Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00997-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00997-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-00997-01
Consejero ponente: Zoranny Castillo Otálora
8 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Bogotá, D.C., ocho (8) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00997-01
Accionante: INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Defecto sustantivo - Se configura por
falta de aplicación, indebida aplicación o por interpretación errónea de las disposiciones
legales. Defecto procedimental por exceso ritual manifiesto – Se configura por aplicación
irreflexiva de las normas procedimentales, en detrimento del derecho sustancial.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
I. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN
1. Se revocará la sentencia proferida el 26 de febrero de 2026 por la Sección
Primera de esta Corporación, que declaró improcedente la acción de tutela.
2. Se ampararán los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia del Instituto Financiero de Casanare (en adelante IFC),
porque se acreditó la configuración de un defecto sustantivo y un defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto.
II. ANTECEDENTES
La demanda
3. El 10 de febrero de 2026, el IFC, a través de apoderado, interpuso acción de tutela
para proteger sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia.
4. Atribuyó la vulneración a las providencias proferidas por el Juzgado Primero
Administrativo de Yopal y el Tribunal Administrativo de Casanare, que se abstuvieron
de librar mandamiento de pago en el proceso ejecutivo con radicado 85001-33-33-
001-2024-00226-00.
Hechos relevantes
5. El Decreto 107 de 1992, modificado por el Decreto 073 de 2002, creó el IFC como
una empresa comercial y de gestión económica para fomentar el desarrollo
económico y social del departamento de Casanare.
6. En desarrollo de su objeto, el IFC otorgó créditos de fomento y educativos a
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Accionante: Instituto Financiero de Casanare
Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
personas de escasos recursos, que respaldó con pagarés y cartas de instrucciones.
7. El señor Eduar Ernesto Rodríguez Rosillo y la señora Daisy Suárez Riaño
incurrieron en mora en el pago de una obligación crediticia y el IFC instauró proceso
ejecutivo de mínima cuantía en su contra, con base en el pagaré 4120155.
Adicionalmente, solicitó el decreto de una medida cautelar de embargo de dineros
depositados en cuentas bancarias, un inmueble, semovientes e ingresos por venta
de arroz.
8. En auto del 13 de marzo de 2025, el Juzgado Primero Administrativo de Yopal
negó el mandamiento de pago y la medida cautelar porque no se aportó el título
ejecutivo complejo conformado por el contrato de mutuo por escrito.
9. Para negar el mandamiento ejecutivo, el juez dijo que «conforme al marco
constitucional (Art. 236-238) y legal (artículos 103, ss y 297 de la Ley 1437 de 2011)
que regenta la jurisdicción de lo contencioso administrativo, esta no está instituida
para el cobro de títulos valores -letras, cheques, pagarés, bonos de prenda, etc.-, a
menos que emerjan de un contrato estatal 1 y que, por ello, conforman un título
ejecutivo complejo. Título ejecutivo que no es cualquier documento2 o una deducción
o inferencia; la ley impone que debe ser el original, o la primera copia con constancia
de ejecutoria, cuando se trata de la ejecución de sentencias».
10. La actora interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, con los
siguientes argumentos:
11. El operador jurídico reconoció la existencia del título valor y del negocio jurídico
subyacente; sin embargo, obvió aplicar el CGP, como correspondía.
12. De acuerdo con el artículo 1494 del Código Civil el contrato de mutuo no debía
mediar por escrito y el título valor acredita la existencia del requisito exigido. Se
configuró un exceso ritual manifiesto porque «el despacho de manera caprichosa
pide documentación adicional innecesaria que es del resorte exclusivo del derecho
de contradicción y medio exceptivo del demandado».
13. Se confundieron los conceptos de título valor y título ejecutivo y no se advirtió
que el pagaré, al ser un título valor, contiene una obligación clara, expresa y exigible,
conforme al artículo 422 del CGP. La teoría acogida por los operadores judiciales es
errada porque «los documentos requeridos como adicionales solamente tocarían al
deudor principal, violando tajantemente el articulo 621 y 622 del Código de Comercio,
frente a la posición del avalista o codeudor».
14. El asunto no versa sobre un contrato estatal, sino que existe un acreedor estatal,
que es diferente. La competencia del juez solo se limita a conocer del proceso
1
«Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, M.P. Henry Villarraga Oliveros, auto del
veintiséis (26) de septiembre de dos mil doce (2012)».
2
«De no aportarse el contrato estatal, por competencia residual, conforme al tenor normativo del
artículo 15 del CGP., debe conocer de la ejecución de títulos valores la jurisdicción ordinaria».
2
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ejecutivo y no debe ocuparse de problemas disciplinarios o de responsabilidad fiscal,
encomendados a otras entidades. Cuando existe una solicitud de medida cautelar,
el juez está en la obligación de no revelar información confidencial que ponga en
riesgo los intereses del acreedor, por las posibles acciones del deudor para incurrir
en insolvencia.
15. El trámite de cobro coactivo es facultativo de la entidad, no coercitivo, como
indicó el Tribunal Administrativo de Casanare, en providencia del 6 de diciembre de
2024.
16. El 8 de mayo de 2025, se resolvió no reponer la decisión y se concedió el recurso
de apelación.
17. En auto del 14 de agosto de 2025, el Tribunal Administrativo de Casanare
confirmó la decisión recurrida, porque el pagaré allegado corresponde «a la tipología
contractual de mutuo o préstamo de consumo» regulada en el artículo 2221 del
Código Civil. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley 489 de 1998,
los contratos celebrados por la entidad se sujetan a las disposiciones del Estatuto
General de la Contratación Pública y según el artículo 39 de esa normativa deben
constar por escrito. Sin el contrato por escrito no era posible determinar su existencia
y garantía. Además, la parte ejecutante no aportó el título valor en original.
18. Uno de los magistrados del Tribunal salvó su voto porque se añadió un requisito
para la ejecución del pagaré. El pagaré en sí mismo es un título valor completo que
se acompañó de la carta de instrucciones, la certificación de cartera y el estado de
cuenta del crédito. Estos documentos adicionales permitían conocer la obligación del
pago de una suma de dinero. La tesis del título complejo suprimió la autonomía del
título valor en detrimento del erario y afectó gravemente el derecho de acceso a la
administración de justicia.
