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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04503-01

Fecha
21 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04503-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: REVOCAR el fallo dictado el 16 de julio de 2026 por la Sección Primera del Consejo de Estado. En su lugar, AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia del accionante. SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 11 de diciembre de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare dentro del proceso ejecutivo con radicado número 85001-33-33-004-2025-00091-02, para que, en el término de quince (15) días, contados a partir de la notificación de la presente providencia, profiera una decisión de reemplazo, que tenga en cuenta las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. TERCERO: EXHORTAR al Presidente del Tribunal Administrativo de Casanare para que organice mesas de estudio y trabajo, en las que se aborden los aspectos centrales que concurren este tipo de controversias. Lo anterior, sin perjuicio de la autonomía de cada una de las Salas de esa corporación al momento de resolver los casos que se pongan a su consideración. CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. QUINTO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-04503-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

21 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04503-01
Accionante: Instituto Financiero de Casanare
Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / REVOCA
DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA Y CONCEDE AMPARO / configuración de
defecto sustantivo – indebida interpretación y aplicación normativa sobre títulos
ejecutivos y títulos valores en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte accionante contra
la sentencia proferida el 16 de julio de 2026 por la Sección Primera del Consejo de
Estado, mediante la cual se declaró improcedente la solicitud de amparo.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1. El 10 de junio de la presente anualidad, el Instituto Financiero de Casanare, a

través de su gerente, instauró acción de tutela contra el Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito de Yopal y el Tribunal Administrativo de Casanare, en
busca de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y
acceso a la administración de justicia.

2. Sostuvo que tales garantías fueron vulneradas con ocasión de las sentencias
proferidas el 25 de septiembre y 11 de diciembre de 2025 por las autoridades
accionadas al interior del proceso ejecutivo1 que instauró el instituto en contra de los
señores Diego Fernando Sierra Martínez y Dilma Martínez Granados, con el
propósito de obtener el pago de una suma de dinero por concepto del capital
representado en un pagaré, suscrito para garantizar un crédito que les fue otorgado
por dicha entidad.

3. Inicialmente el conocimiento de ese asunto correspondió al Juzgado Segundo Civil

Municipal de Yopal, el cual, mediante auto del 29 de abril de 2014, libró mandamiento
de pago. Surtidas las notificaciones correspondientes, a través de proveído del 2 de

1 Identificado con radicado número 85001-33-33-004-2025-00091-02.

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04503-01
Accionante: Instituto Financiero de Casanare
Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

noviembre de 2017, ordenó seguir adelante con la ejecución y, por auto del 8 de julio
de 2024, aprobó la liquidación del crédito.

4. En atención a lo dispuesto por la Corte Constitucional en auto 1354 del 13 de

agosto de 2024, el aludido despacho -por medio de proveído del 14 de noviembre de
ese mismo año- declaró la falta de jurisdicción y, consecuentemente, la nulidad de
todo lo actuado desde la decisión de seguir adelante con la ejecución. Por tanto,
ordenó remitir el expediente a los juzgados administrativos de Yopal.

5. El proceso fue asignado por reparto al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito

de Yopal. En sentencia del 27 de febrero de 2025, ese despacho avocó
conocimiento; declaró de oficio la existencia de defectos formales del título ejecutivo
y, en consecuencia, decidió no seguir adelante con la ejecución.

6. Por auto del 27 de junio de 2025, el Tribunal Administrativo de Casanare declaró

la nulidad de todo lo actuado desde la providencia del 27 de febrero de 2025. Ello,
tras considerar que se pretermitió la oportunidad de que las partes alegaran de
conclusión, pese al cambio de jurisdicción.

7. En cumplimiento de lo anterior, a través de auto del 14 de agosto de 2025, el

Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Yopal corrió traslado a los sujetos
procesales para que presentaran sus alegatos.

