo de procesos ejecutivos,
examinó la naturaleza jurídica del negocio subyacente al pagaré y precisó que,
aunque este deriva de un contrato estatal, razón por la cual se asignaba la
competencia a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, tratándose de una
empresa industrial y comercial del Estado sometida al régimen de derecho privado,
conforme a los artículos 85 y 93 de la Ley 489 de 1998 y al artículo 14 de la Ley 1150
de 2007, el otorgamiento del crédito no exige la celebración de un contrato escrito.
Explicó que, de conformidad con los artículos 2221 y 2222 del Código Civil,
aplicables al mutuo comercial por remisión del Código de Comercio, dicho contrato
se perfecciona con la entrega del dinero objeto del préstamo.

54. En ese mismo pronunciamiento, la Corte sostuvo que el pagaré cuya ejecución se

pretendía constituía “un documento suscrito por una de las partes del negocio
subyacente (mutuo) en el que consta una obligación clara, expresa y exigible en
contra de esta, lo que corresponde a un título ejecutivo por ser uno de los
documentos a los que se refiere el numeral 3 del artículo 297 del CPACA”. Así, el
Alto Tribunal reconoció expresamente que ese título valor, por sí mismo, satisfacía
las exigencias legales para servir de fundamento a la acción ejecutiva, sin supeditarlo
a que mediara un contrato de mutuo por escrito.

55. A partir de esa decisión, se evidencia que, si bien su finalidad consistió en resolver

un conflicto de jurisdicción, conjuntamente se analizó la naturaleza del pagaré y del
contrato de mutuo, consideraciones que merecen especial atención de cara al
problema jurídico planteado en el presente asunto. Allí, se determinó que, en casos
como el que ahora se examina, los pagarés constituían un título ejecutivo, sin que
se requiriera para tal propósito aportar el contrato de mutuo que le dio origen, máxime
cuando no se tenía certeza de su existencia.

56. En consecuencia, no resulta jurídicamente admisible que el juez de lo
contencioso-administrativo, en aplicación de esa providencia, avoque conocimiento
del asunto, pero, a su vez, con fundamento en la misma decisión imponga una carga

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04330-00
Demandante: Instituto Financiero de Casanare (IFC)
Demandado: Tribunal Administrativo del Casanare y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

que la propia Corte descartó expresamente, máxime cuando este fue puesto de
presente en el recurso de reposición y, en subsidio, apelación interpuesto por la parte
actora contra el auto que se abstuvo de continuar con el proceso ejecutivo, con la
finalidad de desvirtuar la exigencia de un contrato de mutuo por escrito.

57. A la luz de los preceptos normativos y jurisprudenciales expuestos en
precedencia, no le era dable al juez ordinario exigir un requisito adicional no previsto,
que, además, posiblemente no exista en razón al giro ordinario de los negocios de
este tipo de entidades, y con base en dicha exigencia de imposible cumplimiento
coarte la posibilidad de la parte actora de poder ejecutar vía judicial un título valor, el
cual, como ya se anotó, no requiere de documento adicional en tanto incorpora per
se un derecho.

58. Ese entendimiento al que arribó la autoridad accionada a partir de un ejercicio

interpretativo apartado de las normas sustanciales que regulan la materia, a juicio de
esta Sala, además conllevó al desconocimiento a las reglas de procedimiento
aplicables en los eventos en que un proceso es remitido a otra jurisdicción como
consecuencia de la declaratoria de falta de jurisdicción.

59. El artículo 16 del CGP, aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA, prevé

que cuando se declare la falta de jurisdicción o la falta de competencia por los
factores subjetivo o funcional, las actuaciones surtidas conservarán su validez, con
excepción de la sentencia que eventualmente se hubiere proferido, la cual deberá
invalidarse.

60. En consonancia con esa disposición, el artículo 138 ibidem establece que, una

vez declarada la falta de jurisdicción, el proceso debe remitirse de inmediato al juez
competente, sin que ello afecte la validez de las actuaciones procesales adelantadas
hasta ese momento.

61. En el caso que ocupa la atención de esta Sala, para el momento en que el proceso

ejecutivo fue remitido a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, ya se habían
surtido varias actuaciones. En concreto, el Juzgado Tercero Civil Municipal de Yopal
había librado mandamiento de pago, decretado medidas cautelares, designado
curador ad litem para una de las demandadas y había corrido traslado de las
excepciones de mérito formuladas por esta última.

62. No obstante, el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Yopal, luego de

avocar conocimiento del asunto, se abstuvo de continuar la ejecución con
fundamento en la exigencia previamente censurada por esta Sala y, en
consecuencia, declaró la terminación del proceso.

63. Si bien no se dejó sin efectos de manera expresa las actuaciones surtidas en la

jurisdicción ordinaria, lo cierto es que, al abstenerse de continuar con el trámite, en

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04330-00
Demandante: Instituto Financiero de Casanare (IFC)
Demandado: Tribunal Administrativo del Casanare y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

la práctica, se restó eficacia tanto al mandamiento de pago, como a las demás
decisiones adoptadas.

64. En otras palabras, aunque formalmente se reconoció la validez de tales
actuaciones, materialmente se desconocieron sus efectos jurídicos, en contravía del
mandato contenido en los artículos 16 y 138 del CGP; irregularidad que terminó
siendo convalidada por el Tribunal Administrativo de Santander en el auto del 11 de
diciembre de 2025.

65. En las condiciones anotadas, la Sala concluye que las providencias cuestionadas

no solo adolecen de un defecto sustantivo, por la interpretación irracional de las
normas sustanciales, sino también de un yerro de tipo procedimental absoluto, al
haberse actuado al margen del procedimiento establecido para tales efectos.

66. Por lo expuesto, se accederá al amparo solicitado y, en consecuencia, se dejará

sin efectos el proveído del 11 de diciembre de 2025, proferido por el Tribunal
Administrativo de Casanare, para que, en su lugar, dicha autoridad emita una
decisión de reemplazo, que atienda los lineamientos impartidos en las
consideraciones de esta sentencia, orientados a que se aplique de forma razonable
la normativa.

67. Enmérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: NEGAR LA SOLICITUD de someter el asunto al conocimiento de la Sala
Plena, formulada por la parte actora, por las razones expuestas en la motivación de
esta providencia.

SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a
la administración de justicia del accionante.

TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTOS el auto del
11 de diciembre de 2025 dictado por el Tribunal Administrativo de Casanare dentro
del proceso ejecutivo con radicado número 85001-33-33-005-2025-00190-00/01,
para que, en el término de quince (15) días, contados a partir de la notificación de la
presente providencia, profiera una decisión de reemplazo, que tenga en cuenta las
consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

CUARTO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04330-00
Demandante: Instituto Financiero de Casanare (IFC)
Demandado: Tribunal Administrativo del Casanare y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

QUINTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Ausente con excusa

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE15
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

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