Pretensiones
19. La entidad accionante solicitó dejar sin efectos las providencias cuestionadas y
ordenar al juzgado de origen que libre el mandamiento de pago y siga tramitando el
proceso ejecutivo promovido contra los señores Eduar Ernesto Rodríguez Rosillo y
Daisy Suárez Riaño.
Fundamentos de la demanda de tutela
20. Existe una violación directa de la Constitución, porque el juez y el Tribunal
Administrativo adoptaron un criterio arbitrario e inconstitucional para desconocer la
naturaleza del derecho de acción y de jurisdicción. Inaplicaron los Autos A-2014 de
2024 y A-1455 de 2025 de la Corte Constitucional que concluyeron que el contrato
de mutuo no debía constar por escrito, pues el pagaré presta mérito ejecutivo por sí
mismo.
3
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21. Se vulneró la seguridad jurídica y la confianza legítima porque «el IFC durante
más de dos décadas procedió con plena buena fe a otorgar los créditos sin hacer
suscribir contrato escrito de mutuo, por estar acogido al derecho privado en sus
operaciones de colocación de cartera, de manera que el sorpresivo viraje judicial al
asignar la jurisdicción a los jueces administrativos es inoponible a situaciones
jurídicas consolidadas (créditos otorgados y pagarés suscritos) antes de producirse
el auto de la Corte».
22. En la jurisdicción ordinaria es impensable la censura al título ejecutivo simple
contenido en el pagaré o la exigencia de requisitos ajenos al negocio jurídico.
23. Es falsa la conclusión a la que llegó el Tribunal. El artículo 933 de la Ley 489 de
1998 -que generó la interpretación del juez y del Tribunal- dice que las empresas
industriales y comerciales del Estado que desarrollan actividades comerciales de
competencia con el sector privado y/o público no se rigen por el Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública, sino por las disposiciones legales y
reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y comerciales.
24. El contrato de mutuo celebrado por el IFC en desarrollo de la actividad comercial
de crédito propia del objeto social de la entidad no se regula por la Ley 80 de 1993 y
tampoco está sometido a la solemnidad de constar por escrito. La falta de contrato
por escrito no se originó en una omisión de la entidad, sino en la ley.
25. La afirmación del Tribunal sobre no exhibir el título valor en su original es
«contrario a la situación fáctica y jurídica actual, […] dado que a la luz de la ley 2213
de 2022 “Es deber de los sujetos procesales, realizar sus actuaciones (…) a
través de medios tecnológicos”, […] no obstante, de requerir los documentos
físicos, basta con que el Juzgador lo disponga y habilite el medio de entrega a efectos
de aportar tales documentos». El juez no debió negar el derecho de la entidad, sin
siquiera requerir el aporte del título en físico.
26. En sentencia STC2392-2022, la Corte Suprema de Justicia precisó que por la
implementación de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las
prácticas judiciales es excesivo reclamar en el proceso ejecutivo, desde la etapa
inicial, la exhibición física del título valor. Al exigir la presentación de la demanda y
sus anexos mediante mensaje de datos no queda otra opción distinta que digitalizar
el título valor para demostrar la existencia de la obligación.
27. El Tribunal incurrió en un exceso ritual manifiesto y en una abierta denegación
de acceso a la administración de justicia al solicitar el pagaré en original para librar
el mandamiento de pago. Este requisito configuró un defecto procedimental.
28. El magistrado del Tribunal Administrativo de Casanare que salvó el voto expuso
los argumentos que reafirman los errores de la decisión, y refuerzan la violación de
los derechos de acción y de acceso a la administración de justicia.
3
Modificado por el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, a su vez reformado por el artículo 93 de la
Ley 1474 de 2011.
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29. Desde el 30 de enero de 2025 se han negado cerca de 257 mandamientos de
pago bajo la premisa de convertir el pagaré en un título complejo y exigir contratos
por escrito, aun cuando el mutuo es consensual, «con la gravedad adicional, que
actualmente cursan en situación similar, aproximadamente dos mil ciento noventa
(2190) procesos que por cambio de jurisdicción están siendo remitidos desde los
juzgados civiles a los juzgados administrativos, procesos que representan para la
entidad, un valor patrimonial de aproximadamente veintinueve mil ochocientos
ochenta y cinco millones cuatrocientos treinta y ocho mil pesos m/cte
($29.885.438.000.oo) y que según esta postura de la jurisdicción administrativa
darán al traste con sus pretensiones y derechos, con alto riesgo de prescripción de
muchas de estas obligaciones».
30. Los errores en los que incurrieron los jueces del proceso ejecutivo configuraron
una violación flagrante del debido proceso, una negación del derecho fundamental
de acceso a la administración de justicia por indebida valoración probatoria, un
defecto sustancial, un exceso ritual manifiesto y un desconocimiento directo de la
Constitución.
31. La autonomía e independencia de los jueces para interpretar y aplicar las normas
jurídicas no es absoluta; encuentra límite en el orden jurídico preestablecido, los
valores, principios, derechos y garantías que identifican el Estado Social de Derecho.
32. El defecto fáctico se presentó por la valoración defectuosa del material probatorio
porque sí se aportó el título valor simple junto con la carta de instrucciones, solo que
digitalizado. Además, se desconoció que la entidad se rige por las normas de
derecho privado.
33. El contrato de mutuo se materializó con la entrega del dinero mutuado y es
equivocado restarle mérito ejecutivo al pagaré que respaldó el cumplimiento de la
obligación de pago. Esto desconoce la independencia, autonomía y literalidad de los
títulos valores.
34. Los jueces de instancia incurrieron en defecto sustantivo, porque de acuerdo con
el numeral 3º del artículo 297 del CPACA, en concordancia con el numeral 5º del
artículo 99 de la misma normativa, el título valor sí es exigible de forma autónoma en
la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Estas disposiciones normativas
prevén la exigibilidad de cualquier acto proferido con ocasión de la actividad
contractual y de cualquier documento que provenga del deudor, como ocurre con el
título valor aportado.
35. En síntesis, «los jueces de conocimiento, dejaron de aplicar el artículo 2, 29 y
229 constitucional, el artículo 297 numeral 3 de la Ley 1437 de 2011, el artículo 99
numeral 5 del CPACA, los artículos 85 y 93 de la Ley 498 de 1998, el artículo 93 de
la Ley 1474 de 2011, los artículos 2221 y 2222 del Código Civil, y los artículos 621 y
709 del Código de Comercio y con ello cercenan el derecho sustancial de mi
representada y renuncian a la verdad jurídica objetiva».