8. Mediante sentencia del 25 de septiembre de 2025, el juzgado en mención declaró

de oficio la existencia de defectos formales del título ejecutivo, tras estimar que no
se constituyó en debida forma, dado que no se allegó el contrato de mutuo. Por
consiguiente, resolvió no seguir adelante con la ejecución.

9. La decisión anterior fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Casanare por

medio de fallo del 11 de diciembre de 2025. Señaló que el Instituto Financiero de
Casanare se encuentra sometido al régimen jurídico de las empresas industriales y
comerciales del Estado. Por lo tanto, en su criterio, los contratos celebrados para el
desarrollo de su objeto se rigen por el Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública, conforme el cual los contratos estatales deben constar por
escrito. En ese orden, estimó que el mandamiento de pago podía librarse si el título
ejecutivo estaba integrado no solo por el pagaré, sino también por el contrato de
mutuo, al tratarse de un título ejecutivo complejo.

10. Como fundamento de la presente acción, la parte accionante sostuvo que las

autoridades judiciales accionadas incurrieron en los siguientes defectos:

11. Violación directa de la Constitución, puesto que, bajo el supuesto de integrar

un título ejecutivo complejo, los falladores realizaron una interpretación arbitraria que
restringió injustificadamente el derecho de acción.

12. Señaló además que dicha conclusión desconoce las reglas fijadas por la Corte

Constitucional en los autos A-2014 de 2024 y A-1455 de 2025, en los que se precisó

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04503-01
Accionante: Instituto Financiero de Casanare
Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

que: (i) las empresas industriales y comerciales del Estado, en el desarrollo de sus
actividades comerciales y contractuales, se rigen por el derecho privado y, por tanto,
al momento de otorgar el crédito no es exigible un contrato escrito, pues de
conformidad con los artículos 2221 y 2222 del Código Civil el contrato se perfecciona
con la entrega del dinero; y, (ii) el pagaré incorpora una obligación clara, expresa y
exigible y constituye un título ejecutivo susceptible de ejecución ante la jurisdicción
de lo contencioso-administrativo, en los términos del numeral 3 del artículo 297 del
CPACA. Indicó que ese criterio fue reiterado por el Alto Tribunal en auto 1455 del 17
de septiembre de 2025.

13. Defecto fáctico, al restarle mérito ejecutivo el pagaré aportado con la demanda,

pese a que este constituye un título autónomo que contiene una obligación clara,
expresa y exigible, por lo que no requiere un contrato de mutuo escrito para su
conformación.

14. Arguyó que el Tribunal partió de una premisa equivocada al asumir que todos los

contratos estatales se rigen exclusivamente por la Ley 80 de 1993, sin considerar
que existen algunos que se someten al derecho privado. Explicó que, dada la
naturaleza jurídica del Instituto Financiero de Casanare como empresa industrial y
comercial del Estado, su régimen se encuentra previsto en el artículo 85 de la Ley
489 de 1998 y que el otorgamiento de créditos, como actividad propia de su objeto,
se rige por el derecho privado, conforme al artículo 14 de la Ley 1150 de 2007,
modificado por el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011.

15. En ese sentido, afirmó que el contrato de mutuo objeto del proceso se rige por las

normas de derecho privado, en particular por los artículos 2221 y 2222 del Código
Civil, según los cuales dicho contrato se perfecciona con la entrega de la cosa
fungible y no mediante su formalización por escrito.

16. Manifestó que, aunque no existe un contrato de mutuo solemne e independiente

del pagaré, ello no impide su perfeccionamiento, pues este ocurrió con el
desembolso del préstamo efectuado por el Instituto al deudor.

17. En ese orden, argumentó que las autoridades accionadas desconocieron la
exigibilidad del pagaré e impusieron un requisito no previsto en el ordenamiento
jurídico, al exigir un contrato de mutuo por escrito.

18. Defecto sustantivo, por omitir aplicar los artículos 2, 29 y 229 de la Constitución;

99 y 297 de la Ley 1437 de 2011; 85 y 93 de la Ley 498 de 1998; 93 de la Ley 1474
de 2011, 2221 y 2222 del Código Civil; y, 619 y 709 del Código de Comercio.