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Trámite impartido
36. El 16 de febrero de 20264, el magistrado sustanciador admitió la tutela contra el
Juzgado Primero Administrativo de Yopal y el Tribunal Administrativo de Casanare,
negó la solicitud5 de medida provisional y vinculó al señor Eduar Ernesto Rodríguez
Rosillo y la señora Daisy Suárez Riaño, como terceros con interés.
Intervenciones
37. El Tribunal Administrativo de Casanare6 dijo que el auto del 14 de agosto de
2025 se sustentó en el análisis del material probatorio allegado y la normativa
aplicable al caso. Reiteró las razones de la decisión cuestionada y trajo a colación
dos sentencias7 de tutela proferidas por esta Corporación en asuntos similares, que
declararon improcedente la acción por falta de relevancia constitucional.
38. El Juzgado Primero Administrativo de Yopal8 manifestó que no se acreditaron
los yerros endilgados en la demanda ni se presentó vulneración de derechos
fundamentales. La providencia censurada está debidamente motivada y el Tribunal
Administrativo de Casanare la confirmó. Además, la Corte Constitucional en el auto
A-2014 de 2024 se limitó a definir la competencia para el conocimiento de los
procesos ejecutivos en cuestión, pero no hizo ningún análisis frente al título base de
la ejecución y, en todo caso, esa decisión no constituye un precedente de carácter
vinculante.
39. Lo resuelto se fundamentó en las normas del proceso ejecutivo, atendió los
principios de autonomía e independencia judicial y no es aceptable que en la acción
de tutela el demandante busque una instancia adicional.
40. Adicionalmente, la entidad «debió propender por ejercer las facultades otorgadas
por el ordenamiento jurídico, tales como las de cobro coactivo que se encuentra a su
alcance para no poner en riesgo su patrimonio y el erario público, tal como lo aducen,
sin embargo, al acudir a la jurisdicción contencioso administrativa se encuentra
sometida a cumplir con los requisitos que la normativa impone para adelantar un
proceso ejecutivo, sin que esto constituya una vulneración a alguna garantía
constitucional».
Sentencia de primera instancia
41. En sentencia del 26 de febrero de 20269, la Sección Primera del Consejo de
Estado declaró improcedente la solicitud de amparo, por falta de relevancia
4
Índice 5 de Samai.
5
La entidad accionante solicitó que, como medida preventiva, se ordenara al Tribunal Administrativo
de Casanare abstenerse de dictar providencias en las que niegue el mandamiento de pago en casos
similares, hasta que se resuelva de fondo la acción de tutela.
6
Índice 12 de Samai.
7
Radicados 08001-23-31-000-2009-00600-01 (44.843) y 11001-03-15-000-2025-05581-01.
8
Índice 11 de Samai.
9
Índice 20 de Samai.
6
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00997-01
Accionante: Instituto Financiero de Casanare
Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
constitucional. Expuso que la controversia se refiere a una divergencia con la
interpretación de las pruebas, que no es del resorte del juez constitucional. Además,
los operadores judiciales se pronunciaron frente a los aspectos aludidos en la
demanda de tutela y no se advirtió una actuación arbitraria o desbordada.
Impugnación
42. El debate no se refiere a diferencias interpretativas o legales, ni tiene contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas, y tampoco
pretende provocar una tercera instancia, sino que trata de la vulneración sistemática
de su derecho de acceso a la administración de justicia.
43. Debido al cambio de jurisdicción para conocer de estos procesos ejecutivos,
ahora se exige un contrato de mutuo por escrito y se le niega mérito ejecutivo al
pagaré, pero se desconoce que según el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011, el
régimen contractual del IFC se rige por las disposiciones legales y reglamentarias
aplicables a sus actividades económicas y comerciales.
44. No se pueden aplicar las ritualidades de la Ley 80 de 1993, por la naturaleza de
la entidad y porque el mutuo se rige por las normas de derecho privado.
45. El negocio jurídico se perfeccionó con el desembolso del crédito.
46. El asunto sí reviste relevancia constitucional porque se restó mérito ejecutivo al
pagaré y se incurrió en exceso ritual manifiesto al exigir ritualidades de los contratos
regidos por la Ley 80 de 1993 y adicionar requisitos no contemplados en la ley e
imposibles de cumplir. La Corte Constitucional ha indicado que estos contratos se
rigen por las reglas del derecho privado (A-2014 de 2024 y A-1455 de 2025), pero
no se cumplió con «la carga de transparencia y argumentación para apartarse de los
citados precedentes verticales».
47. Se ha aplicado la misma postura arbitraria en 412 procesos ejecutivos, y se
encuentran en riesgo otros 2190 litigios, que representan la pérdida de un capital
aproximado de 29.885’438.000.
48. Se incurrió en un grave yerro jurídico por exigirse la exhibición del título valor en
original, sin considerar la implementación de las tecnologías de la información en la
Rama Judicial y la habilitación del medio de entrega por parte del juzgador para
entregar el título.
49. El pagaré es un documento en el que consta una obligación clara, expresa y
exigible, por lo que presta mérito ejecutivo de manera autónoma en la jurisdicción
contencioso-administrativa, en virtud de lo establecido en el numeral 3º del artículo
297 del CPACA. El artículo 422 del CGP también prevé que pueden demandarse
ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en
documentos que provengan del deudor y constituyan plena prueba contra él.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00997-01
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Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
50. El Consejo de Estado ha reconocido que el título ejecutivo puede ser singular,
cuando está contenido o constituido por un solo documento, como un título valor.
51. En sentencia del 29 de enero de 2026, la Sección Cuarta del Consejo de Estado
amparó los derechos del IFC, por desconocimiento del precedente, en un asunto con
una controversia similar, fáctica y jurídicamente, a la que se resuelve. El Tribunal
Administrativo de Casanare no ha acatado esa decisión y ya se instauró incidente de
desacato.
52. Se vulnera el derecho de acceso a la administración de justicia y se elude el
estudio de fondo «con base en variaciones sorpresivas de la jurisprudencia, aplicada
retrospectivamente, acceso que se quebranta totalmente porque el IFC ya no tiene
posibilidad real de hacer valer sus créditos ante ninguna otra jurisdicción, en gran
número de casos ni siquiera en la potestativa coactiva, por el fenómeno legal de la
prescripción».
III. CONSIDERACIONES
Competencia
53. La Subsección A de la Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa
del Consejo de Estado es competente para resolver la impugnación, conforme a los
artículos 86 de la Constitución y 32 del Decreto 2591 de 1991, concordantes con el
Acuerdo 080 de 2019, por el que se expidió el Reglamento Interno de esta
corporación.
Legitimación en la causa
54. El artículo 86 de la Constitución Política prevé que «toda persona tendrá acción
de tutela para reclamar ante los jueces (…) la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública».
55. El artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de tutela «podrá
ser ejercida en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o
amenazada en uno de sus derechos fundamentales».
56. En el caso concreto, el IFC se encuentra legitimado en la causa por activa porque
es el demandante del proceso ejecutivo que terminó con las decisiones
cuestionadas.
57. El requisito de legitimación en la causa por pasiva también se cumple porque el
Juzgado Primero Administrativo de Yopal y el Tribunal Administrativo de Casanare
profirieron las providencias a las que se les atribuye la vulneración de los derechos
fundamentales.
Problema jurídico y metodología de la decisión
58. La Sala determinará si confirma, modifica o revoca la sentencia del 26 de febrero
de 2026, proferida por la Sección Primera del Consejo del Estado, que declaró
improcedente la acción de tutela.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00997-01
Accionante: Instituto Financiero de Casanare
Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
59. Para ello, verificará si la acción de tutela cumple los requisitos de procedibilidad.
Si se cumplen, resolverá si el Tribunal Administrativo del Cesar incurrió en los
defectos alegados y si se vulneraron los derechos fundamentales invocados.
Análisis de la Sala
Inmediatez
60. La Corte Constitucional ha establecido que uno de los requisitos generales para
la procedencia de la acción de tutela es que ésta se haya presentado en un plazo
razonable, esto es, justo y moderado, para garantizar los principios de seguridad
jurídica y cosa juzgada, y para evitar que se emplee como una instancia adicional10.
61. En sentencias SU-499 de 2016 y T-038 de 2017, ese tribunal supremo resaltó
que la acción de tutela no tiene un término de caducidad legalmente establecido 11,
pero debe presentarse en un plazo oportuno. El Consejo de Estado ha considerado
que cuando la tutela se dirige contra una providencia judicial, un plazo de seis meses
resulta razonable12.
62. En el caso que se analiza, el 14 de agosto de 2025, el Tribunal Administrativo de
Casanare profirió en segunda instancia el auto que confirmó la decisión que negó el
mandamiento de pago y esa decisión se notificó a las partes el siguiente día, por
estado. La demanda de tutela se radicó el 10 de febrero de 2026. Ese plazo se
considera razonable para el ejercicio de la acción constitucional.
Subsidiariedad
63. Este requisito se encuentra satisfecho, puesto que la entidad accionante no
cuenta con otro mecanismo judicial, ordinario o extraordinario, para cuestionar las
decisiones que negaron el mandamiento de pago en el proceso ejecutivo que
interpuso contra el señor Eduar Ernesto Rodríguez Rosillo y la señora Daisy Suárez
Riaño. La providencia del 14 de agosto de 2025 se profirió en la segunda instancia
del proceso ejecutivo y no era susceptible de recursos ordinarios y tampoco de los
extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia, que tienen causales
específicas en las que no se encuadra el asunto sometido al conocimiento de esta
Sala.
10
Sentencias SU-961 de 1999, T-043 de 2016, T-016 de 2006, T-594 de 2008, T-1028 de 2010 y
SU-499 de 2016, entre otras.
11
En sentencia C-543 de 1992 la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de los artículos
11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991. La razón principal de esa decisión fue «la oposición entre el
establecimiento de un término de caducidad para ejercer la acción y lo estatuido en el artículo 86 de
la Constitución cuando señala que ella puede intentarse en todo momento».
12
En sentencia de 11 de abril de 2019, rad. 11001-03-15-000-2018-03905-01, esta Subsección
estimó que cuando la tutela se dirige contra una providencia judicial, el plazo razonable de seis
meses debe contabilizarse desde la notificación de la decisión o, desde la ejecutoria, cuando se
hubieren realizado trámites adicionales que incidieron en su firmeza.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00997-01
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Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
Relevancia constitucional
64. La acción de tutela no es una instancia adicional para discutir aspectos
económicos, de mera legalidad o la interpretación legítima de los jueces naturales13.
Este mecanismo solo procede cuando afloran serias dudas sobre la arbitrariedad,
capricho o irracionalidad de una decisión judicial.
65. La solicitud de amparo que se analiza tiene relevancia constitucional porque
pretende la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia presuntamente vulnerados por la inaplicación de
normas legales de obligatorio cumplimiento, así como por el desconocimiento del
precedente fijado por la Corte Constitucional, y la configuración de un exceso ritual
manifiesto.
66. De entrada, se advierte la posible materialización de este último defecto y, con
ello, una obstaculización del acceso a la administración de justicia, lo que, según la
Corte Constitucional14, permite considerar que un asunto es constitucionalmente
relevante.
67. Aparte, se busca restablecer el derecho al debido proceso por la exigencia de
requisitos adicionales a los que contempla la ley, por el desconocimiento de la
implementación de las tecnologías de la información para radicar demandas y
memoriales, y por la incongruencia con lo expuesto por la Corte Constitucional en
estos asuntos.
68. No se observa que la entidad accionante utilice este mecanismo como una
instancia adicional del proceso ejecutivo por una simple diferencia con la
interpretación que acogieron los jueces de la jurisdicción contencioso-administrativa.
Más bien, se endilga a las providencias cuestionadas yerros de notable importancia
que, eventualmente, vulneraron derechos fundamentales y que merecen ser
evaluados por el juez constitucional.
69. El hecho de que el IFC apelara el auto del 13 de marzo de 2025 con razones
similares a las que invoca en esta acción de tutela no implica per se que la tutela
carezca de relevancia constitucional. De los argumentos de la demanda de tutela se
aprecia que el accionante considera que el Tribunal Administrativo de Casanare
también incurrió en defectos y convalidó otras anomalías que comprometieron sus
13
En la sentencia T-352 de 2025, la Corte Constitucional determinó que el requisito de relevancia
constitucional tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de las
autoridades judiciales de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por lo tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad, (ii) restringir el ejercicio de la
acción de tutela a disputas vinculadas con la afectación de los derechos fundamentales e (iii) impedir
que esta acción se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de
los jueces.