19. Expuso que tanto el CGP como el CPACA reconocen mérito ejecutivo a los
documentos provenientes del deudor que constituyan plena prueba en su contra.
Añadió que, en particular, este último cuerpo normativo extiende esa fuerza ejecutiva
a cualquier acto proferido con ocasión de la actividad contractual que contenga
obligaciones claras, expresas y exigibles.

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04503-01
Accionante: Instituto Financiero de Casanare
Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

20. Defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, al exigir un contrato de

mutuo escrito para integrar un supuesto título ejecutivo complejo, con fundamento
en una interpretación contraria al ordenamiento jurídico. Destacó que la inexistencia
de un contrato escrito no obedeció a una omisión de la entidad demandante, sino al
régimen jurídico que le es aplicable.

21. Resaltó que la decisión del Tribunal no fue unánime. Uno de los magistrados salvó

voto, al considerar que: (i) la regla fijada por la Corte Constitucional no exige la
conformación de un título ejecutivo complejo, (ii) el cambio de jurisdicción no puede
alterar la naturaleza del derecho sustancial y (iii) el título valor es exigible de manera
autónoma en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo.

22. Añadióque esta Corporación, al abordar el estudio de casos similares, ha
concedido el amparo solicitado. Como soporte de ello, citó las sentencias del 13 de
noviembre de 20252, 29 de enero3, 9 de febrero4, 2 de marzo5, 20 de abril6 y 8 de
mayo de 20267.

B. Sentencia de primera instancia

23. Mediante fallo del 16 de julio de 2026, la Sección Primera del Consejo de Estado

declaró improcedente la acción de tutela por no satisfacer el requisito general de
relevancia constitucional. Consideró que la parte actora pretendía utilizar el
mecanismo de amparo como una instancia adicional al proceso ordinario, con el fin
de reabrir un debate ya resuelto por el juez de la causa de forma razonable.

C. Impugnación

24. La parte accionante alegó que la controversia propuesta reviste relevancia
constitucional, pues no se trata de una discusión estrictamente legal o económica,
sino que gira en torno a la vulneración real y sistemática de sus derechos
fundamentales.

25. Señaló que dicha afectación se originó en el desconocimiento de la naturaleza

propia del título valor y en la imposición de exigencias formales ajenas al contrato de
mutuo y a la naturaleza del régimen contractual aplicable a la entidad. Como soporte
de ello, reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela.

II. CONSIDERACIONES

2 Exp. 11001-03-15-000-2025-05435-00.
3 Exp. 11001-03-15-000-2025-07470-00
4 Exp. 11001-03-15-000-2025-05003-00.
5 Exp. 11001-03-15-000-2026-00426-00.
6 En esta fecha refirió tres decisiones emitidas en el marco de los procesos 11001-03-15-000-2025-07910-01,

11001-03-15-000-2026-01087-00 y 11001-03-15-000-2026-01919-00.
7 En esta fecha aludió dos fallos proferidos dentro de los expedientes de tutela 11001-03-15-000-2026-01869-00

y 11001-03-15-000-2026-0997-01.

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04503-01
Accionante: Instituto Financiero de Casanare
Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

D. Competencia

26. La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar

su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

E. Análisis del caso concreto

27. Serevocará el fallo impugnado, tras encontrar acreditada la vulneración de
derechos que se alega.

28. A juicio de esta Subsección, la presente acción satisface los requisitos generales

para habilitar la procedencia excepcional del mecanismo de amparo contra
providencia judicial, en particular, el presupuesto atinente a la relevancia
constitucional.

29. Lo anterior, no solo porque la demanda cumple con la carga argumentativa
exigida, en tanto identifica de forma clara y concreta los motivos de la violación que
se atribuyen a la providencia objetada, sino también porque el debate propuesto
trasciende la esfera de lo constitucional. Ello, en la medida en que se funda en la
posible afectación del derecho de acceso a la administración de justicia a causa de
la interpretación y aplicación de las disposiciones que regulan las categorías
jurídicas de “título ejecutivo” y “título valor” en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo, que implicó la exigencia de requisitos cuya razonabilidad debe ser
valorada por el juez de tutela.