14
En la sentencia de unificación 103 de 2022, la Corte explicó que un asunto es constitucionalmente
relevante, entre otros escenarios, cuando, a priori, se identifica una lesión del derecho fundamental
de acceso a la administración de justicia, cuya garantía incluye, precisamente, la posibilidad de
acceder al sistema judicial. Esto último, de acuerdo con la sentencia T-244 de 2007, también de la
Corte Constitucional.
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derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia.
70. En esa medida, es entendible que en la acción de tutela el IFC insista en todos
los aspectos que constituyen vicios de validez de la decisión cuestionada. La
intención del accionante no es, entonces, que se reabra el debate sobre la
procedencia del mandamiento de pago ni se centra en una simple diferencia
interpretativa y tampoco puede entenderse que versa sobre un aspecto
eminentemente económico.
71. Las críticas presentadas cuentan, además, con una carga argumentativa
suficiente para entender en qué se hace consistir la vulneración de derechos
fundamentales.
Defecto sustantivo en el caso concreto
72. Esta Sala considera que en el caso analizado se incurrió en defecto sustantivo,
por las razones que se exponen a continuación.
73. De acuerdo con las pruebas allegadas al proceso, mediante el Decreto 107 de
27 de julio de 199215, el gobernador del departamento de Casanare creó el Fondo
para el Desarrollo de Casanare -FONDESCA- como una empresa comercial del
Departamento de Casanare destinada a realizar actividades de financiación
crediticia para el desarrollo de proyectos agropecuarios, agroindustriales, de
fomento microempresarial y educativos. Los artículos 15 y 16 establecieron que el
«régimen jurídico de los actos, contratos y personal del Fondo para el Desarrollo de
Casanare» es el siguiente:
Artículo 15. Los actos que el Fondo realice para el cumplimiento de sus
actividades están sujetos a las reglas del Derecho privado y a la jurisdicción
ordinaria conforme a las normas de competencia sobre la materia.
Los que realicen para el cumplimiento de funciones de carácter administrativo,
según el presente acto legal de creación o los estatutos, son actos
administrativos.
Artículo 16. A los contratos de obras públicas y empréstito le son aplicables el
Decreto 222/83, y código Fiscal del Departamento en concordancia con lo
dispuesto por el Decreto 2274/91, así como las normas que los modifiquen,
adicionen o reemplacen.
Sus demás contratos se someten a los principios y reglas del derecho
privado, el presente acto de creación y los estatutos del Fondo para el
Desarrollo de Casanare, en razón de su naturaleza jurídica.
74. Posteriormente, el Decreto 73 del 30 de mayo de 2002 reestructuró la naturaleza
jurídica del Fondo, órganos de dirección y administración, objeto y domicilio. Las
modificaciones en la naturaleza jurídica y el objeto quedaron así:
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Artículo primero. Denominación y naturaleza jurídica. El Fondo para el
Desarrollo de Casanare “FONDESCA” en adelante se denominará INSTITUTO
FINANCIERO DE CASANARE, cuya sigla es IFC, continuará siendo una
empresa comercial de gestión económica del Departamento de Casanare,
con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal, vinculada a
la Secretaría de Desarrollo Económico.
(…)
Artículo tercero. Objeto. El Instituto Financiero de Casanare IFC tendrá por
objeto el desarrollo económico y social del Departamento y la región, mediante
la gestión económica, la financiación para la ejecución de obras de
infraestructura básica local, municipal, regional departamental, a través de
servicios de asesoría integral, financiera y de crédito y la inversión en
programas y proyectos de desarrollo también local, municipal, regional y
departamental, así como de otros rubros que sean calificados por la Junta
Directiva del Instituto como parte o complemento de las actividades señaladas
en el presente Estatuto.
Podrá también el Instituto, por excepción, aplicar parte de sus recursos y/o
extender sus servicios al fomento de empresas públicas o mixtas que sin estar
destinadas a la prestación de un servicio público, tiendan a satisfacer una
necesidad básica de la comunidad, que sea de especial importancia para el
Departamento de Casanare.
El Instituto prestará servicios de financiación, garantía y demás servicios
financieros y administrativos al departamento, los municipios y sus entes
descentralizados y podrá recibir de ellos depósitos a término fijo o de
disponibilidad inmediata y reconocer por ellos rendimiento o contraprestaciones
especiales.
También hará parte del objeto de IFC el estímulo del desarrollo social y
económico del Departamento, mediante el otorgamiento de crédito y asistencia
técnica en los campos de la producción, transformación y comercialización en
sector agropecuario y microempresarial, en forma individual o asociativa.
El IFC contribuirá con sus servicios al desarrollo de los programas de bienestar
social de los servidores públicos del sector central y descentralizado del
departamento, para ello podrá financiar proyectos de turismo ecológico, de
formación técnica, profesional y especializada. Así mismo podrá financiar
estudios de educación superior para estudiantes Casanareños, dentro y fuera
del país.
De conformidad con el artículo 107 de la ley 489 de 1998, y el artículo 18 de la
ley 617 de 2000, el IFC podrá celebrar convenios con la Nación, las entidades
descentralizadas y las entidades territoriales para la ejecución de proyectos
contemplados en los correspondientes planes de desarrollo y para la prestación
de servicios, ejecución de obras y cumplimiento de funciones administrativas
de forma tal que su atención resulte más eficiente e implique menor costo.
75. A raíz de la expedición de la Ley 2056 de 2020 que reguló la organización y
funcionamiento del Sistema General de Regalías, se modificaron los estatutos de la
entidad, por la oportunidad de viabilizar proyectos financiados con asignaciones
directas y regionales. La modificación se efectuó en el Acuerdo 9 de 16 de agosto
de 2022 16 y tuvo en cuenta que la entidad «por su naturaleza jurídica que le
16
En la página web oficial del IFC se encuentra publicado el Acuerdo
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permite actuar en competencia con el sector privado», estaba en posibilidad de
ampliar su campo de acción para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida,
desarrollo social y económico de los habitantes del departamento de Casanare.
76. El artículo 2º de los Estatutos especificó que el IFC «es una empresa de
gestión económica de carácter departamental, sometida al régimen jurídico de
las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, contemplado en la Ley 489
de 1998, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio
propio y vinculada a la Secretaría de Desarrollo Económico, Agricultura, Ganadería
y Medio Ambiente». El artículo 32 reafirmó que el régimen de contratación del IFC
es el derecho privado, los Estatutos, el manual de contratación y los reglamentos
internos de la entidad, «lo anterior por encontrarse en competencia con el
sector privado y el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007».
77. De lo anotado hasta aquí, se concluye que el IFC es una empresa comercial de
gestión económica del nivel territorial que se rige por las normas aplicables a las
empresas industriales y comerciales del Estado y desde su creación se concibió
como una entidad sometida al régimen de derecho privado. Adicionalmente, en sus
estatutos se especificó que se encuentra en competencia con el sector privado.
78. Ahora bien, el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 93
de la Ley 1474 de 2011, contempla el régimen contractual de las empresas
industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta, sus filiales
y empresas con participación mayoritaria del Estado:
Artículo 14. Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las
Sociedades de Economía Mixta en las que el Estado tenga participación
superior al cincuenta por ciento (50%), sus filiales y las Sociedades entre
Entidades Públicas con participación mayoritaria del Estado superior al
cincuenta por ciento (50%), estarán sometidas al Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública, con excepción de aquellas que
desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector privado
y/o público, nacional o internacional o en mercados regulados, caso en el
cual se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables
a sus actividades económicas y comerciales, sin perjuicio de lo previsto en
el artículo 13 de la presente ley. Se exceptúan los contratos de ciencia y
tecnología, que se regirán por la Ley 29 de 1990 y las disposiciones normativas
existentes.
79. De acuerdo con lo expuesto, en criterio de esta Sala, no resulta válida la
afirmación sobre la aplicación de los artículos 93 de la Ley 489 de 1998 y 39 de la
Ley 80 de 1993 a la actividad desarrollada por la accionante para exigir un contrato
de mutuo por escrito, y conformar un título ejecutivo complejo.
80. Las disposiciones a las que se ha hecho referencia llevan a otra conclusión. Al
regirse el IFC por las reglas de las empresas industriales y comerciales del Estado
debió darse aplicación al artículo 14 de la Ley 1150 de 2007 y entender que la
entidad, en el desarrollo de las actividades inherentes a su objeto, no se encuentra
sometida al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80
de 1993). Esto, se reitera, por su naturaleza de empresa industrial y comercial del
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Estado y por las actividades comerciales que desarrolla en competencia con el
sector privado.
81. Los jueces de instancia debieron tener en cuenta que el negocio jurídico que
generó la obligación reclamada en el proceso ejecutivo se celebró con posterioridad
a la entrada en vigor de la Ley 1150 de 2007, incluso con las modificaciones de la
Ley 1474 de 2011; por ende, esa normativa resultaba aplicable al asunto.
82. El Tribunal fundamentó su decisión en el artículo 93 de la Ley 489 de 1998, que
prevé que los contratos que celebren las empresas industriales y comerciales del
Estado para el cumplimiento de su objeto se sujetarán a las disposiciones del
Estatuto General de Contratación de las entidades estatales.
83. No obstante, olvidó el Tribunal que dicha disposición fue tácitamente reformada
por el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, a su vez modificado por el artículo 93 de
la Ley 1474 de 2011, que reguló, de manera especial, el régimen contractual de las
empresas industriales y comerciales del Estado y contempló ciertas excepciones a
la aplicación de la Ley 80 de 1993, entre ellas, las actividades comerciales
desarrolladas en competencia con el sector privado o público, como ocurría en el
caso analizado.
84. Más aún, el Tribunal pasó por alto que esta Corporación, por vía jurisprudencial,
sostiene que por regla general las empresas industriales y comerciales del Estado
-EICE- se rigen por las reglas del derecho privado, salvo las excepciones
consagradas en la ley por «la necesidad de que en su actividad industrial y
comercial, tradicionalmente ajena al Estado y propia de los particulares, ellas actúen
en términos equivalentes a éstos cuando realicen actividades similares, sin tener
prerrogativas exorbitantes que atenten contra el derecho a la igualdad ni estar
sujetas a procedimientos administrativos que entraben sus actuaciones y las
pongan en situación de desventaja frente a sus competidores»17.
85. En sentencia de 19 de marzo de 202118, esta Subsección explicó con claridad
el marco legal aplicable a la actividad contractual de las EICE. Estableció que: (i)
por regla general, el régimen jurídico de sus actos y contratos corresponde al
contenido en las normas civiles y comerciales, a las normas de creación y
autorización y a sus estatutos internos, salvo las excepciones que consagre la ley;
(ii) según el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, no se encuentran sometidas en su
actividad contractual al Estatuto General de la Administración Pública, cuando
desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector privado y/o
público. Esto para «competir en las mismas condiciones que los particulares, sin las
estructuras rígidas asociadas a un régimen legal específico, como corresponde a
las reglas contractuales de las entidades públicas sujetas al estatuto general de
contratación del estado».
17
«Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 19 de agosto de 2004. Expediente 12.342.,
reiterada en sentencia de 6 de febrero de 2006, Exp. 13414».
18
Radicado 76001-23-33-1000-2004-05155-01 (51.363).
14
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86. En reciente sentencia de 21 de febrero de 202519, la Subsección insistió en que
las EICE cuyas actividades comerciales están en competencia con el sector privado
o público están sometidas a las normas del derecho privado. En esa ocasión analizó
el régimen jurídico del Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca -
FONDECÚN-, que desarrolla operaciones de financiación en beneficio del
departamento, actividad que se asemeja a las actividades y finalidad del IFC.
87. En concepto de esta Sala, la aplicación aislada del artículo 93 de la Ley 489 de
1998, sin considerar las previsiones de la Ley 1150 de 2007, modificada por la Ley
1474 de 2011, ni la naturaleza jurídica y el régimen legal que rige las actividades de
la accionante, hizo que los jueces de instancia aplicaran el Estatuto General de la
Contratación Pública e insinuaran que los contratos de mutuo que celebró eran
inexistentes por no constar por escrito.