30. Aunado a lo anterior, (i) la parte accionante agotó todos los medios idóneos y

eficaces que tenía a su alcance para obtener la protección de los derechos
fundamentales objeto de reclamo; (ii) la solicitud de amparo fue ejercida
oportunamente, pues fue presentada el 10 junio de 2026, es decir, dentro de un
término razonable desde la notificación de la sentencia que resolvió de forma
definitiva el proceso ejecutivo (15 de diciembre de 2025) y (iii) no se trata de una
tutela interpuesta contra una sentencia proferida en un proceso de la misma
naturaleza o alguna de aquellas providencias que la jurisprudencia ha excluido de
este control constitucional.

31. Superado lo anterior, corresponde a la Sala examinar las causales específicas de

procedibilidad atribuidas a la sentencia objeto de reproche8.

32. Aunque la parte actora alegó la ocurrencia de un defecto fáctico, sustantivo,
procedimental por exceso ritual manifiesto y violación directa de la Constitución, sus
reparos se originan principalmente en la interpretación que efectuaron las
autoridades judiciales accionadas sobre las disposiciones que regulan la ejecución

8 Si bien la parte actora cuestionó tanto el fallo de primera instancia, como el de segunda instancia dictados

dentro del proceso ejecutivo objeto de reproche, el análisis debe concentrarse en esta última providencia por ser
la que resolvió de manera definitiva el asunto.

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04503-01
Accionante: Instituto Financiero de Casanare
Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

de títulos ejecutivos ante la jurisdicción contencioso-administrativa, así como la
relativa a los títulos valores.

33. Según se expuso, ese ejercicio interpretativo conllevo a una indebida
caracterización del título cuya ejecución se perseguía, al desconocimiento del
régimen aplicable al contrato de mutuo celebrado por una empresa industrial y
comercial del Estado, a la inobservancia de los criterios fijados por la Corte
Constitucional al resolver conflictos de jurisdicción sobre esta materia y a una
valoración errónea de los documentos aportados con la demanda, al exigir requisitos
adicionales no previstos en el ordenamiento jurídico para reconocerles mérito
ejecutivo.

34. Bajo ese escenario, esta Subsección centrará su análisis en el presunto defecto

sustantivo, pues a partir la interpretación que las autoridades accionadas realizaron
de las normas que regulan los títulos ejecutivos se derivan los demás reproches
formulados por la parte actora.

35. Por lo tanto, el estudio se circunscribirá a establecer si esa interpretación resulta

compatible con las normas cuya inaplicación o entendimiento errado atribuye la
parte accionante a las providencias censuradas, en especial, los artículos 197,
numeral 3 de la Ley 1437 de 2011 y 619 del Código de Comercio.

36. A efectos de determinar la configuración de dicho yerro, resulta indispensable

identificar el marco normativo aplicable al caso concreto, pues solo a partir de las
disposiciones que regulan la materia es posible analizar si la interpretación acogida
por las autoridades judiciales accionadas se ajustó al ordenamiento jurídico o, por el
contrario, se apartó de su contenido y alcance. Para dicho ejercicio, debe tenerse
en cuenta que la controversia sometida a conocimiento de las autoridades
accionadas se originó en un proceso ejecutivo promovido por el Instituto Financiero
de Casanare (IFC) para obtener el pago de una obligación dineraria representada
en un pagaré.

37. Sobre el particular, el artículo 297 del CPACA establece que los documentos que

constituyen título ejecutivo son, entre otros, “los contratos, los documentos en que
consten sus garantías, junto con el acto administrativo a través del cual se declare
su incumplimiento, el acta de liquidación del contrato, o cualquier acto proferido con
ocasión de la actividad contractual, en los que consten obligaciones claras, expresas
y exigibles, a cargo de las partes intervinientes en tales actuaciones”. De esa
disposición, se desprende con claridad que el legislador reconoció el carácter
ejecutivo a cualquier acto expedido con ocasión de la actividad contractual que
incorpore una obligación con las características exigidas por ley.