88. Al estar sometido el IFC a las reglas del derecho privado, para considerar la
existencia y perfeccionamiento del contrato de mutuo celebrado entre la entidad y
los señores Eduar Ernesto Rodríguez Rosillo y Daisy Suárez Riaño bastaba
remitirse a las disposiciones del Código Civil que regulan esa tipología contractual.
89. El artículo 2221 del Código Civil define el mutuo como aquel «contrato en que
una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo de
restituir otras tantas del mismo género y calidad». El artículo 2222 ibídem precisa
que el perfeccionamiento del contrato se logra «por la tradición, y la tradición
transfiere el dominio». El artículo 2230, a su turno, prevé la posibilidad de estipular
intereses en dinero o cosas fungibles.
90. En el caso que se analiza, como no estaba en entredicho la entrega del dinero
al ejecutado ni la mora, no podía desconocerse la existencia y perfeccionamiento
del contrato de mutuo, tampoco la obligación insoluta.
91. Además, se aportó al proceso el pagaré No. 4120155 firmado por los deudores
el 22 de mayo de 2019, acompañado de la carta de instrucciones, que especificó
que los señores Eduar Ernesto Rodríguez Rosillo y Daisy Suárez Riaño adeudan al
IFC «la suma de ocho millones seiscientos mil pesos moneda legal colombiana
($8.600.000); cantidad que ya recibí(mos) del INSTITUTO a entera satisfacción
a título de mutuo con intereses».
92. En ese entendido, al Tribunal le correspondía analizar el contenido del pagaré y
determinar si cumplía los requisitos de los artículos 621 y 709 del Código de
Comercio para prestar mérito ejecutivo.
93. Así mismo, era menester tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 297 del
CPACA, que establece que constituye título ejecutivo «cualquier acto proferido con
ocasión de la actividad contractual, en los que consten obligaciones claras,
expresas y exigibles, a cargo de las partes intervinientes en tales actuaciones»,
19
Radicado 25000-23-36-000-2018-00538-02 (69.580).
15
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redacción que no excluye los títulos valores como sugirió el Juzgado Primero
Administrativo de Yopal. Dicho artículo se refiere genéricamente al acto jurídico
entendido como cualquier manifestación consciente y voluntaria destinada a
producir efectos jurídicos, no al acto administrativo o al contrato que también fueron
contemplados en la norma, de manera expresa (núm. 3 y 4).
94. Los yerros en los que incurrieron los operadores judiciales accionados
configuraron un defecto sustantivo y restringieron, injustificadamente, los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de la
entidad accionante.
95. Cabe mencionar que el defecto sustantivo es una forma auténtica de violación
directa de la ley por falta de aplicación, indebida aplicación o por interpretación
errónea de las disposiciones legales 20 . En el presente asunto, como ya se
mencionó, las falencias advertidas constituyen un defecto sustantivo por la indebida
aplicación de la norma sustantiva, desatendiendo la naturaleza jurídica del IFC, su
objeto y las estipulaciones contenidas en sus actos de creación y reestructuración,
así como en sus estatutos. Por consiguiente, se accederá al amparo deprecado en
la demanda.
96. Por último, es relevante poner de presente que en una sentencia reciente21 se
discutió un asunto de contornos fácticos y jurídicos similares a los que se analizan
en este asunto y la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado
amparó los derechos del IFC con argumentos similares a los que se acogen en esta
sentencia.
Exceso ritual manifiesto
97. Al margen de lo señalado en el acápite anterior, suficiente para acceder al
amparo solicitado, es necesario abordar la queja de la accionante frente a la postura
del Tribunal Administrativo de Casanare para negar mandamiento de pago en
procesos ejecutivos por no exhibir el título valor en su original.
98. Es un hecho incontrovertible que en la jurisdicción de lo contencioso
administrativo no es usual encontrar procesos ejecutivos basados en títulos valores.
De hecho, los procesos ejecutivos promovidos por el IFC para hacer exigibles las
obligaciones dinerarias respaldadas en pagarés han sido remitidos y, últimamente,
20
La Corte Constitucional ha explicado que el defecto sustantivo se presenta cuando: (i) la decisión
judicial se sustenta en una norma inaplicable al caso concreto; (ii) a pesar del amplio margen
interpretativo que la Constitución y la ley le reconoce a las autoridades judiciales, la interpretación o
aplicación que se hace de la norma en el caso concreto desconoce sentencias con efectos erga
omnes que han definido el alcance de la norma; (iii) la interpretación de la norma se hace sin tener
en cuenta otras disposiciones aplicables al caso y que son necesarias para efectuar una
interpretación sistemática; (iv) la norma aplicable al caso concreto es desatendida y, por ende,
inaplicada, o (v) a pesar de que la norma en cuestión está vigente y es constitucional, no se adecúa
a la situación fáctica a la que se aplicó.
Ver sentencias T-804 de 1999, T-522 de 2001, T- 189 de 2005, T-244 de 2007 y T-972 de 2007.
21
Sentencia de 2 de marzo de 2026, radicado 11001-03-15-000-2026-00426-00, M.P. Juan Enrique
Bedoya Escobar.
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incoados directamente en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, debido al
criterio que adoptó la Corte Constitucional 22 al definir ciertos conflictos de
jurisdicciones en esos asuntos.
99. Por ello, es novedosa la situación que se presenta, en tanto las ejecuciones que
normalmente se tramitan en esta jurisdicción suelen tener por título sentencias,
contratos o actos administrativos, para los que no está concebida la exigencia de
exhibirse en su original, que sí se prevé para los títulos valores, conforme a lo
establecido en el citado artículo 624 del Código de Comercio.
100. Las particularidades que conlleva el uso de canales digitales en los servicios
judiciales no deberían, sin embargo, suponer una barrera para el acceso a la
administración de justicia. Es evidente que la finalidad de los sistemas informáticos
en uso es agilizar y facilitar la comunicación entre los usuarios y los operadores
judiciales e incluye la presentación de demandas y memoriales por vías
electrónicas.
101. En esa medida, la afirmación del Tribunal de que «la parte ejecutante no
cumplió con la exhibición del título valor en los términos del artículo 624 del Código
de Comercio, pues no aportó copia original del título valor, sino que se limitó a
enseñar una digitalización del mismo, lo cual impide su cobro» merecía un análisis
más exhaustivo que considerara cómo se presentó la demanda.