38. Con el fin de desatar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra

el fallo de primera instancia, el Tribunal Administrativo de Casanare, en la sentencia
censurada, hizo referencia a dicha norma. A su vez, aludió el artículo 422 del Código
General del Proceso que prevé que “Pueden demandarse ejecutivamente las

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04503-01
Accionante: Instituto Financiero de Casanare
Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que
provengan del deudor o de su causante”.

39. También trajo a colación jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la ejecución

de títulos derivados de relaciones contractuales con la administración y algunos
pronunciamientos de la Corte Constitucional relacionados con la naturaleza jurídica
de los contratos celebrados por las empresas industriales y comerciales del Estado.

40. A partir de ese marco normativo y jurisprudencial, el Tribunal señaló que no existe

una posición uniforme sobre la integración del título ejecutivo en los procesos
derivados de contratos de mutuo celebrados por empresas industriales y
comerciales del Estado. Explicó que mientras en unos casos se ha exigido acreditar
la solemnidad escrita prevista en el artículo 39 de la Ley 80 de 1993, en otros dicha
exigencia se ha flexibilizado en atención a las particularidades del vínculo
contractual y a la naturaleza de la entidad.

41. Precisó que la postura de la Sala Mayoritaria en ese tipo de asuntos ha sido exigir

la solemnidad escrita, al considerar que constituye un requisito esencial para la
validez y el perfeccionamiento del contrato estatal. En su criterio, la ausencia del
documento escrito impide tener por acreditada una obligación clara, expresa y
exigible.

42. Bajo esa premisa, la autoridad accionada señaló que la obligación incorporada

en el pagaré cuya ejecución se pretendía correspondía al deber de los ejecutados
de restituir el dinero recibido con ocasión de un crédito. Consideró que esa relación
jurídica se enmarcaba en un contrato de mutuo o préstamo de consumo, regulado
en el artículo 2221 del Código Civil.

43. A su vez, indicó que el Instituto Financiero de Casanare (IFC), en su condición de

empresa industrial y comercial del Estado, se encuentra sujeto al régimen previsto
para estas entidades. En particular, el artículo 93 de la Ley 489 de 1998, según el
cual los contratos que celebren para el cumplimiento de su objeto se sujetan a las
disposiciones del Estatuto General de Contratación de las entidades estatales.

44. Con fundamento en ello, el fallador concluyó que al contrato de mutuo celebrado

por el IFC le resultaba aplicable la solemnidad prevista en el artículo 39 de la Ley 80
de 1993, que impone que los contratos estatales deben constar por escrito para su
perfeccionamiento.

45. En ese orden, estimó acertada la decisión del a quo de no seguir adelante con la

ejecución, pues al no haberse allegado el contrato fuente de la obligación, no se
configuraba el título ejecutivo complejo exigible para promover la ejecución ante la
jurisdicción de lo contencioso-administrativo.

46. Para esta Sala, ese razonamiento parte de una lectura parcial del marco
normativo aplicable. Si bien el Tribunal acudió al artículo 297 del CPACA para
identificar los documentos que prestan mérito ejecutivo ante la jurisdicción de lo

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04503-01
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contencioso administrativo, omitió considerar que el numeral 3 de esa misma
disposición no restringe esa calidad a los contratos estatales y a los documentos
que los integran, sino que también reconoce fuerza ejecutiva a “cualquier acto
proferido con ocasión de la actividad contractual” en el que consten obligaciones
claras, expresas y exigibles. Lo anterior, imponía examinar si el pagaré aportado con
la demanda podía subsumirse en dicho supuesto, antes de concluir que,
necesariamente, debía integrarse con el contrato de mutuo para conformar un título
ejecutivo complejo.

47. A esa omisión se suma que la autoridad enjuiciada no realizó un análisis
específico sobre la normativa en torno al documento cuya ejecución se pretendía.
Pese a que la demanda ejecutiva se fundó en un pagaré, la providencia prescindió
de examinar las disposiciones del Código de Comercio que regulan los títulos
valores, en particular el artículo 619, conforme al cual estos incorporan un derecho
literal y autónomo cuyo ejercicio se legitima mediante el propio documento.

48. En virtud de los principios de incorporación, literalidad, autonomía, abstracción y

circulación que caracterizan esta clase de instrumentos, el derecho incorporado en
el título es independiente de la relación causal que le dio origen, razón por la cual
su exigibilidad no depende de la acreditación del negocio jurídico subyacente.

49. No obstante lo anterior, la decisión centró su análisis exclusivamente en la
relación contractual subyacente y en la figura del título ejecutivo complejo, sin valorar
la incidencia que la naturaleza jurídica del pagaré podía tener en la determinación
de su aptitud ejecutiva dentro del proceso.

50. Por consiguiente, la exigencia de la autoridad accionada limita el alcance de los

títulos valores para ser objeto de ejecución en vía judicial, y desborda los parámetros
de la razonabilidad jurídica, al acoger una interpretación que desnaturaliza este tipo
de documentos, que esencialmente incorporan un derecho y son autónomos de la
relación causal en virtud de la cual fueron creados.

51. Bajo ese escenario, carece de sustento legal la exigencia atinente a que se deba

aportar el contrato de mutuo para que, junto con el pagaré, constituya un título
ejecutivo complejo. Lo procedente era examinar el pagaré a la luz de las
disposiciones que regulan los títulos valores y determinar si, por sí mismo,
incorporaba una obligación clara, expresa y exigible, en los términos previstos en el
artículo 422 del Código General del Proceso y el artículo 297 del CPACA.

52. Cabe destacar que la Corte Constitucional, en el auto A-2014 de 2024, al dirimir

el conflicto de jurisdicción suscitado respecto de este tipo de procesos ejecutivos,
examinó la naturaleza jurídica del negocio subyacente al pagaré y precisó que,
aunque este deriva de un contrato estatal, razón por la cual se asignaba la
competencia a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, tratándose de una
empresa industrial y comercial del Estado sometida al régimen de derecho privado,
conforme a los artículos 85 y 93 de la Ley 489 de 1998 y al artículo 14 de la Ley

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1150 de 2007, el otorgamiento del crédito no exige la celebración de un contrato
escrito. Explicó que, de conformidad con los artículos 2221 y 2222 del Código Civil,
aplicables al mutuo comercial por remisión del Código de Comercio, dicho contrato
se perfecciona con la entrega del dinero objeto del préstamo.

53. En ese mismo pronunciamiento, la Corte sostuvo que el pagaré objeto de
ejecución constituía “un documento suscrito por una de las partes del negocio
subyacente (mutuo) en el que consta una obligación clara, expresa y exigible en
contra de esta, lo que corresponde a un título ejecutivo por ser uno de los
documentos a los que se refiere el numeral 3 del artículo 297 del CPACA”. Así, el
Alto Tribunal reconoció expresamente que ese título valor, por sí mismo, satisfacía
las exigencias legales para servir de fundamento a la acción ejecutiva, sin
supeditarlo a que mediara un contrato de mutuo por escrito.

54. A partir de esa decisión, se evidencia que, si bien su finalidad consistió en resolver

un conflicto de jurisdicción, conjuntamente se analizó la naturaleza del pagaré y del
contrato de mutuo, consideraciones que merecen especial atención de cara al
problema jurídico planteado en el presente asunto. Allí, se determinó que, en casos
como el que ahora se examina, los pagarés constituían un título ejecutivo, sin que
se requiriera para tal propósito aportar el contrato de mutuo que le dio origen,
máxime cuando no se tenía certeza de su existencia.