102. Para esta Sala no es razonable que el Tribunal acudiera a tal argumento para
negar el mandamiento ejecutivo, sin considerar que el título valor se presentó de
forma digitalizada, no en copia y no existía impedimento para considerar su validez.
103. Incluso, la autoridad judicial tenía la posibilidad de indagar por el tratamiento
que la jurisdicción ordinaria otorga a este tipo de asuntos. De haber efectuado una
averiguación somera habría advertido que la Corte Suprema de Justicia se ha
referido al respecto, como lo hizo en la sentencia STC2392 de 2 de marzo de 2022,
en la que explicó que, por el uso de los mensajes de datos y las tecnologías de la
comunicación en los procesos judiciales, la exhibición del título valor varió, ahora se
adjunta a la demanda de forma digitalizada. Por eso, resulta una ritualidad excesiva
exigirlo en físico en la etapa inicial del proceso y «la eventual exposición deberá
realizarse en la forma indicada por el Juez atendiendo a las circunstancias de cada
caso concreto».
104. Así las cosas, lo sostenido por el Tribunal se muestra caprichoso y configura
un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto23 porque privilegió un
22
Por ejemplo, en los autos A1691, A1540, A820, A1652, A527, A1883 de 2025, entre otros.
23
La Corte Constitucional ha entendido que se configura el defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto cuando «el juez renuncia a conocer un caso de fondo y a proteger un derecho sustancial
como resultado de una aplicación irreflexiva de las normas procedimentales», en un claro
desconocimiento de lo dispuesto en los artículos 29 y 228 de la Constitución Política, que prevén la
garantía del derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, y el principio de
prevalencia del derecho sustancial en las actuaciones judiciales. Al respecto, se pueden consultar
las sentencias SU-041 de 2022, SU-143 de 2020, T-249 de 2018, SU-355 de 2017 y T-234 de 2017,
entre muchas otras.
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entendimiento restrictivo de la norma que obstaculizó la eficacia del derecho
sustancial. El accionante cumplió los deberes procesales a cargo con el nuevo
manejo de los expedientes judiciales, a partir de la implementación de las
tecnologías de la información en el sistema judicial. Además, es claro que el Tribunal
no requirió la entrega del título físico ni habilitó un canal para ese efecto.
105. Sin perjuicio de todo lo anterior, lo cierto es que, al exigir la presentación física
del título valor, la autoridad judicial demandada también incurrió en un defecto
sustantivo, pues desconoció abiertamente el segundo inciso del artículo 6 de la
Ley 2213 de 2022, según el cual la demanda debe contener sus anexos en medio
electrónico.
106. En procesos ejecutivos, esos anexos corresponden, precisamente, al título a
ejecutar. Y, tratándose de pagarés, la presentación de tales anexos se relaciona
estrechamente con la exigencia de exhibición establecida en el artículo 624 del
Código de Comercio, que no necesariamente debe ser física, como lo ha sugerido
la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sede de tutela24.
Conclusión
107. El Juzgado Primero Administrativo de Yopal y el Tribunal Administrativo de
Casanare, en los autos de 13 de marzo de 2025 y de 14 de agosto de 2025,
incurrieron en yerros que comprometieron el ejercicio y goce de los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia del IFC.
108. Los defectos advertidos consistieron en: (i) el desconocimiento del artículo 14
de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011, así
como el régimen jurídico aplicable a la entidad, y (ii) la configuración de un exceso
ritual manifiesto por negar el mandamiento de pago al desconocer que la demanda
se radicó por medios virtuales y no requirió al accionante para que presentara en
físico el pagaré.
109. Por consiguiente, se ampararán los derechos fundamentales al debido proceso
y de acceso a la administración de justicia del IFC y (i) se dejará sin efectos las
siguientes providencias: auto proferido el 14 de agosto de 2025 por el Tribunal
24 En la sentencia STC2392-2022, dicha sala explicó lo siguiente:
«(…) [D]el tenor literal del artículo 624 del código mercantil se extrae que, para “[e]l ejercicio del
derecho consignado en un título-valor [se] requiere la exhibición del mismo” como prueba del negocio
jurídico celebrado entre los suscriptores del documento.
Situación distinta es que la forma de exhibición de dicho cartular, que antes se efectuaba de
manera física como anexo de la demanda, haya variado en virtud del escenario expuesto en
precedencia [pandemia de Covid-19], lo que, de ninguna manera, puede impedir el acceso a la
administración de justicia del acreedor o el derecho de defensa y contradicción propio del obligado.
En efecto, para cumplir con el deber de aportación de los anexos, dispuesto en el Código General
del Proceso (art. 84), el canon 6° del Decreto Legislativo 806 de 2020 dispuso que los mismos debían
ser presentados “en forma de mensaje de datos” junto con la demanda y que de ellos “no será
necesario acompañar copias físicas, ni electrónicas”, de lo que emerge con facilidad que, al menos
en la etapa inicial del ejecutivo, la exhibición física del título valor comporta una ritualidad
excesiva que contraría el precepto legal en comento (énfasis añadido)».
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Administrativo de Casanare; auto dictado el 13 de marzo de 2025 por el Juzgado
Primero Administrativo de Yopal y el auto del 8 de mayo de 2025, que resolvió
desfavorablemente el recurso de reposición interpuesto contra el anterior, y (ii) se
ordenará al Juzgado Primero Administrativo de Yopal, dictar una nueva decisión, en
concordancia con las precisiones realizadas en esta sentencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 26 de febrero de 2026, proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado. En su lugar, se dispone:
SEGUNDO. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia del Instituto Financiero de Casanare (IFC), vulnerados
por el Juzgado Primero Administrativo de Yopal y el Tribunal Administrativo de
Casanare.
TERCERO. Como consecuencia de lo anterior, (i) DEJAR SIN EFECTOS los autos
del 14 de agosto de 2025, dictado por el Tribunal Administrativo de Casanare, y los
proferidos el 13 de marzo y 8 de mayo de 2025 por el Juzgado Primero
Administrativo de Yopal, en el marco del proceso ejecutivo con radicación núm.
85001-33-33-001-2024-00226-00/01, y (ii) ORDENAR a dicho juzgado que dicte
nueva decisión en concordancia con las precisiones realizadas en esta sentencia.
CUARTO. NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el
medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
QUINTO. ENVIAR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Firmado electrónicamente
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Con aclaración de voto
VF
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Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
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