55. A la luz de los preceptos normativos y jurisprudenciales expuestos en
precedencia, no le era dable al juez ordinario exigir un requisito adicional no previsto
en la ley, que, además, posiblemente no exista en razón al giro ordinario de los
negocios de este tipo de entidades, y con base en dicha exigencia de imposible
cumplimiento coarte la posibilidad de la parte actora de poder ejecutar vía judicial un
título valor, el cual, como ya se anotó, no requiere de documento adicional en tanto
incorpora per se un derecho.

56. Por lo expuesto, se accederá al amparo solicitado y, en consecuencia, se dejará

sin efectos la providencia del 11 de diciembre de 2025, proferido por el Tribunal
Administrativo de Casanare, para que, en su lugar, dicha autoridad emita una
decisión de reemplazo, que atienda los lineamientos impartidos en las
consideraciones de esta sentencia, orientados a que se aplique de forma razonable
la normativa.

57.La Sala considera pertinente llamar la atención al Tribunal para que, a futuro, al

resolver controversias en las que se pretenda la ejecución de un título valor a favor
de una empresa industrial y comercial del Estado, tenga en cuenta las decisiones
que han sido proferidas por esta Corporación y, particularmente, por esta
Subsección9, en asuntos similares al que se analiza en esta oportunidad. Ello, con

9 Al respecto, ver sentencias del 8 de mayo de 2026, exp. 11001-03-15-000-2026-02214-00, CP. José Roberto

Sáchica Méndez; 8 de mayo de 2026, exp. 11001-03-15-000-2026-01869-00, CP. Zoranny Castillo Otálora; 8 de
mayo de 2026, exp. 11001-03-15-000-2026-00997-01 CP. Zoranny Castillo Otálora; 28 de mayo de 2026, exp.
11001-03-15-000-2026-00021-01, CP. Zoranny Castillo Otálora; y 9 de julio de 2026, exp. 11001-03-15-000-
2026-04330-00, CP. José Roberto Sáchica Méndez.

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04503-01
Accionante: Instituto Financiero de Casanare
Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

el fin de que, a partir de los criterios que han motivado la intervención del juez
constitucional, efectúe una reflexión más rigurosa acerca de la forma en que deben
ser abordadas este tipo de controversias.

58. En consonancia con lo anterior, se exhortará al Presidente del Tribunal
Administrativo de Casanare para que organice mesas de estudio y trabajo, en las
que se aborden los aspectos centrales que concurren este tipo de controversias. Lo
anterior, sin perjuicio de la autonomía de cada una de las Salas de esa corporación
al momento de resolver los casos que se pongan a su consideración.

59. Lo anterior, habida cuenta de la multiplicidad de asuntos de esa misma naturaleza

que, de manera reciente, han sido sometidos a consideración del juez de tutela y en
los cuales se ha concedido el amparo solicitado, precisamente en razón a la manera
en que el Tribunal ha venido dirimiendo ese tipo de controversias.

60. Enmérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR el fallo dictado el 16 de julio de 2026 por la Sección Primera
del Consejo de Estado. En su lugar, AMPARAR los derechos fundamentales al
debido proceso y acceso a la administración de justicia del accionante.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTOS la sentencia
del 11 de diciembre de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare
dentro del proceso ejecutivo con radicado número 85001-33-33-004-2025-00091-02,
para que, en el término de quince (15) días, contados a partir de la notificación de la
presente providencia, profiera una decisión de reemplazo, que tenga en cuenta las
consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO: EXHORTAR al Presidente del Tribunal Administrativo de Casanare para
que organice mesas de estudio y trabajo, en las que se aborden los aspectos
centrales que concurren este tipo de controversias. Lo anterior, sin perjuicio de la
autonomía de cada una de las Salas de esa corporación al momento de resolver los
casos que se pongan a su consideración.

CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

QUINTO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04503-01
Accionante: Instituto Financiero de Casanare
Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE10
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

10 VF

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